CSJ - SL236-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL236-2023 Radicación n.° 71637 Acta 04 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Corte profiere la sentencia de instancia en el proceso ordinario laboral instaurado por LUIS FERNANDO PRIOLÓ

ESPITIA contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES De manera sucinta ha de recordarse que el actor demandó a la Universidad de Antioquia, con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a partir del 20 de mayo de 2004, y que a su favor se ordene el reconocimiento de las prestaciones sociales y vacaciones causadas, debidamente indexadas; la indemnización por la no consignación de las cesantías en el fondo correspondiente; los aportes al sistema de seguridad social en pensiones; lo que resulte probado de la aplicación de las facultades ultra y

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Radicación n.° 71637 extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la accionada desde el 20 de mayo de 2004, como saxofonista de la Banda Sinfónica de la institución universitaria accionada, la cual se encontraba integrada por 47 músicos de los cuales 24 estaban vinculados mediante contrato laboral y 23 a través de contrato de prestación de servicios, encontrándose él entre estos últimos, devengando una asignación mensual de $1.899.299. Añadió que la prestación del servicio y la subordinación eran idénticas para contratistas y trabajadores, pues todos

dependían del director Marco Antonio Castro Dussan, ensayaban de martes a viernes de 8:00 a. m. a 10:30 a. m., tenían concierto los jueves a las 4:00 p. m., se presentaban los domingos en el parque Bolívar con la retreta y el último domingo del mes a las 12:30 m. tenían concierto en el centro comercial Unicentro. Manifestó que cuando las directivas lo disponían, debían participar en conciertos nocturnos; que en semana santa debían ir al municipio de Marinilla para participar del festival de música religiosa; que se desplazaban con regularidad a otros municipios y ciudades para cumplir con conciertos y encuentros nacionales de bandas sinfónicas, y que debían tener disponibilidad para cuando fueran requeridos por la accionada. Señaló que todos los músicos, sin interesar el tipo de

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Radicación n.° 71637 vinculación, recibían la misma remuneración por la prestación del servicio; que la Universidad de Antioquia les suministraba los instrumentos musicales, partituras y uniformes; les realizaban exámenes de audiometría por parte de la ARL de la institución; en la mitad del año se les concedía una semana remunerada de vacaciones; les pagaban viáticos; les imponían las mismas sanciones; les suministraban el transporte; que varios fungieron como músicos en la calidad de supernumerarios de la accionada y luego fueron vinculados mediante contrato de prestación de servicios. Agregó que la relación laboral se desarrolló de manera continua e ininterrumpida; sin embargo, la accionada no le

ha cancelado prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social, recargos nocturnos y dominicales, generando con ello una discriminación. Reseñó que la asociación sindical que opera en la pasiva (Sintraunicol) pidió, como agremiación, concepto del comité de conciliación de la universidad con el fin de aplicar la Ley 1161 de 2007 a favor de los músicos; no obstante, la convocada hizo caso omiso de tal pedimento; que solicitó su nombramiento como trabajador oficial de la institución demandada de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1161 de 2007, frente a lo que el rector de la entidad demandada le respondió negativamente a través de la Resolución 27099 de 28 de noviembre de 2008, notificada el 2 de diciembre de la misma anualidad.

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Radicación n.° 71637 Al dar respuesta a la demanda, la Universidad de Antioquia se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la relación laboral; inaplicabilidad de la Ley 1161 de 2007 al caso concreto y prescripción. El Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de noviembre de 2010, resolvió: PRIMERO. DECLARAR que entre el señor LUIS FERNANDO PRIOLÓ ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía número 78.715.087, como trabajador oficial, y la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, representada legalmente por su rector, el Doctor

Alberto Uribe Correa, o por quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente sentencia, como empleadora, existe una verdadera relación de trabajo a término indefinido desde el 20 de mayo de 2004, el cual se encuentra vigente desde dicha data y sin solución de continuidad, de acuerdo con los argumentos expuestos en ésta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR, en consecuencia, a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, representada legalmente por su rector, el Doctor Alberto Uribe Correa, o por quien haga sus veces, a reconocerle y pagarle al señor LUIS FERNANDO PRIOLÓ ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía número 78.715.087, la suma total de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($28.549.362.00), la cual se detalla en los conceptos y valores que a continuación se describen: Auxilio de Cesantía $9.370.757.00 Intereses a la Cesantía $2.164.290.00 Prima de Servicios Legal $9.370.757.00 Vacaciones $4.679.211.00 Indexación $2.964.347.00 Se advierte que la suma total de dinero liquidada por concepto de Auxilio de Cesantía debe ser consignado en un fondo administrador a elección del suplicante; así como también se ordena seguir pagándosele al señor PRIOLÓ ESPITIA, todos

