CSJ - SL2419-2018

RepúbdleCi oclao mbia Corte Suprema de Justicia SadleCaa saLcaibóonr al SadleDa e scanN•u.2 e sllón SANTANRDAEFRA BERLI TCOU ADRADO Magistproandeon te SL2419-2018 Radicanc.6i 4ó6n6 0 º Act1a8 Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto pór LUIASN SELMLOÓ PEPZI NEDcoAnt,ra la sentencia proferida por el Tribunal Regional de Descongestión Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta, el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), en el proceso que instauró cont:p;l el

MUNICIDPESI ION CELEJO.

I. ANTECEDENTES LUIS ANSELMO LÓPEZ PINEDA llamó a juicio al MUNICIPIO DE SINCELEJO, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, el cual terminó sin justa causa; se reconociera y pagara la pensión sanción o º restringida prevista en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, con retroactividad al 21 de julio de 1986, previa indexación SCLAJPT-10 V.DO Radicacni.ºó 6 n4 660 de la primera mesada; intereses moratorias, costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus serv1c1os personales al MUNICIPIO DE SINCELEJO, desde el 29 de octubre de 1955 hasta el 5 de

octubre de 1966, acreditando 10 años, 11 meses y 6 días, desempeñándose en el cargo de obrero municipal de servicios generales, como trabajador oficial; que su desvinculación laboral por parte de la demandada, fue sin mediar una justa causa; que nació el 21 de junio de 1926, por lo que para el 21 de junio de 1986 cumplió 60 años; que para la fecha en º que fue despedido, se encontraba vigente el artículo 8 de la Ley 1 71 de 1961 (f.º 1 a 8 del cuaderno principal). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, manifestó que el demandante haya tenido un vínculo laboral con ella, no quiere decir que tuvo la calidad de trabajador oficial, pues para determinarlo importa demostrar las funciones desempeñadas, que fueron las de un típico empleado público, y la forma de vinculación fue de carácter legal y reglamentario, toda vez que se hizo mediante acto administrativo, como se desprende de las distintas actas de posesión; que si el accionante hubiese tenido la calidad de trabajador oficial, no logró demostrar que su vínculo se derivaba de un contrato de trabajo; que las funciones del demandante no tuvieron relación con la construcción y sostenimiento de obras públicas; que el actor tenía la carga de la prueba en lo relacionado con el despido sin justa causa

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01. Radicación n. º 64660 y la calidad de trabajador oficial, pero no lo hizo, quedando sin fundrunento o soporte sus solicitudes.

En su defensa, propuso como excepciones de fondo la falta de requisitos para ser beneficiario de la pensión sanción; inexistencia de la calidad de trabajador oficial del demandado y la falta de jurisdicción y competencia (f3.3 ºa 38 ibídem). 11.S ENTENCDIEAP RIMERAI NSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, mediante fallo del 24 de abril de 2012 (f7.0º a 80 del cuaderno principal), absolvió a la parte demandada y condenóe n costas al demandante. 111S.E NTENCDIEAS EGUNDIAN STANCIA Por apelación de la parte demandante, el Tribunal Regional de Descongestión Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante fallo del 30 de abril de 2013, confirmó la sentencia de primer grado, sin señalar costas en la instancia (f3. aº 1 1 del cuaderno del Tribunal). En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico giraba en torno a establecer si el actor cumplía o no, con los requisitos para acceder a la pensión sanción, por lo que se remitió a las sentencias CSJ SL, 21 jun. 2000, rad. 13550, CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 33600, CSJ SL, mar. 2003, rad. 19362, de

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Radicación n. º 64660 las cuales extrajo que, para el caso, no le era aplicable lo previsto en el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, sino el artículo º 8 de la Ley 171 de 1961, que se ocupa de la pensión

restringida de jubilación.

