CSJ - SL2355-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2355-2023 Radicación n.° 91962 Acta 31 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la UNIVERSIDAD DEL VALLE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró LUZ ADRIANA RUIZ JIMÉNEZ.

I. ANTECEDENTES Luz Adriana Ruiz Jiménez llamó a juicio a la Universidad del Valle, con el fin de que previa declaración de i) la ineficacia del Acuerdo Extraconvencional suscrito el 11 de junio de 2001 entre la convocada y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia – Sintraunicol - Seccional Cali, que modificó la CCT y, ii) que le asiste el derecho al reconocimiento de los beneficios

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Radicación n.° 91962 económicos convencionales pactados, en calidad de afiliada al sindicato y de trabajadora oficial vinculada mediante contrato a término indefinido desde el 27 de mayo de 2002. Aquella fuera condenada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales extralegales que habían pactado en los diferentes acuerdos colectivos, tales como: i) prima de navidad en la suma de $22.347.5641; ii) prima de vacaciones2 conforme al artículo 25 de la CCT de 1996, en la suma de

$8.380.337; iii) nivelación salarial de «NIVEL B»3 conforme a la Resolución n.º 2276 del 14 de diciembre de 1995, que fuera modificada por su Homóloga n.º 247 de 1996, a través de las cuales se efectuaron ajustes al escalafón de cargos de los trabajadores oficiales, «por haber cumplido con los factores de evaluación, de antigüedad, conocimientos e idoneidad y/o experiencia» que corresponde a la suma de $105.910.116 y iv) la indexación. Fundó sus peticiones, básicamente, en que ha venido prestando sus servicios para la accionada a través de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 27 de mayo de 2002 hasta la fecha de presentación de la demanda; que ha desempeñado funciones de conservación, mantenimiento y apoyo a la Universidad; que conforme al artículo 48 de los estatutos contenidos en el Acuerdo n.º 004 del 1º de octubre de 1996, tales funciones serán desarrolladas por personas 1 Años 2011 a 2016 2 Años 2011 a 2016 3 Años 2011 a 2016

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Radicación n.° 91962 que tendrán la calidad de trabajadores oficiales vinculados con contrato de trabajo a «término o indefinido». Dijo, que estaba afiliada al sindicato Sintraunicol y en tal calidad había efectuado aportes a dicha organización sindical; que por ser beneficiaria de las CCT le habían pagado otras prestaciones extralegales, en la forma ahí estipulada; que le asistía el derecho al reconocimiento de todas las

prerrogativas convencionales pactadas. Indicó, que el sindicato y la universidad, el 11 de junio de 2001, celebraron un acuerdo extra convencional, «con el fin de que los trabajadores que venían con contrato de trabajo a término fijo, o que se vincularan con posterioridad a este acuerdo, lo harían con contrato de término indefinido y se excluirían de la aplicación de algunas normas convencionales que se había adquirido» y se convino que los vinculados bajo la anterior modalidad, solo tendrían derecho a 30 días de prima de navidad, 15 por vacaciones y 15 por prima de vacaciones, auxilio de transporte y dotaciones si devengaba menos de 6 SMLMV, «perdiendo el derecho a la pensión de jubilación convencional y a la nivelación de salarios que incluso había sido avalada por Resolución de Rectoría No. 2276 de 1995». Precisó, que en uno de sus parágrafos se estableció que «los demás derechos y beneficios convencionales vigentes no modificados por el artículo 1º y sus parágrafos 1º, 2º, 3º y 4º se aplicarán para los trabajadores de que trata este artículo»; que junto con el sindicato había reclamado el reconocimiento

