CSJ - SL2327-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2327-2023 Radicación n.° 94004 Acta 35 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación que interpuso EDILMA BERNAL DE DUQUE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de enero de 2021, en el proceso ordinario laboral que promueve contra el BANCO POPULAR S. A. y

ÁNGELA MARÍA ISAZA GARCÍA.

I. ANTECEDENTES Edilma Bernal de Duque convocó a juicio a los antes mencionados, con el fin que se declare que le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del pensionado Jaime Duque Vargas, en un 50%, a partir del deceso de este último, acaecido el 23 de febrero de 2016; asimismo, que la señora Ángela María Isaza García

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Radicación n.° 94004 no tiene derecho a ese beneficio en calidad de compañera permanente. También reclamó los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, las costas y gastos del proceso, más lo que se acredite extra y ultra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que ella y el causante contrajeron matrimonio por el rito católico el 27 de diciembre de 1976; concibieron tres hijos todos mayores

de edad cuando falleció el padre. Agregó que, su esposo tenía pensión de jubilación reconocida por el Banco Popular en cumplimiento de una decisión judicial. Esa prestación era de naturaleza compartida con la eventual pensión de vejez a cargo de Colpensiones. Narró que mediante sentencia de 3 de junio de 2004 el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, declaró la interdicción del señor Duque Vargas, por enfermedad mental, quien fue privado de la administración de sus bienes. Expresó que su cónyuge sostuvo una relación extramatrimonial, pero sin convivencia dado su estado de interdicción, y concibió dos hijos que a la presentación de la demanda inicial eran mayores de edad, aunque uno de ellos Juan José Duque Isaza, está cursando estudios universitarios. Manifestó que el pensionado falleció el 23 de febrero de

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Radicación n.° 94004 2016, fecha en la que estaba vigente el vínculo matrimonial y que la convivencia entre ellos perduró por más de treinta años «anteriores al deceso del de cujus». Agregó que, elevó petición ante el Banco, quien reconoció el 50% de la prestación de sobrevivientes a Juan José Duque Isaza y dejó en suspenso el otro 50% por existir controversia con la compañera permanente Ángela María Isaza García. Contó que esta última, pese a tener conocimiento del estado de interdicción del causante, promovió ante el Juzgado Once de Familia de Bogotá proceso de declaración de existencia de la unión marital de hecho, sin poner de presente esa situación por lo que no le designaron curador e

incluso fue citado a interrogatorio de parte, pues se trató de una actuación en la que medió dolo de la mencionada Isaza García. Refirió que el juez de familia a través de sentencia del 15 de octubre de 2010 declaró la unión marital de hecho entre el 1 de febrero de 1997 y el 31 de octubre de 2001 y negó la existencia de sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. La Sala de Familia del Tribunal de Bogotá, mediante pronunciamiento del 23 de junio de 2011 declaró la existencia de la unión marital de hecho desde el 13 (sic) de diciembre de 1993 y dijo que estaba vigente al 9 de noviembre de 2009, lapso en el que aseguró, se conformó una sociedad

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Radicación n.° 94004 patrimonial (f.os 1 a 12). Al dar respuesta a la demanda inicial, el Banco Popular

S. A. rechazó las pretensiones de la demanda inaugural.

Respecto de los hechos aceptó la existencia del matrimonio de la actora con el causante, agregó que aquellos disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal; la data del deceso; que mediante fallo judicial se ordenó al Banco reconocerle al difunto la pensión de jubilación a partir del 7 de octubre de 2005, en la suma inicial de $1.367.894 y que, por ser una prestación compartida, solo quedó a su cargo el mayor valor respecto de la pensión de vejez que le reconoció el ISS hoy Colpensiones. Precisó que, la administradora de pensiones citada le reconoció el beneficio periódico de sobrevivientes a los

beneficiarios del de cujus, incluyendo a la demandante en condición de cónyuge supérstite, a través de Resolución GNR 148971 de 23 de mayo de 2016. Adicionó que al advertir que los esposos disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal, Colpensiones requirió a la promotora del proceso, a fin de que autorizara la revocatoria del acto administrativo GNR148971 ya citado. En lo atinente a las demás circunstancias fácticas señaló que no le constaban. Propuso como medios defensivos los de subrogación del riesgo por parte de Colpensiones, prescripción, pago, no haber acreditado las reclamantes el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación solicitada, acatamiento de las obligaciones a cargo de la entidad

