CSJ - SL2352-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2352-2023 Radicación n.° 96109 Acta 30 Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DEISY AMANDA ANGULO GARCÍA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Deisy Amanda Angulo García llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se declarara que cumple con los requisitos de ley, para que le sea reconocida la sustitución pensional a partir del 4 de marzo de 2019, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge.

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Radicación n.° 96109 Como consecuencia de la anterior declaración, se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago de la sustitución pensional, las mesadas adicionales, el retroactivo pensional y los intereses de mora, lo que resultara probado ultra y extra petita más las costas (f.° 27 a 28 cuaderno digital del Juzgado). Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que Humberto Ocampo Zapata hizo vida marital con la señora Ruth María Díaz, quien falleció en mayo de 2001 y de esta unión nacieron dos hijos, de quienes desconoce su ubicación; que al causante, mediante Resolución 8205 de

2001, se le reconoció pensión de vejez y falleció el 4 de marzo de 2019 a sus 84 años. Expresó, que trabajó para éste y la señora Ruth María Díaz, desde el año 1993, como empleada del servicio doméstico interna; que tiene dos hijas, Karen Andrea Belalcázar Angulo nacida en 1992 y Angie Valeria Restrepo Angulo nacida en el 2001, y que el señor se constituyó para las menores en casi su padre y siempre de manera discreta fue muy especial con ella. Anotó, que con la muerte de la señora Ruth María Diaz, en mayo del año 2001 y teniendo en cuenta que en la misma casa convivía con el señor Ocampo Zapata, y sus dos menores hijas, éste le propuso que hicieran vida de pareja y así lo decidieron desde mediados de 2001.

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Radicación n.° 96109 Señaló, que era el pensionado quien sostenía el nuevo hogar y le proporcionaba amor, manutención y demás gastos a ella y sus dos hijas, por lo que dependía económicamente de él. Arguyó que, en su afán por proteger su nuevo núcleo familiar, el señor Humberto Ocampo Zapata en compañía de ella, firmaron dos declaraciones extrajuicio ante notario, a través de las cuales, dejaron sentando que convivían juntos. Adujo, que los lazos que unían a la citada pareja fueron refrendados a través del vínculo matrimonial el 4 de octubre de 2011, cuando contrajeron nupcias en la Notaria Única de

Yumbo Valle, conforme al registro civil de matrimonio. Expuso, que aparte de ser la compañera permanente y luego la cónyuge del hoy causante, era la persona encargada de los quehaceres del hogar y se mantenía pendiente de su cónyuge, a quien incluso acompañaba siempre al médico, reuniones y demás eventos sociales. Aludió, que la convivencia de los contrayentes se vio interrumpida aproximadamente un año antes del fallecimiento del señor Ocampo Zapata, toda vez que los hijos mayores de éste se lo llevaron de la casa donde convivían, impidiéndole de esta manera que ejerciera sus funciones normales como cónyuge, teniéndose que ver con el señor Ocampo prácticamente a escondidas e incluso no le permitieron asistir al velorio de aquel.

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Radicación n.° 96109 Advirtió, que con ocasión al fallecimiento del señor Ocampo Zapata, en su calidad de cónyuge solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, pero Colpensiones lo negó argumentando que no acreditó la convivencia de los últimos 5 años de vida con el causante. Sostuvo, que el señor la tenía afiliada al régimen contributivo en salud como única beneficiaria y actualmente tuvo que afiliarse al régimen subsidiado en salud (SISBEN), en razón a su estado de salud. Informó, que debido a la precaria situación y falta de apoyo económico para lograr su sostenimiento, se ha visto en la obligación de valerse por sí misma de diferentes maneras después del fallecimiento de su cónyuge, para sostener el

hogar hoy conformado por ella y su hija menor (f.° 24 a 27 cuaderno digital del Juzgado). Colpensiones, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó lo atinente a la fecha de nacimiento y número de identificación del causante, la data de fallecimiento de la señora Ruth María Díaz, la calidad de pensionado del señor Ocampo Zapata y la fecha de su fallecimiento, el matrimonio civil de la demandante con el causante, la solicitud de reconocimiento pensional elevada por la señora Angulo ante la entidad y la negación de la misma; respecto de los demás hechos indicó no constarle. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido,

