CSJ - SL2397-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2397-2023 Radicación n.° 96870 Acta 36 Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación formulado por la

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB

S. A. ESP contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de octubre de 2021, en el proceso ordinario laboral seguido por WILMER ACERO RINCÓN en contra de la JUNTA

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, y la recurrente.

I. ANTECEDENTES Wilmer Acero Rincón llamó a las entidades accionadas para que se declare que el dictamen 80147616 del 24 de diciembre de 2014 emitido por la Junta Regional de

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Radicación n.° 96870 Calificación de Invalidez «es contrario a la ley, y por tanto, carece de valor vinculante»; que presenta una pérdida de la capacidad laboral (PCL) superior al 55% estructurada el 12 de enero de 1980, y que a partir del 8 de septiembre de 2002 tiene derecho a la sustitución de la pensión que en vida devengaba su padre Isidro de Jesús Acero Acosta, prestación que estaba a cargo de la ETB, por lo que solicita que se condene a su reconocimiento y pago, así como los intereses

de mora y la indexación. También reclamó condenar a Colpensiones a reconocer post mortem la pensión que en vida correspondería a su papá, y pagarle a él, como hijo, la «pensión sustitutiva» dada la muerte de Isidro de Jesús Acero Acosta, a partir del 4 de abril de 2013, «fecha en la cual el causante cumpliría los 60 años de edad», los intereses de mora, la indexación y las costas. Para sustentar estas pretensiones relató que nació el 12 de enero de 1980, que desde ese momento es «sordomudo», pues se le diagnosticó hipoacusia neurosensorial profunda bilateral y encefalopatía por rubeola; que dependía económicamente de sus padres. Agregó que su progenitor Isidro de Jesús Acero Acosta, recibía una pensión de la ETB otorgada en Resolución 1512 de septiembre de 1997, de carácter compartido con la que eventualmente le otorgara el ISS al cumplir 60 años de edad, esto es, el 4 de abril de 2013. Señaló que su padre falleció el 8 de septiembre de 2002 y el 5 de octubre del mismo año su mamá.

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Radicación n.° 96870 Indicó que el 12 de agosto de 2014 solicitó la pensión de sobrevivientes ante la ETB, entidad que la negó con fundamento en que no acreditaba los requisitos para ello, en particular, el porcentaje de PCL. El 22 de agosto de 2014 reclamó la pensión de sobrevivientes ante Colpensiones y

también fue negada por no contar con un dictamen de PCL, decisión que fue apelada solicitando que se «suspendiera la pensión» hasta que se obtuviera dicha calificación. Manifestó que el 5 de septiembre de 2014 presentó solicitud de calificación de PCL ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, órgano que emitió dictamen el 24 de diciembre del mismo año, en el que concluyó una PCL del 44,75% estructurada el 11 de enero de 1980 por diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral epilepsia crónica. Agregó que no cuenta con los recursos económicos para costear el dictamen ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para poder interponer el recurso de apelación ni solvencia financiera para garantizarse una vida digna y el tratamiento de su enfermedad. Refirió que la Junta Regional de Calificación de Invalidez no valoró adecuadamente sus patologías, pues, en la historia clínica se aprecian antecedentes y secuelas de encefalopatía por rubeola e hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, además, no tuvo en cuenta que no podía trabajar a raíz de ellas. Afirmó que tampoco analizó su posibilidad de incorporación laboral, limitaciones, entorno familiar, social y económico, ni las condiciones de adaptabilidad laboral, las habilidades, destrezas y/o

