CSJ - SL2378-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2378-2023 Radicación n.° 92241 Acta 36 Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por SEGURIDAD ATLAS LTDA., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró SANDRA PATRICIA ACOSTA GIRALDO contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES Sandra Patricia Acosta Giraldo demandó a Seguridad Atlas Ltda., con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 9 de marzo de 2009 y el 21 de julio de 2015, el cual terminó de manera unilateral e injusta por la convocada, a pesar de que se encontraba «bajo restricciones médicas, sin terminar proceso

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Radicación n.° 92241 de rehabilitación en el marco de accidente laboral» y, por ende, en estado de debilidad manifiesta, y sin la autorización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En consecuencia, solicitó ser reintegrada a su cargo o a otro acorde con sus condiciones de salud, sin solución de continuidad; así mismo que la demandada fuera condenada al pago de la indemnización dispuesta en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al reconocimiento de los salarios dejados de percibir, las primas de servicios,

cesantías e intereses a las mismas, la indexación de las condenas y las costas del proceso. De manera subsidiaria deprecó el pago de la indemnización por despido injusto. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que celebró un contrato de trabajo con la empresa, a término indefinido, para desempeñar el cargo de guarda de seguridad, el cual operó dentro de los extremos temporales ya referidos y fue finalizado de manera unilateral por parte de su empleador. Informó que prestó servicios de manera personal, atendiendo directamente las órdenes de la empleadora sin que se llegara a presentar queja alguna o llamado de atención en su contra; además que entre los años 2015 y 2016 su empleadora «realizó diversos despidos a personal con restricciones médicas» en muchos casos alegando justa causa.

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Radicación n.° 92241 Relató que el 19 de diciembre de 2011 sufrió un accidente de trabajo que le causó «trauma en zona glútea y pelvis y en rodilla izquierda» y dio lugar a la emisión de restricciones médicas, por lo que el 13 de enero de 2012 fue ubicada en el Liceo Francés, que era un puesto en el que podía cambiar de posición «parada – sentada»; que en aquel sitio prestó servicios hasta el 21 de julio de 2015 fecha en la que le fue terminado el contrato. Puso de presente que en el examen de egreso que le fue practicado se refleja su estado de salud al finiquito del nexo laboral, y que, debido a ello, acudió ante el Ministerio de

Trabajo en donde el 11 de agosto de 2015 se llevó a cabo una audiencia de conciliación que fracasó. Enfatizó en que desde la ocurrencia del accidente de trabajo, se le realizaron diversos tratamientos «como medicamentos, parches, terapias, infiltraciones» empero, el dolor que padece se le agudiza y presenta adormecimiento en la pierna, motivo por el que, después de finalizado el contrato, fue remitida por su ARL a Fisiatría Clínica del Dolor, en donde se le indicó que «había perdido los nervios sensitivos» y se le ordenaron hidroterapias, se le efectuaron bloqueos, terapias neurales y psicológicas; que a pesar de estas, continua con limitantes físicos pues «no puede usar bicicleta, correr, caminar rápido ni trayectos largos, ni permanecer periodos prolongados en una misma posición». Adujo que el 12 de noviembre de 2015 le dieron la primera orden para calificación de pérdida de capacidad

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Radicación n.° 92241 laboral, la que se reiteró el 9 de diciembre siguiente, así como en junio de 2016, sin que tal valoración se hubiera realizado a la fecha en la que se interpuso la demanda inaugural. En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, señaló que el 5 de junio de 2015 se encontraba prestando sus servicios de apoyo en la portería del Liceo Francés, día en que se celebraba la despedida de los alumnos del grado 12 de la institución, quienes se encontraban en una actividad llevada a cabo «en la calle», razón por la que a las 7:54 a. m.,

aproximadamente 18 de ellos, dentro de los cuales estaba Daniela Gómez, solicitaron que les guardaran sus maletines, los que se recibieron de acuerdo a la orden impartida por el colegio. Destacó que aproximadamente a las 9:11 a. m. la alumna ya mencionada retiró su maletín de la portería, lo colocó en el suelo y «sacó algo de él», que no pudo visualizar, en tanto aquella, se encontraba con dos compañeras quienes estaban al frente y le obstaculizaron la visión incluso el de la cámara de seguridad, «después de lo cual entregó de nuevo el maletín en portería». Indicó que ese mismo día los estudiantes del grado 12 empezaron a retirar sus pertenencias a la 1:00 p. m., a excepción de Daniela Gómez, quien tan solo lo hizo el 9 de junio siguiente, a las 2:00 p. m., junto con una pistola de agua de una de sus compañeras; calenda en la que la alumna manifestó, que en el maletín había dejado un portátil y no estaba allí.

