CSJ - SL2308-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2308-2023 Radicación n.° 95531 Acta 29 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA DOLORES SANTIAGO DE SANTIAGO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró

MARGARITA GRAZZIANI DE SUÁREZ a la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP y a la recurrente.

Se acepta la renuncia al poder presentada por la mandataria judicial de la recurrente, teniendo en consideración que junto con ese requerimiento se allegó la comunicación efectuada con constancia de recibimiento a la señora Santiago de Santiago. Se previene a la apoderada, en

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Radicación n.° 95531 el sentido que dicha actuación surte efecto, de acuerdo con el artículo 76 del CGP, esto es, cinco días hábiles después de su radicación.

I. ANTECEDENTES Margarita Grazziani de Suárez llamó a juicio a Ana Dolores Santiago de Santiago y a la UGPP, para que se le reconociera a ella, con exclusión de la segunda, la pensión de sobrevivientes ocasionada con el fallecimiento de Carmen

Julio Santiago Sanguino.

Solicitó que, en consecuencia, se le pagaran las mesadas dejadas de percibir por la suspensión decretada administrativamente, junto con los intereses moratorios y las costas. Narró que mediante Resolución n.° 2550 del 23 de agosto de 1984 Caprecom le reconoció al causante una pensión de jubilación; que este falleció el 9 de febrero de 2017; que en Decisión n.° RPD21346 del 24 de mayo de 2017 la UGPP le sustituyó esa prestación. Contó que a través de Acto n.° RDP028231 del 13 de julio de esa anualidad, confirmado en los n.° RDP0340058 y RDP035819 del 30 de agosto y 15 de septiembre siguientes, la entidad suspendió el pago de las mesadas debido a la reclamación que realizó Ana Dolores Santiago de Santiago, en su condición de cónyuge supérstite.

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Radicación n.° 95531 Precisó que, sin embargo, en Escritura Pública n.° 690 del 2 de junio de 1989 de la Notaria Única de ese lugar, dicha pareja había liquidado la sociedad conyugal y mediante sentencia del 20 de septiembre de 2006 el Juzgado Segundo Promiscuo de Ocaña, declaró la cesación de efectos civiles de ese matrimonio católico. Señaló que en decisión del 30 de agosto de 2018 el Juzgado Promiscuo de Familia de Ocaña tuvo por existente la una unión marital de hecho que ella sostuvo con el pensionado, entre el 16 de julio de 2005 y el 9 de febrero de

2017 (f.° 2 a 5, cuaderno principal, archivo «2022014127487», expediente digital). La UGPP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los reconocimientos pensionales, la suspensión del pago de la mesada a la demandante y la reclamación de la codemandada. Aseveró que los demás no le constaban. Formuló como excepciones de fondo las de prescripción, inexistencia de la obligación reclamada y buena fe de la UGPP (cuaderno principal, ibidem). Ana Dolores Santiago de Santiago se resistió a los pedimentos de la acción. Aclaró i) que ostentó la condición de cónyuge y, posteriormente, la de compañera permanente del causante; ii) que, aunque existió un divorcio y una liquidación de la sociedad conyugal, «no se rompió la convivencia, la cual fue continua [...] durante 56 años hasta el

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Radicación n.° 95531 momento del fallecimiento del causante» y, iii) que nunca tuvo conocimiento de que su pareja hubiera tenido una relación de hecho con la demandante Propuso las excepciones de mérito que denominó ausencia de derechos solicitados, buena fe y mala fe de la demandante (f.° 212 a 224, cuaderno principal, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña, el 11 de marzo de 2021, decidió: PRIMERO: DECLARAR que la señora MARGARITA GRAZZIANI tiene derecho a la pensión de sobreviviente de manera vitalicia a

cargo de la [...] UGPP, con motivo del fallecimiento de su compañero permanente CARMEN JULIO SANTIAGO SANGUINO, en los mismos términos que ésta la recibía desde el 10 de febrero del año 2017 y sus respectivos incrementos anuales y prima.

