CSJ - SL2396-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2396-2023 Radicación n.° 96710 Acta 36 Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ROSA MARÍA FLÓREZ DE QUINTERO, contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por la recurrente contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Rosa María Flórez de Quintero llamó a juicio a Colpensiones con el fin de que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de vejez que actualmente disfruta, junto con las mesadas adicionales; los intereses moratorios y/o la indexación y las costas del proceso.

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Radicación n.° 96710 Como fundamento de sus peticiones, informó que mediante Resolución 404414 del 12 de diciembre de 2015, la accionada le otorgó la pensión de vejez, a partir del 1 de octubre de 2014, en cuantía de $616.000 y con base en 1134 semanas aportadas en toda su vida laboral; que mediante sentencia judicial se le ordenó a Colpensiones liquidar los aportes en mora, intereses y multas a que hubiera lugar por el no pago de las cotizaciones causadas entre julio de 1998 y

febrero de 2001; y desde abril hasta diciembre de 2001, por el empleador Confecciones Argelis. Anotó que, después de varias solicitudes, mediante comunicado del 14 de octubre de 2015, Colpensiones le indicó que el valor del cálculo actuarial a pagar por ella ascendía a $11.084.088. Sin embargo, adujo que, como pasó mucho tiempo para que la demandada hiciera esa liquidación, tuvo que cotizar nuevamente, desde el año 2012. Precisó que, de haberse dado inmediato cumplimiento al fallo judicial anterior, la pensión de vejez se le hubiera concedido desde el momento en que cumplió 55 años de edad, esto es, el 8 de septiembre de 2004, fecha en la que había realizado el último aporte al sistema pensional y no, a partir del 1 de octubre de 2014; que tal retroactivo genera intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 96710 Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En relación con los hechos, admitió el reconocimiento pensional otorgado a la actora y el contenido de la sentencia judicial referida; los demás los negó o dijo que no le constaban. Indicó que Colpensiones no estaba en la obligación de reconocer como fecha de causación de la pensión de vejez el momento en el que el afiliado cumpliera los requisitos para ello, sino que era necesario que se efectuara el respectivo retiro del sistema, en los términos del artículo 13 del Acuerdo

049 de 1990. Descartó la procedencia de intereses moratorios, precisando que no existía mora en el pago de mesada alguna. Propuso las excepciones de inexistencia del retroactivo, inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora, compensación indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, descuento del retroactivo por salud y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 11 de junio de 2020, resolvió: Primero: Declarar que la demandante señora Rosa María Flórez de Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía No 32.445.254 tiene derecho al reconocimiento y pago del valor retroactivo de la pensión de vejez en régimen de transición, pero a partir del día 9 de septiembre de 2004, este retroactivo se causa hasta la fecha en que fue reconocida la pensión de la

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Radicación n.° 96710 demandante, esto es, para el 30 de septiembre del año 2014, es decir, que a partir del 1 de octubre de 2014 ya disfruta de la pensión. El juzgado haciendo el cálculo de estos valores retroactivos, estimó su valor en 14 mesadas que le corresponden a la demandante en una suma en $69.292.133 que deberá pagar a la demandante la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por concepto de valor retroactivo por lo cual se obliga a su pago.

Segundo: Condenar a Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, como obligada al reconocimiento y pago y

liquidación de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 sobre los valores o mesadas retroactivas insolutas y exigible a partir el 16 de enero del año 2005 y hasta el pago o solución total de la obligación.

Tercero: Absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones de la pretensión del reconocimiento de indexación sobre valores retroactivos Cuarto: Negar las excepciones de fondo o mérito propuestas por

Colpensiones.

Quinto: Condenar en costas a la parte vencida en juicio Colpensiones, agencias en derecho se calcularon en seis millones de pesos, a favor de la demandante que debe pagar Colpensiones Sexto: Disponer el grado jurisdiccional de consulta ante el

Superior Funcional.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de Colpensiones y en el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta entidad, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante decisión del 10 de junio de 2021, resolvió: PRIMERO: Se MODIFICA la sentencia de primera instancia que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidos, y en su lugar, CONDENA a COLPENSIONES a pagar a la señora ROSA MARÍA FLÓREZ DE QUINTERO por el período comprendido entre el 26 de febrero de 2014 al 30 de septiembre del mismo año, teniendo en cuenta una mesada pensional del salario mínimo legal mensual vigente, la suma de $4.989.600.

