CSJ - SL2312-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2312-2023 Radicación n.° 94472 Acta 032 Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANDRÉS FERNANDO GALINDO RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de marzo de 2021, en el proceso que instauró en contra de EMERMÉDICA SA.

I. ANTECEDENTES Andrés Fernando Galindo Rodríguez llamó a juicio a Emermédica SA, con el fin de que se declarara que su despido fue injusto y que se dio en vigencia de un conflicto colectivo de trabajo; en consecuencia, que se le condenara a reintegrarlo al mismo cargo o a uno de mayor jerarquía, sin solución de continuidad, con el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social

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Radicación n.° 94472 y demás acreencias laborales causadas desde la fecha del despido, debidamente indexadas. Subsidiariamente pretendió la indemnización por despido injusto. Fundamentó sus peticiones en que sostuvo con la demandada un vínculo laboral que inició el 2 de junio 2016; que desempeñaba el cargo de «médico 6 horas» y desarrollaba labores de atención médica domiciliaria; que durante la vigencia del contrato no tuvo ningún llamado de atención ni proceso disciplinario distinto al que originó el despido el 24

de agosto de 2017, fecha en que devengaba un salario de $1.755.628. Narró que previo a la finalización, suscribió dos actas de compromiso, con fechas 8 de mayo y 8 de julio de 2017, y fue citado a diligencia de descargos como resultado de las auditorías de marzo, abril, junio y julio de la misma anualidad, lo que condujo a la apertura formal de un proceso disciplinario el 17 de julio de 2017; que el 29 de julio del mismo año, le informó a su empleador que se vio obligado a comprar con sus recursos dos tablas de apoyo para diligenciar las historias clínicas, y que solicitó asesoría sobre la utilización del sistema digital y retroalimentación, con el fin de demostrar el mejoramiento en el trámite; que como causa de la terminación se le enrostró la violación grave de sus obligaciones, a saber, «el inadecuado diligenciamiento de las historias clínicas, con fundamento en la inspección realizada en el mes de julio de 2017».

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Radicación n.° 94472 Añadió que cumplió los compromisos adquiridos, que la sociedad no tenía un protocolo sobre el diligenciamiento de historias, no le dio a conocer los parámetros que definían la asignación del puntaje sobre su adecuado manejo, ni le permitió cumplir con los compromisos suscritos en las referidas actas, pero que siempre estuvo por encima del 75% en la valoración subjetiva realizada por el empleador; y, que hacía parte de la organización sindical Sintraemermédica,

quien presentó pliego de peticiones el 24 abril de 2017, por lo que, a la fecha de terminación de su vínculo laboral existía un conflicto colectivo. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el vínculo laboral sostenido con Andrés Fernando Galindo Rodríguez; e indicó que los demás no le constaban, o que su redacción no se compadecía con la realidad. Explicó que la compañía contaba con un protocolo estricto de diligenciamiento de historias clínicas, uno interno y el establecido por la ley colombiana, y que el demandante pese a conocerlo, lo incumplió de forma reiterada y sistemática, suscribiendo tres actas en las que se comprometió a mejorar su conducta, lo cual no ocurrió. Por otro lado, precisó que el pliego de peticiones se presentó el 2 de mayo de 2017; señaló que, si bien se encontraba vigente el conflicto colectivo, el actor no estaba amparado por el fuero, pues el artículo 25 del Decreto Reglamentario 2351 de 1965 prohíbe al empleador dar por

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Radicación n.° 94472 terminado el contrato sin justa causa, de los trabajadores inmersos en él, pero en este caso, el vínculo fue finiquitado en forma unilateral y con justa causa imputable al empleado; y agregó que, este le comunicó la adhesión al sindicato el 28 de julio de 2017, es decir, en data posterior al inicio del proceso disciplinario en su contra.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido; falta de causa y título; enriquecimiento sin causa; pago; compensación; buena fe suya y mala del demandante y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 23 de octubre de 2020, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 10 de marzo de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la providencia de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció como problema jurídico «determinar si para la fecha del finiquito la pasiva se encontraba en curso de un conflicto colectivo, como consecuencia, ratificar si ANDRÉS

