CSJ - SL2315-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2315-2023 Radicación n.° 96598 Acta 032 Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUDMAR ALEJANDRO AMAYA BRITO contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 9 de diciembre de 2021, en el proceso que promovió en contra de CBI COLOMBIANA SA - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL y REFINERÍA DE CARTAGENA SA - REFICAR, hoy REFINERÍA DE CARTAGENA SAS; al cual se vinculó a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA CONFIANZA – CONFIANZA SA y a LIBERTY SEGUROS SA, como llamadas en garantía. Se reconoce personería para actuar al abogado Héctor Mauricio Medina Casas, identificado con cédula de ciudadanía 79.795.035 y portador de la tarjeta profesional

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Radicación n.° 96598 108.945 del C. S. de la J., en los términos del poder otorgado por la sociedad Liberty Seguros SA.

I. ANTECEDENTES Judmar Alejandro Amaya Brito llamó a juicio a CBI Colombiana SA y a la Refinería de Cartagena SA —en adelante Reficar—, con el fin de que se declarara que sostuvo con la primera, una relación laboral desde el 12 de abril de 2013 hasta el 21 de octubre de 2014, que esta era la

contratista principal de la obra de expansión de Reficar y que, en consecuencia, la refinería debía responder en forma solidaria, por las obligaciones laborales. Pretendió, además, que se determinara que le eran pagados incentivos HSE convencional, de productividad, de progreso, «de progreso tubería»; prima técnica convencional y auxilio de movilización; pero que, de manera discriminatoria, no devengó los denominados gastos de transferencia bancaria ni de lavandería y rogó que todos los factores referenciados fueran tenidos en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, las vacaciones y los aportes al Sistema de Seguridad Social; previa declaratoria de ineficacia del pacto de exclusión salarial dispuesto en el contrato. En consecuencia, pidió que las accionadas fueran condenadas, solidariamente, al pago de las diferencias causadas por prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema, así como la jornada suplementaria y la nivelación salarial, durante toda la relación laboral, y las sanciones por

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Radicación n.° 96598 no consignación de las cesantías en un fondo y la correspondiente moratoria. En sustento, expuso que celebró un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, con CBI Colombiana SA, por las fechas descritas; que se desempeñó como «TUBERO A»; que como último salario devengó $2.533.410; que al momento de suscribir el acuerdo se pactó un bono de asistencia y HSE, el cual percibió durante toda la relación laboral, pagadero mes vencido, que aumentaba o disminuía

en función de sus faltas de asistencia, justificadas o no. Agregó que también acordó, desde la vinculación, el pago del incentivo de productividad, condicionado al cumplimiento de expectativas de trabajo, además del auxilio de movilización, que al momento de terminación del contrato ascendía a $958.333, y precisó que, por ser colombiano residente en el país, no le fueron asignados los bonos de alimentación, auxilio de transferencia bancaria ni de lavandería, que devengaban sus compañeros extranjeros. Relató que, en septiembre de 2013, entre la unión sindical y la empleadora, se celebró una convención colectiva de trabajo y que a él le fueron pagados los incentivos de progreso convencional, HSE, así como el de «progreso tubería» y una prima técnica, pero que su empleadora le liquidó las prestaciones sociales y las vacaciones, teniendo en cuenta solo el salario básico.

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Radicación n.° 96598 Sostuvo que en el contrato de trabajo suscrito se pactó la exclusión sobre todo lo que superara el salario básico y en la referida convención colectiva se acordó sustraer los incentivos HSE, progreso, productividad tubería y prima técnica. Añadió que dentro de las funciones previstas en el objeto social de Reficar, estaba la de construcción y operación de refinerías; que por lo anterior, a partir del año 2006, se le confió a esa empresa el proyecto de expansión de la factoría de Cartagena de Indias, siendo la empresa CBI Colombiana SA, su principal contratista; quien, tenía dentro de su objeto social la prestación de servicios de ingeniería,

