CSJ - SL2354-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2354-2023 Radicación n.° 85632 Acta 36 Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

PAULA ANDREA ÁLVAREZ CORREA, JUAN CARLOS

ÁLVAREZ SERNA, JORGE MARIO HERRERA PUERTA,

PAULA ANDREA MUNERA MEJÍA, MARIO ANDRÉS

MUÑETÓN PALACIO, OSWALDO ADONIS VARGAS USMA,

OSCAR MAURICIO YEPES MORATO, JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ COLORADO, LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ BENAVIDES y JULIÁN ECHEVERRI PINEDA, contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes

junto con RUBIELA MARÍA MONTOYA GÓMEZ, EYSER

HAWDER MEJÍA MONTOYA y JAYSON FERNEY TAMAYO

CARDONA contra la COOPERATIVA NACIONAL DE

TÉCNICOS FERROVIARIOS COONALTEF y la EMPRESA

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 85632

DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA.

- METRO DE MEDELLÍN LTDA.

I. ANTECEDENTES Los citados accionantes llamaron a juicio a las demandadas con el fin que se declare que estuvieron vinculados a través de un contrato de trabajo, en los

siguientes extremos temporales:

DEMANDANTE DESDE HASTA

PAULA ANDREA ALVAREZ CORREA 23/08/2000 30/11/2006

JUAN CARLOS ALVAREZ SERNA 13/08/2003 30/11/2006

JORGE MARIO HERRERA PUERTA 28/01/2004 30/11/2006

EYSER HAWDER MEJIA MONTOYA 1/06/2004 30/11/2006

RUBIELA M. MONTOYA GÓMEZ 23/08/2004 30/11/2006

PAULA ANDREA MUNERA MEJÍA 16/10/2003 30/11/2006

MARIO A. MUÑETON PALACIO 23/08/2004 30/11/2006

JAYSON F. TAMAYO CARDONA 1/07/2005 30/11/2006

OSWALDO ADONIS VARGAS USMA 16/08/2002 30/11/2006

OSCAR MAURICIO YEPES MORATO 1/07/2005 30/11/2006

JUAN E. GONZALEZ COLORADO 23/08/2004 30/11/2006

LUIS E. JIMENEZ BENAVIDES 1/06/2004 30/11/2006

JULIAN ECHEVERRI PINEDA 1/08/2006 30/11/2006

Así mismo, pidieron que se declarara que los accionados son solidariamente responsables de los derechos laborales reclamados y que el nexo contractual finalizó en forma ilegal y sin justa causa. Como consecuencia de lo anterior, pretendieron, en forma principal, que se condenara bajo el régimen oficial al pago de la prima de servicios, prima de vida cara, vacaciones

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Radicación n.° 85632 compensadas en dinero, prima de vacaciones, prima de navidad, aguinaldo, intereses a las cesantías «doblados por el no pago oportuno», auxilio de cesantías, indemnización por despido, pago de aportes a la seguridad social en pensión, «sanción por no afiliación a fondos de cesantías», reajuste en el trabajo nocturno, dominical y festivo y los descansos compensatorios, la indemnización moratoria, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En forma subsidiaria, persiguieron la condena por cesantías e intereses, primas de servicio y vacaciones, la indemnización moratoria o la indexación, conforme lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que prestaron sus servicios en forma personal, subordinada y continua a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda., ejerciendo la función de «conductores», en los extremos temporales relacionados previamente. Relataron que el citado empleador celebró con la Cooperativa Nacional de Técnicos Ferroviarios - COONALTEF un contrato de prestación de servicios el 10 de junio de 2005, el cual tenía como propósito la «selección y administración de los maniobristas METRO y la gestión de calidad del servicio de maniobras de patios y talleres de bello del Metro de Medellín». Mencionaron que para prestar dicha tarea la Empresa