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Radicación n.° 94472 FERNANDO GALINDO RODRÍGUEZ fue desvinculado sin justa causa cuando gozaba de fuero circunstancial y, si deviene el reintegro anhelado». Para resolverlo, dejó sentado que no era objeto de discusión la existencia y duración del vínculo entre las partes, el salario y la terminación unilateral por parte del empleador. A continuación, abordó el análisis del fuero circunstancial implorado por el señor Galindo Rodríguez; citó los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del 1469 de

1978, en armonía con el 56 de la CP y 432 a 446 del CST, así como apartes de las sentencias «C-622 y C-466 ambas de 2008», CSJ SL13275-2015, CSJ SL12995-2017 y CSJ SL3317-2019, luego de lo cual consideró: En el sub examine, teniendo en consideración que la sentenciadora de primera instancia poco dilucidó sobre la garantía foral reclamada por la parte actora, considera la Sala importante referir que como lo afirma el demandante en el libelo introductorio y se ratifica de la prueba documental adosada al proceso, en particular la Resolución 0480 de 2019 del 5 de marzo de 2019, mediante la cual el Ministerio del Trabajo convocó e integró el Tribunal de Arbitramento de la empresa demandada, desde el 27 de abril de 2017 la organización sindical SINTRAEMERMÉDICA-USCTRAB impetró pliego de peticiones al patronal EMERMÉDICA S.A., lo que conduce a evidenciar que a la terminación del contrato el 24 de agosto de 2017, se encontraba en auge el conflicto colectivo al interior de la pasiva, empero se había superado con creces el tiempo legal de las etapas del conflicto de que tratan los artículos 433 a 449 del CST y por ende, conforme jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, ya no había protección, pues de los antecedentes del citado acto administrativo se constata que la etapa de arreglo directo se extendió entre el 9 de mayo de 2017 y el 15 de marzo de 2018, amén que los afiliados a la organización sindical el 17

de abril de 2018 decidieron someter el diferendo laboral al Tribunal de Arbitramento, cuya convocatoria fue ordenada por el Ministerio del Trabajo solo hasta el 5 de marzo de 2019 (fl. 73 a

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Radicación n.° 94472 74 -archivo 1 del expediente digital); igualmente, contra el laudo arbitral proferido el 7 de junio de 2019, el recurso de homologación, el cual fue admitido por la Corte Suprema de Justicia el 4 de septiembre de la misma anualidad, sin que el informativo de (sic) cuenta de la decisión tomada por la Alta Corporación (fl. 341 -archivo 1 del expediente digital). De manera que, para la Sala fluye clara la ausencia de cobertura del beneficio del fuero circunstancial a ANDRÉS FERNANDO GALINDO RODRÍGUEZ, que impide ordenar el reintegro pretendido. Superado lo anterior, se adentró en el análisis acerca de la justeza del despido, para lo cual tuvo en cuenta que era carga del actor demostrar la terminación, y del empleador, la justa causa. Transcribió la carta del finiquito del 24 de agosto de 2017; relacionó las sentencias CSJ SL2351-2020 y CSJ SL4424-2020, concernientes a las condiciones necesarias para concluir el vínculo amparado en una causa justa; y expresó: Descendiendo al caso objeto de estudio y conforme a los derroteros expuestos, se constata de la carta de despido ya referenciada, que la parte empleadora puso en conocimiento del trabajador los motivos o razones concretas que le llevaron a

finalizar el vínculo contractual, y que se circunscriben al indebido diligenciamiento de las historias clínicas que fueron relacionadas una a una en dicha comunicación, en la que además, se indicó de cada cual, los presuntos errores que el empleador evidenció, y que por tales, lo llevó a concluir el vinculo (sic) laboral sustentado en los numerales 1° y 5° el artículo 58 y los numerales 2°, 4° y 6° literal a) del artículo 7° del Decreto Ley 2351 de 1965 norma que subrogó el articulo (sic) 62 del Código Sustantivo del Trabajo. De suerte que, no le asiste razón a la parte recurrente cuando afirma que no pudo tener conocimiento de las razones que conllevaron al finiquito, porque la carta de terminación del vínculo es clara en manifestar no solo los hechos que la motivan, sino también (sic) las normas en las que se soporta el empleador y que a su juicio dan lugar a la configuración de la justa causa de despido.

