CSJ - SL2416-2023

{O República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL2416-2023 Radicación n.° 95915 Acta 36 Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MAGDA EMILSE RODRÍGUEZ RÍOS contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso que promovió con

GILMA ROCÍO ROBLES RODRÍGUEZ contra

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. -

AVIANCA S.A.- y la COOPERATIVA DE TRABAJO

ASOCIADO -SERVICOPAVA-.

Se admite el impedimento presentado por la magistrada Jimena Isabel Godoy Fajardo, con fundamento en la causal 12 del artículo 141 del Código General del Proceso.

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Radicación n.° 95915

I. ANTECEDENTES Magda Emilse Rodríguez Ríos y Gilma Rocío Robles Rodríguez llamaron a juicio a las demandadas, para que se declarara la existencia de sendos contratos de trabajo con Avianca S.A., desde el 1 de septiembre de 2005 y el 4 de mayo de 2015, respectivamente, hasta el 30 de noviembre de 2017, y que la Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) Servicopava fungió como simple intermediaria. En subsidio,

solicitaron se declarara la responsabilidad solidaria de las accionadas (fls. 6 a 27). Pidieron se condenara a la aerolínea a pagar auxilio de cesantía y sus intereses, primas de servicios, vacaciones, dotación y calzado, indemnizaciones de los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, indexación y costas. En lo que interesa al recurso extraordinario, Magda Rodríguez informó que, inicialmente, prestó servicios a Avianca S.A., como operaria de asistencia en tierra a través de Misión Temporal, desde el 26 de agosto de 2005 hasta el 1 de septiembre de ese ario. Que en esta fecha, celebró con Servicopava un contrato de asociación para continuar ejecutando las mismas actividades, pertenecientes al giro ordinario de Avianca, consistentes en la limpieza y organización de las aeronaves. Aseguró que la CTA era una simple intermediaria, toda vez que cumplía horario, recibía órdenes y directrices, bajo 2 SCLAJPT-10 V.00 fog Radicación n.° 95915 la continua subordinación y dependencia de Francisco Forero Rodríguez, Freddy Alarcón y Alvaro Ospina, trabajadores de la demandada; debía portar el uniforme y el carné en el que «figuraba el cargo desempeñado con el membrete». Que durante el tiempo que perteneció a la CTA trabajó para Avianca y sus empresas clientes, con sus máquinas y herramientas. Además, se beneficiaba de los servicios de comedor, transporte y tiquetes «que también

eran otorgados a los trabajadores de planta». Narró que el Ministerio de Trabajo sancionó a las demandadas en 2017, por encubrir las relaciones laborales e infringir la ley laboral, en cuanto a la contratación y suministro de personal, para evadir el pago de prestaciones sociales; además, Servicopava no tenía independencia financiera. Que el 27 de noviembre de ese ario, mediante Resolución 1006 de 2017, la cooperativa la retiró del servicio con efectos a partir del 30 siguiente. Avianca S.A., se opuso a las pretensiones. Formuló las excepciones previas de prescripción e inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, y de fondo, las de ausencia de la relación laboral y de prestación de servicios, inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, libertad de empresa, buena fe, compensación, prescripción, indebida aplicación de las normas legales y actividad no misional. Negó todos los hechos (fls. 185 a 203). Destacó que Magda Rodríguez no le prestó servicios «ni directamente ni a través de terceros» y no tenía registro de

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Radicación n.° 95915 trabajadores temporales para 2005. Que las actividades de limpieza no hacían parte de su objeto social, de suerte que podía tercerizarlas. Que la cooperativa actuó con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, nunca impartió órdenes, no suministró elementos de trabajo, ni asignó funciones. Tampoco, impuso la práctica de capacitaciones, reglamentos, ni manuales, y que si la actora portó carné fue porque todos los contratistas que se

