CSJ - SL2304-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2304-2023 Radicación n.° 95295 Acta 35 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por FIDUAGRARIA S. A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL ISS LIQUIDADO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 2 de diciembre de 2020, en el proceso ordinario laboral seguido en su contra por OLGA PATRICIA TRUJILLO CALLE, LUIS

GUILLERMO GARCÍA ACOSTA, LINA CONSTANZA

ARANGO HERNÁNDEZ, CLARA XIMENA OYUELA

MANCERA, JOSÉ ALEJANDRO ESPINOSA GÓMEZ,

LIBARDO LOZANO CASTRO, NEFFI ALCID RINCÓN

GALVIZ, ARMANDO GÓMEZ OSORIO, SANDRA MARITZA

NÚÑEZ PINTO, CAROLINA OVIEDO GARCÍA, MARTHA

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Radicación n.° 95295

VICTORIA ROJAS ARCINIEGAS, CARLOS ENRIQUE

GAMBOA Y GUSTAVO CAMACHO SAAVEDRA.

I. ANTECEDENTES Los demandantes referidos llamaron a juicio a Fiduagraria S. A. como vocera y administradora del PAR ISS liquidado, para que se declare que, con cada uno de ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido, que

terminó sin justa causa y en virtud del cual desempeñaron funciones como verdaderos «servidores públicos». En consecuencia, pidieron condenar al demandado a reconocer y pagar a su favor el auxilio de cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicios legales y convencionales, prima de navidad, semestral y anual de servicios, vacaciones y prima de vacaciones, nivelación salarial, vacaciones compensadas, auxilio de alimentación y de transporte, subsidio familiar, dotaciones, aportes a caja de compensación, bonificación por servicios, indemnizaciones por terminación unilateral e injusta del contrato, por no consignación de las cesantías y por mora (artículo 1 del Decreto 797 de 1949); el valor del trabajo suplementario, la indexación y los beneficios convencionales. También reclamaron la devolución del valor del porcentaje que el empleador debía asumir por los aportes a seguridad social y de los descuentos por retención en la fuente; el pago de los «derechos legales y extralegales», y las costas procesales.

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Radicación n.° 95295 Para sustentar estas pretensiones manifestaron que el ISS era una empresa industrial y comercial del Estado, que los vinculó mediante sendos contratos de prestación de servicios, que fueron cumplidos durante su vigencia, de manera permanente, personal y subordinada. Las labores ejercidas fueron las siguientes: Demandante Cargo Olga Patricia Trujillo Calle Médico especialista Luis Guillermo García Acosta Contador público Lina Constanza Arango Funciones administrativas Clara Jimena Oyuela M Contadora pública José Alejandro Espinosa Abogado

Libardo Lozano Castro Médico especialista Neffi Alcid Rincón Galvis Auxiliar Dpto. comercial Afirmaron que la manera como se ejerció la actividad desvirtúa lo pactado en el numeral tercero de los contratos celebrados, pues debían cumplir un horario de trabajo, atender sus labores en las mismas condiciones que el personal de planta, acatar las órdenes de sus superiores y utilizaban los bienes y elementos de trabajo suministrados por el demandado. Además, no podían ceder el contrato ni delegar las tareas encomendadas, por tanto, si requerían tomar días compensatorios debían contar con la autorización de su jefe inmediato. Señalaron que como contraprestación por sus servicios percibieron una asignación básica mensual sin que se aplicaran los descuentos legales ni convencionales.

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Radicación n.° 95295 Relataron que la vinculación fue terminada de manera unilateral por el empleador, que las actividades que ejercieron eran de carácter permanente en la entidad y que la demandada les adeuda las acreencias laborales reclamadas. Refirieron que mediante Decretos 2011, 2012 y 2013 de 2012, se dispuso la liquidación del ISS y se asignó a Fiduciaria La Previsora S. A. la administración de tal proceso liquidatorio y que presentaron la respectiva reclamación administrativa. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada Fiduagraria S. A. como vocera y administradora del PAR ISS liquidado, se opuso a lo pretendido y señaló que no le constaban los hechos, dado que se relacionaban con una

