CSJ - SL2381-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2381-2023 Radicación n.° 93123 Acta 22 Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SANTOS ALONSO GODOY JAIMES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la

sociedad UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A.

I. ANTECEDENTES Santos Alonso Godoy Jaimes demandó a Une Epm Telecomunicaciones S. A. ESP, para que se declarara que fue despedido sin justa causa y en vigencia de un conflicto colectivo. En consecuencia que se condenara a su reintegro al mismo cargo o uno superior, junto al reconocimiento de lo dejado de percibir.

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Radicación n.º 93123 En subsidio, reclamó el reajuste de la indemnización por retiro pagada. Como sustento de sus pretensiones afirmó que: i) la demanda surgió de la escisión de Empresas Públicas de Medellín en 2006 ii) en aquella existían varias organizaciones sindicales, dentro de la cual la única de industria es Sinpro; iii) en octubre de 2016, de forma unilateral e intempestiva, se informó a 601 trabajadores que pasarían a Huawei Tecnologies Managed Service Colombia SAS, por una supuesta sustitución patronal, en la que no participó, pues

solo se trasladaron los no sindicalizados, ya que los que ostentaron esa calidad pasaron a Huawei TMSC SAS; iv) el 3 de noviembre de esa última anualidad, el sindicato presentó pliego a la demandada y a esta última sociedad, que no se pudo desarrollar en debida forma ante tales movimientos de personal; v) sin perjuicio de lo dicho, este mantuvo relación laboral directa con la pasiva desde el 4 de marzo de 2013 al 8 de noviembre de 2017, momento en que se le informó que sería retirado sin justa causa, pese a que en ese momento era afiliado al colectivo sindical mencionado, circunstancia conocida por el empleador y estaba vigente la disputa económica; vi) estimó que se le habían ocasionado perjuicios morales y materiales, y, vii) presentó reclamación administrativa que se le respondió de forma negativa (f.º 1 a 10, cuaderno principal). Une Epm Telecomunicaciones S. A. ESP, se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos admitió únicamente

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Radicación n.º 93123 lo relacionado a la fecha de creación de la entidad, de los demás indicó que no le constaban o que no eran ciertos. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, mala fe y compensación (f.º 183 a 202, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante decisión proferida el 14 de septiembre de 2020 (f.º

413CD, ibid.), declaró probadas las excepciones de

inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, por lo que absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de junio de 2021 (f.º 429 a 443, cuaderno digital del Tribunal), confirmó el fallo inicial.

En lo que atañe al recurso de casación, estableció como problema jurídico, determinar si la terminación del contrato de trabajo fue efectuada con desconocimiento de la garantía de fuero circunstancial. Para resolver hizo mención del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y 2.2.2.1.0 del DUR 1072 de 2015 y precisó

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Radicación n.º 93123 que abordaría inicialmente la existencia del conflicto colectivo entre la pasiva y Sinpro, para luego «aunque supeditado la decisión anterior», debatir si el actor se hallaba o no afiliado al sindicato al momento de su retiro. Sostuvo que conforme a los cánones 432 y siguientes, la negociación de un pliego de peticiones contiene varias etapas, las cuales describió y expuso: En el presente asunto, de acuerdo con el conjunto de la prueba allegada al proceso, se encuentra que la organización sindical SINPRO - sindicato de industria, que agrupa a los trabajadores profesionales de las empresas de servicios públicos domiciliarios los - una vez denunció la convención colectiva de trabajo llamada a vencerse el 31 de diciembre de 2016, presentó en forma