SEGUNDO: ORDENAR a la [...] UGPP, cancelar de manera vitalicia a la señora MARGARITA GRAZZIANI las mesadas pensionales a que tiene derecho y a las que no se hayan recibido desde el 10 de febrero del año 2017, previas deducciones de ley.

TERCERO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra, por lo manifestado en las consideraciones.

CUARTO: CONDENAR a las demandadas al resultar vencidas en el trámite de instancia al pago de las costas [...] (f.° 4, cuaderno del Tribunal, archivo «2022014410674», expediente digital compartido mediante link).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 27 de octubre de 2021, al decidir la

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Radicación n.° 95531 apelación de Ana Dolores Santiago de Santiago, resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la Sentencia [...] por las razones expuestas en la parte motiva; ADICIONANDO que el valor de la condena en concreto correspondiente a mesadas de agosto de 2017 a octubre de 2021 asciende a $228.792.338,43, conforme a liquidación anexa.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS de segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva.

Dijo que, en aplicación del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, debía determinar quién era beneficiaria de Carmen Julio Santiago Sanguino, es decir, si era la señora Grazziani de Suárez como compañera permanente o Ana Dolores Santiago de Santiago, «a pesar de la cesación de efectos civiles del matrimonio católico que tuvo con el causante». Precisó que, según la norma en cita, [...] para que el cónyuge adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, debe demostrar que convivió con el causante al menos durante cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; y en el caso de la compañera permanente, no menos de 5 años con anterioridad a su muerte y en caso de existir una sociedad anterior conyugal no disuelta y con derecho a la pensión, la prestación económica se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. [Que] el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo. Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia, la convivencia es la comunidad de vida forjada en el crisol del

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amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleja el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable. Recordó que el juez de primer grado accedió a reconocer la sustitución pensional a la demandante porque demostró la existencia de una unión marital de hecho con el pensionado en los años previos a su muerte y la negó a la codemandada porque no acreditó la cohabitación posterior al divorcio; así como tampoco, que la violencia doméstica hubiere sido la causal de esa cesación o de la separación. Indicó que había sido demostrado que:

1. La Caja de Previsión Social de ComunicacionesCaprecom, reconoció a Carmen Julio Santiago Sanguino, pensión de jubilación mediante Resolución No. 2550 del 23 de agosto de 1984 en cuantía de $28.258,68 mensual, la cual fue reliquidada en Resolución No. 565 de 1985 en $87.983 y en Resolución No. 033 de 1986 en $97.911,19; percibiendo finalmente en 2017 una mesada por $3.593.050.

2. Los señores Carmen Julio Santiago Sanguino y Ana Dolores Santiago contrajeron matrimonio católico el 1 de enero de 1961 en Convención (Norte de Santander), inscrito el 31 de agosto de 1977 ante Registro Civil; obrando prueba de que mediante Escritura Pública No. 690 del 2 de junio de 1989 de la Notaría Primera del Círculo de Ocaña, se liquidó la sociedad patrimonial conyugal conformada y en Sentencia del 20 de

Septiembre de 2006, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña decretó la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, lo que fue inscrito en el registro civil en nota al margen.

3. El señor Carmen Julio Santiago Sanguino falleció el 9 de febrero de 2017 en Bucaramanga, según Registro Civil de

Defunción No. 09340433.

4. Mediante Sentencia del 30 de agosto de 2018, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Oralidad de Ocaña declaró la

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Radicación n.° 95531 existencia de una unión marital de hecho entre Margarita Grazziani y Carlos Santiago desde el 16 de julio de 2005 al 9 de febrero de 2017.