manejo de compras y suministros, fabricación y construcción a cualquier persona natural o jurídica que realizara las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de los recursos naturales; que la labor de tubero A, hacía parte de la función trabajo de infraestructura, por ende, corresponde a una labor del giro ordinario de los negocios de Reficar. CBI Colombiana SA al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la vinculación laboral a través de contrato a término fijo y el cargo desempeñado, pero aclaró que la finalización tuvo lugar el 21 de julio de 2014 y el salario devengado ascendió a $2.438.081. Precisó que los beneficios referidos por el actor correspondían a acreencias extralegales, que dependían de un conjunto de circunstancias o condiciones que no eran definidas de manera correcta por el demandante y que los

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Radicación n.° 96598 conceptos no cancelados por ser colombiano (bonos de alimentación, auxilio de transferencia bancaria y de lavandería), eran entregados a quienes requerían permanecer en el lugar de trabajo, sin ser residentes, con la finalidad de facilitar su estadía y no para aumentar sus ganancias. En lo concerniente a los demás, sostuvo que se atenía a lo reflejado en los volantes de pago de nómina y al contenido de los pactos celebrados en la convención colectiva; negó que los beneficios convencionales fueran retributivos de la prestación personal del servicio; aseguró que liquidó al actor los derechos laborales conforme con la ley, según su

naturaleza salarial; y que no le constaban los referidos a Reficar, pero negó la correlación de responsabilidad entre ellas. Como excepciones formuló las que denominó buena fe, inexistencia de las obligaciones, prescripción y pago. Reficar, al contestar la demanda, se resistió a las pretensiones. En cuanto a los hechos, dijo que no le constaban los relativos al contrato entre el demandante y CBI Colombiana SA. En cuanto a la responsabilidad solidaria, expresó que CBI Colombiana SA fue contratada para la ejecución del proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena, sin embargo, no podía predicarse que este se hizo para la ejecución de actividades que le son propias, pues nunca había desplegado aquella; que no sostuvo relación con el

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Radicación n.° 96598 demandante, que pueda ser calificada como empleadora o incluso beneficiaria de sus servicios y que no tiene responsabilidad solidaria con la referida empresa. Como medios exceptivos propuso los de inexistencia de las obligaciones y de la solidaridad, falta de legitimación en la causa por pasiva; principio de necesidad de la prueba y carga de la prueba, además de prescripción. Asimismo, llamó en garantía a Confianza SA y a Liberty Seguros SA, señalando al respecto, que suscribió con la primera, la póliza única de seguro de cumplimiento 01EX000898 (expedida el 16 de julio de 2010) por valor de $77.799.998,66, modificada el 23 de octubre de 2015, en la suma de $104.000.000, para amparar el pago de los

perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de ejecución de diseño, ingeniería, procura, construcción e instalación, y obtener las garantías de desempeño según el acuerdo suscrito entre Reficar y CBI Colombiana SA; que los amparos contenidos en la póliza, se refieren expresamente al cumplimiento del contrato y pago de salarios y prestaciones sociales; que también se pactó, que Confianza SA otorgaba el amparo conjuntamente con la compañía de seguros Liberty Seguros SA, de acuerdo a lo descrito en el ítem de distribución de porcentajes, valores asegurados y primas de la cláusula de distribución de coaseguro cedido, nexo que forma parte integrante de la póliza, la cual estaba vigente a la fecha de finalización del contrato del actor.

