CSJ - SL2442-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2442-2023 Radicación n.° 92616 Acta 37 Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ERNESTO ALFONSO HERNÁNDEZ RUÍZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 26 de marzo de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra el

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

I. ANTECEDENTES Ernesto Alfonso Hernández Ruíz llamó a juicio al mencionado ente territorial, con el fin de que se declare que «tiene derecho a la pensión convencional consagrada en la convención colectiva de trabajo vigente para el año 2003»; que los aumentos anuales de dicha prestación corresponden al salario mínimo legal mensual vigente de acuerdo con el texto

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Radicación n.° 92616 extralegal. En consecuencia, se reconozca y pague la aludida prestación extralegal desde 2003 hasta el 23 de abril de 2009 y, desde esta fecha se le otorgue y sufrague la compartibilidad pensional, correspondiente a la diferencia entre la pensión legal y la extralegal; los intereses moratorios, en subsidio, la indexación; lo que resulte ultra o extra petita y las costas del proceso. Para respaldar sus pretensiones relató que laboró al servicio del Departamento de Boyacá en la Secretaría de infraestructura Vial y Valorización durante más de veinte

años y que fue trabajador sindicalizado por todo el tiempo de vinculación. Indicó que el 23 de agosto de 2004 le fue terminado el contrato de trabajo de forma unilateral y sin justa causa, desconociéndose que, por cumplir los requisitos consagrados en la CCT de 2003, ya tenía causado el derecho a la prestación deprecada. Señaló que, según la anotación que reposa en su hoja de servicio, él libró una comunicación con el fin de dar por terminado el contrato de trabajo, bajo la modalidad de retiro voluntario (hecho quinto). Agregó que el ISS, hoy Colpensiones, le reconoció la pensión legal y que presentó la reclamación administrativa ante el demandado, la cual fue resuelta de forma negativa. Mediante auto del 7 de diciembre de 2019, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja admitió la demanda,

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Radicación n.° 92616 ordenó la notificación al ente demandado y a la Procuraduría Delegada en Asuntos Laborales, corriéndoles traslado de la demanda y sus anexos. Al dar respuesta al escrito inicial, la entidad territorial accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el tiempo de servicios; la terminación del contrato de forma unilateral e injusta, aclarando que pagó la correspondiente indemnización en cuantía de $46.827.619, reconocida mediante la Resolución 000446 del 15 de septiembre de 2004, dado que mediante el Decreto 960 del 19 de Agosto de 2004 se suprimieron unos cargos de la

planta de personal de los trabajadores oficiales de la Secretaría de Obras; la anotación en la hoja de tarjeta de servicios puntualizando que «aparece esa manifestación en la hoja de tarjeta de servicios, afirmación que ha (sic) al ser voluntaria su deseo de acogerse al plan de Retiro Voluntario con indemnización que recibió sin haber interpuesto ningún recurso, toda reclamación hoy esta prescrita»; la solicitud presentada y su negativa. Frente a los restantes dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa sostuvo que conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 la CCT mantuvo su vigencia por el término inicialmente estipulado y, en todo caso, perdió efectos «a partir del año 2010». Agregó que «el demandante aceptó su indemnización, hecho que reparó todos los demás derechos y a su vez renunció a toda reclamación posterior» y que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, nada impedía que los empleadores promovieran planes de retiro compensado,

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Radicación n.° 92616 lo cual no podía calificarse como inválido (CSJ SL, 19 nov. 2013, rad. 41804). Formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, prescripción, falta de legitimación por activa, derecho reclamado, compensado y en firme, y la genérica. Mediante auto del 20 de febrero de 2020, el juzgado de conocimiento dispuso tener por notificada a la Procuraduría 11 Judicial para Asuntos Laborales, quien no se manifestó.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, al que

correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 10 de diciembre de 2020, resolvió: PRIMERO: Declarar que ERNESTO ALFONSO HERNÁNDEZ RUIZ tiene derecho al reconocimiento de la pensión convencional a partir del 25 de agosto del año 2004, conforme a la convención colectiva de trabajo con vigencia para el año 2003 firmada por el

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con el SINDICATO DE OBRAS

PÚBLICAS.

SEGUNDO: DECLARAR que ERNESTO ALFONSO HERNÁNDEZ RUÍZ tiene derecho a disfrutar de la pensión compartida en los términos del art. 18 del Acuerdo 049 de 1990 a cargo del

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

TERCERO: DECLARAR que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- SECRETARÍA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL TERRITORIALes responsable del pago del mayor valor existente entre la pensión convencional y la pensión de vejez reconocida por el ISS hoy Colpensiones a favor del demandante ERNESTO

ALFONSO HERNÁNDEZ RUÍZ.

