CSJ - SL238-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL238-2023 Radicación n.° 87633 Acta 04 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ÁNGELA MARÍA VIVAS GONZÁLEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de mayo de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró contra el INSTITUTO

DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES Ángela María Vivas González demandó al ISS en Liquidación, con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 22 de diciembre de 2004 hasta el «31 de marzo de 2013», el cual finalizó unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador, y que es beneficiaria de la convención colectiva

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Radicación n.° 87633 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial. En consecuencia, pidió se condene a la demandada a reintegrarla al cargo que venía desempeñando, junto con el pago de salarios y prestaciones debidas desde el 31 de marzo 2013 hasta que se haga efectiva la reincorporación; se imponga el pago de las diferencias salariales entre lo que le fue cancelado y lo percibido por el personal de planta, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, primas de servicio legales, primas de servicio convencionales, auxilio de

alimentación, auxilio de transporte, aportes a seguridad social, la indexación, los derechos a que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita, y las costas procesales. En subsidio del reintegro deprecó la indemnización por despido sin justa causa y la «indemnización moratoria consagrada en la Convención Colectiva de Trabajo por el no pago de salarios y prestaciones sociales debidas desde el día en que lo desvinculó unilateralmente». Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó mediante diecinueve contratos de prestación de servicios y laboró en forma ininterrumpida desde el 22 de diciembre de 2004 hasta el «31 de marzo de 2013», en el Departamento de Pensiones del ISS; que fue desvinculada de forma unilateral; que desempeñó funciones como liquidadora de prestaciones del régimen de prima media, ejerciendo las mismas labores que desarrollaban los empleados de planta; que siempre cumplió sus actividades en las instalaciones de la Seccional Cundinamarca y acatando las directrices y

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Radicación n.° 87633 órdenes impartidas por los jefes de departamento; y que estaba obligada cumplir las circulares, memorando y resoluciones de la Presidencia del ISS, Vicepresidencia de Pensiones, gerencias nacionales, Gerencia de la Seccional Cundinamarca y el Departamento de Pensiones. Afirmó que el Instituto no le reconoció la condición de profesional universitaria-administradora de empresas, a pesar de que existían trabajadores de planta que desempeñaban las mismas funciones; que el 14 de

noviembre de 2007, la jefe del Departamento de Atención al Pensionado solicitó a la Gerencia de la Seccional que la reclasificara porque ganaba como técnico y era profesional universitaria; que el 2 de febrero de 2009, la jefe aludida solicitó nuevamente la reclasificación de su hoja de vida, señalando que cumplía los presupuestos para ello. Indicó que fue capacitada para liquidar prestaciones económicas del régimen de prima media; realizar imputación de pagos; calcular tiempos cotizados; atender a los usuarios; proyectar respuestas escritas de derechos de petición, consultas o requerimientos; que debía cumplir oportunamente con sus actividades; que no tenía autonomía y debía registrar a diario los expedientes liquidados e imputados; y que los contratos fueron elaborados por el ISS y tuvo que firmarlos para no quedar desempleada, sin tener la oportunidad de discutir las condiciones. Adujo que el ISS le suministró todos los elementos necesarios para cumplir sus labores; que no fue afiliada al

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Radicación n.° 87633 sistema de seguridad social, por lo que tuvo que vincularse como trabajadora independiente; que debía cumplir un horario de trabajo de lunes a sábado ocho de la mañana cinco de la tarde; que el 16 de noviembre de 2012, solicitó el reconocimiento de la relación laboral y la aplicación de la convención colectiva; y que el 27 de del mismo mes y año presentó la reclamación administrativa. Al dar respuesta a la demanda, Fiduagraria S. A., en calidad de Administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en

Liquidación, se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos dijo que ninguno le constaba. En su defensa manifestó que, con los documentos aportados, la contratista se obligó a prestar servicios personales, pero conservando su propia autonomía, sin estar sometida, es decir, que no tenía la calidad de trabajadora oficial por lo que no le asistía el derecho a la aplicación de la convención colectiva de trabajo. Agregó que el cumplimiento de una intensidad horaria apenas constituye un indicio de subordinación, pues determinadas labores debía realizarlas en cierta jornada, dentro de la cual se presentaba afluencia de usuarios. Enfatizó en que la vinculación se realizó en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, propuso la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva, cuyo desistimiento fue admitido en audiencia celebrada el 14 de febrero de 2017 (f.º 402). Asimismo, presentó las excepciones de mérito que

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Radicación n.° 87633 denominó: prescripción, inexistencia de la aplicación de la primacía la realidad, inexistencia del derecho y de la obligación, pago, ausencia de vínculo de carácter laboral, buena fe del ISS y del Patrimonio Autónomo de Remanentes, inexistencia de la convención colectiva, presunción de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes, cosa juzgada y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de

Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante proveído del 10 de marzo de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción.