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Radicación n.° 71637 aquellos derechos laborales que se sigan causando, sin distinción alguna, dado que como se advirtió éste por ministerio de la ley y

en virtud del principio de la primacía de la realidad ostenta la categoría de trabajador oficial. TERCERO. DECLARAR DE OFICIO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE BUENA FE, pues ninguna de las alegadas por la parte demandada está llamada a prosperar. CUARTO. ABSOLVER, en consecuencia, a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, representada legalmente por su rector, Dr. Alberto Uribe Correa, o por quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente sentencia, de la pretensión de condena al pago de la sanción prevista en el Art. 99 de la Ley 50 de 1990, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de éste (sic) decisión. QUINTO. CONDENAR a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, representada legalmente por su rector, Dr. Alberto Uribe Correa, o por quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente sentencia, al pago de las costas en esta instancia. Liquídense por la secretaría del Despacho una vez en firme la presente providencia. La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, a través de providencia del 25 de febrero de 2015 dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia revisada por vía de apelación, proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín mediante sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de 2010, en todas sus partes, para en su lugar ABSOLVER a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA de

todas las súplicas incoadas en su contra por la parte demandante, según la parte motiva de este proveído. Implícitamente resueltos los medios de defensa formulados.

SEGUNDO: COSTAS se REVOCAN las de primera instancia, las cuales estarán a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada. Liquidación que efectuara el juzgado de origen o quien corresponda, en esta sede no se causaron.

Mediante sentencia CSJ SL603-2022, esta Sala al resolver el recurso extraordinario impetrado por el actor,

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Radicación n.° 71637 casó la decisión del Tribunal tras evidenciar la equivocación en que incurrió, ya que no es incompatible prestar servicios simultáneamente como docente hora cátedra y desempeñar un cargo en calidad de trabajador oficial, como lo es el de músico de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1161 de 2007 y del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, que permite la combinación con la docencia por hora cátedra. Para mejor proveer, se dispuso que por la secretaría de la Sala se oficiara al centro educativo demandado, para que remitiera a esta corporación, una certificación detallada que diera cuenta de los contratos suscritos con el actor, las sumas que por todo concepto le reconoció por la prestación de sus servicios tanto como músico de la banda sinfónica de dicha institución, a partir del 20 de mayo de 2004, al igual que por su desempeño como profesor hora catedra, discriminando el horario y la causa de los diferentes pagos,

con el fin de verificar la pertinencia y cuantificación de las condenas impuestas en la primera instancia. En correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2022 (fo. 75 cuaderno de la Corte), si bien la Dirección Jurídica de la Universidad de Antioquia, adujo adjuntar los documentos solicitados para mejor proveer, al analizar las certificaciones remitidas, así como el CD contentivo de la relación de pagos efectuados al actor, se advirtió que, aunque se especificó el periodo y concepto de los devengos del demandante, no se indicó a qué actividad obedecían estos, siendo necesario que se identificara en cada caso, si correspondían a la

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Radicación n.° 71637 remuneración percibida como músico de la banda sinfónica o como profesor hora cátedra. Por lo tanto, mediante proveído el 20 de septiembre de 2022 se requirió a la demandada para que certificara de manera detallada en cada caso, los montos, periodos y conceptos reconocidos a favor de Luis Fernando Prioló Espitia, identificando expresamente la actividad que se remuneró, esto es, si la de músico de la banda sinfónica o la de profesor hora cátedra desde el 20 de mayo de 2004. La anterior solicitud que fue atendida por medio de correo electrónico de fecha 7 de octubre de la misma anualidad, de la que se deriva que la labor como músico saxofonista, por la que adquirió la calidad de trabajador oficial, como se detallará más adelante, se ejecutó en las mismas anualidades en las que se desarrolló la de docente por hora cátedra, particularidad que como se vio al resolver

el recurso extraordinario no es incompatible, ello con fundamento en lo dispuesto en la Ley 1161 de 2007 y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992. La prueba referida da cuenta que el demandante prestó servicios como saxofonista hasta el 31 de agosto de 2011 y, que, por concepto de honorarios por dicha labor, percibió las siguientes sumas de dinero:

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Radicación n.° 71637 Corrido el traslado de rigor los apoderados de las partes no efectuaron manifestación alguna en torno a la información allegada.