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Radicación n.° 96109 prescripción, falta de demostración de los requisitos de causación, buena fe de la entidad demandada, y la genérica (f.° 46 a 51 del cuaderno digital del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 11 de marzo de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES E.I.C.E., en la contestación de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES E.I.C.E.-, representada legalmente por el doctor JUAN MIGUEL VILLA LORA, o por quien

haga sus veces, a reconocer a la señora DEISY AMANDA ANGULO GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía […], la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento su cónyuge HUMBERTO OCAMPO ZAPATA, a partir del 04 de marzo de 2019, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los incrementos legales y de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES E.I.C.E.-, a reconocer y pagar a la señora DEISY AMANDA ANGULO GARCÍA, una vez ejecutoriada esta sentencia, la suma de $11.610.186, como valor del retroactivo de su pensión de sobrevivientes desde el 04 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020. La pensión de sobreviviente debe continuar pagándose a partir del 1º de marzo de 2020 en cuantía de $877.803

CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES E.I.C.E., a reconocer y pagar a la señora DEISY AMANDA ANGULO GARCÍA, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 23 de julio de 2019, sobre el importe de cada mesada pensional no pagada del retroactivo y hasta que se verifique su pago.

QUINTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES E.I.C.E. a descontar del retroactivo los correspondientes aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud sobre las mesadas ordinarias.

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SEXTO: COSTAS a cargo de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $850.000

SÉPTIMO: CONSULTAR la presente providencia, conforme a la previsión del artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Oficiar al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la remisión del expediente al superior.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandada y en grado de consulta a su favor, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de providencia del 19 de noviembre de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia APELADA y CONSULTADA.

En su lugar se DECLARA probada de manera parcial la excepción de Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

SEGUNDO: ABSOLVER a COLPENSIONES de las pretensiones solicitadas por la señora DEISY AMANDA ANGULO GARCÍA.

TERCERO: COSTAS en ambas instancias a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad demandada, las agencias en derecho de primera instancia deberán fijarse por la A quo conforme lo establece el artículo 366 del C.G.P y en segunda instancia, inclúyase la suma de $1000.000.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció que el problema jurídico a resolver era determinar si a la demandante, en calidad de cónyuge de Humberto Ocampo Zapata, le asistía el derecho a ser beneficiaria de la

pensión de sobrevivientes y a las demás condenas que impuso la a quo. En tal virtud, precisó que no era objeto de discusión, que i) Humberto Ocampo Zapata nació el 3 de noviembre de

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Radicación n.° 96109 1934 y falleció el 4 de marzo de 2019; ii) el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución número 008205 de 2001, le reconoció pensión de vejez a Humberto Ocampo Zapata, a partir del 1º de septiembre de 2001, en cuantía de $326.734; iii) Humberto Ocampo Zapata, el 4 de octubre de 2011, contrajo matrimonio con la señora Deisy Amanda Angulo García; iv) el 22 de mayo de 2019 Deisy Amanda Angulo García solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, recibiendo la negativa a través de la Resolución SUB 183652 del 12 de julio de 2019. Adujo, que de acuerdo a la fecha de fallecimiento que lo fue el 4 de marzo de 2019, la normatividad aplicable era el artículo 13 de Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que otorga al cónyuge o compañero permanente supérstite, la calidad de beneficiaria, si acredita que la convivencia, que supone tal condición, se extendió por un espacio igual o superior a 5 años. Señaló que, de conformidad con la postura de esta Corporación, la exigencia cronológica de mínimo 5 años de

convivencia, también debe ser cumplida tanto en los casos de fallecimiento del pensionado como del afiliado, pues según el criterio esbozado por ésta, no existe razón para el trato diferenciado entre una y otra situación. El tiempo de la misma debe contabilizarse retrospectivamente desde el fallecimiento del afiliado o pensionado, con la salvedad de que, para el caso de la cónyuge separada de hecho, pero con sociedad matrimonial vigente, ese período de visa en común

