CSJ - SL2306-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2306-2023 Radicación n.° 96943 Acta 35 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de junio de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró DIANA LOURDES CAMPAZ URBANO contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Diana Lourdes Campaz Urbano llamó a juicio a Porvenir

S. A. con el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, desde el 5 de julio de 2007, junto con las primas de junio y diciembre; los intereses moratorios y las costas del proceso.

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Radicación n.° 96943 Como fundamento de sus pedimentos, informó que es una paciente renal terminal, por lo que, en la actualidad no puede laborar. Explicó que, desde 2007 padece de diabetes, enfermedad que causó la pérdida de uno de sus riñones. Que, por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario de Pérdida de Capacidad Laboral y Origen de Seguros Alfa S. A. le fijó una PCL de 68,65%, con fecha de estructuración, el 5 de julio de 2007. Indicó que el 23 de octubre de 2011, la accionada le

negó la pensión de invalidez. Al contestar la demanda, Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra, refiriendo que la demandante no acreditó tener 50 semanas de aportes al sistema dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En relación con los hechos, admitió que aquella fue dictaminada con una PCL del 68,65%; la fecha de estructuración de su estado de invalidez, calificación que, indicó, quedó debidamente ejecutoriada; la solicitud pensional realizada y la respuesta negativa; de los demás dijo que no tenían esa calidad. Precisó que la estructuración del estado de discapacidad ocurrió el 5 de julio de 2007, hecho sobre el que no hay duda, por lo que, al producirse en vigencia de la Ley 860 de 2003, tenía que acreditar 50 semanas de cotizaciones en los tres años previos a ese momento, supuesto que no se cumple en este caso, pues solo cuenta con 35 semanas en

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Radicación n.° 96943 ese periodo. Descartó que pueda aplicarse el principio de la condición más beneficiosa, ya que la normatividad que rige este asunto es clara, aunado a que, para el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, la actora no había ingresado al sistema de pensiones ni se había vinculado laboralmente, por lo que no es posible aplicar la norma anterior. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de acreditación de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, buena fe,

prescripción, afectación de la sostenibilidad financiera del sistema y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 18 de julio de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PORVENIR S.A., salvo la excepción de prescripción que se declarará probada parcialmente por las razones esgrimidas en esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER a favor de la señora DIANA LOURDES CAMPAZ URBANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.755.658, la pensión de invalidez desde el día 12 de agosto del año 2013.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PORVENIR S.A., a pagar a la señora DIANA LOURDES CAMPAZ URBANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.755.658, la pensión de invalidez, en la cuantía de $589.500, equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2013, tanto para las mesadas ordinarias como para las dos mesadas adicionales, desde el 12 de agosto del año 2013. Al monto de la

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Radicación n.° 96943 pensión se le deberá realizar los aumentos anuales establecidos en la ley. El retroactivo pensional generado desde el 12 de agosto del año 2013 hasta el 30 de junio del año 2019, asciende a la

suma de $57.678.379. A partir del 1 de julio del año 2019 el monto de la pensión corresponde a la suma de $828.116.

CUARTO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PORVENIR S.A., a pagar a la señora DIANA LOURDES CAMPAZ URBANO, la indexación de las mesadas pensionales causadas desde el día 12 de agosto del año 2013 hasta la ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, teniéndose como índice inicial el del mes de su causación de la mesada pensional y como índice final el del mes inmediatamente anterior a la fecha de la ejecutoria de esta providencia. A partir de la ejecutoria de la sentencia las mesadas adeudadas devengarán intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 hasta el pago total de la obligación.

QUINTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS -PORVENIR S.A., que del retroactivo pensional se realice los descuentos para salud.

