CSJ - SL239-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL239-2023 Radicación n.° 90718 Acta 04 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de junio de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró MARTÍN SUÁREZ CABALLERO contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Martín Suárez Caballero demandó a la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin que se declare que entre él y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema) existió una relación laboral del 23 de septiembre de 1987 al 15 de octubre de 1997, la cual terminó

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Radicación n.° 90718 por decisión unilateral e injusta del empleador. Que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional por despido injusto consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva 1996-1998, a partir del 11 de noviembre de 2013, junto con los incrementos legales, las mesadas adicionales, los intereses moratorios o en subsidio la indexación de las mesadas causadas, los derechos a que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita, y las costas procesales. Igualmente, solicitó indexar el salario promedio del último año de servicios aplicando el IPC entre

el 15 de octubre de 1997 (fecha de retiro) y el 11 de noviembre de 2013, data en que cumplió los 60 años de edad. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para el extinto Idema en las fechas indicadas que equivalen a 10 años y 23 días; que era beneficiario de la convención colectiva 1996-1998, suscrita por el empleador y Sintraidema; que mediante oficio del 9 de octubre de 1997 se le comunicó la supresión del cargo por liquidación definitiva del Instituto, a partir del 15 de noviembre de ese mismo año, determinación que se adoptó en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1675 del 27 de junio de 1997; que durante la relación laboral ostentó la calidad de trabajador oficial; que le fue cancelada una indemnización por despido sin justa causa; que cumplió la edad de 60 años el 11 de noviembre de 2013; y que reclamó la pensión de jubilación convencional por despido injusto el 11 de diciembre de 2017, la que le fue negada mediante oficio del 5 de marzo de 2018.

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Radicación n.° 90718 Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la supresión del Idema mediante Decreto 1675 de 1997. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no le constaban o no eran ciertos. En su defensa manifestó que una de las consecuencias de la liquidación del Idema fue la disolución de Sintraidema y, por tanto, ante la inexistencia del empleador y de la

organización sindical, la convención colectiva suscrita entre éstos «perdió su vigencia en la fecha del cierre definitivo de la empresa»; que no hay lugar al reconocimiento a la pensión por cuanto el Acto Legislativo 01 del 2005 estableció que las pensiones convencionales perderían vigor el 31 de julio de 2010; y que para el momento de la terminación del contrato, el demandante estaba afiliado al ISS, hoy Colpensiones, por lo que a esta entidad corresponde el pago de la prestación. Agregó que la cláusula convencional en que se fundamenta la pretensión es inaplicable, por cuanto el término de vigencia acordado por las partes ya había fenecido. Añadió que no era viable ordenar la indexación por no haber sido pactada. Al efecto, propuso las excepciones de mérito que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación, el Acto Legislativo restringe el reconocimiento de derechos pensionales, y el de la pensión de vejez del actor se consolidó en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la controversia, mediante fallo del 22 de abril de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el demandante MARTÍN SUÁREZ CABALLERO laboró como trabajador oficial al servicio del extinto

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO -IDEMAentre el

23 de septiembre de 1987 al 15 de octubre de 1997, relación que finalizó de forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador.

SEGUNDO: DECLARAR que el demandante MARTÍN SUÁREZ CABALLERO causó el 15 de octubre de 1997 el derecho a obtener la pensión convencional por despido injusto en los términos del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996-1998, en cuantía de un (1) smlmv, sobre 14 mesadas anuales, a cargo de la demandada NACIÓN-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, cuyo disfrute se fijó el 11de noviembre de 2013, al cumplir el demandante la edad de 60 años, conforme la parte considerativa.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 11 de diciembre de 2014, y declarar no probadas las demás excepciones propuestas.

CUARTO: CONDENAR a la demandada NACIÓN-MIMSTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a pagar a favor del demandante MARTÍN SUÁREZ CABALLERO la suma de $45.208.218 m/cte. por concepto de retroactivo pensional calculado desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2019, sin perjuicio de las mesadas pensionales que se causen con posterioridad. Se autoriza a la entidad demandada para que descuente del retroactivo los aportes con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud causados, retroactivo que deberá ser reconocido de manera indexada desde la fecha de

exigibilidad de cada una de las mesadas pensiones (sic) y hasta la fecha de pago efectivo de la obligación.

