CSJ - SL2398-2023

42 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Salad. &mielen Laboral

Sala de Descongestión N: 3

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2398-2023 Radicación n.° 93363 Acta 35 Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA ELIA VASQUEZ PÉREZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 25 de marzo de 2021, en el proceso que instauró contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, PAR-ISS en liquidación, al que fue vinculada la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL - UGPP.

Reconócese personería jurídica al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, como representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensionad y Contribuciones Parafiscales de La Protección Social - UGPP,

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Radicación n.° 93363 en los términos y para los fines dispuestos en el artículo 74 del CGP, en concordancia con el 5 de la Ley 2213 de 2022.

I. ANTECEDENTES María Elia Vásquez Pérez, llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, con el objeto de que se declarara que la pensión especial de jubilación de invalidez reconocida por el primero en calidad de empleador, con

fundamento en los artículos 95 a 104 de la convención colectiva de trabajo de 1996-1999, suscrita con el sindicato «SINTRAISS», es compatible con la de invalidez legal otorgada por el «ISS ASEGURADOR hoy COLPENSIONES». En consecuencia, pidió se condenara al «ISS Empleador», a restablecerle el pago total de la pensión especial de jubilación por invalidez convencional desde la fecha en que unilateralmente lo «suspendió y/o redujo su monto», el retroactivo adeudado, los intereses de mora «o en subsidio, la indemnización moratoria», la indexación y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, relató que laboró para el Instituto de Seguros Sociales mediante contratos de duración fija, entre el 14 y 30 de abril, del 3 al 21 de mayo y del 31 de mayo al 17 de junio de 1977 como despachadora de farmacia; y, como trabajadora de planta a través de contratos a término indefinido, desde el 4 de julio de 1977 hasta el 2 de febrero de 2001 en el cargo de auxiliar de enfermería; que prestó sus servicios personales durante 2

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O Radicación n.° 93363 20 arios y era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo con vigencia 1996-1999, la cual se prorrogó sucesivamente de seis en seis meses. Manifestó que el 14 de junio de 2000, fue calificada por Medicina Laboral del ISS liquidado, con una pérdida de capacidad laboral del 51.40% y con fundamento en el

artículo 101 del mencionado convenio colectivo, le reconoció «pensión especial de jubilación por invalidez», a partir del 22 de junio de 1999, en cuantía inicial mensual de $1.165.264, con los incrementos legales; precisó que, a diferencia de lo dispuesto en la anterior norma convencional, los artículos 95 y 104, consagran la compartibilidad de las pensiones de jubilación y de sobrevivientes con la de vejez legal. Indicó que el «ISS Asegurador>, con la Resolución n.° 011919 del 26 de septiembre de 2001, le concedió pensión legal de invalidez de origen «no profesional», desde el 1 de julio de 2000, en cuantía inicial de $655.- 828, para lo cual tuvo en cuenta 1032 semanas de cotización y un ingreso base de liquidación (IBL) de $1.093.046, datos que no correspondían a la realidad; agregó que la pensión de invalidez convencional es compatible con la legal de origen común y desde el «mes de septiembre de 2009», se le redujo aquella, a la suma de $1.082.321, sin previo trámite de un proceso judicial o administrativo; que se afilió al ISS el 5 de julio de 1977 por los riesgos de IVM y, presentó reclamación administrativa. Mediante auto calendado 11 de junio de 2015 (f.°422 y 423), el a quo tuvo por no contestada la demanda del ISS en