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Radicación n.° 94472 Adujo que los supuestos fácticos en que el empleador sustentó la configuración de la justa causa de despido habían sido acreditados, pues tras abordar los documentos contentivos de las historias clínicas, encontró los errores atribuidos, deteniéndose en cada uno de ellos. Además, tuvo en cuenta que: Sobre las falencias anotadas, el actor en la diligencia de descargos llevada a cabo el 29 de julio de 2017, después de habérsele relacionado las omisiones de cada una de las hotrias

(sic) clínicas en referencia, indicó que las razones por las cuales no se encontraron diligenciadas con la totalidad de los parámetros establecidos por la empresa corresponden a la falta de tabla para apoyar en la escritura y la prioridad de la atención del paciente, además, que conforme a ello ha incumplido los compromisos adquiridsos (sic) sobre este aspecto y que no actuó de manera responsable (fls. 185 a 193 -archivo 1 del expediente digital), siendo ello ratificado en su interrgatorio (sic) de parte, pues si bien como lo afirma el apelante nada se le preguntó en relación con cada una de las hitorias (sic) relacionadas en la carta de despido, el actor sí aceptó que en la diligencia de descargos, en la cual se itera, fueron éstas puestas en conocimiento, no haber actuado de manera responsable sobre su diligenciamiento, amén que conocía el Decreto que regula esta actividad (Audioarchivo 5 del expediente digital). Luego, contrario a lo indicado en la alzada, aparte que (sic) en la prueba documental adosada, se hacen evidentes las falencias anotadas por la encartada (sic) respecto de las historias clínicas de las que se viene hablando, es claro del análisis conjunto del interrogatorio de parte rendido por el actor y de su diligencia de descargos, que existe una aceptación de su parte, en relación con haber incurrido en las falencias que le endilgaron. Consideró también que, según la cláusula tercera del contrato de trabajo, el actuar del trabajador constituyó un desconocimiento de las obligaciones especiales, y que como este, en el interrogatorio de parte, admitió conocer, por su

formación, el contenido de la Resolución 1995 de 1999, específicamente los artículos 5 y 8, entendió que:

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Radicación n.° 94472 […] no cabe duda para la Sala que las omisiones en las que incurrió el demandante en relación con la legibilidad de la historia clínica, firmas y los llamados datos administrativos, constituyen un desconocimiento de sus obligaciones contractuales como las que por ley les compete a los profesionales que se dedican a su oficio, de manera que resulta inane la dicusión (sic) planteada por el convocante en relación con su desconocimiento de los procesos de auditoria (sic) llevados a cabo en los últimos 3 meses de vigencia de la relación laboral, sobre distintas historias clínicas que diligenció y sobre el puntaje mínimo requerido para superar la evalución (sic), porque de la sola constatación de los requisitos establecidos legalmente para efectos de diligenciar la historia clínica, resulta claro advertir que el demandante incurrió en un desconocimiento de las obligaciones que sobre ello le competían. Reiteró que se encontraban verificadas las omisiones reprochadas al demandante, así como las justas causas que le fueron atribuidas en la carta de despido. Así mismo, se refirió a las tres actas de compromiso suscritas por el trabajador; y adujo que: Al estar el actuar del actor supeditado a los compromisos adquiridos en las actas de compromiso y persistir en el desconocimiento de sus obligaciones contractuales en las historias clínicas que fueron referenciadas en la carta de despido, y que fueron auditadas por la encartada por tercera vez, pasados

dos meses desde la suscripción de la última acta de compromiso, no puede la Sala concluir como lo pretende el recurrente, que los yerros detectados en su diligenciamiento deban ser consideradas como faltas leves, y menos aun cuando el Reglamento Interno de Trabajo en su artículo 51, le da esa connotación a la violación leve de las obligaciones contractuales o reglamentarias del trabajador, cuando tienen lugar en las dos primeras ocasiones (fl. 254 -archivo 1 del expediente digital), lo cual no es del caso porque en el examine el convocante ya habia (sic) incurrido en el desconocimiento de las mismas por tercera vez a la fecha en que se le citó a diligencia de descargos. Descartó que el procedimiento disciplinario iniciado al señor Galindo Rodríguez haya obedecido a su vinculación al sindicato, pues lo primero ocurrió el 17 de julio de 2017, y la