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Radicación n.° 94004 bancaria y la genérica (f.os 338 a 348). A su turno la compañera permanente Ángela María Isaza García, también respondió el escrito inicial. Se opuso a las pretensiones de la cónyuge Bernal de Duque. En cuanto a los hechos, señaló que, el de cujus y la actora disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal; que el matrimonio procreó hijos, que ella también tuvo descendencia con el señor Duque Vargas; que aquél fue declarado interdicto y que hubo pronunciamiento judicial sobre la unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. Respecto de las demás situaciones fácticas dijo que no eran ciertas.

Alegó que la esposa no era la beneficiaria de la prestación reclamada, toda vez que la sociedad conyugal que tenía con el causante se disolvió y liquidó mediante escritura pública n.° 0355 de 31 de enero de 1997, de la Notaría Catorce del Círculo de Bogotá. Asimismo, indicó que, los esposos terminaron su vida en común el «13» de diciembre de 1993. Aseveró que ella convivió con el de cujus de manera real y efectiva por más de 25 años, y a través de sentencia ejecutoriada de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá de 23 de junio de 2011, se declaró la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Manifestó que es a ella a quien le asiste el derecho a la prestación de sobrevivientes porque convivió con el pensionado desde el «13» de diciembre de 1993 e incluso

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Radicación n.° 94004 antes, hasta el día del deceso de aquel, lo cual acreditaría en el proceso. No propuso excepciones (f.os 139 a 160 y 553 a 558).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 1 de septiembre de 2020, decidió: PRIMERO: DECLARAR que la señora ÁNGELA MARÍA ISAZA GARCÍA, en su calidad de compañera permanente supérstite del

causante JAIME DUQUE VARGAS, le asiste en forma vitalicia el derecho a que la demandada BANCO POPULAR S.A., le reconozca y pague la pensión de sobreviviente deprecada en el porcentaje de 50%, como consecuencia del fallecimiento del pensionado. Lo anterior en los términos señalados en la parte motiva de la presente sentencia y sin perjuicio de lo que en materia de acrecimiento de cuotas proceda una vez el hijo del causante JUAN JOSÉ DUQUE ISAZA, pierda el derecho al 50% de la prestación que le fue otorgada de manera tal que la señora ÁNGELA MARÍA ISAZA, goce de la pensión en un porcentaje del 100%.

SEGUNDO: ORDENAR al BANCO POPULAR S.A. que le reconozca y pague a ÁNGELA MARÍA ISAZA, en calidad de compañera permanente supérstite del causante JAIME DUQUE VARGAS, en la proporción reseñada en el numeral primero, la proporción de las mesadas pensionales causadas desde 23 de febrero de 2016, junto con los reajustes legales anuales y mesadas adicionales que procedan.

El valor de las proporciones de mesadas pensionales ordenadas en favor de ÁNGELA MARÍA ISAZA, en calidad de compañera permanente supérstite del causante, a partir del 23 de febrero de 2016, deberán ser indexados tomando para el efecto el IPC que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de acuerdo con la fórmula:

INDICE FINAL

x VALOR HISTORICO = VALOR INDEXADO

(proporción de cada mesada)

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Radicación n.° 94004 INDICE INICIAL Así, deberá tomarse como índice inicial el correspondiente al mes de causación de la respectiva pensión de mesada (sic) y como Índice final el de la fecha en que se verifique el pago por parte del

BANCO POPULAR S.A.