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Radicación n.° 85632 Metro de Medellín Ltda. era quien fijaba los horarios y turnos de trabajo; definía los perfiles con funciones de operación de trenes; y era quien hacía el pago de los salarios, toda vez que, aunque tal asignación era entregada por la intermediaria Cooperativa Nacional de Técnicos Ferroviarios - Coonaltef, los recursos provenían de la citada empresa de transporte. Precisaron que a pesar de que con la cooperativa accionada firmaron un «convenio de asociación», en la realidad el vínculo contractual que existió fue de naturaleza laboral con la empresa demandada que era la verdadera empleadora, ya que la prestación del servicio se dio de forma personal, subordinada y continua a ésta última, en actividades propias y exclusivas del objeto social de Metro de Medellín Ltda., desarrolladas en sus instalaciones y, además, ejecutadas con los equipos e infraestructura técnica y operativa de aquella. No obstante, indicaron que ni la cooperativa ni la empresa codemandada les reconocieron o cancelaron los derechos laborales causados a su favor, así como tampoco los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Expusieron que, a través de la comunicación del 27 de noviembre de 2006, la demandada Coonaltef les informó la terminación de «los respectivos contratos», aduciendo como causa el vencimiento del plazo contractual pactado entre «el METRO DE MEDELLÍN Y COONALTEF»; actuación que devino en ilegal e injusta, toda vez que la causal invocada no constituye motivo legal para la culminación «de la relación

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Radicación n.° 85632 laboral». Pusieron de presente que la Empresa Metro de Medellín Ltda., a pesar de que conoció del incumplimiento de las obligaciones de pago de las acreencias laborales y de cotizaciones a seguridad social a favor de los demandantes, no hizo efectiva la póliza de cumplimiento n.° CN 2005-0051 la cual tenía como objeto amparar el desembolso de salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores. Sin embargo, dijeron que la única medida adoptada fue la «imposición de multas de carácter pecuniario» a la cooperativa. Por ende, aseguraronn que esa «conducta omisiva» de las accionadas daba lugar a imponer la «sanción moratoria». Finalmente, adujeron que a través de escritos instaurados ante las llamadas a juicio los días 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2019 solicitaron formalmente el reconocimiento y pago de los derechos aquí impetrados, no obstante, la Empresa Metro de Medellín Ltda. contestó negativamente y Coonaltef guardó silencio. Al dar respuesta a la demanda, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, únicamente aceptó la calidad de socios cooperativos de los demandantes, en el marco del contrato celebrado por esa empresa de transporte y Coonaltef; el objeto social de la compañía referente al transporte masivo de pasajeros y las multas económicas aplicadas a la citada cooperativa, pero aclaró que ello no

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Radicación n.° 85632 implicaba «aceptar ninguna responsabilidad del Metro con los asociados de la Cooperativa Coonaltef ni mucho menos relación laboral alguna». Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o simplemente no le constaban. Argumentó en su defensa que esa empresa jamás celebró contrato de trabajo con los reclamantes, pues la vinculación que aquellos tuvieron se dio con la cooperativa Coonaltef, en la condición jurídica de «asociados», según lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990; nexo que se finiquitó con «plena capacidad y consentimiento» de los promotores del litigio. Destacó que, si bien en ese contexto asociativo los actores «desarrollaban» el objeto contractual pactado con la cooperativa en las instalaciones de la referida empresa de transporte, ello obedecía a que allí se encontraban los equipos y la infraestructura propia para el cumplimiento de las actividades, lo cual estaba en armonía con lo plasmado en el artículo 6 del Decreto 468 de 1990. Formuló como excepción previa la de falta de jurisdicción y competencia por «pacto de compromiso o cláusula compromisoria» y la de indebida acumulación de pretensiones. De fondo las siguientes: inexistencia del contrato de trabajo, inexistencia de subordinación, «existencia de contrato estatal de prestación de servicios entre CONALTEF y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá», carácter de autogestionaria de Coonaltef, existencia

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Radicación n.° 85632 de una relación jurídica de asociación entre Coonaltef y los demandantes, pago, inexistencia de mora y buena fe, inexistencia de los supuestos para que dé lugar a las sanciones moratorias, prescripción y compensación. El juez de conocimiento en auto del 29 de noviembre de 2010 (f.° 308) tuvo por no contestada la demanda por parte de la Cooperativa Nacional de Técnicos FerroviariosCoonaltef. Igualmente, en audiencia celebrada el 24 de enero de 2011 (f.° 309 a 311), el a quo declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la empresa de transporte; decisión que fue confirmada por el superior jerárquico en providencia del 24 de noviembre de igual año (f.° 318 a 323).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Bello - Antioquia al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 29 de mayo de 2012, decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DEL ABURRÁ y los demandantes […] existió una relación contractual de trabajador oficial, durante (sic) por el tiempo indicado, regida por el contrato de trabajo de duración indefinida, pactado por seis (6) meses y prorrogable en las mismas condiciones por periodos sucesivos e iguales, definido y amparado por el Decreto 2127 de 1945 y normas complementarias.