QUINTO: DECLARAR para todos los efectos legales que la pensión reconocida de carácter extralegal es de carácter compartible con cualquiera pensión legal que se hubiere o se llegare a reconocer a favor del demandante.

SEXTO: CONDENAR a la demandada NACIÓN-MINISTERIO DE

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Radicación n.° 90718 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a pagar costas a favor del demandante MARTÍN SUÁREZ CABALLERO. Para efecto fíjese la suma de $500.000 como agencias en derecho. Por Secretaría tásense.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada NACIÓN-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL de las demás pretensiones interpuestas en su contra por el demandante

MARTÍN SUÁREZ CABALLERO.

OCTAVO: CONCEDER el grado jurisdiccional de consulta de que trata el artículo 69 CPT y SS a favor de la Entidad Publica demandada de la presente decisión.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 30 de junio de 2020, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, así como desatar el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad accionada, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 22 de abril del 2019 en el sentido de actualizar la condena impuesta, por lo que SE ORDENA a la NACIÓNMINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a pagar al señor MARTÍN SUÁREZ CABALLERO la suma de $57'891.621, por las mesadas causadas entre el 11 de diciembre del 2014 y el 30 de junio del 2020. Y deberá continuar pagando las mesadas que se sigan causando.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia apelada y consultada en el sentido de CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a pagar al señor MARTÍN SUÁREZ CABALLERO los intereses moratorios desde el 12 de marzo del 2018, hasta la fecha en que se efectúe el pago de las mesadas adeudadas, conforme lo establece el art. 141 de la Ley 100 de 1993.

TERCERO: REVOCAR la condena impuesta por indexación de las mesadas adeudadas, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás.

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QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó los problemas jurídicos a resolver en los siguientes términos: (i) Si el demandante reúne los requisitos para acceder a la prestación jubilatoria contenida en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia 1992-1994, suscrita entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario — IDEMA y el Sindicato Nacional de Trabajadores del IDEMA SINTRAIDEMA?; (ii) En caso afirmativo, si al momento de reunir los requisitos contemplados para acceder a la prestación, la

norma convencional había perdido vigencia, con arreglo a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 o por haberse liquidado el IDEMA; (iii) En el evento en que proceda el reconocimiento de la prestación jubilatoria reclamada, establecer el monto de la mesada y el valor del retroactivo adeudado y (iv) Si procede el reconocimiento de la indexación de las sumas debidas?. En primer lugar, en relación con los presupuestos para acceder a la pensión convencional deprecada, dijo que frente a la interpretación del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 1996-998, suscrita entre el Idema y Sintraidema, esta Corte ya se había pronunciado en varias ocasiones, entre otras, en la sentencia CSJ SL608-2020, en la que señaló que se debe entender que el derecho a la prestación en caso de despido injusto se adquiere con el cumplimiento de dos requisitos: i) la prestación de los servicios por más de 10 años, y ii) la configuración del despido sin justa causa; de manera que la edad constituye un requisito de exigibilidad o de disfrute del derecho y no de causación. Adicionalmente, expuso que en la misma sentencia se indicó que cuando la terminación del contrato de trabajo se da por la supresión y liquidación de la entidad pública, como

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Radicación n.° 90718 ocurrió en el caso del Idema, es claro que la finalización del vínculo «constituye un modo legal de terminación, que no es equiparable a una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de las causales establecidas por el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, como “justas causas

para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo”»; por lo que, contrario a lo señalado por la Nación, el despido del demandante fue sin justa causa. En segundo lugar, en cuanto a la incidencia del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, señaló que atendiendo a la jurisprudencia de esta Corte, entre otras decisiones, en la sentencia CSJ SL1286-2018, se indicó que la reforma constitucional tuvo como propósito superar la proliferación y dispersión de requisitos y beneficios en regímenes pensionales autónomos y heterónomos, que, en sentir del legislador, comprometían la sostenibilidad financiera del sistema y creaban situaciones de inequidad. Por ello, consagró que, desde la vigencia del citado Acto Legislativo, se prohibió establecer en pactos, convenciones colectivas, laudo o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas por el Sistema General de Pensiones. No obstante, adujo que se dispuso un período transitorio para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes, el cual quedó plasmado en el parágrafo transitorio 3, según el cual las reglas de carácter pensional que regían a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones

