CSJ - SL2356-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2356-2023 Radicación n.° 93890 Acta 31 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS BERNARDO MORA MENESES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró a EMPRESAS

PÚBLICAS DE MEDELLÍN.

I. ANTECEDENTES Luis Bernardo Mora Meneses llamó a juicio a Empresas Públicas de Medellín, con el fin de que previa declaración de que él, junto con su núcleo familiar, fueron excluidos sin autorización del servicio médico y odontológico, esta sea condenada al reconocimiento y pago de los daños morales y

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Radicación n.° 93890 patrimoniales ocasionados, representados en la suma de $547.697.500 y $135.737.000, respectivamente. Apoyó sus peticiones, básicamente, en que él y su familia estuvieron afiliados a la unidad de servicios médicos y odontológicos de EPM hasta el 16 de septiembre de 1987, cuando esta de forma arbitraria los retiró de los mismos; que tal conducta violentó flagrantemente los derechos adquiridos en los términos expuestos en la sentencia CC C410-1997; que el 22 de septiembre de 2014, elevaron un derecho petición ante la convocada en aras de que fueran

reintegrados a tales servicios médicos en razón al deterioro que venía presentando en su salud, siendo su respuesta desfavorable pese sus condiciones económicas. Adujo, que ante la conducta que asumió la accionada le fueron violentados sus prerrogativas fundamentales a la vida digna, igualdad, mínimo vital, tercera edad, debido proceso y derechos adquiridos; que la jurisprudencia civil reconoce la posibilidad de que se causen perjuicios morales por el incumplimiento de un contrato y el deber de quien los ocasiona de resarcirlos y que, según las sentencias de la Corte Constitucional, en materia laboral y pensional se deben respetar los «derechos adquiridos». Refirió, que ni la jurisprudencia ni la ley consagra un límite de tiempo para reclamar algún derecho fundamental, por lo que la obligación no es objeto de prescripción y que prestó sus servicios para la demandada entre el 8 de febrero

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Radicación n.° 93890 de 1965 al 28 de mayo de 1987 (f.º 2 a 10, del cuaderno principal). La demandada, se opuso a las pretensiones. Admitió, el derecho de petición y sus respuestas. En cuanto a los demás dijo que no eran ciertos y/o no constituían hechos. En su defensa, expuso que i) el demandante prestó sus servicios entre el 8 de febrero de 1965 al 6 de abril de 1987; ii) fue afiliado al ISS para cubrir el riesgo de salud desde su ingreso a la empresa y luego en enero de 1967 para las contingencias de IVM; iii) por Resolución n.º 125 del 28 de

mayo de 1987, se le reconoció la pensión de jubilación a partir del 6 de abril de esa anualidad; iv) el ISS le otorgó la pensión de vejez a través de la Homologa n.º 00369 de 1991, desde el 21 de agosto de 1990; y v) por lo anterior, se emitió el Acto Administrativo n.º 088 del 2 de abril de 1990, en la que se declaró parcialmente subrogada en el pago de la pensión de jubilación y en su artículo 4º se le puso de presente al demandante, que «la atención médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria del jubilado y la de su familia correrá a cargo del Instituto de Seguros Sociales “ISS”». A su favor, planteó las excepciones de falta de legitimación por pasiva; subrogación total en el riesgo de vejez y en salud por el ISS, extinción total de la obligación; prescripción y la genérica (f.º 92 a 111, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 93890 El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 19 de febrero de 2020, (f.º 322 a 323, en relación al acta y CD, del cuaderno principal), dispuso: PRIMERO: Se DECLARA probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, de manera oficiosa.

SEGUNDO: Se ABSUELVE a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP representado legalmente por JORGE LONDOÑO

DE LA CUESTA, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte del señor LUIS BERNARDO MORA MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 500.651, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Se CONDENA en costas a cargo de la parte demandante por haber resultado vencida en juicio y en favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, se señala la suma de $877.803, como agencias en derecho, con el fin de que sean incluidas en la liquidación de costas (Resaltado y mayúsculas en el texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por decisión del 15 de octubre de 2020, confirmó la decisión del a quo y la gravó en costas (f.º 342 a 347, del cuaderno principal).