desplazaban por las terminales aéreas debían llevarlo debido a las normas de seguridad. Adujo que el Ministerio del Trabajo suspendió la sanción impuesta, toda vez que celebró un acuerdo de formalización «respecto de algunas personas que debía contratar directamente, y dentro de ellas no estaba la demandante». Que el régimen de cooperativismo incluye las mismas prestaciones de los contratos de trabajo, pero bajo sus propias denominaciones, por manera que no evadió el pago de prestaciones. Servicopava se opuso a las pretensiones. Planteó las excepciones de cobro de lo no debido, compensación, inexistencia de la obligación y del contrato de trabajo, buena fe, pago parcial y total, y prescripción. Resaltó que nunca existió la relación laboral que la actora proclama y que no actuó como intermediaria. Que celebraron convenio de asociación, desde el 1 de septiembre de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2017, cuando terminó mediante la Resolución 1001 de ese ario, por causas 4 SCLAlPT-10 V.00 log Radicación n.° 95915 objetivas, como la finalización de la oferta mercantil suscrita con la «empresa cliente» y la imposibilidad de reubicarla en otro cargo asociativo al interior de la cooperativa (fls.252 a 286). Precisó que durante la vigencia del convenio no reconoció salario, sino otros pagos equivalentes, como compensaciones ordinarias y extraordinarias mensuales «(salario)» y 0(cesantía)», de compensación anual «(intereses sobre las cesantías)», semestral «(prima de servicios)» y por

descanso «(vacaciones)», y auxilios de transporte y cooperativos.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 19 de agosto de 2020, el Juzgado Dieciocho Laboral

del Circuito de Bogotá D.C., resolvió: Primero: Declarar (...) que entre (...) Magda Emilse Rodríguez Ríos y (...) Avianca, existió un contrato de trabajo (...) desde el 1.0 de septiembre de 2005 al (sic) 30 de noviembre de 2017, siendo solidariamente responsable (...) Servicopava, de conformidad con lo expuesto a lo largo de la parte motiva de esta providencia.

Segundo: (..).

Tercero: Condenar a (...) Avianca y solidariamente a (...) Servicopava, a pagar a favor de la señora Magda Emilse Rodríguez Ríos las siguientes sumas de dinero, las cuales también deberán ser indexadas al momento de su pago: a) La suma de $42.276.328, por concepto de sanción por no consignación de cesantía. b) La suma de $14.041.133, por concepto de indemnización por despido sin justa causa (...).

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Cuarta: Absolver a las demandas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

Quinto: Declarar probada parcialmente las excepciones de pago y prescripción (...).

Sexto: Condenar en costas a (...) Avianca y solidariamente z Servicopava. Señálese como agencias la suma de $2.500.000, a favor de cada una de las demandantes (...).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver las apelaciones formuladas por la parte

demandante y las accionadas, el Tribunal revocó el fallo del a quo y, en su lugar, absolvió a Avianca S.A. y a Servicopava. Condenó en costas a las actoras. En lo que atañe al recurso de casación, se propuso verificar la existencia del contrato de trabajo entre Magda Rodríguez y la aerolínea. Rememoró los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, de cara a las normas que gobiernan a las cooperativas, como la Ley 79 de 1988, y los Decretos 468 de 1990, 2996 de 2004, 4588 de 2006, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2025 de 2011. Explicó que la Ley 1233 de 2008, impuso una serie de obligaciones a las cooperativas con el fin de igualar el régimen de compensaciones de sus asociados con los trabajadores regidos por el estatuto laboral. Así mismo, el artículo 7 de dicha ley, incluyó como prohibiciones las de «actuar como empresas de intermediación laboral, disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra 6

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110 Radicación n.° 95915 temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión». Igualmente, prohibió que el contratante intervenga directa o indirectamente en las decisiones internas de la CTA; en especial, la selección del asociado. También, dispuso que la potestad reglamentaria y disciplinaria, solo sería ejercida por las cooperativas, que no por el contratante pues, de lo

contrario, «se configuraría de manera automática el contrato realidad». Advirtió que la trasgresión de las prohibiciones legales, por prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, generaba que el tercero contratante y las cooperativas de trabajo asociado serían responsables solidarios de las condenas que se causaren a favor del asociado y las CTA quedarían incursas en las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, además de la cancelación de la personería jurídica. Examinó el convenio de asociación de Servicopava (fls, 111 a 112 y 580 y 581), la solicitud de afiliación suscrita por la actora (fl. 582), la comunicación que la CTA dirigió a aquella para informarle que aceptaba la vinculación y que, debido a la oferta mercantil suscrita con Avianca, desempeñaría el cargo de auxiliar de operaciones terrestres en Bogotá (fls. 583). También, la asignación de funciones y aprobación del auxilio de transporte cooperativo (fl. 113), la autorización de descuentos de aportes voluntarios (fl. 584), la certificación de asistencia al curso básico de 26 de mayo de 2016 (fl. 585), la relación de documentos entregados a la