SEGUNDO: DECLARAR que entre la señora ÁNGELA MARÍA VIVAS GONZÁLEZ y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy liquidado, existió contrato de trabajo entre el 22 de diciembre 2004 y el 28 de febrero de 2013.

TERCERO: CONDENAR a la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. -FIDUAGRARIA S. A.- única y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR ISS hoy liquidado, a pagar a la accionante las siguientes sumas: A. $5.452.919 por primas de servicio convencionales.

B. $12.573.801 por cesantías.

C. $7.541.332 por compensación de vacaciones.

D. $6.878.088 por indemnización por despido sin justa causa.

E. La indexación de las sumas adeudadas desde el momento en que se hicieron exigibles y hasta que cuando se produzca el pago efectivo.

CUARTO: ABSOLVER al extremo demandado de las demás pretensiones formuladas en su contra.

QUINTO: CONDENAR EN COSTAS a la entidad encartada. Para

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Radicación n.° 87633 su liquidación debe incluirse la suma de $3.000.000 como agencias en derecho. En relación con el tema de estudio en sede extraordinaria, el sentenciador de primer grado afirmó que la

demandante reclamaba la «indemnización moratoria convencional», pero que analiza detenidamente la convención colectiva «no parece que allí se haya establecido una indemnización por falta de pago salarios o prestaciones sociales», por lo que no profería condena por dicho rubro. Frente a la anterior decisión la parte actora impetró recurso de apelación, aduciendo que por el principio de inescindibilidad de la norma, le correspondía al despacho analizar su procedencia a la luz de las normas aplicables a los trabajadores oficiales; que en el trámite del proceso se «pretendió demostrar la actitud asumida por la demandante en desarrollo de la relación laboral» y que le quedaron debiendo salarios y prestaciones sociales; Además, y «acá se pidió también de todas formas que la condena fuera impuesta por el artículo 1 del Decreto 797 de 1949»; que el sentenciador se abstuvo de hacer un análisis de la pretensión, pasando por alto la línea jurisprudencial, según la cual siempre se debe hacer un análisis de la conducta del empleador para considerar si actuó o no de buena fe.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer del grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad accionada, así como los

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Radicación n.° 87633 recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante fallo del 16 de mayo de 2019 resolvió: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal tercero en cuanto condenó a la demandada al pago de la indemnización por

despido, para en su lugar absolverla de tal pretensión.

SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE el literal c) del ordinal tercero, en el sentido de condenar a la demandada al pago de la suma de $4.014.333.

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal cuarto, en cuanto negó el reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, para en su lugar, condenarla al reconocimiento y pago de los mismos respecto de la totalidad de la relación laboral, de acuerdo con el cálculo actuarial que elabore el fondo correspondiente.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

QUINTO: COSTAS; se confirman las impuestas en el fallo de primer grado y no hay lugar a su imposición en segunda instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico así: […] establecer si hay lugar a declarar la existencia de la relación laboral deprecada y, en caso afirmativo, analizar la procedencia del reconocimiento a favor de la parte demandante de las condenas impuestas por la servidora judicial de primer grado, y si es procedente acceder al reconocimiento de los auxilios de alimentación y transporte, los intereses a las cesantías, los aportes al sistema de seguridad social en la forma solicitada, así como la indemnización moratoria, y si es procedente la modificación de las condenas impuestas por concepto de indemnización por despido, de ser la misma procedente Luego de aludir a los elementos esenciales del contrato de trabajo previstos en el artículo 2 del Decreto 2127 de 1945, precisó que no era objeto de discusión que la

demandante prestó servicios personales a favor del extinto ISS entre el 22 de diciembre de 2004 y el 28 de febrero de