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Radicación n.° 96109 puede corresponder a cualquier tiempo anterior al fallecimiento. Igualmente, refirió que, por tratarse de pensionado, debía la demandante, en su calidad de cónyuge, demostrar que convivió e hizo vida en común con el causante dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento de aquel. Acudió, a la prueba testimonial, a las declaraciones extra juicio y al interrogatorio de parte, para concluir que estas versiones contenían relatos fragmentados que no daban explicación de muchos acontecimientos de forma precisa, clara, concatenada y coherente, tampoco entregaban información familiar de la pareja respecto a sus roles, no resultando pues convincentes sus dichos para determinar la configuración de la convivencia de la pareja conformada por el causante con Deisy Amanda Angulo García, pues los testigos no daban cuenta de la relación entre ellos más allá de las actividades propias del vínculo laboral que los unía, mismo que fue aceptado por la demandante, desconociendo los declarantes si mantenían lazos de familiaridad, bridándose apoyo y socorro mutuo, o por lo menos algún indicio de la intención de alguno de ellos por permanecer en

la relación matrimonial, con posterioridad a la separación referida por ellos y por la demandante. Advirtió que, por el contrario, de las declaraciones rendidas se lograba establecer que la pareja se separó y pese a que indicaron los testigos que fue contra la voluntad del pensionado, lo cierto es que la demandante no ejerció

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Radicación n.° 96109 ninguna acción para lograr el retorno de su esposo al hogar, pese a que como lo dijo la testigo Luz Adriana Magaña Collazos, aquel falleció encontrándose al cuidado de una enfermera, pues sus hijos se encontraban en el exterior. Aludió que, respecto de las declaraciones rendidas por Humberto Ocampo Zapata, los días 22 de diciembre de 2005 y 10 de enero de 2007, si bien referían a la convivencia en pareja con Deisy Amanda Angulo García, lo cierto es que con dichos documentos no se lograba probar que la convivencia perduró hasta el fallecimiento del pensionado, pues tales databan de 14 y 12 años antes de su óbito. Entonces, concluyó que el nexo matrimonial no creaba per se el vínculo de auxilio y apoyo mutuo que suponía la convivencia, ni el acogimiento en el seno familiar de cada uno de los contrayentes, ni la construcción del carácter de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclamaba la accionante y que justamente, los aspectos propios del nexo afectivo entre una pareja atípica como la que plantea el caso no se avizoraban y mal haría en suponerlos la autoridad judicial.

Llamó la atención que la pareja, sin hijos en común, floreció a los 67 años de edad del causante con la reclamante de 33 años, aproximadamente, a escasas semanas después de que la demandante dio a luz a su menor hija y a pocos meses de enviudar el pensionado y optaron, por contraer matrimonio con quien ejecutaba actos de tutela y amparo, inicialmente como empleada del hogar, y luego como

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Radicación n.° 96109 conviviente; trocando una relación laboral doméstica en un vínculo afectivo de pareja, tópicos que no quedaban lo suficientemente claros en el plenario. Precisó el Tribunal que, tampoco podía catalogarse la situación sub examine como aquellas que salvaguardaba la jurisprudencia nacional respecto del cónyuge separado de hecho que ha mantenido el vínculo matrimonial y puede aspirar a la pensión de sobrevivientes así no demuestre la convivencia de 2 años –Ley 100 de 1993 originalo 5 añosLey 797 de 2003al momento de la muerte, invocando para ello la sentencia CSJ SL12442-2015, radicación 47173, del 15 de septiembre, para recalcar que la finalidad esencial de la pensión de sobrevivientes es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Clarificó que si bien la demandante logró demostrar la vigencia del nexo conyugal, también quedó acreditado que el señor Humberto Ocampo Zapata, se marchó del hogar, sin que se evidenciara que después de la separación, continuaron con lazos familiares, de afecto o ayuda mutua,

elementos que hacen parte de la unión constitutiva de familia, ni se demostraron circunstancias que condujeron a evidenciar que el vínculo marital se mantuvo, a pesar de la separación, por lo que la demandante dejó de pertenecer al grupo familiar del señor Ocampo Zapata, y por ende, no podía considerarse como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de éste.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Deisy Amanda Angulo García, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se confirme la decisión de primera instancia y se acojan las súplicas del líbelo demandatorio.

Para tal propósito, formuló un cargo, el que fue replicado y se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia, por violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 13 de la Ley 797 de 2003, 165 y 167 y ss. del CGP, Constitución Política de Colombia preámbulo artículos 1°, 2°, 48 y 53, normas internacionales, articulo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1° del Código Iberoamericano de la Seguridad Social aprobado por la Ley 516 de 1999.

