CSJ - SL232-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL232-2023 Radicación n.°93519 Acta 02 Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. FIDUAGRARIA S. A. como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES PAR ISS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauró CARMEN EUGENIA BRAVO OBANDO.

I. ANTECEDENTES Carmen Eugenia Bravo Obando llamó a juicio al entonces Instituto de Seguros Sociales con fin de que se declarara que entre ellos existió una relación de naturaleza

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 93519 laboral a término indefinido, que finalizó sin justa causa el 31 de marzo de 2013. En consecuencia, con fundamento en la convención colectiva de trabajo, se le condenara a reintegrarla al cargo que desempeñaba junto con el respectivo pago de las prestaciones legales y extralegales, así como las vacaciones; además requirió el reconocimiento de los aportes a seguridad social que tuvo que sufragar, la nivelación y el reajuste salarial con los profesionales universitarios vinculados a la entidad a través de un contrato de trabajo, todo debidamente

indexado y que se impusieran las costas procesales. En forma subsidiaria al reintegro, requirió el reconocimiento de la indemnización por despido prevista en el acuerdo convencional y la moratoria actualizadas a la data de su cancelación. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó servicios a favor del ISS entre el 29 de marzo de 2001 y el 31 de dicho mes pero del año 2013; que ejecutó funciones propias del cargo profesional universitaria abogada en el centro de atención al pensionado-CAP de Girardot; que la relación se desarrolló bajo diferentes contratos civiles; que su jefe era el gerente de ese CAP; que debía cumplir horario; que las labores se tenían que adelantar en las instalaciones de la entidad con herramientas que ésta le suministraba; que en el instituto existía personal con contrato de trabajo que desempeñaba en iguales actividades a las que ella desplegaba a quienes se les reconocía todas las prestaciones

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 93519 de un trabajador oficial incluidas las previstas en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con Sintraseguridadsocial el 31 de diciembre de 2001, sindicato mayoritario y que estuvo vigente para el periodo 2001-2004. Afirmó que como salario devengó el siguiente: No relacionó el devengado para el 2013 Aseguró que, a pesar de que ejecutaba las mismas funciones que los profesionales universitarios vinculados bajo contrato de trabajo, percibió un ingreso inferior; que éste nunca fue reajustado; que no se canceló ningún derecho

laboral de índole legal ni extralegal; que tampoco el ISS asumió el porcentaje que como empleador le correspondía por aportes al sistema de seguridad social y que ante la referida entidad presentó reclamación de sus prerrogativas el 17 de abril de 2013 (f.°2-15 primera instancia, gestor documental).

SCLAJPT-10 V.00 3

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ñ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S . . . . . . . . . . . . a 0 0 0 0 1 1 1 2 3 7 8 8 l 2 2 8 8 4 4 4 4 5 8 4 4 a 1 1 2 2 1 1 1 0 5 5 1 1 r . . . . . . . . . . . . i 0 2 2 2 7 7 7 0 1 7 5 5 o 0 4 6 6 8 8 8 0 0 3 8 8 0 0 0 0 4 4 4 0 8 7

5 5 , , , , , , , , , , , , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Radicación n.° 93519 El ISS se opuso a todo lo pretendido en su contra. Frente a los hechos dijo que no eran ciertos y que otros no se trataban de tales. En su defensa propuso las excepciones de fondo de prescripción; indebida acumulación de pretensiones, inexistencia de la aplicación de la primacía de la realidad, del contrato de trabajo, del derecho y de la obligación, pago, ausencia del vínculo de carácter laboral, cobro de lo no debido, relación no era de naturaleza laboral, inexistencia y falta de requisitos de la convención colectiva de trabajo, además de la genérica (f.°256-264 primera instancia, gestor documental). El juzgado de conocimiento por auto del 9 de diciembre de 2013 (f.°271-273 ibidem), corrigió la providencia que dictó el 1º de agosto de dicho año en el sentido de señalar que, «para todos los efectos legales la demandada dentro del presente asunto [era] el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, representado legalmente por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., en su calidad de liquidadora de esta entidad» e inadmitió la contestación de la demanda presentada por el ISS en liquidación, quien la subsanó para precisar que los hechos 14 y 28 relativos a que, Sintraseguridadsocial era un sindicato mayoritario y que la

demandante presentó reclamación de los derechos que como trabajadora le asistían no eran ciertos y que se trataban de apreciaciones subjetivas de la parte actora así mismo reiteró las excepciones que propuso, la que calificó como de mérito (f.°274-278 ibidem).

