CSJ - SL2362-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2362-2023 Radicación n.°95914 Acta 36 Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por VICENTE PÉREZ GONZÁLEZ contra la sentencia proferida el 30 abril de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra CAMPO ELÍAS TORRES PATIÑO y solidariamente contra GONZALO

TORRES SEGURA.

I. ANTECEDENTES Vicente Pérez González convocó a juicio a las citadas personas naturales, con el propósito que se declare que entre él «y los demandados» existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se desarrolló desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 20 de abril de 2016; que como

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Radicación n.° 95914 consecuencia de lo anterior, fueran condenados a sufragar a su favor los siguientes conceptos: el salario básico correspondiente del 1 de enero al 19 de febrero de 2015 por la suma total de $1.052.438,33; el saldo de comisiones equivalente a $9.225.133,00 según documentos de cuentas firmadas y aceptadas por el administrador Gonzalo Torres Segura; así como las cesantías y sus intereses, primas de servicio, vacaciones, por todo el tiempo laborado y tomando el verdadero salario devengado.

También deprecó la cancelación de las indemnizaciones por despido injusto, moratoria por el no pago de salarios o prestaciones sociales y por la no consignación de las cesantías en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; los aportes a pensiones ante Porvenir S.A., porque quien los cubrió fue él y no los accionados; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En apoyo de sus pretensiones, manifestó que en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido prestó sus servicios personales a los señores Campo Elías Torres Patiño y Gonzalo Torres Segura a partir del 12 de diciembre de 2012, desempeñándose como conductor del tractocamión de placas XIK-225 de servicio público y de propiedad del primero, mientras que el segundo fungía como administrador; que recibía órdenes de ambos accionados y su función era transportar mercancías por diferentes ciudades del país, con un horario de lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m.

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Radicación n.° 95914 Aseveró que se pactó un salario básico de $650.000 más comisiones del 10% por cada viaje realizado, es decir, devengaba un promedio de $2.000.000; que dentro del básico estaba incluido el pago de la ARP y EPS y que él debía sufragar los aportes a pensión. Añadió que no lo afiliaron a un fondo de cesantías y que los demandados le cancelaban anualmente la suma de $1.000.000 por liquidación de prestaciones sociales, monto que se aleja de la remuneración

real y que tampoco se tuvo en cuenta para el pago de la seguridad social ya que se hizo sobre el SMLMV de cada año. Aseguró que a la terminación del nexo laboral no le cancelaron la totalidad de sus salarios y prestaciones sociales y le quedaron debiendo la suma de $9.225.133 por saldo de comisiones según los cuentas firmadas y aceptadas por el administrador del vehículo. Puntualizó que los demandados le finalizaron su nexo de trabajo el 20 de abril de 2016 sin exponer ninguna razón ni adelantarle procedimiento disciplinario alguno. Narró que por cada viaje que realizaba se le expedía un manifiesto de carga en el que constaba quien le daba la mercancía que debía transportar, los datos del viaje, del propietario del vehículo y el valor del flete. Al dar respuesta a la demanda, Campo Elías Torres Patiño se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. De los supuestos facticos, aceptó la existencia del vínculo de trabajo, pero aclaró que fueron dos contratos, el primero se suscribió «en el año 2012 con fecha de terminación

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Radicación n.° 95914 en el 2014 y el otro en el 2015»; que también eran ciertos los hechos relativos al cargo para el que fue contratado el promotor del litigio; que le pagaba anualmente la suma de $1.000.000 por prestaciones sociales; que su función era transportar mercancías por diferentes ciudades del país; que el nexo finiquitó el 20 de abril de 2016 y que por cada viaje que realizaba se le expedía un manifiesto de carga. De los

demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como argumentos de defensa, expuso que las pretensiones del demandante no pueden prosperar, en la medida que no se trató de un solo contrato a término indefinido, pues fueron dos independientes, el primero, «suscrito en el año 2012», el cual fue terminado de común acuerdo entre las partes, porque el actor fue consciente de que el vehículo tractocamión no se encontraba en condiciones óptimas, pues presentó un daño que requirió varios meses en el taller para su reparación. En tal virtud, se le sufragaron todos los emolumentos que hasta ese momento se le adeudaban. Explicó que el segundo acuerdo laboral, es prueba fehaciente que siempre actuó de buena fe con el accionante, el cual se firmó en el mes de febrero de 2015 y terminó en abril del 2016 por justa causa por parte del empleador, porque el conductor incumplió compromisos de carga adquiridos al utilizar el vehículo para transportar mercancías de otras empresas que no se la habían autorizado, reproches que siempre se le hicieron de forma verbal, pero hizo caso omiso y continuó con dicho comportamiento. Agregó que, de