CUARTO: Condenar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SECRETARÍA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ -a reconocer y pagar a favor de ERNESTO ALFONSO HERNÁNDEZ RUÍZ el mayor valor existente

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Radicación n.° 92616 entre la pensión convencional y la reconocida por el ISS hoy Colpensiones, mediante Resolución No. 21640 del 22 de julio del

año 2010.

QUINTO: Condenar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SECRETARÍA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ al pago del mayor valor entre la pensión convencional y la pensión de vejez a favor del señor ERNESTO ALFONSO HERNÁNDEZ RUÍZ, a partir del mes de septiembre del año 2016. Diferencia debidamente indexada hasta el momento de la ejecutoria del fallo y los intereses moratorios correspondientes hasta cuando se produzca el pago de la obligación según lo motivado. Para este efecto el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ atenderá lo normado en la convención colectiva de Trabajo y hará los incrementos anuales de la mesada pensional convencional acorde con el salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo ordenado. Y por otro lado atenderá lo señalado en la parte motiva, tomará como asignación básica mensual la suma de $677.983 que sumado al 117% conforme a la convención colectiva corresponde la mesada pensional al 25 de agosto de 2004 en $793.240.11, hará los incrementos respectivos conforme al salario mínimo legal mensual vigente y lo comparará frente a la mesada pensional de orden legal y así obtener el mayor valor a que se hace mención en esta providencia.

SEXTO: Se ordena al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a descontar de la suma liquidada por efecto de esta sentencia el valor de $46.827.619, debidamente indexados.

SÉPTIMO: Condénese en costas al DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ SECRETARÍA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL

TERRITORIAL, tásense por secretaría e inclúyanse como agencias en derecho la suma de $2.000.000.

OCTAVO: Se niegan las restantes súplicas de la demanda.

NOVENO: CONSÚLTESE la presente decisión ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por ser adversa a los intereses del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Las partes quedan notificadas en ESTRADOS. La parte demandante solicitó la adición de la sentencia, por lo que el juzgador agregó el siguiente numeral: DÉCIMO: Negar la concesión de la mesada catorce solicitada por la parte demandante. Las partes quedan notificadas en

ESTRADOS.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes y la procuradora delegada en asuntos laborales, así como la consulta a favor del ente territorial demandado, mediante fallo del 26 de marzo de 2021, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones del escrito inicial. Las costas de primera instancia las impuso a cargo del actor y se abstuvo de fijarlas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado planteó como problema jurídico determinar si el accionante cumplió con los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario, prevista en el artículo segundo de la CCT de 2003. Indicó que no era motivo de controversia: i) que el demandante laboró en la Secretaría de Infraestructura y

Valorización del Departamento de Boyacá a partir del 11 de diciembre de 1975 y ii) que fue afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras de Boyacá y beneficiario de la CCT del año 2003, lo cual fue aceptado por la entidad demandada y se corroboraba con los documentos de folios 13 a 17 anexo 1 digital y folio 7 anexo 14 digital. Precisó que no había operado la excepción de cosa juzgada con ocasión del proceso radicado con el número 2011-00381, tramitado por el actor ante el Juzgado Segundo

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Radicación n.° 92616 Laboral del Circuito de Tunja, dado que si bien las partes fueron las mismas, las pretensiones eran diferentes por cuanto en aquel se reclamó el reconocimiento, liquidación y pago del «salario prepensión» y en el actual pidió la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario prevista en el artículo 2 de la CCT del año 2003. Luego de citar el contenido del artículo 2 de la CCT vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003, indicó que para tener derecho a la pensión reclamada se requería cumplir con los siguientes requisitos: i) Tener la calidad de trabajador oficial sindicalizado, lo cual estaba demostrado con la certificación expedida por el secretario general del sindicato de fecha 23 de agosto 2005. ii) Trabajar como mínimo 10 años al servicio del demandado, lo que estaba cumplido en tanto laboró como celador por espacio de 28 años, esto es, del 11 de

diciembre de 1975 al 25 de agosto de 2004. iii) La renuncia voluntaria del trabajador a su contrato de trabajo, exigencia que, dijo, no se cumplió. Frente a este último, destacó que en el hecho tercero de la demanda inaugural se había señalado que el 23 de agosto de 2004 se le dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral y sin justa causa, pero, contradictoriamente, en el hecho quinto manifestó que «según anotación de la hoja de servicio, el demandante libró comunicación con el fin de dar por terminado el contrato bajo