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Radicación n.° 93363 liquidación, dada su extemporaneidad (f.°400 a 407). Con

fundamento en el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, Decretos 2013 de 2012, 2115 de 2013, 652 y 2714 de 2014 y, artículo 60 del entonces CPC, ordenó vincular como sucesor procesal a FIDUAGRARIA S.A., vocera y administradora del PAR ISS, a fin de que compareciera al proceso. Posteriormente, a través de providencia del 22 de mayo de 2017 (f.°473 y 474), tuvo por no contestada la demanda por el PAR ISS y ordenó vincular a la UGPP para integrar la /itis. Esta entidad al responder, se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió como ciertos la fecha y porcentaje de calificación de la PCL de la actora, dictaminada por Medicina Legal del ISS, la afiliación por los riesgos de IVM, las fechas, reconocimientos de ambas pensiones de invalidez y sus cuantías, conforme las pruebas obrantes en el proceso, por lo que afirmó son compartibles y, la reclamación administrativa; sobre los demás, indicó que no le constaban. Presentó como excepciones de fondo, las de inexistencia de la obligación y prescripción (f.°476 a 480)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, a través de fallo dictado el 18 de julio de 2018 (f.° CD 564), absolvió al PAR-ISS y a la vinculada UGPP de todas las pretensiones invocadas por la demandante y la condenó en

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Radicación n.° 93363 costas. Inconforme con la decisión, la demandante la impugnó.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 (f.°615 a 625), confirmó la del a quo y gravó en costas en ambas instancias a la apelante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal manifestó que el problema jurídico se concretaba en definir si la demandante tenía derecho a «percibir de manera simultánea la pensión de invalidez convencional reconocida por el ISS empleador con la pensión de invalidez legal reconocida por el ISS asegurador», con el consecuente pago del retroactivo causado y no pagado, intereses moratorios, indemnización moratoria e indexación. Tuvo por demostrados los siguientes supuestos fácticos: [...] Medicina Laboral del Instituto de Seguros Sociales, el 14 de junio de 2000 calificó a la actora con una pérdida de capacidad laboral del 51.4% (f.°63); como consecuencia, le fue reconocida una pensión especial de invalidez, a partir del 22 de junio de 1999 en cuantía mensual de $1.165.264, con fundamento en lo establecido en el artículo 101 de la convención colectiva vigente para la época; mediante Resolución n.° 11919 de 2001, el Instituto de Seguros Sociales (asegurador), hoy COLPENSIONES, le reconoció a la señora VASQUEZ PÉREZ la pensión legal de

invalidez a partir del 1 de julio de 2000, en cuantía mensual de $655.828, acto administrativo que fue modificado a través de Resolución 028096 del 19 de octubre de 2011, decidiéndose unificar el pago de la prestación y se le conminó a la pensionada a devolver los dineros que se le pagaron de más [...].

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Radicación n.° 93363 Precisó que lo dispuesto en la última resolución, se desprendía del contenido de la n.° RPD 036658 del 3 de diciembre de 2014 expedida por COLPENSIONES, que reposa en folios 502 a 504. Aludió a la figura de la compartibilidad pensional consagrada en el artículo 76 de la Ley 90 de 1946, que reprodujo y mencionó que dicha norma posteriormente fue desarrollada por los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese ario, los que transcribió para destacar que, a partir de ellos, se previó lo «que se conoce hoy en día como pensión restringida». Explicó que antes del 17 de octubre 1985, un trabajador podía ser beneficiario de la pensión convencional y simultáneamente ser acreedor de una de carácter legal, pues era viable su compatibilidad; que a partir de la expedición del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el 2879 de igual ario, se consagró la compartibilidad pensional; y, luego conforme el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, se dispuso en relación con la legal de vejez: Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros

Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. (Negrillas del texto original). Agregó con apoyo en la sentencia emitida por esta Sala CSJ SL4555-2020, que las partes «no tienen vedado, 6

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Radicación n.° 93363 conforme las circunstancias de que trata el Decreto 813 de 1994, para que, a través de la convención colectiva de trabajo, acuerden la compatibilidad de las prestaciones legales y convencionales», lo cual debía ser pactado expresamente, a efectos de que de una lectura a «la norma convencional se extraiga con claridad que existe tal compatibilidad». Copió un segmento de la referida sentencia y advirtió que los artículos de este decreto, si bien «solo prevén la compartibilidad de las pensiones extralegales y la de vejez del ISS, hoy Colpensiones, no impide a las partes acordar su compatibilidad». Luego refirió que el articulo 101 del instrumento

