CSJ - SL2391-2019

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N.” 4 OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2391-2019 Radicación n.” 69167 Acta 017 Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ETERNIT COLOMBIANA S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 11 de marzo de 2014, en el proceso que instauró PEDRO JULIO OROZCO MANRIQUE en su contra y en la de COLPENSIONES. I ANTECEDENTES Pedro Julio Orozco Manrique llamó a juicio a Colpensiones y solidariamente a Eternit colombiana S.A., en adelante Eternit S.A., buscando que se declarara que tiene derecho a la pensión de vejez; consecuencialmente, que se les condenara, a pagarla, junto con el retroactivo desde el 27 de noviembre de 1995, debidamente indexado según el IPC

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Radicación n.” 69167 hasta que se cancele y los intereses moratorios regulados por el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Fundamentó sus peticiones, en que laboró para Eternit SA, en los siguientes periodos: 20 de octubre de 1952 al 10 de febrero de 1953, 1 de febrero de 1954 al 2 de marzo de 1966, 21 de noviembre de 1966 al 9 de diciembre de 1971;

que el 26 de noviembre del 1971 presentó su renuncia; que durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 1952 y el 31 de diciembre de 1966, la empresa no efectuó «...] ninguna provisión tendiente a realizar posteriormente el pago de la pensión |[...]». Dijo que, nació el 27 de noviembre de 1935 y cumplió 60 años el mismo día y mes de 1995; que para esta fecha debió recibir la pensión de vejez ya que reunía los requisitos estipulados en el régimen de transición; que de acuerdo con la historia laboral aportada por el Instituto de Seguros Sociales él cotizó las siguientes semanas: 1 ene 1967 15 sep. 1982 336 Por cuenta de Eternit SA Marzo 1998 29 nov.2000 120 Régimen subsidiado de pensiones seguro social Total 456 Sin embargo, sostuvo que, laboró para Eternit SA, por 6033, semanas que no fueron cotizadas por esta al Instituto de Seguros sociales; que, si esa sociedad hubiese realizado el pago, sus semanas ascenderían a 1089. Agregó que, de SCLAJPT-10 V.0O Radicación n.” 69167 conformidad con lo normado en el régimen de transición, le era aplicable el Decreto 758 de 1990. Afirmó que Eternit S.A, le dio repuésta a su solicitud pensional el 29 de noviembre de 1999, afirmando que, ella antes de 1967, no estaba obligada «[...] a pensionar a no ser por motivo de despido injusto, hecho que no ocurrió con el actor, que lo afilió al Instituto de Seguros Sociales desde que asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte y que él, debió

seguir cotizando para obtener su pensión; que después de la respectiva audiencia de conciliación no hubo acuerdo. Sostuvo que, solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez al Instituto de Seguros Sociales, en varias ocasiones, la cual fue negada, la primera vez mediante la Resolución n. 014108 del 20 de agosto de 1997, en dos ocasiones más por medio de los comunicados del 23 de marzo y del 2 de abril de 2012; que la última fue realizada el 16 de febrero del mismo año, pero no recibió respuesta; que agotó la vía gubernativa. Afirmó que, laboró para el Municipio de SoachaCundinamarca, desde el 2 de enero de 1987 y lo hizo hasta el 31 de agosto de 1988, es decir 70 semanas; que cotizó por medio del Régimen Subsidiado de Pensiones desde primero de marzo de 1998 hasta el primero de enero del 2000, para un total de 87.5 semanas aproximadamente; que sumadas todas las semanas cotizadas por él totalizan 1246, lo cual excedía el número requerido por el Decreto 758 de 1990. SCLAJPT-10 V.00 )( Radicación n. 69167 Arguyó que tenía el derecho reclamado, sumando el tiempo cotizado como trabajador y por medio del Régimen Subsidiado de Pensiones; que, además, debía tenerse en cuenta que Eternit S.A., era quien estaba obligada a asumir el correspondiente bono pensional y que el municipio de Soacha, le certificó los salarios con el fin de expedirle el título valor para los respectivos aportes a pensión.