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Radicación n.° 96598 Las aseguradoras se opusieron a las pretensiones de la demanda y del llamamiento, y dijeron que no les constaban los hechos en que se soportaba la primera. Confianza SA presentó las excepciones de «ausencia de cobertura de la indemnización moratoria, así como de cualquier otra indemnización diferente a la del despido sin justa causa»; «ausencia de cobertura de prestaciones laborales de tipo extralegal»; coaseguro; no cobertura del seguro de prestaciones extralegales o convencionales, ni perjuicios morales, ni lucro por expresa exclusión y máximo valor asegurado. Liberty Seguros SA frente al llamamiento en garantía exteriorizó las excepciones que denominó «falta de cumplimiento de los requisitos para afectar la póliza de

cumplimiento EX000898»; no viabilidad del pago del siniestro; improcedencia al pago de sanción moratoria a su cargo; suma asegurada como límite máximo de su responsabilidad; disminución del valor asegurado de la póliza EX000898 expedida por Confianza SA; límite del porcentaje del riesgo a cargo de Liberty Seguros SA y «la responsabilidad indemnizatoria del asegurador no puede constituirse en fuente de enriquecimiento».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 27 de agosto de 2019, absolvió a las

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Radicación n.° 96598 demandadas de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante decisión del 9 de diciembre de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problemas jurídicos determinar si los beneficios denominados bono de asistencia, incentivo HSE, incentivos de progreso y de «progreso tubería» y prima técnica, constituyeron factor salarial; comprobar el alcance del pacto de desalarización y, en consecuencia, si había «lugar a la reliquidación de prestaciones, teniendo en cuenta los estipendios señalados». Por último, si existió responsabilidad solidaria de Reficar. Descendió, en primer término, al estudio de la

bonificación de asistencia, de la que concluyó que no constituía una contraprestación directa del servicio, encontrando que sobre ella era posible acordar la desalarización. Por otro lado, agrupó el análisis de los demás rubros y advirtió que su fuente era la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Unión Sindical Obrera - USO, Subdirectiva Seccional Cartagena y CBI Colombiana SA, vigente para los años 2013-2015, aportada al proceso con la

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Radicación n.° 96598 respectiva constancia de depósito, como lo exige el art. 469 del CST. Indicó que en la cláusula 12, en forma explícita se pactó, que los salarios y bonificaciones del personal beneficiario, se aplicarían de acuerdo a como se describe en el anexo No. 1 denominado «Tabla de Salarios y Bonificaciones»; y que al revisarlo se lee: Incentivo Progreso (hasta 10% Salario Básico) – Sin incidencia salarial. Incentivo HSE (hasta 10% Salario Básico) – Sin incidencia salarial. Incentivo Progreso tubería (únicamente disciplina tubería) – Sin incidencia salarial. prima técnica – Sin incidencia salarial. Así, coligió que las partes celebrantes de la convención colectiva de trabajo, en el marco de la negociación, acordaron que los referidos auxilios quedarían sin incidencia salarial. Apoyó su postura en las sentencias de la Corte CSJ SL, 7 sep. 2010, rad. 37970 y CSJ SL, 5 feb. 1999, rad. 11389; y

concluyó que, de acuerdo con la jurisprudencia citada, resulta claro que si las partes, dentro del marco de la convención colectiva, le restaban naturaleza salarial a un determinado concepto, con posterioridad no podían cuestionar tal disposición, a menos que sea a través de la denuncia de la norma extralegal, por lo que no resultaba admisible declarar la ineficacia de las mencionadas cláusulas.

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Radicación n.° 96598 En consecuencia, precisó que, al no prosperar la declaratoria de naturaleza salarial pretendida, debía absolverse a CBI Colombiana SA, con lo cual daba por superados los demás puntos de apelación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Judmar Alejandro Amaya Brito, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia impugnada, […] en cuanto a que, la entidad CBI COLOMBIANA S.A (hoy en liquidación), no incluyó PRIMA TÉCNICA CONVENCIONAL,

INCENTIVO DE PROGRESO CONVENCIONAL, INCENTIVO DE

PRODUCTIVIDAD, INCENTIVO DE PROGRESO TUBERIA (sic) CONVENCIONAL, BONO DE ASISTENCIA E INCENTIVO HSE CONVENCIONAL como factores salariales en la liquidación de acreencias laborales a favor del actor, para que en sede de instancia la Corte REVOQUE la sentencia proferida por el Juzgado Primero laboral del circuito (sic) de Cartagena y acceda a las pretensiones formuladas en la demanda, esto es: […]