oportuna el pliego de peticiones ante la empleadora el día 3 de noviembre de ese mismo año; la reunión se llevó a cabo el 17 de noviembre siguiente (luego de que las partes acordaran aplazar otra reunión anterior que había sido convocada para el mismo efecto) pero ocurrió que, aunque en teoría la finalidad de la sesión de instalación era convenir los temas de logística básica, tales como lugar de las reuniones, días y horarios, frecuencia o periodicidad, etc., la organización sindical propuso, antes de cualquier cosa, que la negociación debía comprender al grupo de sus afiliados que en época reciente, concretamente en octubre del 2016, había pasado de laborar de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. a HUAWEI TECNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA SAS en virtud de una transacción comercial Inter empresarial, pues el sindicato consideraba que no operó sustitución patronal alguna, sino una simple intermediación. La propuesta fue rechazada por los delegados de UNE, por estimar que no era dable obligar en el marco de esa negociación colectiva, a un tercero ajeno a la discusión del pliego. Por lo tanto, independiente de a quien le asistiera la razón, lo cierto era que la reunión terminó sin acuerdo alguno ni se fijó fecha y hora para continuar esta fase, pues de forma unilateral los delegados de la empresa levantaron un acta que se denominó «instalación de la etapa de arreglo directo».

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Radicación n.º 93123 Afirmó que solo hasta el 6 de diciembre de 2016, esto es, 20 días después, estos mismos representantes del

empleador suscribieron un acta final, mediante la cual además solicitaron la convocatoria de un Tribunal de arbitramento ante el Ministerio de Trabajo.

Luego de ello: Vino […] un periodo "atípico" (por así llamarlo) en el cual las partes intentaron nuevos acercamientos, ya sin sujeción a términos o procedimientos legales, buscando la intervención de diversas instancias tanto internas de la empresa como administrativas a través del Ministerio del Trabajo, además de la formulación de algunas querellas ante este mismo organismo, entre ellas la correspondiente a la investigación por una supuesta elusión o dilación en el inicio de las conversaciones, las cuales concluyeron con decisiones de archivo administrativo. Se sabe, v. gr., por la declaración del abogado FREDY ALONSO PELÁEZ, que, en el transcurso del año 2017, se verificaron alrededor de 7 u 8 reuniones que, según su versión, tendían a negociar el pliego del 3 de noviembre de 2016, luego en el año 2018 se celebraron otras tantas hasta que finalmente el día 6 de febrero de 2019 las partes firmaron un acta que denominaron "ACTA EXTRA CONVENCIONAL SUSCRITA POR SINPRO Y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A." (fs. 408 a 410).

De esta manera, se desfiguró la naturaleza del trámite, pues no hubo un plazo que pudiera contabilizarse como etapa de arreglo directo u otra posterior, inclusive no se realizó asamblea para determinar el futuro de las solicitudes presentadas, «incluso el Ingeniero JORGE MARIO ARANGO RESTREPO señaló en su declaración que "permanentemente"

estaban en arreglo directo, siempre negociando y nunca hubo un acta de cierre, lo cual reafirma la falta de ataduras a la ley en este caso».

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Radicación n.º 93123 Con ello hizo alusión a la decisión CSJ SL759-2019, en la que la Sala expresó que el conflicto colectivo no puede ser indefinido, pues solo opera para aquellos casos en los que este se desarrolla en el marco previsto en la normativa, atendiendo en todo caso a las circunstancias fácticas de cada evento. De esta manera, efectuó un recuento de las actuaciones del sindicato luego de la primera reunión y concluyó: La lectura que la Sala le da al anterior recuento táctico, es que luego de la instalación de la etapa de arreglo directo el proceso de negociación colectiva no fluyó de manera regular, como era de esperarse, porque la organización sindical condicionó su iniciación a una consideración adicional a las aprobadas en el pliego de peticiones, como fue la inclusión en el conflicto del grupo de trabajadores que habían sido trasladados desde UNE EPM TELECOMUNICACIONES a HUAWEI MANAGED SERVICED COLOMBIA S.A.S, con motivo de la venta a esta Compañía de la Unidad operativa de mantenimiento y operación de la red de telecomunicaciones. Considera esta Sala que la reunión de instalación para las conversaciones orientadas a resolver el conflicto colectivo, se materializó efectivamente, sin embargo, su desarrollo posterior se frustró, no por la voluntad de la empresa, sino por el condicionamiento que la organización sindical propuso como