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Radicación n.° 92616 la modalidad de retiro voluntario». Encontró que la prueba documental aportada indicaba que la finalización del vínculo laboral no fue consecuencia de la renuncia del trabajador, como lo exigía la convención, pues pese a que en la tarjeta de servicios aparecía que mediante acta 147 del 10 de agosto de 2004 el demandante había manifestado su deseo de terminar el contrato de trabajo acogiéndose al plan de retiro voluntario (folio 16 del anexo 1 digital); no había prueba que confirmara su materialización. Estimó que, por el contrario, la terminación unilateral con el pago de una indemnización por parte del ente demandado con ocasión de la reforma administrativa laboral que suprimió el cargo del demandante sí tenía respaldo probatorio. Así, precisó que el actor aportó la comunicación de fecha 23 de agosto de 2004 con la que el gobernador le notificó la terminación del contrato de trabajo a partir del 25 de agosto de 2004, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 6

de 1945, razón por la cual este hecho fue excluido del debate probatorio en la audiencia de que trataba el artículo 77 del CPTSS. Agregó que a través de la Resolución 000446 del 15 de septiembre de 2004 se reconoció y ordenó el pago de una indemnización a favor del demandante, por la suma de $46.827.619; y el 30 de septiembre de 2004 se dejó constancia de la ejecutoria de tal acto administrativo, además, obraba la orden de pago por la cuantía referida.

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Radicación n.° 92616 De ahí concluyó que la terminación del contrato del demandante se produjo por decisión unilateral del ente territorial con el pago de una indemnización. Por ello consideró equivocado que el a quo hubiera equiparado el despido -como consecuencia de la supresión del cargocon una renuncia voluntaria del trabajador.

Adicionó lo siguiente: Sin contar con que la eventual manifestación voluntaria del demandante a la que alude el acta del 10 de agosto de 2004, ni la terminación unilateral del contrato por el Departamento del 25 de agosto de 2004, ocurrieron durante la vigencia de la convención colectiva de trabajo, para que se consolidara el derecho a la pensión de jubilación, porque la finalización del vínculo en cualquiera de esas circunstancias tuvo lugar después, de la vigencia de la convención del año 2003 como se infiere del artículo sexto en el que estableció como término de duración: “de un (1) año, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre

de 2003. Para dar aplicabilidad a las escalas establecidas en porcentajes, para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario, de tal manera que los trabajadores que llenen el requisito de tiempo de servicio automáticamente queden incluidos en las escalas superiores. (SIC).” (Negrillas y subrayado del texto original). Señaló que el promotor del proceso no satisfizo el requisito previsto por el artículo 2 de la CCT para tener derecho a la pensión de jubilación anticipada por retiro voluntario, porque dicho acuerdo extralegal tenía un plazo determinado del 1 de enero al 31 diciembre de 2003 fecha en que se agotaron los beneficios al expirar dicha convención. Concluyó que el actor no adquirió un derecho cierto e irrenunciable que obligara al demandado a que le extendiera el derecho más allá del plazo pactado, máxime «cuando no

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Radicación n.° 92616 probó la voluntad de retiro, presupuesto indispensable para acceder a ese derecho y fue despedido unilateralmente cuando ya había expirado la vigencia de la convención al respecto».

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta corporación case la decisión, para que, en sede de instancia, confirme la sentencia de primer grado en cuanto al reconocimiento y pago de la pensión anticipada de jubilación, la fecha de causación y disfrute, así como su compartibilidad y se

revoque el numeral sexto en cuanto ordenó el descuento de la suma de $46.827.619 por compensación y el numeral octavo que negó la mesada 14. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual no es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión del Tribunal por violación indirecta de la ley sustancial, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 16, 19, 20, 21, 467, 468, 469, 470, 471 y 478

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Radicación n.° 92616 del Código Sustantivo del Trabajo. Como errores de hecho plantea los siguientes:

1. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que dentro del texto convencional pactado para el año 2003 las partes acordaron la materialización de la renuncia voluntaria del trabajador como requisito de causación de la pensión anticipada por jubilación.

2. No dar por demostrado estándolo, que la convención colectiva de trabajo del año 2003 estableció como requisito de exigibilidad de la pensión convencional el hecho de manifestar la voluntad de retiro más no su materialización.

3. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo pactada para el año 2003 perdió vigencia a partir del 31 de diciembre de dicho año.

Como pruebas indebidamente valoradas denuncia las siguientes: i) convención colectiva de trabajo vigente para el año 2003 y ii) tarjeta de servicio en la que aparece que el 10 de agosto de 2004 se acogió voluntariamente al plan de retiro de la gobernación.

En la demostración del cargo, dice que no existe discusión respecto del tiempo de servicio laborado por el demandante ni la calidad de beneficiario de la convención colectiva de trabajo. Indica que el colegiado adicionó un requisito no pactado entre las partes para ser beneficiario de la pensión convencional. Al respecto, menciona que el parágrafo primero del artículo segundo de la CCT-2003 señala que los trabajadores oficiales sindicalizados «deberán manifestar su voluntad de la renuncia al contrato de trabajo simultáneamente al acto administrativo de reconocimiento de

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Radicación n.° 92616 la pensión», al cual se le dio un alcance errado, en tanto que no correspondía a un requisito para adquirir el derecho, sino para su exigibilidad. Considera que el Tribunal estableció que para acceder a la prestación reclamada era necesario cumplir con tres requisitos de causación, a saber: el tiempo de servicios, la condición de beneficiario de la CCT y la materialización de la renuncia voluntaria del trabajador. Estima que, la última en realidad corresponde a una condición de exigibilidad, por lo que la decisión cuestionada adicionó un elemento no previsto en el acuerdo extralegal para consolidar el derecho. Cita la decisión «CSJ SL441-2018», de la cual destaca que la condición de que el trabajador deba manifestar su voluntad de renuncia simultáneamente con el acto de reconocimiento de la pensión no corresponde a un requisito para adquirir el derecho, sino que constituye un elemento de exigibilidad y no de causación. Así, dice que dicho presupuesto aparece cumplido con la tarjeta de servicios que evidencia que, para el 10 de agosto

de 2004, se acogió al plan de retiro de la gobernación, por lo que existe certeza de que manifestó su voluntad de retiro días antes de la terminación unilateral y sin justa causa del empleador. Aduce que fue errado requerirle al trabajador la materialización de la renuncia, cuando tal aspecto dependía de la decisión del ente territorial. Agrega que la materialización de esa voluntad es un

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Radicación n.° 92616 imposible de cumplir, en cuanto la aceptación de la renuncia quedó en manos del empleador, por lo que el demandado actuó de forma sesgada, optando por la terminación unilateral y sin justa causa del contrato, en detrimento del derecho adquirido. Por último, señala que el juez de alzada consideró que la CCT-2003 perdió vigencia el 31 de diciembre de dicho año, con «lo que desconoce de plano» el artículo 478 del CST, el cual estipula la prórroga automática de las convenciones colectivas. Plantea que, según esa norma, tal acuerdo social mantiene su vigencia hasta tanto sea denunciado y sea sustituido por uno nuevo, de lo contrario, las cláusulas pactadas continuarán vigentes y por ende surtiendo los efectos jurídicos que en ellas se contemplan en beneficio de los trabajadores, ya sean sindicalizados o beneficiarios por la extensión pactada, en consecuencia, es al empleador a quien le correspondía demostrar que la CCT perdió su vigencia. Concluye diciendo que el colegiado olvidó el fenómeno de la prórroga automática de la CCT, según lo dispone el artículo 478 del CST que enseña que «una convención, en caso

de no ser denunciada, continúa rigiendo en periodos de seis meses en seis meses, por lo que la carga de la prueba del decaimiento de una convención colectiva de trabajo está en manos del patrono y no en manos del trabajador».

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VII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que el artículo 2 de la CCT, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003, previó que para tener derecho a la prestación reclamada era necesario cumplir los siguientes requisitos: i) tener la calidad de trabajador oficial sindicalizado; ii) laborar como mínimo 10 años al servicio del demandado y iii) la renuncia voluntaria del trabajador a su contrato de trabajo.

