CSJ - SL2401-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2401-2023 Radicación n.° 93813 Acta 035 Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARIO CASTAÑO OSORIO, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 8 de octubre de 2021, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Mario Castaño Osorio demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones, hoy Colpensiones, con el fin de que se declarara que laboró para Mineros del Chocó SA, desde el 15 de febrero de 1965 hasta el 5 de noviembre de 1975, data última en la que fue despedido sin mediar justa causa; que tiene derecho al reconocimiento y pago de la

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 93813 pensión a la pensión sanción conforme al canon 267 del CST, bajo la responsabilidad de la entidad convocada a la lid. En consecuencia, que se condenara a la demandada al pago de la aludida prestación sancionatoria, a partir del 23 de septiembre de 2003, a la indexación de la primera mesada, a los reajustes anuales pertinentes y a las mesadas adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre de cada año. De manera subsidiaria, deprecó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la luz del artículo 36 de la

Ley 100 de 1993, a partir de la misma data reseñada en líneas precedentes y a cargo de la demandada; tomando en consideración el tiempo laborado ante la empresa Mineros del Chocó SA. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 23 de septiembre de 1943, de modo que llegó a los 48 años de edad para la entrada en vigor de la Ley 50 ibidem; siendo además beneficiario del régimen de transición por contar con 51 años para el 1.º de abril de 1994. Indicó que laboró en calidad de oficinista de bodega para la empresa Mineros del Chocó SA, entre el 15 de febrero de 1965 y el 5 de noviembre de 1975; siendo despedido, sin justa causa, mediante el reconocimiento de la condigna indemnización, según laudo arbitral de 1968. Aclaró que percibió una remuneración promedio de $92.849 en el último año de servicios, pero que su salario base para la liquidación

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 93813 definitiva de prestaciones sociales se estableció en $99.532, incluyendo las primas correspondientes a navidad, antigüedad, semana santa y vacaciones. Señaló que, Mineros del Chocó SA. fue liquidada por disposición del Gobierno Nacional, conforme a lo establecido en la Ley 13 de 1986 y que, como resultado de ello, surgió la empresa denominada «Metales Preciosos del Chocó SA.»; compañía que sería la responsable de realizar los pagos de las mesadas pensionales que surgieran a partir de la entrada en vigencia del aludido instrumento normativo.

Añadió que la última sociedad referida fue a su vez liquidada, por disposición de la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto 410-4855 adiado a 24 de junio de

1998. Y, en consecuencia, a partir de la Ley 50 de 1990, en su artículo 13, se ordenó la creación del Fondo de Prestaciones de los Pensionados de las Empresas Productoras de Metales Preciosos, bajo la administración del entonces ISS, hoy Colpensiones. Refirió además que, esta reserva financiera fue reglamentada por el Decreto 838 de 1991, con la finalidad de efectuar los pagos a los pensionados de las mencionadas organizaciones empresariales, así como de realizar el reconocimiento y pago de la prestación pensional de aquellos trabajadores que cumplieran con los requisitos necesarios para acceder a la misma, con antelación a la entrada en vigor de la precitada normativa.

Manifestó que presentó una solicitud ante la entidad convocada a la lid, tendiente a obtener el reconocimiento y

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 93813 pago de la prerrogativa pensional, resuelta en forma negativa, el 10 de febrero de 2016, por acreditar 934 semanas de cotización. Sin embargo, añadió que, en la respuesta proporcionada, le fue reconocida la indemnización sustitutiva dada la especial dificultad de continuar cotizando al sistema por contar, para ese entonces, con 72 años. Con relación a la anterior decisión, precisó que elevó una nueva petición ante la demandada, con la finalidad de que se accediera a su revocatoria y, en consecuencia, le fuera reconocida la pensión sanción consagrada en el artículo 257

del CST. No obstante, mencionó que la misma fue despachada desfavorablemente el 13 de noviembre de 2018, bajo el argumento de que la entidad únicamente funge como pagadora de la prestación. Decisión contra la cual, interpuso recurso de apelación, siendo confirmada la determinación objetada, mediante la Resolución n.º 499 del 15 de enero de 2019. Por su parte, al dar respuesta a la demanda inicial, la enjuiciada se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas. En cuanto a los fundamentos fácticos, aceptó como ciertos los atinentes a la fecha de nacimiento del actor; las peticiones que este elevó en procura de acceder al reconocimiento de su derecho pensional; las diferentes respuestas adversas emitidas; y finalmente, que le fue reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Frente a los demás elementos de hecho, expresó que no le constaban.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 93813 Precisado lo anterior, argumentó que no era dable acceder al reconocimiento del derecho pensional, con fundamento en la pensión sanción contenida en el artículo 267 del CST, como lo pretende el promotor del juicio, dado que no se encontraba dentro de su ámbito de competencia la acreditación del despido injusto que necesariamente se requiere demostrar ante este tipo de prerrogativa. Al respecto, indicó que debió convocarse al proceso, al empleador Mineros del Chocó SA; sin embargo, advirtió que ello se omitió por parte del extremo accionante. Aclaró que el pasivo prestacional del ISS lo asumió la