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Radicación n.° 95914 igual forma, a la terminación del nexo le sufragó todos los dineros que se le adeudaban según lo pactado. Propuso las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido, costumbre en el gremio y justa causa en la terminación del contrato. Por su parte, Gonzalo Torres Segura al contestar el escrito inaugural también se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que el demandante empezó a

prestar los servicios el 12 de diciembre de 2012; el cargo para el que fue contratado; el salario pactado; que fungía como administrador del vehículo que conducía el actor y que en esa calidad le daba órdenes; en cuanto a los aportes a la seguridad social, arguyó que si bien se acordó que su costo estaba incluido en el salario básico, la realidad era que él en su calidad de administrador del carro siempre le consignó todo lo atinente a ese concepto en la cuenta de ahorros n.° 24023405433, cuyo titular es la Corporación de Asesorías y Servicios Integrales, quien se encargaba de los trámites pertinentes. De los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos, no le constaban o que se trataba de puntos de derecho. En su defensa, argumentó que las súplicas incoadas no podían prosperar, toda vez que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos legalmente para ser solidariamente responsable frente a las obligaciones cuyo reconocimiento y pago reclamaba el convocante a juicio, ya que como bien lo reconocía en los hechos que narra como fundamento de sus

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Radicación n.° 95914 peticiones, solo fue administrador del vehículo tractocamión de placas XIK-225, mas no su propietario y contratista. Formuló la excepción que denominó inexistencia de la solidaridad reclamada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, con fallo del 31 de enero de 2019, resolvió:

PRIMERO: ABSOLVER a CAMPO ELÍAS TORRES PATIÑO Y GONZALO TORRES, de todas y cada una de las pretensiones formuladas por el demandante VICENTE PÉREZ GONZÁLEZ,

identificado con la C.C. N° 19.116.706 de Bogotá D.C., por lo señalado en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: EXCEPCIONES. Dadas las resultas del juicio, el Despacho se considera relevado del estudio de las propuestas.

TERCERO: COSTAS. Lo serán a cargo de la demandante. En firme la presente providencia, por secretaria practíquese la liquidación de costas incluyendo en ella como agencias en derecho la suma de $250.000.00 a favor de cada uno de los accionados.

CUARTO: Si no fuere apelada oportunamente la presente sentencia CONSÚLTESE con el SUPERIOR Las partes quedan legalmente notificadas en ESTRADOS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apeló el demandante y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 30 de abril de 2021, resolvió: PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 38 en su lugar, DECLARAR la existencia de dos contratos de trabajo entre

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Radicación n.° 95914 el demandante y el demandado Campo Elías Torres Patiño, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO. - CONDENAR al demandado Campo Elías Torres Patiño al reconocimiento y pago de la suma de $4’698.000,oo por concepto

de cesantías intereses a las cesantías, vacaciones y primas de servicios; a la suma de $2’158.333,oo por concepto de indemnización por despido y a realizar el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 2015 y el 20 de abril de 2016. TERCERO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO. - COSTAS sin lugar a su imposición en esta instancia, las de primer grado lo están a cargo del demandado Campo Elías Torres Patiño. La colegiatura refirió que, conforme al recurso de apelación, el problema jurídico que debía resolver consistía en determinar si existió la relación laboral entre el demandante y los demandados, desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 20 de abril de 2016; y como consecuencia de ello, si procede el reconocimiento y pago de las acreencias laborales deprecadas. Luego de referirse a los elementos del contrato de trabajo conforme al artículo 23 del CST, dijo que en este asunto el demandado Campo Elías Torres Patiño reconoció su condición de empleador del demandante, pero aclaró que lo fue en virtud de dos contratos de trabajo, el primero, vigente entre los años 2012 y 2014 y el segundo, a partir del 2015; y que en interrogatorio de parte también aceptó que el otro accionado Gonzalo Torres Segura fungió solo como administrador del vehículo, «cuando afirmó que suscribió el contrato de trabajo del año 2015 con el demandante y que era