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Radicación n.° 90718 colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, «se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se

suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. Y que en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». Al efecto, indicó que, de la interpretación dada por esta Corte a las disposiciones mencionadas, plasmada en las sentencias CJS SL1286-2018, CSJ SL, 31 en. 2007, rad. 31000; CSJ SL, 23 en. 2009, rad. 30077; CSJ SL1409-2015 y CSJ SL4963-2016, se extraían dos reglas, a saber: 1) Aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo y cuya fecha de finalización sea ulterior al momento en que cobró vigor dicha norma, regirán hasta cuando finalice el término inicialmente pactado, conforme a la expresión que se consagra en esa disposición constitucional. De esta manera, el constituyente delegado respeta y da plenos efectos a los compromisos y términos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de sus derechos a la negociación colectiva, que no puede ser desconocido de manera unilateral por una disposición jurídica. 2) En el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas conforme a lo consagrado en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la continuidad de los beneficios pensionales extralegales, pues en

este caso la renovación de los acuerdos se produce por ministerio de la Ley y no por voluntad de las partes, de suerte que por expreso mandato constitucional se establece una fecha límite en relación con la vigencia de esos beneficios (subrayado del texto). Añadió que la anterior hermenéutica también fue acogida en la sentencia CC SU555-2014, en la que se precisó

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Radicación n.° 90718 que tal postura coincide con lo recomendado por el Comité de Libertad Sindical en relación con el respeto de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas. Por consiguiente, afirmó, la norma convencional en que se soporta la pretensión «se adecúa a la segunda regla», como quiera que la vigencia inicial de la convención estaba comprendida entre el año 1996-1998 y sus efectos se fueron prorrogando de manera automática por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes; razón por la cual no surte efectos después del 31 de julio de 2010, siendo claro que «la edad es sólo un requisito de exigibilidad pues la pensión convencional que aquí nos ocupa se causa con el tiempo de servicio y el despido injusto». En tercer lugar, al descender al caso concreto, dijo que estaba acreditado que Martín Suárez Caballero laboró para el extinto Idema mediante contrato de trabajo desde el 23 de septiembre de 1987 hasta el 15 de octubre de 1997 (10 años y 22 días), teniendo la calidad de trabajador oficial; que como último salario fijo mensual devengó la suma de $383.100 y

un promedio mensual de $643.403, según infería de la liquidación definitiva del contrato (f.º 14) y de la certificación expedida por la coordinadora del Grupo de Gestión Integral de entidades Liquidadas del Ministerio de Agricultura (f.º. 92); que fue despedido por supresión del cargo, por lo que su despido deviene en injusto; y que cumplió 60 años de edad el 11 de noviembre del 2013 (f.os 20 y 21).

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Radicación n.° 90718 En consecuencia, consideró que el actor cumplió los requisitos de causación (tiempo de servicio y despido sin justa causa) con anterioridad al 31 de julio del 2010, por lo que tiene derecho a que se te reconozca y pague la pensión convencional deprecada, a partir del 11 de noviembre del 2013, fecha en que consumó la edad, la cual se reitera, es sólo un requisito de exigibilidad o disfrute de la pensión. Con relación a la cuantía de la prestación y valor del retroactivo pensional, arguyó que, dado que la convención colectiva no consagró el porcentaje o tasa de reemplazo, por analogía debía remitirse al artículo 8 de la Ley 171 de 1961, concordante con el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, según el cual el monto debe ser directamente proporcional al tiempo de servicios laborado y se liquida con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios. (CSJ SL608-2020 y CSJ SL6473-2014). En cuanto a los factores salariales, dijo que eran los

previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 (CSJ SL17062016). Así mismo indicó que la prestación debía calcularse con relación a la que le hubiera correspondido al trabajador, en el evento de tener derecho a la pensión plena de jubilación de la Ley 33 de 1985 (CJS Sl13192-2015). Como corolario, afirmó que como el señor Martín Suárez Caballero laboró 10 años y 22 días, razón por cual le correspondía una tasa de reemplazo del 37,72%; y que,