requisito para su realización, cuando el tema relativo a los efectos de la transacción comercial realizada entre las empresas UNE EPM TELECOMUNICACIONES y HUAWEI MANAGED SERVICED COLOMBIA S.A.S., en el sentido de dilucidar si era un acto de intermediación o una verdadera sustitución patronal - que es la explicación que ofrece el sindicato para exigir la extensión de la convención a los trabajadores trasladados entre aquellas - no correspondía discutirlo en la mesa de negociaciones, sino en los estrados judiciales Adicionó que aunque después de vencidos los términos legales, ejecutó acercamientos para reanudar las conversaciones, el trámite perdió rumbo, al punto de tornarse indescifrable, hasta que finalmente se suscribió un

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Radicación n.º 93123 acta extra convencional, en la que se anotó que la misma se signaba sin que implicara reconocimiento de la existencia de un conflicto colectivo. Agregó que el Ministerio de Trabajo se abstuvo de imponer sanción al estimar que sí se cumplió con lo previsto en el canon 433 del CST, de sentarse a conversar sobre las diferentes solicitudes económicas presentadas por la organización sindical y por lo tanto no había lugar a la protección foral deprecada. En todo caso, resaltó que conforme a lo dicho por el juez de primera instancia, en el proceso reposa certificación en la cual el sindicato indicó que el actor perteneció a este entre el 29 de julio de 2016 y el 1º de octubre de 2017, por lo que para el 8 de noviembre de ese último año, no se encontraba

vinculado. Sobre tal circunstancia, solo hasta alegatos de segundo grado, se aportó una nueva certificación que corrige la data final, sin embargo, no le dio valor probatorio a dicho documento al ser extemporáneo y en todo caso, si en gracia de discusión se tuviere en cuenta, lo que ello da A CONOCER es que para el momento del despido el empleador no tenía conocimiento de la afiliación al sindicato, pues es solo hasta esta etapa que la empresa conoce tal situación, lo que impide el nacimiento de la protección emanada en el precepto 25 del Decreto 2351 de 1965, como se fijó en proveído CSJ SL, 17 sep. 2008, rad. 34185.

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Radicación n.º 93123 Con lo dicho, procedió a confirma la providencia dictada por el a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Santos Alonso Godoy Jaimes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta Corporación «case totalmente» la decisión del Tribunal, para que constituida en sede de instancia sea revocado el fallo inicial y en su lugar se acojan las pretensiones incoadas contra la demandada.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se pasan a estudiar conjuntamente, ya que aunque se dirigen por diferentes vías, comparten identidad temática y persiguen un mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO: Cuestiona la legalidad del fallo por «violar directamente»

los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965, 10 del Decreto 1373 de 1966 y 36 del Decreto 1468 de 1987 «como consecuencia de su interpretación errónea», en concordancia con el 432 del CST, 39, 53 y 55 de la CP y Convenios 98 y 154 de la OIT.

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Radicación n.º 93123 Luego de reiterar los hechos del proceso y los fundamentos del Tribunal, afirma que es errada la aseveración de este último al sostener que se requiere un seguimiento riguroso del procedimiento establecido en la ley, desconociendo el alcance sentado en decisiones «SL 29822, 2 oct. 2007; SL 23843, 16 mar. 2005; y SL 19170, 11 dic. 2002», CSJ SL6732-2015, CSJ SL14066-2016 y CSJ SL167882017, pues: […] lo trascendental para estos efectos, no es que se sigan de manera estricta los pasos establecidos legalmente, sino que en el evento de no haberlo hecho se concluya la falta interés en continuarlos, o que se infiera la intención de abandonar el conflicto colectivo. Si, por el contrario, a pesar de haberse omitido algunos pasos se evidencia que de parte del promotor del conflicto existe su intención de continuarlo y realiza las acciones tendientes a su solución debe entenderse que el conflicto se mantiene y por tanto la garantía del fuero circunstancial. Añade que también existió desacierto del colegiado al darle validez a las decisiones del Ministerio de Trabajo sin

