CSJ - SL2432-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2432-2023 Radicación n.° 94682 Acta 036 Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 2 de septiembre de 2021 en el proceso promovido en su , contra por JANER CASTILLO CHÁVEZ.

I. ANTECEDENTES Janer Castillo Chávez llamó a juicio a Colpensiones, pretendiendo que se le condenara al pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo, y de los intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio, la indexación.

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Radicación n.° 94682 Fundamentó sus peticiones, en que estuvo afiliado a Colpensiones, antes ISS, desde el 16 de febrero de 1987 hasta el 26 de septiembre de 2006; que prestó sus servicios a la empresa Industria Colombiana de Llantas SA —en adelante Icollantas SA—, mediante contrato de trabajo a término indefinido, de manera continua e ininterrumpida, en los extremos temporales mencionados, en los cargos de operario, vulcanizador de llantas automotor, operador vulcanización y construcción de neumáticos, estando expuesto a altas temperaturas y/o alto riesgo; que durante

la existencia de la relación laboral, se le efectuaron los aportes en pensión para los riesgos de IVM. Narró que hizo aportes a la seguridad social a través de otras empresas, hasta el 19 de abril de 2015; que de acuerdo con las mediciones de temperaturas llevadas a cabo por Icollantas SA, firmada por Miguel J. Zapata, como responsable de higiene y seguridad industrial de la planta de Cali, y del anexo de estudios realizados por la ARP, se encontró que los puestos de mayor exposición a calor, eran, entre otros, las prensas de vulcanización de llantas, neumáticos y protectores; que tiene la edad para acceder a la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, y cuenta con 1479 semanas cotizadas al ISS; que elevó solicitud pensional ante Colpensiones, la cual se le negó por medio de las resoluciones SUB 112592 del 29 de junio y SUB 202586 del 22 de septiembre, ambas del 2017, en la última, con el argumento de que «Ninguna de las funciones que desarrolló […] fueron calificadas de alto riesgo durante el

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Radicación n.° 94682 tiempo que laboró en ICOLLANTAS SA, es decir, desde el 16 de febrero de 1987 hasta el 26 de septiembre de 2006». Colpensiones al dar respuesta al libelo genitor se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los referentes a la afiliación de Janer Castillo Chávez, aclarando que esta inició el 15 de marzo de 1984 y terminó el 19 de abril de 2015; los

servicios prestados para Icollantas SA; la solicitud pensional elevada y la negativa dada por la entidad. En lo referente a los demás, expresó que no era cierto que el trabajador hubiera desarrollado las actividades como operario de alto riesgo, como constaba en la respuesta dada por su exempleadora mediante oficio CE-MCO-SP-061-2017; que este no cuenta con la edad exigida para el reconocimiento de la pensión; y, que tenía 1437 semanas. Como excepciones propuso las de cobro de lo no debido, buena fe de la entidad y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, a través de sentencia del 27 de agosto de 2020, resolvió lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por COLPENSIONES.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor JANER CASTILLO CHAVEZ

(sic) tiene derecho a que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

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Radicación n.° 94682 PENSIONES – COLPENSIONES, le reconozca pensión especial de vejez, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2090 de 2003, a partir del 1 de mayo de 2015, en cuantía de $1.360.356, a razón de 13 mesadas anuales.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a pagar en favor del señor JANER CASTILLO CHAVEZ (sic), la suma de $105.308.323 por concepto de retroactivo de la pensión especial de vejez causado entre el 1 de mayo de 2015 y el 31 de julio de 2020, el que se

seguirá causando hasta el momento efectivo de su pago. Así mismo, se autoriza a COLPENSIONES a descontar la parte correspondiente a los aportes con destino al SGSSS, sobre las mesadas ordinarias.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a que a partir del 01 de agosto de 2020 continúe pagando en favor del señor JANER CASTILLO CHAVEZ (sic), una mesada pensional por valor de $1.712.316, sin perjuicio de los incrementos anuales que decrete el Gobierno

Nacional.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a que reconozca y pague en favor del señor JANER CASTILLO CHAVEZ (sic), los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 28 de octubre de 2017 y hasta que se haga efectivo el pago de las mesadas pensionales aquí reconocidas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por medio de providencia del 2 de septiembre de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta a su favor, resolvió lo siguiente: PRIMERO. - MODIFICAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia número 214 del 27 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, objeto de apelación y consulta, para en su lugar: 1) DECLARAR que el señor JANER CASTILLO CHAVEZ (sic) tiene

derecho a que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, le reconozca pensión especial de vejez, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2090 de