entidad extinta y distinta a la demandada. En su defensa expuso que Fiduagraria, como vocera y administradora del PAR ISS, no fue empleadora de los actores ni responde por los actos y relaciones que hubiesen tenido con el ISS. Explicó que esta fiduciaria no es sucesora procesal, por tanto, no puede concurrir al proceso como persona jurídica obligada frente a los derechos reclamados, ni responder con su propio patrimonio. Formuló como excepciones las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva del Patrimonio Autónomo de Remanentes y de la fiduciaria que lo administra, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido e inexistencia de contratos de trabajo o de contratos de prestación de servicios con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. Fiduagraria.

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Radicación n.° 95295 La parte actora presentó reforma a la demanda con el fin de adicionar los siguientes demandantes: Armando Gómez Osorio, Sandra Maritza Núñez Pinto, Carolina Oviedo García, Carlos Enrique Gamboa Cubillos, Martha Victoria Rojas Arciniegas y Gustavo Camacho Saavedra, quienes formularon idénticas pretensiones a las presentadas por los demás accionantes en el escrito inicial de demanda y las sustentaron en similares hechos. Agregaron que las labores que ejercieron fueron las siguientes: Demandante Cargo Armando Gómez Osorio Abogado Sandra Maritza Núñez Pinto Administradora de empresas Carolina Oviedo García Contadora pública Carlos Enrique Gamboa Cubillos Abogado

Martha Victoria Rojas Arciniegas Ingeniera de sistemas Gustavo Camacho Saavedra Ingeniero industrial Además, indicaron que la liquidación del ISS finalizó el 31 de marzo de 2015 y se designó al PAR ISS liquidado para atender los procesos judiciales y administrativos pendientes. La demandada dio respuesta a la reforma a la demanda y se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos dijo que no le constaban porque correspondían a una entidad liquidada diferente a la accionada. Como argumento de defensa manifestó que Fiduagraria S. A. no es sucesora procesal del ISS, sino tan solo la vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes, por lo que no puede responder por las obligaciones discutidas con su propio

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Radicación n.° 95295 patrimonio y solamente conoce de los procesos judiciales tramitados antes de la terminación de la existencia legal del ISS. Presentó las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva del Patrimonio Autónomo de Remanentes y de la fiduciaria, cobro de lo no debido, inexistencia de contratos de trabajo o de contratos de prestación de servicios con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. Fiduagraria y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia dictada el 11 de mayo de 2017 resolvió: PRIMERO. DECLARAR que entre el Instituto de Seguros Sociales como empleador y los demandantes Luis Guillermo

García Acosta, Lina Constanza Arango Hernández, Clara Ximena

Oyuela Mancera, José Alejandro Espinosa Gómez, Libardo Lozano Castro, Neffi Alcid Rincón Gálviz, Armando Gómez Osorio, Sandra Maritza Núñez Pinto, Carolina Oviedo García y Martha Victoria Rojas Arciniegas, como trabajadores, existió una relación de carácter laboral de tipo de trabajadores oficial en los periodos reseñados en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR «falta de competencia con respecto o ABSOLVER» porque no se probó que existió una relación laboral

frente a la señora Olga Patricia Trujillo Calle por ser empleada pública, como ya se explicó en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción con respecto a los demandantes Carlos Enrique Gamboa Cubillos y Gustavo Camacho Saavedra por lo considerado.

CUARTO. CONDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en liquidación a pagar a los demandantes que se relacionan a continuación, una vez quede ejecutoria esta sentencia a:

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Radicación n.° 95295 Demandante cesantías Vacaciones prima de prima de Indem. por no Indem. auxilio Indem. por vacaciones navidad consignación de Moratoria de trans. despido cesantías (suma diaria) Luis Guillermo $3.382.535,87 $1.842.345 $1.842.345 $2.763.517,50 $15.659.932,50 $61.411,50 García Acosta (1 nov/12) Lina Constanza $540.272.21 $388.995.59 $3.500.963,10 $25.993,06 $544000 $1.244.797