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Radicación n.° 90718 realizados los cálculos, como salario promedio debía tener en cuenta la suma de $452.058. En cuarto lugar, consideró que el salario establecido debía ser indexado desde el momento en que el demandante dejó de trabajar y el cumplimiento de los 60 años de edad, conforme lo señalado en la jurisprudencia (CSJ 20 abr. 2007, rad. 29470; CC C8622006 y CC C891A-2006, aplicando la siguiente fórmula: VA VH IPC Final IPC Inicial $452.058 4 111.81576 (IPC dic 12) 37.99651 (IPC dic 96) $1'413.593 Una vez realizados los anteriores cálculos, encontró que el salario promedio del último año indexado arrojaba la suma de $.1.413.593, suma que al aplicarle una tasa de reemplazo del 37.72%, implicaba una mesada inicial para el año 2013 de $533.207, cuantía inferior al salario mínimo, por lo que la mesada se debía reconocer en cuantía de un SMMLV, como

acertadamente lo había hecho el fallador de primera instancia. Agregó que debían pagarse catorce mesadas al año, dado que la prestación se causó el 15 de octubre de 1997, cuando no había entrado a regir el Acto Legislativo 01 del 2005.

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Radicación n.° 90718 En relación con la excepción de prescripción indicó que como el actor reclamó ante la demandada el 11 de diciembre del 2017 (f.º. 15), debía declararla próspera respecto de las mesadas causadas antes del 11 de diciembre del 2014. Acto seguido, con relación a los intereses moratorios, después de citar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dijo que había lugar a su reconocimiento, tal y como la Corte Constitucional lo indicó en la sentencia CC SU065-2018, al señalar que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema seguridad social están obligadas a reconocerlos, agregando: [..] a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular. Inclusive, ello sucede con independencia de que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas en aplicación del artículo 53 Superior. En cuanto al término que tiene la Nación para reconocer la pensión de vejez, la Sala Mayoritaria tiene sentado que conforme al art. 9° de la Ley 797 de 2003 debe ser en un tiempo no superior

a 4 meses después de radicada la solicitud. Por consiguiente, como el señor Suárez Caballero elevó la reclamación el 11 de diciembre del 2017, la Nación tenía hasta el 11 de marzo del 2018 para reconocer y pagar la pensión y como no lo hizo, «corren los intereses moratorios desde el 12 de marzo del 2018 hasta la fecha en que se efectúe el pago de las mesadas adeudadas». Por ello, revocó la indexación impuesta por el sentenciador de primer grado. Finalmente, dijo que acertadamente el fallador de

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Radicación n.° 90718 primera instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, la pensión convencional aquí reconocida era compartida con la que eventualmente le llegara a reconocer Colpensiones, caso en el cual quedaría a cargo de la demandada únicamente el mayor valor, si lo hubiere.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del Juzgado y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales, por razones metodológicas se estudiarán conjuntamente los dos primeros, pese a que están formulados por distinta vía, pero acusan similar elenco

normativo, tienen argumentos complementarios y buscan la misma finalidad; luego se abordará en análisis del tercero.

VI. CARGO PRIMERO Por vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 47 del Decreto 2127 de 1945; 5 y 6 del Decreto 3135

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Radicación n.° 90718 de 1968; 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 1848 de 1969; 267 y 416 del CST; 8 del Decreto 1675 de 1997; 123 y 128 de la Constitución Política; «Decreto 516 de 1990 y Decreto 2001 de 1993, en relación con el artículo 98 de la Convención Colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario – IDEMA y SINTRAIDEMA». Se atribuye al sentenciador la comisión de los siguientes errores de hecho:

A. DAR por probado, sin estarlo, que la desvinculación que efectuó el Instituto de Mercadeo Agropecuario -IDEMA del señor MARTÍN SUÁREZ CABALLERO fue sin justa causa.