TERCERO: AUTORIZAR al BANCO POPULAR S.A. para que en el importe de la proporción de mesadas pensionales indexadas que le corresponde a ÁNGELA MARÍA ISAZA, descuenten el porcentaje que en derecho corresponde, los aportes pertinentes con destino al Sistema de Seguridad Social en salud.

CUARTO: DECLARAR que a la señora EDILMA BERNAL DE DUQUE, no le asiste derecho de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente reclamada en proporción alguna. Lo anterior, específicamente por las razones consignadas en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: EXCEPCIONES. Dadas las resultas del juicio, el Despacho declara no probadas las propuestas respecto de las determinaciones adoptadas y se considera relevado del estudio de las planteadas frente a la absolución que procede como consecuencia de la no acreditación por parte de EDILMA BERNAL DE DUQUE, de su condición de beneficiaria de la pensión de sobreviviente.

SEXTO: COSTAS. Sin costas en la instancia.

SÉPTIMO: Si no fuere apelada oportunamente la presente sentencia, CONSÚLTESE con el superior.

Las partes quedan legalmente notificadas en ESTRADOS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció en virtud de la apelación de

la actora y del Banco accionado, mediante fallo de 29 de enero de 2021 confirmó la decisión de primera instancia en su integridad. El ad quem estableció como problema jurídico determinar si a la actora en calidad de cónyuge y a la señora

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Radicación n.° 94004 Ángela María Isaza García como compañera permanente, les asistía o no el derecho a la pensión de sobrevivientes que se generó con ocasión del fallecimiento del pensionado Jaime Duque Vargas. Con esa finalidad indicó que el Banco Popular en cumplimiento de un fallo judicial, mediante comunicación del 19 de agosto de 2009 le reconoció al causante, una pensión de jubilación a partir del 7 de julio de 2005 de carácter compartida, en cuantía inicial $1.367.894 (f.° 299). Agregó que, el pensionado falleció el 23 de febrero de 2016 (f.° 282), razón por la cual la mencionada entidad le otorgó la prestación de sobrevivientes a su hijo Juan José Duque Isaza desde la data del deceso (f.os 492 a 495); pero dejó en suspenso el 50% de la prestación que reclamaron las señoras Edilma Bernal de Duque, en calidad de cónyuge y Ángela María Isaza García como compañera permanente (f.os 399 y 436). Precisó que, en atención a la fecha del óbito, los preceptos aplicables eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los cánones 12 y 13 de la Ley 797

de 2003 (publicada en el Diario Oficial n.° 45.079 del 29 de enero de 2003), normativa que prescribía que le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes al grupo familiar del pensionado por vejez que falleciera por riesgo común, exigencia que se cumplía en esta controversia. En lo referente a la convivencia, especificó que el

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Radicación n.° 94004 artículo 13 de la Ley 797 de 2003, exigía ese requisito tanto para el cónyuge como para el compañero supérstite, en un lapso no inferior a cinco años anteriores a la muerte del asegurado o pensionado fallecido. Más adelante precisó que, esta corporación mediante sentencia CSJ SL1730-2020, de la que transcribió algunos apartes, fijó el alcance del precepto a la luz de los mandatos constitucionales de favorabilidad e in dubio pro operario y, señaló que, «la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado» (negrillas del texto). Posteriormente señaló que para ser beneficiario de la prestación por sobrevivencia, en condición de cónyuge o compañero (a) permanente supérstite respecto del pensionado que fallece, es exigible un tiempo mínimo de convivencia de cinco años en cualquier tiempo, y que se acredite en ese lapso la conformación de un núcleo familiar con vocación de permanencia.

Asimismo, que concurren en ese vínculo actuaciones de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico, aún en la separación, toda vez que sólo ante la demostración del perjuicio que causa la ausencia del pensionado o afiliado fallecido, puede colegirse que su muerte le ha generado la carencia económica, moral o afectiva; que es la que busca atender la seguridad social y que justifica su intervención, para lo que citó la sentencia CSJ SL11536-2017.