colectivo de trabajo vigente para el periodo 1996-1999, fuente normativa de la pretensión de la accionante, no contempló la compatibilidad pensional, en tanto solo menciona los requisitos necesarios para causar la «pensión especial de jubilación por invalidez» y el valor que será percibido, pero nada dispuso sobre las pensiones de carácter legal. Concluyó: Se tiene entonces, que desde tiempo atrás se creó la posibilidad en relación con empleadores que tuvieren a su cargo el reconocimiento de pensiones legales o convencionales anticipadas a los requisitos generales del régimen de los seguros sociales obligatorios proceder a compartir parte de su pago con el ISS, siempre que se cumpla con las cotizaciones que completen el derecho a la pensión del régimen del ISS, pues en estas circunstancias, contrario a lo manifestado por la parte actora, no se puede pretender y no tiene por objeto que la pensionada cuente con dos prestaciones que cubran el mismo riesgo, razones por las cuales la sentencia absolutoria merece ser CONFIRMADA. Es necesario advertir que la competencia de esta Sala del Tribunal se circunscribe a determinar si la demandante tiene derecho a percibir ambas pensiones simultáneamente y no la validez de la Resolución 028096 del 19 de octubre de 2011

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Radicación n.° 93363 proferida por el ISS asegurador, por medio de la cual dejó de pagar ambas prestaciones económicas. (Negrillas fuera del texto original).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte, case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo proferido por el juez de primer grado y en su lugar, «condene conforme a las pretensiones de la demanda inicial».

Con tal propósito, formula cuatro cargos que fueron replicados y se estudiarán en conjunto, por cuanto a pesar de las diferentes vías de ataque, se denuncia la infracción de similares normas, su argumentación es complementaria y persiguen un solo fin.

VI. CARGO PRIMERO Lo plantea en los siguientes términos: La sentencia de segunda instancia infringió directamente el art. 29 de la C.P., en relación con los arts. 4, 11, 13, 25, 43, 47, 53 y 58 ibídem, 46 de la Ley de 1945 (art. 467 del C. S. del T.), 39 6a y 141 de la Ley 100 de 1993, y 1° parágrafo 2° del Decreto 797 de 1949; y aplicó indebidamente los artículos 76 de la Ley 90 de 1946; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966); 5 del Acuerdo 029 de 1985 (Decreto 2879 de 1985) y 18 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 0758 de 1990). (Negrillas del texto original).

En sustentación del cargo, afirma no que discute los 8

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Radicación n.° 93363 siguientes hechos que tuvo por probados el Tribunal:

[...] a) Que a la demandante se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 51.40% (fls. 24/63 Cdno. 1); b) Que el ISS empleador le reconoció una pensión especial de invalidez convencional, a partir del 22 de junio de 1999, en cuantía mensual de $1.165.264,00 (fls.1/33, 70/72); c) Que el ISS asegurador le reconoció una pensión de invalidez de origen no profesional, a partir del 10 de julio de 2000, en cuantía mensual de $655.828,00 (fls. 47/86 Cdno. 1); d) Que el ISS modificó la resolución a través de la cual reconoció la pensión de invalidez de origen no profesional, unificó el pago de las prestaciones económicas reconocidas, a partir del 10 de noviembre de 2011, y reconvino a la actora para que reintegrara las mesadas pensionales giradas por imprecisión desde el 10 de julio de 2000 hasta el 31 de agosto de 2009, por valor de $115.004.787,00 (fls. 502/539/540 vto. Cuaderno 1). Dice que el Tribunal, infirió que el ISS empleador, le reconoció a la demandante una pensión especial de jubilación de invalidez convencional, a partir del 22 de junio de 1999, en cuantía mensual de $1.165.264 (f.° 31 a 33 y 70 a 72) y que el «ISS asegurador» le otorgó la de invalidez de origen no profesional, desde 1 de julio de 2000, por la suma

de $655.828 (f.°47 a 86 del cuaderno 1); sin embargo, aquella fue modificada para unificar el pago de ambas prestaciones, a partir del 1 de noviembre de 2011, y además, la actora fue reconvenida, con fines de que reintegrara las mesadas pensionales giradas desde el 1 de julio de 2000 hasta el 31 de agosto de 2009, por valor de $115.004.787 (f.° 502 a 504 Cuaderno 1), por lo que resulta ostensible el error jurídico en el que incurrió el juzgador plural. Asevera que al margen del contenido normativo de la convención colectiva de trabajo de 1996-1999, es indiscutible que el ingreso mínimo vital de la actora, su vida en condiciones dignas y el derecho adquirido, está constituido