Colpensiones al dar respuesta a la acción, se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos dijo que eran ciertos: la fecha de mnacimiento del señor Orozco; las solicitudes del derecho pensional; el agotamiento de la vía gubernativa; que el actor laboró para el municipio de Soacha, el cual le expidió la certificación laboral donde consta que cotizo 70 semanas; que reunía los requisitos establecidos en el decreto 758 de 1990 para ser acreedor de la pensión deprecada; que Eternit Colombiana S.A. debía asumir el pago de las cotizaciones correspondientes al tiempo dejado de cotizar, de acuerdo con el cálculo actuarial. En su defensa propuso las excepciones que denominó; prescripción, inexistencia de la obligación por falta de cumplimiento de los requisitos legales y buena fe. La demandada solidaria, Eternit colombiana S.A., al dar respuesta, a la demanda se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos: la renuncia voluntaria del señor Orozco, las varias solicitudes realizadas para el pago de su pensión de jubilación; que las respuestas a estas solicitudes siempre fueron negativas; que, cuando el

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Radicación n.” 69167 ISS asumió los riesgos de vejez, invalidez y muerte, lo aseguró ante esa entidad. En su defensa propuso las excepciones que denominó buena fe, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones pretendidas, ausencia de título y de causa en las pretensiones del demandante, ausencia de la obligación demandada y prescripción.

IL SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 29 Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 10 de septiembre de 2013 decidió: PRIMERO.CONDENAR la demandada Etemit Colombiana SA, representada legalmente por quien haga sus veces, a reconocer y pagar a la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones los aportes por el tiempo laborado por el señor demandante Pedro Julio Orozco Manrique identificado con la C.C. No.390.887, correspondientes a los periodos comprendidos desde el 20 de octubre de 1952 hasta el 10 de febrero desde 1953, desde el 1% de enero de 1954 hasta el 26 de julio de 1965 y desde el 21 de noviembre de 1966 hasta el 31 de diciembre de 1966, valor debidamente actualizado de conformidad al IPC certificado por el DAÑEa l momento del pago, como se dijo en la parte motiva. SEGUNDO. ORDENAR a la demandada Colpensiones a realizar al cálculo actuarial de que trata el numeral anterior, sin tener en cuenta como se dijo en la parte motiva, ninguna clase de intereses. TERCERO. declarar parcialmente probada la excepción de prescripción. CUARTO. condenar a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones representada legalmente por Mauricio Olivera o por quien haga sus veces, a pagar al demandante Pedro Julio Orozco Manrique identificado con la C.C. No.390.887, la pensión de jubilación por aportes en cuantía equivalente a un SMLMV la cual deberá reconocerse y pagarse una vez quede ejecutoriada la presente sentencia [...].

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Radicación n. 69167 QUINTO. condenar a la demandada Colpensiones a pagar al demandante la suma de $34.158.950 por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 16 de febrero de 2009 y en adelante las mesadas que se causen hasta que sea incluido en nómina de pensionados. SEXTO. condenar a cada una de las demandadas al pago de las costas del proceso fijando como agencias en derecho la suma UN

MILLON DE PESOS M/ Cte. ($1.000.000) [...].

SEPTIMO. absolver a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C., mediante fallo del 11 de marzo de 2014 que resolvió la apelación de las demandadas, decidió: PRIMERO: revocar la condena impuesta en primera instancia a Etemit Colombiana SA., y a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, con arreglo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: condenar a Etemit colombiana SA, a pagar a Pedro Julio Orozco Manrique la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario después de 15 años de servicio, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, a partir de 27 de noviembre de 1995, en cuantía inicial de $226.733.32, con arreglo a las consideraciones expuestas en precedencia.

TERCERO: declarar probada la excepción de prescripción, sobre las mesadas causadas con anterioridad a 22 de enero de 2010.

CUARTO: absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones de todas las pretensiones incoadas por Pedro Julio

Orozco Manrique.

QUINTQ: costas de la primera instancia a cargo de Etemit Colombiana SA. No se causan en la alzada.

El Tribunal consideró, en lo que interesa al recurso que el deber de interpretación que le asiste al operador judicial ante una demanda que no ofrece sulficiente claridad, es el de

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Radicación n.” 69167 desentrañar el verdadero alcance e intención del accionante según lo establecido en la sentencia CSJ SL 22923, 14 feb. 2005.

