CSJ - SL2424-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2424-2023 Radicación n.° 95995 Acta 37 Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES contra la sentencia proferida el 1 de abril de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUZ MARINA CHINCHILLA GUTIÉRREZ contra la entidad recurrente y la ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES Luz Marina Chinchilla Gutiérrez convocó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., en adelante Protección S.A., para que se declare la «ineficacia» o «nulidad» de su afiliación y traslado al

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Radicación n.° 95995 Régimen de Ahorro Individual - RAIS y, por tanto, que siempre permaneció al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordene a la AFP Protección S.A. a remitir con destino a Colpensiones todos los aportes existentes en su cuenta de ahorro individual, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses que hubiere recibido con motivo de su vinculación al RAIS. Igualmente, convocó a la Administradora Colombiana

de Pensiones - Colpensiones, para que fuera condenada a reconocer y pagarle la pensión de vejez a partir del 5 de noviembre de 2018, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación, lo que se demuestre ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamento sus peticiones, en síntesis, en que nació el 5 de noviembre de 1961; que en 1980 se afilió al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, donde realizó aportes para pensión; que el 30 de marzo de 1996 se vinculó a la AFP Protección S.A., quien al momento del traslado no le brindó una información «clara, concreta, real, seria, concisa y detallada» del «mejor plan de pensión» ni de las consecuencias del cambio de régimen, por tanto, adujo que firmó el formulario de vinculación al RAIS de manera desinformada. Destacó que a la fecha de presentación de la demanda en los dos regímenes tenía un total de 1800 semanas cotizadas.

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Radicación n.° 95995 Finalmente, explicó que el 13 de diciembre de 2018 elevó solicitudes ante las demandadas, buscando la declaración de la ineficacia de la afiliación llevada a cabo en el año 1996, al igual que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, las que fueron despachadas de forma adversa a sus intereses y con lo cual se encuentra agotada la reclamación administrativa. La Administradora Colombiana de Pensiones al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En

relación con los supuestos fácticos, aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, la data de afiliación al RPM, la presentación de la reclamación administrativa y su respuesta negativa. Sobre los demás hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que no existía elemento alguno que permitiera colegir que al momento del traslado de la actora al RAIS hubiese sido engañada y conducida a un error en su consentimiento, así como tampoco aparecía acreditado que para la suscripción del formulario de vinculación a Protección S.A. se presentara «otro vicio de la voluntad». Destacó que no era de recibo que después de 23 años de haber permanecido en el RAIS y de realizar cotizaciones ininterrumpidamente, la afiliada alegara una falta de información para con ello obtener la ineficacia. Puso de presente que la ley no permitía el traslado de régimen de personas próximas a pensionarse, esto es, cuando al asegurado le falten menos de diez años para

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Radicación n.° 95995 adquirir el derecho; situación que impedía en este asunto en particular el retorno de la demandante al RPM. Formuló la excepción de prescripción, aclarando que no implicaba la aceptación de obligación alguna, al igual que las de inexistencia de la obligación, buena fe y la genérica. Protección S.A. al dar respuesta a la demanda inicial se opuso a las súplicas incoadas en su contra. Respecto de los hechos, admitió los relativos a la fecha de nacimiento de la accionante, la data de afiliación al RAIS, la solicitud para que

se declarara la ineficacia del cambio de régimen y el número de semanas cotizadas en ambos regímenes. Frente a los demás, dijo que no eran ciertos o simplemente no le constaban. Como razones de defensa, adujo que el acto jurídico de la vinculación de la actora al RAIS había cumplido las condiciones de existencia, validez y eficacia; que dicho cambio estuvo exento de vicios del consentimiento, pues a la demandante se le brindó la información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz para que tomara la determinación de trasladarse, ello de conformidad con lo previsto por el Decreto 692 de 1994. Explicó que la promotora del litigio pretendía que se declarara la «nulidad» o ineficacia del traslado, aduciendo una supuesta e indebida asesoría por parte de Protección S.A., lo cual era equivocado, toda vez que obraba en el plenario «prueba irrefutable» de que la decisión adoptada por