II. SENTENCIA DE INSTANCIA La juez de primer grado fijó como problema jurídico establecer si entre las partes existió una verdadera relación laboral analizando para ello el cumplimiento de las cargas probatorias atribuibles a cada parte de cara al principio de la realidad sobre las formas, los elementos del contrato de prestación de servicios bajo las previsiones de la Ley 80 de 1993 y la vinculación de los músicos de las bandas sinfónicas de las entidades públicas.

Acudió a los artículos 174 y 177 del CPC para señalar que en el proceso laboral a la parte que afirma la existencia

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A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ñ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 O 4 4 5 5 6 6

6 7 7 8 8 8 9 9 0 1 F 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 E 0 1 4 5 8 8 9 3 4 1 2 3 8 1 6 8 C I N / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H I C 5 8 1 4 1 4 7 1 4 1 6 9 1 7 1 2 A I / / / / / / / / / / / / / / / / O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 0 1 F I F N E A 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 C L 1 1 0 1 0 8 9 2 4 1 1 9 0 1 7 1 H I Z / 0 / 1 / 0

/ 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 A A 7 2 4 2 4 7 2 4 2 8 9 2 9 1 2 8 D C / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 E I Ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 N 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 0 0 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ V C O 3 6 4 1 1 4 4 8 4 1 2 8 5 5 9 1 0 2 1 1 2 A N . 4 . 7 . 5 . 8 . 8 . 8 . 0 . 9 . 9 . 8 . 2 . 0 . 4 . 5 . 2 . 1 T L 0 6 7 0 0 0 0 9 9 2 9 5 9 0 0 5 O R 8

7 9 3 1 1 1 3 2 0 2 6 6 9 1 0 A . . . . . . . . . . . . . . . . R 1 5 0 8 1 1 9 1 0 0 0 8 4 4 2 0 T 3 7 6 1 4 4 1 9 0 0 0 0 9 5 3 0 O 0 2 5 2 9 9 5 4 0 0 0 0 5 4 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Radicación n.° 71637 de una relación de trabajo le corresponde acreditar la prestación personal del servicio, la subordinación, la remuneración percibida por ello y los extremos temporales en que se dio tal vínculo, para que una vez demostrados tales presupuestos se pudiera establecer la existencia del contrato de trabajo deprecado. En torno al principio de la primacía de la realidad, destacó que lo que realmente interesaba era aquello que sucedía en la práctica, no lo que se hubiese acordado por las partes, aun cuando se hubiere plasmado por escrito, al tenor del artículo 53 de la CP. En relación con los contratos de prestación de servicios regulados por la Ley 80 de 1993 citó su artículo 32 del que

precisó que al haberse estudiado su constitucionalidad a través de la CC C154-1997 se hizo referencia a las características de estos y se destacó que en el evento de que un contratista resultara afectado con una presunta simulación de una verdadera relación laboral por medio de la ejecución de uno o varios contratos de prestación de servicios, tenía la posibilidad de demandar el reconocimiento de la existencia de la relación laboral para así obtener el pago de los derechos surgidos de la misma. Respecto de la vinculación de los músicos de las orquestas sinfónicas al servicio del Estado, mencionó que la Ley 1161 de 2007 zanjó las distintas controversias que existían acerca de la naturaleza jurídica de sus relaciones contractuales, al establecer que estos tienen el estatus de

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Radicación n.° 71637 trabajadores oficiales y, por ende, debían vincularse mediante contratos de trabajo, ello, con la finalidad de salvaguardar los derechos mínimos e irrenunciables garantizados por el ordenamiento legal y constitucional imperante. Con el propósito de establecer el campo de aplicación de la mencionada ley consideró necesario precisar qué entidades hacían parte del Estado y por consiguiente estarían sometidas al cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 1161 de 2007, con ese fin, se refirió a los artículos 38 y 39 de la Ley 489 de 1998, así como al artículo 57 de la Ley 30 de 1992 y a la CC C220-1997 para definir la naturaleza jurídica de las universidades públicas, luego de lo que concluyó que correspondían a entes