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Radicación n.° 91962 y pago de los derechos convencionales adquiridos, en tanto cumplía con todos los requisitos necesarios para ello como eran la prima de navidad, la prima de vacaciones, el derecho a la nivelación salarial y/o experiencia y la pensión extralegal de jubilación. Señaló, que de acuerdo con la resolución antes mencionada, la cual dio cumplimiento a la CCT vigente, creó

dos niveles adicionales; que la accionada hizo ajustes al escalafón de cargos de los trabajadores oficiales, en los que se requería acreditar unos factores de evaluación ante la comisión de nivelación, como formación académica, antigüedad laboral, conocimientos, idoneidad y experiencia; que a varios trabajadores oficiales que ocupaban igual cargo en la universidad en idénticas condiciones, se les cancelaba un mayor salario. Adujo, que para definir los requisitos para acceder al escalafón se expidió la Resolución n.º 3233 de 2012, por medio de la cual se hace modificaciones al manual único de funciones y requisitos mínimos para los cargos de trabajadores oficiales en lo relacionado con el grado n.º 2 de aseador y jardinero; que se dictó la Homologa n.º 3439 de 2012, complementaria a la anterior en la que se previó una excepción para adoptar el grado n.º 02 en los cargos mencionados, requisitos concernientes a niveles educativos, mas no diferencias en las funciones. Expresó, que desde el 3 de noviembre de 2016 y en años posteriores había solicitado a la demandada la nivelación

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Radicación n.° 91962 salarial y la aplicación de la resolución, por cumplir los requisitos exigidos en la norma para acceder al «NIVEL B» del escalafón, por tener más de 9 años de antigüedad e idoneidad certificado por su superior jerárquico y haber acreditado aptitud en el desempeñó de las funciones, nivel educativo y capacitación técnica. Mencionó, que el aludido comité no accedió a la

solicitud de nivelación salarial por cuanto el cargo de aseadora estaba incluido dentro de la modificación de la CCT y que en tal acuerdo se excluyó de la aplicación la resolución, argumento este que reiteró al dar respuesta al agotamiento de la vía gubernativa; que no se había nivelado su salario lo que si se evidenció con otros compañeros de la misma sección y de otras y con menos preparación académica y aportes institucionales, lo que ocasionó que su salario fuera inferior al de aquellos; que es notoria la desigualdad y discriminación emanada del Acuerdo Extraconvencional del 11 de junio de 2011. Reiteró, que sus compañeros que realizaban las mismas funciones se le había incrementado y nivelado el salario, como es el caso del señor Wilmer Cardona, entre otros, quien devengó $2.311.341, el cual se aumentó año por año, percibiendo para el 2015 $2.720.776 y en el año 2016 la suma de $3.068.822; que también aconteció con José Adiel Díaz, Marlene Alegría Pineda, Jair Tinoco Rivera y Luis Carlos Gutiérrez Sandoval.

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Radicación n.° 91962 Adujo, que con el mismo cargo de aseadora y en las mismas condiciones laborales devengó los siguientes salarios básicos: PERIODO VALOR De abril de 2010 a abril de 2011 $1.056.199 De abril de 2011 a abril de 2012 $1.096.338 De abril de 2012 a abril de 2013 $1.157.732 De abril de 2013 a abril de 2014 $1.325.340 De abril de 2014 a abril de 2015 $1371.992

De abril de 2015 a abril de 2016 $1435.928 De abril de 2016 a la fecha de $1.547.500 presentación Por consiguiente, se la adeudaba las diferencias por prima de navidad y prima de vacaciones y que presentó Reclamación Administrativa el 23 de enero de 2017 (f.º 3 a 14, del cuaderno n.º 1 del Juzgado). La demandada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los supuestos fácticos, admitió que la actora suscribió contrato de trabajo, bajo la modalidad indefinido, desde el 27 de mayo de 2002, para desempeñar el cargo de aseadora y la calidad de trabajadora oficial. Sobre los restantes señaló que no eran ciertos o no constituían hechos sino apreciaciones de la demandante. En su defensa, adujo que a partir de junio de 1998 la entidad atravesaba por una crisis académica, administrativa y financiera; que como mecanismo para la generación de