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Radicación n.° 94004 Luego pasó a analizar el acervo probatorio y dijo que, con el registro civil de matrimonio visible al 185, en el sub lite estaba acreditada la calidad de cónyuge supérstite de la accionante Edilma Bernal de Duque, pues ese documento daba cuenta de que aquella y el causante contrajeron dicho vínculo el 27 de diciembre de 1976. También se refirió a la escritura pública n.° 0355 de 31 de enero de 1997, de la Notaría 14 del Círculo de Bogotá, mediante la cual se disolvió y liquidó la sociedad conyugal existente entre la pareja (f.os 176 a 184). Después aludió a los registros civiles de nacimiento que demostraban que los esposos procrearon tres hijos, todos mayores de edad al momento de fallecer el causante (f.os 186 a 188). De igual manera se remitió a las declaraciones extra proceso rendidas por los señores Yimy Tovar Sanabria y Mery Cecilia Rodríguez (f.os 475 y 476), quienes manifestaron que conocían a la convocante de trato, vista y comunicación,

desde hacía 36 años, en razón a lazos de amistad y vecindad, y que les constaba que convivió con el de cujus quien era su cónyuge desde que se celebró el matrimonio y compartió con él lecho, mesa y techo hasta el mes de enero del año 1997, data en la cual se liquidó la sociedad conyugal. Dijo que los declarantes habían narrado que la pareja tuvo tres hijos quienes eran mayores de edad y sin ningún tipo de discapacidad; y que igualmente el causante había procreado otros tres hijos extramatrimoniales, que estaban

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Radicación n.° 94004 en igualdad de condiciones a los primeros referidos. Aseveró que la actora expresó, tanto en la declaración extraprocesal obrante al folio 477 como en el interrogatorio de parte surtido en el juicio, que, tuvo vida marital con el pensionado por espacio de 20 años, hasta 1997, cuando disolvieron la sociedad conyugal. Asimismo, refirió que Luisa Fernanda Vásquez Velásquez declaró que conocía a Ángela María Isaza desde hacía más de 20 años porque se la presentó el señor Héctor Duque, hermano del causante. Que aquella testigo daba cuenta de que la señora Isaza era la compañera permanente del difunto, y que ese hecho le constaba debido a que trabajó en ventanilla del Instituto de Seguros Sociales a donde el pensionado realizó la afiliación de la ya mencionada como su beneficiaria en los servicios de salud. Precisó que ese día Héctor Duque le presentó a la pareja y desde ese momento comenzó la amistad con ellos y en

varias oportunidades les colaboró con las citas médicas. Por esa razón, sabía que convivían desde el año 1996 o 1997 y que se enteró del deceso en el año 2016, porque la señora Ángela la llamó y le contó sobre tal hecho. Agregó que, la deponente expresó que, fue vecina de la pareja por más de 17 años e incluso describió la casa de habitación de aquellos, porque afirmó que la visitaba con mucha frecuencia. Indicó el colegiado que la exponente también mencionó que, conoció a la señora Edilma Bernal de Duque, pero que

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Radicación n.° 94004 no supo de otra relación que tuviera el pensionado, aunque tenía hijos con otra persona y que, la señora Ángela Isaza fue beneficiaria en salud del señor Jaime Duque hasta la muerte de este ocurrida en 2016. Después el sentenciador se remitió a la declaración de Luis Alfonso Guerrero Ocampo y señaló que este depuso que conocía a Ángela María Isaza desde hacía más de 15 años, porque su hijo estudió en la escuela con Juan José Duque hijo del causante, y que su esposa, a veces los recogía al finalizar las clases y que ahí nació la amistad, la cual se acrecentó porque en ocasiones los jóvenes hacían trabajos juntos, jugaban videojuegos y pernoctaban uno en la casa del otro. Que dicho declarante afirmó que la pareja conformada por Jaime y Ángela era muy estable, que convivían en la misma casa la cual describió, y que sabía que el difunto tuvo otros hijos, pero no que sostuviera una relación sentimental

o amorosa con alguien más y que no conocía a la señora Edilma Bernal. Posteriormente el juzgador de alzada aludió al testimonio de Cristian Camilo Guerrero Sáenz, hijo del anterior testigo, quien dijo que conocía a Ángela María Isaza por ser la madre de su compañero y amigo de colegio. Asimismo, contó que vio por primera vez al causante en el año 2009 y que, desde el 2011 se fue con su familia a vivir cerca de la residencia de la pareja Duque – Isaza, por lo que frecuentaba esa casa casi a diario. Expresó que, sabía que el