SEXTO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS -PORVENIR S.A.- a la suma de $3.500.000 por concepto de costas procesales.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 30 de junio de 2022, resolvió: PRIMERO: MODIFÍCASE parcialmente el numeral tercero de la

Sentencia 232 del 18 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, el cual, quedará así: TERCERO: CONDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la demandante DIANA LOURDES CAMPAZ URBANO, la suma de $94.485.579,50, por concepto de mesadas retroactivas generadas entre el 12 de agosto de 2013 y el 30 de junio de 2022, y las que posteriormente se sigan generando hasta su inclusión en nómina de pensionados. Se confirma el numeral en todo lo demás.

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SEGUNDO: CONFÍRMASE, en todo lo demás, la Sentencia No. 232 del 18 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Cali, por las razones expuestas.

TERCERO: CONDÉNASE en costas en esta instancia a favor de la demandante, y cargo de la demandada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. Fíjese como agencias en derecho a cargo de PORVENIR S.A., la suma de

$4.000.000.

CUARTO: Cumplidas las diligencias respectivas, vuelva el expediente al juzgado que dictó la sentencia de primera instancia.

Como fundamentos de tal determinación, indicó que debía resolver si la demandante acreditó los requisitos legales para obtener la pensión de invalidez, en virtud del principio de la «condición más beneficiosa» y, en segundo lugar, si

cumplió tales presupuestos, según el principio de «retrospectividad de la ley o de la condición más beneficiosa», al presentar una enfermedad degenerativa, crónica o congénita. Para resolverlo, aludió al artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y advirtió que, en este caso, la PCL de la afiliada se estructuró el 5 de julio de 2007, según el dictamen emitido por el Grupo Interdisciplinario de Seguros de Vida Alfa S. A. Puso de presente que, en principio, por regla general, la norma aplicable en los eventos de pensión de invalidez es la vigente a la fecha en que se presentó ese estado, para el caso, el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, de acuerdo con el cual, se requieren 50 semanas de aportes dentro de los tres años anteriores a ese suceso para obtener la prestación.

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Radicación n.° 96943 Dijo que, revisada la historia laboral, podía inferir que la actora cotizó 40,71 semanas, entre el 5 de julio de 2004 y el 5 de julio de 2007, esto es, en un número inferior a las 50 semanas exigidas por la ley, lo que, en principio, implicaba que no tenía derecho a la pensión reclamada. No obstante, señaló que la jurisprudencia ha venido aceptando que en estas situaciones se aplique el principio de la «condición más beneficiosa». Ello, teniendo en cuenta que el tránsito legislativo hizo más gravosa la situación de los afiliados al sistema y no se previó un régimen de transición en las pensiones de invalidez.

Aclaró que en tales eventos, es posible dejar de aplicar la norma vigente y, en su lugar, verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma inmediatamente anterior, a saber, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando se cumplan tres presupuestos: i) que el afiliado no tenga 50 semanas en los tres últimos años a la fecha de estructuración del estado de invalidez; ii) que la discapacidad no se hubiera estructurado entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006; y iii) que tenga 26 semanas en cualquier tiempo, si es que estaba cotizando para el momento en que se presentó el cambio legislativo -26 de diciembre de 2003y cuando se produjo el estado de invalidez. Si no era cotizante activo, debe contar con 26 semanas de aportes, entre el 26 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003.

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Radicación n.° 96943 Resaltó que, aunque en este asunto se verificaban los dos primeros presupuestos, no ocurría lo mismo con el último item, pues la actora no estaba afiliada cuando se presentó el cambio legislativo y, aunque en el momento en que se produjo el estado de discapacidad sí lo estaba, no acreditó 26 semanas en el año inmediatamente anterior al tránsito normativo. Sin perjuicio de todo lo anterior, aclaró que analizaría si la accionante cumplía con los presupuestos para obtener la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la «retrospectividad de la ley o de la condición más beneficiosa»

y dado que la enfermedad que padece es degenerativa, crónica o congénita. Sobre el particular, indicó que Diana Lourdes Campaz Urbano padece una PCL del 68,65%, estructurada el 5 de julio de 2007; que sufre de lupus eritematoso sistémico, enfermedad que le fue diagnosticada a los 15 años. Que tal «deterioro la ha llevado a insuficiencia renal terminal con hemodiálisis a partir del 5 de junio de 2005, la cual todavía continúa. No trasplante renal. Además, hubo embolismo pulmonar, oxígeno dependiente por 12 horas al día, anticoagulada», afecciones que, anotó, son de tipo crónico, para las cuales existe un tratamiento especial reforzado de protección constitucional y se han fijado unas reglas particulares que permiten acceder a la pensión de invalidez. Reseñó extractos de la sentencia CC T885-2011.