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Radicación n.° 87633 2013, supuesto por demás acreditado con los contratos de prestación de servicios (f.os 39-61), así como con la certificación obrante a folio 68. Expuso que la prestación del servicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 ibídem, permitía presumir la existencia de la relación laboral reclamada. Advirtió que la jurisprudencia ha indicado que la referida presunción no se desvirtúa con la simple exhibición de los contratos de tipo comercial, civil o incluso de naturaleza administrativa suscritos entre las partes, pues independientemente del rótulo que se le dé al contrato, lo determinante es la forma cómo se ejecuta. En tal sentido, discurrió que, aun cuando la carga probatoria recaía en la demandada, las declaraciones vertidas por Claudia Maritza Penagos, Vilma María Nieto Gutiérrez y María Doris Sánchez Galeano -personas compañeras de trabajo de la demandante, dado que prestaban servicios para la demandada en la misma áreapermitían establecer el carácter subordinado con que la accionante ejecutaba las actividades para las cuales fue contratada, a pesar de que en los convenios de vinculación se indicó que se suscribían con su sujeción a lo normado en la Ley 80 de 1990; que la prestación del servicio como liquidadora se llevó a cabo en el Departamento de Atención al Pensionado, cumpliendo órdenes de los diferentes jefes de departamento, entre quienes se encontraban Luis Gabriel

Arbeláez, Aura María Acosta, Andrés Felipe Díaz Salazar; y que los servicios tenían necesariamente que prestarse en las

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Radicación n.° 87633 instalaciones de la demandada en cumplimiento de un horario. Dijo que por tanto las motivaciones expuestas eran suficientes para determinar la existencia del vínculo laboral, lo que lo obligaba a confirmar la decisión en este puntual aspecto. Acto seguido, señaló que, por razones de carácter metodológico, incursionaba en el análisis de la excepción de prescripción. Al efecto, indicó que de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 151 del CPTSS, el término prescriptivo de tres años comienza a contabilizarse a partir del momento en que se hacen exigibles las obligaciones, pero puede ser interrumpido por una sola vez con la reclamación escrita, la que en el presente asunto se elevó el 27 de diciembre del año 2012 (f.os 283-287). Por consiguiente, estaban prescritos los derechos reclamados con anterioridad al 27 de diciembre del año 2009, pues aun cuando la reclamación se presentó en vigencia del vínculo, los derechos que surgieron con posterioridad no se encuentran afectados por la referida institución jurídico procesal, en tanto la demanda se presentó el 9 de octubre del año 2014, «por tal motivo se deberá modificar la decisión de primera instancia». Para establecer la procedencia del reconocimiento de los derechos convencionales consagrados en el acuerdo colectivo (f.os 206-276), argumentó que este tenía la constancia de

depósito ante el Ministerio del Trabajo; que conforme a lo

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Radicación n.° 87633 dispuesto en los artículos 1 y 3, la demandante era beneficiaria, en razón a que el sindicato firmante actuaba como mayoritario. Por tanto, ningún reparo merecía la aplicación de la convención colectiva de trabajo a favor de la parte demandante. Acto seguido incursionó en el estudio de los auxilios de alimentación y de transporte, los intereses sobre las cesantías, aportes a la seguridad social en pensiones y salud y la indemnización por despido. Finalmente, frente a la indemnización moratoria dijo lo siguiente: En tanto la parte actora solicitó de forma subsidiaria el reconocimiento de una indemnización por mora de origen convencional y no existe precepto en el texto extralegal que la consagre, ningún reproche merece a la Sala la determinación que acogió la a quo, pues la misma se ajusta al principio de consonancia que establece el artículo 281 del Código General del Proceso y acceder en esta instancia a lo pretendido por el actor implica proferir condena en uso de las facultades Ultra y Extra Petita, circunstancia que le está vedada al juez de segunda instancia, motivo por el que se confirmará la decisión acogida por la a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case parcialmente la sentencia fustigada «porque en su numeral cuarto CONFIRMÓ el numeral cuarto de la de primer grado, en el sentido de negar

la condena por INDEMNIZACIÓN MORATORIA», para que, en

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Radicación n.° 87633 sede de instancia, revoque el numeral cuarto de la sentencia del Juzgado y, a cambio, profiera las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que se declare que la demandada actuó de MALA FE porque desconoció los derechos mínimos laborales de la demandante entre el 22 de diciembre de 2004 y el 28 de febrero de 2013, negó el reconocimiento de la relación laboral, el pago de prestaciones sociales y aportes a seguridad social, se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda sin ofrecer pruebas y/o razones para justificar su actuar. 2. Que se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la INDEMNIZACIÓN MORATORIA de que trata el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, en cuantía de $61.411,5 diarios, desde el 1 de marzo de 2013 y hasta cuando se verifique el pago total de las prestaciones sociales debidas, teniendo en cuenta que su último salario fue de $1.842.345.