Arango (13 may/12) Hernández Clara Ximena $1.082.164,45 $921.172,50 $61.411,50 Oyuela Mancera (1 dic/12) José Alejandro $1.661.436.94 $1.074.701,25 $8.290.552,50 $61.411,50 Espinosa Gómez (1 jul/12) Libardo Lozano $ 5.936.128,80 $2.887.440 $2.887.440 $4.210.850 $65.689.260 $ 48.124 Castro (1 dic/03) Neffi Alcid $989.148,37 $777.992 $777.992 $842.824,66 $7.390.922,10 $25.993,06 $873000 Rincón Galviz (1 dic/12) Armando Gómez $2.225.745,79 $921.172,50 $921.172,50 $2.090.915,35 $8.290.552,50 $61.411,50 Osorio (1 jul/12) Sandra Maritza $2.072. 637 $921.172,50 $921.172,50 $1.842.345 $17.502.277,50 $61.411,50 Núñez Pinto (1 dic/12) Carolina Oviedo $1.807.161,32 $806.025,03 $806.025,03 $1.535.287,50 $17.502.277,50 $61.411,50 García (1 dic/12) Martha Victoria $2.072.637,99 $921.172,50 $921.172,50 $1.842.345 $17.502.277,50 $61.411,50 Rojas Arciniegas (1 dic/12)

QUINTO: ORDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes

ISS en Liquidación al pago de los aportes para pensión y salud de los demandantes, que efectuaron durante la relación laboral demostrada, descontando el porcentaje que le corresponde a los mismos.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEPTIMO. CONDENAR en costas a la entidad demandada en un 7% del valor total de la condena. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué conoció los recursos de apelación presentados por las dos partes, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la accionada. En sentencia proferida el 2 de diciembre de 2020, resolvió: PRIMERO: REVOCAR los numerales SEGUNDO y QUINTO de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2017 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué dentro del proceso ordinario

laboral promovido por Olga Patricia Trujillo Calle, Luis Guillermo García Acosta, Lina Constanza Arango Hernández, Clara Ximena Oyuela Mancera, José Alejandro Espinosa Gómez, Libardo Lozano Castro, Neffi Alcid Rincón Galvis, Armando Gómez

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Radicación n.° 95295 Osorio, Sandra Maritza Núñez Pinto, Carolina Oviedo García, Martha Victoria Rojas Arciniegas, Carlos Enrique Gamboa y Gustavo Camacho Saavedra contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy PAR I.S.S. administrado por Fiduagraria. SEGUNDO. REFORMAR los numerales PRIMERO y CUARTO,

los cuales quedarán así: “PRIMERO: DECLARAR que entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en liquidación como empleador y los demandantes que a continuación se relacionan, existió un contrato de trabajo, así: Demandante Fecha de Inicio Fecha de Finalización Olga Patricia Trujillo Calle 3 de marzo 2004 30 sept. 2005 Luis Guillermo García Acosta 7 abril 2011 31 octubre 2012 Lina Constanza Arango Hernández 1 noviembre 2011 14 mayo 2012 Clara Ximena Oyuela Mancera 23 mayo 2012 30 junio 2012 José Alejandro Espinoza Gómez 1 noviembre 2011 30 junio 2012 Libardo Lozano Castro 1 junio 1999 31 enero 2001 9 abril 2001 30 noviembre 2003 Neffi Alcid Rincón Galvis 1 noviembre 2011 30 noviembre 2012 Armando Gómez Osorio 15 abril 2011 1 junio 2012 Sandra Maritza Núñez Pinto 1 noviembre 2011 30 noviembre 2012 Carolina Oviedo García 1 noviembre 2011 30 noviembre 2012 Carlos Enrique Gamboa Cubillos 11 agosto 2005 15 noviembre 2006 Martha Victoria Rojas Arciniegas 1 noviembre 2011 30 noviembre 2012 Gustavo Camacho Saavedra 14 agosto 1995 31 mayo 2000 26 septiembre 2000 13 febrero 2002 CUARTO. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación por intermedio de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. “FIDUAGRARIA S.A.” en su calidad

