CSJ - SL2350-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2350-2023 Radicación n.° 95629 Acta 30 Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por WILLINGTON ORLANDO SANTAMARÍA PRÉSIGA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le adelantó a CERRO MATOSO S. A.

I. ANTECEDENTES Willington Orlando Santamaría Présiga llamó a juicio a Cerro Matoso S. A., para que se declarara de manera principal que la sociedad a partir del 4 de diciembre de 2017, le sancionó dos veces por los mismos hechos relacionados con la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades contenidos en la sentencia CSJ SL-3195-2017, registrados en la imputación de cargos del 17 de mayo de 2017 y la carta de terminación del contrato de trabajo de fecha 1° de junio de 2017.

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Radicación n. ° 95629 Así mismo, declarar ineficaz o nulo el segundo proceso disciplinario efectuado por la empresa, que concluyó con la terminación del contrato laboral, por habérsele violado el debido proceso constitucional, legal y convencional. En consecuencia, se condene al reintegro sin solución de continuidad, en el mismo cargo o a otro de superior

jerarquía al que venía desempeñando al momento del segundo despido, con el propósito de dar estricto cumplimiento a la parte resolutiva de la sentencia de tutela del 20 de noviembre de 2017, proferida en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de CaucasiaAntioquia, al pago de los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales causados desde la desvinculación hasta el reintegro, los aportes al sistema general de seguridad social causados desde la desvinculación hasta el reintegro, los intereses moratorios, lo ultra y extra petita, y las costas y agencias en derecho. De manera subsidiaria peticionó que se declare que la sociedad, a partir del 4 de diciembre de 2017, lo sancionó dos veces por los mismos hechos contenidos en el proceso disciplinario adelantado a partir del 17 de mayo de 2017, relativos a la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades promovido por Sintracerromatoso entre el 14 de abril y el 1° de mayo del año 2015 y contenidos en la sentencia CSJ SL3195-2017. Igualmente declarar que la sociedad el 19 de febrero de 2018 terminó en forma unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo.

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Radicación n. ° 95629 En consecuencia, se condene al pago de la indemnización por despido unilateral y sin justa causa, en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo 20162018, los intereses moratorios, lo ultra y extra petita y las costas y agencias en derecho. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que

trabajó para Cerro Matoso S. A. desde el 21 de marzo de 2007 hasta el 19 de febrero de 2018, con un contrato laboral a término indefinido; que se desempeñó en el cargo de operador de refinería en la planta de producción ubicada en el Municipio de Montelíbano – Córdoba, devengando un salario promedio mensual de $7.228.316. Relató, que se vinculó en calidad de socio al sindicato de trabajadores de la empresa, Sintracerromatoso el 12 de junio de 2008 y a partir del 23 de diciembre de 2016 hizo parte de la Junta Directiva de la Organización Sindical en calidad de vicepresidente para el periodo estatutario 20162018. Refirió, que la sociedad le terminó el vínculo contractual laboral el pasado 10 de agosto de 2017, arguyendo que había participado en forma activa en el cese de actividades que adelantó la organización sindical entre el 14 de abril y el 1° de mayo del año 2015, sin pedir la autorización judicial prevista en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, y el cual había sido declarado ilegal por sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Montería y confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

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Radicación n. ° 95629 Acotó, que los trabajadores sindicalizados de Sintracerromatoso, el 14 de abril del año 2015, iniciaron un cese de actividades, como consecuencia de la modificación unilateral de la jornada laboral establecida en la Convención

Colectiva de Trabajo. Reseñó que la empresa, de manera unilateral, impuso una jornada de trabajo de 2 turnos rotativos de 12 horas diarias por trabajador durante 4 días continuos seguidos de 4 días de descanso; además alteró el artículo 19 numeral 2) literal d) del Reglamento Interno de Trabajo, que establece 3 turnos rotativos de 8 horas diarias por trabajador. Que a partir de la modificación unilateral a la jornada de trabajo, Sintracerromatoso convocó a una asamblea general ordinaria de afiliados, mediante la Resolución 01 del 12 de marzo de 2015, para el 27 de marzo de ese mismo año, en la que debía aprobarse el presupuesto para el 2015 y votarse un eventual cese de actividades. Señaló, que Sintracerromatoso sustentó la votación de la posible huelga en el cambio unilateral por parte de Cerro Matoso S. A. de la jornada laboral y el establecimiento de los 2 turnos de 12 horas por 4 días continuos y 4 días de descanso. Arguyó que, en la asamblea del 27 de marzo de 2015, se aprobó la huelga, habida cuenta de que, de los 1.042 empleados de Cerro Matoso S. A., 526 hacían parte del sindicato, haciéndolo mayoritario; que se fijó el inicio del cese de actividades para las 15:00 horas del 14 de abril de 2015 y que el 22 de abril de 2015 Cerro Matoso S. A. presentó