Agregó que: «Bajo este entendimiento, al interpretar en conjunto el libelo incoatorio y su subsanación, la mayoría de la Sala considera que la aspiración del accionante es acceder a una pensión, [...]».

Manifestó que el actor solicitó la pensión por aportes al ISS, pero esta le fue negada; que acudió, con el mismo fin, al empleador con el que laboró por más de 17 años, pero este le respondió, en primer lugar, que no tenía derecho a la pensión legal del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, porque no reunía los requisitos para acceder a ella; en segundo lugar, que tampoco era beneficiario de la pensión sanción puesto que no fue despedido de manera injusta; finalmente, que tampoco era acreedor de la pensión restringida por retiro voluntario, ya que, no superó sus condicionamientos. Indicó que, a pesar de lo confuso de la demanda y de que el señor Orozco acudió a la justicia ordinaria procurando

la pensión de vejez, de manera solidaria, no era precisamente la prestación a la que tenía derecho y que por ello el a quo no la podía conceder. Sostuvo que la verdadera intención del demandante era acceder a la prestación económica periódica adecuada a su situación fáctica y jurídica, como resultado de los años de SCLAJPT-10 V.0O - 7 Radicación n. 69167 trabajo y de su disminución de la capacidad laboral. Por lo tanto, consideró que: [...] la corporación entiende que la pensión pretendida es la restringida de jubilación contenida en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, por retiro voluntario con más de 15 años de servicio». Indicó que en el proceso se demostró que el señor Orozco laboró durante 17 años 2 meses y 18 días en los siguientes períodos, discontinuos: del 20 de octubre de 1952 al 10 de febrero de 1953, del 1 de febrero de 1954 al 2 de febrero de 1966 y del 21 de noviembre del mismo año al 9 de diciembre de 1971, descontando 51 días de suspensión (f. 26 a 27), que el vínculo termino por su renuncia voluntaria, según la carta de terminación de la relación laboral (f. 14, 106 y 110) además, que cumplió los 60 años de edad el 27 de noviembre de 1995. Finalmente concluyó que el actor tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por retiro voluntario, después de laborar por más de 15 años para Eternit colombiana S.A., según lo normado en el artículo 8

de la Ley 171 de 1961.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada Eternit colombiana S.A., concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCEDELA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y la absuelva de lo pretendido en su contra.

Con tal propósito formuló dos cargos, replicados por colpensiones y que serán resueltos conjuntamente en atención a que se orientan por la vía juridica, acusan las mismas disposiciones y persiguen idéntico objetivo, en aplicación del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

VI. CARGO PRIMERO Acuso la sentencia de violar, directamente en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 8 de la Ley 171 de 1961 y 260 del CST, lo que a su vez causó la infracción directa del artículo 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año. .- Para la demostración del cargo sostuvo que: Debido al sendero del embate están por fuera de toda discusión que el actor (i) fue afiliado al IS.S. por parte de su empleador Etemit Colombiana S.A. a partir del 1 de enero de 1967 (folio 159

del primer cuademo del expediente), (ú) que laboró para dicha sociedad de manera con continua durante diecisiete (17) años, dos

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Radicación n.” 69167 (02) meses y dieciocho días. fiii) del 20 de octubre de 1952 al 10 de febrero de 1953, del 01 de febrero de 1954 al 02 de febrero de 1966 y del 21 de noviembre de 1966 al 09 de diciembre de 1971', (iv) vínculo que terminó por renuncias (...) del trabajador. " (folio 165 del primer cuaderno del expediente). En primer lugar, debemos partir de la consideración jurídica de que, desde un punto de vista material, debido a los asuntos objeto de regulación y el tipo de estipulaciones que contiene, el Decreto 3041 de 1966 es un decreto ley de carácter estatutario, así formalmente puede ser de naturaleza reglamentaria o ejecutiva. Por lo tanto, por su carácter material real y la contradicción del artículo 61 del Decreto 3041 de 1966 con el artículo 8de la Ley 171 de 1961, el último quedó tácitamente derogado por el primero. Por lo tanto, emplearlo para una situación acaecida el 9 de diciembre de 1971, momento en el cual supuestamente se habría causado la pensión restringida de jubilación, -n0 hecho exigible-, implica la utilización de una norma derogada, inexistente en el ordenamiento jurídico, y el consecuencial no empleo de la disposición vigente y que regulaba la situación fáctica (el artículo 61 del Decreto 3041 de 1960).