B. NO DAR por probado, estándolo, que para la desvinculación que efectuó el Instituto de Mercadeo Agropecuario – IDEMA del señor MARTÍN SUÁREZ CABALLERO medió una justa causa legal, consistente en la supresión y liquidación de la Entidad empleadora IDEMA.

C. NO DAR por probado, estándolo, que la Convención Colectiva de trabajo, suscrita entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario

IDEMA y SINTRAIDEMA solo produjo efectos jurídicos hasta el 30 de abril de 1998, supuesto que implicaba su inaplicabilidad material a las condiciones especiales en que se encontraba el demandante MARTÍN SUÁREZ CABALLERO. Al efecto denuncia como pruebas mal apreciadas el oficio 00253 del 9 de octubre 1997, mediante el cual el Idema comunicó la terminación del contrato de trabajo; y el oficio número 20183400040921 del 5 de marzo de 2018, por medio del cual el Ministerio negó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional. Manifiesta la censura que el sentenciador de segundo grado apreció indebidamente el oficio 253, al considerar que se efectuó un despido sin justa causa, cuando lo que

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Radicación n.° 90718 realmente interrumpió la relación laboral fue «una causa legal», la que devino de la expedición del Decreto 1675 de 1997, en el que se ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Mercadeo Agropecuario, y como consecuencia de dicha declaratoria, la terminación de todos los contratos laborales de sus trabajadores. Por ello, la finalización del vínculo no fue caprichosa o arbitraria, sino que «obedeció a una causa legal y no a una injusta causa», como erradamente se concluyó en la decisión. Argumenta que como el finiquito de la relación laboral tuvo sustento en la Constitución y la ley (Decreto 2438 de 1997 y Decreto Ley 1675 de 1997), su alcance no puede ser otro que el de considerarse como una justa causa legal para

la desvinculación del demandante. Por consiguiente, como el artículo 98 de la convención colectiva 1996-1998, suscrita entre el Idema y Sintraidema, exige como requisitos para la causación de la pensión el despido injusto, después de haber laborado más de diez años y menos de quince, no hay lugar a su reconocimiento. Alega que se realizó por parte del Tribunal una mala apreciación de la liquidación definitiva de prestaciones sociales del demandante, como quiera que determina que el «pago se hace a título de indemnización por despido sin justa causa, cuando el mismo se realiza a título de indemnización por terminación legal del vínculo»; y que si bien las dos indemnizaciones se calculan en igual sentido, no se puede confundir la naturaleza de cada una, pues la primera se aplica cuando el empleador de manera caprichosa,

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Radicación n.° 90718 consciente y en ocasiones arbitraria, decide dar por terminada la relación laboral; mientras que la segunda, tiene cabida por ministerio de la ley, surgiendo la imperiosa necesidad de finiquitar los contratos de trabajo. Igualmente, señala que el colegiado aplicó indebidamente el artículo 8 del Decreto 1675 de 1997, dado que en el parágrafo segundo creó la indemnización por terminación del contrato, «a consecuencia de la supresión y liquidación de la Entidad», acudiendo al mismo sistema de tasación de la indemnización por despido sin justa causa, pese a que las dos tienen una naturaleza disímil. Arguye que el Tribunal no observó la «prueba

documental obrante en el plenario», que da cuenta de que el demandante fue afiliado al ISS, lo que demuestra que el Idema cumplió con la obligación de pagar los aportes a la seguridad social. Agrega que con la imposición de la prestación deprecada se está quebrantando el artículo 128 de la Constitución Política, como quiera que nadie puede percibir más de una asignación del erario. Reitera que no es posible que el demandante pueda recibir dos pensiones cuando cumpla 62 años de edad, porque en este caso no se tiene un régimen especial de pensiones, ni goza de compatibilidad para recibir las dos prestaciones. Concluye diciendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política y lo desarrollado en la Ley 100 de 1993, la seguridad social se concibió como un sistema integral, que «tenía como función

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Radicación n.° 90718 teleológica el de equiparar los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, así como, desligar a los empleadores del pago de las pensiones a su cargo», por lo que cuando el empleador Idema efectuó los aportes por concepto de pensión del señor Pineda León, le fue trasladado al ISS la eventual obligación de reconocer y pagar la pensión de jubilación convencional o legal al trabajador.