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Radicación n.° 93363 por la pensión especial de jubilación de invalidez convencional y la de invalidez legal de origen común o «no profesional», le fueron reconocidas en su orden, por el ISS empleador y asegurador, «que no podía ser disminuido, reducido o cercenado arbitrariamente» o, como lo expresó el Tribunal, «modificado o unificado», en virtud de su condición de mujer discapacitada, sujeto de especial protección constitucional, so pena de incurrir en violación de la CN y de la ley. (Subrayas del memorialista). Dice que el ad quem se «reveló (sic)» contra el mandato del artículo 29 superior, porque el debido proceso se aplica «a toda clase de actuacionesj udiciales o administrativas»; que

los preceptos 25 y 53 ibídem, garantizan el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, prohibe, en general, menoscabar la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores y además, el 13, 43 y 47 de la misma jerarquía, brindan especial protección a la mujer discapacitada; en consecuencia, el yerro jurídico de infracción normativa, llevó al Tribunal «a no hacerle producir efectos en sentido positivo a los artículos 46 de la Ley 6. de 1945 (art. 467 del C. S. del T.), 39 y 141 de la Ley 100 de 1993, y 1°. parágrafo 2°. del Decreto 797 de 1949». Arguye que, lo que correspondía al ad quem, era determinar si la entidad demandada se cifró a lo dispuesto en el artículo 29 de la CN, al «reducir, disminuir, cercenar o menoscabar el derecho pensional», así mismo, que la jurisprudencia laboral de esta Corporación a la que se remitió el sentenciador de segundo grado, es inadecuada, por 10

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9 Radicación n.° 93363 cuanto en ella se trataron situaciones jurídicas distintas al presente asunto.

VII. CARGO SEGUNDO Expresa que la sentencia impugnada, [...] infringió directamente los arts. 13, 14 y 43 del C. S. del T.; 11 y 18 del Decreto 2127 de 1945; 7 inciso 2° del Decreto 1848 de 1969; 53 y 58 de la C.P., en relación con los arts. 4 y 29 de la

C.N., 46 de la Ley 6a de 1945 (art. 467 del C. S. del T.), 39, 40 y 141 de la Ley 100 de 1993, y 1° parágrafo 2° del Decreto 797 de 1949; y aplicó indebidamente los artículos 76 de la Ley 90 de 1946; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966); 5 del Acuerdo 029 de 1985 (Decreto 2879 de 1985) y 18 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 0758 de 1990). (Lo destacado del texto original). Al igual que en el anterior cargo, manifiesta que deja por fuera discusión, los mismos supuestos fácticos que halló probados el juzgador colegiado. Alude al sentido proteccionista del derecho del trabajo y de la seguridad social y, la necesidad de acudir a mecanismos para «asegurar la inmunidad contra actuaciones irracionales, arbitrarias o caprichosas del empleador, de las instituciones de seguridad social o de terceros»; que de ahí, la relevancia constitucional de la situación jurídica que acá se dilucida, en cuanto al cumplimiento del debido proceso para su resolución. Indica que, como lo dedujo el ad quem, María Elia Vásquez Pérez es inválida y por esa condición, además del cumplimiento de las exigencias convencionales y legales, se