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, replicados por Reficar y Liberty Seguros SA; los cuales se resolverán a continuación, de manera conjunta en razón de la decisión que se tomará.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, en forma indirecta «POR EVIDENTE ERROR DE HECHO» de las siguientes normas: Art 30 de la Ley 1393 de 2010. art. 9, 12, 13, 14,15,16, 18, 27, 34, 43, 55, 65, 127, 128, 144, 158, 159, 160, 249, 253, 306, 340, 467, 476 del Código Sustantivo del Trabajo, Código Procesal del Trabajo, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política.

Como errores de hecho, expone: No tener por demostrado estándolo que, los pagos correspondientes a PRIMA TÉCNICA CONVENCIONAL,

INCENTIVO DE PROGRESO CONVENCIONAL, INCENTIVO DE

PRODUCTIVIDAD, INCENTIVO DE PROGRESO TUBERIA (sic) CONVENCIONAL, BONO DE ASISTENICA (sic) E INCENTIVO HSE CONVENCIONAL constituían factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales. No tener por demostrado estándolo, que la demandada no expuso una razón seria, objetiva y atendible para liquidar adecuadamente al trabajador incluyendo todos los factores

salariales. No tener por demostrado estándolo, que el trabajador tiene derecho a que le liquiden y paguen todas las prestaciones sociales incluyendo todos los factores salariales junto con las sanciones del art 65 CST y 99 de la ley 50/90. No tener por demostrado estándolo, que Reficar es solidariamente responsable te todas las condenas laborales a la luz del art. 34 del CST. Afirma que tales errores se cometieron por la indebida apreciación de las siguientes pruebas documentales: «Volantes de pago, Planillas de pago de seguridad social, Convención Colectiva de Trabajo y sus anexos».

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Radicación n.° 96598 En su desarrollo, expone que de haber valorado debidamente los volantes de pago, encontraría la relación directa entre la causación de los beneficios recibidos y la cuantía y, por tanto, que los mismos retribuían el servicio prestado. Aclara que, si bien, tal aspecto, por sí solo, no respalda la prosperidad de las pretensiones, debe analizarse en armonía con «la falta de onus probandi por las demandadas para desvirtuar que los mismos no constituían salario y seguido de ello, establecer que se incurrió en un error en la valoración de los pactos de exclusión salarial». Agrega que es indebida la apreciación que da el ad quem al anexo 1 de convención colectiva, pues de este no es dable extraer la suficiencia probatoria necesaria para descartar la obligación de la empleadora de tener en cuenta dichos «incentivos al momento de liquidar las prestaciones sociales, vacaciones, horas extras y recargos a favor del actor», pues,

explica que el monto pagado dependía del cumplimiento y su causa era la actividad personal del trabajador. A continuación, transcribe los montos pagados mes a mes y concluye que: Aún a pesar de lo anterior, el Tribunal concluyo (sic) que la documental CONVENCIÓN COLECTIVA, era motivo suficiente para dotar de validez a dicha exclusión salarial, el despacho yerra de manera indirecta, frente a dicho supuesto, dado que un pacto de exclusión salarial, que si bien en cuanto a su forma no tiene una regulación de tipo legal, esto es, no se establece que sea de manera verbal o por escrito, la Jurisprudencia pacifica (sic) de la Corte Suprema de justicia (sic), ha establecido que el mismo debe contener unos presupuestos mínimos, y es que en ellos se dé la suficiente claridad de los motivos, circunstancias de tiempo modo y lugar, tanto de la causación como su cuantía, que permita arribar a una delimitación conceptual de los motivos y