VII. RÉPLICA El demandante opositor considera que los dos primeros cargos no deben prosperar porque se debieron acusar los artículos 467 y 476 del CST, dado que la prestación solicitada es convencional y, además, se acusó el «Decreto 516 de 1990 y Decreto 2001 de 1993. Por lo demás, señala que la

valoración probatoria del Tribunal es adecuada y está acorde con la jurisprudencia de esta Corte, según la cual la terminación del contrato por supresión del cargo configura un despido injusto.

VIII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa se atribuye la interpretación errónea de los artículos 90 y 150 numeral 7 de la Constitución Política; el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005; los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, y 141 de la Ley 100 de 1993.

Alega que el juez de apelaciones interpretó erradamente los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, al

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Radicación n.° 90718 considerar que las únicas justas causas o «razones que hacen que una decisión unilateral determinación de contratos para los trabajadores oficiales son las allí expresamente consignadas»; pues no es plausible aceptar tal hermenéutica, dado que en la literalidad de los preceptos jurídicos subyacen motivos poderosos, no explícitos, que realmente son los que legitiman el alcance que ha de dárseles. Expone que la interpretación realizada por el sentenciador sigue los lineamientos jurisprudenciales fijados por esta Corte que han predominado cuando las entidades públicas o privadas, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, si eran sus empresas, los cuales distinguen entre «la causa o modo legal determinar un contrato y la causa o modo justo de hacerlo». Sin embargo, considera que la calificación justa o injusta de una causa de terminación de un contrato de un trabajador oficial debe obtenerse, no sólo

del examen de las normas aludidas, sino de otras fuentes, por lo siguiente: (i) No es razonable limitar o entender como taxativas las causas señaladas de manera expresa en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, (ii) No es razonable entender que un motivo legal no deba ser concebido como justo para terminar un contrato con un trabajador oficial, y (iii) El cierre de empresas públicas realizado conforme a los procedimientos legales es un motivo justo determinación de los vínculos de los servidores con la entidad suprimida, por ser un motivo constitucional y legal, es decir, que emerge de la Constitución y la Ley. De otra parte, después de citar el parágrafo transitorio

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Radicación n.° 90718 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, dice que de aplicarse dicha disposición a los extrabajadores del Idema, ninguna pensión de jubilación convencional puede causarse después de la vigencia de la citada reforma constitucional «(25 de julio 2005)», toda vez que en el término de vigor estipulado para la convención colectiva expiró el 30 de abril de 1998, data para la cual la entidad pública empleadora ya había desaparecido de la vida jurídica. Agrega que, en la parte final de la citada disposición se estableció que los beneficios pensionales extralegales perderían vigencia el 31 de junio de 2010 y, por tanto, en el caso que nos ocupa, el demandante cumplió la edad requerida para la prestación después de dicha data, esto es, el 11 de noviembre de 2013, razón por la cual no

alcanzó a causar el derecho. Igualmente, en relación con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, argumenta que esta Corte tiene establecido que solo proceden respecto de prestaciones reconocidas bajo los parámetros del Sistema General de Pensiones, «mas no para pensiones legales del régimen de transición o de pensiones convencionales». Sin embargo, precisa que, a pesar de que en sentencia CSJ SL1681-2020, se cambió el anterior criterio, para señalar que son viables respecto de todo tipo de pensiones legales, este no tiene cabida en el caso de marras, por cuanto la prestación deprecada es de carácter convencional.

IX. RÉPLICA El promotor del proceso dice que no le asiste razón a la

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