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Radicación n.° 94682 2003, a partir del 05 de mayo de 2016, en cuantía de $1.436.621, a razón de 13 mesadas anuales. 2) CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a pagar a favor del señor JANER CASTILLO CHAVEZ (sic), la suma de $108.321.127, por concepto de mesadas pensionales retroactivas, causadas desde el 05 de mayo de 2016 y actualizadas al 30 de julio de 2021, a razón de 13 mesadas anuales, y a continuar pagando a partir del mes de agosto de dicha anualidad, una mesada igual a $1.720.921. 3) AUTORIZAR a COLPENSIONES a descontar de las mesadas pensionales ordinarias, el porcentaje que corresponde por los aportes a la seguridad social en salud.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia en el sentido de CONMINAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, para que efectúe el respectivo cobro de las cotizaciones adicionales, siempre y cuando el empleador del actor no las hubiere cancelado, sobre las semanas cotizadas entre el 23 de junio de 1994, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1281 de 1994, y en adelante hasta la última cotización de alto riesgo.

El Tribunal estableció como problemas jurídicos, determinar si le asistía derecho a Janer Castillo Chávez a la

pensión de vejez por alto riesgo, por haber estado expuesto a altas temperaturas, bajo el régimen pensional contenido en el Decreto 2090 de 2003, o en cualquier otro. Y en caso afirmativo, determinar la fecha a partir de la cual se debía otorgar esta, su liquidación y cuantía, y si había lugar a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Como supuestos fácticos acreditados, tuvo en cuenta los siguientes: que el señor Castillo Chávez nació el 5 de mayo de 1964; que laboró para Icollantas SA en diferentes cargos, desde el 16 de febrero de 1987 hasta el 26 de septiembre de 2006; que el 27 de junio de 2017 elevó ante

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Radicación n.° 94682 Colpensiones solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez por alto riesgo, la cual le fue negada a través de las resoluciones SUB 112592 del 29 de junio y SUB 202586 del 22 de septiembre, ambas del 2017. Señaló que, en torno al tema de las pensiones especiales, se han expedido los Decretos 758 de 1990, 1281 de 1994, 2090 de 2003 y 2655 de 2014; y que este último precisó, que ese régimen especial tendría vigencia hasta el 2024. Y que como requisitos generales establecidos en el Decreto 2090 de 2003, se debían acreditar los siguientes: que el afiliado hubiera realizado actividades de alto riesgo; que estuviera vinculado al Régimen de Prima Media con

Prestación Definida —en adelante RPM—; que efectuó cotización especial adicional al menos por 700 semanas continuas o discontinuas; que contaba con 55 años de edad; y, que el número de septenarios a acreditar eran las del RPM, es decir, las de la Ley 797 de 2003, de las cuales, mínimo 700 debían ser sufragadas como trabajador expuesto a las citadas actividades. Afirmó que, reunidas esas exigencias, se reduce en 1 año por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas exigidas por la ley, hasta un máximo de 50 años de edad. Y que el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 prevé un régimen de transición, para quienes a la fecha de entrada de su vigencia —26 de julio de 2003— hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial,

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Radicación n.° 94682 para que, una vez cumplido el número mínimo exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les fuere reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo; pero que se debían cumplir, en adición a los requisitos especiales previstos por el 36 de la Ley 100 de 1993. Sostuvo que esa norma anterior a la que hacía referencia el citado Decreto 2090, era el 1281 de 1994 para los trabajadores particulares, que exigía acreditar 500 semanas continuas o discontinuas laboradas en actividades de alto riesgo, una edad de 55 años y tener mínimo 1000

cotizadas, sin que todas estas se hubiesen aportado como trabajador expuesto a actividades de alto riesgo. Y que ese decreto igualmente consagraba un régimen de transición, para darle así aplicación al Decreto 758 de 1990, que en su artículo 15 establecía la disminución de 1 año por cada 50 septenarios acreditados con posterioridad a las 750, en forma continua o discontinua, en las mencionadas actividades. Luego, en cuanto a la valoración probatoria, expresó: Se encuentra debidamente acreditado conforme a las certificaciones allegadas con la demanda, que el actor laboró al servicio de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A – ICOLLANTAS S.A. desde el 16 de febrero de 1987 y hasta el 26 de septiembre de 2006, en los cargos de oficios varios, servicio general, vulcanizador llantas automotor y operador vulcanización y construcción de neumáticos. Concretamente, en lo referente al dictamen pericial practicado, dijo:

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Radicación n.° 94682 Ahora bien, se encuentra igualmente acreditado conforme la experticia rendida por el perito, que el señor JANER CASTILLO CHAVEZ cuando estuvo laborando al servicio de la empresa ICOLLANTAS S.A., desarrollando las funciones de los cargos de oficios varios, servicio general, vulcanizador llantas automotor y operador vulcanización y construcción de neumáticos, estuvo expuesto a altas temperaturas por encima de las permitidas por las normas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, durante el período comprendido entre el 16 de febrero de 1987 y

hasta el 26 de septiembre de 2006. Debe destacarse por parte de la Sala que el referido dictamen una vez se puso a consideración de las partes, ninguna de ellas pidió adición o aclaración, por lo que debe dársele pleno valor probatorio al mismo, constituyendo un elemento de juicio suficiente para concluir que el demandante, en el desarrollo de sus actividades y al servicio de la empresa en mención, durante el interregno comprendido entre el 16 de febrero de 1987 y hasta el 26 de septiembre de 2006, estuvo expuesto a actividades de alto riesgo.

Y prosiguió: Del conteo de semanas cotizadas por el actor efectuado por la Sala, con base en la historia laboral allegada por la entidad demandada en el transcurso del trámite de primera instancia, actualizada al 28 de febrero de 2018, se tiene que el señor JANER CASTILLO CHAVEZ, cotizó de forma interrumpida desde el 15 de marzo de 1984 hasta el 19 de abril de 2015, un total de 1.480 semanas en toda su vida laboral, periodo dentro del cual se encuentra inmerso el interregno laborado con exposición a altas temperaturas a través de la empresa antes mencionada, interregno que para esta Corporación asciende a un total de 977,57 semanas laboradas con exposición a altas temperaturas,

tal y como se ilustra a continuación: […] Ahora bien, para efectos de la reducción de la edad conforme a lo previsto en los artículos 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003, se debe tomar 1 año por cada 60 semanas de cotización especial sobre la base de 700 semanas, adicionales a las mínimas exigidas por el

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003, norma que a su vez prevé como número mínimo de semanas 1.000 en cualquier tiempo, las que a partir 1° de enero del año 2005, se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006, se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. De la misma manera se debe hacer el cálculo, dependiente del año en el cual se acreditaron los requisitos para la pensión especial de alto riesgo, esto es, edad y semanas mínimas, teniendo en cuenta que las semanas mínimas

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Radicación n.° 94682 exigidas por la Ley 797 de 2003, varían de forma anual y de tal forma, también varía las semanas adicionales que deben acreditarse para llegar al máximo de la reducción de edad. En el caso concreto el señor CASTILLO CHAVEZ (sic) cumplió el requisito de la edad mínima de 55 años, prevista en el referido Decreto 2090, el día 05 de mayo de 2019, al haber nacido el mismo día y mes del año 1964, año en que debe acreditar según las exigencias de la Ley 797 de 2003, un total de 1.300 semanas, las cuales reúne el actor al haber alcanzo un total de 1.480 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 977,57 fueron cotizadas en el desempeño de una actividad de alto riesgo como lo son las altas temperaturas, lo que quiere decir que

alcanzaría a reducir su edad hasta sus 52 años de edad, y no hasta los 50 años como erróneamente lo dispuso el A quo en su decisión, pues de las 1.480 semanas cotizadas, 179,56 le exceden a partir de las 1.300 semanas mínimas exigidas en la aludida Ley 797, y a su vez de las 977,57 especiales, le exceden 277,57 a partir de las 700 mínimas exigidas en el mentado Decreto 2090, pues se reitera que tal reducción inicia a partir de las mínimas exigidas en la Ley 797 de 2003, que para el año 2019 son de 1.300 semanas, debiendo el actor cotizar adicional a éstas un grupo igual a 60 semanas en adelante, para que cada grupo de 60 semanas, pueda disminuir en 1 año de edad, contados desde el arribo a sus 55 años. Punto de la decisión que ha de modificarse en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de la entidad demandada. En consecuencia, concluyó que el demandante causó el derecho a la pensión especial de vejez a partir del 5 de mayo de 2016, cuando arribó a los 52 años de edad. En lo que respecta a los intereses moratorios, indicó que encontraban fundamento legal en el art. 141 de la Ley 100 de 1993; y que el 9 de la Ley 797 de 2003 consagró un plazo de 4 meses para que las administradoras de pensiones reconocieran la prestación por vejez. Advirtió que la jurisprudencia especializada, ha sido enfática en establecer, que estos frente a los fondos administradores de pensiones, tienen su causación con