tener en cuenta el proveído CSJ SL937-2022, que refiere a la posibilidad de apartarse de esos actos administrativos. Finalmente plantea que el hecho de que no se encontrara afiliado a la organización sindical al momento de su despido, no conlleva la pérdida del derecho pretendido, pues el único requisito consagrado en los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965, 10º del Decreto 1373 de 1966 , 36 del Decreto 1469 de 1978, es estar vinculado al instante de la presentación del pliego de peticiones, por lo que se creó un condicionamiento que no trae el legislador, esto es con una hermenéutica restrictiva que desconoce el principio pro homine.

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Radicación n.º 93123 Cita en apoyo la decisión CSJ SL1983-2020, para luego señalar que en caso de existir duda en la intelección de las normas, debe aplicarse el principio de favorabilidad y el in dubio pro operario. Última que la garantía, tiene como finalidad cobijar a aquellos que se «han atrevido a iniciar el conflicto de trabajo» (f.º 1 a 9, demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Cuestiona al colegiado de haber trasgredido en la normativa: […] INDIRECTAMENTE por aplicación indebida del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, el artículo 10º del Decreto 1373 de 1966 y el artículo 36 del Decreto 1468 de 1978, como consecuencia de su interpretación errónea; en concordancia con

los artículos 432 CST, los convenio 98 y 154 de la OIT, Artículos 39, 53 y 55 de la Constitución Política. Detalla que como errores de hecho, los siguientes: -No dar por demostrado estándolo que al momento de dar por terminado el contrato de trabajo del demandante, existía un conflicto colectivo de trabajo. - No dar por demostrado estándolo que el conflicto colectivo de trabajo concluyó el día 6 de febrero de 2018. - No dar por demostrado estándolo que la denominada acta extra convencional suscita entre SINPRO y UNE EPM, realmente dio por terminado el conflicto colectivo de trabajo. - Dar por demostrado sin estarlo que el Sindicato había aceptado que el conflicto colectivo de trabajo había concluido el 6 de diciembre de 2016. - Dar por demostrado sin estarlo que para la demandada el conflicto concluyó el 5 de diciembre de 2016.

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Radicación n.º 93123 - No dar por demostrado estándolo que la negociación colectiva de trabajo en ningún momento quedó al garete. - No dar por demostrado estándolo que el demandante al momento de ser desvinculado se encontraba afiliado al SINDICATO SINPRO. - No dar por demostrado estándolo que se presentaron circunstancias excepcionales que explican las dificultades que se presentaron para iniciar el conflicto colectivo de trabajo. - Dar por demostrado sin estarlo que el conflicto colectivo concluyó el 6 de diciembre de 2016 Sostiene que los anteriores surgieron ante la errónea apreciación del Acta Extra Convencional del 6 de febrero de

2019, el documento de finalización de la etapa de arreglo directo, la Respuesta del 9 de marzo de 2017, la Comunicación del Ministerio de Trabajo en la que se responde una petición al sindicato, la Constancia de reunión n.º 13 del 16 de agosto de 2017 y la del 30 de ese mismo mes y año, asi como el Informe sobre reuniones exploratorias del 20 de septiembre de 2017, como elementos que logran demostrar la continuidad la disputa económica. En lo relacionado a la afiliación sindical, refiere la Misiva del 20 de noviembre de 2017 por parte del empleador, la liquidación de prestaciones sociales y la contestación a una solicitud obrante a folio 20 del cuaderno principal. Como fundamento de las primeras, precisó que: i) El acta extra convencional no detalló que las partes afirmaban que no había conflicto, pues se dejó constancia que para el sindicato si lo había, asi mismo se acordó