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Radicación n.° 94472 notificación a la empresa de la referida afiliación tuvo ocurrencia el día 29 del mismo mes y año, fecha además posterior a las auditorías realizadas a las historias clínicas. Por lo anterior, encontró acreditada la falta grave cometida por el empleado y, en consecuencia, la justeza en su despido, tras considerar que: Así las cosas, las omisiones en las que incurrió el demandante de cara a sus obligaciones contractuales y legales al ser reiterativas y trangresoras (sic) de sus propios compromisos, constituyen una afrenta grave, máxime que la función de diligenciar (sic) historias clínicas, se ecuentra (sic) íntimamente (sic) ligada al oficio que el

demandante desempeña en calidad de médico, y cuyo desconocimiento claramente pone en peligro a las personas que son sujetos de su atención, como se indica en la causal 4ª citada, dado que como lo establece la propia Resolución 1995 de 1999 en su artículo 1°, la historia clínica «es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención», siendo claro que se trata de un medio que contiene información de la mayor relevancia, cuyo manejo inadecuado puede implicar un riesgo para la salud y la vida del paciente.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado, y en su lugar acceda a las pretensiones.

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Radicación n.° 94472 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por la demandada.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida: […] del artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social como medio que condujo a la violación del

artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978, en relación con los artículos 467, 468 y 476 del C.S.T.; artículos 21, 43, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 115, del C.S.T.; artículos 29, 53 y 55 de la Constitución. Como errores de hecho señala los siguientes:

1. No dar por demostrado estándolo que el juez de primera instancia encontró demostrada la existencia de un conflicto colectivo de trabajo en la sociedad demandada para la fecha del despido de mi poderdante.

2. Dar por demostrado sin estarlo que la sociedad demandada presentó recurso de apelación contra la decisión anterior.

3. No dar por demostrado estándolo que para la fecha del despido de la parte demandante había un conflicto colectivo de trabajo en la sociedad demandada.

4. No dar por demostrado estándolo que el actor gozaba del denominado “fuero circunstancial” para el momento del despido.

Aduce que los yerros enunciados se dieron como consecuencia de «la indebida valoración de la sentencia de primera instancia, la conducta de los apoderados frente a ella y del acta de la audiencia donde se profirió, piezas procesales que pueden ser materia de controversia cuando se trata de violación al principio de consonancia de que trata el artículo 66 A del CPTSS».

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Radicación n.° 94472 En su demostración, expone que el a quo concluyó que su despido se había dado en vigencia del conflicto colectivo de trabajo, pero que este había estado soportado en una justa

causa, descartando así la prohibición contenida en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965; razonamiento probatorio que, asegura, no fue apelado y, en consecuencia, no podía ser materia de pronunciamiento por parte del Tribunal. Así, sostiene que, al haber sido el único recurrente, el juzgador de segundo grado se equivocó desde la formulación del problema jurídico, pues «no se percató que sobre la existencia de un conflicto colectivo de trabajo para la fecha del despido, conclusión a la que arribó el a quo, NO EXISTIÓ REPARO ALGUNO», quedando por resolver únicamente, lo relativo a la justeza del despido; y agrega que: De haber apreciado correctamente el contenido de la sentencia de primera instancia y la actuación de las partes frente a ella, el Tribunal no habría abordado el estudio sobre la existencia de un conflicto colectivo en EMERMÉDICA S.A. para la fecha en la cual se produjo el despido del demandante, situación que lo condujo a concluir que no existía conflicto colectivo para la fecha del despido.

VII. RÉPLICA La opositora se queja de que los errores fácticos enunciados no se derivan de la apreciación probatoria, pues la sentencia de primera instancia, en su sentir, «no es susceptible de ser apreciada o valorada como una prueba ya que ni siquiera proviene de las partes sino del propio Juez» ni es prueba calificada; relata las directrices fijadas en los artículos 87 y 90 del CPTSS; sostiene que lo discutido gira