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Radicación n. ° 95629 demanda solicitando que se declarara la ilegalidad de la

huelga. Apuntó, que el cese de actividades se mantuvo desde el 14 de abril de 2015 hasta el 1º de mayo de 2015, cuando se suscribió el acta de levantamiento entre Sintracerromatoso y Cerro Matoso S. A. Señaló, que el acta indicada consagró lo siguiente: SEXTO: La Empresa y Sindicato se comprometen a acatar y a cumplir el fallo de última instancia del proceso judicial promovido por la Empresa, para que se declare la ilegalidad del cese de actividades realizado por SINTRACERROMATOSO. No habrá lugar a procesos disciplinarios sobre los hechos relacionados con el cese, hasta tanto se profiera sentencia de última instancia en firme […] (subraya y negrilla de la demanda). Refirió que el 2 de julio de 2015, la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería declaró la ilegalidad del cese de actividades. La decisión fue apelada y confirmada el 8 de marzo de 2017, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante proveído con radicación 72304. Precisó, que la sentencia se notificó por edicto el 27 de abril de 2017; que el 3 de mayo de 2017 Sintracerromatoso solicitó aclaración y complementación del fallo, solicitud negada por el auto CSJ AL4950-2017, que se notificó por estado el 9 de agosto y quedó en firme el 14 de agosto de 2017. Manifestó, que Sintracerromatoso le solicitó a la secretaría de esta Sala, el 27 de septiembre de 2017, una

certificación en la que constara la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Tal dependencia expidió la fechada el 26 de

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Radicación n. ° 95629 octubre de 2017, manifestando que el fallo quedó en firme el 27 de abril de 2017. Expresó, que Sintracerromatoso radicó el 2 de noviembre de 2017, una petición de corrección de la fecha de ejecutoria de la sentencia de segundo grado, advirtiendo que se había solicitado aclaración y complementación de la providencia. El 20 de noviembre de 2017 se corrigió la del 26 de octubre de 2016 [sic], precisando que la sentencia había quedado en firme el 14 de agosto de 2017 a las 5:00 p.m. Destacó, que no obstante las obligaciones adquiridas en el acuerdo de levantamiento del cese de actividades firmado el 1° de mayo de 2015, la sociedad Cerro Matoso S. A. el 28 de abril de 2017, es decir, con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia, por intermedio del señor Ricardo Gaviria Jansa en calidad de representante legal, dirigió un comunicado a los trabajadores sindicalizados de la empresa y a los medios de comunicación manifestando que comenzaría a evaluar las medidas legales y disciplinarias relacionadas con el cese de actividades adelantado por Sintracerromatoso, el cual había sido declarado ilegal. Aseguró, que Cerro Matoso S. A. incumplió el Acta de levantamiento del cese de actividades, firmada el 1° de mayo

de 2015, toda vez que inició en su contra el proceso disciplinario por su presunta participación en el cese de actividades. Anotó, que la empresa inició el primer proceso disciplinario notificándole la citación a descargos el 17 de mayo de 2017, es decir, con anterioridad al 14 de agosto de

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Radicación n. ° 95629 2017, data en la cual quedó en firme el fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Manifestó, que la diligencia de descargos tuvo lugar el 26 de mayo de 2017, en las instalaciones de la compañía, esto es, antes de que quedara en firme, el 14 de agosto de 2017, la providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró el cese ilegal de actividades. En la actuación, expresó que de conformidad con el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo y el acta de acuerdo de levantamiento de cese de actividades, la empresa no podía adelantarle el proceso disciplinario, pues la sentencia no había quedado ejecutoria para ese momento; además de que de las actas de constatación de cese de actividades realizadas por el Ministerio del Trabajo no se lograba individualizar su participación en la huelga, toda vez que en ninguna de ellas la entidad gubernamental había hecho tal examen, por lo que se requería cumplir con el procedimiento legal correspondiente. Indicó, que el 1° de junio de 2017, se le terminó el contrato de trabajo en forma unilateral y sin justa causa, condicionado el despido a la ejecutoria de la sentencia de la