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su hijo, el demandado Gonzalo Torres Segura, quien se encargaba de todo». Aseveró que en ese orden le correspondía al actor acreditar la continuidad en la prestación personal del servicio, para que en los términos del artículo 24 del CST «se pudiera presumir la existencia del contrato de trabajo»; no obstante, no existía medio de convicción dentro del plenario que permitiera colegir que estuvo vinculado mediante un único contrato de trabajo desde el año 2012, máxime que al proceso se aportó el acuerdo laboral que «éste suscribió con el demandado Campo Elías Torres Patiño», por ende, no merecía reparo la conclusión del a quo respecto a que existieron dos nexos. Explicó que lo anterior no era óbice para analizar la procedencia de las pretensiones de condena, bajo el entendido de que se está reconociendo menos de lo suplicado, como lo tiene adoctrinado esta corporación, entre otras, en las decisiones con «radicado 35.033 de 2009, 38.182 de 2011 y en forma más reciente en sentencia SL5595 de 2019». Así, la colegiatura entró a analizar la procedencia de las condenas respecto del vínculo vigente desde el 20 de febrero de 2015 hasta el 20 de abril de 2016. Frente a los salarios y comisiones indicó que el convocante al proceso solicitaba la cancelación de lo causado entre el 1 de enero y el 19 de febrero de 2015, así como el

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Radicación n.° 95914 pago de la suma de $9’225.133 por concepto de comisiones;

dijo que no había prueba alguna de la que fuera dable establecer que en el referido lapso el accionante hubiere prestado servicios personales para los demandados. En lo relativo a las comisiones acotó que, si bien en ambos nexos contractuales se le reconocieron comisiones por viaje realizado, y de tal aspecto además daba cuenta el contrato de trabajo aportado, lo cierto era que no se precisaba «en forma concreta respecto de qué viajes y periodos se reclama el pago de las mismas, lo que de suyo impide acceder a su reconocimiento». En lo que atañe a cesantías y sus intereses, vacaciones y prima de servicios aseveró el ad quem que éstas se reclamaban por la totalidad de la relación laboral, pero que, conforme a lo argumentado en precedencia, se analizarían tales conceptos frente al último vínculo de trabajo. Advirtió que el demandado Gonzalo Torres Segura al absolver interrogatorio de parte admitió que al accionante no se le efectuó el pago de dichas acreencias, en tanto se había acordado cancelarle únicamente la suma de $1.000.000 anuales, argumento que no era de recibo, dado el carácter irrenunciable de los derechos de carácter laboral que se reclamaban, razón por la que resultaba procedente acceder a su reconocimiento, teniendo en cuenta para el efecto el salario básico sufragado para el 2015, esto es, la suma de $650.000, más $1.200.000 por concepto de comisiones, toda vez que el citado accionado Gonzalo Torres Segura, en la

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diligencia aludida, dijo que ese era el monto que en promedio se le cancelaba; lo que arrojaba un total de $1.850.000. Especificó que en tal sentido correspondía otorgar a favor del demandante $2.158.334 por cesantías; $302.166 de intereses a las mismas; $1.079.166 por vacaciones; y $2.158.334 por primas de servicio; para un total de $5.698.000, monto del que se debía descontar el equivalente a $1.000.000 que acepta le cancelaron los demandados, en cumplimiento de lo acordado en el contrato de trabajo. En lo relativo a los aportes a pensión, el juez plural señaló que debía tenerse en cuenta que lo peticionado en la demanda inicial fue el pago a la AFP Porvenir S.A. de los aportes, en tanto no fueron cancelados por el empleador. Indicó que en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, era obligación afiliarlo y cubrir la parte que le correspondía de las cotizaciones a pensión, por ende, se condenaría al demandado Campo Elías Torres a que, previa realización del cálculo actuarial por parte de la administradora a la cual el trabajador se encuentre afiliado, «realice el pago de los aportes al sistema respecto del contrato de trabajo vigente entre el 20 de febrero de 2015 hasta el 20 de abril 2016». En relación con la indemnización por despido sin justa causa que prevé el artículo 64 del CST, expuso que al proceso no se allegó elemento de convicción que demostrara que al actor se le comunicaron las razones de su despido, como lo establecía el artículo 62 ibidem, por lo que resultaba