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Radicación n.° 96598 circunstancias que impliquen en los trabajadores devengar los mismos, no consisten en hacer exposiciones genéricas, ambiguas, impresivas, globalizadoras (CSJ SL3272-2018 y CSJ SL48662020) que impidan hace un estudio detallado de los beneficios. Acepta la existencia de la libertad de negociación entre la empresa y el sindicato, pero refiere que la presencia documental de una convención colectiva de trabajo no impide la controversia probatoria frente a su validez; resalta que «Ni si quiera el legislador puede establecer que algo que es salario deje de serlo», y sostiene que no existe prueba que permita

establecer que tales pagos no eran retributivos del servicio. Se queja, además, de que «los jueces de instancias apreciaron indebidamente» que el actuar de la empleadora, pues, en su sentir, «ella no expuso una razón seria, objetiva y atendible» para liquidar los derechos laborales sin incluir los factores reclamados, «a efectos de exonerarse frente a las sanciones previstas en el Art.65 y Art.99 de la Ley 50 de 1990». Resalta que están dados los elementos de la solidaridad entre las sociedades Reficar y CBI y, luego de calcular mes a mes lo devengado, incluyendo los factores que considera salario, concluye que, tal ejercicio demuestra el error de hecho, «al no tener las piezas documentales referenciada, al momento de realizar el análisis de los factores salariales y la proporcionalidad en los ingresos percibidos por el actor, de haber tenido en cuenta los mismos, hubiese tenido por demostrado que en el presente caso no existe una proporcionalidad en los ingresos percibidos con incidencia

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Radicación n.° 96598 salarial». A continuación, muestra la variación de las sumas pagadas por concepto de prima técnica y razona que: Como se puede observar, de haber realizado una valoración de las documentales referenciadas y de lo dicho por el representante legal en la audiencia de trámite y fallo en la primera instancia, hubiese concluido que la acusación de la prima técnica convencional dependía de la prestación directa del servicio, esto es, se veía disminuida en su pago por la ausencia justificada o no por parte del trabajador, y de otro lado, a mayor días

laborados y mayores horas de trabajo suplementario causadas ello implicaba un mayor valor del mismo.

VII. CARGO SEGUNDO

Lo encamina así: 4.2.2 ERROR DE DERECHO POR VIA (sic) INDIRECTA Sobre el pago de PRIMA TECNICA (sic) CONVENCIONAL, el ad quem dio un alcance probatorio que no otorga la ley sustancial, en el entendido que dio por demostrado sin estarlo, que la presencia de la Convención Colectiva de Trabajo implica la virtualidad de validez total sobre pactos de exclusión de factores salariales, aspecto que no se encuentra previsto en la Ley. 4.2 VIOLACIÓN DIRECTA 4.2.1-INTERPRETACION (sic) ERRONEA (sic) Normas quebrantadas: artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con los artículos 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política.

Para argumentarlo, se duele de la interpretación que el Tribunal le da a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, al entender que la convención colectiva de trabajo tiene la virtualidad de permitir cualquier cláusula de desalarización sobre los beneficios extralegales reconocidos

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Radicación n.° 96598 en ella. Transcribe apartes considerativos de la sentencia y el contenido de los preceptos 127 y 128 ibidem y concluye que: Como se observa el despacho atribuye que la presencia de una exclusión salarial en una convención colectiva, per se implica un análisis diferencial en cuanto a su validez, dado que inciden en su celebración móviles diferentes en cuanto a las condiciones laborales y el aumento de la productividad, ello implicaría que el art. 128 del Código Sustantivo de Trabajo tuviese a lo mínimo como parágrafo la siguiente disposición jurídica “No obstante cuando los pactos de exclusión salarial estén contenidos en convenciones colectivas son plenamente válidos y su discusión solo será posible via (sic) denuncia de la convención”, esta anterior línea interpretativa constituye un alcance que la norma no ha distinguido. De otro lado, yerra también el Tribunal al establecer que la discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial, su via (sic) procedimental es la denuncia de la convención. Para ello es propio establecer que la denuncia de la convención es posible en la medida en que su discusión verse sobre conflictos de orden o de intereses económicos, pero no existe una norma especial que indique que se trate de los reproches no de intereses económicos, si no de aspectos jurídicos sobre dicha convención. Lo anterior se materializa en el presente asunto, dado que lo que se persigue en la Demanda es que los beneficios que fueron objeto de exclusión salarial sean tenidos en cuenta al momento de liquidar las acreencias laborales y si ello fuere posible, sus efectos será