Fiduprevisora; el PAR ISS y, eventualmente, la UGPP, por lo que a su cargo no se encuentra la administración del fondo de prestaciones de los pensionados de las empresas dedicadas a la producción de metales preciosos, reglamentado por el Decreto 838 de 1991. Con relación a la pretensión subsidiaria, acotó que el demandante no contaba con la densidad de semanas requeridas para pensionarse bajo la égida del Sistema establecido por la Ley 100 de 1993; e insistió que, no es la encargada de reconocer las prestaciones derivadas del Sistema General de Seguridad Social Integral de los trabajadores adscritos al empleador Mineros del Chocó SA. Como enervantes de mérito, propuso las que denominó, en su tenor literal, inexistencia de la obligación; ausencia de causa para pedir; prescripción; compensación indexada;

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 93813 buena fe de Colpensiones e imposibilidad de condena en costas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 3 de agosto de 2020, resolvió: PRIMERO: Se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a reconocer y pagar la pensión sanción a favor del señor MARIO CASTAÑO OSORIO, en virtud de la obligación que le fue endilgada por el artículo 149 de la Ley 100 de 1993, a partir del 23 de septiembre de 2003, teniéndose como primera mesada pensional la suma de

$7.528.206, a razón de catorce mesadas anuales, con los incrementos anuales a que haya lugar. Así, como retroactivo pensional, deberá reconocer la entidad, la suma de $854.479.470, causado a partir del 19 de septiembre de 2015 y hasta el 31 de julio de 2020. Colpensiones deberá continuar pagando una mesada equivalente a $15.681.871, a partir del 1.º de agosto de 2020, liquidada como se indicó, a razón de 14 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar. Se autoriza a descontar del retroactivo el porcentaje a salud que haya lugar.

SEGUNDO: se DECLARA PARCIALMETNE (sic) PROBADA la excepción de prescripción, e infundada la de compensación indexada, por las razones explicadas con anterioridad.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación impetrado por la parte vencida, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de la mismo de la misma,

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 93813 mediante sentencia del 8 de octubre de 2021, revocó la decisión de primer grado. En su lugar, dispuso: 1.- DECLARAR que el señor MARIO CASTAÑO OSORIO es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 2.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a reconocer y pagar al señor MARIO CASTAÑO

OSORIO, la pensión de vejez consagrada en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, a partir del 1.º de agosto de 2018 y en cuantía de $781.242, lo que implica un pago retroactivo causado hasta el 30 de septiembre de 2021, de $38.436.820º junto con la respectiva indexación. A partir del 1.º de octubre de 2021, la entidad continuará pagando una mesada pensional equivalente a $908.526, en lugar de los $15.681.871 que había ordenado la a quo, con los incrementos anuales según lo disponga el Gobierno Nacional, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año. 3.- Se AUTORIZA a COLPENSIONES a descontar, de esta suma el valor de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al artículo 143 de la Ley 100 de 1993. 4.- Se DECLARA probada la excepción de compensación propuesta por la ACP COLPENSIONES, respecto de la suma de $15.735.348 ya pagada por concepto de indemnización sustitutiva, la que además podrá ser indexada desde que se realizó el respectivo pago hasta el momento en que se vaya a dar cumplimiento de la obligación impuesta mediante la presente providencia. […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez pluripersonal estableció que el problema neural se orientaba a: (i) determinar si el demandante tenía acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión sanción que reclamó, por haber estado vinculado al servicio de la empresa Mineros del Chocó SA.; (ii) si la entidad demandada estaba

facultada para asumir la responsabilidad de reconocer y efectuar el pago de las obligaciones establecidas en el artículo 149 de la Ley 100 de 1993, en calidad de entidad sucesora de las obligaciones previamente a cargo del extinto ISS,

