CSJ - SL2325-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2325-2023 Radicación n.° 80890 Acta 35 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ FRANCISCO BANQUET PUELLO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 28 de septiembre de 2017, en el proceso ordinario laboral que instauró contra

MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S. A. y la

PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COEMBAL

PCTA.

I. ANTECEDENTES José Francisco Banquet Puello demandó a Monómeros Colombo Venezolanos S. A., con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se desarrolló del «1 de agosto de 1968

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Radicación n.° 80890 hasta el 15 de octubre de 2008 o lo que resulte probado»; que tiene derecho al pago de las prestaciones sociales legales («cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio y vacaciones») y extralegales convencionales («primas de vacaciones, primas de navidad, prima de antigüedad, prima extralegal de servicios, prima especial convencional, incremento por eficiencia y productividad, y bono a la firma»). Igualmente, solicitó condenar a Monómeros S. A. al pago del reajuste pensional derivado de la diferencia del

ingreso base de liquidación, toda vez que no se tuvo en cuenta el salario realmente devengado; así como a la cancelación del auxilio de retiro por vejez, la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST, la indexación de las sumas adeudadas y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó servicios a Monómeros S. A. «por intermedio de la empresa contratista» Gonsoto & Asociados Ltda., desde el 1 de marzo de 1997 hasta el 30 de septiembre de 2005; que «por intermedio de la empresa contratista» Coembal PCTA, lo hizo desde el «1 de octubre de 2005 hasta el 15 de octubre de 2008»; que laboró siempre bajo la supervisión de un empleado de Monómeros S. A., de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., durante 45 horas semanales; jornada que era la misma en la que los trabajadores de planta de la empresa laboraban y que era la establecida en el artículo 83 de la convención colectiva

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Radicación n.° 80890 de trabajo. Precisó que para desarrollar su objeto social la demandada debía embarcar productos y desembarcar materias primas en medios de transporte marítimos, fluviales y terrestres. Asimismo, indicó que durante la vigencia del contrato de trabajo se rigió por la convención colectiva de trabajo suscrita entre Monómeros S. A. y Sintramonómeros,

organización sindical de carácter mayoritario; que el salario para el momento de la terminación era de $1.241.000 mensuales, el que fue camuflado como una compensación de la Precooperativa de Trabajo Asociado Coembal PCTA; y que nunca le cancelaron prestaciones sociales legales y extralegales. Recalcó que para la época de la finalización del contrato de trabajo estaba vigente la convención colectiva de trabajo 2007-2009; que la empresa le dio por «terminado el contrato de trabajo al momento de pensionarse», hecho que se consignó en la Resolución 0014351 de 2008, «a partir del 1 de julio de 2008»; que la accionada patrocinó la creación de pre cooperativas de trabajo asociado en diferentes seccionales «con el objeto de prestar sus servicios a la misma empresa», tanto que tenía centro de capacitación para su creación; que a la sección de estibadores le correspondió Coembal CTA., y que la accionada principal le ordenó la vinculación a ésta última.

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Radicación n.° 80890 Al dar respuesta a la demanda, Monómeros S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa manifestó que no se podía predicar la existencia de un contrato realidad, pues no se configuraban los elementos constitutivos contemplados en el artículo 23 del CST. Esto por cuanto no hubo prestación personal del servicio a favor de Monómeros S. A. por parte del demandante; que en el escrito de demanda se manifestó en reiteradas oportunidades que se encontraba vinculado laboralmente a las empresas Gonsoto & Asociados Ltda.,

Equipos de Servicio Ltda. y Coembal PCTA, y que para efectos probatorios aquél aportó certificaciones laborales expedidas por dichas empresas. Expresó que es una empresa petroquímica, que para la ejecución de actividades especializadas se ha apoyado en empresas contratistas que realizan ciertas funciones específicas, siendo el caso concreto, la prestación de servicios logísticos «especializados relacionados con los procesos o subprocesos de manipulación de cargas, empacados, envase y despacho de productos en las áreas de muelles», las cuales para el desarrollo de las labores encomendadas requieren de un personal capacitado y con suficiente experiencia, que las empresas contratistas las prestaban como independientes por medio de contratos comerciales de prestación de servicios, en virtud de los cuales, por un precio determinado, ejecutaban tareas logísticas especializadas.