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Radicación n.° 95995 la afiliada fue tomada en ejercicio de la libertad de elección consagrada en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, según se demostraba con la imposición de su firma en el formulario de vinculación. Propuso como medios exceptivos de fondo los de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, prescripción, «saneamiento por el paso del tiempo», «saneamiento por ratificación de parte», ausencia de vicios del consentimiento, cumplimiento de los requisitos formales en la afiliación a Protección S.A. y principio de irretroactividad

de la ley.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo dictado el 23 de septiembre de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA del traslado del régimen de prima media de prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad –SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.Ade la señora LUZ MARINA CHINCHILLA GUTIÉRREZ, de acuerdo a lo motivado.

SEGUNDO: ORDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. a transferir y trasladar la totalidad de saldos, aportes, rendimientos bonos pensionales, reajustes y demás emolumentos generados con ocasión de la afiliación respectiva de la cuenta de la señora LUZ MARINA CHINCHILLA GUTIÉRREZ, para que retorne a COLPENSIONES.

TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. a devolver a COLPENSIONES las sumas de dinero percibidas por concepto de gastos de administración por el periodo en que la actora

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Radicación n.° 95995 permaneció afiliada a dicha administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad con cargo a sus propios recursos.

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, reconozca y pague la pensión

de vejez de la señora LUZ MARINA CHINCHILLA GUTIÉRREZ, efectiva a partir del 13 de diciembre de 2018, junto con su retroactivo pensional debidamente indexado. No se reconocen intereses moratorios por lo motivado, la liquidación de la pensión se hará de acuerdo con la sabana de cotizaciones de toda la historia o de los últimos diez años según sea la más favorable, los montos, sumas, reajustes y reglas que se regirá COLPENSIONES para la liquidación de la pensión son el Art. 10 de la Ley 797 de 2003 que reformó el Art. 34 de la Ley 100.

QUINTO: DECLÁRESE no probada la excepción de PRESCRIPCIÓN no en el traslado ni en la Pensión, por lo expuesto en la parte motiva. Y frente a las demás excepciones dada la prosperidad de la acción se declaran imprósperas.

SEXTO: CONDENAR en costas a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., fíjense TRES salarios mínimos legales vigentes, que se liquidarán y pagarán con el salario que se liquide y pague en el momento que se pague. A COLPENSIONES, no se le condena en costas.

SÉPTIMO: Si no fuese apelada decisión, remítase al superior en consulta, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del Artículo 69 del C.P.T.S.S.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al conocer de los recursos de apelación interpuestos por Protección S.A. y Colpensiones,

así como al dar trámite al grado jurisdiccional de consulta en favor de la última de las entidades, mediante sentencia del 1 de abril de 2022, decidió lo siguiente: PRIMERO: ADICIONAR al ordinal 3º en el sentido de, además, ordenar a PROTECCIÓN S.A. a devolver el porcentaje correspondiente a las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados a la fecha

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Radicación n.° 95995 de traslado al RPMPD y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, el fallo apelado y consultado.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de Colpensiones y Protección S.A. al fracasar sus recursos. Fíjense agencias en derecho a su cargo y en favor del demandante, en la suma de $1.000.000, de conformidad con lo previsto en el art. 365 a 366 del CGP, aplicable por remisión del art. 145 del CPTSS.

En lo que interesa al recurso de casación, el juez plural comenzó por precisar que el problema jurídico a resolver estaba centrado en determinar si el a quo se equivocó al considerar que era ineficaz el traslado de la demandante del RPM al RAIS y si había errado al condenar a Colpensiones a

reconocer y pagarle la pensión de vejez. Comenzó por indicar que, si bien Colpensiones había apelado la decisión de primer grado, le correspondía «[…] revisar la juridicidad de la sentencia» en virtud del grado jurisdiccional de consulta «[…] en la medida que en este evento persigue la defensa del patrimonio público, propende por la realización de objetivos superiores como son la consecución de un orden justo y la prevalencia del derecho sustancial». A efectos de resolver los mencionados interrogantes, advirtió de entrada que el fallador de primera instancia acertó al declarar ineficaz el traslado de régimen realizado por la demandante en el año 1996, en la medida que Protección S.A. no acreditó en el curso del proceso, siendo