3. Confirmar la sentencia de primera instancia en lo demás.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, frente al que se presenta réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa por la vía indirecta la aplicación indebida las siguientes disposiciones: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Constitución Política, artículo 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por

lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social,

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Radicación n.° 87633 la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Constitución Política, artículo 122: No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Decreto 797 de 1949 artículo 1: Salvo estipulación expresa. en contrario, no se considerará terminado el contrato de trabajo antes de que el patrono ponga a disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeude, salvo las Retenciones autorizadas por la ley o la convención; si no hubiere acuerdo respecto del monto de tal deuda, bastará que el patrono consigne ante un Juez o ante la primera autoridad política del lugar la cuantía que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia.

"Parágrafo 1º Tampoco se considerará terminado el contrato de trabajo mientras no se practique el nuevo examen médico de que trata el artículo 3º del Decreto número 2541 de 1945, y no se le dé el correspondiente certificado de salud al trabajador, a menos que éste, por su culpa, eluda, dificulte o dilate dicho-examen ' Se considerará que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, si transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta al médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. "Parágrafo 2º Los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, en los casos en que existan tales relaciones jurídicas conforme al artículo 4º de este Decreto-, sólo se considerarán suspendidos hasta por el término de noventa (90) días, a partir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro del trabajador. Dentro de este término los funcionarios o entidades respectivos deberán efectuar la liquidación, y pago de los correspondientes salarios, prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a dicho trabajador, "Durante la suspensión de los contratos de trabajo a que se refiere este artículo, serán de aplicación las normas contenidas en el artículo del presente Decreto y estarán a cargo de la Caja de Previsión Social a que se hallen afiliados los trabajadores oficiales, o del respectivo Tesoro Nacional. Departamental o Municipal, si no existiere tal Caja, o del fondo especial que cubra sus remuneraciones en los casos señalados en el" artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, el reconocimiento y pago del seguro de vida y

el auxilio funerario en caso de muerte dentro del periodo de suspensión, así como los auxilios monetarios y la asistencia médica de que haya venido disfrutando el trabajador desde antes

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Radicación n.° 87633 de la fecha del retiro en los casos de enfermedad o accidente de trabajo, y hasta por el término que señala la ley. Si transcurrido el término de noventa (90) días señalado en el inciso primero de este parágrafo no se hubieren puesto a órdenes del trabajador oficial los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se le adeuden, o no se hubiere efectuado el depósito ante autoridad competente, los contratos de trabajo recobrarán toda su vigencia en los términos de la ley.” CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO - ARTÍCULO 48. EL JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO - ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca

que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas.

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 42. DEBERES

DEL JUEZ. Son deberes del juez:

5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia.

6. Decidir, aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal.

7. Motivar la sentencia y las demás providencias, salvo los autos de mero trámite.

La sustentación de las providencias deberá también tener en cuenta lo previsto en el artículo 7 sobre doctrina probable.

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 43. PODERES DE ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN. El juez tendrá los

siguientes poderes de ordenación e instrucción:

3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.

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CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 281.

CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con

los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. Se atribuye al sentenciador la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada actuó de mala fe durante la relación laboral, a su terminación y durante el juicio.

2. No dar por demostrado, estándolo, que durante el juicio la demandada se manifestó y se opuso a la condena por INDEMNIZACIÓN MORATORIA de que trata el Decreto 797 de 1949, tanto en la contestación de la demanda, en la práctica de las pruebas y en los alegatos de conclusión.

3. No dar por demostrado, estándolo, que, en el auto de INADMISIÓN de la demanda, el juzgador de primer grado INTERPRETÓ que la pretensión de INDEMNIZACIÓN MORATORIA, se refería a los supuestos fácticos consagrados en

el Decreto 797 de 1949 y, por eso, la consideró excluyente con la pretensión de REINTEGRO y pago de salarios y prestaciones, lo que llevó a que se formulara como subsidiaria.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el juzgador de primer grado después de admitir la demanda faltó a sus deberes de INTERPRETACIÓN de los hechos y pretensiones, transgrediendo el principio de Iura Novit Curia, que le impone al juzgador la determinación y aplicación del derecho, sin importar cuál fue la norma invocada por las partes.