Rdo. 05-001-31-05-004-2019-00092 SA 087-20

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SEGUNDO: Se ADICIONA la sentencia en el sentido de AUTORIZAR a COLPENSIONES a realizar los descuentos en salud sobre las mesadas pensionales ordinarias reconocidas para que sea trasladada a la EPS a la que se encuentra afiliada la demandante.

TERCERO: Se MODIFICA la sentencia de primera instancia en lo que se refiere a los intereses moratorios, y en su lugar CONDENA a COLPENSIONES a pagar a la demandante los intereses moratorios, liquidados desde el 26 de marzo de 2014 y hasta la cancelación de las mesadas causadas, a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

En primer lugar, refirió algunos antecedentes importantes del caso, así: mediante Resoluciones 007060 del 22 de abril de 2005 y GNR 57935 del 26 de febrero de 2013, Colpensiones le negó la pensión de vejez a la actora, informándole que sólo tenía 719 semanas de aportes y 297 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad; posteriormente, en Resolución 404414 del 12 de diciembre de 2015, le concedió dicha prestación con base en el régimen de transición y conforme al Decreto 758 de 1990, a partir del 1 de octubre de 2014 en monto de un salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en cuenta 1134 semanas cotizadas. Este último acto administrativo fue confirmado en sede de reposición y apelación. El colegiado advirtió que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín en sentencia del 14 de diciembre de 2007 había ordenado al ISS, hoy Colpensiones

liquidar los aportes en mora, intereses y multas a que hubiere lugar, por el no pago de las cotizaciones causadas entre junio de 1998 y febrero de 2001; y desde abril de 2001 hasta diciembre de 2002, por el empleador Confecciones

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Radicación n.° 96710 Argelis. La entidad demandada, el 14 de octubre de 2015, efectuó la liquidación de esos periodos no cotizados, fijando un valor a cancelar de $11.084.088, teniendo como fecha límite, el 31 de octubre de 2015 y pagados por la demandante, el 28 de octubre de 2015, como podía observarse con el comprobante obrante a folio 55 del expediente. Hechas las anteriores precisiones, señaló que debía resolver tres problemas jurídicos, a saber: el primero, si la demandante tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional, causado del 9 de septiembre de 2004 al 30 de septiembre de 2014; determinar en grado jurisdiccional de consulta si se deben efectuar los aportes al sistema de seguridad social en salud; y finalmente, si había lugar al pago de intereses moratorios. En relación con el primer punto, que es respecto del que se centra el debate en casación, advirtió que el 9 de septiembre de 2005, la accionante le solicitó al entonces ISS, liquidar los aportes en mora con el empleador Confecciones Argelis, y reconocer la pensión de vejez, lo que, anotó, ocurrió una vez dicha entidad le había denegado, por primera vez,

dicha prestación en Resolución 007060 del 22 de abril de 2005; tal petición fue resuelta por el entonces Instituto informándole que no era posible indicarle al empleador el valor de la deuda por los periodos no cotizados, ya que desconocía los salarios por ella devengados, por lo que, debía ser la misma empresa la que estableciera el monto que debía sufragar.

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Radicación n.° 96710 Agregó que, debido al no reconocimiento de dichos periodos en mora, la actora interpuso una demanda ordinaria laboral, en el año 2005, solicitando, precisamente, que se liquidaran tales conceptos y se le otorgara la pensión de vejez junto con las mesadas causadas y adicionales; los intereses moratorios o la indexación. Dicho proceso fue conocido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín, el cual, mediante fallo del 14 de diciembre de 2007, le ordenó a la aquí accionada hacer la respectiva liquidación, con los intereses y multas. Destacó que en esa decisión judicial se puso de presente que la deuda de Confecciones Argelis era incobrable, en los términos del artículo 75 del Decreto 2665 de 1981, por lo que era a la demandante a quien le correspondía pagar dichas cotizaciones. Ante el incumplimiento de la anterior sentencia, la afiliada elevó solicitud para que se acatara lo allí dispuesto, reclamación que fue contestada por la demandada, el 29 de julio de 2015, informándole que los documentos anexados

estaban en proceso de verificación, luego, pidiéndole que aportara, entre otros, copia auténtica del fallo. En esas condiciones, el Tribunal precisó que debía analizar si, en efecto, Colpensiones había inducido en error a la actora a fin de que efectuara cotizaciones adicionales y posteriores al 15 de septiembre de 2004, fecha en la que ya tenía 55 años, y, momento en el que, aparentemente, ya