de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS liquidado, al pago de los siguientes conceptos: Demandante Cesantías Prima de Vacaciones Prima Indem. Indem. Navidad Vacaciones Moratoria Despido (suma diaria) Olga Patricia $4.260.018 $4.123.486 $1.929.465 $1.929.465 $85.754 Trujillo Calle (10 feb/06) Luis Guillermo $3.030.573 $2.934.318 $1.381.758 $1.381.758 $61.411 García Acosta (14 mar/13) Lina Constanza $427.910 $422.468 $207.464 $207.464 $25.933 $440.862 Arango Hernández (14 nov/12) Clara Ximena $195.325 $194.470 $61.411 Oyuela Mancera (14 nov/12) José Alejandro $1.259.349 $1.237.825 $460.586 $460.586 $61.411.50 Espinoza Gómez (14 nov/12) Libardo Lozano $4.288.232 $4.136.220 $2.526.510 $2.526.510 $48.124 Castro (12 abr/04) Neffi Alcid Rincón $886.389 $857.681 $388.996 $388.996 $25.933 Galvis (16 abr./12) Armando Gómez $2.146.157 $2.093.854 $921.172 $921.172 $61.411.50 Osorio (17 oct/12)

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Radicación n.° 95295 Sandra Maritza $2.099.036 $2.031.057 $921.172 $921.172 $61.411.50

Núñez Pinto (16 abr/13) Carolina Oviedo $2.099.036 $2.031.057 $921.172 $921.172 $61.441.50 García (16 ab/13) Martha Victoria $2.099.036 $2.031.057 $921.172 $921.172 $61.411 Rojas Arciniegas (16 abr/13) TERCERO: CONFIRMAR en lo demás.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Señaló que le correspondía determinar si se acreditó una verdadera relación de trabajo, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas. De ser así, establecer si los actores tenían derecho al pago de las acreencias laborales reclamadas, así como la sanción por no consignación de cesantías, las indemnizaciones por despido injusto y moratoria y los derechos de orden convencional. Además, revisar si la excepción de prescripción propuesta en la reforma de la demanda inicial operaba respecto de los demandantes relacionados en el escrito inicial.

Contrato de trabajo: Recordó lo dispuesto en los artículos 3 del Decreto 1651 de 1977, 1 del Decreto 2148 de 1992, 235 y 275 de la Ley 100 de 1993, 1 del Decreto 1754 de 1994, en relación con la naturaleza de la vinculación de las personas que laboraban en el ISS. Aclaró que mediante sentencia CC C 579-1996, se declaró la inexequibilidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993 y del inciso 2 del artículo 3 del Decreto 1651 de 1977 con efectos hacia futuro. También resaltó que el Acuerdo 145 de 1997

aprobado por el Decreto 416 del mismo año, dispuso la clasificación de los servidores del ISS como empleados públicos y trabajadores oficiales.

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Radicación n.° 95295 Con base en ello, determinó que los demandantes ostentaban la calidad de trabajadores oficiales según el inciso 2 del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, y recordó lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2127 de 1945 sobre la definición y elementos del contrato de trabajo, así como la presunción del artículo 20 de este mismo decreto. Estableció que en la contestación de la demanda la accionada aceptó la prestación personal del servicio por parte de los demandantes, hecho que también se corroboraba con la prueba testimonial y documental, no con sólo las certificaciones laborales, sino con los contratos en los que se establecía la actividad personal. Por tanto, consideró que se activaba la presunción antes mencionada y, por ende, a la demandada le incumbía de desvirtuar la existencia del contrato de trabajo. Explicó que con los documentos aportados no era posible cumplir dicha carga, pues «nada informan sobre subordinación»; y refirió que los testigos Pablo Lopera Montaña, «Sandra Maritza Núñez Pinto», Tania Neira Camelo y José Omar Ardila Serna, informaron que los demandantes Clara Jimena Oyuela, Carlos Enrique Gamboa, Lina Constanza Arango, José Alejandro Espinosa, Armando Gómez Osorio, Sandra Maritza Núñez, Marta Victoria Rojas, Carolina Oviedo García y Gustavo Camacho Saavedra fueron contratados y trabajaron para el demandado antes del

proceso de liquidación, que realizaron una actividad propia y permanente de la entidad; que las órdenes de trabajo las