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Radicación n.° 93363 le reconoció una pensión de jubilación especial por invalidez, con base en el acuerdo colectivo, a partir del 22 de junio de 1999, y, la legal de invalidez de origen no profesional, a partir

del 1 de julio de 2000. No obstante, conforme las inferencias fácticas del fallador, se encuentra probado que la demandada modificó su reconocimiento, unificó el pago de ambas prestaciones económicas a partir del 1 de noviembre de 2011, y «reconvino a la demandante para que reintegrara una cuantiosa suma de dinero ($115.004.787.00». Asegura que, desde esta perspectiva, es manifiesta la rebeldía del juez colegiado con las normas citadas en la proposición jurídica del cargo, porque las pensiones reconocidas por mandato constitucional, son verdaderos derechos adquiridos de acuerdo con la ley civil, además de irrenunciables, por lo que no pueden ser vulneradas o menoscabadas, en tanto constituyen derechos y garantías mínimas; que, de no haber incurrido el Tribunal en la infracción normativa, habría concluido que la reducción y disminución del derecho pensional adquirido por la demandante, «sin sujeción a un debido proceso constitucional, era absolutamente nulo», pues no era pertinente resolver con fundamento en las normas denunciadas.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de violatoria por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de, los arts. 46 de la Ley de 1945 (art. 467 del C. S. del T.); 39 [...] 6a y 40 de la Ley 100 de 1993; 76 de la Ley 90 de 1946; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966); 5 del Acuerdo 029

de 1985 (Decreto 2879 de 1985) y 18 del Acuerdo 049 de 1990 12

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Radicación n.° 93363 (Decreto 0758 de 1990); y se abstuvo de aplicar, debiendo hacerlo, los arts. 4, 11, 13, 25, 29, 43, 47, 53 y 58 de la C.N.; 13, 14 y 43 del C. S. del T.; 11 y 18 del Decreto 2127 de 1945; 7 inciso 2° del Decreto 1848 de 1969; 141 de la Ley 100 de 1993, y 1° parágrafo 2° del Decreto 797 de 1949. Sostiene que el sentenciador de segundo grado trasgredió la anterior normativa e incurrió en la comisión de los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que a la demandante se le suspendió o redujo el monto de su derecho pensional, con sujeción al debido proceso.

2. No dar por demostrado, estándolo, que esa suspensión o reducción del monto del derecho pensional operó unilateralmente, sin sujeción al debido proceso.

3. No dar por demostrado, estándolo, que en la convención colectiva de trabajo de 1996-1999 se pactó la compatibilidad entre la pensión especial de jubilación por invalidez

(convencional) y la pensión legal de invalidez. Aduce que los mencionados yerros se derivaron de la equivocada apreciación de los hechos 14, 15, 18 y 19 y del acápite de «razones y fundamentos de la acción» del libelo

inicial; que la demandante afirmó que se le redujo su ingreso pensional a partir de septiembre de 2009 y se le vulneraron sus derechos fundamentales; que percibió pensión especial de jubilación por invalidez convencional y una de invalidez legal de origen común por la suma total de $3.383.223; que «los negociadores» del convenio colectivo de 1996-1999, sin desconocer la normativa sobre compartibilidad pensional, «optaron por someter al régimen de pensión compartida, algunas de ellas y otras no, como en el caso de la especial de

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Radicación n.° 93363 jubilación por invalidez». Dice que también se equivocó el ad quem, al valorar el documento de folios 502 a 508, porque en éste únicamente se señala que el ISS, mediante Resolución n.° 028096 del 19 de octubre de 2011, modificó la 011919 del 26 de septiembre de 2001, en el sentido de unificar el pago de la prestación económica a partir del 1 de noviembre de 2011 y dispuso reconvenir a la actora para que reintegrara las mesadas pensionales giradas por imprecisión desde el 1 de julio de 2000, pero en parte alguna da cuenta que se haya cumplido el debido proceso; además, apreció erróneamente la convención colectiva de trabajo (48 a 87 y 177 a 216), porque solo analizó el artículo 101 (f.°597 a 624), pero no la estudió íntegramente conforme su título octavo « 100/1 39-103/1 42» . Por último, dice que, de haber valorado correctamente

las mencionadas pruebas, habría concluido que la entidad accionada, redujo y menoscabó el derecho pensional adquirido por la demandante, sin sujeción a un debido proceso constitucional.