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Radicación n.° 92241 Señaló que era costumbre de los estudiantes y del personal de la institución educativa dejar elementos en la potería para recogerlos posteriormente; sin embargo, no existía un procedimiento definido para ello. Finalmente expuso que el 21 de julio de 2015 su empleador le comunicó la terminación del contrato de trabajo con justa causa, con fundamento en los hechos antes narrados, pese a encontrarse con restricciones médicas y en proceso de rehabilitación, como consecuencia del accidente

laboral que había sufrido. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió los extremos de la relación laboral, el cargo desempeñado por la promotora de la contienda, la ocurrencia del accidente de trabajo en diciembre de 2011, su último lugar de labor, la diligencia de conciliación llevada a cabo ante el Ministerio de Trabajo, los tratamientos médicos recibidos de parte de la ARL a la que se encontraba afiliada la trabajadora así como los hechos ocurridos el 5 y 9 de junio de 2015 con la aclaración de que «las consignas particulares del Liceo Francés prohíben guardar paquetes o bolsas en la portería». Frente a los restantes supuestos fácticos adujo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa aseveró que la actora no acató lo establecido en las consignas particulares del Liceo Francés, de no dejar en portería ningún paquete o bolsa recomendada, situación considerada como falta grave en el reglamento

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Radicación n.° 92241 interno de trabajo y en el CST y, por ende, meritoria de la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Agregó que la trabajadora, para la fecha en que se produjo su desvinculación, no presentaba limitación alguna para laborar y no había sido valorada para determinar un grado de discapacidad que la obligara a solicitar ante el Ministerio de Trabajo autorización para proceder a su desvinculación, menos cuando no existía nexo de causalidad entre el despido y estado de salud.

Propuso como excepciones de fondo las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; falta de legitimación en la causa; compensación; pago; buena fe; prescripción y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 4 de septiembre de 2017 absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda e impuso las costas a la actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA El expediente fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la decisión de primer grado, no obstante, como la actora

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Radicación n.° 92241 desistió de tal actuación, el colegiado conoció exclusivamente en grado jurisdiccional de consulta y mediante sentencia del 28 de noviembre de 2019 dispuso: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia N° 334 del 4 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciudad, y en su lugar, DECLARAR INEFICAZ el despido realizado el 21 de julio de 2015 por la demandada Seguridad Atlas Limitada a la demandante Sandra Patricia Acosta con fundamento en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la empresa SEGURIDAD ATLAS LTDA., a reintegrar a la demandante SANDRA PATRICIA ACOSTA GIRALDO al mismo

cargo o de (sic) semejante al que desempeñaba al momento del despido, sin solución de continuidad.

TERCERO: CONDENAR a la demandada a pagar a la demandante los salarios, prestaciones, aportes parafiscales de la seguridad social desde la fecha del despido hasta el reintegro efectivo.

CUARTO: CONDENAR a la demandada a pagarle a la demandante por concepto de indemnización de 180 días prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la suma de $3.866.100.

QUINTO: COSTAS en ambas instancias a cargo de la parte demandada. Como agencias en derecho en esta instancia es de

(sic) $2.000.000. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural consideró como fundamento de su decisión, que para que prosperara la ineficacia del despido por estabilidad laboral reforzada, con base en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, era necesario que el trabajador se encontrara en debilidad manifiesta, esto es, en un estado de vulnerabilidad que se expresara a través de factores que afectan su salud, bienestar físico, mental o fisiológico, sin que se requiriera estar calificado con un determinado porcentaje para tener derecho a la prerrogativa analizada,