Aduce que los yerros enrostrados son consecuencia de que el Tribunal «APRECIÓ ERRONEAMENTE y DEJÓ DE

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Radicación n.° 87633 APRECIAR», los siguientes medios de convicción: • pruebas documentales y la conducta procesal de la demandada durante la primera instancia, que, sin lugar a duda, prueban la MALA FE del empleador durante la relación laboral, a su término y durante el desarrollo del juicio; • prueban sin lugar a duda que el juzgador de primera instancia desde el auto que Inadmitió la demanda INTERPRETÓ que se le pidió la INDEMNIZACIÓN MORATORIA consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales y, por eso, la consideró excluyente con la pretensión de REINTEGRO y pago de salarios y prestaciones; • prueban sin lugar a duda que la demandada contestó y se opuso a la pretensión de INDEMNIZACIÓN MORATORIA de que trata el Decreto 797 de 1949, siendo parte central de su

contestación de demanda, de la práctica de pruebas y de los alegatos de conclusión de la demandada; • prueban sin lugar a duda que el juzgador de primer grado faltó a sus deberes de INTERPRETACIÓN de la demanda y transgredió el principio de Iura Novit Curia, que le impone al juzgador la determinación y aplicación del derecho, sin importar cuál fue la norma invocada por las partes Dice que de haberse apreciado en debida forma el «auto inadmisorio de la demanda», el Tribunal habría concluido que el juzgador de primer grado interpretó los hechos y pretensiones de la demanda, concluyendo que, la pretensión de indemnización moratoria iba encaminada a que se pagara un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales desde la desvinculación de la demandante, «situación que hace excluyente dicha pretensión con la pretensión de REINTEGRO. Lo anterior sin importar que NO se citó la norma correcta», pues con el principio de iura novit curia debía aplicar la que correspondía. Por ello, el sentenciador se equivocó al concluir que «fue acertada la decisión de primer grado de NO estudiar la INDEMNIZACIÓN

MORATORIA».

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Radicación n.° 87633 Afirma que, en la contestación de la demanda, la entidad accionada se opuso a todas las pretensiones, incluida la subsidiaria, relacionada con la indemnización moratoria; por tanto, de haber apreciado esta «prueba» el colegiado habría concluido que la accionada fue persistente en desconocer la existencia de la relación laboral, lo cual es

un elemento indicativo de mala fe. Con relación a los contratos de prestación de servicios expresa que sí sentenciador los hubiese apreciado en conjunto con el pronunciamiento expreso sobre las pretensiones de la demanda∙, habría concluido que no es cierto lo que se dijo en las estipulaciones y necesariamente tendría probado el actuar de mala fe de la demandada, al tratar de encubrir la relación laboral con afirmaciones que faltan a la verdad. Arguye que, de haber apreciado las «RAZONES DE LA DEFENSA Y FUNDAMENTOS DE DERECHO» de la contestación de la demanda, en conjunto con los contratos de prestación de servicios, habría inferido que no es cierto que fue contratada como ingeniera mecánica, sino que lo fue como administradora de empresas; que la actividad ejercida por la accionante fue permanente, tanto que con los convenios se acredita que prestó servicios de manera ininterrumpida desde el 22 de diciembre de 2004 hasta el 28 de febrero de 2013; o que «hayan estipulado que bajo la gravedad del juramento la demandante manifiesta que el contrato NO genera relación laboral». Por tanto, está probado el actuar de mala fe al tratar de encubrir la relación laboral

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Radicación n.° 87633 con afirmaciones que faltan a la verdad. Expone que, de haber analizado «RAZONES DE LA DEFENSA Y FUNDAMENTOS DE DERECHO» de la contestación de la demanda, en conjunto con los testimonios, hubiese verificado que no era verdad que el ISS no tuviera personal de planta para atender los servicios especializados relacionados con la resolución de prestaciones de IVM, lo que

con figura un abuso en la contratación, pues es indudable que debía cumplir un objeto misional de la entidad. Expone que los testigos merecieron plena credibilidad, dado que fueron concordantes en señalar que ella cumplía las mismas funciones de los trabajadores de planta. Alega que no es cierto que la demandada haya aportado documentos en los que sustente las excepciones de fondo propuestas; que la conducta procesal de la accionada y las razones de defensa están revestidas de mala fe, pues falta abiertamente a la verdad al desconocer la prestación personal del servicio, buscando confundir aduciendo que fue contratada como ingeniero mecánico porque supuestamente no tenía personal de planta con conocimientos para liquidar prestaciones de IVM, para después cambiar totalmente su versión, al afirmar que es auxiliar de servicios asistenciales y profesional de la salud, cumpliendo actividades médicas. Con relación a las solicitudes del 14 de noviembre de 2007 y el 2 de febrero de 2009 (f.º 63 y 64) y la reclamación administrativa (f.º 282) señala que de haber apreciado es