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Radicación n.° 95995 de su cargo, haberle brindado a la actora la información necesaria y transparente sobre las implicaciones de esa mutación, previamente al acto de cambio de modelo pensional. Manifestó que en el presente asunto el cambio de régimen, cuya ineficacia se solicitaba, se produjo el 30 de marzo de 1996, época para la cual el marco jurídico que regía el deber de información a cargo de las AFP era el previsto en literal b) del artículo 13 y los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, artículos 12 del Decreto 720 de 1994 y 3 del Decreto 1161 de 1994, donde el legislador les exigió a las AFP privadas como «deber sumo», el de «suministrarle

INFORMACIÓN NECESARIA y TRANSPARENTE», la cual como mínimo comprende: […] a) características del régimen, b) condiciones de acceso, c) ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales (parangón) d) riesgo y consecuencias del traslado, amparo de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales transitorios, en información clara, objetiva y trasparente. En ese sentido, contrario a lo que afirma Colpensiones en su apelación, cuando ocurrió el traslado inicial de la accionante el orden jurídico sí contemplaba un deber de asesoría e información suficiente y transparente, pues desde la creación del sistema el legislador previó en el precitado precepto 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 el derecho de toda persona a elegir libre y voluntariamente el régimen pensional, lo cual no puede desconocerse, atentarse o impedirse en cualquier forma, so pena de las sanciones de que trata el artículo 271 ibidem y que la afiliación quede sin efecto, lo que ocurre justamente cuando la AFP omite su deber de información.

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Radicación n.° 95995 En ese orden, destacó que la AFP demandada no acreditó, siquiera de manera sumaria, que hubiese cumplido con las obligaciones de información que le imponía la normativa vigente para el 30 de marzo de 1996, pues al examinar el «dossier de pruebas» dijo que no se encontró elemento de convicción alguno que demostrara dicha responsabilidad en cabeza del fondo privado demandado, además que el formulario de vinculación no comportaba más que una «proforma» utilizada por la citada administradora, en

cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 654 de 1994, pero que en modo alguno evidenciaba la satisfacción de los aspectos referidos. Aseguró que dicho formulario era un mero contrato de adhesión, pues corresponde a una proforma ya elaborada y el asegurado no podía controvertir o aceptar su contenido, particularmente, porque el recuadro visible en la parte inferior derecha que contenía la leyenda relativa a la selección voluntaria del RAIS y de la AFP como la entidad que administraría su cuenta de ahorro individual, «no comporta consentimiento informado del afiliado, ni tampoco la satisfacción de los elementos echados de menos por el Juez de primer grado». Adujo que lo precedente obedecía a que en este relato preimpreso solo se detallaba que la demandante firmó libre de cualquier presión o carga, lo cual sería trascendente si en autos se debatiera la nulidad de la vinculación y no la ineficacia del citado negocio jurídico; ficciones legales

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Radicación n.° 95995 totalmente ajenas unas de otras, con efectos disimiles respectivamente. Reseñó que el cumplimiento del deber de información no se agotaba con la sola firma del formulario de afiliación, puesto que la jurisprudencia, de forma continua ha señalado que la suscripción de aquel, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos, como que «la afiliación se hace libre y voluntaria» o que «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de

esta clase eran insuficientes para dar por demostrado dicho deber. Cita en su apoyo las sentencias CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, CSJ SL49642018, CSJ SL12136-2014, reiteradas en las decisiones CSJ

SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJ

SL2877-2020. Puntualizó que, frente al interrogatorio de parte rendido por la accionante, conforme al artículo 191 del CGP, aplicable por remisión del artículo 145 del CPTSS, no se advertían manifestaciones que generaran consecuencias jurídicas adversas a sus intereses, como para declararla confesa judicialmente. Arguyó que la Sala de Casación Laboral en eventos como el de marras ha adoctrinado que no se configura un detrimento al declararse la ineficacia, porque se transfieren al RPM la totalidad de los aportes efectuados en el RAIS, incluyendo los gastos de administración, junto con lo