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Radicación n.° 80890 Que el demandante estaba excluido del alcance de la convención colectiva de trabajo porque no tuvo ningún tipo de vinculación laboral con la demandada y además, porque no se cumplen los presupuestos fácticos o jurídicos requeridos para tal efecto, pues para la fecha en que aquél le prestó los servicios a la Precooperativa, «una gran cantidad de trabajadores no sindicalizados renunciaron a los beneficios convencionales, motivo por el cual no sería viable aplicar en este caso una presunción de extensión de beneficios». A su favor propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación y compensación. Por su parte, la Precooperativa de Trabajo Asociado Coembal PCTA, quien estuvo representada por curador ad

lítem, manifestó que no se oponía a las pretensiones siempre y cuando resultaran probados los hechos, los que no le constaban. No propuso excepciones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 30 de agosto de 2013 (data corregida por auto del 16 de agosto de 2013) absolvió a las demandadas, condenó en costas a la parte vencida y ordenó se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en el evento de que no fuera apelado.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante providencia del 28 de septiembre de 2017, al dirimir el recurso de apelación impetrado por la parte actora, resolvió confirmar la sentencia apelada, «pero por las razones aquí expuestas», y condenar en costas al apelante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural consideró que debía analizar si en efecto se demostró el contrato realidad y, «en caso afirmativo», si se lograron acreditar los extremos temporales. Después de aludir al contenido de los artículos 22 y 23 del CST y a lo que la jurisprudencia y la doctrina han dicho acerca de la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración; dijo que reunidos estos tres elementos se podía predicar la existencia de un contrato de trabajo, aunque las partes hubieran firmado uno de

naturaleza diversa. Lo anterior por cuanto en el derecho laboral se debía aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política. Al efecto citó de manera extensa la sentencia CSJ SL, 16 ag. 2017, rad. 48531, destacando que los contratos de prestación de servicios se caracterizan por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor

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Radicación n.° 80890 convenida con el contratante, lo cual lo exime de recibir órdenes; no obstante, agregó, «este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones», de manera que era viable que en función de una adecuada coordinación se fijaran horarios, solicitaran informes e incluso, se establecieran medidas de supervisión o vigilancia sobre esas obligaciones. Agregó que, en dichos convenios, por lo general, el contratista desempeñaba sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa labor se desarrolle en las instalaciones del contratante y con elementos de su propiedad, necesarios para la ejecución de la labor encomendada. Al descender al caso en estudio, advirtió que «el mismo demandante manifiesta que prestó sus servicios a Monómeros a través de varias empresas “contratistas”». Y con relación a la prueba testimonial dijo: El señor Zúñiga Arango, quien manifiesta que laboró al servicio de Monómeros, que laboró desde 1977 hasta el año 2005, tiempo

en el que también trabajó el actor en dicha empresa, a través de contratistas, […] Equipo y Servicios “que fue el último contratista” y Julio Pájaro Puello; a la pregunta de quién determinaba los turnos o jornadas de trabajo, respondió que “quien ordenaba las órdenes era el señor Moncho de Agua o los supervisores que estaban de turno, los que llevaban la lista, o sea el control de la producción que se hacía en el día eran trabajadores de la empresa como Molinares, Marriaga, ellos son cuatro de la empresa, ya todos cuatro salieron ya todos cuatro para la producción”(sic). Agregó que las actividades que realizaron no eran desempeñadas por trabajadores de planta de Monómeros que Monómeros no los tenía en cuenta para los reajustes

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Radicación n.° 80890 salariales porque “dejaba que el contratista arreglara los precios” y era quienes cancelaban el salario. El señor Antonio José Ávila Castro, quien manifestó que prestó sus servicios a Monómeros entre los años 1981 a 1992, declaró que el actor fue vinculado a través de los contratistas Extra Súper, Maosub Robles “y otro señor que se denominaba como Pájaro”, que las instrucciones las daban los supervisores de apellidos Molinares, Simarra y Marriaga, quienes determinaban los turnos y que el salario lo pagaban los contratistas. El señor Alfonso Camilo Bustamante declaró que conoció al demandante en el año 1993 y salió en el año 2008 “y hasta ahí conocí al señor laborando en la sección Muelle de la empresa

