CSJ - SL2443-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2443-2023 Radicación n.° 93416 Acta 37 Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide los recursos de casación interpuestos por JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ y CARLOS MARIO ÁNGEL BOTERO como sucesor procesal de JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO fallecido el 4 de noviembre de 2020, contra la sentencia proferida el 22 de febrero de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que el primero adelanta contra los segundos.

I. ANTECEDENTES El demandante referido llamó a juicio a Juan Antonio y Carlos Mario Ángel Botero, para que se declare la existencia de una relación laboral ejecutada del 1 de enero de 1991 al 31 de agosto de 2018, terminada de manera unilateral y sin

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Radicación n.° 93416 justa causa por parte de los empleadores; que en consecuencia, se les condene al pago de la indemnización de que trata el artículo 64 del CST, las cesantías, los intereses a las mismas, las primas de servicios, las vacaciones, el salario insoluto del 17 al 30 de agosto de 2018, el calzado y vestido de labor, horas extras y el reajuste salarial desde el año 2006, al igual que las sanciones por falta de consignación de cesantías, la relativa a la falta de pago de sus intereses, y la moratoria prevista en el artículo 65 del

CST. Como soporte de sus pretensiones, relató que el 1 de enero de 1991 empezó a trabajar al servicio del demandado Juan Antonio Ángel Botero, para desempeñarse como «mayordomo o encargado» en la finca «El Yamural», ubicada en el municipio de Pácora (Caldas) y de propiedad del empleador. Afirmó que, en diciembre de 2005, Juan Antonio Ángel Botero «trasladó a su hijo […] Carlos Mario Ángel Botero, la administración y responsabilidad» del predio referido, de manera que, desde ese entonces, este último «fue el empleador». Expresó que, si bien durante la vigencia de la relación laboral sus empleadores lo afiliaron al sistema de seguridad social, no le pagaron las prestaciones sociales, horas extras ni vacaciones.

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Radicación n.° 93416 Refirió que el 31 de agosto de 2018 fue despedido con el argumento de que la finca se había vendido; que, en ese momento, se le ofreció el pago de $28.795.265 «por los conceptos de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y el calzado y vestido de labor»; sin embargo, no lo aceptó, porque allí se plasmaba que la relación laboral terminaba por mutuo acuerdo. Manifestó que el 25 de septiembre de 2018, su empleador le hizo una consignación judicial por la suma de $30.000.000, a órdenes del Juzgado Promiscuo Municipal de Pácora. Al dar respuesta a la demanda en el mismo escrito, ambos demandados se opusieron a las pretensiones. En

relación con los hechos, aceptaron los relativos a la afiliación al sistema de seguridad social y la presentación de una liquidación para zanjar controversias con el convocante; de los demás, dijeron que no eran verdad. En su defensa, manifestaron que entre las partes no se ejecutó un contrato de trabajo; que la relación jurídica que los unió se originó por la constitución de una «sociedad mercantil de hecho», por virtud de la cual convinieron que el actor explotaría y comercializaría productos lácteos «originados en el predio», mientras, ellos «se encargarían de la administración de los demás sectores del predio»; que no recibían dinero derivado de aquella actividad económica, sino que, a cambio, el demandante cuidaba su ganado.

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Radicación n.° 93416 Sostuvieron que Alzate López no estuvo subordinado, dado que «su única labor fue la explotación y comercialización de los productos mencionados» y que, además, se encargaba de «las planillas concernientes a la seguridad social de los que desarrollaban funciones diferentes a la suya dentro del predio». Agregaron que el documento denominado «finiquito», fue la «mejor manera para terminar la relación existente» y, el escrito que el accionante les presentó, donde aludió a una relación laboral, solo evidenciaba su «desconocimiento». No formularon excepciones de mérito.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, quien conoció del asunto en la primera instancia, mediante fallo del 5 de diciembre de 2019, absolvió a los demandados

y condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al desatar el recurso de apelación que el demandante formuló, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 22 de febrero de 2021, decidió lo siguiente: PRIMERO: REVOCAR la providencia de primera instancia dictada el día 5 de diciembre de 2019, por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral

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Radicación n.° 93416 promovido por el señor JOSÉ ELIECER ÁLZATE LÓPEZ contra los señores JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO (QEPD) y CARLOS MARIO ÁNGEL BOTERO, para en su lugar DECLARAR que entre el demandante y el señor JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO (QEPD) existió un contrato de trabajo entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de agosto de 2018, el cual terminó sin justa causa por parte del empleador.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA a los sucesores del señor JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO (QEPD) a reconocer y pagar al señor JOSÉ ELIECER ÁLZATE LÓPEZ, el auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones causadas entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de agosto de 2018, conceptos cuyo total actualizado conforme se indicó en los cálculos contenidos en la parte motiva de esta sentencia ascienden a la suma de $97.186.968.