Y el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 quedó tácitamente derogado frente a este tipo de casos porque el mismo partía de una íntima relación con el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, buscando proteger la estabilidad laboral frente a los despidos injustificados, estableciendo una pensión sanción, es decir, una prestación de carácter indemnizatorio, una pena frente al empleador que le frustraba o impedía al empleado el disfrute de la pensión plena de jubilación legal. Pero quedando subrogado el empleador cumplido, como en este caso, de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo al afiliar a su empleado al LS.S. a partir del 1 de enero de 1967, y habiendo renunciado éste, es decir, no existiendo reproche alguno frente a la conducta patronal, la eventual pensión de vejez que cubriera el riesgo de vejez, de tipo prestacional, estaría radicada en cabeza del ente pensional que había sustituido, reemplazo al empleador en la asunción de ese riesgo. Tan es así que el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, en concordancia con el numeral segundo del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, no protegía a un empleado despedido con jus¿ta_ causa a los diecinueve (19) años, once (11) meses Yy veintinueve (29) días de servicios a favor de un empleador. Es decir, el citado artículo 8 tenía un fin primordial de protección en contra de las potenciales conductas patronales infundadas de mptqra contractual, de amparo a la estabilidad laboral, y no

propiamente tutora de la vejez. SCLAJPT-10 V.0O Radicación n.” 69167 Diferente a la pensión de vejez cuyo resguardo en la práctica nació progresivamente a partir del año 1967, ya que la cotización se daba y da desde el inicio de la relación y hasta su finalización, independientemente del motivo de la terminación del vínculo. En conclusión, la situación fáctica del demandante encuadra dentro de la descripción típica del artículo 61 de Decreto 3041 de 1966: su contrato de trabajo cesó por su renuncia, teniendo más de diez (10) años, pero menos de quince (15) de servicios prestados a favor de la sociedad Eterit Colombia S.A. para el 1 de enero de 1967, por lo que dicho empleador no era ni es deudor del reconocimiento ni pago de una pensión de jubilación, y el demandante debía y debe aspirar es al reconocimiento y pago de una pensión de vejez por parte del LS.S., hoy en día Colpensiones, previo el cumplimiento de los requisitos de la edad y el número de semanas de cotización consagrados en el ley. En segundo término, si no se aceptara la derogatoria tácita del artículo 8% de la Ley 171 de 1961, es indudable que dicha norma no es aplicable a un contexto de afiliación de un empleado a un régimen pensional y de la asunción de dicho régimen del aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Régimen que sustituye la pensión patronal de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo,

como en este caso, a partir del 1“de enero de 1967. VIL CARGO SEGUNDO Acusó el mismo grupo normativo con idénticos argumentos, pero por el submotivo de interpretación errónea. VIILI. RÉPLICA Sin que pueda tenerse como réplica a la demanda de casación planteada, Colpensiones dijo que, el recurso era completárñente indiferente a ella por cuanto fue absuelta en la segunda instancia.

IX. CONSIDERACIONES SCLAJPT-10 V.0O a Radicación n. 69167

En vista de que ambos cargos fueron propuestos por la vía directa, no son objeto de controversia, los siguientes supuestos fácticos: i) Que pedro Julio Orozco Manrique, laboró para Eternit colombiana S.A. por un total de 17 años 2 meses y 18 días, en varios períodos, entre el 20 de octubre de 1952 y el 9 de diciembre de 1971 cuando decidió, unilateralmente, dar por terminada la relación laboral y fue afiliado al ISS para los riesgos de IVM a partir del 1 de enero de 1967. ii) Que el señor Orozco cotizó al ISS en los siguientes períodos: desde el 1 de enero de 1967 hasta el 9 de diciembre — de 1971, por intermedio de Eternit Colombiana S.A.; entre el 15 de septiembre de 1982 y el 15 de marzo de 1984, por conducto de Aceite Angelita; y, entre el 1 de marzo de 1998 y el 1 de octubre de 2000, por medio del sistema subsidiado de pensiones; para un total de 471,15 semanas.