5. La UGPP mediante Resolución RDP021346 del 24 de mayo de 2017 reconoció a Margarita Grazziani la sustitución de la pensión con ocasión al fallecimiento de Carlos Santiago Sanguino, fundado en que la señora fue designada como su beneficiaria en caso de fallecimiento, conforme solicitud de traspaso de la Ley 44 de 1980 radicada ante CAPRECOM y obrante al cuaderno administrativo, así como que se le identificó en declaraciones juramentadas aportadas creíbles como la compañera permanente del causante por el tiempo legalmente establecido.

6. Con Resolución RDP028231 del 13 de julio de 2017, ante la presentación de una nueva reclamante, Ana Dolores Santiago, se dispuso la suspensión de la mesada reconocida a Margarita Grazziani conforme los lineamientos de la entidad, hasta que sea resuelta la controversia por la jurisdicción ordinaria; lo que fue

confirmado en Resolución RDP034058 del 30 de agosto de 2017 y RDP035819 del 15 de septiembre de 2017. Puntualizó que, para dirimir el derecho de la señora Margarita Grazziani, además de esos elementos, del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, tomaría en consideración: i) El acta de audiencia del 20 de septiembre de 2006 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña, en la que se resolvió el proceso de cesación de efectos civiles que le promovió el causante a Ana Dolores Santiago, por llevar más de dos años separados. ii) El interrogatorio de parte del actor en ese proceso, en el que afirmó que hacía 12 años convivía con Margarita Grazziani. iii) Los testimonios escuchados en esa oportunidad de

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Radicación n.° 95531 Jorge Omar Alsina, María Elcida Ortíz Rodríguez y Luis Antonio Rincón Boneth), que ratificaron ese suceso, con la precisión que la segunda de las atestantes, aseveró que el pensionado propiciaba «mala vida a la señora Ana Dolores». Precisó que del trámite jurisdiccional de declaración de unión marital de hecho, apreciaría la transcripción realizada por la UGPP de la audiencia del 30 de agosto de 2018, donde el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Oralidad de Ocaña, declaró que la señora Grazziani y el pensionado fueron compañeros permanentes desde el 16 de julio de 2005 al 9 de febrero de 2017. Advirtió que en ese medio de prueba, también se tomó

anotación de lo dicho por «Gladys María Velásquez Carvajalino», «Carlos Jacinto Suárez» y «Manuel Eduardo Jaime», quienes corroboraron la convivencia de la pareja en ese lapso. Expuso que, adicionalmente, apreciaría la solicitud del 14 de mayo de 2007 presentada por el pensionado ante Caprecom, junto con el Oficio del 31 de agosto de 2007, emitido por esa entidad, en la que se accede a tener a Margarita Grazziani como beneficiaria en seguridad social y el Documento del 25 de septiembre de 2017 suscrito por la Junta Directiva de la Asociación de pensionados de Telecom - Ocaña, en el que consta el conocimiento que los miembros de esa organización tuvieron de la convivencia de la reclamante con el fallecido, hacía más de once años.

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Radicación n.° 95531 Refirió que la demandante en su interrogatorio indicó que convivió con el causante desde el 2005 hasta el deceso de éste a causa del cáncer; que su compañero tenía poco contacto con su ex cónyuge y procreó seis hijos; que supo que el mayor de ellos se suicidó, debido a que su pareja le comentó que «era una persona enferma y que, inclusive en una oportunidad intentó matar a su mamá». Denotó que Nelly Santiago Santiago, hija del pensionado, contó que él y su progenitora, es decir, Ana Santiago, tuvieron una separación inicial «por problemas en la casa»; que a pesar del divorcio siguieron en contacto y se prodigaban apoyo económico; que «hubo mucho maltrato de

parte [de Carmen Santiago] a la familia»; que el distanciamiento de esa pareja ocurrió «luego de un conflicto por un permiso de salida que generó una agresión física a su madre y hermana, quienes llegaron a su casa huyendo y amenazadas por su padre»; que este le propinaba a su madre golpes; que su hermano sufría esquizofrenia y que esa enfermedad se agudizó por las dificultades en la casa. Puntualizó que esa testigo también aclaró, que el causante cambió esos comportamientos; que por eso ella y él sostenían una buena relación de padre e hija; que, inclusive, lo visitaba en el hogar de la demandante porque su progenitor tenía arrendado allí un cuarto; que, aunque fue la señora Grazziani quien lo acompañó en algunos períodos de enfermedad, aún en otras ciudades, todo se trató de un acuerdo económico y una atención solidaria para con el causante.