TERCERO: CONDENAR a los sucesores del señor JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO (QEPD) a reconocer y pagar al señor JOSÉ ELIECER ÁLZATE LÓPEZ, la suma de $30'517.468 por concepto de indemnización por despido injusto.

CUARTO: ABSOLVER a los sucesores del señor JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO (QEPD) de las demás pretensiones en su contra.

QUINTO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia, con respecto a la absolución de las suplicas de la demanda frente al

señor CARLOS MARIO ÁNGEL BOTERO.

SEXTO: Costas en esta instancia a cargo de los sucesores del señor JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO (QEPD) y en favor del demandante. Las agencias se fijan en la suma de $908.526. En la primera instancia se REVOCAN las impuestas a cargo del actor y en su lugar se impone el pago de las mismas a los sucesores del señor JUAN ANTONIO ÁNGEL BOTERO (QEPD).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló que le problema jurídico se contraía a determinar si entre las partes se ejecutó un contrato de trabajo. Con tal objeto, refirió que se encontraba debidamente demostrado que: i) en el periodo del 11 de octubre de 1990 al 31 de agosto de 2018, el accionante estuvo afiliado al ISS por cuenta de Juan Antonio Ángel Botero, quien en septiembre

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Radicación n.° 93416 de 2018 le comunicó a aquél que realizó en su favor un

depósito judicial por $30.000.000 por concepto de cesantías, primas de servicios, vacaciones y dotaciones; ii) el «19 de enero de 2018» (sic), Juan Antonio Ángel Botero presentó solicitud al Juzgado Promiscuo Municipal de Pácora, para que autorizara consignación en favor del actor, documento donde indicó que este «laboró al servicio del demandado entre el 1 de enero de 1991 y hasta el 31 de agosto de 2018» data de terminación del vínculo por mutuo acuerdo y, que allí también se expresó que el salario era el mínimo legal, y iii) Juan Antonio Ángel Botero murió el 4 de noviembre de 2020. Tras ello, expresó que, conforme al artículo 24 del CST, «toda relación de trabajo estaba regida por un contrato de trabajo»; que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala contenida, entre otras, en la sentencia CSJ SL5042-2020, para que operen los efectos de dicha presunción, únicamente se requería poner en evidencia la prestación personal del servicio, «siendo carga de la demandada» la acreditación de que el vínculo se rigió por una relación de otra naturaleza. En tal contexto, anunció que mantendría la determinación del a quo en cuanto absolvió a Carlos Mario Ángel Botero, toda vez que las pruebas documental y testimonial que figuraban en el expediente daban cuenta de que el actor no prestó servicios personales en favor de aquel. Luego recordó que el convocante en el recurso de apelación denunció algunos medios de prueba como no valorados por parte del juez de primer grado, de los cuales

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Radicación n.° 93416 sobresalía el reporte de semanas cotizadas en Colpensiones y el ofrecimiento que se le hizo de $30.000.000 por concepto de acreencias laborales. Del último elemento de prueba enunciado, manifestó que Juan Antonio Ángel Botero informó al Juzgado de Pácora que consignaba la suma anotada, por concepto de acreencias laborales en favor de su trabajador Alzate López, quien se negó a recibirla. De igual manera, subrayó la comunicación por medio de la cual, el primero le comunicó al demandante acerca de dicha consignación. Refirió que, en el reporte de cotizaciones en Colpensiones, constaba que el trabajador cotizó en el periodo del 11 de octubre de 1990 al 31 de agosto de 2018 por cuenta del demandado referido. De tales elementos probatorios coligió que Juan Antonio Ángel Botero reconoció de manera expresa que el demandante ostentó la calidad de trabajador suyo desde el año 1991 hasta agosto de 2018. Enseguida anotó que, dicha aceptación tenía plenos efectos a la luz de la jurisprudencia de esta Sala contenida en los fallos «SL-14426 de 2014 y SL 6621 de 2017» y, por lo tanto, no era cierta la manifestación contenida en la contestación de la demanda, según la cual, entre las partes existió una sociedad comercial, de la que no se demostró el «ánimo societario» regulado en el artículo 98 del CCo.