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Radicación n.° 95295 impartía el gerente y el jefe de recursos humanos, debían cumplir un horario de trabajo, solicitar permiso al jefe inmediato para no asistir a sus labores y que el servicio fue prestado directamente a favor del ISS, sin autonomía. De ello estimó que era dable inferir que estaban demostrados los elementos de una relación de naturaleza laboral, al margen de la forma como se vinculó a los accionantes, dado que las condiciones bajo las cuales prestaron sus servicios correspondían a las de un contrato de trabajo y no a uno de naturaleza distinta, más cuando se verificó la ausencia de independencia. Aclaró que los actores fueron contratados con antelación a la prohibición legal de vincular personal mediante contrato de trabajo, en virtud de la liquidación dispuesta mediante Decreto 2012 de 2013, esto es, antes del 28 de septiembre de 2012; por tanto, la forma de contratación celebrada no puede justificarse en las reglas previstas para el trámite de liquidación del ISS. En todo caso, aclaró que la supresión de cargos dispuesta en la última etapa del trámite liquidatorio no le restó al ISS la posibilidad de hacer vinculaciones de trabajo, cuando las circunstancias lo requirieran, como ocurrió en el caso de los accionantes, quienes lo fueron para desempeñar funciones del giro normal de su objeto social. Así, determinó los extremos temporales de la relación de cada uno de ellos según lo indicado en las certificaciones expedidas por el jefe

del Departamento de Personal del ISS y los contratos allegados, y estableció su vigencia tal como se indica en el numeral segundo de la parte resolutiva de la decisión.

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Radicación n.° 95295 Aclaró que era equivocado negar la declaración del contrato de trabajo de Olga Patricia Trujillo Calle, con fundamento en que fue vinculada después de la escisión del ISS, puesto que, «como se indicó en precedencia, las prohibiciones allí estipuladas cobraron vigencia cuando se expidió el Decreto 2013, fecha en que se decretó la liquidación de la mencionada entidad (28 de septiembre de 2012)», momento para el cual la accionante ya se encontraba contratada, como lo certificó el jefe del Departamento de Recursos Humanos del ISS (folio 14). Por ende, concluyó que la citada sí laboró al servicio del ISS, declarando el contrato laboral desde el 3 de marzo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005.

Prescripción: dijo que esta excepción fue propuesta al contestar la reforma a la demanda respecto de los

accionantes Armando Gómez Osorio, Sandra Maritza Núñez Pinto, Carolina Oviedo García, Carlos Enrique Gamboa, Marta Victoria Rojas Arciniegas y Gustavo Camacho Saavedra; y explicó que al tratarse de trabajadores oficiales las normas aplicables eran los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 que establecen una prescripción trienal. Analizó la exigibilidad de las acreencias solicitadas por cada uno de ellos teniendo en cuenta la fecha en que terminó

la prestación del servicio y la reclamación administrativa y consideró que la decisión del juez de primer grado al respecto era acertada.

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Radicación n.° 95295 Aclaró que en relación con los accionantes iniciales Olga Patricia Trujillo Calle, Luis Guillermo García Acosta, Lina Constanza Arango Hernández, Clara Jimena Oyuela, José Alejandro Espinosa Gómez, Libardo Lozano Castro y Neffi Rincón Galvis no se había propuesto la excepción de prescripción en la contestación de la demanda inicial y que no se podía establecer que por un error en las foliatura de este escrito no se hubiese observado la formulación de tal medio exceptivo, como lo sugiere la parte demandada. Explicó que al revisar el texto de esta pieza procesal no se advertían enmendaduras o repisados y que lo único que se podía ver es que no estaba planteada la excepción discutida, sin que fuese posible declararla de oficio. Con las precisiones anteriores, el Tribunal abordó el estudio de las prestaciones económicas derivadas del contrato de trabajo previstas a favor de los trabajadores oficiales, con la aclaración de que tales acreencias están consagradas legalmente como derechos mínimos e irrenunciables, que no se pierden por no haber sido incluidas en las pretensiones de la demanda. Esto, adujo, de admitir que en «la forma en que fueron incluidas en la demanda solo se refería a las que hacían parte de los derechos de esa naturaleza incluidos en la convención colectiva de trabajo».

