CSJ - SL2349-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2349-2023 Radicación n.° 95533 Acta 30 Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS HERNÁN RAMÍREZ RÍOS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que instauró contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES.

Se reconoce personería a la abogada de la firma Casación Laboral Estudio SAS, doctora Linda Tatiana Vargas Ojeda, como apoderada de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos del poder obrante en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 95533

I. ANTECEDENTES Luis Hernán Ramírez Ríos llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el fin de que se declarara que su compañera permanente Marina Botero Botero, dejó causada la pensión de sobrevivientes objeto de este litigio, como quiera que al momento de su fallecimiento se encontraba percibiendo una mesada pensional a cargo de dicho ente y de la cual es beneficiario.

Como consecuencia de la anterior declaración, se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en la cuantía que corresponda, el

retroactivo pensional causado a partir del 14 de abril de 2019, los incrementos legales anuales, los intereses moratorios, las costas procesales y subsidiariamente la indexación (f.° 5 a 6 y 119 a 120 cuaderno digital del Juzgado). Fundamentó, sus peticiones, básicamente, en que contrajo matrimonio con la señora Marina Botero Botero el 15 de julio de 1983 y que de dicha unión procrearon 2 hijas. Manifestó, que el 11 de diciembre de 2001, se disolvió y liquidó la sociedad conyugal, a través de la Escritura Pública «AA 5958153» de la Notaría Única de Salamina;sin embargo, en el mes de marzo de 2002, reanudaron la convivencia en calidad de compañeros permanentes, compartiendo techo,

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Radicación n.° 95533 lecho y mesa hasta el día en que falleció la causante Marina Botero Botero. Señaló, que entre marzo de 2002 y el 2006, la pareja tuvo su domicilio en Salamina –Caldas y desde el año 2006 lo trasladó a Dosquebradas –Risaralda. Relató que, por motivos laborales, él permanecía durante algunos períodos del año en su finca ubicada en zona rural del municipio de Salamina-Caldas, donde debía encargarse de todo lo que implica el cultivo del café,mientras que la señora Marina Botero Botero, continuaba en Dosquebradas atendiendo a sus nietos para que sus hijas pudieran trabajar. Indicó, que el 13 de abril de 2019, falleció la señora

Marina Botero Botero, data para la cual ya venía percibiendo una pensión de vejez, que le fue reconocida por el ISS, a través de la Resolución 2492 de 2008. Informó, que el 26 de abril de 2019, radicó reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y a través de la Resolución SUB 136451 del 31 de mayo de 2019, la entidad demandada negó la prestación, decisión que posteriormente fue confirmada (f.° 4 a 5 y 118 a 119 del cuaderno digital del Juzgado). Colpensiones, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó lo atinente a la unión matrimonial entre la causante y el actor; que procrearon 2 hijas; la disolución y

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Radicación n.° 95533 liquidación de la sociedad conyugal, la data de defunción de la señora Marina Botero, el reconocimiento pensional a la misma; la solicitud de reconocimiento pensional elevada por el demandante y la negación de la misma; respecto de los demás hechos indicó no constarle. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación demandada, prescripción, buena fe y la genérica (f.° 244 a 251 del cuaderno digital del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 13 de septiembre de 2021, resolvió: PRIMERO: Negar la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda presentada por el señor LUIS HERNÁN RAMÍREZ

RÍOS, conforme a las consideraciones que para el efecto se plantearon precedentemente.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de mérito planteada por COLPENSIONES, denominada inexistencia de la obligación demandada.

TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la demandada en cuantía equivalente al 100% de las causadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante fallo del 2 de febrero de 2022, resolvió confirmar en su integridad el de primera instancia.