Halló que el actor no cumplió con el último de ellos, dado que no se probó su renuncia ya que el vínculo finalizó por la decisión unilateral del departamento. Agregó que, pese a que en la tarjeta de servicios aparecía una anotación según la cual, mediante acta 147 del 10 de agosto de 2004, el demandante había manifestado su deseo de dar por terminado el contrato de trabajo acogiéndose al plan de retiro voluntario, lo cierto era que no había prueba que «confirmara su materialización». Agregó que, en todo caso, la «eventual manifestación» voluntaria del demandante a la que aludía el acta mencionada y la terminación unilateral del contrato no ocurrieron durante el vigor de la CCT, en tanto que en ella se pactó una vigencia para el año 2003. La censura centra su inconformidad en que el colegiado se equivocó al valorar la cláusula convencional, en tanto

exigió como requisito de causación del derecho reclamado la manifestación de la voluntad de renunciar de forma

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Radicación n.° 92616 simultánea con el acto administrativo de reconocimiento de la pensión, cuando en realidad solo corresponde a una condición de exigibilidad del derecho. Además, estima que con la tarjeta de servicios se acreditó que el actor manifestó su renuncia al cargo días antes de la terminación unilateral y sin justa causa del empleador. De otra parte, sostiene que el Tribunal desconoció el artículo 478 del CST que establece la prórroga automática de un acuerdo convencional, en virtud de lo cual, en caso de no ser denunciada, continúa rigiendo en periodos de seis meses en seis meses, y que la carga de la prueba de la pérdida de vigencia de tal acuerdo recaía en el empleador. En concordancia con los reparos planteados, le corresponde a la Sala determinar si el colegiado erró en el ejercicio de valoración probatoria al considerar que la renuncia del trabajador era un requisito para causar la pensión prevista en el artículo 2 de la CCT2003 y si de la tarjeta de servicios emerge que el demandante presentó su renuncia al cargo. Además, si se incurrió en la infracción directa del artículo 478 del CST. Pues bien, la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario está regulada en el artículo segundo de la CCT-2003, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá y el Departamento de Boyacá el 12 de noviembre de 2002, el cual dispone:

PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA ESPECIAL POR RETIRO

VOLUNTARIO. - El Departamento de Boyacá, o como en un

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Radicación n.° 92616 futuro se denomine, reconocerá y pagará, la Pensión de Jubilación Anticipada Especial por Retiro Voluntario, a los Trabajadores Oficiales Sindicalizados pertenecientes a la Secretaría de Obras del Departamento de Boyacá, de acuerdo a las siguientes escalas:

1. Trabajadores que hayan laborado de 10 a 14 años al servicio del Departamento de Boyacá, un porcentaje del 68% de la asignación básica mensual.

2. Trabajadores que hayan laborado de 15 a 17 años al servicio del Departamento de Boyacá, un porcentaje del 80% de la asignación básica mensual.

3. Trabajadores que hayan laborado de 18 a 19 años al servicio del Departamento de Boyacá, un porcentaje del 90% de la asignación básica mensual.

4. Trabajadores que hayan laborado de 20 ó más años al servicio del Departamento de Boyacá, un porcentaje del 100% de la asignación básica mensual.

5. Los Trabajadores Oficiales Sindicalizados, adscritos a la Secretaría de Obras del Departamento de Boyacá, que durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, hayan cumplido o cumplan 20 ó más años al servicio del Departamento, se reconocerá y pagará el 17% adicional a lo pactado anteriormente.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los Trabajadores Oficiales Sindicalizados, adscritos a la Secretaría de Obras del Departamento de Boyacá, beneficiados con la Escalas de Pensión

Anticipada Especial por retiro Voluntario, deberán manifestar su voluntad de renuncia al Contrato de Trabajo, simultáneamente al acto administrativo de reconocimiento de la referida Pensión. PARÁGRAFO SEGUNDO.- A los Trabajadores Oficiales Sindicalizados, adscritos a la Secretaría de Obras del Departamento de Boyacá, acogidos por la Pensión de Jubilación Anticipada Especial por retiro Voluntario, se les cancelará la primera mesada pensional anticipada especial, el 31 de enero del año 2003, previo el lleno de los documentos de rigor. PARÁGRAFO TERCERO.- Los Trabajadores Oficiales Sindicalizados, adscritos a la Secretaría de Obras del Departamento de Boyacá, que cumplan los requisitos establecidos por la Ley, para el reconocimiento de la Pensión de Jubilación, por parte de los Fondos de Pensiones; dejarán de percibir automáticamente la Pensión de Jubilación Anticipada Especial por retiro Voluntario, por parte del Departamento de Boyacá.