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Radicación n.° 95995 descontado para primas de seguros, más los rendimientos financieros. Por todo lo expuesto, afirmó que debía confirmarse la sentencia condenatoria del juez de primer grado, en lo referente a la ineficacia del traslado. No obstante, agregó, que se adicionaría el ordinal tercero de la decisión apelada, para ordenar a Protección S.A. devolver el porcentaje correspondiente a las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el

porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados a la fecha del retorno al RPM y con cargo a sus propios recursos. Así mismo, indicó que al momento de cumplirse esta orden los conceptos debían discriminarse con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Por otro lado, estimó que tampoco se equivocó el a quo en el reconocimiento de la pensión de vejez en favor de la demandante, pues quedó al descubierto que el derecho pensional se causó el 5 de noviembre de 2018, data en la que cumplió 57 años de edad y contaba con más de 1300 semanas de cotizaciones, concretamente 1800, es decir, cumplía con los requisitos necesarios para acceder a la prestación conforme lo previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.° 95995 En lo tocante con la excepción de prescripción, consideró que acertó el fallador de primer grado al desestimarla, pues en este asunto el derecho no se vio afectado, en la medida que entre la fecha de su exigibilidad o la reclamación administrativa (f.° 43) y la data de presentación de la demanda inaugural (f.° 64), no transcurrió el trienio que consagra el artículo 151 del CPTSS. Resaltó que, si bien el sentenciador de primera instancia reconoció la mesada pensional a partir del 13 de diciembre de 2018 y en realidad la data correcta era el 5 de

noviembre de igual año, lo cierto era que tal punto no fue apelado por la demandante, de ahí que estimó que debía mantenerse incólume esta determinación, ya que no era posible hacer más gravosa la situación de Colpensiones en cuyo favor se surtía el grado jurisdiccional de consulta. Por último, añadió que a pesar de que la sentencia apelada y consultada no concretó el valor de la condena por retroactivo pensional y únicamente fijó los parámetros para tal fin, le correspondía a la parte demandante pedir que se dictara sentencia complementaria en los términos del artículo 287 del CGP, para con ello evitar discusiones posteriores. No obstante, como ello no ocurrió, lo resuelto por el juez inicial adquirió firmeza «sin que sea posible a esta Corporación acometer la tarea de actualización de la condena por no configurarse los presupuestos del artículo 283 ibídem».

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Radicación n.° 95995 En los anteriores términos, el colegiado desató los recursos de apelación y el grado jurisdiccional de consulta surtido en favor de Colpensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandado Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones contenidas en la demanda inaugural.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula dos cargos que son replicados únicamente por la

demandante y que la Sala procede a estudiar en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Afirma que la sentencia confutada es violatoria por la vía directa, bajo la modalidad de infracción directa de los siguientes artículos: […] 230 superior en relación con el 4 de la Ley 169 de 1896; por la interpretación errónea de los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 12 del Decreto 720 de 1994, 3 del Decreto 1161 de 1994, 11 del Decreto 692 de 1994 y 167 del CGP -como violación de medio-. Lo dicho condujo a la aplicación indebida de

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Radicación n.° 95995 los artículos 21, 33 (modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), 34 y el inciso 2 del artículo 143 de la Ley 100 de 1993; 13 del Acuerdo 049 de 1990. En la demostración del cargo sostiene que el juez plural interpretó erróneamente las disposiciones señaladas en la proposición jurídica, toda vez que «no solo desechó el único documento exigido en 1996 para validar la afiliación» de la demandante, sino que, además, le exigió a la AFP acreditar la entrega de una información que para dicha data no se requería. Insiste que para el año 1996 no había mandato alguno referido a que debían efectuarse cálculos comparativos o que se debía proporcionar una ilustración sobre las condiciones, acceso, efectos y la proyección de las mesadas, toda vez que estos aspectos fueron consagrados legislativamente con

posterioridad al traslado de la demandante, tal como se adoctrinó en la sentencia CSJ SL1688-2019. Resalta que, para la data del cambio de régimen solo se exigía a los fondos privados la correcta formulación y suscripción del formato de vinculación, como se advierte en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 respecto del cual se denuncia su interpretación errónea; pues contrario a lo advertido por el sentenciador, dicho documento sí era suficiente para materializar legalmente el traslado y tener por válida la vinculación al RAIS. Explica que el ad quem erró al considerar que la aludida documental no era suficiente para acreditar la efectividad del