Corte Suprema de Justicia. Adujo, que interpuso, contra esa decisión, el recurso convencional de reconsideración el 6 de junio de 2017, resolución que estuvo suspendida hasta el 24 de enero de 2018,ya que se encontraba incapacitado. Acotó, que dicho recurso fue decidido manteniendo en firme la decisión de terminar el contrato de trabajo a partir

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Radicación n. ° 95629 del 10 de agosto de 2017, una vez quedara en firme la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que puso fin al proceso de declaratoria de ilegalidad del cese de actividades promovido por Cerro Matoso. Estimó, que la sociedad además omitió surtir - uno a uno - todos los pasos y condicionamientos previstos en el artículo 16 de la Convención Colectiva de Trabajo - vigencia 2016-2018-, puesto que debió notificar al comité de relaciones laborales allí estatuido, de la decisión de iniciar el disciplinario en su contra. Sintetizó, que ante la protuberante vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política por los hechos hasta aquí narrados, buscó la protección de los mismos vía tutela, ante el Juez Segundo Municipal de Caucasia - Antioquia, con el fin de corregir el desconocimiento de los derechos al debido proceso, salud y mínimo vital. Destacó, que el Juzgado Segundo Municipal de Caucasia - Antioquia, resolvió de manera negativa la situación mediante sentencia del 11 de octubre de 2017,

porque el Juez de primer nivel consideró que existían otros mecanismos de defensa por lo que declaró improcedente la acción. Resaltó, que contra el fallo de tutela de primera instancia interpuso escrito de impugnación, que fue resuelto por el Juzgado Promiscuo de Familia de Caucasia-Antioquia, mediante sentencia de 20 de noviembre de 2017, y dispuso en la parte resolutiva revocar el fallo proferido el 17 de

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Radicación n. ° 95629 octubre de 2017, para en su lugar tutelar el derecho fundamental al debido proceso, dejando sin efecto el despido del trabajador de fecha 21 de junio de 2017, ordenando simultáneamente el reintegro al mismo cargo que venía desempeñando al momento de ser despedido, con el pago de las retribuciones, prestaciones y aportes a la seguridad social. Manifestó, que Cerro Matoso S. A. mediante Comunicación del 1° de diciembre de 2017, procedió a reintegrarlo al mismo cargo que venía desempeñando, ordenando en forma simultánea pagar los salarios y prestaciones sociales causadas hasta la fecha del reintegro. Afirmó, que el 4 de diciembre del mismo mes y año, cuando no habían transcurrido siquiera 3 días del reintegro judicial, decidió la empresa ilegalmente iniciarle un segundo proceso disciplinario. Expresó, que el Juzgado Promiscuo de Familia de Caucasia-Antioquia en la parte de resolutiva de la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2017 – no autorizó a la empresa Cerro Matoso S. A. - a iniciar-por segunda vez y por los

mismos hechos - un nuevo proceso disciplinario en su contra. Expuso, que el segundo proceso disciplinario inició el día 4 de diciembre de 2017, con base en los mismos hechos y fundamentos en los que se fundó el primer proceso disciplinario. Anotó, que la sociedad en el segundo proceso disciplinario además de violentar el derecho fundamental al

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Radicación n. ° 95629 non bis in idem, desconoció el numeral 1° del artículo 16 de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018, en tanto que lo citó a descargos después de los 5 días siguientes a la comisión de la presunta falta disciplinaria, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2017, en forma extemporánea y omitió notificarle al comité de relaciones laborales de la segunda imputación de cargos relacionada con la misma presunta participación ilegal del trabajador demandante en el cese de actividades que fue declarado ilegal. Señaló, que la sociedad con el propósito de dar apariencia de legalidad al segundo proceso disciplinario, llevó a cabo la diligencia de descargos el 13 de diciembre de 2017, por fuera del término improrrogable de 5 días previsto en la CCT 2016-2018; y que se le estaba violando el debido proceso constitucional y convencional, puesto que se le estaba disciplinando por los mismos hechos invocados en la imputación de cargos del 17 de mayo de 2017, que había dado lugar al despido del 1° de junio de 2017, ratificado el 10 de agosto del mismo año, el cual se dejó sin efectos

mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Caucasia – Antioquia; no obstante, Cerro Matoso S.A decidió el 21 de diciembre de 2017, terminarle el contrato de trabajo. Arguyó, que contra la decisión anterior, el 6 de febrero de 2018 interpuso el recurso de reconsideración, por lo que la sociedad citó al comité de relaciones laborales el 19 de febrero de 2018 y en dicha reunión resolvió en forma unilateral el recurso desatendiendo las recomendaciones de los delegados del Sindicato y confirmando la decisión de terminar el contrato de trabajo del demandante.