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Radicación n.° 92616 PARÁGRAFO CUARTO.- La Pensión de Jubilación Anticipada Especial por retiro Voluntario, se incrementará anualmente en el porcentaje que decrete el Gobierno Nacional, para el salario mínimo legal, de acuerdo al IPC. (folio 2 del anexo 14 del cuaderno de primera instancia). Esta corporación al analizar la referida cláusula ha considerado que la prestación aquí debatida se configura al acreditarse: i) la calidad de trabajador oficial sindicalizado; ii) el tiempo mínimo de servicios y iii) la manifestación de la

voluntad de renuncia al contrato de trabajo. Además, ha precisado que el retiro efectivo del servicio es un requisito de exigibilidad del derecho que permite su materialización, mas no es un presupuesto para causar o consolidar el derecho. En efecto, en reciente decisión CSJ SL1991-2023 en la que esta Sala reiteró la sentencia CSJ SL2679-2021 al analizar el artículo segundo de la convención 2003 estimó que: En lo que atañe a la interpretación del referido canon extralegal, la corporación ha indicado que la pensión allí estipulada se configura al acreditarse: a) la calidad de trabajador oficial sindicalizado; b) el tiempo mínimo de servicios y c) la manifestación de la voluntad de renuncia al contrato de trabajo, pues el retiro efectivo es un elemento de exigibilidad del derecho ya adquirido, que permite su materialización, mas no su causación. En ese sentido se adoctrinó textualmente en la sentencia CSJ SL2679-2021, lo siguiente: En esa medida, para que se configurara la prestación pensional solicitada por el demandante, era necesario que tuviera la calidad de trabajador oficial sindicalizado, lo cual, como se indicó previamente, está debidamente acreditado con la certificación expedida por la organización sindical (f.° 21); además se debe demostrar un tiempo mínimo de servicios de 10 años. En este caso, el señor Heliodoro Rodríguez Rodríguez laboró para el Departamento de Boyacá, como trabajador oficial, por espacio de

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Radicación n.° 92616 14 años, 11 meses y 3 días, según lo certifica la dirección de gestión humana de la Gobernación de Boyacá (f.°26).

Los anteriores supuestos fácticos también son aceptados por el ente territorial demandado al contestar el escrito inaugural. De lo precedente se desprende que el derecho pensional negociado entre las partes constituía un derecho adquirido y, por lo mismo, tenía la calidad de cierto, irrenunciable e indiscutible, pues el actor, para el momento en el que se celebró el acuerdo conciliatorio (29 de abril de 2003), ya había cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional. […] En relación con la forma de finalización de la relación laboral, la Sala no desconoce que la cláusula convencional establece en su parágrafo primero, que los trabajadores beneficiados «deberán manifestar su voluntad de renuncia al Contrato de Trabajo, simultáneamente al acto administrativo de reconocimiento de la referida pensión», pero tal condición no está prevista como un requisito para adquirir la pensión, sino que se constituye en un elemento de exigibilidad del derecho ya adquirido, que permite su materialización, mas no su causación (CSJ SL4341-2018). En todo caso respecto al aquí demandante, se observa que cumplió con esa exigencia, incluso antes de suscribirse el acta de conciliación, al manifestar su voluntad de renuncia a través de la comunicación del 20 de febrero de 2003, como consta en escrito allegado a folio 22. (La Sala subraya). Así las cosas, el colegiado no valoró equivocadamente el acuerdo convencional, dado que encontró que allí se plasmaron como requisitos para tener derecho a la prestación: la calidad de trabajador oficial sindicalizado, haber laborado como mínimo 10 años al servicio del ente

territorial demandado y la renuncia voluntaria del trabajador; lo que coincide con la postura jurisprudencial atrás referida. Así, la manifestación de la voluntad de renunciar al contrato de trabajo es un requisito de consolidación de la pensión reclamada, pues como se indicó, el requisito de exigibilidad es el retiro efectivo del servicio.

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Radicación n.° 92616 Al respecto, nótese que el parágrafo primero no prevé como requisito para causar la pensión que la relación laboral haya finalizado por la renuncia del trabajador, pues únicamente hace alusión al deber de éste de «manifestar su voluntad de renuncia al contrato de trabajo», de ahí que, exigir que el finiquito contractual se materialice por esa causa excedería su tenor literal, con el agravante de que es potestad del empleador aceptar o no la renuncia, quedando finalmente supeditada a la decisión de este la concreción de dicho presupuesto, pues existirá siempre la posibilidad de que el empleador no la acepte, truncando así la adquisición del derecho pensional. Bajo tal entendido, es razonable estimar que el requisito se satisface con la expresión de voluntad del trabajador «de renunciar a su contrato de trabajo», siendo este, un presupuesto para causar la pensión, en tanto que la finalización de la relación laboral o el retiro del servicio se advierte como necesario para d