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Radicación n.° 94004 pensionado fallecido tenía otros hijos, pero no conoció a la señora Edilma Bernal de Duque. El ad quem se refirió igualmente, al testimonio de la joven Claudia Milena Duque Isaza, hija del de cujus y de la señora Angela Isaza, que por ello fue objeto de tacha, quien manifestó que desde que tiene uso de razón sus padres convivieron hasta la muerte de su progenitor y que en ese lapso no hubo vida en común de este último con la esposa Edilma Bernal de Duque, a quien conoció cuando aquel se enfermó; que su madre era beneficiaria de su padre en la EPS y que ella firmó el acta de defunción, así como los reportes de oxígeno y medicamentos que requirió el señor Duque Vargas. Seguidamente la colegiatura hizo mención del testimonio de María Fanny Márquez Peláez, amiga de la señora Isaza García, quien depuso que la pareja DuqueIsaza tuvo vida marital por más de 12 años y que ella sabía

de ese hecho, pues los visitaba casi a diario; que la señora Ángela le contó que su compañero tenía otros descendientes, pero nunca los vio; que su amiga fue quien veló por el causante, lo acompañó en la clínica cuando fue internado y lo llevaba a las citas médicas. El juez plural aseveró que en sentido similar habían rendido declaración extra proceso, los señores Luis Alfonso Guerrero Ocampo, Cristian Camilo Guerrero Sáenz y María Fanny Márquez Peláez (f.os 207 a 209).

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Radicación n.° 94004 Destacó que de igual modo aparecía la declaración que rindió el causante el 4 de julio de 2002 ante la Notaría 51 del Círculo de Bogotá D.C., en la que luego de señalar que era de estado civil separado, agregó: […] convivo bajo el mismo techo en unión marital de hecho desde hace 17 años con la señora Angela María Isaza García con c.c. 52.096.677 de Bogotá, unión de la cual existen 3 hijos de nombres Jaime Alfonso, Claudia Milena y Juan José Duque Isaza de 16, 11 y 4 años de edad (f.° 210). Se refirió además a las declaraciones de parte de las señoras Edilma Bernal y Ángela Isaza, rendidas en sendos interrogatorios, de quienes dijo, ratificaron que convivieron con el causante. Sin embargo, especificó que la esposa incurrió en contradicciones, pues inicialmente afirmó que la vida en común con su cónyuge fue hasta el fallecimiento de este, pero luego precisó que la convivencia duró 20 años. Además, el colegiado advirtió que la exposición de ésta no

había sido espontánea porque en la diligencia que se llevó a cabo en línea, otra persona le sugería las respuestas. De la misma manera, el sentenciador referenció la sentencia del 23 de junio de 2011, proferida por la Sala de Familia de ese tribunal, en el proceso ordinario que Ángela María Isaza García adelantó en contra del de cujus. En esa actuación se declaró la existencia de la unión marital de hecho entre la mencionada señora y el pensionado fallecido entre el «13» de diciembre de 1993 y que estaba vigente el 9 de noviembre de 2009, data en la que se inició ese proceso. Asimismo, el colegiado mencionó las copias de los carnets de afiliación al sistema de salud del causante, ante