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Radicación n. ° 95629 Clarificó, que por razón de tal decisión, instauró el proceso especial de fuero sindical, el cual correspondió al Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano – Córdoba, quien se declaró impedido, por lo que el expediente fue remitido al Juzgado del Circuito de Familia del Municipio de Montelíbano. Precisó, que por su parte la demanda especial de reintegro fue admitida en el Juzgado del Circuito de Familia del Municipio de Montelíbano, surtido el trámite probatorio de rigor y rendidos los alegatos de instancia, se dictó sentencia el 11 de octubre de 2018, declarando probada la excepción de inexistencia del fuero sindical, negando en consecuencia las pretensiones de la demanda, argumentando para ello que, el primer despido que había ocurrido antes de la ejecutoria de la sentencia que declaraba la ilegalidad del cese de actividades, había sido declarado

ineficaz por el Juez de Tutela y que en virtud de esa providencia que, hacía tránsito a cosa juzgada constitucional la segunda terminación del contrato de trabajo del 19 de febrero de 2018, había ocurrido después de la ejecutoria de la sentencia que declaró ilegal el cese de actividades, conforme lo exigen los artículos 450-2 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo. Aludió, que en desacuerdo con la anterior decisión presentó apelación, la cual fue resuelta por la Sala CivilFamilia-Laboral del Tribunal Superior de Montería Córdoba, que mediante sentencia del 26 de octubre de 2018, confirmó el fallo de primera instancia. Fundamentó, que ante los defectos constitucionales y legales advertidos instauró otra acción de tutela, la cual por

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Radicación n. ° 95629 competencia le correspondió a esta Sala y por sentencia CSJ STL4042-2019 proferida el 20 de marzo de 2019, negó la acción constitucional, al considerar que no se quebrantaron las garantías superiores invocadas, lo que impedía la intervención del juez de amparo; decisión que fue impugnada y confirmada por la Sala de Casación Penal de esta Corporación en sentencia del 11 de junio de 2019 (cuaderno digital del Juzgado, tomo I). Cerro Matoso S. A., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó el servicio prestado por el demandante, el cargo desempeñado, los extremos laborales, el salario promedio mensual devengado, la vinculación a la

organización sindical, la existencia y duración del cese de actividades, la suscripción del acta de levantamiento del mismo, la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, la solicitud de aclaración y complementación de la sentencia, la negativa de la misma, la acción de tutela instaurada y el fallo de primera instancia negativo a los intereses del demandante, la impugnación y la revocatoria dejando sin efecto el despido de fecha 21 de junio de 2017 y ordenando el correspondiente reintegro, el reintegro efectivo y el pago de salarios y prestaciones. Así mismo, el recurso de reconsideración interpuesto por el actor el 6 de febrero de 2018 contra la decisión de despido, el impedimento declarado por el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano – Córdoba, la demanda de reintegro instaurada por el accionante que finiquitó con la sentencia del 11 de octubre de 2018 en la que se declaró probada la excepción de inexistencia de fuero sindical, la apelación de tal decisión y su confirmación, la acción de tutela incoada por el promotor del juicio ante esta Sala y su negación, la

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Radicación n. ° 95629 impugnación y confirmación (cuaderno digital del Juzgado, tomo I). Fundamentó su defensa, en que se desconoce los efectos de cosa juzgada constitucional de la sentencia tutela proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Caucasia el 20 de noviembre de 2017, en la que se resolvió dejar sin efecto el despido del actor; así como los de la

sentencia proferida el 26 de octubre de 2018, por el Tribunal Superior de Montería - Sala Civil, Familia, Laboral dentro del proceso especial por fuero sindical que resultó absolutorio. Narró, que el despido acaecido el 10 de agosto de 2017), quedó sin efecto y se materializó el reintegro, por lo que desapareció de la vida jurídica, no siendo posible alegar la existencia de dos despidos. Aseveró, que laorden de reintegro no significaba que la empresa no pudiera, una vez reincorporado el actor a su cargo, y si así lo consideraba pertinente, previa la observancia del trámite establecido en la convención colectiva de trabajo, insistir en su decisión de dar por terminada la relación laboral existente con éste. Reafirmó, que el único proceso disciplinario y consecuente despido, para todos los efectos, es el que ocurrió el 19 de febrero de 2018, luego de la verificación de la participación activa del demandante en el cese ilegal de actividades, declarado judicialmente por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral. Es decir, no existen dos sanciones.