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Radicación n.° 96710 contaba con las semanas mínimas de cotizaciones para adquirir el derecho pensional. Al respecto, el colegiado señaló que no había duda de que existían unos periodos en mora que debían ser pagados por la demandante, al tratarse de una deuda incobrable al empleador omiso y que, mientras ello no se hiciera, no era posible reconocerle la pensión de vejez, ello, en los términos resueltos por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín, sobre los que no podía volverse, al tratarse de un asunto ya decidido. Adicionalmente, puntualizó que, contabilizando las semanas que la actora tenía cotizadas en septiembre de 2004, encontró que sólo reunía 723,85; y que, incluso, sumando aquellas que estaban en mora de pago por un empleador -227,14 semanasarrojaba 950,99 en toda la vida laboral y 451,57 en los últimos 20 años previos al cumplimiento de la edad mínima, tiempo inferior al exigido en el Decreto 758 de 1990 para causar el derecho pensional,

lo que le permitía concluir que no había existido una inducción en error desde el momento en que Colpensiones le negó la pensión de vejez, en una primera oportunidad, mediante Resolución 007060 del 22 de abril de 2005, así se hiciera el pago de las semanas en mora. Sostuvo que, si bien era cierto que, ante la situación de deuda incobrable de su empleador, la accionante siguió realizando cotizaciones al sistema de pensiones, entre diciembre de 2010 y septiembre de 2014, periodo en el que

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Radicación n.° 96710 reunió 197,14 semanas, lo cierto es que estas, sumadas a las 732,85, correspondían a 920,99 en toda la vida laboral y 421,57 en los 20 años anteriores, por lo que podía decirse nuevamente que no reunía el mínimo de semanas, siendo necesario pagar las que estaban en mora.

Resaltó que: Se tiene pues, que la mora incobrable por los períodos 1998-07 a 2001-02 y del 2001-06 al 2002-12, fueron cancelados por la señora ROSA MARÍA FLÓREZ DE QUINTERO tan sólo el 28 de octubre de 2015, sin embargo, esta Sala no pasa por alto que la accionante sí solicitó en varias oportunidades la liquidación de sus aportes, como lo fue en el proceso ejecutivo conexo al Rdo. 05-001-31-05-004-2019-00092 SA 087-20 proceso laboral, el cual se desconoce su desenlace, ya que no fue anexado al expediente administrativo, así como la acción de tutela repartida

en el Juzgado Veinte Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Medellín, en donde se solicitó que se diera cumplimiento a la sentencia ya mencionada para la liquidación de sus aportes, de igual forma, en la tutela interpuesta en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Por tal razón, debe decirse que con la resolución GNR 57935 del 26 de febrero de 2014, mediante la cual se le negó por segunda vez la pensión de vejez a la demandante después de tantas solicitudes elevadas, sí se indujo en error a la accionante, ya que existió una manifestación de la afiliada tendiente a disfrutar la pensión, y del mismo modo se configuró un actuar negligente de COLPENSIONES para expedir la liquidación que contenía el pago de las cotizaciones que debía realizar la actora, que de haberse efectuado para dicha fecha, es decir, principios de 2014, la actora estuviera gozando de su prestación económica. Observa la Sala, que no se anexó documento alguno que acredite la fecha de notificación de dicho acto administrativo, el cual establece desde cuándo se le indicó a la actora que no tenía las semanas requeridas por ley y debía seguir cotizando, encajando en la figura de la inducción en error, por lo que esta Sala deberá entender que es desde el 26 de febrero de 2014, fecha en que se expidió la resolución; así pues, será desde allí que la señora FLÓREZ DE QUINTERO no debió efectuar más cotizaciones al sistema, pues se repite que de haberse otorgado a tiempo el cálculo para liquidar las cotizaciones en mora, la demandante

hubiese podido obtener su pensión al solicitarla por segunda vez,

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Radicación n.° 96710 y no como erróneamente señaló el juez, pues para el año 2004, quedó establecido que no reunía todos los requisito de ley. Así las cosas, COLPENSIONES adeuda a la señora ROSA MARÍA FLÓREZ DE QUINTERO, un retroactivo pensional comprendido por el período del 26 de febrero de 2014 al 30 de septiembre del mismo año, por la suma de $4’989.600. Debiéndose en este sentido MODIFICAR la sentencia de primera instancia En relación con los aportes al sistema de seguridad social en salud, explicó que era procedente ordenarle a Colpensiones realizar el respectivo descuento, en los términos del inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 -por lo que, en este aspecto, adicionaría la sentencia apeladay, frente a los intereses moratorios, dijo que correrían a partir del mes siguiente al reconocimiento de la pensión, mediante Resolución 57935 del 26 de febrero de 2014, debido a que, fue desde esa fecha que la entidad incurrió en mora en el pago de la primera mesada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el ad quem y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La actora pretende que la Sala case parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto modificó la proferida por el a quo, para que, en sede de instancia, confirme en su integridad la decisión de primer grado.