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Radicación n.° 96870 aptitudes de orden físico, mental y social para su desempeño en el trabajo. Por ende, el dictamen solo estudió la patología,

pero no la capacidad laboral. Al dar respuesta a la demanda, la ETB se opuso a lo pretendido en su contra. Frente a los hechos aceptó los relativos al otorgamiento de una pensión a favor de Isidro de Jesús Acero Acosta y su carácter compartido, la fecha de fallecimiento del pensionado y la reclamación administrativa; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Para ejercer su defensa explicó que no era dable otorgar la pensión reclamada, por cuanto el actor no acredita su calidad de beneficiario, ya que, aunque es hijo del pensionado, no demostró la pérdida o disminución de su capacidad laboral a través del dictamen que deben expedir las Juntas de Calificación de Invalidez. Propuso las excepciones denominadas ausencia de causa, prescripción, inexistencia de la mora y actuación de buena fe de la entidad, inexistencia de la obligación de pagar intereses e indexación y compensación. Colpensiones también contestó la demanda con oposición a las pretensiones. En relación con los hechos admitió la reclamación administrativa y su respuesta, y el recurso de apelación presentado contra la decisión de negar la prestación; de los restantes señaló que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 96870 Como argumento de defensa expuso que el actor no demostró su calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes en el trámite administrativo, y que el dictamen n.° 80147616 del 24 de diciembre de 2014 se encuentra en

firme al no haber sido impugnado y, por ende, tiene fuerza vinculante. Formuló las excepciones que denominó inexistencia del derecho y la obligación, prescripción, improcedencia de indexación e intereses de mora. La Junta Regional de Calificación de Invalidez también se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos admitió que el actor era «sordomudo» y padecía hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, la fecha de fallecimiento de sus padres, la solicitud de calificación de PCL, el dictamen emitido por esta Junta y que en dicha valoración no se registra la patología de epilepsia crónica; de los demás adujo que no le constaban. En su defensa señaló que tiene una función médicocientífica, pero no le incumbe reconocer las prestaciones económicas que surjan de los dictámenes que emite. Aclaró que la valoración fue realizada con fundamento en el Decreto 917 de 1999; explicó que la hipoacusia neurosensorial es una secuela de la encefalopatía ocasionada por la rubeola y que en la historia clínica no se documentó la presencia de otras patologías asociadas y el accionante tampoco lo manifestó. Además, resaltó que en el examen médico el actor se relacionó adecuadamente con los evaluadores, entendió y obedeció las órdenes y con base en ello se definió el nivel de independencia en actividades básicas cotidianas.

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Radicación n.° 96870 Propuso las excepciones de falta de título y causa, inexistencia jurídica de las obligaciones demandadas, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la

obligación, falta de causa para deprecar la revocatoria del dictamen emitido por la accionada, cobro de lo no debido, legalidad de la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, carencia de fundamento legal técnico médico científico, confusión de conceptos y buena fe de la demandada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión proferida el 16 de septiembre de 2019 resolvió: PRIMERO. CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar a Wilmer Acero Rincón la pensión de sobrevivientes, por tener la calidad de hijo inválido del señor Isidro de Jesús Acero Acosta afiliado a Colpensiones, a partir del 8 de septiembre del 2002.

SEGUNDO. SE CONDENA a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB a reconocer y pagar a Wilmer Acero Rincón la sustitución pensional de su padre Isidro de Jesús Acero Acosta, en su condición de hijo inválido, a partir del 8 de septiembre del 2002. TERCERO. SE CONDENA a la ETB a reconocer y pagar a Wilmer Acero Rincón el mayor valor entre la pensión que debe reconocer Colpensiones, de acuerdo con lo consignado en esta sentencia, y la sustitución pensional a que tiene derecho el demandante como hijo inválido de Isidro de Jesús Acero Acosta. CUARTO. SE CONDENA a Colpensiones a pagar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB ESP como retroactivo pensional la suma de $290.361.137 correspondiente a las

mesadas generadas del 14 de abril del 2012 al 31 de agosto del 2019, liquidado hasta esa fecha.