Acreencias laborales: se refirió al auxilio de cesantías, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones legales

respecto de cada demandante, y liquidó los valores causados por estos conceptos. Consideró improcedente el

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Radicación n.° 95295 reconocimiento de la indemnización por no consignación de cesantías, dado que el ordenamiento legal aplicable a los trabajadores oficiales no la contempla y adujo que no se pronunciaba sobre la devolución de los descuentos por retención en la fuente y los intereses de cesantías, porque no fueron apelados. Indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo: precisó que no se cumplían los requisitos del artículo 51 del Decreto 2125 de 1945, para imponer tal indemnización, dado que la relación laboral de cada accionante finalizó por el vencimiento del plazo pactado, salvo en el caso de Lina Constanza Arango Hernández, frente a quien explicó que, aunque su vinculación culminaba el «30 de junio» fue despedida el 14 de mayo de 2012, por tanto, la demandada debía reconocer esta indemnización equivalente al tiempo que hacía falta para la terminación del contrato. Devolución de aportes a seguridad social: como encontró que no estaba demostrado el pago que efectuaron los demandantes por este concepto, no se podía determinar el valor a reintegrar.

Indemnización moratoria: explicó que estaba prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949 y que para su procedencia era necesario determinar si el empleador había obrado de mala fe al no pagar al trabajador, al término del contrato, los salarios y prestaciones debidos. Por tanto, estimó necesario constatar la conducta asumida por el demandado, para determinar si consultaba la buena o la

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Radicación n.° 95295 mala fe. Aclaró que no desconocía que el ISS estaba autorizado para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales; sin embargo, era una cuestión diferente que en el desarrollo de tales convenios y en virtud de la primacía de la realidad, adquirieran las características de una relación de trabajo. Apoyó esta consideración en lo expuesto en CSJ SL2514-2018 de la que citó algunos apartes, en la que se explicó que la existencia formal de los contratos de prestación de servicios no eximía del pago de la indemnización moratoria. El Tribunal afirmó que, al tratarse de un caso similar, impondría igualmente la indemnización moratoria, para lo cual estableció el valor del salario diario de cada uno de los actores y dispuso su pago hasta cuando se cancelaran las condenas impuestas. Señaló que no era posible limitar el pago de esta indemnización en razón al estado de liquidación de la demandada, dado que su procedencia no está condicionada a que se declare o no judicialmente tal circunstancia. Por el contrario, afirmó que esta indemnización se impone de manera objetiva cuando se presentan saldos insolutos a favor del trabajador por salarios o prestaciones, pues, basta que se pruebe la mala fe de la demandada, para que proceda el pago de la indemnización, sin que la norma lo restrinja por el estado en que se encuentre la entidad obligada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 95295 El recurso fue presentado por la parte demandada y

concedido por el Tribunal solo respecto de las condenas impuestas a favor de Olga Patricia Trujillo Calle, Luis Guillermo García Acosta, Clara Ximena Oyuela Mancera, José Alejandro Espinosa Gómez, Libardo Lozano Castro, Armando Gómez Osorio, Sandra Maritza Núñez Pinto, Carolina Oviedo García y Martha Victoria Rojas Arciniegas. Lo negó por las condenas proferidas a favor de Lina Costanza Arango Hernández y Neffi Alcid Rincón Galvis, por falta de interés económico para recurrir; y no lo estudió en relación con Carlos Enrique Gamboa y Gustavo Camacho Saavedra, frente a quienes se confirmó la decisión que declaró probada la excepción de prescripción. En los anteriores términos fue admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver solamente en torno a las condenas por las que se concedió el recurso.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La entidad recurrente pretende que esta Sala case la sentencia de segundo grado en los temas en que le fue desfavorable, y en sede de instancia «proceda a la absolución total o parcial de las pretensiones», y solicita: -Revocar las condenas respecto de «los señores Gómez y Lozano» ya que estos no tenían la calidad de trabajadores oficiales, sino de empleados públicos.