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Radicación n.° 95531 Anotó que Faride María Sánchez Peña, vecina de Ana Santiago, expresó que conoció que cuando esta vivió con su esposo, él le propinaba maltrato físico; que lo supo porque así se lo comentó su amiga; que, por su parte, Ramona Contreras aseveró que Carmen Julio se separó de Ana hacía más de 30 años; que, sin embargo, continuaron teniendo una relación familiar, a pesar de que él tenía una compañera permanente. Explicó que, en ese contexto, hallaba demostrada la convivencia entre Margarita Grazziani y el causante, a partir

del 2005 hasta la fecha del fallecimiento del señor Carmen Julio, por cuanto, aunque con ese propósito, no era suficiente la sentencia proferida por la jurisdicción laboral en la que se les reconoció como compañeros permanentes (CSJ SL3017-2021), lo cierto era que en el presente proceso había sido demostrada la constitución de esa pareja, la cohabitación entre ellos de forma continua, el auxilio y ayuda mutua que se prestaron, incluso en los períodos de enfermedad. Razonó que de conformidad con el artículo 174 del CGP, lo dicho quedó acreditado con los testimonios que fueron trasladados del procedimiento llevado a cabo ante el juez de familia en el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico; así como también, con las declaraciones del causante otorgadas extraprocesalmente para el mencionado juicio y frente a Caprecom; así como con los documentos declarativos emanados de terceros contenidos en el expediente administrativo, es decir, los notariales y los

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Radicación n.° 95531 emitidos por la Asociación de Pensionados de Telecom, que no requirieron ratificación. Señaló que la única prueba en contra de esa conclusión era el testimonio de Nelly Santiago Santiago; que, sin embargo, su versión no solo era «excesivamente favorable a los intereses de Ana Dolores Santiago», sino que era distinta de que su propio padre rindió en diferentes escenarios, suscitados 10 años antes de su fallecimiento. Enfatizó que, además, la testigo era lógicamente inconsistente; que así, por ejemplo, refirió: a) que la señora Margarita Grazziani se ocupaba de Carmen Santiago en la

enfermedad, debido a que era una arrendadora que atendía las necesidades de su arrendatario y, b) que la cohabitación de ellos ocurrió por cuestiones de solidaridad. Consideró que, sin embargo, lo primero era indicador de la existencia de una relación más íntima entre la demandante y el causante, más no fruto de un simple vínculo negocial y, lo segundo, no solo contradecía la presunta suscripción de un contrato de arrendamiento, sino que, además, no era consistente con la realidad económica del pensionado, quien recibía una mesada equivalente a cinco salarios mínimos. Determinó que, en consecuencia, analizado ese dicho bajo las reglas de la experiencia y la sana crítica, según lo adoctrinado, entre otras, en las sentencias CSJ SL181022016 y CSL SL1950-2019, era necesario restarle credibilidad y otorgarle prevalencia a lo acreditado con los restantes