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únicamente en torno al ámbito jurídico, y no fáctico; y, asegura que se ignora que, el juzgador de segundo grado «encontró acreditado que el contrato de trabajo del actor finalizó por despido con justa causa, razón por la cual la discusión acerca de la existencia del fuero circunstancial termina siendo irrelevante de cara a la decisión de confirmar la decisión de segunda instancia al existir una justa causa para el despido del actor». Agrega que, dado que la sentencia se fundó en que el despido ocurrió con justa causa, deviene «inoperante la estabilidad laboral reforzada que reclama el actor», pues «el artículo 25 del decreto 2351 de 1965 únicamente limita la posibilidad de despedir sin justa causa a trabajadores que participen en un conflicto colectivo de trabajo». En lo que se refiere al argumento de que no apeló la decisión de primera instancia, recuerda el contenido del «inciso 2 del artículo 320 del CGP que legitima exclusivamente a interponer recurso de apelación a la parte respecto de la cual la respectiva providencia le haya resultado desfavorable»; y resalta que lo que llevó al Tribunal a pronunciarse frente a la vigencia del conflicto colectivo fue el recurso interpuesto por el hoy casacionista, quien, en esa oportunidad refirió que «supuestamente el punto del litigio relativo a la existencia del fuero circunstancial había quedado ejecutoriado», de lo cual concluye, que debido a que ese «aspecto que ni siquiera fue abordado dentro del cargo y que no puede ser estudiado en forma oficiosa por esta H. Sala en el trámite de este recurso

extraordinario».

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VIII. CONSIDERACIONES Denuncia el censor la sentencia de violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida el art. 66A del CPTSS, como medio que condujo a la infracción de los arts. 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, entre otros.

Los errores de hecho que le enrostra a la decisión impugnada, versan sobre estos tres aspectos: que no dio por demostrado, estándolo, que el juez de primera instancia encontró acreditada la existencia de un conflicto colectivo en la sociedad demandada, a la fecha del despido del trabajador; y que gozaba del denominado fuero circunstancial para ese momento. También, que dio por demostrado, sin estarlo, que la pasiva presentó recurso de apelación contra esa decisión. Yerros que según el recurrente, se configuraron por la apreciación indebida de la sentencia de primera instancia, la «conducta de los apoderados frente a ella» y el acta de audiencia donde se profirió; y que soporta en la violación del principio de consonancia de que trata el art. 66A del CPTSS, porque en su sentir, el a quo dio por sentada la existencia del conflicto colectivo en Emermédica SA al momento del finiquito laboral, y dicho aspecto pese a no ser objeto de apelación por dicha parte, fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal.

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Frente a la objeción formulada por la opositora en torno a que las sentencias no pueden acusarse como pruebas, debe decir la Sala que, si bien es cierto que no tienen esa naturaleza, también lo es, que esta corporación ha señalado que el error de hecho se puede configurar por la falta de apreciación o errónea valoración de piezas procesales; así quedó establecido desde la providencia CSJ SL, 5 ag. 1996, rad. 8616, reiterada por la CSJ SL14542-2016, en la que se dijo lo siguiente: La demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal y no solo en cuanto contenga confesión judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condición es susceptible de generar en la casación laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como también las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones escritas del juicio laboral, como la contestación de la demanda, el escrito

sustentatorio de la apelación, el desistimiento parcial, etc. Igualmente debe precisar, que la vulneración del principio de consonancia no puede acusarse exclusivamente por la vía directa, porque cuando ello se origina en las actuaciones propias del proceso, la controversia deja de ser de pleno derecho. Adentrándose la Sala en la resolución del cargo, una vez avizoradas las piezas procesales referidas, concluye que el juez colegiado no incurrió en los errores imputados, de no

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Radicación n.° 94472 dar por demostrado, estándolo, que el juez de primera instancia encontró acreditada la existencia de un conflicto colectivo en la sociedad demandada, para la fecha del despido del trabajador; y dar por demostrado, sin estarlo, que la pasiva presentó recurso de apelación contra esa decisión. Ello, porque el a quo no dio por establecido el conflicto colectivo existente en la empresa al momento del despido del actor, solo refirió a él para señalar, que su existencia es lo que activa la protección del fuero circunstancial, sin embargo, no hizo un pronunciamiento frente al caso concreto, ya que también consideró que uno de los presupuestos que configuran ese amparo, es que medie una terminación injusta, elemento que no encontró probado conforme al material probatorio arrimado al proceso; en consecuencia, como ese aspecto no quedó definido en la sentencia, en forma indefectible debía ser abordado por el juez colegiado en el recurso de alzada interpuesto por el demandante. Por último, frente al yerro de no dar por demostrado,

estándolo, que gozaba del denominado fuero circunstancial para el momento del despido, se torna innecesario realizar un pronunciamiento en esta oportunidad, porque ello en forma indefectible parte del supuesto de que se trate de un despido injusto; tópico que se abordará en el siguiente cargo. En consecuencia, no se acreditó que el juez colegiado hubiera incurrido en la violación pregonada del principio de

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Radicación n.° 94472 consonancia consagrada en el art. 66A del CPTSS, por lo que el embate no está llamado a prosperar.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de violar, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el «artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y el artículo 36 del Decreto1469 de 1978, y de los artículos 58, 60 y 62 del C.S.T. en relación con los artículos 21, 43, 55, 56, 57, 64, 66 y 115, del C.S.T.; artículos 29, 53, 55 y 56 de la Constitución».