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Radicación n.° 96943 Destacó que, en estos casos, es posible ampliar los momentos a partir de los cuales se pueden acreditar los requisitos para obtener la pensión de invalidez, es decir, es posible «variar la fecha de estructuración establecida en el dictamen de pérdida de capacidad laboral cuando esta no corresponda a la data real y material de la ocurrencia». Así, puntualizó que, en este caso, era evidente el esfuerzo que había hecho la demandante, quien, pese a la enfermedad que padecía había logrado cotizar al sistema

como trabajadora dependiente e independiente, a través del RAIS, 515,14 semanas, entre abril de 2003 y febrero de 2018. De manera que, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales, estimó que el a quo no se había equivocado al tomar como fecha de estructuración de la PCL y punto de partida para contabilizar las semanas exigidas, la data de la calificación de la PCL a la demandante por parte de Seguros Vida Alfa S. A., concretamente, el 3 de agosto de 2011. Advirtió que la fecha de estructuración atendería el momento en que se «rindió» su capacidad para laborar y realizar las respectivas cotizaciones, aplicando el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. De esa forma, encontró que la actora superaba las 50 semanas exigidas entre el 3 de agosto de 2008 y el 3 de agosto de 2011, por lo que la decisión del juez de primer grado estaba ajustada a derecho por virtud del principio de la «condición más beneficiosa» debido a que aquella padecía una enfermedad crónica. Por ello, el reconocimiento

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Radicación n.° 96943 pensional debía ordenarse a partir del 12 de agosto de 2013, teniendo en cuenta que la excepción de prescripción había operado parcialmente. Señaló que la pensión equivaldría a un salario mínimo legal mensual vigente, cuyo pago se ordenaría junto con las mesadas retroactivas y adicionales; la indexación e intereses moratorios. Resaltó que la data a partir de la cual se reconocería dicha prestación no desconocía el Decreto 2245

de 2012 ni la sentencia CC C1037-2003, toda vez que, para el 12 de agosto de 2013, la afiliada ya no trabajaba.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Porvenir S A. pretende que esta corporación case totalmente el fallo impugnado para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y la absuelva de todo lo pretendido en la demanda inaugural.

En subsidio, pide casar parcialmente la decisión, para que, en sede de instancia, se revoque parcialmente la sentencia emitida por el a quo, y la condene a pagar la pensión requerida desde marzo de 2018, con una sola

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Radicación n.° 96943 mesada adicional anual, y la absuelva del pago de intereses moratorios. Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales no son replicados y se resolverán en el orden propuesto.

VI. PRIMER CARGO Denuncia el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del numeral primero del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 y 53 de la Constitución Política, y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012; 51, 60 y 61 del CPTSS; 1, 29 y 230 de la Constitución Política y 1 del Acto

Legislativo 01 de 2005. Dice que, dada la senda elegida, no discute que el 3 de agosto de 2011, la demandante fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 68,65%, estructurada a partir del 5 de julio de 2007; y que para esta última fecha no reunía 50 semanas cotizadas en los tres años previos a la data de estructuración. Cita extractos de la decisión CSJ SL2295-2018, en la que se señala que las semanas de cotización para acceder a la pensión de invalidez deben cumplirse con antelación al siniestro, y resalta que, si para el 5 de julio de 2007, la actora no contaba con el tiempo exigido por la ley para obtener la pensión de invalidez, no era dable concederla, sin que fuese