autónomos de régimen especial que, aunque no integraban la estructura orgánica de la rama ejecutiva del poder público, sí conformaban la organización del Estado al ser organismos oficiales que cumplían una función de éste y prestaban un servicio público. Al descender al caso en concreto, y a fin de advertir si el actor cumplió con la carga de acreditar la relación laboral que predicó sostenía con la pasiva, se refirió a las pruebas documentales allegadas con la demanda inicial, así como a la declaración rendida por Juan Diego Ángel Montoya, y al informe juramentado presentado por el rector de la institución universitaria demandada. Frente a las pruebas aportadas por la pasiva relacionó los documentos arrimados con el escrito de contestación de demanda, los testimonios

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Radicación n.° 71637 de Mónica María González Franco y Jairo Cuervo Tafur y el interrogatorio de parte rendido por el promotor del litigio. Del análisis conjunto del caudal probatorio referido, señaló que no quedaba duda de la existencia de la relación laboral pretendida, por cuanto a pesar de que en los diversos documentos se aludía a que se trataba de contratos de prestación de servicios, de los restantes medios de convicción se desprendía que la actividad del actor como saxofonista de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, no había sido ni autónoma ni independiente «sino que por el contrario se trata de una prestación personal de servicios bajo la continuada subordinación y dependencia de la entidad, quien en últimas impone las directrices y orientaciones necesarias con el fin de que el objeto contractual sea llevado a cabo».

Así mismo resaltó que las funciones asignadas eran realizadas dentro de las instalaciones del centro educativo y en otras locaciones que aquel disponía, usando en todo momento los elementos de trabajo que la universidad le suministraba, tales como partituras, atriles, música y, en algunos eventos, instrumentos, cumpliendo órdenes, en los horarios y jornadas de trabajo dispuestas para ensayos y presentaciones y bajo las directrices e instrucciones impartidas por el director de la banda. Destacó que los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes no cumplieron con el presupuesto de temporalidad que se exigía para esa clase de vínculos, pues de ellos se establecía no solo la continuidad, sino

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Radicación n.° 71637 también la permanencia de la labor subordinada del actor, «en la que no se ha dado interrupción alguna desde que empezó», sin que se encontrara justificación legal para la «latente discriminación» en la contratación de los diferentes integrantes de la banda sinfónica, pues de 47 músicos, solo 23 contaban con una relación directa con la universidad, a pesar de que todos ellos ejecutaban las mismas labores, bajo directrices y órdenes, con el cumplimiento de un horario y el uso de uniformes, presentándose en conciertos y eventos en representación de la institución educativa. Indicó que la Ley 1161 de 2007 debía aplicarse en su integridad a favor del demandante por desempeñarse como músico de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, lo que por mandato expreso de tal normatividad, daba lugar a catalogarlo como trabajador oficial, vinculado mediante

una sola relación laboral sin solución de continuidad, tomando como extremo inicial el 20 de mayo de 2004, por corresponder a la calenda en que «se realizó el primer contrato de prestación de servicios entre las partes». Frente al salario se remitió al escrito de contestación de demanda en el que se indicó que el valor de la remuneración para el año 2009 correspondió a la suma de $1.889.299, lo que calificó como confesión en los términos del artículo 194 del CPC. Para los años anteriores tomó los rubros pactados como honorarios en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos y señaló que correspondió a las siguientes sumas de dinero:

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Radicación n.° 71637

AÑO MONTO

2004 $1.460.627 2005 $1.526.355 2006 $1.600.383 2007 $1.680.000 2008 $1.764.000 Se adentró en el estudio de la excepción de prescripción presentada y destacó que no se encontraba probada, en la medida que el actor pretendía el reconocimiento de los derechos laborales causados desde el 20 de mayo de 2004, frente a los que no estaba «en condiciones de reclamar» por tratarse de un vínculo vigente, no obstante presentó la demanda, «y además teniendo en cuenta que apenas con la presente decisión judicial se están declarando los derechos de la relación de trabajo a partir del principio de la realidad, sería ilógico entender que dichos derechos» se afectaron por el transcurso del tiempo, «pues apenas en ésta oportunidad se está declarando que la relación contractual que han venido desarrollando los extremos del litigio es de naturaleza laboral,

para hacer derivar de ello los derechos propios de la misma»; que la reclamación administrativa se agotó el 17 de octubre de 2008 y la demanda fue presentada el 24 de julio de 2009, motivo por el que procedió con la liquidación del auxilio de cesantías, los intereses sobre estas, la prima de servicios legal y las vacaciones, conceptos que ordenó reconocer debidamente indexados. La juez a quo al referirse a la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías, indicó que conforme