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Radicación n.° 95995 traslado de régimen, por cuanto, insiste, para la calenda en que se trasladó la accionante el único requisito que se exigía de conformidad con lo establecido en el citado artículo 11 del Decreto 692 de 1994 era la suscripción del formulario de vinculación, por lo que resulta excesivo pretender que se acredite la validez del cambio de modelo pensional con otros medios de prueba, que ni siquiera estaban los fondos obligados a registrar o conservar. En otras palabras, esgrime que no se puede pedir que se demuestre con probanzas diferentes al aludido formulario, que se ofreció la información que la actora simplemente señala no haber recibido, por cuanto reitera que para dicha data «la única exigencia para acreditar que la vinculación se hizo efectiva era el formato que desechó el colegiado». Destaca que no desconoce que la jurisprudencia de la

Sala de Casación Laboral ha advertido que en estos casos se debe analizar los efectos de la ineficacia, empero, insiste que no hay respaldo normativo de la época para aludir a tal aspecto y considerar que por el incumplimiento de los fondos privados de efectuar cálculos comparativos, simulación de mesadas y proyecciones de mercado, que itera, son exigencias que se crearon con posterioridad al traslado de la actora en el año 1996, no resulta dable retrotraerlas a la fecha del cambio de régimen. Finaliza diciendo que aceptar la postura del ad quem, pondría a los Fondos en «[…] el escenario de buscar a los asesores que vinculó en la década de los 90, llamarlos a

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Radicación n.° 95995 declarar respecto a las explicaciones que dieron y con estos, demostrar que otorgó los datos que se echan de menos», exigencia que, además de resultar un imposible, automáticamente genera para Colpensiones, una obligación de graves consecuencias para la sostenibilidad financiera del Sistema.

VII. LA RÉPLICA La parte demandante se opone a la prosperidad del cargo bajo el argumento de que es equivocado el planteamiento que realiza la censura, al sostener que para la época de su traslado al RAIS, era suficiente la suscripción del formulario de vinculación, documento que por cierto era elaborado por la misma AFP, al que sin oposición alguna se adhería el afiliado, bajo una simple formalidad de imponer su firma, lo cual no conduce a demostrar que la ilustración debida se había cumplido.

Precisa que el deber de información comienza desde el mismo momento de la existencia de los fondos privados creados por la Ley 100 de 1993, en la medida que las entidades de seguridad social ejercen funciones públicas y para el caso de las AFP tienen responsabilidad debido a que son entes particulares que prestan servicios totalmente especializados en materia de seguridad social, lo cual se enmarca en el concepto de la «responsabilidad profesional», que exige la obligación de dar una información cierta, clara, entendible, oportuna y comprensible sobre las condiciones específicas de la situación pensional del demandante al

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Radicación n.° 95995 momento de la afiliación y el traslado de régimen, lo que no encontró acreditado el ad quem y, por ende, su decisión resulta acertada.

VIII. CONSIDERACIONES Como se recuerda, el Tribunal para declarar la ineficacia del traslado puso de presente que la AFP demandada no acreditó de manera siquiera sumaria que hubiese cumplido con las obligaciones que para el 30 de marzo de 1996 le imponía los artículos 13 literal b) y 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 97 numeral 1 del Decreto 663 de 1993, 12 del Decreto 720 de 1994 y 3 del Decreto 1161 de igual año, pues revisadas las pruebas no encontró elemento de convicción sobre el cumplimiento de las obligaciones ya referidas por parte del fondo privado, además que el formulario de vinculación no comporta más que una proforma utilizada por las administradoras en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 654 de 1994, pero

que en modo alguno evidencia la satisfacción del deber de información. A su turno, la censura sostiene que yerra el ad quem al considerar que el formulario de vinculación no es suficiente para acreditar la efectividad del traslado al RAIS, por cuanto, para la fecha en que se pasó la accionante, esto es, en marzo de 1996, el único requisito que se exigía para acreditar el deber de información, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 11 del Decreto 692 de 1994, era la suscripción de ese documento, por lo que resultaba excesivo