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Radicación n.° 96870 QUINTO. SE CONDENA a la ETB a reconocer y pagar a Wilmer Acero Rincón la suma de $340.951.208 correspondiente al retroactivo pensional generado por la sustitución pensional convencional desde el 14 de abril del 2012 y hasta el 31 de agosto del 2019 fecha de corte de dicha liquidación. SEXTO. SE ABSUELVE a las demandadas de las restantes pretensiones incoadas en su contra. SÉPTIMO. SE DECLARA PARCIALMENTE la excepción de prescripción conforme se dijo en las consideraciones y no probadas las restantes excepciones. OCTAVO. No hay lugar a condena en costas en este proceso. NOVENO. ORDÉNESE el grado judicial de consulta de esta sentencia a favor de Colpensiones como entidad garantizada por la Nación. Para sustentar la condena impartida en el numeral cuarto de esta decisión, el a quo señaló que el retroactivo a cargo de Colpensiones debía ser pagado a la ETB porque la pensión de jubilación convencional reconocida por esta empresa era de carácter compartida, situación que no se discutía y era aceptada por las partes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció los recursos de apelación formulados por el demandante, la ETB y Colpensiones, así como el grado de consulta a favor de esta última, y mediante sentencia dictada el 29 de octubre de 2021 resolvió:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2019 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a pagar al demandante WILMER ACERO RINCÓN, el retroactivo pensional desde el mes de agosto de 2011

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Radicación n.° 96870 hasta octubre de 2021, qué asciende a la suma de $375.819.479 y las mesadas pensionales que se continúen causando, sumas que deberán cancelarse de manera indexada a la fecha de su pago y de las cuales se ordenan efectuar los descuentos al sistema general de seguridad social en salud, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia impugnada en el sentido de condenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB ESP S. A. a reconocer y pagar el señor WILMER ACERO RINCÓN la suma de $235.573.955,86 correspondiente al retroactivo pensional del mayor valor generado entre el periodo de agosto de 2011 hasta octubre de 2021, así como el pago del mayor valor entre la pensión de jubilación y la pensión de sobrevivientes que se continúe causando, sumas que deberán cancelarse de manera indexada al momento de su pago y de las cuales se ordenan efectuar los descuentos al sistema general de seguridad social en salud, conforme lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: REVOCAR el numeral octavo de la sentencia de

primera instancia y en su lugar condenar en costas a COLPENSIONES y a la ETB a favor del demandante. Indicó que el problema jurídico consistía en determinar si el demandante, en su condición de hijo «inválido», acreditó los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes a cargo de Colpensiones con ocasión del fallecimiento de su padre Isidro de Jesús Acero Acosta, así como la sustitución de la pensión de jubilación convencional que el causante devengaba en vida y que era pagada por la ETB. Afirmó que no existía discusión sobre los siguientes hechos: i) mediante Resolución 1512 del 15 de septiembre de 1997, la ETB le otorgó a Isidro de Jesús Acero Acosta una pensión de jubilación «convencional» compartida por valor de $1.269.317,02 a partir del 1 de agosto de 1997; ii) el señor Acero Acosta cotizó 1341 semanas ante Colpensiones, desde 1974 hasta el momento de su muerte; iii) el causante falleció

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Radicación n.° 96870 el 8 de septiembre de 2002; iv) Wilmer Acero Rincón es hijo de Isidro de Jesús Acero Acosta; v) mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez se determinó una PCL del accionante del 44,75% con fecha de estructuración 12 de enero de 1980. Recordó que en el trámite procesal se había ordenado practicar un dictamen pericial ante la Junta Nacional de Calificación de invalidez, con el objeto de determinar la fecha de estructuración, origen y PCL del promotor, y esta entidad

concluyó que el señor Acero Rincón presentaba una PCL del 53% por diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral y deficiencia por pérdida de agudeza auditiva, estructurada el 12 de enero de 1980, fecha de su nacimiento. Describió lo narrado por los testigos Gilma Rosa Zuluaga Henao, Adriana Patricia López Moreno, y el contenido de las declaraciones extrajuicio rendidas por Esperanza Guevara Infante y William Daza Arias, en relación con la dependencia económica del demandante frente a su padre. Como premisas normativas, hizo alusión a lo considerado en la sentencia CSJ SL4974-2018 en relación con la transmisibilidad de la pensión de jubilación; y recordó el texto de los artículos 38, 46 y 47 literal b) de la Ley 100 de 1993 en su versión original. Dijo que en atención a los supuestos fácticos y jurídicos mencionados se concluía que el actor acreditó los requisitos