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Radicación n.° 85632

En consecuencia, condenó a la Empresa Metro de Medellín Ltda. a pagar a cada uno de los actores indicados en el numeral anterior, los conceptos de cesantías y sus intereses, vacaciones, prima de vacaciones, «aguinaldo», prima extralegal, prima de navidad, indemnización por despido e indexación de lo adeudado, en la suma total de:

Paula Álvarez Correa : $5.275.832,32

Juan Carlos Álvarez Serna : $8.422.827,89

Jorge Mario Herrera Puerta : $7.698.361,56

Eyser Hawder Mejía Montoya : $6.580.307,21

Rubiela María Montoya Gómez: $5.298.682,44

Paula Andrea Munera Mejía : $7.079.798,92

Mario Andrés Muñetón Palacio $5.563.355,45

Jayson F. Tamayo Cardona : $4.393.195,21

Oswaldo Adonis Vargas Usma : $9.699.294,45

Oscar Mauricio Yépez Morato : $4.393.195,21

Juan E. González Colorado : $5.275.832,32

Luis E. Jiménez Benavides : $1.459.197,56

Julián Echeverri Pineda : $1.846.291,35

Finalmente, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, absolvió de las demás pretensiones y condenó en costas de la instancia a la empresa accionada a favor de los promotores del proceso.

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P J J E R P M J O O J L J

D E M A N D A N T E

A U L A A N D R E A A L V A R E Z C O R R E A U A N C A R L O S A L V A R E Z S E R N A O R G E M A R I O H E R R E R A P U E R T A Y S E R H A W D E R M E J I A M O N T O Y A U B I E L A M . M O N T O Y A G Ó M E Z A U L A A N D R E A M U N E R A M E J Í A A R I O A . M U Ñ E T O N P A L A C I O A Y S O N F . T A M A Y O C A R D O N A S W A L D O A D O N I S V A R G A S U S M A S C A R M A U R I C I O Y E P E S M O R A T O U A N E . G O N Z A L E Z C O L O R A D O U I S E . J I M E N E Z B E N A V I D E S U L I A N E C H E V E R R I P I N E D A D E S D E 2 3 / 0 8 / 2 0 0 0 1 3 / 0 8 / 2 0 0 3 2 8 / 0 1 / 2 0 0 4 1 / 0 6 / 2 0 0 4 2 3 / 0 8 / 2 0 0 4 1 6 / 1 0 / 2 0 0 3 2 3 / 0 8 / 2 0 0 4 1 / 0 7 / 2 0 0 5 1 6 / 0 8 / 2 0 0 2

1 / 0 7 / 2 0 0 5 2 3 / 0 8 / 2 0 0 4 1 / 0 6 / 2 0 0 4 1 / 0 8 / 2 0 0 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H / / / / / / / / / / / / / A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Radicación n.° 85632

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA De manera previa a que se resolviera el trámite de segundo grado, la apoderada judicial de los demandantes, a través de escrito presentado el 13 de diciembre de 2013 (f.° 415) desistió de la acción judicial adelantada por Rubiela María Montoya Gómez, por cuanto aseguró que dicha accionante «llegó a un acuerdo, consistente en el pago de la

suma ordenada en el fallo de primera instancia»; determinación que fue aceptada por la Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en decisión del 26 de marzo de 2015 (f.° 426 y 427). Cumplido lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer de los recursos de apelación interpuestos por los accionantes y por la Empresa Metro de Medellín Ltda., puso fin a la segunda instancia mediante sentencia del 11 de abril de 2019, en el cual resolvió: CONFIRMAR la decisión que se revisa en apelación en cuanto declaró la existencia de un contrato de trabajo de plazo indefinido entre los demandantes y la EMPRESA DE TRANSPORTE

MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. - METRO DE

MEDELLÍN LTDA. con los señores PAULA ANDREA ÁLVAREZ

CORREA […] JORGE MARIO HERRERA PUERTA […] PAULA

ANDREA MUNERA MEJÍA […] MARIO ANDRÉS MUÑECÓN PALACIO […] ÓSCAR MAURICIO YÉPEZ MORATO […] y JULIÁN ECHEVERRY PINEDA […] en cuanto declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y en cuanto absolvió de las súplicas relacionadas con la prima de servicio y la prima de vida cara, el reajuste por trabajo nocturno y dominicales y festivos, descansos compensatorios y sanciones moratorias previstas en los artículos 1° del Decreto 797 de 1949 y 99 de la Ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 85632 MODIFICAR los extremos temporales de los contratos de trabajo de los señores JUAN CARLOS ÁLVAREZ SERNA, JASON

FERNEY TAMAYO CARDONA, JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ

COLORADO, LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ BENAVIDES, OSVALDO ADONIS VARGAS USMA Y EYSER HAWDER MEJÍA MONTOYA; las fechas de prescripción y de contabilización del plazo presuntivo de 6 meses señaladas por el a quo y el monto de las acreencias laborales causadas en favor de los accionantes. REVOCAR la condena en concreto de la indexación de los derechos laborales y la decisión absolutoria respecto al pago de los aportes al sistema general de pensiones y la exoneración de

la COOPERATIVA NACIONAL DE TÉCNICOS FERROVIARIOS COONALTEF. Así: Se declara que los señores JUAN CARLOS ÁLVAREZ SERNA,

JASON FERNEY TAMAYO CARDONA, JUAN ESTEBAN

GONZÁLEZ COLORADO, LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ BENAVIDES, OSWALDO ADONIS VARGAS USMA Y EYSER HAWDER MEJÍA MONTOYA estuvieron unidos mediante contratos de trabajo de plazo indefinido en los siguientes períodos: con JUAN CARLOS ÁLVAREZ SERNA del 16/04/2004 al 30/11/2006, con JASON FERNEY TAMAYO CARDONA del 01/09/2005 al 30/11/2006, con JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ COLORADO del 01/11/2004 al 30/11/2006, con LUIS

ENRIQUE JIMÉNEZ BENAVIDES del 01/11/2004 al 30/11/2006, con OSWALDO ADONIS VARGAS USMA del 01/01/2005 al 30/11/2006 y con EYSER HAWDER MEJÍA MONTOYA del 01/01/2005 al 30/11/2006. Se MODIFICA el término de prescripción señalado por el juez a quo que en este caso operan frente a los derechos laborales causados en favor de los señores demandantes […]. Excepto los relacionados con las cesantías vacaciones y prima de vacaciones cómo se explicó en la parte considerativa de esta providencia. Se MODIFICA la fecha de contabilización del plazo presuntivo y se establecen como tales las relacionadas en la parte considerativa de esta providencia. Se CONDENA a la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. - METRO DE MEDELLÍN LTDA. De manera solidaria a reconocer y pagar a cada uno de los demandantes las siguientes sumas y conceptos [salario promedio, cesantías, intereses, prima extralegal, prima navidad, vacaciones, prima de vacaciones, aguinaldo e indemnización por despido]:

Paula Álvarez Correa : $4.350.755

Juan Carlos Álvarez Serna : $5.807.333

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Radicación n.° 85632

Jorge Mario Herrera Puerta : $4.083.338

Eyser Hawder Mejía Montoya : $3.060.861

Paula Andrea Munera Mejía : $5.890.300

Mario Andrés Muñetón Palacio $4.372.600

Jayson F. Tamayo Cardona : $3.948.398

Oswaldo Adonis Vargas Usma : $3.066.262

Oscar Mauricio Yépez Morato : $2.790.477

Juan E. González Colorado : $5.650.676

Luis E. Jiménez Benavides : $3.184.892

Julián Echeverri Pineda : $2.164.393

La EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE

ABURRÁ LTDA. - METRO DE MEDELLÍN LTDA. y la COOPERATIVA NACIONAL DE TÉCNICOS FERROVIARIOS COONALTEF pagarán las anteriores condenas debidamente indexadas a la fecha de pago. Se CONDENA a la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. - METRO DE MEDELLÍN LTDA. y la COOPERATIVA NACIONAL DE TÉCNICOS FERROVIARIOS COONALTEF a pagar con destino a la entidad administradora de pensiones de preferencia de los accionantes los aportes pensionales causados y no pagados en 2006 […]. Las costas de la primera instancia corren a cargo de las demandadas. Sin costas en esta instancia. Indicó que la empresa demandada solicitó la revocatoria de la sentencia de primer grado bajo el argumento de que con los promotores del litigio no existió vínculo de trabajo alguno, dado que aquellos prestaron sus servicios en la Empresa Metro de Medellín Ltda. en calidad de asociados de la cooperativa Coonaltef y que, en todo caso, esta última jamás fue intermediaria. En forma subsidiaria, pidió que se revocara la condena impuesta por cesantías, dado que ya

fueron pagadas a los accionantes conforme a las compensaciones aprobadas por Coonaltef. Arguyó que los demandantes cuestionaron la decisión del a quo en lo referente a la negativa a imponer el pago de la sanción por la no consignación de las cesantías a la luz del

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Radicación n.° 85632 artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y por la absolución de la «indemnización moratoria» de que trata el artículo 1 del Decreto 797 de 1949; bajo el argumento de que la conducta de la empleadora estuvo revestida de mala fe. Igualmente, también mostraron inconformidad por el término de prescripción, la indemnización por despido y el pago de aportes a pensión. Frente a las materias de debate expuestas por la empresa accionada, el ad quem, luego de analizar los contratos de «asociación» celebrados por los promotores del litigio y Coonaltef, afirmó que estos contenían todos los elementos que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado necesarios para identificar una verdadera relación laboral, esto es, la actividad personal del operario, la continuada subordinación y la retribución del servicio; de manera que al tenor del principio de la primacía de la realidad consagrado en el artículo 53 de la CP confirmó lo resuelto por el a quo frente a la existencia del nexo de trabajo. En cuanto a los extremos laborales, modificó las fechas iniciales de los contratos declaradas para Juan Carlos Álvarez Serna, Jayson Ferney Tamayo Cardona, Juan Esteban González Colorado, Luis Enrique Jiménez

Benavides, Oswaldo Adonis Vargas Usma y Eyser Hawder Mejía Montoya, de acuerdo a la valoración del material probatorio, las cuales relacionó en la parte resolutiva de esta decisión.

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Radicación n.° 85632 Destacó que, en este asunto, era procedente la figura de la responsabilidad solidaria por parte de la cooperativa accionada frente al empleador, ya que, por expreso mandato legal, las cooperativas de trabajo asociado no podían actuar como intermediarias laborales. Desestimó el argumento subsidiario expuesto en relación con la «compensación» que pretendía la demandada respecto de los valores condenados por auxilio de cesantías, pues adujo que al revisar el material probatorio visible a folio 109 a 144 se encontró que el denominado concepto de «compensación básica» hacía referencia a la asignación de los demandantes y en momento alguno al pago de cesantías. Frente a la materia de estudio del recurso de casación, el ad quem al examinar si era procedente la indemnización moratoria que alude el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, así como la sanción consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, señaló que su imposición no era de aplicación automática ni inexorable, dado que para su procedencia resultaba necesario que estuviera demostrada una conducta «omisiva, negligente o descuidada» del empleador. Resaltó que de cara a estas moratorias era deber de los jueces del trabajo analizar los medios de prueba incorporados al plenario, a fin de determinar si la conducta del obligado estuvo ceñida a los postulados de la buena fe o

si, por el contrario, se actuó de mala fe y, además, si existen razones que justifiquen el no pago oportuno de la deuda laboral; pues solo en caso de que se concluya que el empleador actuó en el terreno de la buena fe sería posible