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Radicación n.° 95995 pretender que se demuestre la validez del cambio de régimen con otros soportes, que ni siquiera estaban obligados a registrar o conservar, en tanto el presupuesto de brindar una asesoría con características, condiciones de acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los modelos pensionales, fue desarrollada legislativamente en forma posterior a 1996. En consecuencia, el problema jurídico que debe resolver la Corte está centrado en determinar si el Tribunal se equivocó al declarar la ineficacia del traslado de la actora al RAIS, siendo insuficiente la firma del formulario de vinculación y, como consecuencia de ello, disponer que siempre estuvo afiliada al RPM y condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Atendiendo la vía por la cual se orienta el ataque, no son materia de discusión los supuestos fácticos establecidos por el juez plural, entre los que se destacan los siguientes: i)

que la señora Chinchilla Gutiérrez nació el 5 de noviembre de 1961; ii) que en 1980 se afilió y comenzó a realizar aportes en el RPM administrado por el ISS; iii) que el 30 de marzo de 1996 se trasladó al RAIS por medio de la AFP Protección S.A.; y iv) que el 13 de diciembre de 2018 la promotora del litigio elevó sendas reclamaciones administrativas ante las demandadas, solicitando la declaración de ineficacia de dicho traslado, así como el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Ahora bien, debe comenzar la Sala por precisar que en relación con el deber de información que les compete a las

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Radicación n.° 95995 administradoras, desde que se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones se puso en cabeza de dichas entidades, es por esto que están en la obligación de ilustrar a sus potenciales afiliados en forma clara, precisa y oportuna acerca de las características de cada uno de los dos regímenes, para que puedan tomar decisiones informadas (CSJ SL12136-2014, CSJ SL17595-2017, CSJ

SL19447-2017, CSJ SL4360-2019, CSJ SL2611-2020 y CSJ

SL4806-2020). Igualmente, se ha explicado que ese deber de información ha cobrado mayor exigencia con el paso de los años y para ello se han identificado tres periodos: el primero desde 1994 hasta 2009, el segundo desde 2009 hasta 2014 y, el último, de 2014 en adelante. Sobre el particular, en la decisión CSJ SL4803-2021, esta corporación dijo:

La sentencia CSJ SL1688-2019, efectuó una reseña históriconormativa, enfatizando que desde el comienzo mismo del funcionamiento del Sistema General de Pensiones, las Administradoras han tenido el deber de informar con transparencia a los afiliados y a quienes potencialmente puedan serlo, respecto de todos los aspectos técnicos inherentes a los regímenes pensionales existentes, como una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de Seguridad Social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el artículo 48 de la CN, siendo las dos primeras actividades mencionadas una manifestación típica de política pública y, la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. En la providencia citada en precedencia, se presenta un cuadro resumen de la evolución que ha tenido el deber de información por parte de las Administradoras de pensiones, que resulta útil para comprender, se itera, que desde el comienzo de funcionamiento del Sistema éste existió y que se ha ido refinando, detallando y acrecentando, con el paso del tiempo, según la sucesión normativa que se muestra:

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Radicación n.° 95995 Etapa Normas que Contenido mínimo y acumulativa obligan a las alcance del deber de administradoras de información pensiones a dar información Deber de Arts. 13 literal b), Ilustración de las información 271 y 272 de la Ley características, 100 de 1993 condiciones, acceso, Art. 97, numeral 1.° efectos y riesgos de

del Decreto 663 de cada uno de los 1993, modificado regímenes por el artículo 23 de pensionales, lo que la Ley 797 (sic) de incluye dar a conocer 2003 la existencia de un Disposiciones régimen de transición constitucionales y la eventual pérdida relativas al derecho de beneficios a la información, no pensionales menoscabo de derechos laborales y autonomía personal Deber de Artículo 3.°, literal c) Implica el análisis información, de la Ley 1328 de previo, calificado y asesoría y buen 2009 global de los consejo Decreto