El colegiado determinó como problema jurídico a definir i) si el demandante tenía derecho a estar inscritos en la «Entidad Adaptada servicio médicos de EPM»; ii) si contaba con un derecho adquirido a los servicios médicos y odontológicos brindados por Empresas Públicas de Medellín conforme a lo establecido en el Decreto n.º 003 de 1987; en caso afirmativo, iii) si tenía derecho a los perjuicios

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Radicación n.° 93890 solicitados, de acuerdo con las fórmulas médicas y las pruebas de todos los gastos particulares en que incurrió el actor y iv) analizar la constancia aportada, en donde un

abogado firmó el poder para que el actor se subrogara al ISS. Refirió, que en el proceso se encontraba acreditado que: i) El señor Mora Meneses laboró para EPM, entre el 8 de febrero de 1965 y el 5 de abril de 1987, conforme a la respuesta de la demanda y la resolución que reconoció la pensión de jubilación1; ii) El accionante renunció el 6 de abril de 19872; iii) Por Resolución n.º 125 del 28 de abril de 1987, Empresas Públicas de Medellín, le reconoció la pensión de jubilación, a partir del 6 de abril de 19873; iv) El actor fue vinculado al ISS por la demandada, del 8 de febrero de 1965 al 5 de abril de 1987, según los formularios de afiliación y retiro4, apareciendo otro retiro en el mes de septiembre de 19875; v) A través de la Resolución n.º 369 del 5 de febrero de 1991, el ISS le otorgó la pensión de vejez, desde el 21 de agosto de 19906; y, 1 f.º 92 y 142 2 f.º 197 3 f.º 142 a 144 4 f.º 173 a 175 5 f.º 16 6 f.º 145 a 146

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Radicación n.° 93890 vi) mediante Homologa n.º 088 del 2 de abril de 1991, EPM le reconoció al demandante el valor de la diferencia existente, entre la pensión otorgada por el ISS y la de jubilación y se dejó plasmado en el artículo 4º que «La

atención médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria del jubilado y al de su familia correrá a cargo del Instituto de Seguros Sociales ISS»7. Como marco jurídico se refirió a los artículos 130 y 236 de la Ley 100 de 1993, que fueron reglamentados a través del Decreto 1890 de 1995 y su reglado Decreto 404 de 1996, normas que reprodujo y de las que extrajo que, […] si bien la intención de la norma es garantizar la afiliación de las personas con una relación laboral anterior al 23 de diciembre de 1993 y que se encuentre vigente, o a los jubilados, y lo cierto en este evento, es que el demandante no cuenta con una relación laboral vigente y tampoco se jubiló por el sistema general de pensiones, tal y como lo exige el art. 16 del Decreto 1890 de 1995. Adujo, que lo anterior por cuanto de la prueba de f.º 142 a 144 y f.º 145, EPM le reconoció al demandante la pensión de jubilación a partir del 6 de abril de 1987 y el ISS a través de la Resolución n.º 369 de 1991, la de vejez desde el 20 de agosto de 1990, es decir, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, luego el demandante «no tiene derecho a estar en la Entidad Adaptada de Servicios Médicos de Empresas Públicas ». 7 f.º 148 a 150