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Radicación n.° 85632 exonerarlo de las aludidas indemnizaciones. Apoyó su razonamiento citando las sentencias CSJ SL, 23 sep. 2008, rad. 33615; CSJ SL, 21 abr. 2009, rad. 35414; y CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 41725. A juicio del Tribunal, en el caso de autos la conducta desplegada por la Empresa Metro de Medellín Ltda. no podía ubicarse en el plano de la mala fe, por dos razones puntuales: la primera, porque esta sociedad «controvirtió con argumentos sólidos la reclamación formulada por los demandantes» en la instancia administrativa, con el argumento de tener la firme convicción de la existencia de una relación asociativa de los promotores del proceso con la cooperativa Coonaltef; y, la segunda, dado que según los documentos visibles a folios 75 a 89 se pudo advertir que esa entidad obligada quiso resarcir la conducta omisiva frente a los trabajadores, al imponerle una multa a la cooperativa Coonaltef por haber incumplido de manera injustificada el pago de aportes a seguridad social de los demandantes. De manera que para el juez plural el actuar de esa entidad no podía calificarse como «omisivo, negligente o descuidado»; sino, por el contrario, como de buena fe respecto

de los accionantes. Respaldó esta inferencia con lo dicho por los testigos Joaquín Alonso Pérez Agudelo y Jorge Mario Tobón González, los cuales manifestaron que la Empresa Metro de Medellín Ltda. era «quien pagaba a Coonaltef los sueldos o prestaciones sociales de los conductores» y que «no solo pagaba la

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Radicación n.° 85632 compensación a los conductores maniobristas sino un costo propuesto por Coonaltef que cubría todos los reconocimientos y beneficios que esta cooperativa esperaba y que cumplía con los términos del proceso contractual». Por lo anterior, concluyó que no prosperaba la indemnización moratoria que refiere el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, ni la sanción consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por ende, confirmó la decisión del a quo en esta temática. Finalmente, advirtió que modificaría la sentencia apelada en tres puntuales aspectos: i) en cuanto al término de prescripción; ii) frente a la indemnización por despido relativa a los salarios faltantes para cumplir el plazo presuntivo de los contratos de los actores; y iii) en relación con la condena por aportes a pensión con destino al Sistema de Seguridad Social. En cuanto a la prescripción, dijo que debía modificarse el término fijado por el a quo sobre los derechos laborales causados en general, toda vez que la regla trienal operaba sobre lo causado con anterioridad al 30 de noviembre de

2006. No obstante, frente a las vacaciones y primas de vacaciones dicha contabilización era de cuatro años y, por

ende, debía ajustarse de manera que estaba prescrito lo causado antes del 30 de noviembre de 2005; y respecto de las cesantías precisó que no operaba dicho fenómeno prescriptivo. De conformidad con lo anterior, puntualizó que se debía modificar en este sentido la decisión del a quo.

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Radicación n.° 85632 Respecto a la indemnización por despido equivalente a los salarios dejados de percibir, indicó que como en este asunto los contratos de trabajo con los demandantes se celebraron por tiempo indefinido y fueron terminados sin justa causa por la empleadora el 30 de noviembre de 2006, debía reconocerse a los actores, a título de indemnización, el valor de los salarios faltantes para cumplir el plazo presuntivo de seis meses. En consecuencia, para el caso de cada accionante, modificó la decisión apelada en este punto. Y en cuanto a los aportes a pensión, revisado el material probatorio allegado, el colegiado no encontró constancia del pago de las cotizaciones a pensión para el año 2006; de manera estimó que debía condenarse al Metro de Medellín Ltda. y a Coonaltef a sufragar lo pertinente, teniendo en cuenta los ingresos base de cotización referidos para cada demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Paula Andrea Álvarez Correa, Juan Carlos Álvarez Serna, Jorge Mario Herrera Puerta, Paula Andrea Munera Mejía, Mario Andrés Muñetón Palacio, Oswaldo Adonis Vargas Usma, Oscar Mauricio Yepes Morato, Juan Esteban González Colorado, Luis Enrique Jiménez

Benavides y Julián Echeverri Pineda, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. Frente a los restantes demandantes Eyser Hawder