Seguidamente señaló que: [. .. ] son dos los requisitos esenciales para acceder a la pensión restringida de jubilación, cuando se busca su reconocimiento: en primer lugar, que los servicios hayan sido prestados por más de O 1 o más de 15 años continuos o discontinuos y menos de 20; en segundo lugar, que la terminación del vínculo se haya producido por decisión unilateral y sin justa causa. se o En este orden de ideas, veamos si en el presente caso dan no los presupuestos legales para la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

En primer lugar el tiempo de servzczos: de la documentación O obrante de Folios 1 a 14 del expediente, encontramos que el actor LUIS ANSELMO LÓPEZ PINEDO trabajó al servicio de la Alcaldía del Municipio de Sincelejo desde el 29 de Octubre de 1955 hasta O el 05 de Octubre de 1966, es decir un tiempo de 1 años 11 meses 06 0797 y días, como la misma entidad lo admitió en la resolución de febrero 19 de 2008 (fol. 55-56) por consiguiente cumpliendo así O el primer requisito, es decir, haber laborado por más de 1 años. En segundo lugar, el presupuesto del despido injustificado, con se respecto a este el despacho procede a verificar si el mismo dio o no en este caso. Para concluir, que no encontraba elementos que establecieran la existencia de un despido sin justa causa, por lo que, al no haberse demostrado, no se acredita el segundo º de los requisitos exigidos por el artículo 8 de la Ley 171 de

1961, por lo absolvió.

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Radicancº.6i 4ó6n6 0

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por LUIS ANSELMO LÓPEZ PINEDA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque totalmente el fallo de primer grado y condene al demandado en su totalidad.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual no tuvo réplica.

VI. CARGO ÚNICO La violación que se denuncia se produce por la v1a º indirecta y por interpretación errónea del artículo 8 de la Ley 1 71 de 1961 y artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, modificado por la Ley 712 de 2001, 1 77 y 1 79 del Código de Procedimiento Civil (f.º 6 a 12 del cuaderno de la Corte).

La censura, presenta los requisitos que trae el artículo 8 de la Ley 1 71 de 1 961, para ser beneficiario de la pensión º sanción, que básicamente son «a) Que el trabajador sea despedido sin justa causa y b) Que al momento del despido tenga 1 O o niás años de servicio laborados en la misma empresa»; en cuan to a la prueba de la terminación de contrato sin justa causa, para acreditar la pensión solicitada, 5

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Radicación n. º 64660 la carga recae sobre el empleador, si solo se demuestra por

parte del trabajador que hubo un despido. Seguidamente, cita una sentencia que respalda lo mencionado, sin indicar fecha de expedición ni radicación. Continúa manifestando, lo siguiente: RETENCION INDEBIDA DE LA PRUEBA El demandante en varias oportunidades solicitó al ente demandado MUNICIPIO DE SINCELEJO el reconocimiento de la pensión sanción, la que le fue negada con respuestas evasivas y con argumentos infundados, y MENOS alegó que la desvinculación del actor obedeció con JUSTA CAUSA. En la contestación de la demanda tampoco alegó la JUSTA CAUSA del despido, es decir, aceptó tácitamente que el retiro del servicio del demandante ocurrió SIN JUSTA CAUSA, pues no demostró ninguna justa causa de despido, y por lo tanto, en estas condiciones se debe aplicar el principio de la favorabilidad a que se refiere el artículo 53 constitucional. El señor Juez a-qua tampoco hizo allegar al proceso las pruebas que él mismo decretó, es decir, el Decreto de salida del actor, pues es un deber suyo muy claro, ya que se trata de cumplir su propia orden. EL Tribunal tampoco ordenó ni decretó las pruebas solicitadas y decretadas en primera instancia, pues consideró que las que existían en el expediente del proceso eran suficientes, lo que constituye una vía de hecho, y a través de ella se viola el debido proceso y, por ende, la defensa. Las pruebas pedidas en tiempo, en la primera instancia, y prácticas agregadas inoportunamente, servirán para ser o consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio

por apelación o consulta. La petición al Tribunal para la práctica de pruebas a él solicitada se requirió a través de la apelación contra la sentencia de primera instancia. El ente demandado MUNICIPIO DE SINCELEJO en abierta violación de la ley correspondiente, RETUVO INDEBIDAMENTE el suministro del Decreto de salida del actor que señala la razón o motivo de su desvinculación solicitado y decretado por el Juez en primera instancia, y éste a su vez no hizo cumplir su propia orden. Así, frente a este proceder, es claro entonces que se incurrió también en una vía de hecho al no insistir ni exigir por todos los