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Radicación n. ° 95629 Aseguró que la compañía cumplió a cabalidad con el procedimiento establecido en el artículo 16 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presunta falta, data a partir de la cual se cumplieron los términos y etapas del proceso disciplinario. En su defensa propuso las excepciones de mérito de

cosa juzgada-cosa juzgada constitucional, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación, prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 10 de agosto de 2021 (cuaderno digital del Juzgado, tomo II), decidió: Primero: ABSOLVER de las pretensiones de la demanda formulada por el señor WILLINGTON ORLANDO SANTAMARÍA en contra de CERRO MATOSO S. A., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: DECLARAR PROBADAS las excepciones de

INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES RECLAMADAS, COBRO DE LO NO DEBIDO, PAGO, BUENA FE y COMPENSACIÓN, formuladas por la demandada.

Tercero. CONDENAR en costas al demandante en la suma de $ 1.000.000 como agencias en derecho

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 29 de octubre 2021 (cuaderno digital del Tribunal), resolvió confirmar la sentencia de primer grado.

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Radicación n. ° 95629 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que debía determinar si la demandada vulneró el principio non bis in idem. Además, se debía dilucidar si el proceso disciplinario adelantado por la demandada, obedeció a lo consagrado en

la Convención Colectiva del Trabajo 2016-2018. Y finalmente, esclarecer si se configuró una justa causa para la finalización del contrato de trabajo del actor; en caso negativo, determinar si hay lugar al pago de indemnización por despido sin justa causa de conformidad con lo solicitado en las pretensiones subsidiarias. Dejó fuera de discusión el vínculo laboral que inició el 21 de marzo de 2007 hasta el 19 de febrero de 2018 y la terminación de manera unilateral por parte del empleador con justa causa. Frente al principio non bis in idem, el colegiado realizó un estudio a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para concluir que […] el principio no prohíbe de manera absoluta la existencia de juzgamientos diversos por el mismo hecho, por ejemplo, cuando una conducta es objeto de reproche penal y disciplinario. La evaluación sobre el respeto por este derecho supone determinar si se presenta una triple identidad de persona, causa y objeto en las sanciones supuestamente concurrentes. También ha manifestado la Corte que la prohibición de doble enjuiciamiento es compatible con diversas investigaciones y sanciones, cuando estas tengan distintos fundamentos normativos, finalidades, y alcances de la sanción. Por lo que el principio de non bis in idem, tiene la finalidad de evitar que cualquier persona sea juzgada dos

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Radicación n. ° 95629 veces por los mismos hechos, pues se estaría frente a una evidente violación al debido proceso. Resaltó, que en el caso de auto, si bien la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017, únicamente se refirió al reintegro en su parte resolutiva, esto no es óbice para

desconocer o dejar de lado las consideraciones de la sentencia, que por más, expresan el sentido del fallo, en el cual evidentemente, le fue dada a Cerro Matoso la potestad en su calidad de empleador, de dar inicio nuevamente al proceso disciplinario al que había lugar como consecuencia de la ocurrencia de una justa causa, y tomando en cuenta, que el proceso disciplinario adelantado en el mes de junio de 2017, no había surtido efectos. Advirtió, que en este caso particular, no fue vulnerada la garantía del non bis in idem, pues el extrabajador no fue juzgado dos veces por los mismos actos, como quiera que, como ya se explicó, el primer proceso disciplinario que fue adelantado en su contra fue dejado sin efectos por cuenta de la sentencia de tutela antes mencionada, lo cual no significa cosa diferente a la inexistencia del mismo, ya que este no surtió efecto alguno y fue declarada la nulidad sobre él. Refirió, que tal como fue manifestado en la tutela del 20 de noviembre de 2017, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Caucasia, la facultad sancionatoria sobre un empleado por la presunta comisión de conductas reprochables, surge por mandamiento de la ley, por lo que no resulta admisible pretender que el ejercicio de dicha potestad, deberá ser previamente decretado por un juez en la parte resolutiva de una sentencia, sino que basta con el surgimiento de una conducta susceptible de ser investigada para que el