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Radicación n.° 96870 para ser beneficiario de las prestaciones económicas reclamadas en la demanda, pues, estaba demostrada la relación de parentesco entre el causante y el demandante, así como una PCL superior al 50% de este, según el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 19 de julio de 2018. Explicó que no eran válidos los argumentos de las demandadas para desestimar este dictamen y acoger el emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, como quiera que, precisamente este último fue cuestionado en la demanda inicial con fundamento en que

no se había estudiado «la totalidad de los componentes necesarios para el resultado obtenido». Fue por esta razón que el a quo decretó una nueva valoración por la Junta Nacional, entidad que basó su análisis en los conceptos médicos emitidos desde el 11 de octubre de 1982 y las valoraciones del equipo interdisciplinario que concluyeron que el accionante presentaba hipoacusia neurosensorial bilateral con compromiso de grado moderado a profundo en el oído derecho y severo a profundo en el oído izquierdo. Indicó que estos hallazgos fueron «corroborados en la valoración médica realizada por la Junta y sub calificado por la Junta Regional», teniendo en cuenta que el compromiso de pérdida auditiva es mayor de acuerdo con los potenciales auditivos. Fue por este motivo que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez consideró necesario modificar las deficiencias y asignar «lo correspondiente» acorde a la historia clínica y los parámetros del Decreto 1507 de 2014. El

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Radicación n.° 96870 Tribunal también encontró que, en relación con las discapacidades y minusvalías, el dictamen del 19 de julio de 2018 estudió las deficiencias del paciente y su impacto a nivel ocupacional, en la ejecución de sus actividades de autocuidado, tiempo libre y trabajo. Por lo anterior, el colegiado concluyó que el dictamen de la Junta Nacional era una prueba válida que merecía credibilidad, por cuanto estaba basada en la valoración científica de dicha entidad, sin que las demandadas apelantes hubiesen presentado oposición alguna en la

oportunidad procesal respectiva, y en la alzada tampoco establecieron de manera concreta los aspectos en que habría podido equivocarse la mencionada Junta. Señaló que no podía tenerse como fecha de estructuración el 19 de julio de 2018 como lo solicitaba Colpensiones, pues esta es la data en que se emitió la calificación, la cual es distinta a la de estructuración de la invalidez, que fue determinada para el 12 de enero de 1980, con base en la historia clínica del actor, de la que se infiere que «es sordo» de nacimiento y había presencia de sordera profunda a edades tempranas; de ahí que se dictaminó como una patología congénita, como se dijo en la aclaración del dictamen efectuada el 11 de julio de 2019. Aclaró que el hecho de que el accionante hubiese laborado por un mes, como dijeron los testigos, o que «se pueda dar a entender», como resaltaron las demandadas, no son aspectos con la relevancia suficiente para desvirtuar las

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Radicación n.° 96870 conclusiones de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; más cuando las declarantes Gilma Rosa Zuluaga y Adriana Patricia López refirieron que, aunque intentó trabajar, su condición de discapacidad no se lo permitió. Agregó que el requisito de la dependencia económica sí estaba demostrado, pues estas mismas declarantes describieron la existencia de tal circunstancia. Por tanto, estimó que el demandante tenía derecho a la sustitución de la pensión de jubilación a cargo de la ETB, así