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 93519 Por proveído del 30 de junio de 2015 (f.°320 y ss. ibidem), el juzgado reconoció como sucesor procesal del ISS en liquidación a Fiduagraria S. A., como administradora del patrimonio autónomo de remanentes -PAR ISS Liquidado.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, por fallo del 21 de septiembre de 2018, resolvió (f.°504 audiencia, 505 y ss. acta ibidem): PRIMERO: DECLARAR que entre la señora Carmen Eugenia Bravo Obando […] y el extinto Instituto de Seguros Sociales, existió un contrato de trabajo. en calidad de Trabajadora Oficial, en el interregno comprendido entre el 29 de marzo de 2001 hasta el 31 de marzo de 2015.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción y declarar como no probadas las demás, de conformidad a lo expuesto en esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la demandada Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales en Liquidación PAR ISS administrado por su vocera Sociedad

Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S. A.,

al reconocimiento y pago de las siguientes sumas de dinero: Cesantías $ 20.088.656,00 Vacaciones $ 12.896.211,00 Prima de Navidad $ 10.299.755,00 Prima Técnica $ 10.299.755,00 Prima de Vacaciones $ 10.674.054,00 Prima de Servicios $ 8.192.605,00 Intereses Cesantías $ 1.002.059,00 Diferencia Incremento Salarial $ 9.252.612,00 Despido sin justa causa $ 39.635.101,00 […] CUARTO: CONDENAR a la demandada Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto' de los Seguros Sociales en Liquidación P.A.R. I.S.S., administrado por su vocera Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A., al reconocimiento y pago en favor de la demandante Carmen

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 93519 Eugenia Bravo Obando, los salarios dejados de percibir desde el 31 de marzo de 2013 hasta el 31 de marzo de 2015, teniendo en cuenta el último salario devengado, conforme a la parte motiva de esta sentencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 11 de diciembre de 2019 (f.°15 audiencia, f.°17 y ss acta, segunda instancia, gestor documental), al resolver los recursos de apelación propuestos por las partes, así como al conocer en grado jurisdiccional de consulta a favor del PAR ISS en liquidación cuya vocera y administradora es Fiduagraria S. A., decidió:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia apelada y consultada, para en su lugar, CONDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, cuya Vocera y Administradora es FIDUAGRARIA S. A. a pagar a la demandante: a) $20'008.656.00, por auxilio de cesantía. b) $4'925.610.39, por vacaciones. c) $9'652.494.59, por prima de navidad. d) $1.167.960.10, por prima técnica. e) $10'674.054.00, por prima de vacaciones. f) $8'192.605.00, por prima de servicios. g) $1 '002.059.00, por intereses sobre las cesantías. h) $6'083.293.52, por diferencias de los incrementos salariales. i) $39'635.101.00, por indemnización por despido injusto.

SEGUNDO. - PRECISAR el numeral cuarto de la decisión de primer grado, para CONDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, cuya Vocera y Administradora es FIDUAGRARIA S.A. a cancelar a la accionante $44'198.040.00 como salarios dejados de percibir de 01 de abril de 2013 a 31 de marzo de 2015. TERCERO. - CONFIRMAR la decisión de primer grado en lo demás. Sin costas en esta instancia.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 93519 En lo que interesa al recurso extraordinario, recordó que el de apelación propuesto por la promotora del proceso giró en torno a la procedencia de la indemnización moratoria

y, el del PAR ISS, se dirigió a controvertir la declaratoria del contrato de trabajo, la calidad de trabajadora oficial, la imposibilidad de reintegrarla, la improcedencia de la indemnización por despido injusto y, los intereses a las cesantías. Para resolver tales planteamientos puntualizó que, acorde con el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945 para la existencia de una vinculación de índole laboral se requiere la concurrencia de tres presupuestos: «(i) la prestación personal del servicio, (ii) la continuada dependencia o subordinación del trabajador respecto del empleador y, (iii) un salario como retribución» y a renglón seguido procedió a citar el canon 3º ibidem. Memoró que la actora fue vinculada a través de sendos contratos de prestación de servicios bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, modalidad que señaló era válida; pero que, era posible que en el desarrollo de la relación contractual se tornara en una de naturaleza laboral, «en razón de la misma actividad y por las características que la prestación personal de servicios adquiera durante la ejecución del acuerdo inicial, transformándose de autónoma en subordinada », motivo por el cual le correspondía al director del proceso «examinar en cada caso si la subordinación aludida se da en el conflicto que desata, evento en el cual de[bía] aplicar las normas que rigen el contrato de trabajo».