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Radicación n.° 92241 como se dijo en las sentencias CC C824-2011 y CC C6062012 y CC SU049-2017. Descendió al caso objeto estudio y sostuvo que al analizar en conjunto el material probatorio que reposaba en

el expediente, no existía controversia alguna sobre la existencia del contrato laboral que unió a las partes ni sus extremos temporales; tampoco que el día 19 de diciembre 2011 la trabajadora sufrió un accidente de trabajo y, que el vínculo finalizó el 21 de julio 2015, calenda en la que la demandada le comunicó la decisión de darlo por terminado unilateralmente con justa causa. Precisó que era pertinente indagar si la demandante se encontraba en estado de debilidad manifiesta y si este era conocido por el empleador, para luego establecer si existió una justa causa para despedirla. Con el fin expuesto destacó que del material probatorio aportado por la demandada se observaba a folio 62, el memorando interno SJS0342-11 de fecha 6 de septiembre de 2011 suscrito por Mónica Flórez López, jefe nacional de salud ocupacional y medio ambiente, dirigido al analista de programación y jefe de servicio cliente zona, en el cual se informaba que, de acuerdo con la valoración realizada por la EPS a la ahora demandante, Sandra Acosta, se emitían varias recomendaciones por dos meses. Así mismo se remitió al memorando interno de enero 2012, en el que se informó que, de acuerdo con la valoración

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Radicación n.° 92241 médica de la EPS, la accionante «ya cumplió el tiempo de recomendaciones médicas y que se puede reintegrar a laborar sin dificultad en el puesto de trabajo». Pese a lo anterior, para el fallador plural resultó fundamental el hecho 2.3 de la demanda, en el que la actora afirmó que le practicaron un examen de egreso que reflejaba

su estado de salud al finiquito del nexo contractual, hecho respecto del cual se contestó «es cierto, que en el examen de egreso practicado se dejaron como constancia las manifestaciones efectuadas por la demandante en la realización del mismo». Procedió a revisar el examen de egreso obrante a folio 75 y aseveró que en él se refería como antecedente, un accidente de trabajo con síntomas residuales que requería control por la ARL y en el que se dejaba como recomendaciones el realizarse control con fisiatría, «lo que denota que la demandante se encontraba en un estado de debilidad, producto de un accidente de trabajo, estado conocido por el empleador». Puso de presente que para descartar que la terminación del vínculo fuera discriminatoria, se debía analizar si existió una justa causa que pudiera exonerar a la empresa de la solicitud de permiso para el efecto, ante el Ministerio de Trabajo, para lo cual, además, era preciso tener en cuenta que a la trabajadora le correspondía acreditar el despido, hecho indiscutido en este asunto, y al empleador la justificación de este, como se enseñó en las sentencias CSJ

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Radicación n.° 92241 SL, 17 feb. 2009, rad. 33758, CSJ SL, 16 may. 2001, rad. 14777, de las que reprodujo unos apartes. Así se ocupó de verificar si la empleadora probó la existencia de la conducta endilgada como meritoria de la desvinculación y si esta constituía razón suficiente para dar por dar por finalizado el contrato de trabajo. Destacó que la demandada recibió los descargos de la

actora el día 19 de junio 2015 «por la situación que se presentó con la alumna de grado 12, a quien se le perdió un computador de un maletín que le dio a guardar en la portería del colegio Liceo francés, lugar donde prestaba servicio como guarda de seguridad»; oportunidad en la que aquella admitió haber recibido el maletín. Anotó que dentro de las consignas particulares del formato de calidad de Seguridad Atlas la trabajadora «no podía guardar elementos», lo que se respaldó además con un formato de consignas particulares, (fos. 79 a 81) y adujo que tal proceder había sido el generador de la ruptura contractual. Acotó que de «la carta de despido», se desprendía que como causales de terminación se invocaron los literales a), b), c), e i), de la cláusula primera del contrato individual de trabajo; la cláusula quinta en sus literales a) y p); el artículo 54 numeral 1 del reglamento interno de trabajo; los artículos 56 parágrafo 1 numeral 26, 62 literal a) numerales 4 y 6 del mismo reglamento, en concordancia con el Decreto 2351 de

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Radicación n.° 92241 1965 en los numerales 4 y 6 del literal a) del artículo 7. Añadió que la pasiva no allegó el reglamento interno de trabajo a efectos de que pudiera verificarse si las conductas desplegadas por la actora eran consideradas como graves por parte de la empresa, de conformidad con lo manifestado por la demandada en la contestación de la demanda. De ahí que