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Radicación n.° 95531 medios probatorios. Memoró, en relación con el derecho de Ana Dolores Santiago que, en la réplica a la demanda, ella insistió que fue cónyuge del pensionado durante 45 años; que, a pesar del divorcio continuaron conviviendo en su condición de compañeros permanentes durante 11 anualidades más; que para la época de su fallecimiento se encontraban juntos, pues no hubo separación. Destacó que, pese a la claridad de esos hechos, el apoderado de la codemandada, al preguntar a la actora sobre el conocimiento que tenía en torno al suicidio del hijo mayor de su compañero, tras ser requerido por el despacho, explicó

que con ese interrogado pretendía probar la existencia de violencia intrafamiliar, como causal de separación entre los cónyuges; que, al respecto, la primera juez recordó que ese tópico no había sido fijado en el litigio y que, por tanto, no permitiría encausar el debate en ese sentido. Apuntó que, no obstante, durante el testimonio de Nelly Santiago, el mandatario judicial insistió en un cuestionamiento similar, lo que conllevó a la introducción de las manifestaciones sobre agresión a la demandada; que, adicionalmente, la reclamante insistió en los alegatos de conclusión, que se tomara una decisión con fundamento en un enfoque de género, respecto del requisito de la convivencia interrumpida por los actos de violencia intrafamiliar.

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Radicación n.° 95531 Acentuó, que esa alegación era ajena al litigio fijado por las partes, en razón a que, no solo no se correspondía con lo expuesto en la réplica al gestor, sino que era una visión totalmente contraria a la pregonada en esa pieza procesal; allende a que abordaba una temática introducida sin contextualización alguna en la práctica de la prueba. Razonó que, en consecuencia, su estudio, según lo explicado en las sentencias CSJ SL1177-2018 y CSJ SL2491-2021, configuraría una vulneración al principio de congruencia; que, no obstante, sabido era que en los casos en los que existe una situación discriminatoria de por medio, los rigorismos procesales debían ceder para hacer prevalecer la verdad material (CC T093-2019).

Justificó lo último en que, el juez del trabajo y seguridad social como garante del derecho a la igualdad, está obligado a respetar los compromisos internacionales del Estado en la materia, entre ellos, los de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, so pena de incurrir en una conducta igualmente discriminatoria (CSJ SL1727-2020). Afirmó que, al tenor de la jurisprudencia de la Sala, era imprescindible reconocer que los conceptos normativos, como la convivencia deben ser «despojados de restricciones», en aquellos casos en los que el divorcio fue desencadenado por situaciones de violencia y la mujer ha abandonado la vida laboral para construir el patrimonio familiar, pues, en ese marco, ha de comprenderse que la cónyuge aportó a la consolidación del derecho pensional.

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Radicación n.° 95531 Estimó que, sin embargo, en el particular, no podía aligerar las cargas procesales y probatorias de la codemandada, debido a que no existía «[...] un indicio suficientemente creíble sobre la [...] violencia doméstica como determinante de la separación de los cónyuges», porque:

1. Dicho tópico fue incorporado durante la práctica de las pruebas, es decir, ni siquiera en la fijación del litigio, motivo por el cual «la demandada dejó precluir la oportunidad de incorporar el asunto [...] para garantizar la igualdad de las partes (teniendo en cuenta que la otra reclamante también es una mujer)». 2. «La única prueba que directamente hace referencia a la posible ocurrencia de violencia doméstica hacia la

demandada por parte del causante, es el testimonio de Nelly Santiago Santiago», a quien se le restó credibilidad por su marcada intención de ocultar la relación sentimental de su padre con la accionante, cuestión que no podía desconocer «al valorar sus manifestaciones sobre otros temas, pues la valoración probatoria debe ser integral y coherente por lo que es imposible conferir visos de credibilidad a una testigo cuya fiabilidad ya ha sido descartada previamente».