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Radicación n.° 95914 procedente condenar a tal concepto en la suma de $2.158.333. Respecto a la sanción por no consignación de cesantías a un fondo e indemnización moratoria por la falta de pago de salarios y prestaciones sociales, el juez de alzada recordó que la jurisprudencia de vieja data ha dejado sentado que las moratorias que se impongan al empleador, como lo son las previstas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, no son de aplicación automática e inexorable ante el incumplimiento por parte del éste, pues el juzgador debe analizar su conducta para determinar si hubo buena o mala fe. Insistió que en esencia al juez le correspondía «observar y calificar la buena o mala fe de la actuación del empleador ya que su aplicación no es automática»; que se debe analizar los motivos que lo indujeron a omitir el pago, ya sea total o parcial, de los salarios y prestaciones del trabajador a la terminación de la relación laboral, pues de estar esa conducta justificada con razones serias y atendibles, debidamente acreditadas en el proceso, que indiquen sin lugar a dudas que no hubo intención de defraudar al empleado y que se obró con buena fe, no procedía la aplicación de la sanciones contempladas en las normativas citadas. Dijo que, del entendimiento dado por la Corte no se desprendía que hubiere estimado que la norma legal estableciera una presunción de buena fe del empleador, sino

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Radicación n.° 95914 que «de por sí descarta cualquier presunción a su favor y aunque la norma no establece tampoco una presunción de mala fe, una vez calificada su conducta como de aquella naturaleza es en cabeza de este en quien corre con la carga de la prueba» y debe acreditar que su omisión en el pago obedeció a causas atendibles que le impidieron cumplir oportunamente. Carga que, de no cumplirse, se resuelve desfavorablemente para quien la soporta, conforme se desprende del artículo 167 del CGP. Puntualizó que en el sub judice se advertía que el demandado obró bajo el convencimiento de que existía un acuerdo al que había llegado con el accionante, plasmado en el contrato de trabajo, conforme al cual el pago de una suma cierta cubría la totalidad de las acreencias laborales, y bajo tal perspectiva, para el Tribunal no existió por parte del convocado al proceso el ánimo de defraudar al trabajador, razón por la que no accedió al reconocimiento y pago de las referidas sanciones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case parcialmente la sentencia impugnada y que, una vez constituida en sede de instancia, «mantenga el numeral

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Radicación n.° 95914 primero de la parte resolutiva de la sentencia dada por el Tribunal, CONFIRMAR los numerales PRIMERO Y SEGUNDO»

y condene a los demandados a cancelar en favor del actor «las siguientes sumas de dinero por los conceptos que se relacionan a continuación, sumas que a excepción de la indemnización por falta de consignación de las cesantías» deberán sufragarse debidamente indexadas al momento del pago, así: Indemnización por falta de consignación de los auxilios a cesantías conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, con el monto que corresponda para cada año y teniendo en cuenta el verdadero salario devengado incluyendo las comisiones El pago del salario básico de los meses del 1 de enero de 2.015 al 19 de febrero de 2.015 por un valor total de $1.052.438,33; El pago del saldo de comisiones por un valor de $9.225.133,00 según saldos de cuentas firmadas y aceptadas por el administrador señor: GONZALO TORRES. El pago de la indemnización por despido injusto proporcional a todo el tiempo laborado. El pago de la indemnización moratoria por el no pago total de la liquidación final de prestaciones sociales y salarios. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que no obtiene réplica, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de: […] la Convención de Viena contenida en la Ley 32 de 1985 sobre el Derecho de los Tratados, la cual incluye los principios de la buena fe y el pacta sunt servanda, la Ley 319 de 1996 artículo 6

la protección al trabajo y 7 en cuanto a la protección del trabajo a una remuneración que asegure como mínimo a todos los