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'2 \., Radicación n. º 64660 medios legales para lograr la obtención de dicho documento probatorio, lo cual constituye ostensiblemente la violación del derecho fundamental al debido proceso y, por ende, la defensa del actor. VIIC.O NSIRADCEINOES Dec onformciodnea lod r denamiceonntsot ituyc ional legadle,b per ecisqaurels aed emanddaec asaceisótná sometai udnac onjudnetf oo rmaliqduaemd áessq ueu n cultao l at écniscoan,s upuesetsoesn cidael leas racionadleirlde acdu rcsoon,s titsuudy eebni pdroo ceys o soni mprescipnadriqabu leée sstn eos ed esnaturalice. Asmíi smeon,r eiteroapdoarst unihdaad diecseh,so t a Corporaqcuieeó snt,me e didoei mpugnancoil óeon t orga

competepnacrjiaua z gealpr l eaifi tnod er esolavc eurád le lolsi tiglaean stieslstar ea zóhna,b icduae nqtuale a l abdoer laC ortsei,e mpqruee e lr ecurrseenptape l antleaa r acusacsieló inm,ia et naj uilcasi eanrt ecnocnei lao bjedteo establseiec lje ure dzea pecliaonaelsd ,i ctaorblsae,rl vaós normajsu rídqiuceea sst aobbal igaaa dpol ipcaarrda i rimir rectameenlct oen flicto. Aslíod ejsóe ntaednot,or ter aesnl, as enteCnScJiS aL , 7f eb2.0 12r,a d3.6 764: se No olvide que el recurso extraordinario de casación no otorga a la Corte competencia para revisar el juicio, en la perspectiva de resolver a cuál de los contendientes judiciales le acompaña la razón, desde luego que su misión, a condición de que el recurrente se sepa plantear bien la acusación, circunscribe a enjuiciar la sentencia gravada a los efectos de establecer si el juez, al pronunciarla, observó las normas juridicas que debía aplicar para definir rectamente la controversia juridica llevada a su examen.

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Radicación n. º 64660 En verdad, el recurso de casación revela el ejercicio de la más pura dialéctica, en tanto que comporta el enfrentamiento de la sentencia y de la ley. Exige de parte del recurrente una labor de persuasión,

en el propósito de hacerle ver a la Corte que la presunción de legalidad y acierto que ampara a la decisión judicial gravada no deja de ser una simple apariencia o enunciación formal. Planteadas así las cosas y revisado el escrito que contiene la demanda de casación, la Sala observa que adolece de graves deficiencias técnicas, que comprometen la prosperidad del cargo, sin que sea posible subsanarlo de oficio, en virtud del carácter dispositivo del recurso extraordinario, por las siguientes razones: El censor al presentar el cargo un1co señala. «La violación que se denuncia se produce por la vía indirecta y por interpretación errónea del artículo 8 de la Ley 1 71 de 1 961 y º artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, modificado por la Ley 712 de 2001, 1 77 y 1 79 del Código de procedimiento civil». De lo que antecede, se vislumbra que el único cargo viene dirigido por la vía indirecta, en la modalidad de º «interpretación errónea» del art. 8 de la Ley 171 de 1961, cuando por tal vía, no es posible la violación de la Ley sustancial en esa modalidad, pues como lo ha explicado reiteradamente esta Corporación, la única con cabida, es la aplicación indebida y, excepcionalmente y como consecuencia de ésta, la infracción directa, mientras que la violación de la ley sustancial por interpretación errónea, solo puede debatirse por la vía jurídica.

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55 Radicanc.ºi6 ó4n6 60 Así lo ha referido la Corporación, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL18400-2017, en la que indicó: Ahorbai eenn,l oq uet ieqnuee v ecro ne ls eguncdaor gsoe, equivloacc ean suarlea n dilcgoamcroo ncedpeit nof radcecl iaó n víai ndirleaci tnat erpreetrarcóinpóeonar ,q uceo,m ol oh a sosteniindvoe teradlaajm uernitsep ruddeee nsctCiaoa r teel, concedpeit nof radcecslie ónnd feárcot eislc aao p liciancdieóbni da del anso rmas. N átese, que el ataque realizado por la censura se endereza a cuestionar aspectos atinentes al decreto, práctica y aducción de la prueba documental. Desde ese punto de vista, se equivocó la censura al presentar su ataque por la vía fáctica, dado que, los reproches relativos a la aducción, aportación, decreto y validez de la prueba, deben encausarse por la senda de puro derecho, bajo la violación medio de las normas procesales que regulan el aspecto debatido. Es así como en sentencia de casac1on CSJ SL2 l 4062017, que memoró la CSJ SL, 18 jul. 2014, rad. 46464, al respecto indicó: Sil oq uper eteenlrd eec urersee nlrt eep rodceah sep ecrteolsa tivos al aa duccaipóonr,t adceicórnye,v t aol iddeep zr ueblaass e,n da