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Radicación n.º 93123 depositar el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y el CETCOIT, por lo que se extrae: .- Que si bien existieron posturas diferentes frente al estado del conflicto, ambas partes le dieron fin al conflicto colectivo. Para el tribunal las dos partes habían dejado constancia de que no existía el conflicto por cuanto el mismo ya había terminado. .- Que se cumplió no solo con los aspectos formales de una convención colectiva (depósito ) sino con el contenido. ii) El documento que se firmó por parte de la empresa para finiquitar el conflicto colectivo remitió el asunto al Ministerio de Trabajo para que se convocara tribunal de

arbitramento, de modo que para la empresa sí existía controversia. iii) La Respuesta del 9 de marzo de 2017, evidenciaba que la empresa no allegó información sobre la sustitución patronal, lo que explicaba las dudas del sindicato en la materia, por lo que se demostraba que no existió intención de abandonar las conversaciones. iv) En el Comunicado de la autoridad del trabajo, se establece que: […] se convocará nuevamente a las partes para desarrollar un espacio de diálogo social, indica que se procederá en el menor tiempo posible a invitar nuevamente a las partes, reiterando que el conflicto nunca fue abandonado ni hubo la intención de desistir de él, por el contrario el sindicato siempre insistió en su solución v) En la Constancia de reunión n.º 13, el miembro del comité de prevención de conflictos laborales señala que:

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Radicación n.º 93123 […] se convocará nuevamente a las partes para desarrollar un espacio de diálogo social, indica que se procederá en el menor tiempo posible a invitar nuevamente a las partes, reiterando que el conflicto nunca fue abandonado ni hubo la intención de desistir de él, por el contrario el sindicato siempre insistió en su solución vi) En el documento de reunión y el informe sobre las mismas, se precisa la intención de mantener las negaciones.

Con lo dicho afirma: De todo lo anterior queda claro que, si bien los pasos para resolver el conflicto colectivo de trabajo no se siguieron con todo el rigor, las partes continuaron dialogando, se acercaron nuevamente para su solución, nunca hubo un abandono o

desistimiento del conflicto colectivo de trabajo, postura que fue asumida siempre por la organización sindical y en muchas oportunidades por la misma empresa. Así las cosas, la conclusión es clara: el conflicto colectivo solo terminó cuando se suscribió el acta extracovencional, a diferencia de lo indicado por el tribunal. En lo atinente a la vinculación a la organización sindical, acota que en Respuesta del 20 de noviembre de 2017, se le dijo que la empresa conocía que su afiliación estuvo vigente durante la vinculación laboral. Aunado a ello, sostiene que en su liquidación de contrato se observan sus pagos por conceptos extralegales. Posteriormente, destaca que: Es cierto que existe una certificación de la organización sindical que colocó como fecha de desafiliación al sindicato un momento anterior a la terminación del contrato, lo que no concuerda con lo que se infiere de los medios ya mencionados, también es cierto que lo que se presentó es lo que se conoce como un lapsus

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Radicación n.º 93123 calami. Un error lamentable pues la información que ha suministrado la organización sindical es que en ese momento no se había desafiliado y el yerro obedece a que al ser despedido estaba disfrutando las vacaciones e infortunadamente el sistema al no recibir el pago de la cuota (la había recibido en forma anticipada) asume equivocadamente que esta desafiliado. La organización sindical ha aclarado dicha circunstancia con la certificación que se anexa al presente escrito, medio de prueba nuevo que debe ser tenido en cuenta, o si lo considera el Tribunal

decretar su prueba de manera oficiosa en atención al deber del juez de buscar la verdad real, más si se tiene en cuenta la naturaleza de los derechos que están en juego Por lo tanto, si se hubiere generado alguna duda por parte del operador judicial debió acudirse al numeral 4º del artículo 42 del CGP (f.º 9 a 15, ib).

VIII. RÉPLICA Une Epm Telecomunicaciones S. A. ESP se opone a la prosperidad del cargo, por cuanto se incurre en insalvables errores de técnica, puesto que se formulan aspectos fácticos por la vía directa, asi como se desconocieron hechos acreditados por el colegiado.