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Radicación n.° 96710 Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993; 12, 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, en relación con los artículos 48, 51, 54A, 60 y 61 del CPTSS; 165, 167, 243, 244, 246 y 257 del CGP, en concordancia con el artículo 145 del CPTSS; 1, 2, 4, 13, 53, 93, 94, 228 y 230 de la Constitución Política.

Dice que el juez de segundo grado cometió los siguientes yerros fácticos: No dar por demostrado, estándolo, que la demandante fue inducida en error por Colpensiones, al menos, desde el momento en que el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín profirió la sentencia que ordenó a Colpensiones realizar el cálculo actuarial para que se procediera a hacer el respectivo pago por parte del empleador y luego se efectuara la validación y cargue de semanas. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante desde que peticionó (sic) el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y máxime desde la ejecutoria de la sentencia del Juzgado Sexto de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín fue inducida en error obligándola a continuar cotizando por la negligencia,

incuria de Colpensiones en efectuar el cálculo actuarial por la mora patronal. Dar por demostrado, no estándolo, que sólo la inducción en error por parte de Colpensiones se dio solo con la expedición de la Resolución GNR 57935 del 26 de febrero de 2014, mediante la cual se negó por segunda vez la pensión de vejez después de tantas solicitudes elevadas, ya que dicha inducción al menos se materializó inequívocamente desde la ejecutoria de la sentencia

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Radicación n.° 96710 proferida por el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante, computándole el tiempo en mora no tenía las 500 semanas cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión, ya que de acuerdo a la historia laboral de Colpensiones, entre 1993 y septiembre 8 de 2004 (cumplimiento de los 55 años de edad) tenía en su haber 512,22 semanas, situación que de suyo relevaba inequívocamente la inducción en error obligarla a cotizar nuevamente desde el año 2012 como independiente de cara a completar las semanas para la pensión, bajo los postulados del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición. Refiere que los anteriores errores se cometieron por la apreciación equivocada de los siguientes elementos de prueba: i) la Resolución del 12 de diciembre de 2015 (f.° 14); ii) la historia laboral de Colpensiones (f.° 90); iii) la petición

del 5 de septiembre (sin referir el año) donde se reclama la liquidación de los aportes en mora y su respectiva respuesta (f.° 28 a 31); iv) la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín (f.° 49 a 54); v) la solicitud de cumplimiento de dicha decisión (f.° 23 y 24); y vi) la Resolución 007060 de 2005 (f.° 27). Como fundamento de la acusación, sostiene que no está en discusión que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, luego de lo cual, indica que, de no haber existido mora patronal, el reconocimiento de su pensión de vejez debió hacerse desde el momento en que cumplió 55 años, esto es, el 8 de septiembre de 2004, máxime si, en el 2005, reclamó dicha prestación y sólo se otorgó a través de Resolución 404412 del

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Radicación n.° 96710 12 de diciembre de 2015, con fecha de efectividad en octubre de 2014. Cita extractos de la decisión del Tribunal. De modo que, precisa, pese a estar acreditados los trámites que adelantó ante la entidad accionada, así como el pago tardío del cálculo actuarial, sólo se consideró que fue inducida en error con la resolución mediante la cual se le negó por segunda vez la pensión de vejez; argumento que no comparte, dado que debió acudir al proceso ejecutivo laboral conexo y a la garantía constitucional para que Colpensiones

diera cumplimiento a la sentencia proferida, en su momento, por el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral, como expresamente, lo aceptó el ad quem. En consecuencia, estima que surgen evidentes los errores cometidos por el juez de segundo grado, al ignorar lo previsto en el Decreto 758 de 1990, ya que, desde que solicitó la pensión de vejez le asistía pleno derecho a su reconocimiento y disfrute, tal como lo admitió el a quo, pues si bien es cierto que existía una decisión judicial que, en su momento, no dispuso su reconocimiento al no convalidar la mora patronal, sino disponer su pago a través de un cálculo actuarial, no es menos cierto que Colpensiones se sustrajo de su deber legal, no sólo de iniciar el respectivo cobro coactivo, sino de proceder una vez en firme la decisión o, mejor, desde la misma solicitud del cumplimiento del fallo, liquidar el respectivo cálculo actuarial para que pudiera acceder a su pensión de vejez, situación que se materializó solamente diez años después.