3. Las señoras Faride María Sánchez Peña y Ramona Contreras, sobre el particular, fueron testigos de oídas.

4. Los elementos documentales que preceden a la cesación de efectos civiles de matrimonio católico, tales como la solicitud que Ana Dolores Santiago realizó en ese

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Radicación n.° 95531 procedimiento del reconocimiento de cuota alimentaria; así como la apelación y la acción de tutela que interpuso con esa finalidad, «no arrojan una sola prueba sobre la posible existencia de violencia doméstica». Concluyó que por esos motivos no podía omitir las consecuencias procesales del principio de congruencia; que, por el contrario, en el contexto reseñado, la omisión de ese tema en la fijación del litigio o para el decreto de pruebas, con la sorpresa que implicaron para las partes los cuestionamientos sobre el particular en el interrogatorio de parte, vulneraban el principio de lealtad procesal. Explicó que ese elemento dogmático del derecho procesal: [...] impone a las partes comportarse con probidad durante el proceso y que, para este caso, significaba ejercer las oportunidades procesales adecuadamente para incorporar los

asuntos que pretendía probar y que en este caso omitió, siendo inadmisible pretender ahora subsanar su falencia, exigiendo la aplicación de un parámetro especial de interpretación legal con fines constitucionales, sin que en todo caso esté debidamente fundado. Agregó que Ana Dolores Santiago, para la época del fallecimiento de Carmen Julio Santiago Sanguino, esto es, para el 2017, no tenía la condición de cónyuge supérstite separada de hecho, dado que la cesación de efectos civiles de matrimonio católico se declaró en 2006; que, en efecto, para ello, según lo adoctrinado pacíficamente por la jurisprudencia, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL13992018; CSJ SL4047-2019 y CSJ SL4040-2020, ha debido

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Radicación n.° 95531 mantener el vínculo matrimonial vigente (cuaderno del Tribunal, archivo «2022014410674», expediente digital compartido mediante link).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la codemandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado (cuaderno de la Corte, archivo «2023080754567», expediente digital).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la UGPP y se decidirán conjuntamente en vista de su afinidad temática y

perseguir el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa el fallo del Tribunal de infringir por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, [...] de los artículos 12-1 y 13-a de la Ley 797 de 2003, que modificaron el 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, 16 del Código Sustantivo del Trabajo, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 13, 42, 43, 46 y 230 de la Constitución Política y 31 del Código Civil, derivados de la “interpretación errónea consecuencial del inciso 3 in fine del literal b) del artículo 13 ejusdem

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Radicación n.° 95531 Argumenta que no discute los hechos que dio por demostrado el juez de la apelación, pues se equivocó fue en la elección normativa, porque el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, regula la prestación reclamada «cuando al causante le sobrevive o la cónyuge o el compañero permanente», pero no, como en el caso, «los dos sujetos simultáneamente». Defiende que el precepto aplicable era el inciso 3° del literal b), ibidem, según el cual, a la cónyuge supérstite separada de hecho, le corresponde una pensión proporcional al tiempo convivido con el causante; que, en esa situación, estaba en imposibilidad de «acreditar la convivencia que le impuso el colegiado», porque esa norma supone la carencia de ese elemento. Señala que su matrimonio ocurrió en 1961, es decir,

cuando el sometimiento de la mujer al hombre y al cuidado de la familia era absoluto; que por ese motivo hoy en día, a sus 86 años, no cuenta con patrimonio propio; que, en efecto, abandonó el mercado laboral, se dedicó a las labores domésticas y con ello ayudó en la construcción del derecho pensional de su esposo. Refiere que circunstancias semejantes a las descritas y de violencia de género, imponen al juez «la interpretación de la norma» con enfoque de género, es decir, «desde una perspectiva de contexto»; que permita entender en qué condiciones y, en qué casos, la pérdida de un determinado derecho conlleva a la desigualdad de la mujer.