IX. CARGO CUARTO Denuncia la sentencia recurrida por vía directa por interpretación errónea, «del art. 46 de la Ley 6a de 1945( art. 467 del C. S. del T.), en relación con los arts. 39, 40 y 141 de la Ley 100 de 1993, 1° parágrafo 2° del Decreto 797 de 1949

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Radicación n.° 93363 y 53 de la C.P.». Tras dejar por fuera de debate los hechos que reseñó el Tribunal, reprocha su decisión, porque a su juicio, se limitó a examinar el artículo 101 convencional y dedujo que en esa norma no se advierte ningún pacto de compatibilidad pensional, pero no efectuó ningún examen armónico e integral de su capítulo octavo, ni del método o sistema que aplicaron «los negociadores» del acuerdo colectivo; para sus disertaciones, evoca las sentencias CC SU241-2015, SU1132018 y SU267-2019 e insiste en que si el juzgador hubiese estudiado integralmente el texto convencional a la luz del principio de favorabilidad, indudablemente habría inferido que, [...] la pensión de jubilación convencional (art. 95), es compartida; que la sustitución pensional (art. 99), se rige por la ley; y que la pensión convencional de sobrevivientes (art. 104), es

compartida; pero que para la pensión especial de jubilación por invalidez (art. 101), no se dijo nada, luego esta prestación quedó por fuera o al margen de las pensiones compartidas, lo cual hace que deba tenérsele como compatible con otras pensiones legales.

X. RÉPLICA El PAR - ISS, señala defectos de orden técnico en la demanda, pues en los cargos solo enumera normas y en la sustentación solo afirma que se violaron, pero no establece la forma; en cuanto al fondo del asunto, dice que el ISS cumplió con lo establecido en las normas que consagran la compartibilidad de las pensiones de invalidez legal y convencional; que no son de recibo los argumentos de la censura, en cuanto a la inmutabilidad de la situación y por

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Radicación n.° 93363 tanto no podía unificarse la pensión, son simples apreciaciones, que solo pretende la resolución de una nueva apelación. La UGPP, asevera que no es procedente reconocer la compatibilidad de la pensión especial de jubilación de invalidez, con la de origen no profesional, toda vez que protegen el mismo riesgo y no es posible que un beneficiario disfrute simultáneamente dos pensiones como en este caso, lo cual va en contravía de lo consagrado en los artículos 128 de la CN, 19 de la Ley 4 de 1992 y lo dispuesto en la sentencia CC C-133 de 1992.

XI. CONSIDERACIONES El Tribunal concluyó que la demandante no tenía derecho a la compatibilidad pensional reclamada, en relación

con la especial de jubilación de invalidez reconocida por el ISS empleador y la legal otorgada por esa administradora hoy Colpensiones como asegurador, con fundamento en el artículo 101 de la convención colectiva de trabajo 1996-1999, los Acuerdos 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese ario, 049 de 1990, aprobado por el 1 del Decreto 758 de igual anualidad, artículos 5 y 6 del Decreto 813 de 1994 y la jurisprudencia laboral de esta Corte. Expuso además que, conforme el último decreto, las partes excepcionalmente, pueden acordar de manera expresa, clara y precisa, la compatibilidad entre una pensión 16

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50 Radicación n.° 93363 extralegal y una legal. La censura afirma que el ad quem se equivocó en sus inferencias por mala apreciación de los medios de convicción aportados al plenario, que conllevó que estimara la compartibilidad de las pensiones de jubilación por invalidez y la legal reclamadas por la accionante y en virtud a ello, cometió los yerros que le atribuye, pues la accionada violó el artículo 29 de la CN al unificar y reducir el monto pensional, sin previo trámite judicial o administrativo, que afectó un derecho adquirido. Son supuestos fácticos fuera de discusión en el presente recurso, que: i) la demandante fue calificada por «MEDICINA LABORAL PENSIONES SEGURO SOCIAL», con una pérdida de capacidad laboral del 51.40%, con fecha de