Agrega que el recurso se asimila a un alegato de instancia y que no es posible presentar un error en la facultad legítima de formación del convencimiento por parte del juez, conforme a lo dictado en el canon 61 del CPTSS (f.º 1 a 6, oposición, cuaderno digital de la Corte).

IX. CONSIDERACIONES Sea lo primero señalar que no se presentan los dislates técnicos denunciados por el opositor, pues si bien en el

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Radicación n.º 93123 primer embate se realizan algunas manifestaciones probatorias ellas no inciden en el desarrollo jurídico del cargo; igualmente no se excluyeron inferencias del ad quem, pues por el contrario, se presentaron dos acusaciones por cada vía sobre los diferentes pilares de la decisión. Al respecto, se tiene que el recurrente acota que la trasgresión normativa denunciada, se presentó al desconocer i) la existencia de un conflicto colectivo vigente al momento

del despido del actor y ii) la calidad de afiliado a la organización sindical. Para resolver y por cuestiones metodológicas se abordará inicialmente el primer tópico y de prosperar se analizará el siguiente.

A. Con relación a la condición de sindicalizado Conviene recordar que el actor afirma que el ad quem erró al indicar que no existía prueba de su vinculación al sindicato al instante de su retiro (embate segundo) y que en todo caso la ausencia de la misma no conlleva la pérdida de la garantía circunstancial (cargo primero), asuntos que se resolverán de la siguiente manera: i) En lo referente la interpretación del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965

Sostiene el actor, que aunque no hubiere estado afiliado al sindicato colectivo, ello no conlleva la perdida de la

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Radicación n.º 93123 garantía del fuero circunstancial, pues esta se otorga a quienes «se han “atrevido” a iniciar el conflicto colectivo de trabajo». Sobre el particular, conviene recordar lo fijado por esta Corporación en sentencia CSJ SL2020-2021, en la que se estableció: En cuanto al ámbito de aplicación personal de la garantía de fuero circunstancial, la Corte ha identificado dos hipótesis en los artículos 10 y 36 de los decretos reglamentarios 1373 de 1966 y 1469 de 1968; la primera, cuando el conflicto surge a instancias de una organización sindical, caso en el cual el fuero circunstancial únicamente protege a los afiliados al mismo; y la

segunda, cuando quienes lo promueven son trabajadores no sindicalizados, evento en el que la protección solo se predica de quienes suscriben el pliego de peticiones. Con lo visto, se tiene que la protección tiene como fin impedir que el empleador ejerza su facultad de terminación en represalia de quienes promueven la disputa, asimismo, evitar que se afecte la proporción de trabajadores involucrados directamente en el mismo, la cual es determinante a la hora de decidir la huelga y el arbitramento e incluso, para la eventual extensión de los beneficios consignados en la futura convención colectiva (CSJ SL, 28 ag. 2003, rad. 20155). Se destaca lo anterior, pues la teleología del precepto no es cobijar un beneficio individual e inmutable, como lo pretende el censor, sino uno colectivo y temporal, ya que se busca proteger a aquellos que se encuentran en pugna, esto es a quienes se encuentran afiliados (CSJ SL2170-2022) y

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Radicación n.º 93123 hasta tanto se resuelva la misma, mas no a quienes no pertenecen a la respectiva agremiación, pues estos no se encuentran en las condiciones fácticas que cobija la legislación. En ese orden, no se encuentra el error hermenéutico denunciado. ii) En torno a las cuestiones probatorias El Tribunal, para establecer la desvinculación del actor al sindicato, hizo uso de la certificación aportada en la demanda (f.º 11, cuaderno principal), en la cual se establece que:

LA PRESIDENTE DE SINPRO, HACE CONSTAR: Que las siguientes personas, identificadas como aparece al lado de su nombre, estuvieron afiliadas a SINPRO entre las fechas que aparecen al pie de su nombre, y en las cuales estuvieron amparadas por los beneficios de los Acuerdos Convencionales firmados entre el Sindicato y UNE EPM Telecomunicaciones SA.: Carlos Andrés Cardona Arroyave, […] Del 27 de noviembre de 2014 al 30 de junio de 2017 Federico Andrés Villa Avendaño, […] Del 2º de enero de 2014 al 30 de junio de 2017 Juan Diego Builes Muñoz, […] Del 23 de diciembre de 2015 al 30 de junio de 2017 […] Santos Alonso Godoy Jaimes, […] Del 29 de julio de 2016 al 1º de octubre de 2017 […]