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Radicación n.° 96943 posible modificar la fecha de estructuración al arbitrio del fallador, pues esto sólo pueden realizarlo las entidades competentes para ello. Reseña algunos apartes de la sentencia CSJ SL1021-2019. En consecuencia, estima que el Tribunal no podía desconocer la fecha de estructuración de invalidez fijada en el dictamen emitido por Seguros Alfa S. A. y fundar su fallo en ideas propias y elucubraciones, pues con ello desconoció el artículo 142 del Decreto 19 de 2021. Transcribe extractos de las providencias CC T094-2022, sobre el trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral; y CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 42625, esta última que dispone la

prevalencia del interés general sobre el particular, pues el Estado debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, principio que puede verse afectado si se le exige reconocer pensiones no contempladas dentro de las normas vigentes en un momento dado. Advierte que no cuestiona las conclusiones fácticas del Tribunal, sino las «secuelas» que le hizo producir a las pruebas, lo que incidió en la violación de las normas denunciadas como transgredidas. Por lo anterior, pide que se case el fallo atacado.

VII. CONSIDERACIONES Dada la senda elegida, no es objeto de debate que Diana Lourdes Campaz Urbano padece de una insuficiencia renal crónica terminal y que se le determinó una PCL del 68,65%,

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Radicación n.° 96943 con fecha de estructuración, el 5 de julio de 2007, mediante dictamen emitido el 3 de agosto de 2011, por Seguros Alfa S.

A. Tampoco discute que no reúne 50 semanas en los tres años previos a la fecha en que se entendió configurada esa PCL, esto es, entre el 5 de julio de 2004 y el 5 de julio de

2007. El juez de segundo grado, luego de advertir que la demandante no cumplía con los presupuestos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, como tampoco los requisitos previstos en la ley anterior -Ley 100 de 1993pues no reunía 50 semanas dentro de los tres años previos a la estructuración de la invalidez ni 26 semanas en el año

inmediatamente previoestimó que en este caso, dado que se estaba ante una enfermedad de tipo crónico, era posible, de acuerdo con la jurisprudencia, modificar «la fecha de estructuración» del estado de discapacidad, concretamente, para el momento en que Seguros Alfa S. A. calificó a la accionante -3 de agosto de 2011verificando que, en los tres años anteriores a este momento, la actora sí contaba con 50 semanas de aportes al sistema, en virtud de su capacidad laboral residual. Para la censura, esa decisión del Tribunal de modificar «la fecha de estructuración del estado de invalidez» de la demandante es una potestad que, asegura, no les corresponde a los jueces, sino que es privativa de las autoridades que para tales efectos dispone la ley.

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Radicación n.° 96943 De esa manera, a la Sala le corresponde determinar si el juez de segundo grado erró al variar «la fecha de estructuración del estado de invalidez» y, en virtud de ello, concluir que, en este caso, sí había lugar al reconocimiento pensional. Pues bien, de entrada, la Corte advierte que no le asiste razón a la casacionista en sus reproches pues, tal como lo entendió el Tribunal, esta Sala de Casación ha desarrollado una línea jurisprudencial en los casos de pensiones de invalidez, en las que ha destacado, precisamente, la posibilidad de que se tenga en cuenta un momento diferente al de la fecha de estructuración de la invalidez a fin de contabilizar el mínimo de semanas que exige la ley para acceder a la mencionada prestación, atendiendo para ello, al

concepto de capacidad laboral residual. Si bien es cierto que el colegiado refirió, de manera imprecisa, que lo que ocurría era que los jueces podían variar la fecha de estructuración de la discapacidad, se aprecia que se trató de un lapsus, pues, en últimas, lo que hizo el ad quem fue tener en cuenta el criterio de la fecha de calificación, como punto de partida para contabilizar las semanas de aportes, en tratándose de quienes padecen enfermedades crónicas, y así determinar si era suficiente para obtener el derecho reclamado, lo que, como se verá, sí se adecúa a los parámetros jurisprudenciales que rigen actualmente esta materia.