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Radicación n.° 91962 empleo y conjurar la crisis, el 11 de junio de 2001 se pactó con Sintraunicol, la modificación de la CCT, cuyo documento fue depositado en forma oportuna ante la autoridad competente para ello; que en atención a ese acuerdo a la demandante no le es aplicable la Resolución n.° 2276 del 14 de diciembre de 1995, mediante la cual se realizaron ajustes al escalafón de cargos de trabajadores oficiales, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la

modificación de la convención. A su favor propuso las excepciones de carencia de acción o derecho para demandar; imposibilidad de reconocimiento de privilegios o beneficios pensionales, adicionales a los establecidos en la ley; inaplicación de la convención colectiva de la cual la parte actora pretende se le deriven derechos convencionales (CCT 1996, 1997 y 1999 anteriores a la modificación del año 2001), inexistencia de la obligación, pago total de las obligaciones correspondientes al contrato laboral a cargo de mi representada y a favor de la demandante, prescripción, buena fe, compensación y la innominada (f.º 229 a 251, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 23 de septiembre de 2019, (f.º 577 a 578, en relación al CD y acta, cuaderno n.º 2 del juzgado), dispuso:

1. ABSOLVER a la UNIVERSIDAD DEL VALLE, de todas y cada una de las pretensiones de la acción incoada en su contra por la

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Radicación n.° 91962 señora LUZ ADRIANA RUÍZ JIMÉNEZ identificada con la CC No. […] conforme a las consideraciones de la presente sentencia.

2. CONSULTAR la presente sentencia con el HTS del DJC por resultar totalmente adversa a las pretensiones de la demandante.

3. CONDENAR en costas a la demandante y en favor de la demandada para lo cual se fijan como agencias en derecho en suma equivalente a $100.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por decisión del 30 de abril de 2021, resolvió: REVOCAR la sentencia apelada identificada con el No. 273 del 23 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del Acuerdo extra convencional suscrito el 11 de junio 2001 entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA ‘SINTRAUNICOL’ SECCIONAL CALI y la UNIVERSIDAD DEL VALLE y en consecuencia la no aplicación de dichos efectos jurídicos para LUZ ADRIANA RUÍZ JIMÉNEZ, por vulnerar normas constitucionales, por las razones expuestas en la considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que LUZ ADRIANA RUÍZ JIMÉNEZ tiene derecho a las primas convencionales de navidad y de vacaciones.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción con respecto a la prima de navidad causada con anterioridad al 23 de enero de 2014 y para la prima de vacaciones con anterioridad al 23 de enero de 2013.

CUARTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD DEL VALLE a pagar a LUZ ADRIANA RUÍZ JIMÉNEZ las siguientes sumas de dinero y por los conceptos: por prima de navidad $5.807.227 y por prima de vacaciones $2.840.380, sumas que deberán indexarse

al momento del pago de conformidad con lo señalado por el DANE en el índice de precios al consumidor. La demandada deberá continuar pagando las primas de navidad y vacaciones a partir del año de 2017 y los años subsiguientes en los términos indicado en la presente providencia.

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Radicación n.° 91962

QUINTO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD DEL VALLE de la pretensión de nivelación salarial prevista en la Resolución n.º 2276 de diciembre 14 de 1995, modificada por la Resolución n.º 247 de 1996.

SEXTO: COSTAS en ambas instancias a favor de LUZ ADRIANA RUIZ JIMÉNEZ y a cargo de la UNIVERSIDAD DEL VALLE. En la liquidación de esta instancia inclúyase la suma de un salario mínimo legal vigente como agencias en derecho.

El Tribunal, determinó como problema jurídico a definir i) la ineficacia o no de la modificación de la CCT acordada el 11 de junio del 2001 entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia Sintraunicol seccional Cali y la Universidad del Valle, orientada a excluir a los trabajadores oficiales que firmaran contrato de trabajo a término indefinido a partir de 1º de agosto de 2001 de algunos beneficios convencionales y, en consecuencia ii) si a la actora le asistía el derecho a que se le pagara las prestaciones convencionales excluidas como la prima de navidad y la prima de vacaciones, y iii) si tenía derecho o no a la nivelación salarial, según la Resolución n.º 2276 de 14 de diciembre de 1995 y sus modificaciones. Advirtió, que en este asunto no existía discusión, en

cuanto, a que i) la demandante estaba vinculada al servicio de la accionada, a través de contrato de trabajo a término indefinido, desde el 27 de mayo de 2002, en el cargo de aseadora, en la sección de servicios varios de la vicerrectoría administrativa4; y ii) era afiliada a Sintraunicol conforme a la 4 f.º 36 a 38