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Radicación n.° 94682 posterioridad al término que la misma ley les ha otorgado; caso en el cual, deben pagar, además del importe de la obligación a su cargo, los intereses moratorios, los cuales deben comprender las mesadas adeudadas con anterioridad a la presentación de la solicitud, en el evento de que la obligación esté generada y sea exigible, como también las causadas entre la presentación de la solicitud y el reconocimiento de la prestación; al respecto relacionó la sentencia CSJ SL, 7 sep. 2016, rad. 51829. Por último, en lo concerniente al caso concreto, expresó: En el presente asunto como bien quedo (sic) analizado con anterioridad el señor JANER CASTILLO CHAVEZ (sic), formuló su petición pensional el 27 de junio de 2017, fecha en la cual ya había causado el derecho a la pensión especial de vejez por alto riesgo, esto es, desde el 05 de mayo de 2016, venciéndose así el plazo legal de 04 meses con que la entidad demandada contaba para el reconocimiento pensional, el 27 de octubre de 2017, por lo que dichos intereses de mora se causaron a partir del 28 de octubre de dicha anualidad, los que se calcularan (sic) sobre la tasa máxima bancaria al momento en que se cancele el valor del retroactivo aquí ordenado, como acertadamente lo concluyó el A quo en su decisión. Punto de la decisión que ha confirmarse.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente: De manera principal, […] que la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, CASE la sentencia impugnada, para que en sede de

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Radicación n.° 94682 instancia REVOQUE el fallo del a quo y en su lugar absuelva a COLPENSIONES por todo concepto. En subsidio de lo anterior, se solicita a la Corporación, CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto tácitamente confirmó el numeral 5 del fallo del A quo, para que en sede de instancia REVOQUE este numeral y en su lugar, absuelva a la entidad de la condena por el pago de los intereses moratorios. En costas ordenará lo que en derecho corresponda. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, el segundo en subsidio del primero; los cuales no son objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia fustigada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 6 del Decreto 2090 de 2003; 2, 3, 4 y 5 del Decreto 1281 de 1994; 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 modificados por el 9 y 10 -respectivamentede la Ley 797 de 2003; 21 y 141 de la misma Ley 100 de 1993.

Indica que ello ocurrió por haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accionante laboró en todos los cargos con exposición a altas temperaturas.

2. No dar por demostrado, estándolo, el actor no estuvo expuesto a altas temperaturas en el desarrollo de las funciones para las que fue contratado.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que reunió 975 semanas de cotización en labores con exposición a altas temperaturas.

4. No dar por demostrado, estándolo, que, si en gracia de discusión se tuviere que existío (sic) una exposición particular del

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Radicación n.° 94682 empleado a las altas temperaturas, ello solo podría predicarse del último cargo laborado. Como pruebas erróneamente valoradas, acusa el dictamen pericial elaborado por Helmer Castillo Vergara (f.° 148 a 226); y como pruebas no apreciadas, las siguientes:

1. Respuesta de ICOLLANTAS al requerimiento efectuado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (fls. 8-10; 33; 237; 239).

2. Estudio térmico efectuado por ARP -SURATEPa la empresa ICOLLANTAS en julio de 1997(fls. 277-308).

3. Informe de evaluación estrés térmico. Laboratorio SURATEP diciembre 2003 (fls. 300-308).

4. Informe de evaluaciones ambientales. Nivel de presión sonora; estrés térmico “CALOR”. Empresa ICOLLANTAS. SURATEP, laboratorio de higiene industrial. Octubre 2004. (Fls. 309-319).

5. Informe evaluación ESTRÉS TÉRMICO, empresa ICOLLANTAS. Febrero 2005 (fls. 320-330).

En su desarrollo afirma, que los supuestos fácticos que

encontró acreditados el Tribunal, fueron los siguientes: (i) que nació el 5 de mayo de 1964; (ii) que laboró a favor de Icollantas SA en cuatro cargos diferentes, a saber: de oficios varios, servicios generales, vulcanizador de llantas automotor y operador vulcanización y construcción de mecánicos, desde el 16 de febrero de 1987 al 26 de septiembre de 2006; (iii) que efectuó cotizaciones al ISS de manera ininterrumpida; (iv) que no se realizó ningún aporte especial por actividad de alto riesgo en el período del 16 de febrero de 1987 al 26 de septiembre de 2006; y, (v) que no es beneficiario del régimen de transición.