Inter partes, es decir, no afecta a la convención en un sentido erga omnes, si no de manera particular al presente caso.

VIII. RÉPLICAS Liberty Seguros SA precisa que su situación solo es susceptible de ser analizada, de llegar a prosperar la demanda de casación; evento en el cual, en sede de instancia, se impondría su absolución, debido a que los derechos discutidos no fueron objeto de amparo, además, porque no se cumplen los requisitos del art. 34 del CST, para condenar a Reficar, en su condición de asegurada.

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Radicación n.° 96598 Sostiene que, en primer lugar, el Tribunal no incurrió en una indebida intelección de los artículos 127 y 128 del CST; de hecho, siguió la línea jurisprudencial establecida por la Corte sobre la validez de los pactos de exclusión salarial, lo que descarta cualquier error interpretativo sobre las normas señaladas. Y, en segundo término, porque el cargo presentado por la vía indirecta, además de estar indebidamente formulado, «en tanto no se identifica el error en la valoración y menos que se trate de un error grosero y evidente, lo cierto es que el Tribunal siguió correctamente el principio de la libre formación del convencimiento». Afirma que de entrar en instancia tendría que absolverse de las pretensiones elevadas en su contra, pues, explica que la delimitación de los riesgos amparados, «bien sea mediante la definición de los amparos o las exclusiones, es de interpretación restrictiva». Asimismo, luego de detenerse en las cuestiones legales y jurisprudenciales sobre la

materia, expone que: En el caso concreto, se evidencia que en la póliza se excluyó de cobertura el pago de derechos laborales extralegales, así como las indemnizaciones del artículo 65 CST y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Frente a la falta de cobertura de las indemnizaciones moratorias, la cláusula 1.5 de la póliza es clara en indicar que solo hay cobertura de la indemnización del artículo 64 CST: […] De igual forma frente a la exclusión de cobertura de pago sobre los derechos laborales extralegales, la cláusula 2.9 de las condiciones generales claramente señala lo siguiente: […]

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Radicación n.° 96598 Por lo que resalta la imperatividad de atender las condiciones pactadas en la póliza, expresamente, las exclusiones puestas de presente y recuerda que, en todo caso, la existencia de coaseguro entre Liberty Seguros SA Confianza SA en la participación en el riesgo es del 19.38% y 80.7%, respectivamente. Aunado a lo anterior, desciende al análisis del cargo, frente al que indica: a. Frente al primer cargo: Este cargo, adolece de serios defectos técnicos que impiden su estudio. En efecto, el cargo carece por completo de proposición jurídica y no indica el submotivo de casación que conlleva a (sic) la violación de las normas que se estiman violadas. Por lo demás, ninguna referencia a un medio probatorio concreto se hace frente al error de derecho. Ahora bien, en cuanto a la valoración probatoria que el recurrente extraña, vale recordar que solo procede la casación

laboral por la vía indirecta cuando el error de hecho producto de la valoración probatoria es evidente, grosero, protuberante u ostensible. Al respecto ha sostenido la sala laboral de la Corte suprema de Justicia, […] Precisa que no se encuentra acreditado ningún error protuberante del Tribunal, pues su razonamiento cumple los lineamientos de la libre formación del convencimiento establecida en el artículo 61 del CPTSS. En cuanto al segundo de los cargos, expone que, dado que se encamina por la vía directa, en modalidad de interpretación errónea, las conclusiones fácticas a las que llegó el Tribunal no están en discusión.