Monómeros”, que lo conoció trabajando con Maoscub y después con la Precooperativa Coembal, que los contratos eran renovados por orden de Monómeros, cuyos jefes eran quienes elegían al personal que debía laborar; a la pregunta de si sabía quién daba las órdenes para los trabajos respondió que sí sabía quién daba esas órdenes, que los trabajos eran “supervisados por los supervisores que tenía Monómeros en cada muelle, ya que ellos eran las personas indicadas para decidir dónde se podían almacenar los productos y verificar la producción que era recibida de las plantas”, que la jornada del demandante era de 7:00 AM. a 4:30 PM, que era en horarios determinados por los supervisores de Monómeros y que las empresas eran intermediarias porque no pagaban si Monómeros no giraba el cheque. En cuanto a la prueba documental advirtió que «los que reposan a folios 31 a 40 no tiene valor probatorio por constituir elementos sin firma, ello al tenor de lo dispuesto en el artículo 269 del CPC […] Además, tal omisión lo despoja de la connotación de documento público, pues no se acreditó que haya sido otorgado por funcionario público o su intervención», pues tampoco está inserto en el diario oficial. Añadió que Coembal PCTA certificó que el actor estuvo vinculado a esa cooperativa desde el 10 de octubre de 2005 hasta el 15 de octubre de 2008 y que obraba invitación de esta para que aquél asistiera al curso de administración de la empresa de economía solidaria.

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Radicación n.° 80890 Igualmente, indicó que el contrato de prestación de servicios de naturaleza civil celebrado entre Monómeros y Equipos y Servicios Ltda. (f.° 129-136), daba cuenta de que esta última «se obliga a ejecutar para MONÓMEROS con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva, asumiendo todos los riesgos y en estricta concordancia con los documentos del contrato GOF-2502, INSPECCIÓN, CONTROL Y DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS» (negrillas del texto original); el cual, señaló, rigió entre el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003. Afirmó que el contrato celebrado entre Monómeros y Coembal PCTA (f.° 137-149), vigente entre el «10 de octubre de 2008 y 31 de diciembre de 2008», daba cuenta de que la cooperativa se obligó a «ejecutar, desarrollar e implementar “los servicios de operación de empaque, reembarque, toma de muestras y chequeo de pesos, así como operación de planta de fertilizantes mezclados». Recalcó que el otrosí del contrato suscrito entre la accionada y Gonsoto y Asociados Ltda. (f.° 150), el cual se desarrolló entre el 13 de mayo de 2004 y el 22 de diciembre de 2004, informaba que a la contratista le correspondía el armado de las bolsas (sacos), el empaque, estibado, arrume y el manejo con montacargas del fertilizante compuesto y simple, en las áreas seleccionadas por el interventor de Monómeros.

Y con fundamento en los anteriores medios de convicción reseñados, concluyó:

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Radicación n.° 80890 Analizadas en su conjunto las anteriores, emerge (i) la existencia de los contratos de naturaleza civil entre Monomeros y Equipos y Servicios Ltda., Precooperativa de Empaque y Embalaje Coembal PCTA y Gonsoto y Asociados Ltda., (ii) que el demandante prestó sus servicios a Monómeros Colombo Venezolanos S. A. vinculado laboralmente con contratistas, pues así lo admitió el mismo demandado (sic) en el libelo inicial, corroborado por los testigos Roque José Zúñiga Durango y Antonio José Ávila Castro; (iii) que eran las empresas contratistas las que determinaban el monto de los salarios y los que los cancelaban; que los supervisores eran los que estaban pendientes de la producción y los que decían dónde se colocaban las mercancías, actividades estas propias de los contratos celebrados con los contratistas, sin que se acredite hayan dado órdenes al trabajador “en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo”, o se les hayan impuesto reglamentos, tal como lo exige el literal b) del artículo 23 del CST. Dicho de otra manera, se encuentra desvirtuado el elemento de la subordinación; (iv) en cuanto al horario de trabajo, los testimonios no son acordes con la misma demanda en la que se dice que la jornada de trabajo es la consagrada en la convención colectiva de trabajo para los empleados de planta. Y si bien la imposición de horario de trabajo per se no conlleva a (sic) la conclusión de la existencia del

contrato de trabajo; tampoco está demostrado que los Supervisores lo hayan impuesto, lo que hace más evidente la falta de subordinación. En conclusión, no está demostrada la existencia del contrato realidad entre Monómeros y el demandante, debiéndose confirmar la sentencia apelada, pero por las razones aquí expuestas. (subrayado de la Sala).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.