1. Que durante el período comprendido entre el 2 de enero de 1987 y el 31 de agosto de 1988, el señor Orozco laboró para el Municipio de Soacha, Cundinamarca, tiempo durante el cual aportó a la Caja de Previsión Social del ente territorial, un total de 86,86 semanas. iv) Que el señor Orozco nació el 27 de noviembre de 1935 y arribó a los 60 años de edad en la misma fecha de 1995, razón por la cual, solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, prestación que le fue negada por medio de la Resolución n.

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Radicación n.” 69167 014108 de 1997 porque no tenia los requisitos exigidos por la norma. Le corresponde a la sala determinar si acertó el tribunal cuando decidió revocar la sentencia inicial que había ordenado, a Eternit colombiana S.A., pagar los aportes a pensión por el tiempo laborado anterior al 1 de enero de 1967 a nombre de Pedro Julio Orozco Manrique y a Colpenisones liquidarlos y conceder la pensión solicitada y, en su lugar, ordenó, a la sociedad mencionada, pagar la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario después de 15 años de servicios. El recurrente asegura que, el ad quem, al resolver el asunto, incurrió en aplicación indebida o en interpretación errónea del grupo normativo que contempla la pensión por aportes, sin que los fundamentos fácticos arriba descritos, puedan ser variados por razón de la vía escogida para el

ataque. El tribunal, para decidir que el recurrente tenia «/...] tiempo insuficiente para acceder a la pensión por aportes», se basó en que Eternit Colombiana S.A., no tenía la obligación legal para aportar a la seguridad social con anterioridad al 1 de enero de 1967 y, por lo tanto, el tiempo laborado por el señor Orozco no podía computarse para tal efecto ni podía endilgarse.al empleador una omisión. Dos son los temas puntuales que la sala debe tocar para decidir el presente asunto que, al fin y al cabo, involucra un

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Radicación n.” 69167 derecho de esencial existencia como es el de la pensión de la que una persona puede disfrutar cuando va a hacer uso del retiro laboral, protegida, en últimas, por la Carta Política.

Estos son: i) el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con la aplicación de una de las siguientes normas: Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; artículo 7 de la Ley 71 de 1988; ii) la Pensión restringida de vejez de que trata la Ley 171 de 19%61. La sala tendrá siempre como norte que los cargos fueron propuestos por la vía jurídica y, por lo tanto, los postulados fácticos son inamovibles. i) Del régimen de transición. Parte la sala de otro postulado fáctico que no es parte de la discusión y es el de que, por haber cumplido los requisitos para pensionarse el 27 de noviembre de 1995 cuando arribó a la edad de 60 años,

en vigencia de la Ley 100 de 1993, el señor Orozco es beneficiario de ella y también del régimen de transición de que trata su artículo 36 porque para la fecha en que comenzó la vigencia tenía más de 40 años de edad. Dice el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en la versión aplicable para ese momento, sobre el régimen de transición: La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres Yy sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vgjez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son SCLAJPT-10 V.0O Radicación n. 69167 mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) 0o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisttos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. En ese orden de ideas, en aplicación del régimen de transiciónla norma ínmediátamente anterior para efectos de establecer la edad, el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicios y el monto de la pensión, es el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que, en voces de la corte, no

permite la suma de tiempos públicos y privados y por ello, no habría posibilidad de concederle la prestación reclamada al opositor pues, como quedó probado, cotizó al sistema pensional a través del ISS y laboró para el municipio de Soacha. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisttos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer Y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. Por gracia de la aplicación del régimen de transición ya mencionado, existe la posibilidad de hacer uso del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 que contiene la denominada pensión por aportes que fue, a la postre, la que solicito el recurrente desde el libelo inicial.

La norma dice en su texto:

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Radicación n. 69167 A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)