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Alude a lo siguiente: Luego entonces, contrario a lo esgrimido por el Tribunal, se insiste como lo ilustró el Juez de Primera Instancia que hace la trazabilidad del iter tortuoso de la recurrente para acceder a la pensión de vejez bajo el régimen de transición que la amparaba, se perfila sin ambages una clara inducción en error imputable a COLPENSIONES, pues carece de justificación el proceder ignominioso y desidioso por parte de dicha administradora de

pensiones, que teniendo conocimiento, no sólo de lo ordenado por el Juzgado Sexto de Descongestión del Circuito de Medellín, respecto a liquidar el cálculo actuarial en razón de la mora patronal, y de lo vital que era para que la demandante pudiera acceder a la pensión, y por ende, para recuperar una deuda declarada incobrable que le permitía financiar nutrir los recursos del sistema, pues es un hecho notorio que la tesis dominante hoy del órgano de cierre es que la mora patronal no es una carga que deba soportar el trabajador, dilató caprichosamente su liquidación, situación que de suyo obligó a la hoy recurrente, activar las cotizaciones a partir del año 2010 en su condición de independiente, privándola injustamente de disfrutar de su pensión, pues como se demostrará más adelante, durante los 20 años al cumplimiento de la edad, obviamente computándole la mora patronal sí tenía las 500 semanas, que fue, si se quiere el pilar argumentativo del Tribunal para modificar la sentencia del juez A-quo, ya que pese a vislumbrar la inducción en error, la declaró en tiempo muy posterior a su verdadera materialización, que se insiste, al menos fue a partir desde la ejecutoria de la sentencia o mejor aún, de la solicitud del cumplimiento de la sentencia judicial, ya que no se pierda de vista que el órgano de cierre, entre otras en la sentencia 43.564 del 5 de abril de 2011, M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, ha predicado la existencia de inducción en error cuando se carece de una razón atendible, plausible y se obligue a cotizar al sistema a quien ya

tenía en su haber la pensión, en este caso COLPENSIONES al sustraerse de un imperativo legal, que comportó prolongar injustamente en el tiempo la liquidación del cálculo actuarial ordenado en sentencia judicial, y más aún, compeliendo a la demandante a acudir a otras acciones judiciales como lo hace notar el Tribunal y varias peticiones, situación que de suyo denota una suerte de “proceso kafkiano”, reprochable bajo el sol constitucional de 1991, acta de nacimiento del Estado Social de Derecho. De manera que, señala, esa errónea apreciación de la prueba llevó al ad quem a vislumbrar la inducción en error, pero en tiempo posterior a su nacimiento, desconociendo su

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Radicación n.° 96710 diligencia y que sólo diez años después de reclamar la pensión, pudo obtener su reconocimiento, e incluso, siete años después de la firmeza de la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2007, por el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral por la tardanza injusta, dejadez e incuria de Colpensiones en honrar las decisiones judiciales, y en someter a los afiliados a trámites ulteriores sin estar obligados a ello, hasta el punto de que la recurrente decidió activar las cotizaciones como trabajadora independiente en el año 2010, como se aprecia en la historia laboral y en la resolución que primero negó, y luego concedió la pensión de vejez. Indica que desde el año 2005 le solicitó a la accionada la liquidación de los aportes en mora (f.º 28) y, debido a que

el ISS no lo hizo (f.º 29 a 31) debió iniciar proceso ordinario laboral que ordenara su pago a través de cálculo actuarial, pese a lo cual, el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral sólo le ordenó al ISS liquidar los aportes en mora por los periodos julio 1998-febrero 2001 y junio 2001-diciembre 2002, ya que la pensión de vejez la dejó sujeta al pago de dicha mora. Precisa que en su historia laboral y en la Resolución 404414 de diciembre de 2015 se evidencia que reunía 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años, sumando los periodos que eran objeto de mora patronal, ya que el Tribunal computó 451,17 semanas. Cita extractos de la decisión del ad quem.