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Radicación n.° 91962 constancia aportada5; los desprendibles de pago6 y la hoja de vida7. De la Ineficacia del Acuerdo Extracontractual Trajo a colación lo expuesto en la sentencia CSJ SL1183-2019, que rememoró la CSJ SL1546-2018, en la que hizo alusión a los casos en los que es viable la revisión de la CCT, de los cuales señaló no se daban en este asunto, en tanto que no existía en el proceso prueba de que se presentó una grave alteración de la normalidad económica ni tampoco se adujo nada sobre la crisis económica en la Reforma Extraconvencional suscrita el 11 de junio de 2001. Precisó, que la modificación convencional que pretendió introducir dicho acuerdo no era admisible jurídicamente, toda vez que no incrementó beneficios sino disminuyó prestaciones convencionales e impidió la nivelación salarial, bajo el pretexto de no aplicarlo a los trabajadores que ingresaran con posterioridad al mismo y recordó lo dicho por la Corte sobre la finalidad de los arreglos convencionales en punto a que «los acuerdos modificatorios únicamente son válidos en la medida de que mejoren las condiciones pactadas

en la convención»8. Adujo, que de la lectura del artículo 1º de la citada modificación no introdujo ningún beneficio, puesto que hacía 5 f.º 40 6 f.º 149 a 171 7 f.º 262 a 569 8 CSL SL952 -2019, que recordó a su vez la CSJ SL2105-2015

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Radicación n.° 91962 referencia a los trabajadores que ingresaran mediante contrato de trabajo a término indefinido a partir del 1º de agosto de 2001, en los cargos de aseador, jardinero, electricista y plomero, solo tendrían derecho a las prestaciones de ley, no siendo una razón válida para que a la actora no se le aplicara «apartes de las convenciones colectivas celebradas por el ente universitario y la Resolución n.º 2276 del 14 de diciembre de 1995 y sus modificaciones que hacen parte de la convención colectiva, tal como se indica en el parágrafo segundo de dicha resolución». Indicó, que el a quo debió analizar la discriminación entre la demandante y los demás trabajadores sindicalizados, por el solo hecho de que ella ingresó a laborar con posterioridad a la modificación extra convencional suscrita el 11 de junio de 2011, toda vez que las tareas que correspondían a una u otra modalidad contractual o quienes hubieran ingresado con anterioridad a ese acuerdo son similares y, si bien las diferencias salariales se podían justificar por otras razones de antigüedad, estudio, etc., la sola modalidad contractual no conllevaba a que se hiciera una distinción entre la actora y los otros trabajadores sindicalizados que estén en la misma categoría máxime que

la universidad «requería de la contratación indefinida de la demandante, como trabajadora oficial, de allí que, no se desprendan motivos para que a la demandante no se le paguen los derechos convencionales que si se le dan a otros trabajadores».

Señaló que:

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Radicación n.° 91962 […] tal modificación convencional resulta contraria a la filosofía que inspira la Carta Política en materia laboral, que propugna, entre otras cosas, por la garantía de estabilidad de los trabajadores, así como por el principio de razonabilidad, conforme al cual no es de recibo que la Universidad por el hecho de vincular a la demandante mediante contrato de trabajo a término indefinido el 27 de mayo de 2002 le reste los derechos convencionales que tienen todos los trabajadores, además, las garantías constitucionales de la no discriminación contenida en el artículo 13 de la norma superior y del derecho de asociación sindical del artículo 39 del mismo convenio normativo, +en concordancia con el inciso 4º del artículo 53 y el articulo 93 ibídem, y con los Convenios 111, 87 y 98 de la OIT. Destacó lo dicho en las sentencias CC C03-1998 y CSJ SL856-2013 y concluyó que no encontraba justificación para que se excluyera a la accionante de la aplicación de las normas convencionales que se señalaron en el citado acuerdo extra convencional, por lo que declaró su ineficacia y la no aplicación de sus efectos jurídicos para la actora, «por vulnerar normas constitucionales en razón al artículo 4 de la