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Radicación n.° 94682 Señala que el reproche que le hace a la sentencia fustigada es haber determinado, haciendo una revisión exclusiva del dictamen pericial, que el demandante laboró todo el tiempo en Icollantas SA expuesto a altas temperaturas. Dice que, a partir de una actividad probatoria limitada, el Tribunal dedujo en forma equivocada, que el trabajador es acreedor del reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, al haber estado expuesto durante todo el tiempo de labor a altas temperaturas; conclusión a la que arribó, al revisar única y exclusivamente el dictamen pericial suscrito por el profesional Helmer Castillo Vergara. Y que, sin embargo, de una lectura de dicha prueba, así como de una revisión de las demás que reposan en el plenario

—denunciadas como no apreciadas—, le hubieren permitido concluir, que Janer Castillo Chávez no estuvo expuesto a altas temperaturas en el desarrollo de las laborales para las cuales fue contratado, o que en todo caso, si lo estuvo, ello solo fue en el ejercicio de los dos últimos cargos desarrollados en el año y cinco meses previos a la finalización del vínculo con la entidad empleadora, lo que deslegitima su calidad de beneficiario de la pensión especial. Califica de equivocada la apreciación que el juez colegiado le otorgó al dictamen pericial, ya que de este no se concluye que en cada uno de los puestos de trabajo del accionante, efectivamente haya estado durante todo el

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Radicación n.° 94682 tiempo sometido a altas temperaturas; en él se brinda una valoración general de la exposición de la empresa, sin que se pueda determinar el día a día del trabajador, y las condiciones de calor que este pudo haber soportado durante el tiempo de su vinculación. Y añade, que tampoco brinda información específica, por ejemplo, de los procesos adelantados por el trabajador como empleado de oficios varios y de servicios generales, ni en cada momento, dónde ejerció dicha labor; incluso se extrae, que el mismo perito manifestó que «no se realizaron visitas a la empresa por estar liquidada, por lo que no se puede conocer de los procesos e identificar los sitios donde laboró el demandante». Aduce que lo expuesto permite advertir, que el estudio se basó en las condiciones generales, pero históricas de la empresa, la cual jamás se negó a afiliar a sus empleados al riesgo IV, debido a su actividad, y así lo encontró probado el

sentenciador; empero, ello no genera de manera automática, que todas las labores ejecutadas por el señor Castillo Chávez, hubieran tenido la exposición a altas temperaturas que merezcan el reconocimiento de la pensión especial. Expone que adicionalmente, una lectura acertada de la prueba referida hubiera arribado a la conclusión de que presenta graves inconsistencias que impedían tenerla como completamente ajustada a la realidad, pues pese a que el mismo profesional de la justicia dijo que no realizó visitas a la compañía por estar liquidada, a renglón seguido manifestó

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Radicación n.° 94682 en forma contradictoria, que al visitar los sitios de trabajo se pudo comprobar que no pudo haber corrientes de aire. Y que si el ad quem hubiese apreciado acertadamente dicho documento, habría concluido lo siguiente: que además de que brinda información general de las actividades y condiciones de la empresa, no permite evidenciar que efectivamente durante todo el tiempo de vinculación laboral, el trabajador estuvo sometido a exposición a altas temperaturas; que presenta inconsistencias respecto a las funciones desarrolladas por el auxiliar, que impedían tener por acreditada la citada exposición, de manera particular y en cada puesto de trabajo; que no brinda la certeza requerida para que se le reconozca la pensión especial, máxime que ni siquiera puede garantizar, que las condiciones por ejemplo, de los años 1984-1989-1994, entre otros, puedan evaluarse recientemente con información del 2019, cuando resulta lógico que los presupuestos y circunstancias han debido variar a lo largo del tiempo. Resalta que, si se hubiese apreciado todas las pruebas

denunciadas como no apreciadas, inevitablemente se habría deducido que Janer Castillo Chávez «al desempeñar los puestos de oficios varios y servicios generales no estuvo expuesto a altas temperaturas y que, en el menor de los casos, los cargos identificados como operario vulcanizador de llantas, estuvieron expuestos a temperaturas por debajo de los límites exigidos en la norma para ser considerados como de altas temperaturas».