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Radicación n.° 94004 el ISS y la Nueva EPS en calidad de cotizante y en los que se determina como beneficiaria a la señora Ángela María Isaza García (f.os 211 a 213); de las historias clínicas del pensionado (f.os 228 a 279) en las que observó constancias de hospitalizaciones, fórmulas médicas, autorizaciones, entrega de medicamentos y equipos de oxígeno correspondientes a los años 2013 a 2016, donde se registra que el paciente vivía en unión libre y que quien lo acudía y firmaba era Ángela María Isaza. Más adelante el juez plural, señaló que, analizaría el acervo probatorio con apego a las reglas de la sana crítica y estableció que estaba acreditado que la accionante Edilma Bernal de Duque aunque convivió con el causante, no

cumplió con las exigencias legales y jurisprudenciales para acceder a la pensión de sobrevivientes que depreca, toda vez que el matrimonio se celebró en el mes de diciembre del año «1977», pero en el año 1997 se separaron, por lo que no es dable predicar la existencia de vida en común continua entre los esposos, como tampoco la conformación de un núcleo familiar con vocación de permanencia al momento del fallecimiento del causante. Además, resaltó que en la última data indicada, protocolizaron la liquidación de la sociedad conyugal, lo cual evidenciaba la ruptura del vínculo moral, solidario y con vocación de permanencia del de cujus con respecto a la accionante. Además, adujo: […] si bien es claro que convivieron como está acreditado, a juicio de la Sala, por espacio de 20 años, no es menos cierto la orfandad

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Radicación n.° 94004 probatoria que permita dilucidar que después de ello, se haya mantenido entre ella y el causante ese vínculo dinámico y actuante de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico, aún en la separación, que es el presupuesto que busca atender esta prestación por los efectos que causa la ausencia del fallecido en la persona que lo pierde, pues de ello nada se probó, todo lo contrario, no sólo de su propio dicho pudo extraerse que sólo convivió con el causante hasta el año 1997, sino con todas las declaraciones extra proceso aportadas por ella misma y con lo que manifestó en el aludido proceso ante la jurisdicción de familia. En todo caso, debe precisarse, de haber

mediado algún tipo de acercamiento familiar, este se dio como es apenas lógico porque el mismo se correspondía con la obligación filial del causante por la existencia de unos hijos en común. Referente a la situación de la compañera permanente Ángela María Isaza, concluyó que: […] se encuentra plenamente acreditado en el plenario que esta sí convivió en los términos legales y jurisprudenciales antes explicados, no sólo por espacio de 5 años en cualquier tiempo, sino, hasta el momento en que falleció el señor GERMÁN GANTIVA GARZÓN (sic). En efecto, la prueba testimonial en armonía con las declaraciones extra proceso permiten concluir que la pareja convivió desde el año 1993 hasta el 23 de febrero de 2016, en virtud de la cual procrearon tres (3) hijos, advirtiendo la Sala que las versiones testimoniales, de igual modo dan cuenta de la convivencia y se les otorga credibilidad al ser contestes, coherentes y espontáneas, además, respondieron las preguntas de manera clara y sin titubeos en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la convivencia, de modo que son idóneas y resultan convincentes frente a los hechos que depusieron y permiten concluir entonces, que la convivencia como compañeros permanentes se suscitó con un compromiso de vida común real y con vocación de continuidad, pues la pareja no se separó sino hasta la muerte del pensionado, advirtiéndose la unanimidad en resaltarse que era la señora ISAZA GARCÍA quien estuvo al cuidado del finado en su enfermedad previa a la muerte; ello sumado a que la credibilidad que se advierte de esas

declaraciones deviene de la cercanía y familiaridad de los testigos con la pareja, pues se trata de amigos cercanos a la familia e incluso de una hija del causante, a quienes les consta directamente lo afirmado en el proceso, sin que se evidencien contradicciones o yerros de bulto que conlleven a desechar de plano sus dichos, pues se insiste, no observa la Sala parcialidad en favor de los intereses de la señora ISAZA GARCÍA. Situación que también se demuestra con la prueba documental incorporada a los autos, medios de convicción a los cuales se les confiere u otorga pleno mérito, al no haber sido cuestionados u