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Radicación n.° 96598 Igualmente, refiere que, el juzgador de segundo grado no incurre en una indebida interpretación de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en «tanto siguió la línea jurisprudencial que la Honorable Corte ha sentado sobre la materia, según la cual los pactos de exclusión salarial son válidos». Transcribe apartes jurisprudenciales sobre la materia y considera que: Nótese que estas conclusiones de ninguna manera configuran una interpretación errada de las normas bajo análisis, pues no solo se sigue lo que ha establecido la Corte, sino que reconoce que los pactos extrasalariales hacen parte de la autonomía de la voluntad privada y son válidos, siempre y cuando sean proporcionales y tengan limitaciones, como el respeto al mínimo vital y a los derechos mínimos laborales. De igual modo, se sostiene que estos pretenden ser el resultado de concesiones mutuas, en las que el empleador pueda, mientras otorga

beneficios superiores a los legales, convenir sobre su incidencia salarial. De hecho, y como bien lo afirma el Tribunal, desconocer la facultad de pactar exclusiones salariales a ciertos derechos que nazcan por mutuo acuerdo, atentaría de lleno contra el fundamento de la negociación colectiva, en la medida en que el empleador encontraría menos incentivos para transar algunas prerrogativas que tienen por finalidad mejorar la productividad y las condiciones laborales de los trabajadores. Reficar, por su parte, manifiesta que la argumentación desplegada por el ad quem, se encaminó de manera eminentemente jurídica, pues entendió que: […] era suficiente con la determinación del origen convencional de las acreencias para las que el hoy recurrente buscó la atribución de efectos salariales, la estipulación negocial que en aquella fuente los enervara restaba y el contraste de una y otra nota con el entendimiento que brindaba a esta temática la jurisprudencia nacional, para confirmar la absolución fulminada por el juez pluripersonal, con idéntico argumento. Y, por lo tanto, considera que los errores invocados por el recurrente no tienen ninguna trascendencia, siendo innecesario el examen de los medios de convicción.

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Radicación n.° 96598 Por último, frente al segundo de los embates, argumenta que las normas que componen la proposición jurídica a saber, «el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, […] (arts. 22, 24, 37, 39, 64, 65, 104 108, y 374 del C.S.T.)», no

fueron seleccionadas ni aplicadas, expresa ni tácitamente por el Tribunal, por lo que no podrían, en consecuencia, haber sido interpretadas erradamente y resalta, sobre las últimas disposiciones reseñadas, que no «encajan en la noción de “norma sustancial”». Además, sostiene que, «ninguna lectura efectúa de los textos de los arts. 127 y 128 del C.S.T., modificados por los arts. 14 y 15 de la Ley 50 de 1990», pues, explica que: Precisamente por corresponder el caso entonces sometido al escrutinio de la Corte a uno que involucrara a un extrabajador oficial (vinculado por contrato de trabajo a sociedad de economía mixta de composición accionaria superior a un 90% de la Nación, Fiduprevisora S.A.) y, además por circunstancias anteriores en todo caso a la puesta en vigencia de la Ley 50 de 1990, descartan que el Tribunal estuviese aquí aplicando a los arts. 127 y 128 del C.S.T., con las modificaciones implementadas por la dicha ley en sus arts. 14 y 15. Apoya la intelección realizada por el juez plural, al estimar la validez de las estipulaciones de exclusión salarial de los beneficios convencionales percibidos por el recurrente, pues considera que respetan los hitos de la línea jurisprudencial. Y, apoyado en sentencias de esta corporación y en pronunciamientos de la OIT, aclara que, en todo caso, ninguna posibilidad de éxito tendrían las alegaciones del recurrente, ya que, en estos asuntos, «impera la entera libertad de los celebrantes de la convención colectiva

para configurar el impacto o no de pagos con dicho origen».

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Radicac