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Radicación n.° 93890 Estimó, que, para efectos de determinar, si el accionante tenía un derecho adquirido frente al servicio de

salud ofrecida por la «Empresa Adaptada en Salud», debía remitirse al contenido de las Actas n.º 1115 y 1122, emanadas de la junta directiva de EPM y al Decreto n.º 003 de 1987. Refirió, que la primera de la enunciadas8 expedida el 11 de diciembre de 1986, indicó: 9.2 Informe:(...) Desafiliación del ISS y reconocimiento de pensión vitalicia de jubilación. (...) la Junta dispuso lo siguiente: 1.º Desvincular del Instituto de los Seguros Sociales a los servidores de la Entidad afiliados a partir del 18 de Julio de 1977. 2°. Autorizar al Gerente General para solicitar que ante la Junta Administradora del ISS, o ante el funcionario a quien corresponda, la desafiliación de dicho Instituto por los riesgos diferentes a los de IVM, de los servidores inscritos al mismo con anterioridad al 18 de julio de 1977 y en caso de que tal autorización sea concedida, proceda a hacerla efectiva. 3°. Conceder a todo el personal de las Empresas Públicas de Medellín, pensión vitalicia de jubilación, de conformidad con las normas legales, sin perjuicio de compartirla con la de vejez que llegue a conceder el ISS. (...)” (Resaltado fuera del texto). Por su parte, el Decreto 003 del 20 de febrero de 19879, señalaba: Artículo 1°. Vigencia y campo de aplicación. A partir del día primero (1°) de marzo de 1987, las Empresas Públicas de Medellín atenderán las prestaciones médico asistenciales establecidas en la ley para los servicios vinculados directamente

a la Entidad como Empleados Públicos, trabajadores oficiales, aprendices o pensionado, que no se encuentren afiliados al Instituto de Seguros Sociales, excepto en los casos que por estar en curso un tratamiento o por cotizaciones previas a la 8 f.º 177 a 187 9 f.º 188

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Radicación n.° 93890 desafiliación, la Entidad este subrogada por el Instituto de Seguros Sociales en dichas prestaciones. Y, en el Acta n.º 1122, emitida el 6 de abril de 198710, se dispuso: […] La Junta luego de todo lo anterior y de analizar diferentes aspectos del tema, para unificar la atención médica y procurar un tratamiento equitativo de todos los servidores de las Empresas, determinó desvincular del Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1° de julio de 1987, a los servidores de la Entidad, afiliados con anterioridad al 18 de julio de 1977. La expresión servidores a que se refiere este párrafo y el numeral 1°, de la hoja 19 del Acta 1115 de diciembre 11 de 1986, hace relación al personal activo. Como consecuencia de lo anterior dispuso reasumir para estos servidores, al igual que para los desafiliados por disposición de la Junta Directiva en sesión del día 11 de diciembre de 1986, Acta Ne. 1115, las prestaciones asistenciales y económicas de conformidad con la ley. (...)” (Resalto fuera del texto). Indicó, que de la lectura y análisis en conjunto de las actas, del decreto mencionado y de las pruebas allegadas al

plenario, era claro que al demandante le eran aplicables los numerales 2° (transcrito) del Acta n.º 1115, habida consideración de que el actor i) para la fecha de expedición de dicha acta, aún se encontraba laborando para la demandada, en tanto que la carta de renuncia era del 6 de abril de 1987; y ii) porque su afiliación al ISS, tuvo lugar el 8 de febrero de 196511, es decir, con anterioridad al 18 de julio de 1977. Añadió, que pese haberse promulgado el acta en mención durante la vinculación laboral del demandante, no 10 f.º 159 a 172 11 f.º 173

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Radicación n.° 93890 obraba prueba en el plenario que acreditara la desafiliación efectiva al ISS «por los riesgos diferentes a los de IVM» por parte EPM frente al promotor del juicio, por el contrario, se encontró que continuó vinculado al ISS hasta el 5 de abril de 1987, conforme se acredita con el formulario de retiro12, como tampoco se demostró que aquel estuvo vinculado a la «Empresa Adaptada en Salud» de EPM atención médica y odontológica, en tanto que, el certificado expedido por la unidad de servicio médico de dicha entidad en salud13, informó, que: (…) ni con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 ni con posterioridad a ella, el señor MORA MENESES se encuentra afiliado a la Unidad de Servicios Médicos (EAS 016), Empresa Adaptada en Salud, para gozar de los beneficios del Plan