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Radicación n.° 95533 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció, que el problema jurídico a resolver era determinar si el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional y demás pretensiones incoadas. En tal virtud, precisó que en cuanto a los compañeros permanentes, tratándose de reclamaciones de sobrevivencia ocasionadas por la muerte de una pensionada, era clara la ley y había sido pacífica la jurisprudencia de esta Sala en sostener que de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, le correspondía acreditar una convivencia con la pensionada fallecida igual o superior a los últimos 5 años anteriores a la fecha en que ocurrió el deceso. Refirió que no era objeto de discusión, que i) la señora Marina Botero Botero falleció el 13 de abril de 2019, momento en que se encontraba disfrutando la pensión de

vejez por alto riesgo reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución 2492 de 16 de abril de 2008, cumpliendo de esta manera con la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa capital; ii) el señor Luis Hernán Ramírez Ríos y la señora Marina Botero Botero contrajeron matrimonio el 15 de julio de 1983, divorciándose el 11 de diciembre de 2001, quedando disuelta y liquidada la sociedad conyugal; iii) dentro de la relación matrimonial procrearon dos hijas que responden a los nombres de Viviana Andrea y Mariana Jimena Ramírez Botero, nacidas el 29 de abril de 1984 y el

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Radicación n.° 95533 21 de noviembre de 1985 respectivamente, por lo que a la fecha de deceso de su progenitora tenían cumplidos más de 25 años de edad. Adujo, queno quedaba ninguna duda de que la señora Marina Botero Botero, había dejado causada a favor de sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes, al tener la calidad de pensionada por vejez de alto riesgo para el 13 de abril de 2019, cuando ocurrió su deceso, cumpliéndose así con lo previsto en el numeral 1° del artículo 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el 12 de la ley 797 de 2003. Señaló, que con el fin de acreditar el requisito mínimo de convivencia exigido a los compañeros permanentes en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo

13 de la ley 797 de 2003, la parte actora solicitó que se escucharan los testimonios de las señoras Claudia Johana Vinasco Pineda y Paula Andrea Londoño Vásquez ydentro de la investigación administrativa adelantada por Colpensiones a través del consorcio Cosinte-RM, inmerso en el expediente administrativo allegado por la entidad accionada, se recibieron las declaraciones de María Consuelo, Inés y Aurora Botero Botero, hermanas de la pensionada fallecida; así mismo, de la señora María Nelcy y el señor Juan Pablo García, vecinos de la causante en el barrio San Fernando del municipio de Dosquebradas. Advirtió que, al analizarlas pruebas, consideraba que el señor Luis Hernán Ramírez Ríos, no logró acreditar el requisito de convivencia exigido para los compañeros

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Radicación n.° 95533 permanentes de las pensionadas fallecidas, como lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, pues no era cierto, como se había expresado en el recurso de apelación, que las dos testigos oídas en el trámite procesal hubieran dado fe de la convivencia entre el demandante y la pensionada fallecida, lo que se encontraba en armonía con lo expuesto en sede administrativa, aunado a que en el interrogatorio de parte rendido por el peticionario, aquel desconocía aspectos fundamentales de la causante. Entonces, concluyó el Colegiado que entre el demandante y la causante no existió una auténtica relación

sentimental y al no haberse acreditado la convivencia mínima de 5 años con antelación al deceso en calidad de compañeros permanentes, no resultaba dable acceder a las pretensiones de la demanda.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Luis Hernán Ramírez Ríos, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque integralmente el fallo de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

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Radicación n.° 95533 Con tal propósito formula un cargo, el que fue replicado y se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia, por violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Expone, que la violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo que el demandante confesó desconocer los pormenores de aspectos esenciales de la vida personal de la causante.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que los testigos desconocían la convivencia de la pareja.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la pareja retomó su convivencia después de haberse divorciado.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante cumple con el término mínimo de convivencia exigido por la ley

para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Anota, que los yerros fácticos antes transcritos, obedecen a que el ad quem apreció erróneamente las siguientes pruebas: 1) El interrogatorio de parte absuelto por el demandante. 2) Declaración de las señoras Claudia Johana Vinasco Pineda y Paula Andrea Londoño Vásquez. 3) Declaraciones vertidas en vía administrativa. Y refirió como pruebas y piezas procesales no apreciadas las siguientes:

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1. Constancia de la Promotora la Aurora S. A., del 1º de agosto de 2019, en la que consta que la causante tenía inscrito a su compañero permanente como beneficiario en el plan exequial.