años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. Si no tiene discusión que el señor Orozco cotizó al ISS un total de 471,15 semanas y al fondo de prestaciones del Municipio de Soacha, 86,96, cifras que al sumarlas totalizan 558.01 semanas, es claro concluir que no se reúnen los requisitos exigidos por ninguna de las dos normas para acceder a la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición. No obstante, con buen tino, el tribunal se atrevió a ejercer el deber de interpretar el querer del demandante para conocer su verdadera intención cuando dijo: [...] bajo este entendido al interpretar en conjunto el libelo incoatorio y su subsanación, la mayoría de la Sala considera que la aspiración del accionante es acceder a una pensión, pues, expone que ha logrado el tiempo suficiente como obtener su reconocimiento. [...] En este orden la sala considera que la verdadera intención del demandante es la prestación económica periódica pertinente a su situación fáctica y jurídica, como resultado final de largos años de trabajo y ante la disminución de su capacidad laboral por el paso de los años, con independencia del nombre técnico que en nigor corresponda, así como de la fuente jurídica de la que emane, [...]. En ese sentido no puede endilgarse al juez colegiado ningún error pues echó mano de normas constitucionales como el articulo 228 que ordena al juez tener como prevalente el derecho sustancial. Esta afirmación fue avalada

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16 el Radicación n. 69167 recientemente por el máximo órgano constitucional en la decisión CC C-173-2019, refiriéndose a la constitucionalidad de una norma procesal, en la que expresó, sobre la tarea de los jueces cuando tienen que decidir enfrentando la realidad formal frente a la sustancial: La tarea de estos es, entonces, mayúscula. Por un lado, deben garantizar que el proceso se surta según las etapas señaladas por el Legislador y, por el otro, deben conseguir que las formalidades del proceso no se conviertan en un inpedimento para la efectividad del derecho sustancial. Todo, asegurándose de illegar a una solución justa frente a la controversia que las partes han sometido a su consideración, en el marco de los postulados del Estado de Derecho. En razón de lo anterior, corresponde a la sala pronunciarse sobre el otro tema planteado para determinar si acertó el tribunal en su decisión, es decir, sobre los pilares que tuvo en cuenta para emitir la decisión atacada. 1i) De la pensión restringida de vejez. Esta prestación fue regulada por el articulo 8 de la Ley 171 de 1961 que dice, en lo pertinente: Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha de despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión, pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad. Tiene que ver el asunto con la no afiliación al sistema

pensional por parte de Eternit Colombiana S.A. entre la fecha de iniciación de la relación laboral y el 31 de diciembre de 1966 pues no se discute que entre el 1 de enero de 1967 y la

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Radicación n. 69167 fecha en que se terminó, cumplió con la obligación de afiliarlo al sistema para efectos de obtener a futuro la subrogación de la obligación legal. Para empezar, sobre la obligación que tenía el empleador en aquellas fechas, de afiliar al trabajador al ISS, en decisión CSJ SL4590-2018, la sala expreso: En primer lugar, es necesario aclarar que la omisión en la afiliación por cualquier causa se resuelve con base en las normas vigentes al momento en que se causa el derecho pensional reclamado y no con las que regulaban la falta de afiliación para el momento en que el empleador incurrió en dicha omisión, por cualquier causa e independientemente de que las diferentes situaciones se hubieran presentado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Así lo manifestó la Sala en sentencia CSJ SL14215-2017: [...] Al respecto, es suficiente recordar que a la luz de la jurisprudencia actual de esta Sala, «las normas que pueden contribuir a resolver [las] hipótesis de omisión en el cumplimiento de la afiliación al Instituto de Seguros Sociales o en el pago de aportes, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad e integralidad, deben ser las vigentes en el momento del cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, pues ciertamente ha existido una evolución legislativa tendiente a reconocer esas contrariedades, de manera tal que las pueda

asumir el sistema de seguridad social, pero sin que afecte su sostenibilidad financiera. [...] Esta posición ha sido reiterada en las providencias CSJ SL167152014, CSJ SL2731-2015, CSJ SL2412-2016 y CSJ SL14215-2017. En segundo lugar, en relación con el tema de que los empleadores no estaban en la obligación de afiliar a sus trabajadores al 1SS, para la época en que no había cobertura, la Corte ha dicho que se debe tener en cuenta el tiempo servido como efectivamente cotizado, para el reconocimiento de la pensión de vejez; así lo ha dejado expresado en sentencias CSJ SL5790-2014, CSJ SL9856-2014, CSJ SL173002014, CSJ SL14388-2015, CSJ SL4072-2017, CSJ SL10122-2017, SL14215-2017, CSJ SL15511-2017 y CSJ SLO68-2018, entre otras. En efecto, en la sentencia CSJ SL14388-2015, expuso: [...] 18

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Radicación n. 69167 No obstante lo anternor, no se puede desconocer que la jurispruden