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Radicación n.° 95914 trabajadores, condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción, y la seguridad e higiene en el trabajo que contiene el Protocolo de San Salvador en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ampliada con la Ley 16 de 1972 que adiciona la Convención Americana de Derechos Humanos la cual en su artículo primero señala la obligatoriedad de los países firmantes y en su artículo 6 prohibición de servidumbre y esclavitud. Arts. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 55, 64, 65, del C. S. del Trabajo. Art. 98 y 99 de la Ley 50/90. Ley 52 de 1975. y Arts. 1613 y 1614 del Código Civil, normas que al ser desconocidas por el ad quem llevaron a la violación de los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 94, 228, 229, 230 de la Constitución Política; los artículos del

C. S. del T. y Arts. 64, 65 modificados por los art. 28 y 29 de la Ley 789 de 2002, art. 14 y 15. Los artículos, 164, 165, 166, 167, 173, 176 del C. G. del Proceso. Arts. 60, 61, 145 del C. P. del T.

Art. 228, 229 y 230 de la C. P., quebranto que constituye además un medio para vulnerar los derechos sustanciales consagrados y perseguidos por el actor y respaldados en las normas relacionadas con los mismos derechos. En la demostración, aduce que por distintas razones el empleador violó los derechos irrenunciables del demandante consignados en un contrato de trabajo suscrito el 12 diciembre de 2012, el cual el juez de alzada convalida, pero deja de aplicar en su sentencia las normas acusadas, quebrantando el derecho sustancial y desconociendo de antemano el alcance normativo. Sostiene, previa citación de las disposiciones referidas en la proposición jurídica, que ese quebranto además constituye un medio para vulnerar «derechos sustanciales que consagran los derechos sustantivos» perseguidos por el actor, y las normas relacionadas con los mismos, como el artículo 53 de la CP; que al infringir directamente los preceptos mencionados omitió aplicar el control de convencionalidad consagrado en la Convención de Viena y demás tratados internacionales.

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Radicación n.° 95914 Arguye que el ad quem transgredió por infracción directa la Ley 32 del 29 de enero de 1985, por la cual Colombia aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que ningún Estado puede alegar la existencia de una norma interna para excusarse de cumplir los pactos internacionales.

Seguidamente expone: En esta norma, dejada de aplicar no solo por rebeldía, sino por

desconocimiento, quedó consagrado el principio de convencionalidad que es ya jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxime cuando nuestra Carta Política es clara en los términos de los artículos 93 y 94 como un imperativo jurídico. Lo sustancial de este precedente fue desconocido por el Tribunal, el cual todos los jueces deben aplicar como he reiterado en este texto. El Control de Convencionalidad establecido entre las normas jurídicas internas es competencia de los administradores de justicia y es su deber tener en cuenta no solamente el Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]. Asegura que la infracción directa consistió en que el Tribunal, como representante del Estado colombiano, al tenor del artículo 25 de la CP le correspondía darle esa

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Radicación n.° 95914 especial protección al trabajo del demandante, no quiso admitir que Colombia, como país miembro de la comunidad internacional, al tenor del artículo 9 Constitucional hizo suyos los principios de derecho internacional público, tales como el «pacta sunt servanda y res inter allios acta». Indica que el operador judicial de segunda instancia, pese a que determinó que existió una relación laboral, desconoció los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, desprotegiendo al trabajador y dándole validez a unos dichos de la empresa y no los documentos aportados en el proceso y «que establecen la relación laboral de forma verbal. Generando con ello la servidumbre durante más de 3 años a una persona que había claramente firmado un contrato de trabajo». Señala que el juez de apelaciones legaliza el «proceder déspota» del empleador que lo contrata para laborar como conductor «en forma verbal simulando un contrato diferente, para desconocerle al trabajador sus derechos irrenunciables a los salarios y prestaciones sociales». Seguidamente, afirma que la colegiatura reconoce el contrato de trabajo y ordena el pago de primas, vacaciones, cesantías y sus intereses e inclusive la cancelación de la seguridad social en pensiones, pero desconoce los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST al manejar el concepto de buena fe que en el sub judice no se configura, sino que hay mala fe al dejar el empleador de cotizar a la seguridad social en pensiones con el verdadero salario devengado por el demandante.