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Radicación n.° 80890 Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, frente al que se presenta réplica.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 22, 23, 24, 34, 35, 36 y 471 del CST; 71 a 77 de la Ley 50 de 1990; 10 del Decreto 3135 de 1997; 57 y 70 de la Ley 79 de 1988 y 13, 29 y 53 de la Constitución Política.

Atribuye al sentenciador el haber incurrido en los siguientes errores de hecho: PRIMERO: Dar por demostrado, no estándolo, que el contrato que reguló las relaciones laborales del actor con MONÓMEROS S.A. fue fruto de contratos de carácter civil suscritos entre Monómeros SA y las empresas contratistas Equipos y Servicios

Limitada, Precooperativa de Empaque y Embalaje Coembal P.C.T.A. y Gonsoto y Asociados Limitada.

SEGUNDO: No dar por demostrado, estándolo, que la relación laboral que existió entre Monómeros SA y el señor José Francisco Banquet Puello, fue regulada por un contrato realidad.

TERCERO: Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante prestó sus servicios a Monómeros Colombo Venezolanos S.A. vinculado laboralmente con contratistas.

CUARTO: No dar por demostrado, estándolo, que las actividades desarrolladas por el demandante en la empresa Monómeros fueron realizadas bajo la supervisión de ésta, que la ejercía por intermedio de sus supervisores.

Dice que el sentenciador de segundo grado se equivocó al señalar con base en el análisis de los hechos 4, 5 y 6 de la demanda inicial, que había sido el mismo demandante quien manifestó haber prestado servicios a Monómeros a través de varias empresas contratistas. Después de citar literalmente

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Radicación n.° 80890 su contenido, indica que lo que allí se afirmó fue que la empresa lo vinculó por «intermedio de empresas contratistas», las cuales identificó, señalando incluso los extremos laborales y, por tanto, no se trataba de una confesión del actor en cuanto a que prestó servicios a la empresa demandada «de manera independiente», tal como lo indicó el Tribunal. Con relación al contrato de prestación de servicios suscrito entre Monómeros y Equipos y Servicios Limitada, el cual estuvo vigente entre el 1 de octubre de 2002 y el 30 de

septiembre de 2003 (f.º 129), indica que el juez plural no lo estudió en su totalidad, pues únicamente le dio importancia a la cláusula primera, sin avizorar el literal h) de la quinta, cuyo contenido trascribe. Afirma que de la anterior estipulación se desprende que el contratista «adolece de autonomía técnica» (sic) para desarrollar el presunto contrato, de donde se colige que dicho «contratista deje de serlo para convertirse en un intermediario de la empresa» Monómeros para desarrollar una actividad propia de su objeto social, pues, «si no tiene autonomía técnica, no puede ser un contrato de prestación de servicios», como equivocadamente lo dedujo el sentenciador. Respecto al documento visto a folios 137-140 considera que el juez de alzada no le otorgó su verdadero valor probatorio, pues se limitó a decir que existía un contrato similar entre Monómeros con Coembal PCTA, sin efectuar un análisis a conciencia, pues en la cláusula décima tercera,

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Radicación n.° 80890 alude a la interventoría y en el parágrafo 1 a sus funciones, de la cuales transcribe los literales b, c, d, h y f. Acota que el anterior medio de convicción prueba el principal elemento de un contrato de trabajo, esto es, la subordinación ejercida por la empresa Monómeros, como se desprende de las instrucciones contenidas en el parágrafo primero; que ejercía sumisión sobre el personal de la precooperativa por medio del interventor cuando controlaba

la pericia o habilidad de las personas vinculadas. Agrega que de la misma manera se ejercía el control de la ejecución de las actividades del personal, lo cual denota ostensiblemente la subordinación laboral, pues aprobar los planes de trabajo y vigilar que el personal y los colaboradores utilicen los implementos adecuados en las condiciones indicadas para la correcta ejecución del contrato, así como el coordinar con el interventor quien integraría el personal y los colaboradores que debían registrar la información en el sistema SAP implementado por Monómeros, así lo demuestran. Alega que el otrosí del contrato suscrito entre Monómeros y Consoto Asociados Ltda. (f.º 150) no le mereció comentario alguno al Tribunal, pues simplemente lo transcribió. En cuanto al reporte de semanas cotizadas (f.º 31-40) señala que allí se denotan las empresas que cotizaron en seguridad social en pensiones a favor del accionante, «con el