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Radicación n.° 95531 Enfatiza que el vínculo matrimonial entre ella y el causante se mantuvo durante 45 años, desde 1961 hasta 2006; que el mismo culminó por voluntad de su cónyuge; que la pensión de jubilación que él recibió fue causada y concedida en 1984, «es decir, posterior a 28 años de convivencia familiar», en otras palabras, en vigencia de esa relación y que, por consiguiente, ella tenía derecho a acceder a la sustitución pensional, máxime si dentro de su papel familiar aportó a su consolidación. Plantea que los jueces de instancia no se equivocaron «en considerar que el enfoque de género es la manera correcta de abordar el estudio de los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes»; que, sin embargo, lo dejaron de «aplicar en la manera correcta», aduciendo que no había sido

expuesto en la contestación de la demanda, obviando que, en esa pieza procesal «si fue abordado [...] como se dijo anteriormente». Apunta que la edad que tiene, la privación injusta de la pensión que ayudó a conformar y la falta de una prestación semejante en su favor, son razones que se suman a la necesidad de definir el asunto desde la perspectiva propuesta. Colige que como el Tribunal no lo consideró así, lesionó sus derechos por la «aplicación errónea por interpretación de la ley, al no tener en cuenta la interpretación de las normas jurídicas que regulan el caso» (ibidem).

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VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la sentencia impugnada, «por ser violatoria de la ley [...] por ERROR DE HECHO [...] En el concepto de la interpretación errónea de los artículos 13 de la CP; artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003; artículo 31 del CC.» Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes

defectos fácticos:

1. No dar por demostrado estándolo, que [...] durante el matrimonio religioso con el señor Carmen Julio Santiago Sanguino, contribuyó a la consecución de la pensión que le fue otorgada a éste.

2. Dar por demostrado no estándolo que la única que tenía derecho a la pensión de sobreviviente del causante [...] era

Margarita Grazziani de Suárez.

3. No dar por demostrado estándolo que [...] tenía derecho en proporción a la pensión de sobreviviente del causante [...].

Expone que el juez de la apelación «valoró equivocadamente»:

1. Que los señores Carmen Julio Santiago Sanguino y Ana Dolores Santiago De Santiago contrajeron Matrimonio Católico el 1° de enero de 1961 en Convención (Norte de Santander), inscrito el 31 de agosto de 1977 ante Registro Civil.

2. Que mediante Escritura Pública n.° 690 del 2 de junio de 1989 de la Notaría Primera del Círculo de Ocaña, se liquidó la sociedad patrimonial conyugal conformada y en Sentencia del 20 de septiembre de 2006, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña decretó la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, lo que fue inscrito en el registro civil en nota al margen.

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3. Que el señor Carmen Julio Santiago Sanguino adquirió pensión de jubilación mediante Resolución n.° 2550 del 23 de agosto de 1984 expedida por Caprecom.

Manifiesta que el Tribunal dejó de lado que entre la fecha en que contrajo nupcias con el causante (1961) y la data en la que este recibió su pensión de jubilación (1984), ella se ocupó de las labores del hogar, con lo cual contribuyó de manera eficiente a la causación de ese derecho, motivo por el que leída su situación con enfoque de género, tendría derecho a acceder a la sustitución. Señala que sobre el particular, la Sala «en la sentencia con Radicado n.° 89210», precisó que el enfoque en referencia, «salvaguarda a cualquier tipo de género, privilegiando los

indicios […] sobre las pruebas» y que, en ese escenario, la garantía dada en caso de separación y divorcio, si bien recae sobre el reparto igualitario de bienes, debe comprender también el reconocimiento del […] valor de las contribuciones indirectas, incluidas las de carácter no financiero, en la adquisición de los bienes acumulados durante el matrimonio.

VIII. RÉPLICA La UGPP sostiene que el primer cargo fue planteado inadecuadamente, porque la censura colisionó los sub motivos de infracción legal; que, en todo caso, el Tribunal no incurrió en la interpretación errónea de la ley que se le adjudica, porque se atuvo a lo adoctrinado en la jurisprudencia, según la cual, es carga probatoria de la reclamante demostrar la convivencia con el pensionado, en los últimos cinco años de vida, para acceder a la sustitución reclamada.

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Radicación n.° 95531 Plantea que la señora Grazziani fue quien probó su condición de beneficiaria del causante, más no la recurrente y que dicha con