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Radicación n.° 71637 a la pacífica y uniforme jurisprudencia de esta corporación, esta sanción no procedía de manera automática y que para el caso en particular, no había lugar a su imposición ya que no avizoraba de la conducta desplegada por la demandada, una actuación de mala fe, en tanto «hasta el último momento de sus aseveraciones dentro de la presente controversia ha advertido que la vinculación del actor con el Alma Máter no es de carácter laboral, y por el contrario se ha tratado todo el tiempo de vínculos de prestación de servicios» razón suficiente para tener la creencia fundada de no deber suma alguna de dinero por concepto de auxilio de cesantías «fuente de la obligación incumplida para que se cause la sanción que se analiza». Inconforme con tal decisión la Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación, en el que señaló que entre las partes no existió relación laboral alguna, ya que la prestación de servicios se dio a través de diferentes contratos de prestación de servicios en los que nunca existió

subordinación, dado que solo se dio la coordinación de las actividades contratadas, lo que resultaba propio a la naturaleza de esta clase de vínculos, conforme fue enseñado en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 18 de noviembre de 2003, en el radicado IJ-0039, la que reprodujo en extenso. Señaló que esta Sala de la Corte ha sido reiterativa frente a la clasificación de los empleados públicos y trabajadores oficiales, manifestando respecto de los últimos las condiciones y calidades «del servicio para que se predique

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Radicación n.° 71637 la naturaleza de tales» al tenor del artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, como se estableció en la CSJ SL, 4 abr. 2001, rad. 15143, y en la CSJ SL, 27 feb. 2002, rad. 17729, de las que citó unos apartes. Aludió a la sentencia del Consejo de Estado de fecha 18 de marzo de 2005, radicado 2011-00428 (4495-2002), en torno a la no configuración de una relación laboral que genere reconocimiento y pago de prestaciones sociales para quienes laboran al Estado mediante contratos de prestación de servicios como consecuencia de la ausencia del elemento de subordinación, como a su juicio ocurría en el caso del actor. Destacó que a pesar de que el cumplimiento de un horario correspondía a un presupuesto representativo de la subordinación, en ciertos casos, solo era la manifestación de una concertación contractual entre las partes para desarrollar el objeto del contrato. Hizo hincapié en que «no se valió de subterfugios» para

disfrazar una relación laboral, por cuanto la prestación del servicio para el cual fue contratado el demandante no reunió los elementos necesarios para entender la configuración de un vínculo de carácter laboral, lo que surgía de las pruebas obrantes en el proceso, de las cuales no se desprendía subordinación, sino la prestación de un servicio personal dentro de una actividad grupal que requería la coordinación entre el director de la banda y el demandante respecto a los horarios y actividades a desarrollar en los términos de los

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Radicación n.° 71637 contratos de prestación de servicios suscritos. En cuanto a la aplicación de la Ley 1161 de 2007 refirió que era improcedente, por cuanto se le imprimieron efectos retroactivos al considerar que, «la supuesta relación laboral existente entre la Universidad de Antioquia y el demandante no fue siquiera de empleado público» que corresponde a la categoría que ostentaron los músicos vinculados a la banda, la que solo cambió en virtud del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en donde se ordenó dar aplicación a dicha ley con las indicaciones efectuadas en la CC T-813-2008 «entendiendo que la categorización como trabajador oficial se efectuaría a partir de la suscripción del contrato de trabajo, lo cual acaeció en el caso de los vinculados con la Universidad, el pasado 29 de noviembre». Adicionó que no podía darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 53 de la CP toda vez que la verdadera relación que existió con el demandante fue a través de diversos contratos de prestación de servicios, de manera que jamás existió subordinación.