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Radicación n.° 96943 Así, se sabe que, por regla general, el derecho a la pensión de invalidez debe analizarse y dirimirse conforme a la norma vigente al momento de la estructuración de tal condición. No obstante, respecto del momento a partir del cual se contabiliza el número de cotizaciones tratándose de afiliados que padecen enfermedades de tipo crónico, congénito o degenerativo, la Corte también ha establecido que es posible tener en cuenta, no solo la data formal de estructuración de la invalidez, sino: i) la de la calificación de dicho estado, ii) la de la solicitud de reconocimiento pensional, o iii) la de la última cotización realizada (CSJ

SL3275-2019, CSJ SL3992-2019, CSJ SL770-2020 y CSJ

SL1718-2021). Lo anterior, dado que estos eventos permiten establecer

que el afiliado, pese a la declaratoria formal inserta en un dictamen médico científico respecto a su condición para trabajar, conservó alguna capacidad laboral y por ello es dable fijar una fecha diferente para establecer el trienio en el que se deba contabilizar el requisito de las semanas de cotización. Desde luego que esto implica entender el riesgo de invalidez desde una perspectiva diferente, esto es, que pese a existir y ser verificado, subsiste una capacidad laboral susceptible de ser amparada por el sistema de seguridad social, hasta que se agote de forma permanente y definitiva. En sentencia CSJ SL770-2020, la Corte así lo explicó:

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Radicación n.° 96943 En sentencia CSJ SL3275-2019 reiterada en la CSJ SL39922019, esta Sala varió su postura respecto del momento a partir del cual se contabiliza el número de cotizaciones en tratándose de afiliados que padecen enfermedades de tipo crónico, congénito o degenerativo. En efecto, en la citada providencia esta Corte estimó que para tal efecto es posible tener en cuenta -conforme a las particularidades de cada caso-, además de la data de estructuración de la invalidez: (i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda en la que se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando-. Lo anterior, porque: (...) en casos en los que las personas con discapacidad relacionada con afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo

y que tienen la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición, deben ser protegidas en aras de buscar que el sistema de seguridad social cubra la contingencia de la invalidez, una vez su estado de salud les impida seguir en uso de su capacidad laboral, derechos que, se itera, sí están reconocidos a los demás individuos. (…) Sobre el particular, la Corte Constitucional en la citada providencia explicó que tanto las administradoras de pensiones como las autoridades judiciales deben verificar: (i) que la invalidez se estructuró como consecuencia de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa y, (ii) que existen aportes realizados al sistema por parte del solicitante en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, debe determinar el momento desde el cual verificará el cumplimiento del supuesto establecido en la Ley 860 de 2003, es decir que la persona cuenta con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Por lo tanto, para determinar el momento real desde el cual se debe realizar el conteo, las distintas Salas de Revisión han tenido en cuenta la fecha de calificación de la invalidez o la fecha de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico, inclusive, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional. (…) En síntesis, en dicha decisión la Corte Constitucional, validó tener en cuenta la fecha de calificación de la invalidez, la fecha de

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Radicación n.° 96943 solicitud del reconocimiento pensional o, incluso, la data de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo del sustento económico, decisión que, en todo caso, debe fundamentarse en criterios razonables, previo análisis de la situación en particular y en garantía de los derechos del peticionario. Pues bien, en el sub lite no es objeto de discusión que la promotora del litigio padece de «cáncer de tiroides» de carácter «metástasico a ganglios regionales y recidiva del tumor, disfonía crónica, hipotiroidismo secundario, disfagia y depresión reactiva». (…) En consecuencia, como quiera que la afección de la accionante pertenece a tal grupo, resultaba procedente estudiar el asunto a la luz de la excepción a la regla general y, por tanto, era válido aplicar alguna de las tres fechas posibles para efectos de contabilizar las 50 semanas de cotización que exige la Ley 860 de 2003.- La Sala resaltaEn un asunto en el que se discutía esta misma temática, la Corte, en sentencia CSJ SL3992-2019, reflexionó de la siguiente manera: Partiendo de los anteriores supuestos, el Tribunal consideró constitucionalmente admisible tener como fecha de estructuración de la invalidez el 8 de octubre de 2012, cuando fue emitido el dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral, y no el de 2 de octubre de 1998, allí certificado, teniendo