2. Respuesta a derecho de petición emitido por Salud Total E.P.S. el 9 de agosto de 2019, donde consta que el demandante era beneficiario en salud de la causante.

3. Respuesta a derecho de petición emitido por Cafesalud en Liquidación el 24 de enero de 2020, en la que consta que el demandante era beneficiario en salud de la causante.

4. Álbum fotográfico.

Para la demostración del cargo, refiere que fue un error dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante confesó desconocer los pormenores de aspectos esenciales de la vida personal de la causante, ya que se trata de una persona iletrada y con dificultad para comprender las preguntas que se le formularon. De ahí que a partir de su dicho fuera imposible que surgiera algún tipo de confesión, como quiera

que evidentemente no comprendió la mayoría de las preguntas que se le formularon, pues muchas de sus respuestas eran incoherentes y descontextualizadas, a tal punto de decir que «su compañera permanente devengaba mensualmente una mesada pensional de veintiséis millones de pesos», o de indicar que «él y su compañera habían adquirido la finca en el año 1918». Manifiesta, que respecto de lo dicho por el Tribunal, debía advertirse que el hecho concreto que sirvió de fundamento para desestimar las pretensiones de la demanda fue lo dicho por el actor en su interrogatorio de parte, frente a sucesos que ocurrieron en el año 2008, fecha en que judicialmente la causante logró el reconocimiento de su pensión especial de vejez, lo que significa que aconteció 11 años antes del fallecimiento de la señora Botero Botero. Por

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Radicación n.° 95533 tanto, erró el colegiado al fincar sus argumentos en el desconocimiento de un hecho ocurrido mucho antes de los últimos 5 años de vida de la causante, que es el lapso en el cual se exige la convivencia para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Añade que, más allá de un conocimiento puntual en torno a la fecha de reconocimiento de la pensión de la señora Marina Botero, o de cuánto tiempo le tomó a ella alcanzar tal derecho, lo cierto es que de su relato se puede inferir un apoyo y ayuda mutua en los momentos esenciales, y principalmente en los últimos 5 años de vida de la causante, tales como un acompañamiento de ambos en la enfermedad,

y un cambio de residencia con el fin de apoyar a sus hijas en la construcción de sus proyectos de vida, así como disfrutar momentos en familia en época de vacaciones. Anota, que el sentenciador de segundo grado, incurrió en el yerro al haber dado por demostrado, sin estarlo, que los testigos desconocían la convivencia de la pareja, puesto que no fueron sus amigos íntimos, con lo cual pasa por alto, que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no establece una tarifa legal en torno a los medios probatorios que se deben emplear para acreditar la mentada convivencia, y mucho menos, que cuando se alleguen testigos, los mismos deban ser amigos íntimos, cuyo conocimiento vaya más allá de la esfera social, pues, lo que pide la norma es el conocimiento inequívoco en torno a la convivencia, es decir, a que les conste que la pareja efectivamente compartía techo, lecho y mesa y las dos testigos fueron claras, contestes y precisas en manifestar lo

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Radicación n.° 95533 que les constaba en torno a la convivencia ininterrumpida de la pareja, pues la señora Claudia Johana Vinasco Pineda, manifestó que si bien sólo conocía a la pareja desde el año 2016, de manera clara expuso que durante el tiempo que conoció al demandante, a su compañera y las hijas de la pareja, siempre los veía como un hogar perfectamente conformado, y que las personas que se hicieron cargo de la causante durante su enfermedad fueron «las hijas, don Fernando -yerno de la parejay don Hernando».