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Radicación n.° 94682 Sostiene que del estudio térmico efectuado por la ARP Suratep a Icollantas en julio de 1997 (f.° 277 a 308), se evidencia que el área de vulcanización de llantas, sección c), estaba expuesta a valores por debajo del límite, ya que se encontraba en espacios despejados y sin equipos que presentaran radicación. Al respecto, este expresó: El estudio se realizo (sic) bajo condiciones críticas, en condiciones normales de producción y bajo horas de mayor exposición a carga térmica. En total se evaluaron 5 áreas, de la cuales la zona de Protectores presenta los valores más bajos y con un cumplimiento frente al TLV en su límite, es decir, trabajo continuo bajo una tarea moderada. En su orden ascendente encontramos en el área de vulcanización llantas, SECCION (sic) C), valores por debajo del límite, ya que se encuentran en un espacio más despejado y sin equipos al frente que presenten radiación. Y que lo mismo se enunció en el Informe de evaluación de estrés térmico, del Laboratorio Suratep de diciembre 2003 (f.° 300 a 308), en el que advirtió la ARL, que en la sección

donde trabajaba el actor, la exposición a altas temperaturas estaba por debajo del límite; de manera puntual precisó: Es importante anotar que los sitios de trabajo donde se realizaron las evaluaciones para el caso de prensas de vulcanización el operario permanece cerca de las prensas aproximadamente 36 minutos durante toda la jornada laboral, por lo que se puede decir que no hay exposición a temperaturas altas de acuerdo a los resultados de las evaluaciones. Asevera que, en el informe de evaluaciones ambientales - nivel presión sonora - estrés térmico «CALOR» de Icollantas, Suratep, laboratorio de higiene industrial, de octubre de 2004 (f.° 309 a 319), se dijo que: «se tienen condiciones de

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Radicación n.° 94682 trabajo dentro de los valores límites establecidos para la exposición a calor». Y que a la misma conclusión se habría arrimado, si se hubiere efectuado una lectura del informe de evaluación de estrés término de Icollantas, de febrero de 2005 (f.° 320 a 330), allegado al expediente por el mismo perito, donde se indicó que la empresa tenía condiciones de labor dentro de los valores límites permisibles establecidos por hora de exposición a calor. Agrega que todo lo anterior, se encuentra refrendado por la respuesta de Icollantas SA al requerimiento efectuado por Colpensiones en el trámite de solicitud de pensión efectuada por el demandante (f.° 8 a 10, 33 y 327 a 329), en donde advirtió de manera contundente, que, si bien afilió al

trabajador al riesgo IV, teniendo en cuenta la actividad de la empresa, este no efectuó ninguna de las funciones con exposición a altas temperaturas.

Luego expresa: Si el Tribunal hubiera apreciado acertadamente el informe del perito hubiera concluido que las labores que desempeñaba el accionante, por ejemplo, en los cargos de oficios varios y servicios generales, este debía estarse moviendo por diversos lugares de la planta, sin estar sometido al calor de las maquinas (sic). Y que adicionalmente, si en gracia de discusión se tuviere que en los dos oficios que pudiere haber estado más expuesto –pese a que en las pruebas no revisadas se descartó tal exposiciónello ni siquiera le permitía acreditar más de 100 semanas de exposición que lo hicieren merecedor de la pensión que reclama.

De ninguna de las pruebas a las que acudió el fallador, se extrae que el demandante hubiese estado expuesto a altas temperaturas durante toda su vinculación. Por el contrario, de manera clara y

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Radicación n.° 94682 contundente, se evidencia que la empresa año por año efectuaba evaluaciones térmicas con las entidades del sistema, y determinaba que la exposición de los trabajadores se encontraba por debajo del límite establecido para ser considerado como una exposición a altas temperaturas. Mal hizo el sentenciador en concluir de manera célere y de acuerdo con el informe pericial allegado, que el trabajador había estado expuesto por espacio de 975 semanas a altas temperaturas. Puesto que como se indicó, de dicho documento no se evidencia un análisis particular de la exposición del puesto

de labor del trabajador, como lo requiere la jurisprudencia de esta Sala, entre otras en la sentencia SL2884-2022. Concluye que de no haber incurrido el sentenciador de segundo grado en las escuetas e indebidas valoraciones enrostradas, habría absuelto a la entidad de seguridad social; máxime que como lo encontró probado y tampoco se discute, no se efectuó ninguna cotización a alto riesgo por parte del empleador, que acreditara el segundo requisito advertido por la norma, relacionado con el número de cotizaciones especiales.

VII. CONSIDERACIONES Pese a haberse formulado el cargo por la senda fáctica, en las instancias quedaron acreditados los siguientes supuestos fácticos: (i) que Janer Castillo Chávez nació el 5 de mayo de 1964; (ii)