Expone, que la violación se produjo como consecuencia

de los siguientes errores de hecho:

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1. No dar por demostrado, estándolo plenamente y contra toda evidencia, que entre los cónyuges Deisy Amanda Angulo García y Humberto Ocampo Zapata, existió convivencia plena y efectiva en los 5 años anteriores al fallecimiento del causante.

2. No dar por demostrado, estándolo con total y absoluta claridad y certeza, la calidad de beneficiaria del derecho al reconocimiento a la pensión de sobrevivientes a la señora Deisy

Amanda Angulo García.

3. No dar por demostrado, estándolo con total y absoluta claridad y certeza, que entre la pareja medio más de 5 años de una comunidad de vida, basada en la ayuda mutua, el apoyo, la asistencia solidaria y el acompañamiento.

Anota, que los yerros fácticos antes transcritos, obedecen a que el ad quem apreció erróneamente las siguientes pruebas:

1. Declaración juramentada rendida por el causante y su cónyuge del 22 de diciembre de 2005 en la Notaria 13 del Círculo de Cali.

2. Declaración juramentada rendida por el causante y su cónyuge el 10 de enero de 2007 en la Notaria 13 del Círculo de

Cali.

3. Declaración juramentada rendida por Diego José Hernández Lozano y Alejandrina Diaz Soto, el 20 de mayo de 2019 en la Notaria 14 del Círculo de Cali.

4. Certificación de afiliación a EPS Medimás, en calidad de

beneficiaria del fallecido.

5. Registro civil de matrimonio.

Para la demostración del cargo, refiere que el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a la demandada, bajo el argumento de no haberse acreditado el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, lo que en su sentir resulta manifiestamente equivocado, porque obra prueba calificada

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Radicación n.° 96109 en el proceso que evidencia que la pareja conformada por Deisy Amanda y el fallecido pensionado, efectivamente convivieron por un espacio superior a los 5 años con antelación al deceso y, por lo tanto, acreditó el requisito normativo aludido en la violación normativa. Manifiesta, que la convivencia se acredita con la prueba documental mencionada, pues la misma indica, de forma clara, fehaciente y contundente, el término mínimo exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, en palabras del propio fallecido, rendidas ante autoridad notarial y que tiene la imposibilidad material de ser ratificada en juicio dado el fallecimiento del declarante. Añade que, el error se presenta con mayor ahínco cuando la Sala concluye que la convivencia no fue efectiva, por la no cohabitación de estos durante el último periodo de vida, por causas no imputables a las partes. Anota, que existen suficientes elementos probatorios que demuestran la convivencia efectiva y real entre el

fallecido y la demandante por espacio de más de 8 años, con una unión estable, permanente y singular, con plena solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua, la cual únicamente cesó con el fallecimiento del señor Humberto Ocampo Zapata, para lo cual quedó plenamente demostrado:

1. La convivencia real y efectiva entre el causante y la demandante en unión libre se dio desde el año 2001 (y así

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Radicación n.° 96109 consta en las dos declaraciones extra juicio ante notario suscritas por los mismos), lo cual fue refrendado a través del vínculo legal del matrimonio civil contraído por la pareja el 4 de octubre de 2011, el cual estuvo vigente hasta la fecha del deceso del señor Ocampo Zapata y no podría ser desconocido por ninguna autoridad.

2. De las declaraciones extra proceso rendidas por Diego José Hernández Lozano y Alejandrina Díaz Soto, quienes manifestaron haber conocido de la convivencia de la pareja bajo el mismo techo, lecho y mesa, desde el año 2000, significa que la convivencia efectiva se dio desde siempre, en una comunidad de familia, sin estigmas sociales, pues dan fe de la existencia de un vínculo familiar entre los mismos.

3. Las declaraciones de los testigos durante el proceso judicial, quienes fueron claros, contundentes y precisos en señalar el tiempo de convivencia de los señores como marido y mujer, como cónyuges y la dependencia económica de la primera frente al último.