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 93519 Según tales premisas recordó que, la reclamante fue contratada el 29 de marzo de 2001 hasta el 31 de marzo de 2013 «para suministrar información respecto de los trámites

de invalidez, vejez, muerte, auxilios funerarios e indemnización sustitutiva, requisitos generales de afiliación y, notificación de actos administrativos, entre otras». Anunció que como pruebas se recibió la declaración de la petente, así como los testimonios de Virgelia Sánchez Guzmán, Carlos Ramón Sánchez Supelano, Francisco Eladio Ramírez y Edgar Doncel Serrano y lo siguientes documentos: […] i) la reclamación administrativa radicada ante el ISS el 17 de abril de 2013; ii) la certificación del jefe del departamento de recursos humanos Seccional Cundinamarca y Distrito capital, en que constan los diversos contratos de prestación de servicios suscritos por la demandante, vigentes de 29 de junio de 2001 a 31 de marzo de 2013, así como el último pago por honorarios por $1'841.585.00'; iii) 30 contratos de prestación de servicios suscritos de 20 de marzo de 2001 a 03 de diciembre de 2012; iv) cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de Bravo Obando; v) constancia de entrega de inventario; vi) reporte de semanas cotizadas expedido por COLPENSIONES; vii) certificación de aportes a seguridad social en salud emitido por el Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA; viii) certificación expedida por el Coordinador del Centro de Atención al Pensionado de Girardot, Doctor Edgar Doncel Serrano, en que consta que la demandante trabajaba en ese centro desde 03 de abril de 2001, en horario de 07:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.; ix) acta de

visita domiciliaria efectuada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Laborales de 21 de febrero de 2005, en que aparece que la actora es una de las tres funcionarlas del centro de atención al pensionado; x) comunicaciones enviadas a la actora por los Gerentes Seccionales de Cundinamarca y Asesores del Seguro Social con la finalidad de enviarle expedientes, notificaciones y derechos de petición, además, de instrucciones; xi) convención colectiva de trabajo y; xii) Resolución de 09 de enero de 2012, en que el ISS reglamenta la prima técnica. De acuerdo con lo cual sostuvo que analizados en conjunto era posible colegir que:

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 93519 […] la accionante fue contratada por el Instituto de Seguros Sociales para atender al público, suministrar información respecto de los trámites por invalidez, vejez, muerte, auxilios funerarios, indemnización sustitutiva y, requisitos generales, en el CAP de Girardot; en el transcurso de la relación las condiciones fueron desarrolladas bajo actos constitutivos de subordinación al impartírsele órdenes e, imponerle horario, según lo describieron los testigos. Entonces, surge evidente que cumplía sus funciones en las condiciones que imponía la entidad, sin posibilidad de ejercer su actividad con autonomía e independencia, en consecuencia, existió subordinación, así como los demás elementos constitutivos del contrato de trabajo. Adicionalmente, aludió al inciso 2º del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, para señalar que:

[…] los servidores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por regla general, son trabajadores oficiales y, excepcionalmente, de acuerdo con sus estatutos, empleados públicos cuando ejerzan funciones de dirección y confianza, en este orden, conforme a la clasificación de los empleos del ISS del Decreto 416 de 1997, para que los servidores profesionales o secretarias ejecutivas pudieran considerarse empleados públicos, era indispensable que el cargo desempeñado se encontrara adscrito a los despachos del presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director o, que prestaran sus servicios en forma directa a los titulares de dichos despachos, situación que no ocurrió en el asunto, ya que, la demandante prestó servicios profesionales al Coordinador del CAP de Girardot, por ello, se confirmará la sentencia apelada y consultada en tal sentido Seguidamente indicó que, según lo tenía establecido esta Corporación, en casos como el presente cuando se declaraba la existencia de un contrato de trabajo, resultaba aplicable la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 celebrada entre el ISS y Sintraseguridadsocial, organización que era de carácter mayoritaria y en cuyo precepto 3º previó su aplicación a los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 93519 De acuerdo con lo anterior apuntó que los artículos 5º y 117 del acuerdo extralegal, dispusieron que los funcionarios se contrataban mediante un acto jurídico de naturaleza laboral a término indefinido a excepción de