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Radicación n.° 94004 objetados, dándole absoluta certeza a esta Corporación, acerca de la ocurrencia de la convivencia con la señora ÁNGELA ISAZA. Más adelante, agregó el sentenciador de la alzada que, era intrascendente que la compañera permanente Isaza García no hubiera presentado demanda de reconvención para que se le otorgara la prestación, toda vez que el objeto del proceso, al existir controversia entre beneficiarias, era determinar a cuál de ellas le asistía el derecho y que, si ambas podían acceder a la pensión, debía definirse la proporción que les correspondía. Adicionó que de todos modos la señora Isaza García al contestar la demanda inaugural, no sólo se había opuesto a las pretensiones de la actora con relación a la prestación de sobrevivientes, sino que, también solicitó para sí el reconocimiento y pago del beneficio para lo cual esgrimió que

satisfacía el requisito de convivencia. Por último, en lo atinente a las sentencias proferidas en la jurisdicción de familia, sostuvo que no era este el estadio procesal ni la jurisdicción para controvertir su legalidad, como tampoco para analizar la posible comisión de hechos delictivos. Asimismo, precisó que, las decisiones que declararon interdicto al causante antes de fallecer no influían ni desvirtuaban la convivencia que probó la compañera permanente, máxime que lo que se evidenciaba era que ese trámite se cumplió para efectos de poder gestionar la pensión de invalidez del de cujus, pues así lo exigió el ISS en su momento.

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Radicación n.° 94004 En lo que atañe a la indexación manifestó que su imposición obedecía a la necesidad de corregir los efectos negativos de la devaluación del peso colombiano por el simple transcurso del tiempo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la actora Edilma Bernal de Duque, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la impugnante que la Corte case totalmente la sentencia del Ad quem, y que en sede de instancia revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las

siguientes declaraciones y condenas:

1. DECLARAR que la Señora EDILMA BERNAL DE DUQUE en su condición de cónyuge sobreviviente es la beneficiaria de la pensión de sobreviviente del causante JAIME DUQUE BERNAL

(sic).

2. DECLARAR que la Señora ÁNGELA MARÍA ISAZA GARCÍA no tiene la calidad de compañera permanente del causante

JAIME DUQUE BERNAL (sic).

3. DECLARAR que la Señora ÁNGELA MARÍA ISAZA GARCÍA no tiene derecho a percibir la pensión de sobreviviente del

causante JAIME DUQUE BERNAL (sic).

4. CONDENAR EN CONCRETO a la demandada BANCO POPULAR, S.A., al reconocimiento y pago del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la pensión de sobreviviente del causante JAIME DUQUE BERNAL (sic), efectiva a partir del 23 de febrero de 2016, en cuantía de SEISCIENTOS VEINTE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 44/100

($620.443,44) M/CTE.

5. CONDENAR a la demandada Banco Popular, S.A. al pago de

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Radicación n.° 94004 los intereses moratorios de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 141 de la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, sobre las mesadas causadas y pagadas desde la ejecutoria de la sentencia y hasta que el pago de las mismas se verifique.

6. CONDENAR a la demandada Banco Popular, S.A., a que los valores adeudados sean indexados dando aplicación a la

siguiente fórmula: R = Rh X ÍNDICE FINAL ÍNDICE INICIAL En donde el valor presente (R) se determinara multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora desde el 23 de febrero de 2016, por el guarismo que resulte de

dividir el índice final de precios el consumidor, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha que debió hacerse el pago es decir desde el 23 de febrero de 2016, haciendo la claridad de que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente mes por mes, para cada mesada pensional y para los demás emolumentos (mesadas adicionales) teniendo en cuenta que el índice inicial es vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

7. CONDENAR a la demanda Banco Popular, S.A. en costas y gastos del proceso a la demandada.

8. CONDENAR a la demandada extra y ultra petita.

Con tal propósito formula dos ataques, por la causal primera de casación, que se replican únicamente por el Banco accionado, y que se estudiarán conjuntamente dado que persiguen el mismo objetivo y exponen argumentos que se complementan.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Ad quem, por vía indirecta, por trasgredir el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo alega que, el juzgador

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