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Radicación n.° 96710 Refiere que basta con mirar su historia laboral para desvirtuar la conclusión del juez de alzada acerca de que, computada su mora, no cumplía los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pues ello ocurrió en su caso el 8 de septiembre de 2004, momento en el que tenía 512,82 semanas, entre 1984-2004. Finalmente, añade: De tal suerte que, al tipificarse un actuar negligente por parte de COLPENSIONES al menos a partir de la sentencia judicial del Juzgado Sexto, esto es, en la morosidad o tardanza injustificada para realizar el cálculo actuarial, que era el vehículo que conduciría a la demandante al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el Tribunal debió confirmar la sentencia y no

modificarla respecto a la fecha en que consideró se tipificó la inducción en error. No sobra advertir que el reconocimiento y protección de los derechos no se agotan en la sentencia judicial, sino en su eficaz cumplimiento, de lo contrario, no es plausible predicar el acceso efectivo a la administración de justicia, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T 048-19. Siendo ello así, brotan o campean airosos los errores evidentes de hecho que se le enrostran al Tribunal, porque de haber apreciado correctamente las pruebas, hubiera arribado a la conclusión de que efectivamente la recurrente tenía derecho a disfrutar de la pensión de vejez desde que cumplió la edad de pensión, que en su caso fue el 8 de septiembre de 2004, fecha para la cual sí tenía en su haber las 500 semanas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años edad, por ser beneficiaria del régimen de transición en los términos de los artículos 12,13 y 35 del Decreto 758 de 1990, en armonía con el art. 36 de la Ley 100 de 1993, como lo ordenó el Juez de Primera Instancia, ya que dada la tardanza injustificada de COLPENSIONES en liquidar el cálculo actuarial, la obligó a activar las cotizaciones a partir del año 2010, a sabiendas que computándole la mora patronal, misma que fue cancelada, luego de varias acciones y solicitudes en el año 2015, la recurrente, se insiste, sí tenía derecho a la pensión de vejez desde septiembre de 2004 como lo revela la historia laboral aportada al proceso y

los tiempos relacionados en la resolución GNR 404414 de diciembre de 2015.

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VII. RÉPLICA Colpensiones indica que el cargo, aunque se formula por la senda indirecta, incluye discusiones de orden jurídico, como lo es reprochar que el Tribunal hubiera ignorado el clausulado normativo respecto de la pensión de vejez; el marco previsto en el Decreto 758 de 1990, al igual que la doctrina constitucional.

Indica que, de todos modos, no puede concluirse que Colpensiones hubiera inducido en error a la demandante, ya que, pese a que elevó múltiples solicitudes de reconocimiento pensional desde el año 2005, lo cierto es que al contabilizar el número de semanas que tenía la accionante a septiembre de 2004, esto es, cuando tenía 55 años de edad, sólo alcanzaba a reunir 723,85 semanas, inferiores a las 1000 que exige la ley. Incluso, manifiesta, al incluir aquellas que se encontraban en mora y cuyo valor se determinó liquidar, arrojan un total de 227,14, por lo que se obtendría un total de 950,99 semanas, de las cuales, sólo 451,57 se causaron en los últimos 20 años anterior al cumplimiento de la edad mínima. De manera que, sostiene, no puede predicarse la inducción en error por parte de Colpensiones cuando la actora no satisfacía los requisitos para acceder al derecho pensional que reclama en este proceso.

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Radicación n.° 96710

Agrega que:

En el remoto evento de que esta Corporación encuentre vocación de prosperidad en el recurso interpuesto, se solicita que en sede de instancia proceda al análisis de los fundamentos invocados en el recurso de apelación interpuesto por mi representada, relacionado con los efectos de cosa juzgada respecto del proceso ordinario laboral promovido por la señora ROSA MARIA FLOREZ DE QUINTERO en contra del otrora ISS el cual cursó en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de 4 Descongestión de Medellín, identificado con el radicado 05001310500620050120600, en el cual se pretendió que se le liquidaran los aportes en mora por parte de la empresa CONFECCIONES ARGELIS y posterior a ello se le reconociera y pagara la pensión de vejez, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y costas. En providencia del 14 de diciembre de 2007, el mencionado Despacho ordenó al entonces ISS “… a liquidar los aportes en mora, intereses y multas a que hubiese lugar; por el no pago de las cotizaciones causadas entre el mes de julio de 1998 y el mes de febrero de 2001, y de