4. La declaración extra proceso rendida por el causante, respecto de su convivencia como pareja por más de 8 años de manera permanente e ininterrumpida. Es como

lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tratándose de la relación del afiliado/pensionado con su cónyuge a partir de la sentencia SL del 24 de enero de 2012, que ha definido el criterio de la convivencia, como aquella que por un lapso no inferior a 5

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Radicación n.° 96109 años puede ocurrir en cualquier tiempo, siempre que el vínculo matrimonial se mantenga intacto. Alude a varios pronunciamiento de esta Corporación, entre ellos el fallo CSJ SL3202-2015, para indicar que la Sala adoctrinó que, en la familia, como componente fundamental de la sociedad, pueden presentarse circunstancias o vicisitudes que de ningún modo pueden tener consecuencias en el mundo de lo jurídico, como por ejemplo desacuerdos propios de la pareja que conlleven a no compartir el mismo techo de manera transitoria, pero se mantienen los demás aspectos que indican de manera inequívoca que el vínculo permanece. Argumenta, que en similar sentido la jurisprudencia laboral ha sostenido que la convivencia debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón a circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo que no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja, si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos

esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera la concepción meramente física, mencionando varias sentencias de la Corporación para ratificar lo expuesto.

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Radicación n.° 96109 Destaca, que la valoración probatoria efectuada por el fallador de alzada resultó desafortunada, porque pasó por alto que se dio cumplimiento a los requisitos legales para ser acreedora la demandante del reconocimiento pensional deprecado. Clarifica, que al demostrarse con prueba calificada los yerros fácticos atribuidos a la sentencia, es posible que se proceda a la valoración de la prueba no calificada, que también se estimó de manera equivocada por el Tribunal. Expone, que el sentenciador de segundo grado aduce que se presenta incongruencia en dos de los testigos; sin embargo dichas respuestas no generan un impacto negativo al punto de que sea revocado el derecho, teniendo en cuenta que son personas del común y no pueden diferenciar aspectos sustanciales y, por el contrario, dieron certeza de la cercanía, circunstancias de modo, tiempo y lugar, hechos veraces, límites temporales, lugar de convivencia y demás aspectos, que no fueron tomados en consideración por el Tribunal. Asegura, que los yerros del colegiado no tienen en cuenta las leyes de la psicología que indican que la fijación de los recuerdos en la memoria cambia de una persona a otra, pues ello depende de diversos factores, entre otros, el estado de sanidad, el grado de educación o de instrucción, la profesión, el nivel de atención que cada cual preste a la ocurrencia de un hecho o situación concreta, siendo claro

que no todo el mundo tiene el mismo interés en similares

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Radicación n.° 96109 cosas y, por ende, no todas las personas almacenan en su memoria los mismos datos, además de que los recuerdos se debilitan o decaen por el paso del tiempo, máxime si la persona considera que son aspectos irrelevantes en un contexto determinado. Advirtió que, con claridad fehaciente, se arriba a la conclusión contraria a la efectuada por el Tribunal, dado que a la luz de la sana critica, se evidencia la vida en pareja y la conformación de familia entre el causante y la demandante, que es la razón de ser del supuesto normativo de protección contenido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y resulta notoria la intención de segunda instancia de desvirtuar una declaración con la cual se acreditan los requisitos en materia de convivencia exigidos normativamente. Concluye, que por una incorrecta valoración de las pruebas calificadas y no calificadas, el Tribunal desconoció el vínculo afectivo con vocación de permanencia, la comunidad de interés entre el causante y la reclamante, quienes tenían objetivos compartidos, máxime cuando había coherencia narrativa entre la prueba documental, los testigos quienes presentaron relatos desde diferentes puntos de vista y con algunas divergencias, que lo único que demuestran es su espontaneidad sin restar credibilidad, por lo que en definitiva se dio cumplimiento a los requisitos de convivencia por más de 5 años con antelación al deceso del causante.