estructuración 14 de junio de 2000 (f.°63 y 64); ii) esta entidad, en calidad de empleador, con Resolución n.° 467 de 27 de marzo de 2001, le reconoció como trabajadora oficial y beneficiaria de la convención colectiva 1996-1999, una «Pensión Especial de Jubilación de Invalidez», desde el 22 de junio de 1999, en cuantía mensual de $1.165.264 (f.°70 a 72); iii) el ISS hoy COLPENSIONES, a través de la Resolución n.° 011919 del 26 de septiembre de 2001, le otorgó «Pensión por invalidez de origen no profesional» a partir del 1 de julio de 2000, en cuantía mensual de $655.828 (f.°86); iv) mediante Resolución n.° 028096 del 19 de octubre de 2011, el ISS en liquidación hoy COLPENSIONES, modificó el anterior acto administrativo, unificó el pago de la prestación económica, a partir del 1 de noviembre de 2011 e instó a la

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Radicación n.° 93363 actora a devolver la suma de $115.004.787 (f.°502), y, y) con la Resolución n.° RDP 036658 del 3 de diciembre de 2014, la UGPP (f.°502 a 504), negó la petición elevada por la demandante el 5 de mayo de 2014 para que se ordenara la «devolución de las sumas retenidas de la pensión especial de invalidez». Del examen de la demanda inicial y el artículo 101 del instrumento colectivo de trabajo de 1996-1999, suscrito

entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato «SINTRAISS» (f.°87 a 216), la Sala deduce lo siguiente: De los hechos 14, 15, 18 y 19 se observa que son el soporte de las aspiraciones de la demandante; y, de la lectura del capítulo sobre «razones y fundamentos de la acción», se desprende que acude a la decisión de unificación de las pensiones de jubilación de invalidez convencional y la de carácter legal, las sumas devengadas en cada una por la actora, para resaltar que la UGPP, cercenó sus derechos sin acudir previamente al trámite judicial o administrativo para tales efectos. En ese horizonte, menciona los preceptos constitucionales y legales, la jurisprudencia emitida en ambos ámbitos por esta Corporación y la Corte Constitucional, sobre el régimen de compartibilidad de las pensiones y la protección de las «personas discapacitadas en el grado de inválidas». El Tribunal en su decisión, se refirió a ambas 18

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Radicación n.° 93363 prestaciones económicas, su origen y cuantías; también examinó la Resolución n.° RDP 036658 del 3 de diciembre de 2014, expedida por la UGPP (f.°502 a 504), de la que sustrajo lo dispuesto en la n.° 028096 del 19 de octubre de 2011, con la cual, se unificó el pago de ambas pensiones a partir del 1 de noviembre de 2011 y reconvino a la actora a reintegrarle el valor de las mesadas pensionales desde el 1 de julio de

2000 hasta el 31 de agosto de 2009, pagadas «por imprecisión». En la primera resolución mencionada (f.°502 a 504), mediante la cual la entidad negó la solicitud presentada por la demandante, con el objeto de que se le reintegraran las sumas retenidas, derivadas de su pensión, se lee: Que mediante Resolución No. 0467 del 27 marzo de 2001, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS SECCIONAL ANTIOQUIA, hoy en liquidación en calidad de empleador, le reconoció una pensión de invalidez de orden convencional, a favor de la señora VASQUEZ PEREZ MARIA ELIA, [...] en cuantía de $1.165.264 MCTE, efectiva a partir del 22 de junio de 1999, fecha de la estructuración de la invalidez, indicando que la misma es de carácter compartible con la legal que le reconociera el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS, en liquidación, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en calidad de asegurador. Que mediante Resolución No. 011919 del 26 de septiembre de 2001, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS, en liquidación hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en calidad de asegurador, le reconoció una pensión de invalidez de orden legal, a favor de la interesada, en cuantía de $655.828 MCTE, efectiva a partir del 01 de julio de 2000, indicando que la misma es de carácter compartible con la convencional que le recono