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Radicación n.° 95915 actora (fl. 586), la carta de terminación del acuerdo asociativo y la resolución de retiro (fls. 591 a 593), el histórico de pagos (fl. 640 a 657), y la liquidación definitiva de compensaciones (fl. 658). Igualmente, se detuvo en la solicitud de permiso y

descansos (fls. 659 a 664); la citación a audiencia de descargos, la publicación de medidas disciplinarias, el proceso disciplinario y su cierre (fls. 665 a 671,676 a 682), la solicitud de compensación anual (fls. 683 a 688), la notificación a Servicopava por parte de La Equidad Seguros sobre la pérdida de capacidad laboral de la demandante (fls. 690 y 691), la comunicación de ascenso al cargo de «auxiliar conductor» desde el 15 de mayo de 2012 (fls. 114 y 692), el contrato de trabajo por obra o duración determinada suscrito con Misión Temporal LTDA. el 14 de marzo de 2005 (fls. 108 a 109), y la terminación del mismo, a partir del 1 de septiembre de 2005 (fi 110). También, examinó la copia del carné (fls. 116 y 117), las fotografías de la demandante portando el uniforme (fls. 118 y 119), las comunicaciones dirigidas a la actora donde le informan sobre los días que podía hacer uso del descanso anual (fls. 1 a 10), el pagaré y la libranza del crédito (fls. 11 a 40), las ofertas mercantiles para la venta de servicios de apoyo en procesos técnicos, administrativos y operativos del 1 de agosto de 2003 y 5 de febrero de 2009, y un otrosí (fls. 45 a 49, 204 a 228 y 64 a 76). 8

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111 Radicación n.° 95915 Fijó su atención en las comunicaciones en que Avianca

informó a Servicopava de las terminaciones de las ofertas mercantiles de 6 de octubre de 2003 y 5 de febrero de 2009 (fls. 775, 229 y 78), el contrato de comodato del 1 de marzo de 2006 y su otrosí (fls. 79 a 419), la carta de reducción de prestación de servicios aeroportuarios terrestres de 12 de septiembre de 2017 (fl. 120), el trámite liquidatorio de Servicopava (fl. 420 a 432), los estatutos de la cooperativa (fls. 433 a 472), los regímenes de trabajo asociado de la CTA (fls. 473 a 501) y de compensaciones (fls. 502 a 50). Del interrogatorio del representante legal de Avianca, dedujo que había dicho que la aerolínea no tenía personal de asistencia de carga y descarga de maletas, y limpieza de aviones, por lo que contrató esos servicios con la CTA, sin embargo, inspeccionaba que las labores se cumplieran a cabalidad. También, que la cooperativa tenía autonomía administrativa, directiva y financiera, que no poseía conocimiento directo de los contratos de asociación suscritos con las demandantes, sino solo lo que se extraía de la documental aportada. Advirtió que el representante legal de Servicopava, manifestó que Magda Emilce Rodríguez se vinculó mediante acuerdo de asociación, como asistente de operaciones terrestres y, posteriormente, fue operadora de equipos para cubrir el transporte de «maletas, y carga y de vantales (sic) pero no encontró específicamente que clase de equipos laboraba». También, que las accionantes participaron en la