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Radicación n.° 80890 fin de reforzar la prueba de los extremos temporales de la relación laboral del actor, suministrado a Monómeros por intermedio de las contratistas»; que la prueba de dichos hitos se refuerza con las documentales obrantes a folio 41 y 30, «de las que se desprende el extremo inicial con Coembal PCTA y del folio 30 se colige el extremo final, esto es 15 de octubre de 2008». Itera que el sentenciador se equivocó al valorar el acervo probatorio y concluir la existencia de los contratos de naturaleza civil entre la entidad demandada y las empresas contratistas.

En cuanto a los testimonios de Roque José Zúñiga Urango, Antonio José Ávila Castro y Alfonso Carmelo Bustamante considera que fueron mal valorados, por cuanto el juez de alzada «se quedó corto», dado que solo tuvo en cuenta apartes de los dichos o manifestaciones de los declarantes. En relación con la versión del señor Roque Zúñiga, quien fue compañero de trabajo del actor por espacio de 26 años y desempeñó el mismo cargo en el muelle uno, aduce que este dio fe de quién ejercía la subordinación en las actividades, turnos o jornadas laborales; que identificó a los supervisores Molinares y Marriaga, pues si bien no aclaró de qué empresa eran, no es menos cierto que de la declaración rendida por Antonio José Ávila Castro se deduce que pertenecían a Monómeros.

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Radicación n.° 80890 En lo que atañe a la declaración de Alfonso Carmelo Bustamante arguye que de ella se colige que la subordinación sobre el actor, en desarrollo de sus funciones como estibador de la empresa Monómeros, era ejercida por los señores Molinares y Marriaga. Indica que, si el colegiado hubiese valorado adecuadamente las pruebas, la conclusión inequívoca era que había lugar a la declaración del contrato realidad.

VII. RÉPLICA Monómeros indica que el cargo no debe prosperar porque la censura incluye como demandado a Gonsoto y Asociados Ltda., entidad que jamás fue vinculada al proceso y, además, porque en el cargo no singulariza las pruebas mal valoradas y las dejadas de apreciar. En cuanto al fondo,

manifiesta que el actor no tuvo contrato laboral alguno con la ella, como en efecto lo concluyó el sentenciador; y que tampoco se presentó intermediación laboral, máxime que la valoración probatoria realizada por el Tribunal es razonable; además que es evidente la falta de prueba de los extremos temporales.

VIII. CONSIDERACIONES Atendiendo los planteamientos de la censura, le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal incurrió en error al concluir que no se acreditó la existencia de un verdadero contrato de trabajo entre el actor y Monómeros

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Radicación n.° 80890 Colombo Venezolanos S. A. Antes de incursionar en el estudio de los medios de convicción acusados, resulta conveniente recordar que, según la jurisprudencia de esta Corte, si bien las actividades de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son viables por estar cimentadas en el trabajo autogestionario, también lo es que cuando esa forma de contratación se realiza para disfrazar u ocultar la verdadera relación subordinada, se incurre en indebida e ilegal intermediación laboral. Así mismo, ha dicho la Sala que la prohibición de actuar como simples intermediarias se acentúa especialmente «en el marco de servicios y actividades misionales permanentes que se relacionen directamente con la producción del bien o servicios característicos de la empresa usuaria»; que, si los coasociados no son los dueños de los medios de producción, tal circunstancia emerge como un elemento indicativo de que el vínculo no es real sino aparente. Se ha destacado también que la empresa que se beneficia del servicio no puede intervenir en la selección del

personal de la cooperativa, pues de ser así, ello denotaría que se trata de una fachada para suministrar personal en misión, en actividades permanentes. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la tercerización laboral es legítima, siempre que se funde en razones técnicas y productivas en las que se advierta la