Como errores de hecho refiere los siguientes:

1. No dar por demostrado estándolo que la demandada nunca discutió la existencia de conflicto colectivo ni la ilegalidad de las etapas del mismo.

2. No dar por demostrado estándolo que para la fecha del despido del demandante estaba vigente la prohibición de despido sin justa causa o fuero circunstancial.

3. No dar por demostrado estándolo que el empleador no demostró los hechos descritos en la carta de despido del demandante.

4. No dar por demostrado estándolo que para la fecha del despido

del actor las partes habían acordado un procedimiento de retroalimentación sobre la forma de diligenciar las historias clínicas.

5. Dar por demostrado sin estarlo que no era necesario el análisis del proceso de auditoría de las historias clínicas para definir la justa causa.

6. Dar por demostrado sin estarlo que la demandada dio a conocer al demandante el protocolo (procedimientos e instructivos) de manejo de historias clínicas.

7. Dar por demostrado sin estarlo que el actor recibió un CD con la información sobre el protocolo de historias clínicas.

8. No dar por demostrado estándolo que el empleador había definido previamente la consecuencia de no cumplir con el diligenciamiento correcto de las historias clínicas.

9. No dar por demostrado estándolo que la consecuencia al tercer incumplimiento en el correcto diligenciamiento de las historias clínicas era una eventual sanción disciplinaria (inicio de un proceso disciplinario) y no la terminación con justa causa del

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Radicación n.° 94472 contrato de trabajo.

10. Dar por demostrado sin estarlo que las omisiones en el diligenciamiento de las historias clínicas por parte del actor constituyen falta grave.

11. Dar por demostrado sin estarlo que existió justa causa de despido.

12. Dar por demostrado sin estarlo que el despido del demandante fue oportuno (tempestivo).

Como pruebas indebidamente valoradas cita las siguientes: - Resolución 0480 de marzo 5 de 2019. Fl. 107. - Respuesta a la demanda. Fl. 139.

• Comunicación de octubre 18 de 2018 (fl. 88). - Carta de despido. (fl.59 a 61 y fl. 279). - Comunicación de julio 27 de 2017 (fl. 39, archivo 1 expediente digital). - Acta de compromiso de julio 8 de 2017 (fl. 40 y 217). - Acta de compromiso de mayo 8 de 2017 (fl. 44 y 215). - Acta de compromiso de abril 13 de 2017 (fl. 213). - Documento de mayo 24 de 2017 y Planilla. (fl. 275 y 276). - Reglamento Interno. Fl. (sic) - Protocolo de Auditoría Historias clínicas. Fl 310.

Luego de transcribir y parafrasear apartes considerativos de la sentencia atacada, referentes a la existencia del conflicto colectivo y la justeza del despido, expone que «el análisis probatorio realizado por el Tribunal es equivocado pues no se corresponde con la carga de la prueba en materia de despido con justa causa y los límites que se definen en la carta de despido»; a continuación, aborda el análisis de los medios de convicción reseñados, deteniéndose puntualmente en cada uno, así: Resolución 0480 de marzo 5 de 2019. Fl. 107. Expedida por el Ministerio del Trabajo para convocar Tribunal de Arbitramento que dirima el conflicto colectivo de trabajo vigente en la demandada por la presentación del pliego de petición por parte del sindicato al que estaba afiliado el demandante.

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Dice que el sindicato SINTRAEMERMÉDICA se constituyó en abril 27 de 2017 y que presentó pliego de peticiones en abril 24 de 2017. Que en mayo 9 de 2017 se inició la etapa de arreglo directo, finalizando en marzo 15 de 2018; que en abril 27 de 2018 la Asamblea del sindicato votó por el arbitramento, elevando solicitud al Ministerio en julio 5 de 2018. Según el documento, por cumplirse con todas las formalidades establecidas en la ley, el Ministerio decide convocar al Tribunal. El Tribunal se pronunció sobre el documento para explicar la cronol