asamblea, distribución de excedentes, derecho a «boletas

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Radicación n.° 95915 médicas», préstamos sin intereses, auxilios de gafas, transporte, alimentación y adicional de diciembre, y por la «gestión de la cooperativa se extendían los beneficios que eran contratados directamente por las empresas». Aseveró que, en el interrogatorio, Martha Rodríguez 0 expuso que prestó servicios a la CTA, desde el 1. de septiembre de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2017; que sufrió un accidente de trabajo, porque chocó con un tractor de Avianca, y recibió una incapacidad de 3 meses; que para transportarse, la recogía una ruta de la empresa y por la noche cuando tenía turnos largos hasta las 11 pm la llevaba a su destino, y que a la finalización del vínculo «no le pagaron nada solo le devolvieron unos ahorros que ella tenía consignados». Expuso que la testigo María Josefina Peña Ordinz, señaló que laboró para la CTA desde marzo de 2014 hasta noviembre del 2017, y hacía limpieza a los aviones; tuvo beneficios como el uso del casino, el transporte, la prima de navidad, tiquetes aéreos, y una póliza de seguro de Allianz pagado por Avianca. Que conocía a las demandantes porque compartieron turnos y Magda era la más antigua y que la desvinculación obedeció a la finalización de la oferta mercantil. Que dicha deponente declaró que Servicopava, Avianca y el Ministerio del Trabajo celebraron un acuerdo de formalización en el que estuvo incluida, junto con las

demandantes; no obstante, no lo firmaron porque 10

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112. Radicación n.° 95915 desmejoraba las condiciones laborales y perdían la antigüedad. Que la aerolínea realizaba capacitaciones de obligatoria asistencia, las órdenes eran impartidas por los Duty, que son las personas con uniforme y carné de la compañía. Así mismo, que Magda fue la única mujer que manejó «paymover» y recibía órdenes de Javier Alarcón y Francisco Forero, encargados del área de imagen y presentación; que todas las herramientas de trabajo tenían el logotipo de Avianca y que, para solicitar permisos o cambio de turno, era directamente con funcionarios de la aerolínea. También, informó que promovió un proceso laboral en contra de las accionadas, que resultó favorable a sus intereses. El Tribunal dedujo que Magda Rodríguez prestó servicios a Avianca, mediante un acuerdo cooperativo ejecutado entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2017, finalmente como auxiliar conductor; empero que, contrario a lo estimado por el a quo, no observó «elemento de convicción con la fortaleza suficiente para inferir» que existió una relación de naturaleza laboral con la aerolínea, toda vez que la solicitud de admisión de la actora fue aceptada por la CTA. Añadió que las demandadas no violaron ninguna prohibición, como quiera que las órdenes eran impartidas por la cooperativa y que, contrario a lo dicho por la testigo María Josefina Peña Ordinz, la CTA se encargaba de todo el

proceso y Avianca se limitaba a inspeccionar; de ahí, que los permisos, vacaciones y demás cuestiones relacionas con SCLAJPT-10 V.00 II Radicación n.° 95915 «el trabajo, la relación y subordinación es con relación a Servicopava». Recalcó que el poder subordinante nunca lo ejerció la aerolínea, sino Servicopava, quien siempre pagó a la actora las compensaciones, como quedó acreditado con la documental incorporada, más aún si la CTA tramitó los procesos disciplinarios y las diligencias de descargos. Aclaró que si bien, las labores fueron ejecutadas dentro de las instalaciones de Avianca ubicadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, los elementos y herramientas que utilizaban los asociados para la prestación de servicios, fueron cedidos por Avianca a la CTA, a través de un contrato de comodato (fis. 79 a 419), para el cumplimiento de la oferta mercantil desde 2003 (fls. 45 a 49) después en 2009 (fls. 204 a 228 y 64 a 76). Finalmente, expuso: En el contexto aludido, si bien el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, presume que toda relación laboral está regida por un contrato de trabajo, presunción que por ser de orden legal admite prueba en contrario, la parte pasiva cumplió con la carga probatoria que a ella incumbía, en la medida en que acreditó suficientemente que los servicios personales prestados por las demandantes no corresponden a un vínculo laboral. Al contrario, fueron ejecutados en virtud de su condición de asociadas de la Cooperativa, conforme quedó

precisado con anterioridad, situación de la que eran conscientes las actoras, pues se desempeñaron por cerca de 4 arios en esa condición; en la que también recibieron las compensaciones y efectuaron aportes, con los cuales reafirmaban su condición de asociadas. Sobre este particular se resalta que al retiro de la CTA como asociadas le fueron devueltos sus aportes, tal como lo prevé la norma que rige estas entidades de la Economía