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Radicación n.° 80890 necesidad de transferir las actividades a un tercero, sin que ello vaya en contravía de los derechos de los subordinados, bien para deslaboralizarlos o alejarlos de la empresa. Al efecto se memora la sentencia CSJ SL3436-2021, en la que se resolvió una controversia contra la misma entidad demandada, cuyos apartes pertinentes señalan lo que sigue: Pues bien, sin desconocer que la acusación se orienta por la vía indirecta, para una mejor comprensión del asunto la Corte (i) abordará el marco jurídico y jurisprudencial que regula la actividad de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, para luego (ii) resolver los cuestionamientos fácticos de la censura. (1) Marco jurídico y jurisprudencial respecto a las actividades de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son aquellas empresas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios económicos, profesionales, intelectuales o científicos, para lo cual fijan sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las

cuales autogobiernan sus relaciones. En este sentido, una característica principal de tales entes es que sus asociados gozan de plena autonomía técnica, administrativa y financiera en la prestación de sus servicios, y por ello no se rigen por la legislación sustantiva y ordinaria laboral. Bajo esta perspectiva, esta Corporación ha destacado que dicho tipo de organización de trabajo autogestionario constituye una importante, legal y válida forma de trabajo, paralela a los vínculos subordinados (CSJ SL6441-2015). De hecho, es una figura que está amparada por los artículo 25, 38 y 39 de la Constitución Nacional, que garantizan y reconocen los derechos al trabajo y a asociarse o constituir asociaciones sin intervención del Estado; y también están respaldadas en la Recomendación 193 de la OIT, que entre los principios fundamentales del cooperativismo establece la solidaridad, las libertades de empresa y de organización, la existencia interna de participación democrática y económica de sus miembros y la prestación de sus servicios con autonomía e independencia. Así, a través de las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado las personas trabajadoras deben contar siempre con la libertad de asociarse o no y acordar libremente la contribución

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Radicación n.° 80890 coordinada de sus aportes, bien sean económicos, en bienes, servicios o fuerza de trabajo, a fin de prestar un servicio especializado e incorporarse en el sector productivo de trabajo. Sin embargo, cuando esta forma de contratación se utiliza de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de una verdadera relación subordinada, la Corte ha considerado que se

incurre en una indebida e ilegal intermediación laboral, expresamente prohibida en los artículos 7.º de la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010, los dos últimos reglamentados por el Decreto 2025 de 2011. Asimismo, ello acarrea como consecuencia la declaratoria del contrato realidad del trabajador asociado disfrazado con la empresa que se benefició de sus servicios y, por tanto, esta debe responder solidariamente junto con la cooperativa de trabajo asociado por todos los efectos jurídicos laborales derivados. Lo anterior porque en estos eventos se entiende que la precooperativa o cooperativa actúa como simple intermediaria en los términos del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el numeral 3.º del artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008, que consagra la solidaridad para el caso específico de la intermediación laboral a través de las cooperativas y prohíbe expresamente que aquellas actúen como intermediarias o empresas de servicios temporales a fin de suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión (CSJ SL2842-2020). Incluso, con tales actuaciones ilegales la entidad cooperativa puede verse incursa en causales de disolución y liquidación y perder su personería jurídica, además de ser acreedora de diversas sanciones. En esa dirección, la Corporación ha adoctrinado que la prohibición de actuar como simples intermediarias en el caso de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado se acentúa especialmente en el marco de servicios y actividades misionales permanentes que se relacionen directamente con la producción

del bien o servicios característicos de la empresa usuaria. Sobre este particular, debe tenerse presente que en la sentencia CSJ SL5595-2019 la Corporación asentó: El personal requerido en instituciones o empresas para el desarrollo de actividades misionales permanentes no puede estar vinculado a través de cooperativas que hagan intermediación laboral o bajo otra modalidad contractual que afecte los derechos laborales y el empleo en condiciones dignas de los trabajadores. Ello precisamente se extrae del citado artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008 y del Decreto 2025 de 2011, que en su artículo 1.º definió que «se entiende por actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa»

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Radicación n.° 80890 (subraya la Sala). Asimismo, es oportuno mencionar que si en el asunto en concreto se acredita que la cooperativa y por tanto el trabajador o trabajadores asociados no son dueños de los medios de producción o laborales, la Corte ha precisado que si bien ello no acredita como tal la subordinación, es sin duda un elemento indicativo de que el vínculo de trabajo asociado no e