dea cusacdieóbnse e rl av íad irecbtaajl,oa m odaliddea d violadceim óend idoe l asn ormapsr ocesqaulere esg ulealn aspedcetboa taisdlíooh ; a s eñaleasdtSoaa lean,t orter eansl ,a senteCnScJSi La1, 8 J u2l0 1R4a,d 4.6 46e4nd onddei spuso: (.. ).c orne iterqauceli aaó cnu,s acdieaó snu ntcoosn cerniae ntes laa duccaipóonr,t adceicórnye,v t aol iddeep zr uebúansi camente ess uscepdteii bmlpeu gnapcoirló anv ídai recdteab,i éndose acuslaavr i oladcemi eódnid oel anso rmparso cespaelretsi nentes, pueasn teqsu ei ncurrpiorrps aer tdee ls entenceinau dno r equivoecnatdeon dimdiele onhste oc holsoq, u ee nr ealisdea d preseenslt aai nfradcecl iaónsno rmparso cesqaulere isg lean produccaidóunc,cy i óvna liddeelz o sm ediodsec onvicción legalmaednmties i(bVleseres n tenCcSiJSa Ls1, J un2 006R,a d. 2745y2C SJS L7, F eb2 00r1a,d 1.5 43e8n,t orter as).

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Radicación n. º 64660 De otro lado, si con laxitud extrema se entendiese que

el ataque viene enfocado por la vía directa y el submotivo de interpretación errónea, dado que en el escrito de casación se expresa «yp oirn terpreertraódcneiealóar n t í8c duell oaL ey º 17 1d e1 9 61d e igual forma, el cargo no está llamado a », prosperar por lo que a continuación se precisa. Como se puede observar, el cargo se formula de manera genérica y carece totalmente de demostración o desarrollo. Es decir, no se singularizan las razones por las cuales el Tribunal habría incurrido en una violación directa de la ley sustancial, ni se dice en qué consistió la interpretación errónea de las normas que allí se mencionan someramente, pues no se identifica ante la Corte algún ejercicio intelectivo realizado por el adq uenmi ,se precisa cuál es el error que contiene o cuál es la interpretación que corresponde seguir. Así pues, se tiene que la simple discrepancia e inconformidad del recurrente con lo resuelto por el Tribunal, no es de recibo en el recurso extraordinario, pues, de ello no depende la prosperidad del cargo, sino de la demostración de la transgresión de la ley sustancial de alcance nacional, confrontación que en el sub lite, brilla por su ausencia. Y es precisamente la omisión de la censura, lo que la Sala echa de menos, en tanto no efectuó una comparación entre la supuesta comprensión que a las normas jurídicas que reseña como equivocadamente entendida les dio el juzgador de segundo grado, frente al recto sentido que en su criterio surge de su respectivo texto, de modo que ello impide

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Radicación n. º 64660 efectuar su estudio para verificar si la inteligencia otorgada es o no correcta, situación que no puede corregir la Corte dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario, que la obliga a circunscribirse a las razones expresadas por el recurrent e. Al respecto, es necesano rememorar la sentencia CSJ SL, 12 may. 2007, rad. 31166, reiterada en la sentencia CSJ SL, 7 nov. 2012, rad. 42440, donde se resolvió un tema similar al aquí planteado. Expuso en esa oportunidad la Sala lo siguiente: f. .. ] la violación directa de la ley en que incurre el juzgador relacionada con el significado de la norma, o sea la errónea interpretación, se presenta cuando se le atribuye al precepto un significado diferente al que rectamente entendido le corresponde, contrariando de esa manera el genuino sentido que tiene como norma legal. Por esa razón, para que quien recurre en casación denunciando que la violación de la ley se produjo en esta modalidad salga adelante en su intento, debe demostrar suficientemente que el entendimiento del juzgador de segunda instancia es equivocado y que por tal razón incurrió en un desatino interpretativo, para lo cual debe realizar una comparación entre la comprensión que a la norma jurídica le dio el juzgador con el recto sentido que surge de su texto, de modo que al efectuar el estudio de la norma para verificar que la comprensión que sele otorgó eso n o correcta, dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario, debe la Corte circunscribirse a las razones expresadas por el recurrente, sin que