como a la pensión de sobrevivientes por parte de Colpensiones. Esta última, porque el causante era cotizante activo al momento de su deceso y contaba con 1341 semanas de aportes, densidad superior a las 26 semanas exigidas legalmente, e incluso ya había reunido las semanas para la pensión de vejez, de ahí, que dejó causado el derecho a la prestación de sobrevivientes. Aclaró que no fue objeto de discusión la compartibilidad de la pensión de jubilación a cargo de la ETB y la de vejez que llegara a reconocer Colpensiones, por tanto, a la primera entidad tan solo le incumbía pagar el mayor valor si lo hubiere entre la prestación reconocida por ella y la que debe asumir Colpensiones. Frente a la prescripción indicó que no era la data de presentación de la demanda, sino de la solicitud pensional, la que debía atenderse para contabilizar el término trienal de prescripción, esto es, la reclamación del 14 de agosto de 2014 ante la ETB y del 22 de agosto de 2014 ante Colpensiones.

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Radicación n.° 96870 Aclaró que si faltaban documentos para efectuar el estudio pensional las entidades encargadas han debido requerirlos o adelantar las gestiones pertinentes para obtenerlos. La ausencia de los soportes necesarios tendría incidencia tan solo en aspectos como el pago de intereses de mora, pero no frente a la prescripción. Señaló que debía modificar la decisión de primer grado, toda vez que para contabilizar el término trienal tomó como fecha el 17 de abril de 2015, que corresponde a la presentación del recurso de

reposición ante Colpensiones, y no el 22 de agosto de 2014 cuando se hizo la reclamación administrativa. Por tanto, declaró prescritas las mesadas pensionales causadas antes del 22 de agosto de 2011 a cargo de esta entidad, y del 14 de agosto de 2011, respecto de la ETB.

Liquidación: señaló que la pensión de jubilación a cargo de la ETB correspondía a $1.269.317,02 para el año 1997 y reajustada a 2011 ascendía a $3.514.935; mientras que la pensión de sobrevivientes que debe asumir Colpensiones equivale a $2.160.607 para 2011, la cual se calculaba con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años como IBL y una tasa de reemplazo del 75%. Por tanto, la ETB debía asumir el mayor valor entre ambas prestaciones.

Señaló que Colpensiones debía reconocer el retroactivo pensional generado entre agosto de 2011 y el 31 de agosto de 2019, -fecha de Corte liquidado por el a quo-, que ascendía a $284.224.378, inferior a la establecida en primer grado $290.361.137, por lo que se debía modificar la decisión en

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Radicación n.° 96870 ese sentido; además, con fundamento en el artículo 283 del CGP, actualizó el valor de este retroactivo hasta octubre de 2021 dando un monto de $375.819.479. Dijo que el retroactivo por el mayor valor a cargo de la ETB por el lapso de agosto de 2011 a agosto de 2019, fecha de corte de liquidación del a quo, correspondía a

$178.159.639,53, que actualizado a octubre de 2021 equivalía a $235.573.955,86, por lo que en este aspecto también se debía modificar la decisión apelada. Además, aclaró que estas sumas se ordenan «pagar directamente a la parte demandante, pues no se entiende por qué en la sentencia de primera instancia se ordenó el pago a la ETB si se trata de retroactivos distintos»: el de Colpensiones por valor de la pensión de sobrevivientes, y el de la ETB por mayores valores adeudados, «por lo que ambos retroactivos pertenecen al actor».

Intereses de mora y costas: adujo que no era procedente la condena por este concepto, dado que con la reclamación administrativa no obraba prueba del dictamen que diera cuenta del estado de invalidez del actor, por lo que no podía predicarse la mora de la entidad en el reconocimiento pensional; en su lugar, dispuso el pago de la indexación de lo adeudado. Finalmente precisó que la condena en costas es de carácter objetivo, frente a quien resultaba vencido en juicio, en este caso, las demandadas, por lo que sí había lugar a su pago en primera instancia.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la ETB, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Sala case parcialmente la sentencia de segundo grado en cuanto confirmó el pago de «retroactivos que se habrían causado al entendido del juez,