Alude a que por su parte la señora Paula Andrea Londoño Vásquez, tiene un conocimiento más profundo en torno a la vida en común de ambos, pues sabe que ellos se fueron a vivir a la ciudad de Dosquebradas cuando las hijas ya estaban mayores, y adujo lo siguiente: «viví 18 años en San Fernando y ellos al poco tiempo llegaron a vivir allí» .... “siempre pude ver que eran un matrimonio y vivían juntos don Hernán y ella» .… «siempre vi que eran casados, siempre los vi ahí junticos» .... «cuando llegaron a vivir ahí a esa casa, hace unos 13 o 14 años, llegaron a vivir don Hernán, doña Marina y las dos niñas». Argumenta que, la pareja se comportaba socialmente como un matrimonio, sin que entre ellos hubiera mediado algún tipo de separación durante su domicilio en la ciudad de Dosquebradas. Por tanto, se equivocó el Tribunal al no dar por demostrado, estándolo, que la pareja retomó su convivencia después de haberse divorciado. Es que si bien tuvieron un rompimiento del vínculo matrimonial, el cual en ningún momento se quiso desconocer, una vez reanudaron

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Radicación n.° 95533 su convivencia en calidad de compañeros permanentes, al menos en el municipio de Dosquebradas, el mismo se mantuvo hasta el día en que falleció la señora Marina Botero Botero. Destaca que, la sentencia de segunda instancia nada dijo en torno a las certificaciones en salud y la afiliación al plan exequial, que dan cuenta de que la señora Marina

Botero Botero, tenía a su compañero permanente como su beneficiario en ambos sistemas, pruebas que analizadas armónicamente con los testimonios de la parte actora, e incluso con su interrogatorio de parte, arrojan como resultado una conclusión opuesta a la arribada por el colegiado, como quiera que en la sentencia de segunda instancia se analizó erróneamente el interrogatorio y el testimonio de la señora Paula Andrea Londoño Vásquez, a tal punto que se extrajo aisladamente un único fragmento en el cual la testigo dijo que la causante vivía con sus hijas en la casa de Dosquebradas, para concluir que, según lo dicho por esta testigo, la pareja en realidad no convivía. Clarifica que, la pareja Ramírez – Botero, ostentaron la calidad de compañeros permanentes y sostuvieron una relación por más de 5 años, por tanto, la sentencia de segunda instancia erró porque no dio por demostrado, estándolo, que el demandante cumple con el término mínimo de convivencia exigido por la ley para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes.

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Radicación n.° 95533 Afirma, que si bien los familiares de la señora Marina no estaban de acuerdo con dicha unión, tal como se desprende de las declaraciones recaudadas en vía administrativa, en las que se basó el fallador de segundo grado, ello no desdibuja la existencia de una familia, sólidamente constituida, que compartía techo, lecho y mesa, pero que además se prodigaban amor, apoyo y ayuda mutua, tal como se corrobora con la prueba testimonial, lo cual

además se vio reforzado con las fotografías de la pareja aportadas con la demanda y las certificaciones en salud y la afiliación al plan exequial del demandante como beneficiario de su compañera permanente.

VII. RÉPLICA Colpensiones presenta oposición al cargo, refiriendo para ello que el recurrente ignora las exigencias mínimas de la demanda de casación y plantea un argumento que se asemeja más a un alegato de instancia que a un recurso extraordinario.

Expone que, tratándose de la vía indirecta, el error manifiesto y protuberante de la sentencia deberá demostrarse con las pruebas calificadas y solo cuando ello acontezca, se habilita el estudio de las no aptas. Alude que, en el asunto de la referencia se denuncia dos respuestas a derechos de petición expedidos por las entidades de salud en donde supuestamente se certificó que el demandante era beneficiario en salud de la causante.