le seada do suplir las falencias argumentativas que el cargo presente. Ese indispensable análisis comparativo se echa de menos en este caso porque el impugnante no explica razonadamente la desviación doctrinaria que le atribuye al Tribunal en el entendimiento de las disposiciones legales que dice fueron equivocadamente interpretadas, pues no cuestiona la inteligencia que les dio, ya que se limita a señalar que no se daban las condiciones para la validez de la conciliación, cuestión que, como se anotó, comporta un razonamiento relacionado con los hechos del proceso.

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Radicación n. º 64660 Por último, en relación con lo anotado por el recurrente con respecto a los artículos 83 del CPTSS, 1 77 y 1 79 del CPC, se rememora que el Tribunal en su sentencia, adujo lo siguiente: En el caso bajo estudio, no encuentra esta Sala un elemento de juicio que brinde certeza a esta instancia acerca del predicado despido del demandante. De este modo, al no estar demostrado dentro del proceso que el actor fue despedido sin justa causa, no se acredita el segundo de los requisitos exigidos por el Art. 8 º de la Ley 171 de 1961, en consecuencia se absuelve a la demandada de todas las pretensiones de la demanda. (f. 1 O del cuaderno del º Tribunal). De allí que el adq uemal, m omento de emitir la decisión cuestionada por la censura, realiza un análisis del acervo probatorio y concluye que, de los diferentes medios de pruebas aportados, no resplandece el supuesto fáctico

exigido por la norma, el despido sin una justa después de más de 1 O años de servicios. Por su parte, la censura centra su ataque en: El Tribunal tampoco ordenó ni decretó las pruebas solicitadas y decretadas en primera instancia, pues consideró que las que existían en el expediente del proceso eran suficientes, lo que constituye una vía de hecho, y a través de ella se viola el debido proceso y, por ende, la defensa. Las pruebas pedidas en tiempo, en la primera instancia, prácticas (sic) agregadas inoportunamente, servzran para ser o consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o consulta. La petición al tribunal para la práctica de pruebas a él solicitada se requirió a través de la apelación contra la sentencia de primera instancia. El ente demandado MUNICIPIO DE SINCELEJO en abierta violación de la ley correspondiente, RETUVO INDEBIDAMENTE el suministro del Decreto de salida del actor que señala la razón o motivo de su desvinculación solicitado y decretado por el juez en

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.)'1 Radicación n. º 64660 primiesnrtaa ncyié sate, a s u venzo hi zoc umpslu iprrp oiao rd.e n Asíf,r eane tstee p orcedeesr c,l aernot osn qcuesee i ncióue rnru na vídae h echaoln oi snistinrie xipgoitrro sd o medsi loegsa le los parlao grlaaor b tendceid óinc dhooc umepnorbtaot olroic ou,a l

cosntituosytees inblemleanv tieo ladceidlóe nr efucnhod amental ald ebipdroos coye ,p oern dlead efseand ealc t{f.oºr 9. y 1 O del cuarndoed eTlr ib)u.n al De tal suerte, que el cargo resulta infundado y además inestirriáble. Sin costas eh · ·'el recurso extraordinario·, al· no ', , .- presenta.r;:,e réplica.

VIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justiciá. én nombre de la República y por autoridad . de la. le)'.", NO CASA la sentencia dictada el trein'ta (3Ó) • de abril de dos mil trece . •,- ,( (2013) por el Tribunal Regional de Descongestión_ Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta, deritrü del proceso ordinario laboral seguido por LUIS ANSELMO LÓPEZ PINEDA contra

el MUNICIPIO DE SINCELEJO.

Costas como se dijo en la parte motiva. Cópiese, notifique se, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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