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 93813 particularmente en lo que concierne al antiguo Fondo de Prestaciones de los Pensionados de las Empresas Productoras de Metales Preciosos; (iii) si los montos reconocidos en las condenas impartidas en la primera instancia se ajustaban a los parámetros legales; y, (iv) evaluar la petición subsidiaria relativa al reconocimiento de la pensión de vejez de acuerdo con lo establecido en la citada ley, así como la condición de beneficiario del actor respecto del régimen de transición. Procedió a resolver los puntos anteriores y para ello, en principio, señaló que, tal como lo aseveró la primera vara, la norma aplicable al asunto sub examine es el artículo 8.º de la Ley 171 de 1961 que modificó el 267 del CST, por ser el precepto vigente al momento en que se dio por finalizado el vínculo laboral del ex-trabajador. Disposición que, aclaró, fue subrogada por el canon 37 de la Ley 50 de 1990 y ésta, a su vez, por el 133 de la Ley 100 de 1993; que citó textualmente. Descendió al análisis de las probanzas militantes en el expediente y coligió que: […] Es indudable entonces que en favor del demandante se habría causado desde la fecha del despido injusto, el derecho al reconocimiento de la pensión sanción, cuya exigibilidad quedaba

condicionada al cumplimiento de los 60 años de edad, hecho que efectivamente ocurrió el día 23 de septiembre de 2003. […] Con posterioridad, el colegiado profundizó sobre la competencia de la enjuiciada frente al reconocimiento de la prestación incoada por el señor Castaño Osorio. Para tal efecto, citó los instrumentos normativos aplicables al caso,

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 93813 y luego estableció que el demandante cumplió en su momento con los requisitos legalmente establecidos para que le fuera concedida la pensión sanción, ya que aquel laboró durante un período superior a 10 años en la empresa Mineros del Chocó SA y causó su derecho con antelación a la entrada en vigor de la Ley 50 de 1990. Decantado lo anterior, acudió a lo estipulado en el Decreto 838 de 1991 y el artículo 149 de la Ley 100 de 1993, y con base en ello delimitó el ámbito funcional de la demandada como una simple administradora del Fondo de Prestaciones de los Pensionados de las Empresas Productoras de Metales Preciosos. Organismo sobre el que, precisó, en tratándose de la prestación de jubilación, asumió la responsabilidad de efectuar los pagos de las mesadas pensionales correspondientes a los trabajadores, de las aludidas compañías, que ya estaban jubilados antes de la entrada en vigor de la Ley 50 de 1990, así como de aquellos que habían cumplido los requisitos necesarios para acceder dicha prerrogativa, con anterioridad a la mencionada disposición legal. Por consiguiente, indicó que: […] el tipo de pensión que se origina o se puede llegar a exigir, no

es, a juicio de la Sala, una obligación que se le pueda imponer a quien no fue su directo empleador, como es el caso de COLPENSIONES. En otros términos, la Sala entiende que las distintas disposiciones que consagraron la subrogación del ISS -hoy COLPENSIONESpara el pago de las pensiones adquiridas antes de la Ley 50 de 1990, dicen relación a las pensiones del sistema, que en ese entonces correspondía a la regulación sobre los seguros sociales obligatorios.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 93813 […] Es decir, dicho Fondo de Prestaciones se creó para tener como destinatarios o beneficiarios a aquellos trabajadores ya pensionados por las empresas de metales preciosos, o aquellos pendientes del reconocimiento pensional por tener un derecho adquirido respecto de la pensión de jubilación, las que se causan por el cumplimiento de una edad y un número mínimo de semanas de cotización. El hecho de tener cumplidas las condiciones para imponer la obligación de una pensión sanción, es un asunto que se escapa de la competencia y ámbito de ese fondo […]. (Negrillas del texto original). De esta manera, advirtió que, la prestación reclamada por el gestor de la lid no surgió de un presunto vínculo de trabajo con el extinto ISS, ya que éste no era su empleador directo. Contrario sensu, aseveró que lo pretendido devino de una relación laboral con la empresa Mineros del Chocó SA; sociedad a la que no le fue posible asumir la prerrogativa pensional, como consecuencia de su inminente liquidación; misma suerte que corrió la compañía Metales Preciosos del

Chocó SA, como empresa sucesora de las obligaciones laborales que se encontraban pendientes. Así las cosas, revocó la condena impartida a cargo de la demandada en cuanto al reconocimiento y pago de la pensión sanción al estimar que no era procedente endilgarle dicha responsabilidad. Aunado a lo precedente, en aras de evitar generar falsas expectativas para el señor Castaño Osorio, señaló que la juzgadora a quo incurrió en un error palmario en los cálculos aritméticos que realizó y que conllevó a las sumas exorbitantes consagradas en la parte resolutiva de la sentencia impugnada; pues tomó la sumatoria de toda la remuneración percibida por el demandante durante el último