Constitución Política». De la nivelación salarial Exteriorizó, que la demandante perseguía la nivelación salarial por cuanto cumplía con los criterios establecidos en la Resolución n.º 2276 del 14 de diciembre de 1995 modificada por la Homologa n.º 247 de 1996 para tal efecto, al igual que sus compañeros aseadores, en razón a que ejerce ese cargo, presenta antigüedad y/o experiencia por tener más de 9 años en la demandada y la idoneidad certificada por su superior jerárquico.

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Radicación n.° 91962 Arguyó, que no le asistía el derecho a la nivelación salarial que pretendía, habida consideración de que no probó que los estudios realizados fueran compatibles con las funciones de aseadora, en tanto que el artículo 2° del mencionado Acto Administrativo n.º 2276, señalaba que para acceder al nivel A y B se debían determinar las funciones de a) de carácter general, que de acuerdo a su formación profesional o técnica especializada den apoyo a diferentes procesos académicos administrativos de la Universidad y b) de carácter particular, sus funciones corresponderán a las especialidades del área donde desempeñe funciones o técnico - especializadas. Refirió, que tampoco podría nivelar el salario respecto de sus compañeros Wilmer Cardona, José Adiel Diaz, Marlene Alegría Pineda, Jair Tinoco Rivera, Luis Carlos Gutiérrez Sandoval, a quienes señaló ejercen el cargo de aseadores y se les «niveló el salario» con fundamento en la citada Resolución n.º 2276, pues no obraba prueba de las

razones que llevó al comité de nivelación de trabajadores oficiales de la Universidad del Valle a nivelar los salarios de esos servidores. Advirtió, que si bien militaba el Acta n.º 006 del 14 de mayo de 20099, en la cual se niveló el salario, entre otros trabajadores a José Adiel Díaz, la demandante no acreditó que estaba al mismo nivel de este, ya que no demostró que se encontraba en la misma categoría esencial de ellos, en 9 f.º 32 a 35

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Radicación n.° 91962 cuanto a formación académica, antigüedad, conocimientos e idoneidad y/o experiencia, allegando como prueba los requisitos por ellos cumplidos para el efecto, con el fin de mostrar que tenía igual o mejor nivel académico y experiencia. De las primas convencionales Adujo, que en este asunto procedía la condena por las primas de navidad y vacaciones, para ello tendría en cuenta los salarios indicados en las nóminas allegadas10 y advirtió que, de cara a la primera de las mencionadas operaba parcialmente la excepción prescripción de aquellas causadas con anterioridad al 23 de enero de 2014, en razón a que la reclamación se presentó el 23 de enero de 201611 y la demanda se incoó el 30 de marzo de 201612 en virtud a lo establecido en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS. Manifestó, que la prima de navidad se liquidaría en atención a lo establecido en el artículo 26 de la CCT, que estatuye el pago de 70 días al año por este concepto y la

demandada solo satisfizo 30 días, por lo que el ente universitario debía cancelar a la actora para el año 2014 $1.182.323; para el año 2015 $1.914.571 y para el año 2016 $2.063.333, para un total de $5.807.227, la que debía ser indexada al momento del pago, sin perjuicio de las que se sigan generando. 10 f.º 147 a 171 11 f.º 16 a 18 12 f.º 14