Obligatorio de Salud (POS) y no registra en nuestra base de datos ningún tipo de información que evidencie algún vínculo de afiliación. (Resalto fuera del texto). Destacó, que si bien el Decreto n.º 003 de 1987, se expidió en vigencia del vínculo existente entre el demandante y EPM, no se podía concluir que al actor le era aplicable desde el 1° de marzo de 1987, toda vez que «la entidad accionada hubiera atendido las prestaciones médicoasistenciales, al tener en cuenta que el presupuesto para dicha atención era que los servidores no se encontraran afiliados al Instituto de Seguros Sociales», empero no militó medio de convicción que diera cuenta del retiro del ISS por parte de la demandada y como consecuencia de ello haya «ingresado como afiliado a la Unidad de Servicios Médicos 12 f.º 175 13 f.º 193

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Radicación n.° 93890 (EAS 016), de la Empresa Adaptada en Salud de Empresas Públicas de Medellín». Consideró que, por lo expuesto, no se podía hablar de un derecho adquirido por parte del accionante, en tanto que, este se debe avistar una vez se han cumplido los «presupuestos, condiciones o requisitos que la misma norma contempla para adquirir el derecho» y «han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona», y en este asunto, no se dieron las condiciones contempladas en el Acta n.º 1115 de 1986, al no existir prueba de la desafiliación del demandante al ISS, ni la respectiva afiliación del

demandante se generó a efectos de ser beneficiario de la prestación al servicio de salud por parte de la «Empresa Adaptada en Salud», por ende, no ingresó en su patrimonio. Respecto al tema de los derechos adquiridos, reprodujo lo dicho en la sentencia CC T177-2005, que su vez rememoró lo expuesto en la CC C168-1995 y en la providencia CC C314-2004. Ultimó, que tampoco le era aplicable al accionante el Acta n.º 1122 de 1987, por cuanto la fecha de su expedición coincidió con la de la renuncia del actor, si se tenía en cuenta que en el certificado emitido por la de la Unidad de Servicio Médico de la Empresa Adaptada en Salud, se plasmó, que: (…) el señor LUIS BERNARDO MORA MENESES (…), no disfruto de la extensión que ordenó la Junta Directiva el 01 de julio mediante Acta 1122 de 1987, donde decidió se efectuara la desafiliación de los servidores activos afiliados al ISS, con el fin de que la Empresa asumiera las prestaciones asistenciales y

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Radicación n.° 93890 económicas relativas al servicio de salud, fecha para la cual el señor MORA MENESES se encontraba desvinculado de la Organización y en calidad de jubilado (...).14

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Luis Bernardo Mora Meneses, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para

que, en sede de instancia, revoque la del a quo y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda y se provea en costas. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar de manera conjunta, porque persiguen similar propósito.

VI. CARGO PRIMERO Acusa […] la sentencia por vía directa, “por aplicación indebida, de los preceptos legales sustantivos contenidos en el Decreto 003 de 1987 numeral 1° (fl. 188), para esta fecha (1 marzo de 1987) mi poderdante aún estaba laborando, contrariando lo contenido en los arts. 53 y 58 de la Constitución Política Colombiana de 1991, al igual con el precedente jurisprudencial de vieja data de las altas cortes – Sobre Derechos Adquiridos.

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Radicación n.° 93890

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia, […] la sentencia por vía directa, “por aplicación indebida, de los preceptos legales sustantivos contenidos en el Acta 1115 (fl. 177) del 11 de diciembre de 1986 emanada de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Ya que no obra prueba en el plenario que acredite la desafiliación efectiva al I.S.S. En donde un abogado firmó el poder para que el actor se subrogara al ISS, sin la autorización expresa ni la firma de mi poderdante.