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 93813 año de servicios, como si dicho valor fuese el promedio de los salarios devengados por aquél en el referido interregno final. Por último, en lo que respecta a la pretensión subsidiaria del accionante y, atendiendo al principio de congruencia desarrollado en las providencias de la Sala que relacionó, procedió al análisis de la pensión de vejez pedimentada, no solo con fundamento en los lineamientos establecidos por la Ley 100 de 1993, sino en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990. Para tal efecto, de conformidad con el caudal probatorio adosado al expediente, estableció que no hubo dubitación en que (i) el señor Castaño Osorio fuese beneficiario del régimen de transición, pues para el 1.º de abril de 1994 contaba con 51 años de edad; (ii) alcanzó los 60 años el 23 de septiembre

de 2003; (iii) durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida para el reconocimiento de la prerrogativa pensional, esto es, entre el 23 de septiembre de 1983 y el mismo día y mes del 2003, logró 508.14 semanas cotizadas; y finalmente, (iv) en toda la vida laboral del demandante, que estuvo comprendida en el periodo del 1.º de agosto de 1979 al 30 de abril de 2018, acumuló 1049.71 septenarios aportados al Sistema Pensional. Sentado lo anterior, coligió que en el plenario se acreditó que al promotor de la lid le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos establecidos por el Decreto 758 de 1990. Prestación cuyo disfrute reconoció a partir del mes siguiente en el que se reportó la última

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 93813 cotización realizada al sistema y con un IBL que correspondió al promedio de los últimos 10 años, cuyo monto no superó un salario mínimo legal mensual vigente; siendo ésta la cuantía de la prerrogativa de vejez.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Mario Castaño Osorio, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el extremo recurrente que la Corte case totalmente la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por la a quo, «y condene a la entidad demandada a reconocerle y pagarle al demandante la pensión sanción reclamada y el retroactivo pensional».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación; reproche que es objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia fustigada de transgredir la ley sustancial, por la senda de puro derecho, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos «18 de la Ley 13 de 1986, 113 de la Ley 50 de 1990, 3.º y 6.º del Decreto 838 de 1991, 149 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 8.º de la Ley 171 de 1961 (que modificó el 267 del CST.) en relación con el 36 de la Ley 100 de 1993».

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 93813 Sustenta su inconformidad, de un lado, en la conclusión a la que arribó el ad quem al determinar que las disposiciones legales que transfirieron la responsabilidad al ISS de efectuar los pagos de las pensiones a los beneficiarios de las Empresas Productoras de Metales Preciosos, no abarcaron la pensión sanción, sino exclusivamente la de jubilación. Al respecto, advierte que las prerrogativas pensionales en mención tienen una naturaleza análoga y un fin tutelar similar, pues señala, frente a la primera, que además de tener un carácter sancionatorio, se encamina a proteger al trabajador una vez cumpla con el requisito legal establecido, que, para el caso en concreto, sería alcanzar los 60 años de edad. Por otra parte, endilga como yerro atribuible al Tribunal el haber determinado que la enjuiciada no estaba habilitada para asumir la pensión sanción otorgada en beneficio suyo,

dado que no ostentaba la calidad de empleadora. En punto al tema, argumenta que las disposiciones legales que enuncia como erróneamente interpretadas por la segunda vara, le impusieron al ISS, hoy Colpensiones, la obligación de efectuar el pago de las pensiones de jubilación de los trabajadores que hicieron parte de las Empresas Productoras de Metales Preciosos y que, a su vez, se vieron perjudicados por la liquidación de aquellas, sin hacer distinción respecto de cuáles se debían garantizar, es decir, con la indiferencia si se trataban o no de la prerrogativa de jubilación o de la pensión sanción; pues menciona que se trató de una subrogación de orden legal, con carácter especial, que obedeció a una decisión de política legislativa, cuyo fin

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 93813 último, aclara la censura, era abordar la cuestión social que surgió para los trabajadores de las empresas de metales preciosos que enfrentaron las liquidaciones de sus patronos, asegurando el pago de las pensiones que les correspondían para salvaguardar su bienestar y calidad de vida de manera digna. Por lo tanto, en su acusación colige que el juez plural «se equivocó en el plano estrictamente jurídico al considerar que la pensión sanción de la que es titular el demandante como extrabajador de la empresa Mineros del Chocó SA. no era de aquellas cuyo pago debía asumir el ISS (y luego

COLPENSIONES)».