compartido por el Tribunal, con anterioridad al dictamen del 19 de julio de 2018 emanado de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez». En sede de instancia, solicita modificar el fallo de primer grado en el sentido de ordenar el pago de la diferencia pensional a su cargo con posterioridad al 19 de julio de 2018, «a partir del dictamen fechado el 19 de julio de 2018». De manera subsidiaria solicita casar parcialmente la sentencia confutada en cuanto modificó lo resuelto en el numeral cuarto del proveído del a quo y dispuso que las mesadas causadas entre el 14 de abril de 2012 y el 31 de agosto de 2019 fueran pagadas por Colpensiones al demandante. En sede de instancia, pide confirmar la decisión del juez que ordenó pagar tales mesadas a favor de la ETB y absolvió de las costas procesales. Con tal propósito formula un cargo que es replicado por Colpensiones.

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de segunda instancia por ser violatoria de la ley sustancial, por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 25, 48, 51, 60, 61, 66 A y 145 del CPTSS, 164, 165, 167, 170, 176, 243, 244, 245, 250, 226 a 234, 365 y 366 del CGP, lo que dio lugar a la transgresión de los artículos 38, 41, 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, 18 del Decreto 758 de 1990, 1, 16, 18, 19 del

CST; 1, 2, 4, 29, 48, 53, 228, 229 y 230 de la CP; el Decreto 917 de 1999, Ley 776 de 2002, Decreto 2566 de 2009 y Decreto 2463 de 2001. Refiere que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Tener por demostrado sin estarlo, que la empresa está obligada a pagar diferencias pensionales entre la pensión de jubilación sustituida y la pensión de sobrevivientes a Wilmer Acero Rincón con anterioridad al dictamen del 19 de julio de 2018 emanado de la Junta Nacional de Calificación de

Invalidez.

2. No dar por demostrado, estándolo, que a Colpensiones le corresponde pagar a la ETB lo correspondiente a las mesadas generadas desde el 14 de abril de 2012 hasta el 31 de agosto de 2019 como lo ordenó el Juzgado 7 Laboral del Circuito de

Bogotá. Dice que estas equivocaciones surgieron por «la interpretación errónea en un caso y falta de apreciación en el otro de los siguientes medios de prueba que además no fueron analizados en su integridad»:

1. Demanda (folios 2 a 15)

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2. Petición elevada a ETB (folios 26 a 28)

3. Resolución 1512 del 15 de septiembre de 1997 por la cual se reconoce una pensión de jubilación precisamente la anticipada por parte de ETB en favor de Isidro de Jesús Acero Acosta (folios 21 a 24)

4. Respuesta a derecho de petición o reclamación generada por ETB y dirigida al señor apoderado de Wilmer Acero Rincón

(folios 32 y 33).

5. Solicitud del apoderado del demandante a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca para que valore al demandante y califique (folios 34 y 35).

6. Dictamen Junta Regional de calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca (folio 38 a 44).

7. Respuesta a la demandada de ETB (folios 112 a 125, 250 a

256)

8. Respuesta a la demanda de Colpensiones.

9. Respuesta a la demanda de Junta Regional de Calificación de

Invalidez de Bogotá y Cundinamarca.

10. Dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 19 de julio de 2018 (folios 315 a

320).

11. Recursos de apelación de Colpensiones, del demandante y de la demandada ETB. i) Afirma que lo que pretende demostrar, de manera principal, es que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá emitió dictamen de PCL el 24 de diciembre de 2014 en el que se estableció el 44,75%, estructurada el «11» de enero de 1980 notificado el 7 de abril de 2015 y que cobró firmeza al no ser cuestionado por medio de los recursos de ley; la parte demandante no lo objetó en ningún aspecto y se expidió conforme a derecho y

debidamente sustentado.