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Radicación n.° 91962 En cuanto a la prima de vacaciones indicó que esta se reconocería de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la CCT, y como la convocada sufragó por este rubro 15 días por año cuando dicha norma consagró que son 30 días de salario básico, anotando que los valores causados con anterioridad al 23 de enero de 2013 se encontraban prescritos, por lo que se debía pagar a la accionante para el año 2013 $662.670; para el año 2014 $685.996; para el año 2015 $717.964; para el año 2016 $773.750, para un total de $2.840.380, la que debía ser indexada al momento del pago, sin perjuicio de las que se sigan generando.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Universidad del Valle, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primera instancia.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal

primera de casación, que merecieron réplica y se pasarán a estudiar en forma conjunta, por la similitud de propósitos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, la sentencia impugnada por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea del artículo 55 de la

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Radicación n.° 91962 CP en concordancia con los artículos 467 y 480 del CST, «debido a los flagrantes y manifiestos errores en que incurrió, al expresar un entendimiento que no corresponde al genuino y cabal sentido de los contenidos materiales de la Constitución, lo cual condujo al desconocimiento de la figura de la negociación colectiva» Expresa, que existe un «grave error», en la exégesis y alcance que el ad quem le otorgó al artículo 55 superior, que permite a las partes modificar las condiciones laborales respetando los derechos mínimos de los trabajadores establecidos en la ley y, además, que no estimó apropiadamente el material probatorio, lo cual condujo a que adoptara una decisión favorable a las peticiones de la demanda, al restarle validez al acuerdo modificatorio de la CCT. Reproduce un fragmento de la decisión criticada y afirma que al desconocer el colegiado el anterior acuerdo, asimismo lo hizo en relación con el derecho de negociación colectiva, trámite dentro del cual primó el respeto y cumplimiento de las formalidades legales, en tanto fue aprobado de manera unánime por la asamblea de afiliados al sindicato y la Universidad del Valle, que concluyeron la viabilidad y conveniencia, […] porque en lugar de desmejorar las condiciones de los

trabajadores que tenían contratos a término fijo, les iba a mejorar, entre otros beneficios por permitirles vincularse con la entidad de forma estable y permanente a través de la suscripción de contratos a término indefinido, además de que dichas

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Radicación n.° 91962 modificaciones de ninguna manera afectaban los derechos mínimos de los trabajadores. Para el caso de la señora LUZ ADRIANA RUIZ JIMÉNEZ, logró su contratación gracias a la modificación que permitió la contratación de otros trabajadores por primera vez, a partir del 27 de mayo de 2002, con normas establecidas, las cuales se encontraban vigentes y le son aplicables. Dice, que la decisión del Tribunal resulta violatoria del derecho a la negociación colectiva, por cuanto inaplicó una estipulación acordada entre Sintraunicol y la Universidad del Valle, en su condición de empleador. Añade, que esa contratación fue precedida de un exitoso proceso de negociación para su incorporación, por lo que era válido que, en el marco de esta, se establecieran diferentes condiciones para los trabajadores con contratos a término fijo, en comparación con los que tenían otros que no fueron modificados, porque no obstante también estar vinculados con la convocada desde el inicio, se pactaron contratos a término indefinido, al igual que los beneficios extralegales vigentes en esa época. Destaca, que el Tribunal trasgredió la ley sustancial al haber ponderado de forma errónea los derechos de la demandante con los otros trabajadores de la misma entidad que desde un principio no compartían condiciones uniformes por cuanto su contratación fue posterior a la modificación,

27 de mayo de 2002. Acentúa, que para la época en que se suscribió el referido acuerdo modificatorio de la convención, atravesaba por una situación financiera de gran complejidad, que