Finalmente, advierte que, aunque el juzgador de segundo grado le otorgó la pensión de vejez bajo el manto de

la normativa contemplada en el Sistema de Seguridad Social, dicha prerrogativa le es menos favorable, pues contiene un monto considerablemente inferior al de la pensión sanción, e implica el reconocimiento de tan solo trece mesadas; en contraste con la referida prestación sancionatoria que, debido a su fecha de origen —que recuerda, se pretende a partir del 23 de septiembre de 2003—, conllevaría a que le fuesen concedidas las catorce mensualidades adicionales.

VII. RÉPLICA Asegura la opositora que el juez colegiado no incurrió en la infracción directa endilgada, toda vez que interpretó en debida forma la normativa indicada en la proposición jurídica.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 93813 Asevera que el ad quem razonó acertadamente el contenido del artículo 113 de la Ley 50 de 1990, cuya constitucionalidad fue estudiada a través de la sentencia CC C-242-2009, en la que no se hizo ninguna mención frente a la subrogación de la pensión sanción estipulada en el canon 267 CST, la cual, debido a sus peculiaridades, señala que difiere significativamente de la pensión por jubilación contemplada en el precepto 260 ibidem. Por lo tanto, afirma que el extremo recurrente trata de equiparar la naturaleza de ambas prestaciones, aun cuando no existe una disposición legal que así lo establezca de manera explícita. Para tal efecto, refuerza su postura mediante la reproducción de lo discurrido en la sentencia CSJ SL2939-2022, emitida por la Sala, cuyo aparte textual cita.

Insiste, además, que no debe asumir la pensión sanción deprecada en el libelo genitor, toda vez que la responsabilidad de dicha entidad administradora se circunscribe exclusivamente al desembolso de las prestaciones contempladas en el Sistema General de Seguridad Social Integral a cargo del Fondo de Pensionados de las Empresas Productoras de Metales Preciosos, creado mediante la Ley 50 de 1990, que ya han sido generadas y para las cuales se ha asignado y transferido previamente una partida presupuestal correspondiente, tal como lo estipula el artículo 149 de la Ley 100 de 1993. En adición a lo anterior, expone que no se debe confundir, la causación, con el disfrute de la pensión sanción. Sobre este aspecto, manifiesta que el accionante

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 93813 satisfizo el primer requisito en mención, alusivo a los 60 años de edad, hasta el día 23 de septiembre de 2003. Por otra parte, arguye que a la entrada en vigor de la Ley 50 de 1990, esto es, al 1.º de enero de 1991, aquel tan sólo tenía 48 años. En consecuencia, asegura que el gestor del pleito no es beneficiario del Fondo de Pensiones de las Empresas Productoras de Metales Preciosos, conforme a lo preceptuado por el canon 133 de la plurimencionada Ley 100. Por último, pese a los argumentos esbozados en el escrito de oposición, solicita a la Sala que, en el evento hipotético de acceder al reconocimiento pensional sancionatorio incoado por la parte recurrente, […] al no existir norma que subrogue la labor de expedir el acto

que lo causa, tampoco alguna que imponga el deber de activar acciones de cobro o búsqueda de activos para su financiación, […] se ordene al FONDO DE PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS a proceder con la expedición del acto administrativo y conforme al mismo, se disponga la partida presupuestal a transferir a COLPENSIONES para el cumplimiento de la única obligación que la ley le impone, el pago de la pensión, previa transferencia de los aportes.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal, para concluir que al recurrente no le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión sanción del artículo 8.º de la Ley 171 de 1961, fundamenta su decisión en que Colpensiones dentro de su ámbito de competencia no tiene la responsabilidad de reconocer la pensión sanción deprecada por la parte actora.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 93813 Por su parte, la censura radica su inconformidad en que la interpretación efectuada por el colegiado frente a la precitada disposición normativa no obedece a un criterio jurídicamente válido, dado que la pensión sanción se caracteriza por su naturaleza como una auténtica prestación de jubilación; y por consiguiente, asevera que la prerrogativa sancionatoria incoada en el libelo inicial, como pretensión principal, debería asumirla la entidad llamada a juicio. En razón a la vía de ataque elegida, esto es, la directa, debe señalarse que en las instancias quedaron definidos los siguientes supuestos fácticos, atinentes a que: (i) el señor