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Radicación n.° 95295 -Revocar la condena al pago de la indemnización por terminación injusta del contrato de Lina Constanza Arango, porque la relación terminó por una justa causa. -Revocar la condena impuesta en «los casos de la señora

Trujillo y el señor Lozano» por cuanto los derechos reclamados se encuentran prescritos. -Revocar «el aceptar la pretensión que un contrato de prestación de servicios se convierta en un contrato de trabajo de trabajador oficial, desconociendo la facultad de las partes de suscribirlo y la aceptación de esta relación por parte de los demandantes durante todo el tiempo de su vinculación». -Revocar la condena al pago de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de vacaciones a los demandantes, «como las de un trabajador oficial». -Revocar la condena por indemnización moratoria y en caso de mantenerse, esta iría solo hasta el momento de la liquidación definitiva del ISS. -Revocar la condena en costas en contra de la demandada. Con tal propósito formula siete cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados. Los cargos 1 y 2, así como 5 y 6 se estudiarán conjuntamente. La tercera acusación solo se dirige contra la condena por indemnización por despido injusto a favor de Lina Costanza Arango, la cual

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Radicación n.° 95295 no podrá ser analizada, dado que respecto de ella no se concedió el recurso extraordinario.

VI. CARGO PRIMERO Se formula solo en relación con la decisión tomada

respecto de Armando Gómez Osorio. Acusa la sentencia de segunda instancia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta por falta de aplicación del artículo 1 ordinal a), numeral 13 del Decreto 416 de 1997, que adoptó lo establecido en el Acuerdo 145 de

1997 del Instituto del Seguro Social, respecto a la clasificación de los servidores públicos de la entidad, lo que lleva a una falta de aplicación del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 e inaplicación de los artículos 29 y 123 de la Constitución Política. Indica que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre el Instituto del seguro sociales en liquidación con el señor Gómez fue de empleado público y no de trabajador oficial.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existía entre las partes fue la de un contrato de trabajo de un trabajador oficial.

Señala que estos yerros obedecieron a la falta de valoración de las siguientes pruebas:

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Radicación n.° 95295

1. Los contratos de prestación de servicios con sus anexos firmados entre el señor Gómez y el ISS que obran a folios 328 a 329 y 552.

2. Reclamación administrativa (folios 303 a 305).

Y por la indebida apreciación de las siguientes pruebas y piezas procesales:

1. Demanda presentada por el demandante (folios 143 a 189).

2. Contestación de la demanda y de sur reforma (232 a 235 y 369 a 372).

3. Certificación de los contratos de prestación de servicios (folio 330 a 331 y 552).

Señala que el artículo 1 ordinal segundo numeral 13 del Acuerdo 145 de 1997 establece que son empleados públicos del ISS, los servidores profesionales de los despachos del presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director. Norma cuya validez fue reconocida por el

Consejo de Estado mediante sentencia del 28 de octubre 1999 radicación 15954. Explica que, según las pruebas allegadas, el demandante citado actuaba como profesional universitario abogado de la gerencia seccional del ISS Tolima, lo que lo convertía en empleado público, naturaleza de su vinculación regulada por el derecho público por ser legal y reglamentaria, y no como trabajador oficial, como lo indicó el Tribunal.

Agrega que: i) el señor Gómez es profesional del derecho, como se indica en la reclamación administrativa y en la demanda; ii) en los contratos de prestación de servicios se consignó que la labor contratada era la de profesional universitario; iii) en estos contratos así como en la

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 95295 certificación denunciada se dijo que el actor estuvo vinculado entre abril de 2011 y noviembre de 2012 como abogado con labores en la gerencia seccional del Tolima y iv) las actividades ejecutadas por él eran las de un servidor profesional en una gerencia seccional, tal como se desprende de la cláusula primera de los contratos suscritos entre las partes. Siendo ello así, afirma, es evidente que la actividad contratada y desempeñada por el citado es de aquellas definidas como propias de los empleados públicos del ISS, aspecto que no tuvo en cuenta el colegiado, quien solamente hizo una valoración para definir la existencia de la relación de trabajo entre las partes en los términos de