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Radicación n.° 91962 impedía «adquirir y/o asumir beneficios extralegales adicionales con los trabajadores que de antaño no los tenían», como en el caso de la demandante. Precisa, que la interpretación de la colegiatura fue aislada, pues no tuvo en cuenta la delicada situación administrativa y financiera de la institución en el periodo de 1998 a 2001, la cual quedó plenamente demostrada, en atención a que por la crisis se suspendieron más de 480 contratos laborales, especialmente los que se ejecutaban por intermedio de la Fundación General de Apoyo a la Universidad; que, […] incluso entró en cesación de pagos a sus pensionados por un lapso de aproximadamente 1 año; sin embargo, a los trabajadores de servicios generales que venían laborando a través de contratos a término fijo, […] de manera discontinua o interrumpida, al término de sus contratos la Universidad ofreció y materializó su vinculación con nuevos contratos a término indefinido, generando estabilidad en el empleo, y una condición más beneficiosa conforme al art. 53 de la Constitución Política, posición que fue valorada y aceptada por el Sindicato, como lo demuestra el hecho de que el Acuerdo Modificatorio de la Convención, fue aprobado por unanimidad en la asamblea general de Trabajadores y Empleados afiliados a SINTRAUNICOL seccional Cali, como da cuenta el acta número 15 de junio 11 de

2001. (Subrayas del texto original). […] a los trabajadores como a la señora LUZ ADRIANA RUÍZ JIMÉNEZ no se le desconocieron los derechos mínimos laborales otorgados por la ley, sino que se abrió la puerta a su contratación, garantizándoles una empleo estable y una condición más beneficiosa, no lesiva, a través de una adenda convencional obligatoria, a pesar de la grave situación económica de la Universidad del Valle, supuesto factico que una vez más insistimos el Tribunal no valoró, al haber omitido analizar el art. 480 del CST que justamente permite la revisión de las Convenciones Colectivas cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, como el caso que nos ocupa.

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Radicación n.° 91962 Señala, que al admitir la tesis planteada por el ad quem, al declarar la ineficacia del acuerdo modificatorio de dicha convención, constituye un antecedente de la mayor peligrosidad para su estabilidad financiera con repercusiones gravísimas sobre sus recursos, primordialmente porque la configuración de obligaciones laborales extralegales, sin contar con el debido presupuesto, además de estar prohibido legal y constitucionalmente, trae como consecuencia un desequilibrio financiero que hace insostenible fiscalmente a la institución. Reproduce los artículos 1° y 6° del acuerdo modificatorio de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre Sintraunicol y ella, y aduce que aquél estuvo precedido de la aprobación de la asamblea general del sindicato, documentado en Acta n.° 15 del 11 de junio de 2001,

momento en el que la mencionada organización, «era consciente» de que ello implicaría una negociación de derechos para los trabajadores, que pretendían modificar las condiciones contractuales para celebrar un nuevo convenio a término indefinido, pero que aun así se hacían esas concesiones, en aras de garantizar la estabilidad de otros empleados. Asegura, que el referido acuerdo modificatorio del convenio colectivo, no desconoce garantías de los trabajadores, ni afecta la igualdad, pues se trata única y exclusivamente de la facultad autónoma que tienen los sindicatos para negociar las condiciones laborales para sus afiliados, lo que en efecto ocurrió, ya que si bien la

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Radicación n.° 91962 Universidad del Valle aceptó la incorporación de un grupo numeroso de trabajadores mediante contrato a término indefinido, lo condicionó a unos derechos prestacionales, pero solo los de orden convencional, sobre los cuales las partes involucradas tenían plena libertad de negociación. Manifiesta que, bajo los anteriores parámetros, el acuerdo modificatorio de la convención, producto de negociación entre las partes, debe ceñirse a su literalidad, sin que se pueda deducir una violación del derecho a la igualdad por parte de la entidad, pues fueron esos los términos en los que se negoció, «con pleno conocimiento del sindicato a la hora de suscribirlo». Suma que Sintraunicol cuenta con los mecanismos de revisión de la convención, a través de su denuncia para modificar las cláusulas convencionales, con la presentación de un nuevo pliego de peticiones, lo que no ha ocurrido luego

de transcurridos 15 años desde la celebración del referido acuerdo, «generador de múltiples empleos». Sostiene, que el derecho a la negociación colectiva, se hace efectivo a través de la suscripción de acuerdos, como mecanismos adecuados para la solución de los conflictos de trabajo, que pueden ser modificados como ocurrió en el sub judice; asertos que respalda con las sentencias CC SU-3421995, CSJ SL,