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Radicación n.° 95533 Empero, al estructurar el desarrollo del ataque, nada dijo respecto a estas dos pruebas y basó todo su reproche en la intelección que le otorgó a las declaraciones de las testigos y el interrogatorio de parte del demandante, por lo que no habilitó el estudio de las pruebas calificadas y por consiguiente, no podía demostrar el error con la valoración de las testimoniales, por lo que, al haberse sustentado todo el reproche de esta forma, deberá ser desestimado de tajo y mantenerse incólume los pilares fundantes del fallo. Manifiesta que el colegiado, conforme a los principios que rigen la actividad probatoria y que lo facultan para

formar libremente su convencimiento, encontró inviable ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional causada con el deceso de Marina Botero Botero, el 13 de abril de 2019, por cuanto no encontró certeza en la convivencia efectiva como pareja entre ambos en los 5 años anteriores al deceso de la de cujus. Concluye, que de ninguna de las pruebas allegadas al plenario ni documentales ni testimoniales e incluso de la declaración de parte rendida por el demandante, se podía extraer el cumplimiento del requisito de la convivencia y, por tanto, debía declararse la improsperidad del cargo y mantener incólume la sentencia del colegiado, la cual se sujetó a la ley, que además no logró ser desvirtuada.

VIII. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 95533 Se destaca que el recurso extraordinario de casación debe reunir unas reglas adjetivas para su planteamiento y posterior demostración, a efectos de ser estudiado de fondo, siendo necesario, conforme a las reglas procesales que la gobiernan, el cumplimiento de ciertos requisitos de técnica que de no acreditarse conducen a que el recurso sea infructuoso. También se ha dicho, que este medio de impugnación no le otorga a la Corte competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes les asiste la razón, puesto que la labor se limita a enjuiciar la sentencia, con la finalidad de establecer si en esta se incurrió en algún yerro, ya sea jurídico o fáctico, que amerite el quiebre de esa decisión.

Asimismo, cuando la acusación se dirige por el camino indirecto, se tiene la obligación de indicar los supuestos yerros fácticos atribuidos al sentenciador, individualizar los elementos probatorios, señalar de modo objetivo el contenido de los medios de convicción, así como el valor otorgado por el juzgador y la repercusión en las conclusiones del fallo impugnado (CSJ SL1780-2018 y CSJ SL1341-2021). Conforme a lo anterior y vista la sustentación del cargo, encuentra la Sala diferentes falencias de orden técnico que impiden la prosperidad del mismo, tal y como se detalla a continuación:

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Radicación n.° 95533 a) El recurrente afirma que el Tribunal incurrió en los errores enunciados como consecuencia de pruebas y piezas procesales no apreciadas y refiere:

1. Constancia de Promotora la Aurora S. A. del 1º de agosto de 2019, en la que consta que la causante tenía inscrito a su compañero permanente como beneficiario en el plan exequial.

2. Respuesta a derecho de petición emitido por Salud Total E.P.S. el 9 de agosto de 2019, donde consta que el demandante era beneficiario en salud de la causante.

3. Respuesta a derecho de petición emitido por Cafesalud en Liquidación el 24 de enero de 2020, en la que consta que el demandante era beneficiario en salud de la causante.

4. Álbum fotográfico.

Como se advirtió, el censor no explica en qué pudo consistir el desatino del Tribunal al no tener en cuenta los medios de convicción enunciados, ni mucho menos

demuestra aceptablemente que de haber atendido esas pruebas y pieza procesal habría llegado a una conclusión diferente a la expuesta, que es el ejercicio que debe hacerse cuando se endilga al juzgador errores de hecho, pues se limitó a indicar «la sentencia de segunda instancia nada dijo en torno a las certificaciones en salud y la afiliación al plan exequial, que dan cuenta de que la señora Marina Botero Botero, tenía a su compañero permanente como su beneficiario en ambos sistemas». Al hilo, el hecho de que el juzgador de alzada haya edificado su decisión en un determinado caudal probatorio, tampoco conduce a que con ello incurra en un error. Debe recordarse que esta Sala ha sostenido, reiteradamente, que los jueces de instancia, al encontrarse en presencia de varios elementos probatorios que conduzcan a conclusiones