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Radicación n.° 96870 Indica que únicamente en el proceso judicial se puso en tela de juicio ese dictamen, al solicitar su nulidad o invalidez, pero esto no «se decretó» en la sentencia impugnada ni en primera instancia. Además, asegura que el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional expedido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 19 de julio de 2018, tampoco revocó ni cuestionó la validez, legalidad y legitimidad de la calificación emitida el 24 de diciembre de 2014 en la que se estableció una PCL 44,75%, y se expidió a partir de los parámetros legales en la materia. Considera que en la emisión del dictamen de 2014 se obró según lo ordenado en el Manual Único de Calificación de Invalidez con fundamento jurídico en el Decreto 917 de 1999, la Ley 776 de 2002, y los Decretos 2566 de 2006 y 2463 de 2001. Señala que la Junta Regional de Calificación de Invalidez tuvo en cuenta las pruebas diagnósticas y clínicas, y demás elementos aportados y exigidos en la norma a través de profesionales calificados. Aduce que no tiene objeción en pagar la diferencia pensional respecto de la prestación de jubilación anticipada concedida por ETB al extrabajador fallecido Isidro de Jesús Acero y sustituida a su hijo Wilmer Acero Rincón, siempre que ello se imponga a partir del 19 de julio de 2018, no antes,

por ser la fecha en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dictaminó la PCL del 53%.

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Radicación n.° 96870 Explica que este nuevo dictamen, ordenado de oficio por el juez de primer grado, no deroga el anterior, ni le resta validez ni lo torna nulo, y tampoco lo hicieron los jueces de instancia. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez cambió los parámetros, utilizó otro baremo, esto es, el Decreto 1507 de 2014 Manual Único de Calificación de PCL y ocupacional, razón por la cual, antes de la fecha de expedición de su dictamen, no le resulta oponible a la ETB, porque entre la fecha de la reclamación administrativa y el 19 de julio de 2018 actuó apegada a la ley al no reconocer la diferencia pensional, y ahora se encuentra presta a asumirla pero hacia futuro, y por ende, el retroactivo procede a partir de esta última data, no antes. Advierte que se está ante dos dictámenes ajustados a derecho; sin embargo, oponerle a la ETB el emitido el 19 de julio de 2018 «para deducirle las condenas que le fueron impuestas» transgrede el artículo 29 de la Constitución Política y las demás normas denunciadas. ii) Señala que en caso de que no se acojan los fundamentos antes expuestos, solicita que se case la sentencia del colegiado y en instancia, confirme la decisión de primer grado en el sentido de ordenar a Colpensiones, pagar a la ETB las mesadas generadas desde el 14 de abril

de 2012 hasta el 31 de agosto de 2019. Indica que esta determinación de la providencia de primer grado no fue controvertida en la alzada por Colpensiones, ni por el demandante ni la Junta Regional de

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Radicación n.° 96870 Calificación de Invalidez de Bogotá, y por supuesto, tampoco por la ETB al formular el recurso de apelación. Expone que, aunque el Tribunal afirmó que «aclaraba» la sentencia de primer grado, ello no resultaba procedente, pues quien aclara las providencias es quien las profiere, cuando es necesario; y lo cierto es que ninguna de las partes tenía dudas al respecto y por eso no solicitaron aclaración al momento en que se dictó la decisión del a quo. En todo caso, afirma que, en realidad, el juez plural no hizo una aclaración, sino una modificación sustancial y revocó un aspecto angular de la sentencia de primer grado. La razón por la que el juez de alzada decidió aclarar la sentencia y modificarla en perjuicio de la ETB, fue por no haber entendido lo resuelto por el a quo, circunstancia que no justifica la supuesta aclaración, más cuando el asunto no había sido materia de apelación. Refiere que el ad quem no hizo un análisis detenido de la compartibilidad pensional ni tuvo en cuenta el contenido de la Resolución 1512 del 15 de septiembre de 1997 por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación anticipada por la ETB a favor de Isidro