le correspondiera establecer si la aludida conducta constituía una justa causa para despedirla. Se remitió al contenido de los numerales 4 y 6 del literal a) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965; 1 del artículo 58 del CST y sostuvo que era un hecho aceptado que la demandante recibió un morral de una alumna y lo dejó en portería, conducta respecto de la que se señalaba por parte de la empleadora que era desconocedora del numeral 11 de las consignas particulares de la Corporación Liceo Francés, la cual expresaba: «el guarda no deberá permitir dejar en portería ningún paquete o bolsas recomendadas en la portería, sólo se permitirá con autorización de la Administración». Y agregó que aun cuando tal documento no estaba suscrito por quienes lo elaboraron, no había sido desconocido por la demandante quien al contrario admitía su existencia. Afirmó que la cláusula prohibitiva, tenía una excepción esto es que se contara con la autorización de la administración, de la que no se había precisado que fuera por escrito; además que, no se explicó cómo debía proceder el guarda de seguridad en esos casos, ni se había aportado manual alguno; de ahí que solo los testimonios indicaran

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Radicación n.° 92241 cómo se debía actuar al respecto. Indicó que «en el ámbito probatorio», la demandante declaró en el proceso, aceptando la existencia de las consignas, agregando que contaba con la autorización verbal de un directivo del colegio para que los alumnos de último año dejaran los maletines; que no se verificó el contenido de los maletines, pues no se debían abrir y que «el compañero

entrante», era quien recibía los maletines y se los pasaba a ella y que aproximadamente fueron 60 alumnos los que ingresaron. Manifestó que a folio 64 del expediente aparecía el informe de la demandante, en el que se refería que 15 o 18 alumnos dejaron maletines, que estos no se podían abrir sin el consentimiento de su dueño; que había políticas acerca de que los alumnos podían dejar maletines y otros utensilios en portería y, que según el folio 69, por orden de los mismos funcionarios del colegio, se autorizaba dejar artículos en portería. Para el juez de la alzada, existió una confesión indivisible, «pues al hecho confesado “recibí el maletín” se le agrega unos hechos que guardan íntima relación con el mismo: “existió autorización verbal para recibirlo, además, fueron varios maletines, ingresaron muchos alumnos en ese momento”» y a continuación sostuvo: En el evento en que no se considere el agregado como indivisible frente al hecho confesado, en el código general del proceso, que se aplica en materia laboral, se permite valorar la declaración de parte de acuerdo con las reglas generales de apreciación de la

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Radicación n.° 92241 prueba, artículo 191 inciso final. En efecto, tanto en la declaración de la demandante como en los documentos elaborados por ella, se hace referencia al enunciado fáctico consistente en que, no solo se dejó en portería un solo maletín, sino 18 maletines, aproximadamente en ese momento, entraron aproximadamente 60 alumnos de último grado, dichos alumnos iban a una celebración por culminación de estudio, lo

que hace verosímil que era difícil revisar maletín por maletín. Es verosímil que exista autorización para que dejaran utensilios en portería, si bien se trata un guarda de seguridad, es menos probable que tratándose de alumnos de bachillerato, se comprometiera la seguridad del lugar. A su vez, es factible la tolerancia a la conducta, por parte de la directiva, de dejar utensilios en portería en eventos especiales. Luego se remitió a las versiones de los testigos Haimer Belalcázar y Javier Certuche, de quienes advirtió, no habían estado presentes en el momento en que se dejó el maletín, sino en el trámite de la investigación de los hechos y, que si bien afirmaron que estaba prohibido dejar maletines u otro objeto en portería, sin presentar excepciones, lo cierto era que, al leérseles las consignas, reconocieron que sí había excepciones, lo que le permitía colegir que «no se hizo una investigación integral para salvaguardar los derechos a la trabajadora para determinar si la excepción que alegó la demandada (sic) era cierta o no». Así las cosas, consideró que no estaba demostrada la justeza del despido y en esa medida debía entenderse que aquel guardaba íntima relación con el estado de salud de la demandante, sin que se acreditara lo contrario por la convocada del proceso, de ahí que resultara ineficaz, imponiéndose el consecuente reintegro, junto con el pago de salarios, prestaciones y, pago de aportes al Sistema de

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Radicación n.° 92241 Seguridad Social, desde la fecha del despido hasta el

reintegro efectivo, junto con la indemnización de 180 días de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, partiendo de un salario mínimo equivalente a la suma de $644.350 para el año 2015, lo que arrojaba la suma de $3.866.100.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se confirme la decisión absolutoria proferida por el juez.