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Radicación n. ° 95629 empleador con base en la ley y los documentos contractuales y/o convencionales, adelante las acciones necesarias para

establecer la ocurrencia de dicha conducta e imponga las sanciones correspondientes o el despido si a ello hubiere lugar. Razonó que,en cuanto a la violación al debido proceso disciplinario, por no haber sido adelantado de conformidad con lo señalado por la CCT, se advertía que el mismo debía ser iniciado máximo transcurridos 5 días desde el conocimiento del empleador de la presunta falta, sin que pudiera superar los 10 días para la realización de la diligencia de descargos. Al punto, anotó que, aunque la sentencia de calificación del cese de actividades quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2017, para tal fecha era evidente que no podía ser adelantado proceso disciplinario alguno en contra del actor, como quiera que no se encontraba vinculado a la empresa, puesto que había sido despedido mediante proceso disciplinario en junio de 2017, el cual fue posteriormente declarado nulo; adicional a ello, también se evidenciaba que no fue sino hasta el 1° de diciembre de 2017, cuando eldemandante fue reincorporado al cargo, en cumplimiento del fallo de tutela del 20 de noviembre de 2017, siendo iniciado el proceso disciplinario de manera inmediata, esto es, el 4 de diciembre de 2017, estando dentro de los 5 días que señala la CCT y que la realización de la diligencia de descargos también tuvo ocurrencia dentro del término designado para ello (10 días), y que, aunque el demandante no asistió ni tampoco lo hicieron los representantes del sindicato, no podría decirse que hubo una indebida notificación de la citación, puesto que de las documentales allegadas al plenario, se pudo demostrar

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Radicación n. ° 95629 que en efecto, fue remitida al correo electrónico tanto del accionante como del sindicato, en día y hora hábil, por lo que no se presentó violación alguna al debido proceso disciplinario. Explicó, frente a las pretensiones subsidiarias, en lo relativo a la indemnización por despido sin justa causa, resultaba claro que la parte actora acreditó la ruptura del vínculo laboral y por su partela accionada informó las justas causas y los hechos que sustentaban el despido, así como las causales de terminación del contrato de trabajo, por lo queal haberse demostrado una justa causa en la terminación del contrato de trabajo, no había lugar a conceder la indemnización por despido sin justa causa solicitada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Willington Orlando Santamaría Présiga, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y conceda las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO

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Radicación n. ° 95629 Acusa la sentencia recurrida de violar, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea el artículo 29 de la

Constitución Política, lo que condujo a la infracción directa de los artículos 64, 65, 186, 306, 307, 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; el artículo 1° de la Ley 52 de 1975. En la demostración del cargo indica que no es motivo de controversia que entre las partes existió una relación laboral desde el 21 de marzo de 2007, vínculo que finalizó el 19 de febrero de 2018 con justa causa, reprochándole al accionante la participación activa en el cese de actividades liderado por Sintracerromatoso del 14 de abril de 2015 al 1° de mayo del mismo año. Alega que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del alcance del artículo 29 superior, erró el Tribunal al considerar que la empresa Cerro Matoso S. A., podía llamar nuevamente a descargos y despedir al trabajador accionado, usando la misma justa causa que generó el proceso disciplinario dejado sin efectos porel juez de tutela, sin que ello se considere una violación al principio non bis in idem y transcribe apartes de la sentencia proferida en segunda instancia. Se refiere que, como lo encontró probado el colegiado y no se debate, en el asunto de la referencia no se llevaron a cabo dos juzgamientos diversos, se llevó un solo trámite de tipo disciplinario que si bien fue dejado sin efectos en un primer momento, se fundamentó en la misma justa causa que con posterioridad fue utilizada por la compañía para despedirlo.

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Radicación n. ° 95629 Explica, que el colegiado incurrió en una intelección errada de la norma constitucional en cita y por consiguiente, en una patente violación de la ley sustantiva denunciada como infringida, que regula el pago de las acreencias laborales, el reintegro y los aportes a la seguridad social adeudas por el periodo en que ha estado desvinculado o en todo caso la indemnización por terminación sin justa causa, que demandan la intervención de esta Corporación y señala que en providencia CSJ SL3581-2021 se indicó: “(…) Ahora, existe otra razón fundamental para que los acontecimientos del 5 mayo de 2010, a que se refiriere la d