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443 Radicación n.° 95915 Solidaria. También se debe tener en cuenta que la señora MAGDA EMILSE obtuvo un crédito otorgado por Servicopava (fl. 11 a 40 cdno anexos), beneficio con el que cuentan los asociados a dicha CTA.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, fue concedido a Magda Emilse Rodríguez Ríos y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia cuestionada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado en lo que concierne a los numerales 4 y 5 y, en su lugar, condene a Avianca. S.A., cada una de las pretensiones de la demanda».

Con tal propósito formula un cargo que denomina «cargo primero», por la causal primera de casación, replicado por Avianca.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia violación indirecta, por «falta y errada apreciación de las pruebas, bajo la modalidad de interpretación indebida» de la Recomendación 198 de la

Organización Internacional del Trabajo; los artículos 5, 25, 48 y 53 de la Constitución Política; 10, 13, 14, 21, 23, 24, 43, 55, 56 y 57 del Código Sustantivo de Trabajo; 5 y 17 del

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Radicación n.° 95915 Decreto 4588 de 2006; Decreto 1075 de 2016; Leyes 79 de 1998 y 1233 de 2008; 1800 del Código de Comercio y las «sentencias CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 30605, CSJ SL6652013, CSJ SL6441-2013, CSJ SL12707-2017 y CSJ SL14302018, CSJ del 25 abril de 2018 radicado 64946». Endilga comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que MAGDA EMILSE RODRIGUEZ se vinculó a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERVICOPAVA, de manera libre y voluntaria y no como un requisito para seguir prestando servicios a favor de

AVIANCA S.A.

2. Dar por demostrado, sin que lo esté, que MAGDA EMILSE RODRIGUEZ fungió como una verdadera socia cooperada de la

CTA SERVICOPAVA.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que MAGDA EMILSE RODRIGUEZ, no acataba órdenes provenientes de personal de

AVIANCA S.A, sino de Servicopava.

4. Dar por demostrado sin que lo esté que MAGDA EMILSE RODRIGEZ [no] debía acatar los manuales, instructivos y

lineamientos impartidos por personal de AVIANCA S.A.

5. Dar por acreditado, sin estarlo, que MAGDA EMILSE RODRIGUEZ no estaba en continua subordinación de AVIANCA

S.A.

6. Dar por demostrado sin que lo esté, que SERVICOPAVA era una verdadera cooperativa de trabajo asociado, pues cumplía con los principios de autonomía, autogestión, independencia de la prestación de sus servicios frente a AVIANCA S.A.

7. Dar por acreditado sin que lo esté, que el vínculo que MAGDA EMILSE RODRIGUEZ sostuvo con la cooperativa SERVICOPAVA no violó las prohibiciones que recaen sobre las

CTA.

8. Dar por demostrado sin que sea así, que fue la CTA SERVICOPAVA quien tenía poder de decisión frente a los permisos, vacaciones, demás cuestiones relacionadas con el

trabajo de MAGDA EMILSE RODRIGUEZ.

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Radicación n.° 95915

9. No dar por demostrado, estándolo que los pagos extras que recibió mi poderdante provenían de un descuento que le hacía la propia CTA SERVICOPAVA, según lo estipulado por el artículo 33 del Régimen de compensaciones de la misma cooperativa.

10. No dar por demostrado, estándolo, que AVIANCA S.A. sí tenía personal encargado de supervisar la operación terrestre, llamados DUTY MANAGERS o JEFES DE ÁREA, tal y como lo demuestra el relato de las demandantes y de la testigo MARIA

JOSEFINA PEÑA.

11. No dar por demostrado, estándolo, que AVIANCA S.A.

capacitaba y certificaba a MAGDA EMILSE RODRIGUEZ en las labores que desempeñaba.

12. No dar por demostrado, estándolo, que el Acuerdo de Formalización suscrito entre SERVICOPAVA, AVIANCA y el Ministerio de trabajo fue un mecanismo para legalizar una forma de contratación que ha sido catalogada como irregular, tanto por el Ministerio de trabajo como por la jurisdicción ordinaria laboral.

DESCONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA MALA FE DE

AVIANCA Y SERVICOPAVA

13. No dar por demostrado que AVIANCA tiene regulada toda la operación terrestre, en sus respectivos manuales de funciones.

14. No dar por demostrado que mi mandante acató los manuales de funciones de la empresa AVIANCA S.A.

15. No dar por demostrado, que la Cooperativa, nunca pagó por concepto de cesantías, intereses a la cesantía, primas, vacaciones y demás acreencias laborales pedidas, diferentes a los beneficios reconocidos por la Cooperativa, los cuales no compensan las sumas pagadas por concepto de compensaciones ordinarias y extraordinarias.

Como pruebas erróneamente apreciadas, denuncia el convenio de asociación (fls. 111-112), las ofertas mercantiles, el contrato de comodato (fls. 79 a 419), el interrogatorio de los representantes legales de las demandadas, y de Magda Emilse Rodríguez, y el testimonio de María Josefina Peña.

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Radicación n.° 95915 Como dejadas de valorar, el contrato laboral suscrito entre Magda Emilse Rodríguez y Misión Temporal para

trabajar a favor de Avianca S.A, la sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo a Avianca S.A. por prácticas de intermediación laboral (folio 36 al 78), el Manual de Gestión de Tránsito (fl. 79 a 83), la carta de terminación del contrato (fl. 110), el certificado de aprobación de curso de Manejo de Conductas Seguras en Rampa (fl. 121), el régimen de compensación de Servicopava (art.33), el acuerdo de formalización entre Servicopava, Avianca y el Ministerio del Trabajo (fls. 318 a 447) y el histórico de pagos de Servicopava de 2005 a 2017. Sostiene que el Tribunal se equivocó, en tanto coligió que el vínculo que sostuvo con Avianca no fue de carácter laboral, sino que se trató de una relación de cooperativismo con la CTA. Que omitió valorar el contrato que suscribió con Misión Temporal (EST), cuyo objeto fue la prestación personal del servicio a la compañía de aviación, en el área de operaciones terrestres entre el 14 de marzo al 1 de septiembre de 2005, cuando se le ordenó suscribir el convenio de asociación para continuar ejerciendo las mismas funciones. Tampoco, tuvo en cuenta que la oferta mercantil solo pretendía ocultar la intermediación entre Servicopava y Avianca, para blindar a esta última de los compromisos laborales con inclusión de estipulaciones autónomas. Sin embargo, nunca existió independencia entre la empresa beneficiaria y los «supuestos asociados», como quiera que 16

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41S Radicación n.° 95915 tenía a su cargo la dirección, vigilancia y capacitación e, incluso, la potestad sancionatoria en el desarrollo del servicio (art. 1800 del C. Co). Además, las actividades contratadas estaban directamente relacionadas con el objeto social de la aerolínea y sus diferentes áreas. Afirma que si bien, para el colegiado de instancia, su labor tuvo origen en una oferta mercantil,: tanto la limpieza de las aeronaves como el apoyo terrestre, son actividades que no pueden desligarse del «nítcleo esencial» del negocio de Avianca; no obstante, fueron «tercerizadas», como lo afirmó el representante legal de la compañía. De esta suerte, dice, desacertó al avalar «un contrato de comodato permanente entre las demandadas», como si se tratara de un servicio especializado dentro del marco legal, a pesar de que la empresa beneficiaria suministró la totalidad de elementos y herramientas de trabajo. Asevera que el ad quem ignoró las sanciones que el Ministerio del Trabajo impuso a las demandadas, por la práctica irregular de tercerización laboral en el área de operaciones terrestres, lo que configura indicios graves en la forma de contratación del personal (fls. 36 al 78). Que el Manual de Gestión de Funciones de Operación en Tierra, determina los protocolos de limpieza de las aeronaves, el cual cumplía en su totalidad. Añade que debía realizar cursos a través de la plataforma Avancemos, y era Avianca la que expedía los certificados (f1.121), como la del «Manejo de conductas Seguras en Rampa»; que la CTA no tenía

independencia financiera, ni administrativa (fls. 79-83).