En subsidio y en caso de que se llegue a considerar que «el despido justificado no fue debidamente probado» solicita que se case la decisión combatida «en cuanto a revocar los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto» y, en consecuencia, en sede de instancia se confirme la absolución en lo que tiene que ver «con la solicitud de reintegro e imponga condena únicamente en lo que tiene que ver con la indemnización por despido injusto». Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, y se resolverán a continuación de manera conjunta el primero (único frente al que se presenta réplica) y el segundo, pues a pesar de que se dirigen por

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Radicación n.° 92241 distintas sendas, persiguen el mismo fin; y, posteriormente el tercero.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 26 de la Ley

361 de 1997 y 53 de la CP. Así como por la infracción directa de los artículos 230 y 234 de la CP. Para demostrar el cargo sostiene que lo que discute es el errado entendimiento que dio el colegiado al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que lo llevó a concluir que «cualquier persona dentro de nuestro ordenamiento, por el hecho de tener cualquier situación médica, por mínima que sea, es acreedora de la garantía a la estabilidad laboral reforzada». Manifiesta que aun cuando para respaldar la decisión, el juez de la alzada realizó un breve recuento de algunos pronunciamientos jurisprudenciales en los que se señaló que «no solo se protege a las personas calificadas, sino a todas que acrediten ser considerados como una persona incapacitada, discapacitada o en estado de vulnerabilidad o indefensión», en ningún momento el sentenciador desarrolló la idea de qué debe entenderse o cómo debe definirse «a estas personas discapacitadas, en estado de vulnerabilidad o indefensión» y por ello, «optó por la regla más amplia posible», esto es, determinar que por el hecho de tener una condición médica cualquiera, la demandante tenía derecho a la garantía foral.

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Radicación n.° 92241 Arguye que no hace falta mayor argumentación para evidenciar el incorrecto entendimiento dado por el sentenciador a la garantía de estabilidad laboral reforzada, pues con tan solo recordar «la basta y pacífica jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia», contrario a lo manifestado por el ad quem, no cualquier situación médica

genera sobre el trabajador la condición de estabilidad laboral reforzada, en tanto, solo aquellas de verdadera discapacidad relevante, son las que ameritan dicha protección. Reproduce algunos fragmentos de la sentencia CSJ SL3144-2021 y afirma que la misma ha sido reiterada «a la saciedad» bajo el argumento de que solo la discapacidad relevante, entendida como aquella calificada «por encima» del 15%, puede dar origen a la estabilidad laboral reforzada. Además, que de conformidad con la providencia CSJ SL10538-2016, en la que se resolvió un asunto de similares contornos, emergía la evidente equivocación del juzgador en la intelección de la norma acusada. Agrega que el criterio de esta corporación no dista de «la actual» postura de la Corte Constitucional, en la que se indica que no todas las condiciones médicas son generadoras de una estabilidad laboral reforzada, lo que respalda en un aparte de la sentencia CC SU049-2017, conforme a la cual, se exige, para la procedencia de la garantía foral, que «las personas que cuenten con una afectación en su salud tal que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de las labores».

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Radicación n.° 92241 Afirma que las equivocaciones en las que desde el punto de vista jurídico incurrió el Tribunal, implican un claro desconocimiento de los artículos 230 y 234 de la CP, pues de haber observado tales preceptos no se hubiera apartado de la jurisprudencia de esta Sala de Casación como superior funcional y su jurisprudencia como precedente vertical

vinculante.

VII. RÉPLICA La demandante se opone a la prosperidad del cargo indicando que el sentenciador no interpretó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 sino que aplicó tal disposición de acuerdo a la intelección dada por la Corte Constitucional a través de la sentencia CC SU049-2017, en la que de manera clara se sostiene que la estabilidad ocupacional reforzada se aplica a quienes estén en condiciones de debilidad manifiesta, incluso si no se cuenta con una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa, o profunda. Providencia que, dice, tiene «la categoría de ser aplicable de oficio por parte de las autoridades y su desconocimiento da para sanciones».

VIII. CARGO SEGUNDO Impugna la decisión de segunda instancia por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; 53 de la CP y; 64 del CST.