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Radicación n.° 85632 Mejía Montoya y Jayson Ferney Tamayo Cardona, no se concedió el recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que esta corporación case parcialmente la sentencia impugnada, en lo referente a la absolución de la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales, al igual que la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en un Fondo; para que, en sede de instancia, revoque lo resuelto por el a quo en estos aspectos y acceda a las referidas pretensiones.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formulan tres cargos que serán estudiados en forma conjunta, dado que están orientados por la misma vía, denuncian similar elenco normativo, se complementan en su argumentación y persiguen igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa al «infringir directamente» los siguientes artículos: […] el Decreto 2127 de 1945, artículo 52 sustituido por el artículo 1o del Decreto Ley 797 de 1949 y artículo 19; los artículos, 1º, 14º y 18º del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 53 de la Constitución Política Nacional; Ley 344 de 1996, artículo 13; Ley 50 de 1990, artículo 99, numeral 3º y Decreto 1582 de 1998,

artículo 1º.

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Radicación n.° 85632 En el desarrollo de la acusación, los recurrentes cuestionan la decisión del Tribunal, única y exclusivamente, en lo referente a la absolución impartida sobre la indemnización moratoria del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, y de la sanción por no consignación de las cesantías establecida en el artículo 99, numeral 3 de la Ley 50 de 1990. Argumentan que en este asunto el juez de segundo grado «infringió frontalmente» las citadas disposiciones y a su vez los artículos 1, 14 y 18 del CST, dado que al negar la imposición de estas indemnizaciones desconoció los «principios laborales» referentes a que el juez debe «lograr la justicia en la relación de trabajadores y empleadores dentro de una coordinación económica y equilibrio social». Manifiestan que al haberse concluido que la cooperativa llamada a juicio actuó como intermediaria laboral y que fue la Empresa Metro de Medellín Ltda. la verdadera empleadora de los demandantes, dicha circunstancia «ponía de manifiesto la mala fe de las demandadas», pues, ante la probada conducta ilegal con la que actuaron en contra de los derechos de éstos, era procedente acceder a las referidas sanciones. Indican que en este asunto el juez plural debía tener en cuenta en su valoración probatoria «la injustificada renuencia de la empresa oficial a hacer efectiva la garantía o póliza de cumplimiento de que disponía para el pago de las acreencias laborales de quienes le habían prestado personalmente sus

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Radicación n.° 85632 servicios, los ahora, accionantes»; pues dicho actuar de las llamadas a juicio no las ubica en el terreno de la buena fe y, por tal razón, los argumentos expuestos para desestimar las pretensiones debatidas por parte del juez de alzada «no lucen razonables». Precisan que en el sub examine debía haberse tenido en cuenta la norma supralegal contenida en el artículo 53 de la CP, la cual es «protectiva» de los derechos de los accionantes, en cuanto al principio de favorabilidad, puesto que siendo los solicitantes trabajadores oficiales la decisión debió dirigirse a la revocatoria de la sentencia del a quo, frente a las indemnizaciones en cuestión. Puntualizan que al no aplicar las sanciones moratorias deprecadas el juez plural desconoció el precedente desarrollado por la Sala de Casación Laboral, entre otras, en las decisiones CSJ SL5415-2019 y CSJ SL539-2020, dado que en litigios en que «se debatió idéntico asunto al que ahora nos ocupa, contra la Empresa METRO DE MEDELLÍN LTDA., encontró procedente aplicar la indemnización por mora demandada». Finalmente, aluden que en el sublite, a pesar de tener demostrado que la vinculación de los demandantes fue posterior al 31 de diciembre de 1996, como lo señala el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, y de resultar aplicable a los accionantes el régimen de cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; el Tribunal negó la

indemnización prevista, pasando por alto que los argumentos

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Radicación n.° 85632 referidos a la mala fe con la que actuaron las demandadas, también hacían procedente esta sanción deprecada. Por todo ello, solicitan que el cargo prospere y se case la sentencia en los términos solicitados en el alcance de la impugnación.

VII. CARGO SEGUNDO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, bajo la modalidad de la aplicación indebida de las siguientes normas: Decreto 2127 de 1945, artículo 52 sustituido por el artículo 1o del Decreto Ley 797 de 1949 y artículo 19; los artículos, 1º, 14º y 18º del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 53 de la