Contrariando directamente los artículos 53 y 58 de la Constitución Política Colombiana de 1991, al igual con el

precedente jurisprudencial de vieja data de las altas cortes – Sobre Derechos Adquiridos.

VIII. CARGO TERCERO Cuestiona, […] la sentencia por vía directa, “por aplicación indebida, de los preceptos legales sustantivos contenidos en el Acta 1122 (fl. 159) del 06 de abril de 1987 emanada de las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. Desde el 1 de marzo de 1987 mi poderdante ya tenía unos derechos adquiridos los cuales fueron plenamente demostrados, el señor Luis Bernardo Mora Meneses laboró hasta el 6 de abril de 1987 y fue vinculado arbitrariamente al Instituto de los Seguros Sociales y sin la firma expresa de mi poderdante el 14 de abril de 1987 (fl 175) y nuevamente fue vinculado al Instituto de los Seguros Sociales el 16 de septiembre de 1987 (fl 192). Contrariando directamente los artículos 53 y 58 de la Constitución Política Colombiana de 1991, al igual que el precedente jurisprudencial de vieja data de las altas cortes –

Sobre Derechos Adquiridos. Para demostrar los cargos, reproduce los textos de los artículos 53 y 58 de la CP y cita nutrida jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta Corporación sobre los derechos adquiridos denunciando el desconocimiento de dicho precedente judicial por parte del Tribunal.

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Radicación n.° 93890 Sostiene, que en la sentencia fustigada i) la falta de aplicación de la ley es reiterativa; ii) que se da la infracción

directa de los artículos 53 y 58 de la CP y iii) que la trasgresión de los derechos adquiridos es ostensible. Describe, en un párrafo los problemas jurídicos que el trazó el Tribunal para la resolución del asunto y advierte que este no se pronunció ni estudió respecto del contenido en el literal iv) en el que determinó «analizar la constancia aportada, en donde un abogado firmó el poder para que el actor se subrogara al ISS». Precisa, que acorde con la sentencia CSJ SCP, 17 mar. 2010, rad. 33682, se encuentra impedido para realizar algún cuestionamiento sobre los hechos probados, en punto a que i) laboró para EPM del 8 de febrero de 1965 al 5 de abril de 1987; ii) mediante Acto Administrativo n.º 125 del 28 de abril de 1987, EPM le reconoció la pensión de jubilación, a partir del 6 de abril de 1987; iii) fue vinculado al ICSS, por la entidad accionada, entre el 8 de febrero de 1965 al 5 de abril de 1987, según los formularios de afiliación y retiro; iv) a través de la Resolución n.º 369 del 5 de febrero de 1991, el ISS le reconoció la pensión de vejez, desde el 21 de agosto de 1990 y v) mediante la Homóloga 088 del 2 de abril de 1991, se le reconoció la diferencia existente, entre la pensión de vejez otorgada por el ISS y la pensión de jubilación, y se dejó plasmado en el artículo 4º de la parte resolutiva que «La atención médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria del

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Radicación n.° 93890 jubilado y la de su familia correrá a cargo del Instituto de Seguros Sociales “ISS”… ». Seguidamente, desglosa cada párrafo de lo expuesto en la sentencia criticada, así: AL PÁRRAFO 8 (Folio 5) CONSIDERACIONES: Teniendo claro el anterior recuento, para resolver el recurso de apelación, como primera medida, debemos determinar si el demandante tiene derecho a estar inscrito en la entidad adaptada de servicios médicos de EPM. Para ello, debemos retomar la regulación de las entidades adaptadas, iniciando con el art. 236 de la Ley 100 de 1993, por medio del cual se permitió que las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y entidades del sector público de cualquier orden, que con anterioridad a la Ley 100 prestaran los servicios de salud, debían transformarse en empresas promotoras de salud. RESPUESTA AL PÁRRAFO 8 (Folio 5) CONSIDERACIONES: Honorables Magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, La falta de aplicación de la Ley es reiterativa y se da una infracción directa a las Normas Constitucionales arts. 53 y 58 C.P. 1991, lo manifestado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín SALA

SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL.