Sobre la no prosperidad de la excepción de prescripción sostuvo que obedecía a una decisión arbitraria del a quo como quiera que concedió derechos prestacionales desde el año 2004 cuando la demanda tan solo vino a ser interpuesta el 24 de julio de 2009, esto es, 5 años después de que hubiera comenzado la relación laboral alegada, «lo que es abiertamente improcedente y contraevidente con lo dispuesto no sólo por el artículo 90 del C.P.C aplicable aquí en virtud de

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Radicación n.° 71637 lo dispuesto por el artículo 145 del C.P.L, sino también por lo dispuesto en el artículo 488 del C.S.T». Por su parte, el demandante en su apelación manifestó su inconformidad respecto a la absolución de la sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo, como consecuencia de la declaración oficiosa de la excepción de buena fe; discrepancia que hizo consistir en que conforme a la prueba documental y testimonial militante en el proceso, se evidenciaba que la demandada «utilizó indebidamente un contrato de prestación de servicios con una persona que a la luz de la constitución, la ley y la realidad era y es un trabajador oficial». Así mismo señaló que el contrato de prestación de servicios fue utilizado para desconocer derechos laborales «por parte de una universidad como “el alma mater” que afirma ser garante de la igualdad y la protección y la ley denota una evidente mala fe pues si alguien sabe que este tipo de vinculación no es legal son los asesores de la Universidad de Antioquia». Pues bien, con el propósito de efectuar un

pronunciamiento respecto a los reparos de las partes en contra de la sentencia proferida por la a quo, en primer lugar, es preciso establecer si se reunieron los presupuestos para declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y la demandada, como consecuencia de la prestación de los servicios que como músico de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia rindió, para luego de ello definir si

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Radicación n.° 71637 resulta dable atribuirle la calidad de trabajador oficial en los términos de la Ley 1161 de 2007 y disponer a su favor el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás derechos derivados de tal condición. 1.- De la existencia de un contrato laboral. Con el marco señalado y en consideración a la inconformidad expuesta en la alzada por parte de la demandada, es preciso indicar que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la CP surge como un mecanismo de protección al trabajador a efecto de que sus derechos no sean desconocidos a través del ropaje de contratos de prestación de servicios para enmascarar una relación laboral, por cuanto el objetivo de este principio no es otro que «determinar la situación real en que se encuentra el trabajador respecto del patrono, la realidad de los hechos y las situaciones surgidas entre estos» (CC T-992-2005), así como asegurar la prevalencia del derecho sustancial, de manera que la realidad laboral trasciende la voluntad expuesta desde el plano formal. Negar la existencia del contrato de trabajo, con el consecuente desconocimiento en el pago de los derechos

laborales y la protección propia del trabajo subordinado, como lo hace el demandado respecto del demandante, bajo el supuesto de la inexistencia de una relación subordinada, en tanto lo que existió fue tan solo una coordinación de las actividades a desplegar acorde al objeto contratado, no es un

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Radicación n.° 71637 motivo legítimo para darle trato diferente y excluirlo del ámbito protector del contrato de trabajo respecto de aquellos músicos que prestaban la misma labor al servicio de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, como quiera que de las pruebas incorporadas al proceso se desprende que el actor prestó los servicios en idénticas condiciones de subordinación que aquellos, al depender de las órdenes e instrucciones del director de la banda, al cumplir con el horario dispuesto para el efecto y emplear las herramientas y uniformes suministrados por la pasiva al igual que a los restantes músicos. Al respecto, es preciso destacar el testimonio rendido por Juan Diego Ángel Montoya, (folios 491 vuelto a 495), quien en su condición de músico de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia refirió: PREGUNTADO 1. Conoce usted al señor LUÍS FERNANDO PRIOLO ESPITIA en caso afirmativo en razón de qué y hace cuánto? RESPONDIO. Si, lo conozco porque ingreso (sic) de la banda y trabajo (sic) conmigo en el atril conmigo, por ahí unos seis años largos, mas de seis, yo lo conocí cuando entró a la banda. […] PREGUNTADO 5. Sabe usted que (sic) cargo desempeña el

demandante en la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y cuáles son sus funciones. RESPONDIO. Es instrumentista y sus funciones son interpretar cada partitura que le pongan en su atril y responder por ella. PREGUNTADO. Sabe usted si el demandante cumple un horario, en caso afirmativo cuál es ese horario y quien (sic) le impone el mismo. RESPONDIO. El horario lo impone la Universdad (sic), es el mismo horario que tenemos los de planta. Son ensayos de dos horas y media, y todos los conciertos a los que tenemos que ir, además del tiempo de estudio que requiere cada obra. PREGUNTADO. Sabe usted si al demandante le imparten órdenes o directrices y quien (sic) se las imparte. RESPONDIO. si, El director