Mario Castaño Osorio nació el 23 de septiembre de 1943; (ii) alcanzó los 48 años de edad al momento en que entró en vigor la Ley 50 de 1990; (iii) tenía más de 50 años, para la fecha en la que inició a regir el Sistema General de Pensiones, de modo que se hizo beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (iv) prestó sus servicios para la empresa Mineros del Chocó SA, desde el 15 de febrero de 1965 hasta el 5 de noviembre de 1975, que comprende un espacio de 10 años, 8 meses y 21 días; (v) en la última data reseñada, fue despedido sin mediar una causa justificativa por parte de su empleador; (vi) en razón de la finalización del vínculo unilateral, le fue reconocida la respectiva indemnización de que trata el artículo 64 del CST; (vi) elevó solicitud pensional ante la entidad convocada a la lid pero le fue negada por medio de las Resoluciones GNR 44698 adiada a 10 de febrero de 2016 y SUB 294676 del 13 de noviembre de 2018; (vii) a través de la primera resolución, de las citadas en precedencia, le fue reconocida una

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 93813 indemnización sustitutiva por valor de $15.735.348; (viii) reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes consagrada en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, aplicable en gracia del régimen de transición previsto en el canon 36 mencionado, toda vez que arribó a

los 60 años de edad el 23 de septiembre de 2003 y dentro del intervalo de los 20 anteriores al cumplimiento de la misma, cuenta con 508,14 semanas de cotización; (ix) el demandante a lo largo de su vida laboral, que comprende desde el 1.º de agosto de 1979 hasta el 30 de abril de 2018 —sin tener en cuenta las correspondientes a Mineros del Chocó SA.—, logró acumular un total de aportaciones realizadas al Sistema Pensional, de 1049.71 septenarios; y finalmente, (x) el señor Castaño Osorio cumple con las exigencias establecidas en el precepto 19 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, para otorgarle el derecho pensional de vejez. Así las cosas, el problema jurídico medular que debe abordar la Sala, se orienta a determinar si incurrió el juez plural en el error jurídico endilgado, al negar el derecho pensional sancionatorio implorado de manera principal y, en su lugar, conceder la pretensión subsidiaria; pues si —como lo planteó la recurrente—, la pensión sanción y la de vejez tienen la misma naturaleza y si, en virtud de ello, el condigno pago de la citada primera prestación se encuentra a cargo del extremo opositor. Para dar respuesta al cuestionamiento planteado, la corporación procederá a explicar la naturaleza y requisitos

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 93813 de la pensión sanción establecida en el artículo 2671 del Código Sustantivo del Trabajo, luego abordará el aspecto

relacionado con el ámbito de competencia que recae sobre la entidad convocada a la lid, en torno al reconocimiento de la prerrogativa pensional deprecada por el actor. Y, por último, se hará referencia a las alegaciones que recaen respecto a la pretensión subsidiaria despachada favorablemente en el curso de la segunda instancia.

1. Naturaleza de la pensión sanción.

La pensión sanción es una prestación que surgió, exclusivamente, «como un mecanismo para evitar que el empleador despidiera al trabajador, sin justa causa, cuando aún no cumplía los requisitos necesarios para obtener la pensión de jubilación merecida por el tiempo de servicios» (CC T-722 de 2013). Por lo tanto, es importante memorar que la Sala decantó que la naturaleza de la pensión sanción no puede entenderse como equivalente a la de vejez. El tema fue resuelto por esta corporación, en la sentencia CSJ SL470-2019, reiterada en los proveídos CSJ SL2961-2019; CSJ SL5102-2019 y CSJ SL1581-2020, en la que se precisó: […] aunque ambas tienen naturaleza prestacional, no son equiparables, pues tienen fuente normativa distinta, diferentes requisitos de causación y, supuestos de hecho claramente diferenciados, a tal punto que la Sala de antaño ha 1 Inicialmente modificado por el canon 8.º de la Ley 171 de 1961, luego subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y este, a su vez, por el 133 de la Ley 100 de 1993, actualmente vigente.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 93813 distinguido la pensión de vejez, de la pensión sanción. La primera, se causa una vez se cumplan los requisitos de edad y densidad de aportes y está a cargo del sistema general de seguridad social. La segunda, en cambio, está a cargo del empleador, sin perjuicio que opere subrogación, y se causa, conforme lo indica el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, siempre que medie un despido injusto, el trabajador no sea afiliado al sistema de seguridad social y acredite un