aquellos que ingresaran a desempeñar actividades transitorias, por tanto, debía tenerse que: […] la vinculación contractual laboral de la demandante lo fue a término indefinido, entonces para concluirla el Instituto requería invocar alguna de las justas causas establecidas en el artículo 7° del Decreto Ley 2351 de 1965, con arreglo a la cláusula 5ª de la convención colectiva de trabajo, sin embargo, ocurrió por vencimiento del plazo pactado, que no corresponde a una justa causa, por ello, el despido fue injusto. En atención a lo precedente, estimó que resultaba procedente el reintegro, sin solución de continuidad, pero que ante la imposibilidad jurídica de efectuarlo por la extinción de la entidad el 31 de marzo de 2015, según el precepto 6º del Decreto 553 de ese mismo año, debía cancelársele «los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por la trabajadora desde su retiro y hasta el momento en que culminó la liquidación de la entidad […]». Igualmente, discurrió que era viable reconocerle la indemnización por despido injusto, pues la supresión definitiva de la entidad, aunque obedecía a una causa legal no encajaba dentro las previstas como justas en el ordenamiento jurídico, de manera que «proce[día] el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales, de 01 de abril de 2013 a 31 de marzo de 2015 a título resarcitorio, así como la indemnización por despido» y, que realizados los cálculos pertinentes se obtenía «por salarios $44'198.040.00,

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 93519 valor que se precisará en el numeral cuarto de la sentencia apelada y consultada, asimismo, como indemnización por despido $46'988.553, cifra superior a la que obtuvo el a quo - $39'635.101.00 », pero que no se variaría la providencia del juzgado porque: « se haría más gravosa la situación de la entidad en cuyo favor se [estaba surtiendo] el grado jurisdiccional de consulta en este aspecto». Respecto de la «prima de servicios extralegal» regulada en el canon 50 de la CCT afirmó que, era igual a «dos primas de servicios adicionales equivalentes a 15 días de salario pagaderas en junio y diciembre de cada año […]»; que a la petente por ese rubro se le debía cancelar $19.304.989, pero que no se modificaría la sentencia de primer grado que dispuso una suma inferior para no hacer más gravosa la situación de la enjuiciada. En cuanto a la «prima de navidad» acudió al artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 y a la sentencia CSJ SL, 20 feb. 2019. rad. 74084 para concluir que, por dicho concepto se le adeudaba a la reclamante la suma de $9.652.494,59.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la llamada a juicio, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 93519

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y se

absuelva de todas las condenas impuestas (f.° 7 recurso extraordinario, demanda de casación, gestor documental). Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación que fueron replicados y, que se pasan a estudiar en forma conjunta los tres primeros dado que se soportan en similar elenco, ofrecen argumentos afines y complementarios, además de buscar un mismo objetivo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de segundo grado de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de: […] inaplicación de los 23 y 32 numeral 3° de la ley 80 de 1993 de los artículos 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Fundamental, del artículo 66 del CC, del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, hoy 88 CPACC, y 177 del CPC (hoy 167 del CGP) lo que llevó a aplicación indebida de los artículos 1° de la Ley 6ª de 1945, artículo 1°,2°, 20 y 41 del decreto 2127 de 1945, del artículo 1 del decreto 797 de 1949, del artículo 470 del CST y de los artículos 5° y 117 de la convención colectiva, que lleva a una interpretación indebida de los artículos 6° y 7° del Decreto 2351 de 1965 y del artículo 29 de la carta Fundamental.

Asegura que lo previo fue porque el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre el Instituto del Seguro Sociales Liquidado con la señora Bravo fue un contrato de prestación de servicios suscrito a la luz

de lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 93519

2. No dar por demostrado, estándolo, que, para ambas partes, durante toda la relación del contrato de prestación de servicios que sostuvieron, existió la convicción que este era la forma de contratación y no otra.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el liquidado Instituto de Seguros Sociales, al contratar a la señora Bravo siempre actuó de conformidad con las normas legales de contratación cumpliendo con todos los trámites establecidos para la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la demandante.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante conocía su calidad de contratista y en ningún momento de la relación reclamó por ello, máxime por su calidad de profesional en derecho

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existía entre las partes fue la de un contrato de trabajo.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que mí representada a la terminación de la relación no le pagó las prestaciones a la demandante, las cuales no le correspondían.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada actuó de mala fe al no haberle liquidado prestaciones a la terminación del contrato suscrito entre las partes pues se consideraba que el mismo no era de trabajo.