Enlista como errores evidentes de hecho:

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Radicación n.° 92241 - Dar por demostrado, sin estarlo, que para el momento de la terminación del contrato de trabajo la señora Acosta Giraldo era beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta. - Dar por demostrado, sin estarlo, que para el momento del despido la demandante contaba con una condición que limitaba sustancialmente el desarrollo de sus actividades laborales. - No dar por demostrado, estándolo, que, para el momento de la finalización del vínculo contractual, la señora Acosta Giraldo no contaba con ninguna incapacidad, restricción o recomendación

médica. - No dar por demostrado, estándolo, que, para el momento de la terminación del contrato de trabajo, la señora Acosta Giraldo se encontraba ejecutando con normalidad sus labores y no padecía ningún tipo de alteración médica que le impidiera ejecutar su contrato de trabajo. - No dar por demostrado, estándolo, que las restricciones y recomendaciones médicas emitidas en favor de la señora Acosta Giraldo, lo fueron únicamente por el periodo específico de 2 meses. - No dar por demostrado, estándolo, que para el momento de la terminación del contrato de trabajo la Administradora de Riesgos Laborales ya había levantado todo tipo de restricción o recomendación médica a la trabajadora. - Dar por demostrado, sin estarlo, que el examen médico de retiro probaba una condición médica generadora de estabilidad laboral reforzada. - Dar por demostrado, sin estarlo, que para la fecha de terminación del contrato de trabajo por justa causa, la señora Acosta Giraldo contaba con una discapacidad relevante. - Dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo atendió a la situación médica de la señora Acosta Giraldo como un acto discriminatorio. Relaciona como pruebas apreciadas de manera errada: - Documento con asunto “Memorando interno SJSO-000034211” (Fl 62 Expediente primera instancia). - Documento con asunto “Formato de Calidad – Certificado Médico Laboral” (Fl. 75 Expediente primera instancia).

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Radicación n.° 92241 - Declaración de parte rendida por la demandante. - Hecho 2.3

de la demanda y su respuesta en la contestación de la demanda. Aduce que no fueron valorados los siguientes medios de prueba: - Documento con asunto “Memorando interno SJSO-00069-12” (Fl 63 Expediente primera instancia). - Declaración de parte rendida por el Representante Legal de la demandada. Para demostrar el cargo argumenta que según la posición de esta Corte no cualquier situación médica genera sobre el trabajador la condición de estabilidad laboral reforzada, pues solo las situaciones de verdadera discapacidad relevante son las que ameritan tal protección. Afirma que de conformidad con lo enseñado a través de las sentencias CSJ SL3144-2021, y CSJ SL10538-2016 se tiene que la discapacidad relevante es aquella calificada por encima del 15%, de ahí que el juzgador de la alzada haya incurrido en los desatinos enrostrados a la hora de valorar las pruebas aportadas, pues a las que estudió, les hizo decir aquello que de ninguna forma decían y, de otro lado, dejó de analizar otras, que de haberlas considerado, le habrían permitido concluir la inexistencia de la estabilidad laboral reforzada por vía de la discapacidad. Sostiene que al examinar el documento denominado «Memorando interno SJSO-0000342-11» visible a folio 62 de expediente de primera instancia, el colegiado «se quedó en el hecho de que a la demandante se le habían otorgado

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Radicación n.° 92241 restricciones médicas», de lo que emerge su error, pues a pesar de que no se desconoce que estas existieron, pasó por

alto que eran temporales y que se otorgaron por un periodo de dos meses. Pone de presente que tal equivocación termina de hacerse evidente si se tiene en cuenta que el sentenciador soslayó el documento visible a folio inmediatamente siguiente, es decir, «63» (sic), el cual se denomina «Memorando interno SJSO-00069-12» y que refiere textualmente el «LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES MÉDICAS – Sandra Patricia Acosta CC 66.848.293», con fundamento en la valoración realizada por el médico de la EPS, quien da cuenta de que «ya cumplió el tiempo recomendado de recomendaciones médicas y que se puede integrar a laborar sin dificultad en el puesto de trabajo». Así las cosas, destaca que no existe duda de que el Tribunal valoró de manera aislada y parcializada el material probatorio, lo que lo condujo a inadvertir «la finalización de toda limitación o condición de salud que afectara la actividad laboral» y de contera que, para el momento de la terminación del contrato de trabajo, la promotora de la contienda no contara con ningún tipo de condición médica relevante que le impidiera el desarrollo laboral. Aduce que en el plenario no existía ningún otro documento que acreditara la expedición de una incapacidad médica o la formulación de unas restricciones o recomendaciones adicionales, al punto que la trabajadora

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Radicación n.° 92241 había desempeñado sus funciones sin inconveniente médico alguno. Agrega que «de