El Decreto 003 del 20 de febrero de 1987 (que corresponde a la normatividad que se aportó como prueba y fue ampliamente debatido, reza en el aparte que nos interesa en su artículo 1° (fl.

188): “Artículo 1º. Vigencia y campo de aplicación. A partir del día primero (1º) de marzo de 1987, las Empresas Públicas de Medellín atenderán las prestaciones médicoasistenciales establecidas en la ley para los servicios vinculados directamente a la Entidad como Empleados Públicos, trabajadores oficiales, aprendices o pensionado, que no se encuentren afiliados al Instituto de Seguros Sociales, excepto en los casos que por estar en curso un tratamiento o por cotizaciones previas a la desafiliación, la Entidad esté subrogada por el Instituto de Seguros Sociales en dichas prestaciones” Mi poderdante presentó carta de renuncia el 6 de abril de 1987 (fl.176) y quedo plenamente demostrado y comprobado que un

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Radicación n.° 93890 abogado firmó el poder para que el actor se subrogara al I.S.S. El 8 de febrero de 1965, sin la autorización expresa ni la firma de mi poderdante, de lo anterior se colige claramente que ya había un derecho fundamental adquirido (Artículo 58 C.P.) y no era una mera expectativa. Para soportar y confirmar la anterior afirmación, las Empresas Públicas de Medellín, de manera arbitraria lo volvieron a afiliar el 14 de abril de 1987 (fl 175) sin la autorización expresa ni la firma de mi poderdante y nuevamente lo volvieron a afiliar el 16 de septiembre de 1987 (fl 192) sin la autorización expresa ni la firma de mi poderdante. A su vez obra a (folio 191) el aviso de inscripción de pensionados al ISS el 17 de junio de 1987.

Y que dice la Ley al respecto:

VULNERACIÓN AL ESTATUTO DEL TRABAJO ARTÍCULO 53

C.P.: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

AL PÁRRAFO 9 (Folio 5) CONSIDERACIONES: “Por su parte, el Decreto 1890 de 1995, que reglamenta los arts. 130 y 236 de la Ley 100 de 1993, y frente a lo que nos interesa, se estableció: “ ARTÍCULO 1º. El presente Decreto regula el régimen de transformación en Entidades Promotoras de Salud, adaptación

al Sistema de Seguridad Social o liquidación, de las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y

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Radicación n.° 93890 entidades del sector público de cualquier orden, que el 23 de diciembre de 1993 prestaban servicios de salud o amparaban a sus afiliados en los riesgos de enfermedad general y maternidad.” RESPUESTA AL PÁRRAFO 9 (Folio 5) CONSIDERACIONES: Honorables Magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, La falta de aplicación de la Ley es reiterativa y se da una infracción directa a las Normas Constitucionales arts. 53 y 58 C.P. 1991, es un desconocimiento total a la Constitución Política Colombiana, lo manifestado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se configura una vez más la vulneración al estatuto del trabajo contemplado en el artículo 53 y en los derechos adquiridos contemplados en el artículo 58 de la Constitución Política. Al traer a colación leyes posteriores para menoscabar los derechos adquiridos de mi poderdante. AL PÁRRAFO 10 (Folio 5 y 6) CONSIDERACIONES: “ARTÍCULO 10. ENTIDADES OBJETO DE ADAPTACIÓN. Las entidades a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto que vienen amparando a servidores públicos en los riesgos de enfermedad general y maternidad que se transformen en Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar prestando el servicio de salud a aquellos servidores que se encontraban

vinculados el 23 de diciembre de 1993, y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo vienen haciendo, siempre y cuando dichas entidades acrediten a la Superintendencia Nacional de Salud el cumplimiento de los siguientes requisitos: (…)” RESPUESTA AL PÁRRAFO 10 (Folio 5 y 6)

CONSIDERACIONES: Honorables Magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, La falta de aplicación de la Ley es reiterativa y se da una infracción directa a las Normas Constitucionales arts. 53 y 58 C.P. 1991, es un desconocimiento total a la Constitución Política Colombiana, lo manifestado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, Se configura una vez más la vulneración al estatuto del trabajo contemplado en el artículo 53 y en los derechos adquiridos contemplados en el artículo 58 de la Constitución Política. Al traer a colación leyes posteriores para menoscabar los derechos adquiridos de mi poderdante.