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Luego indica que: No fue conforme al deber de especial protección que debe dar el Estado al trabajo, en todas sus modalidades, que el Tribunal hubiese dejado de aplicar el artículo 6, 7° del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado por la ley 319 de 1996, que consagra la estabilidad en el empleo y el derecho a la readmisión en él cuando el despido haya sido injustificado o arbitrario, violado por infracción directa, sobre todo si sabía que esta norma prevalece en el orden interno, es decir sobre las formas perversas de contratar a través de contratos de prestación de servicios, al tenor del artículo 93 de la Constitución Política y más aún cuando se ha declarado el contrato de trabajo de forma indefinida por el juez de primera instancia, lo cual adeuda los derechos y garantías legales y convencionales.

Reitera en que el ad quem no debió inaplicar los artículos 6 y 7 literales a), d), y e) de la Ley 319 de 1996, «norma internacional» que reconoce un derecho humano fundamental, consistente en la estabilidad en el empleo, mediante la garantía a la remuneración y prestaciones sociales «revocando la sentencia del Juez de primera instancia, máxime si se puede establecer dentro del expediente la configuración de un contrato de trabajo indefinido de forma verbal, con el demandante, y como consecuencia se debió además ordenar el pago de las prestaciones dadas por el juez de primera instancia».

Asevera que: […] era de simple lógica jurídica, que ante dos normas, una, el

artículo 6 y 7° de la Ley 319 de 1996, perteneciente al bloque de constitucionalidad, que garantiza la estabilidad en el empleo y la continuidad de la relación laboral, que el tribunal deja de aplicar para darle prelación a los que no es parte esencial del proceso y que legaliza la servidumbre por más de 2 años del demandante la injusticia, proscrita constitucionalmente y permite a un patrono, al mejor estilo de una esclavitud moderna, debió el Tribunal aplicar la que más estuviera conforme con los contenidos materiales de la Constitución, que naturalmente es la norma internacional, máxime cuando prevalece en el orden

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Radicación n.° 95914 interno al tenor del artículo 93 ibídem, amén de así suponerse en aplicación del principio de favorabilidad en una de sus reglas pro operario: “de la aplicación de la norma más favorable”. Refiere que el sentenciador de alzada, en su aplicación de los artículos 23 y 24 del CST, conociendo que existió un contrato a término indefinido entre los demandados y el demandante, comete una injusticia frente a la relación obrero – patronal, al no ordenar el pago de los salarios insolutos, entre ello, las comisiones. Por último, puntualiza que si el ad quem hubiese aplicado las normas citadas, que le ordenaban garantizar la relación de trabajo «contrato realidad, la estabilidad y continuidad en el empleo al demandante», en apoyo de los artículos 6 y 7 literales a), d), y e) de la Ley 319 de 1996 y de

la Convención Americana de Derechos Humanos, «habría confirmado el fallo del juzgado y ordenado el pago de sus salarios y prestaciones sociales, las indemnizaciones del articulo 65 y la establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990», al haber considerado que existía un contrato de trabajo indefinido, tal como se pidió en la demanda inicial con el pago de los salarios causados durante el tiempo que dure la relación laboral.

VII. CONSIDERACIONES Dada la senda directa seleccionada para orientar el ataque, en este asunto no son objeto de discusión los siguientes fundamentos fácticos establecidos por el Tribunal: i) que entre el accionante y el demandado Campo Elías Torres

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Radicación n.° 95914 Patiño existieron dos contratos de trabajo, en los cuales el primero se desempeñó como conductor del vehículo tractocamión de placas XIK225 de propiedad del segundo; ii) que como salario se pactó un básico más comisiones; y iii) que las partes acordaron que el trabajador recibiría anualmente la suma de $1.000.000 por concepto de prestaciones sociales. En este asunto, a la Sala le corresponde elucidar si el juez de segundo grado quebrantó, por infracción directa, las normas e instrumentos internacionales que se denuncian en la proposición jurídica; más concretamente la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, aprobada por la Ley 32 de 1985, artículo 27; el pacto de San Salvador que adicionó la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado por la Ley 319 de 1996, artículos 6 y 7 literales a),

d) y e); los artículo 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, al no acceder a las pretensiones en los términos demandados, en especial a las indemnizaciones moratorias y la continuidad del contrato de trabajo desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 20 de abril de 2016. Frente a