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Radicación n.° 95533 disímiles, tienen la facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, de apreciar libremente los diferentes medios de convicción, en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, pudiendo escoger, dentro de las probanzas allegadas al informativo, aquellas que mejor los persuadan, sin que esa circunstancia, por sí sola, tenga la virtualidad para constituir un evidente yerro fáctico. Al respecto puede traerse a colación lo puntualizado en la providencia CSJ SL18578-2016, reiterada en la CSJ SL45142017 y CSJ SL1527-2021, en donde se dijo: Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en

sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Radicación 11.111). "El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. "Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. "La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable

que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio

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Radicación n.° 95533 acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho". Corresponde es a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso. Y en todo caso, ninguna de estas pruebas, permiten evidenciar los errores de hecho protuberantes esbozados por el recurrente, pues debe recordarse que la calidad de beneficiario ya sea en un plan exequial o en el sistema de seguridad social en salud no da cuenta de la convivencia requerida y así se ha advertido por esta Corporación en providencia SL018-2023: Los aludidos elementos de persuasión simplemente demuestran que el pensionado, el 24 de julio de 2013, inscribió como su beneficiaria en salud a la hoy demandante y que en tal condición permaneció hasta que el afiliado falleció, pero en realidad no acreditan una real y efectiva convivencia, como erradamente concluyó el juez de alzada. “Sobre el tema cumple recordar que

esta corporación ha señalado que la sola inscripción del cónyuge o del compañero o compañera permanente como beneficiarios de la seguridad social en salud o pensiones, o en otros beneficios económicos, no es prueba por sí misma de la convivencia ni de su lapso, en cuanto que la situación debe ser analizada en cada caso y de conformidad con los demás elementos demostrativos obrantes en el proceso. Lo mismo sucede respecto de las fotografías, las que solo demuestran una situación al momento de capturar la imagen que muestran.

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Radicación n.° 95533 b) En la formulación del cargo también señala que se incurrió en yerro como consecuencia de la errónea apreciación de las siguientes pruebas: 1) El interrogatorio de parte absuelto por el demandante. 2) Declaración de las señoras Claudia Johana Vinasco Pineda y Paula Andrea Londoño Vásquez. 3) Declaraciones vertidas en vía administrativa. Por lo anterior, encuentra la Sala necesario precisar que el yerro fáctico se predica únicamente por falta de apreciación o errónea valoración de pruebas calificadas como lo son la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial, por tanto, para acometer su estudio, resulta imprescindible la demostración de un error fáctico derivado de una prueba que, si tenga tal carácter, lo que no se presentó en este escenario. En este orden, en lo que atañe al interrogatorio de parte, se recuerda que no tiene la connotación de prueba apta para estructurar un yerro fáctico, salvo que de este pueda derivarse una confesión, como lo indicó la sentencia CSJ SL1016-2020:

Frente al interrogatorio de parte,[…], esta prueba no es un medio de convicción calificado en casación del trabajo, a menos que entrañe confesión, la que no se estructura, pues del análisis de las respuestas de la actora […] fuerza concluir que no es posible inferir una confesión que demuestre el desacierto fáctico atribuido a la decisión del fallador y autorice el quiebre de la sentencia acusada, en la medida en que las mencionadas manifestaciones no favorecen a la recurrente ni perjudican a la actora. Se advierte que, en el caso de autos no podría endilgarse confesión en el medio de convicción al provenir de la misma parte, ya que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 191

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Radicación n.° 95533 del CGP, pues para que tenga tal connotación debe contener manifestaciones contrarias a los intereses de quien declara o a favor de la contraparte, supuesto que no se presentó. Adicionalmente, tampoco resulta de recibo lo alegado por la censura cuando refirió que: […] fue un error dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante confesó desconocer los pormenores de aspectos esenciales de la vida personal de la causante, ya que se trata de una persona iletrada y con dificultad para comprender las preguntas que se le formularon. De ahí que a partir de su dicho fuera imposible que surgiera algún tipo de confesión, como quiera que evidentemente no comprendió la mayoría de las preguntas que se le formularon, pues muchas de sus respuestas eran incoherentes y descontextualizadas […]

Pues al tratarse de una declaración proveniente del ahora recurrente, no resulta acertado el intentar valerse de su contenido, ya que con ello se contraviene la regla probatoria según la cual a nadie le está dado