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Radicación n.º 93123 Dado en Medellín, a los 10 días del mes de diciembre de 2018 (subrayado fuera de texto). Tal probanza aunada al hecho no discutido, de haber sido despedido sin justa causa el 8 de noviembre de 2017, eran suficientes para manifestar que para esta última calenda no era miembro de la organización sindical. A fin de contrastar tal deducción, el actor acusa como indebidamente apreciados un comunicado de la demandada y la liquidación final del contrato de trabajo. En torno a la misiva empresarial, en donde se le da respuesta de la reclamación administrativa, destaca el siguiente aparte: Como usted mismo lo declara, durante su vinculación laboral estuvo afiliado al sindicato de industria de los trabajadores

profesionales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, complementarios y conexos “SINPRO” Revisado el contenido reproducido, así como la integridad del escrito, se observa que la manifestación del director de relaciones laborales de la empresa, expresa la existencia de la condición de sindicalizado durante la totalidad de la relación de trabajo, de modo que se halla el error propuesto por el recurrente en este sentido, ya que al no existir tarifa legal para determinar tal condición, la misma puede deducirse del dicho del empresario a quien se le notifican estas circunstancias.

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Radicación n.º 93123 Concordante con lo anterior, debe recordarse que «los hechos expresados en los certificados laborales, […] deben reputarse como ciertos, a menos que el empleador demandado acredite contundentemente que lo registrado en esas constancias no se aviene a la verdad» (CSJ SL6621-2017). Fijado lo previo, se hace innecesario ahondar en el estudio de las pruebas restantes. Ahora bien, demostrado como está que el demandante si estaba afiliado al sindicato, resta observar la existencia de un conflicto colectivo que dé lugar a la protección emanada del canon 25 del Decreto 2351 de 1965.

B. En lo que respecta la disputa entre la empresa y la organización sindical El recurrente sostiene que no se evidenció que para la fecha de despido, esto es el 8 de noviembre de 2017, aun estaba vigente el conflicto colectivo originado por el pliego de peticiones del 3 de ese mes de 2016, para lo cual acusa como indebidamente valorados diferentes elementos de convicción,

los cuales se pasan a revisar a continuación: i) Acta extraconvencional del 6 de febrero de 2019 De dicho documento, contiene la siguiente información: El día tres (03) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), SINPRO presentó a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y a HUAWEl un pliego de peticiones.

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Radicación n.º 93123 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., manifestó que por tratarse de empresas distintas negociaría sólo lo correspondiente a las peticiones que estaban dirigidas a ella. La empresa citó al sindicato para iniciar la etapa de arreglo directo el día diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Para la Empresa esta etapa terminó el día seis (06) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), sin que las partes hubiesen logrado ningún tipo de acuerdo; las actas correspondientes fueron depositadas ante el Ministerio del Trabajo (Dirección Territorial de Antioquia). Mientras que SINPRO mantiene la tesis de que el conflicto está vigente y ha intentado varias acciones administrativas y jurídicas desarrollando esa tesis. El Sindicato no solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, por lo que la empresa consideró debidamente terminado el conflicto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia nacional. Del mismo modo, para buscar acuerdos que resolvieran la diferencia sobre el tema, SINPRO citó a la empresa ante el Ministerio del Trabajo y ante el CETCOIT, sin existir acuerdo alguno. Sin que implique reconocimiento alguno de la existencia de un conflicto colectivo de trabajo, las partes acordaron hablar de

manera extraoficial de algunos puntos de interés para ellas, dado que los asociados de SINPRO estaban cubiertos por el manto de una convención colectiva que se habí