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Radicación n.° 95915 Estima que el juzgador de la alzada erró al inferir que ella era consciente de su condición de asociada a la cooperativa y que le pagaron compensaciones y aportes, sin percibir que la «contratación ilegal por medio de cooperativas se ha dado en nuestro país especialmente para evadir pagos adicionales en las relaciones de trabajo». Por ello, debió analizar el caso desde esa óptica, a partir de la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Aduce que el artículo 33 del «régimen de compensación» registra los pagos que recibía, de donde fluye evidente que «las compensaciones hacían parte de los descuentos y aportes que la propia cooperativa le hacía a sus afiliados, los cuales estaban encaminados a no pagar las acreencias laborales». Solicita se modifique el fallo de primer nivel, en cuanto declaró probada la excepción de pago, pues un análisis detenido impone deducir que la Cooperativa sufragó compensaciones. Así razona: [...] si se hace un análisis detallado de los pagos efectuados, en ninguno de ellos se aprecia que haya habido pagos laborales, por el contrario con lo que arrojan los conceptos y valores reflejados en el histórico de pagos (Folios 288 a 306) mensuales entregados por Servicopava aparecen conceptos de compensaciones ordinarias, compensaciones, (Estas dos compensaciones sumadas configuran el total de lo que ellos reportan como salario o IBL, en el pago de aportes pensionales)

permisos, especiales, incapacidades, recargos nocturnos, tiempo suplementario, licencias, festivos, beneficios de educación, compensaciones por descanso, beneficio extraordinario, beneficio bienestar, rendimientos auxilio anual, y otros, pero en ninguno de los históricos mensuales aparece COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL, solo hasta la entrega del documento llamado "Paz y salvo liquidación 18

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416 Radicación n.° 95915 definitiva del convenio de asociado" en el que se liquida un valor de una compensación extraordinaria anual con un valor equivalente a la compensación extraordinaria, resaltando que solo fue un pago una vez durante todo el lapso de doce arios, y tampoco fueron consignadas (sic) si es que tanto defendían su propio régimen el cual equiparaban al laboral. Arguye que el acuerdo de formalización que celebraron Avianca y el Ministerio de Trabajo hace evidente que la empresa se comprometió a vincularla laboralmente; empero, no lo aceptó como quiera que le ofrecieron un salario inferior al que recibía con el nombre de «compensación». Sostiene que el ad quem no se percató de que en el interrogatorio de parte, el representante legal de Avianca aceptó que la empresa impartía capacitaciones y entregaba las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Lo anterior, dice, torna patente que Servicopava no tenía autonomía para desarrollar la actividad contratada y estaba subordinada. Aduce que aunque el representante legal de la cooperativa, en su interrogatorio, procuró defender la independencia y autonomía del ente, no fue capaz de

justificar las pruebas en su contra, en punto a la coincidencia de la fechas de vinculación, aceptación y designación del cargo para prestar servicios a favor de la aerolínea, la carencia de herramientas y elementos para el desarrollo de la función, la dependencia financiera y que su contrato finalizó con la culminación de la «supuesta oferta mercantil».

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Radicación n.° 95915 Asegura que la testigo María Peña declaró que prestó servicios a Servicopava desde el 14 marzo de 2014 hasta noviembre de 2017; que fueron compañeras de trabajo y que la desvincularon una vez finalizó la oferta mercantil. También, que existió un acuerdo de formalización con el Ministerio del Trabajo gen el que estuvieron incluidas tanto la demandante como ella, el que no firmaron porque desmejoraban sus condiciones laborales y perdían la antigüedad como trabajadoras». Además, promovió proceso laboral contra las accionadas que le resultó favorable. Asevera que con la versión de la testigo, se corrobora que Avianca realizaba capacitaciones obligatorias para quienes quisieran ingresar a trabajar y que las directrices eran impartidas por los Duty, que son personas con uniforme y carné de la compañía. Así mismo que ella era la única mujer que manejaba (paymover» y recibía órdenes de Javier Alarcón y Francisco Forero, encargados del área de imagen y presentación. Que todas