8. Dar por demostrado, sin estarlo que la demandante actuó de buena fe, pues conociendo las posibles implicaciones de la contratación realizada y su calidad de profesional universitaria abogada nunca informó de sus inquietudes a la demandada.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada actuó de

mala fe y procede la condena por reintegro 10.No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso no existe demostración alguna del actuar de mala fe de mi representada. Expone que, los yerros fácticos denunciados se debieron a que el administrador de justicia no apreció la Reclamación Administrativa presentada el 17 de abril de 2013 y, porque valoró indebidamente:

1. Demanda presentada (folios 3 a 14)

2. Contestación de la demanda (folios 182 a 191)

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 93519

3. La convención colectiva aportada al proceso

4. Certificaciones de la existencia de los contratos de prestación de servicios a folio folios 17 a 18.

5. Los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes que obran a folios 19 a 61.

6. Copia informal de la convención colectiva 2003-2004.

Para sustentar el ataque en lo relativo a la declaratoria de existencia del contrato de trabajo esgrimió que: 1) Los artículos 6° y 121 de la Carta Fundamental solamente permiten a los servidores públicos realizar las funciones y actividades que les establece la ley. 2) Que el liquidado ISS al contratar por prestación de servicios a la demandante señora Bravo lo hizo de conformidad a los establecido en los artículos 23 y 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por las normas. 3) Que los mencionados contratos de prestación de servicios suscritos con la demandante son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad a la luz de los artículos 66 del

Decreto 1° de 1984 (hoy artículo 88 del CPACC) y hasta ahora no existen acciones administrativas en contra de estos que hayan declarado su nulidad. 4) Que el artículo 83 de la Carta Fundamental parte de la presunción de buena fe en las actuaciones de los particulares y los servidores públicos. Indica que, al no tener en cuenta el Tribunal la copia de los contratos de prestación de servicios, la certificación expedida por la entidad pasó por alto la voluntad de las partes en su celebración, lo cuales, conforme a ella, determinaron que se rigieran por los presupuestos previstos en la Ley 80 de 1993. Alega que, la reclamante no desconoce su calidad de profesional universitaria como abogada; que prestaba

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 93519 servicios en el área de la gerencia seccional de Cundinamarca por lo que ahora carece de sentido que le endilgue un actuar indebido siendo que la petente debido a su profesión tenía pleno conocimiento de las implicaciones que suponían los negocios jurídicos que celebró. Apunta que, la conducta de las partes y la voluntariedad en la misma es una clara expresión del acto propio que no puede ser desconocido; más aún cuando dentro del expediente, ni antes del proceso existió por parte de la promotora del proceso inconformidad alguna con las condiciones bajo las cuales se desarrolló la relación contractual, pues contrario a ello, cumplió con todos los trámites requeridos tales como la presentación de pólizas de cumplimiento, pago de seguridad social como contratista independiente, elaboración de cuentas de cobro e informes de las actividades realizadas en el mes y, retribución

mediante honorarios, situaciones que estima «son demostración de su convencimiento de la validez de los contratos de prestación de servicios suscritos». Reprocha que, la actora únicamente después de su retiro pretenda desconocer una situación que expresamente aceptó, lo que insiste es ir en contra del acto propio. Asevera que en las cláusulas «14 o15» de los actos jurídicos suscritos se declaró expresamente que «la relación no tenía naturaleza laboral» manifestación que no se encuentra afectada por algún vicio de consentimiento y que