VII. RÉPLICA

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Radicación n.° 96109 Colpensiones presenta oposición, refiriendo para ello que el cargo presenta deficiencias de orden técnico que impiden su estudio de fondo. Expone que, aunque se acude al sendero indirecto (de índole netamente fáctica), la recurrente alude a argumentos jurídicos e incluso remite a la transcripción literal de distintas normas y fundamentos jurisprudenciales, improcedentes por la vía planteada. Dicha mixtura, dada la rigurosidad del recurso extraordinario de casación, veda la posibilidad de proceder a su estudio. Alude que, pese a lo anterior, si se abordara su estudio, la censura acusa la «apreciación equivocada» de unas pruebas que a su criterio son calificadas, las inferencias que de ellas emanan, no ostentan la suficiente virtualidad para derruir la sentencia adiada, en tanto las declaraciones extra proceso presentadas ante notario por el causante en los años 2005 y 2007, no demuestran una convivencia más allá en el tiempo específico en que se rinden, a lo sumo, que se haya prolongado entre la primera y segunda data, cuyo lapso no se encuentra dentro de los 5 años anteriores al deceso del pensionado (2014-2019). Refiere que el impugnante acude a las declaraciones extraproceso rendidas el 20 de mayo del 2019 por el señor Diego José Hernández Lozano y Alejandrina Diaz Soto, como pruebas calificadas, lo cierto es que las mismas no tienen dicha connotación, además de que su dicho carece de credibilidad.

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Radicación n.° 96109 Acota, que le incumbía a la actora, si pretendía obtener la calidad de beneficiaria de la prestación de sobrevivencia de un pensionado fallecido, acreditar la convivencia real como pareja en los 5 años anteriores al deceso, exigencia que en el asunto de marras no se logró probar ni siquiera en cualquier tiempo. Concluye, que no se advierte la configuración de ninguno de los yerros atribuidos por la censura en la sentencia del fallador, lo que impone reiterar que «conforme al artículo 61 del CPTSS, los jueces del trabajo tienen la facultad de apreciar libremente los diferentes elementos de juicio, a la luz de las reglas de la sana crítica, sin que esa circunstancia, por sí sola, tenga la virtud de constituir un yerro fáctico evidente capaz de derruir la decisión definitiva de instancia».

VIII. CONSIDERACIONES Aunque la demanda de casación no es un modelo a seguir; sin embargo, ello no impide estudiar la imputación, pues lo pretendido es el reconocimiento de la sustitución pensional, derecho de índole fundamental y de raigambre constitucional, lo que le permite a esta Corporación flexibilizar las exigencias formales del recurso extraordinario, en aras de garantizar el acceso a una cumplida administración de justicia y dar preponderancia al derecho sustantivo sobre las formas (CSJ SL1716-2019 y CSJ SL1475-2021, entre otras).

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Radicación n.° 96109 Ahora, en aras de la claridad, menester es establecer que de un estudio en conjunto del cargo, la inconformidad

planteada es de tipo jurídico, relativa a la interpretación que el colegiado le dio al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, al considerar que para el reconocimiento pensional, resulta suficiente la convivencia de 5 años con el causante en cualquier tiempo no necesariamente inmediatamente anteriores a la muerte del pensionado. En este orden de ideas, sea lo primero señalar que, se mantienen incólumes los siguientes supuestos de hecho: (i) que el señor Humberto Ocampo Zapata y la señora Deisy Amanda Angulo García convivieron a partir del año 2001; (ii) el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución número 008205 de 2001, le reconoció pensión de vejez a Humberto Ocampo Zapata, a partir del 1º de septiembre de 2001, en cuantía de $326.734 (iii) Humberto Ocampo Zapata y Deisy Amanda Angulo García contrajeron matrimonio el 4 de octubre de 2011, (iv) Humberto Ocampo Zapata dejó de convivir con Deisy Amanda Angulo García, durante el último año de su vida; (v) Humberto Ocampo Zapata falleció el 4 de marzo de 2019, por lo que la norma a aplicar sería la Ley 100 de 1993, con la reforma que trajo la Ley 797 de 2003; (vi) Humberto Ocampo Zapata y Deisy Amanda Angulo García convivieron un tiempo muy superior a 5 años antes que ocurriera el fallecimiento; (vii) el 22 de mayo de 2019 Deisy Amanda Angulo García solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,

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Radicación n.° 96109 entidad que negó la prestación a través de la Resolución SUB 183652 del 12 de julio de 2019, argumentando que no acreditó los requisitos legales relativos a la convivencia del causante hasta la fecha de su deceso. Lo que debe dirimirse en sede casacional, es sin duda laexégesis dada por el Tribunal al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, respecto al número de años de convivencia exigidos a la cónyuge separada de hecho de un pensionado del Sistema General de Pensiones, para establecer su calidad de beneficiaria de la sustitución pensional. En relación con el objeto de la controversia, la doctrina reiterada de la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL20 may. 2008, rad. 3239