en cuenta el carácter crónico y degenerativo de la enfermedad padecida por el afiliado y su probada capacidad laboral residual. Al reflexionar de esa manera, el Tribunal no incurrió en los errores jurídicos que le imputa la censura, como pasa a verse: En primer término, es verdad que en el proceso de reconocimiento de una pensión de invalidez, en el sistema general de pensiones, resulta de cardinal importancia no solo la determinación de un grado de pérdida de la capacidad laboral del afiliado igual o superior al 50%, a partir de la cual la ley cataloga a la persona como «inválida», sino la definición de la específica fecha en la que se estructuró ese estado y que, en términos generales, se corresponde con el momento en el que la persona pierde su capacidad para desenvolverse en el mercado de trabajo y determina, entre otras cosas, la norma que debe regular el derecho.

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Radicación n.° 96943 Para esos efectos, a su vez, la ley se apoya en organismos médico técnicos como Colpensiones, las administradoras de riesgos laborales, las compañías de seguros y, en últimas, las juntas de calificación de invalidez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, además de que prevé unos manuales profesionales autorizados, como los contemplados en los Decretos 917 de 1999 y 1507 de 2014, de acuerdo con los cuales se debe emitir el respectivo dictamen. Esta sala de la Corte ha resaltado la importancia intrínseca que tienen esos dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, por

emanar de autoridades científico técnicas autorizadas por el legislador y por su deber de fundamentarse en la historia clínica, exámenes médicos y demás observaciones diagnósticas relativas al estado de salud del paciente. Por ello, ha dicho que, en principio, el juez del trabajo está obligado a observarlos y respetarlos, en el marco de sus facultades de valoración probatoria. Sin embargo, al mismo tiempo, por la diversidad de factores que confluyen a la determinación de la realidad de la salud del paciente y la evolución de su capacidad laboral, la Sala ha determinado que dichos dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba de carácter ad substantiam actus. Contrario a ello, ha destacado esta corporación, en múltiples oportunidades, que dichas experticias constituyen una prueba más del proceso que el juez puede valorar de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre formación del convencimiento. (Ver CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016,

CSJ SL697-2019 y CSJ SL3380-2019).

En dicha medida, no es cierto que, como lo reivindica la censura, la calificación del estado de invalidez constituya una cuestión técnica ajena al conocimiento de los jueces, pues, por el contrario, es precisamente el juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus

variables asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Para esos fines, a su vez, el juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones. Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad

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Radicación n.° 96943 social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria. En estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, contrario a lo defendido por la censura, sí resulta necesario establecer excepciones puntuales a las reglas de determinación de la fecha de estructuración de la invalidez y su estipulación técnica, en función de la naturaleza de la enfermedad, de manera que es posible identificarla con la «…fecha de calificación de la invalidez, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional o, incluso, la data de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento

se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo del sustento económico…», todo con fundamento en criterios claros, razonables y suficientemente informados, encaminados a la visualización de una clara capacidad laboral residual y no un fraude al sistema. Así las cosas, el Tribunal no incurrió en los errores jurídicos que le son endilgados por la censura, al apartarse de la fecha de estructuración de la invalidez definida en el dictamen del 8 de octubre de 2012, emitida por SURA (fol. 11 a 14), y tener por tal la de la emisión de la calificación, teniendo en cuenta que el actor padece una enfermedad crónica y degenerativa, VIH SIDA, y, de acuerdo con su historia laboral, pese a su condición, había