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 93519 produce efectos; que en los artículos «15 o 16» de esos negocios se estableció «la supervisión del contrato» lo que fue desestimado por la sentencia fustigada para «convertir esta situación en condición de subordinación desconociendo lo que las partes válidamente pactaron». Acude al artículo 83 de la Constitución Política, para memorar que la buena fe se presume tanto en las actuaciones de los particulares como en la de las autoridades, pero que el sentenciador no lo tuvo en cuenta y, por el contrario, partió de su indebida actuación al celebrar los contratos de prestación de servicios, cuando en el plenario no quedó probada, los que además gozan de presunción de legalidad según el precepto 88 del CPACA. Estima que el colegiado se equivocó al confirmar la declaratoria del contrato de trabajo por el hecho de que la accionante cumpliera un horario y prestara servicios en sus instalaciones, ratificando la tesis del juzgado sin hacer un análisis de las pruebas obrantes en el juicio. Resalta que la existencia de la subordinación quedó

desvirtuada con: […] la simple contestación de la demanda […], ello demostró que existieron contratos validos de prestación de servicios suscritos de manera libre y voluntaria por las partes que la demandante cumplió las labores para las cuales fue contratada, que cumplió con los tramites de los contratos, por lo que no puede confundirse el concepto de subordinación laboral con la interventoría y supervisión en un contrato de prestación de servicios. Mi representada probó la existencia de la relación de prestación de servicios, como consta en las certificaciones expedidas respecto

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 93519 a la vinculación de la demandante (folios 17 a 18) bajo la modalidad de prestación de servicios respecto a la labor contratada con la señora Bravo y en los contratos de trabajo a folios 19 a 61. Plantea que el juzgador al aplicar indebidamente el elenco normativo plasmado en la proposición jurídica del cargo «convirtió un contrato de trabajo de trabajador oficial a una relación legalmente reglamentada como es el contrato de prestación de servicios en el sector público»; que, además, desconoció los hechos que la promotora del juicio confesó en el escrito con el que se inició el proceso como lo fueron: […] haber suscrito contratos de prestación de servicios con el liquidado ISS y no contratos de trabajo, igual a lo dicho en el escrito de reclamación administrativa en que acepta la naturaleza no laboral del vínculo existente entre las partes, los contratos de prestación de servicios suscritos de manera libre y voluntaria por la demandante en que se reconoce, en las pruebas que se consideran indebidamente apreciadas, la naturaleza no

laboral de los mismos, que estos tienen unos mecanismos de supervisión de las labores contratadas, se desconocieron los argumentos presentados en la contestación de la demanda, en los alegatos de conclusión, en el recurso de apelación […]. Rechaza el desconocimiento por parte del colegiado de las facultades de contratación que tenía y, que no hubiese observado que la accionante era una abogada lo que «[…] por simple lógica demuestra que conocía la diferencia entre un contrato de prestación de servicio y un contrato de trabajo […]»; quien durante el desarrollo de la relación contractual no mostró descontento respecto de las condiciones en que se desenvolvió. Manifiesta que «los artículos del Decreto 2127 de 1945» no son aplicables al examine, ya que este se rige por los derroteros de la Ley 80 de 1993; que la tesis de la segunda

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 93519 instancia implica «casi una presunción legal, que no admite prueba en contrario, pues se presume un actuar indebido de mi representada en la medida que todo contrato de prestación de servicios suscrito por el liquidado ISS se convierte en contrato de trabajo» no permitiendo que haga uso de la facultad de contratación que le otorgó el ordenamiento jurídico, desatendiendo los trámites adelantados y el contenido de cada uno, así como la aceptación por parte de la petente «con lo cual se viola lo planteado en el artículo 66 del CC sobre el tema de presunciones». Alude a los cánones 23 y 32 de la Ley 80 de 1993,

igualmente a la sentencia CC C154-1997 sobre el alcance de ésta última disposición para expresar que, los negocios jurídicos civiles que se suscribieron se ajustaron a lo estipulado en dicha normativa y al precepto 123 de la Constitución Nacional; que la decisión confutada igualmente transgrede el 66 del Decreto 1º de 1984, que establece que los actos administrativos, es decir, los contratos de prestación de servicios que suscribieron gozan de presunción de legalidad y que como hasta la fecha no existe ninguna acción dirigida a desvirtuar tal aseveración dicha circunstancia se mantiene incólume. Discute que por el simple hecho de que el servicio se prestara en sus instalaciones o por haber cumplido un horario no puede concluirse que existe un contrato de trabajo, ya que:

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 93519 […] por lógica sus labores debían realizarse donde se tenían que prestar las labores de manejo de la información requerida en los contratos de prestación de servicios, pues es obvio que las actividades debían realizarse en las dependencias de la entidad q