La Constitución consagra el respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta protección debe prevalecer sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían a la negación de los mismos.

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Radicación n.° 93890 AL PÁRRAFO 11 (FOLIO 6) CONSIDERACIONES: “ARTÍCULO 16. SERVIDORES DE UNA ENTIDAD OBJETO DE ADAPTACIÓN QUE SE JUBILEN. En el caso de personas que se encontraban vinculadas el 23 de diciembre de 1993 a la

entidad sujeta de adaptación, que continúen trabajando en la misma hasta el término de su relación laboral y que se jubilen con el sistema general de pensiones, la entidad objeto de adaptación recibirá de la respectiva administradora de pensiones la cotización correspondiente a salud, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, para efectos de continuar prestando el servicio a los pensionados que así lo decidan.” (Negrilla fuera del texto)” RESPUESTA AL PÁRRAFO 11 (Folio 6) CONSIDERACIONES: Honorables Magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, La falta de aplicación de la Ley es reiterativa y se da una infracción directa a las Normas Constitucionales arts. 53 y 58 C.P. 1991, es un desconocimiento total a la Constitución Política Colombiana, lo manifestado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, está trayendo a colación decretos y leyes posteriores a los derechos adquiridos que ya ingresaron a mi poderdante, como quedo plenamente demostrado y comprobado con: El Decreto 003 del 20 de febrero de 1987 (que corresponde a la normatividad que se aportó como prueba y fue ampliamente debatido, reza en el aparte que nos interesa en su artículo 1° (fl. 188): “Artículo 1º. Vigencia y campo de aplicación. A partir del día primero (1º) de marzo de 1987, las Empresas Públicas de Medellín atenderán las prestaciones médicoasistenciales establecidas en la ley para los servicios vinculados

directamente a la Entidad como Empleados Públicos, trabajadores oficiales, aprendices o pensionado, que no se encuentren afiliados al Instituto de Seguros Sociales, excepto en los casos que por estar en curso un tratamiento o por cotizaciones previas a la desafiliación, la Entidad esté subrogada por el Instituto de Seguros Sociales en dichas prestaciones” AL PÁRRAFO 12 (Folio 6) CONSIDERACIONES: “Y del Decreto 404 de 1996, que reglamentó el Decreto 1890 de 1995, se extrae: “Parágrafo. Las entidades y dependencias de entidades, a que se refiere el presente artículo, sólo podrán continuar prestando los servicios de salud, a los servidores que se encontraban vinculados a las respectivas entidades y dependencias en la fecha de iniciación de vigencia de la Ley 100 de 1993 y hasta el término de la relación laboral o

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Radicación n.° 93890 durante el período de jubilación, en la forma como lo venían haciendo, sin que se puedan realizar nuevas afiliaciones, con excepción de aquéllas necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”. RESPUESTA AL PÁRRAFO 12 (Folio 6) CONSIDERACIONES: Honorables Magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, la falta de aplicación de la Ley es reiterativa y se da una infracción directa a las Normas Constitucionales arts. 53 y 58 C.P. 1991, es un desconocimiento total a la Constitución Política Colombiana, lo manifestado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín SALA

SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, ya habían de por sí, unos derechos adquiridos en cabeza de mi poderdante, por lo que traer a colación leyes y decretos posteriores configura una vez más la vulneración al estatuto del trabajo con