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Radicación n.° 93416 En relación con este último aspecto sostuvo que, de

acuerdo con los diferentes elementos de juicio, emergía con claridad que Juan Antonio Ángel Botero era propietario de la finca y del ganado que había en la misma, de manera que era él, quien disfrutaba de las ganancias y asumía las pérdidas derivadas de la ganadería. Manifestó que, si bien «las pruebas testimoniales» daban cuenta de «cierto grado de independencia» del demandante, «en su actividad en el cuidado de ganado», esta no era ajena al control de Juan Antonio Ángel Botero, «quien tenía la potestad de direccionar las condiciones fundamentales de la actividad», tales como la cantidad de animales, la reducción de potreros y, la posibilidad de «terminar con la actividad económica como sucedió cuando se realizó la venta de la finca». En ese sentido, anunció que revocaría la decisión de primer grado y, en su lugar, declararía la existencia de un contrato de trabajo ejecutado entre José Eliécer Alzate López y Juan Antonio Ángel Botero. Enseguida analizó la pretensión atinente al reajuste salarial a partir del año 2004, en tanto el accionante refería que desde dicha anualidad únicamente recibía $40.000 de manera semanal. Al respecto, señaló que carecía de visos de prosperidad, dado que el trabajador en el interrogatorio de parte aceptó que recibía dicha suma de manera adicional a lo pagado en razón del «producido de la leche de las vacas».

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Radicación n.° 93416 Tras ello, se refirió a las prestaciones sociales y vacaciones reclamadas y, memoró que no se formuló la

excepción de prescripción, de manera que su liquidación procedía por toda la vigencia de la relación laboral y, una vez realizó las operaciones aritméticas respectivas, obtuvo un total de $97.186.968 por tales conceptos. Indicó que el despido del demandante se produjo de manera injustificada, dado que tuvo su génesis en la venta de la finca, aspecto que no se encuadraba en los motivos enlistados en el precepto 62 del CST; de ahí que procediera el pago de la indemnización estatuida en el artículo 64 ibidem; la calculó de acuerdo a la misma norma y obtuvo como resultado el valor de $30.517.468. Al finalizar señaló que las sanciones moratorias reclamadas no procedían, pues el demandado obró, no por mala fe, sino bajo el convencimiento de que «entre las partes existía una sociedad de hecho o compañía, en la que entregó a su socio la administración de un ganado y la posibilidad de lucrarse del ordeño de este», aspecto al que se sumaba la ausencia de intención de engaño o defraudación, dado que, tras la culminación de la relación laboral, consignó al trabajador la suma de $30.000.000.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Debe aclararse que, de manera inicial la Corte abordará el recurso de la parte convocada, para luego hacerlo respecto del impetrado por el demandante.

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Radicación n.° 93416 En ese sentido, el recurso extraordinario lo interpuso el demandado Carlos Mario Ángel Botero manifestando que lo hacía en su condición de sucesor procesal de Juan Antonio

Ángel Botero, el Tribunal lo concedió y fue admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DEL DEMANDADO Pretende el recurrente que esta Sala case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es replicado por el demandante.

VI. CARGO ÚNICO El ataque es planteado de la siguiente manera: La sentencia acusada viola la Ley Sustancial por la Vía Indirecta, por la configuración ostensible rebeldía del fallador de Segunda Instancia, en aplicación indebida de lo dispuesto en la apreciación probatoria que para el caso nos ocupa, considerando que esto ha permitido la aplicación indebida de una norma basada en apreciaciones probatorias que resultan ser erróneas para el Magistrado conocedor de la segunda instancia. Bajo la modalidad de error de hecho por apreciación equivocada de las pruebas del proceso o por falta de apreciación de alguna o algunas de las pruebas, o inadvertidas, o errónea apreciación por el fallador de Segundo Grado.

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Radicación n.° 93416 Tras ello, refiere que la sociedad de hecho a la que se aludió en las instancias se conformó con las siguientes características: El señor JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ aportaría a la misma sociedad: 1. Su conocimiento sobre el cuidado y manutención del ganado. 2. La explotación del ganado lechero que tuviera la

sociedad. El señor JUAN ANTONIO ANGEL BOTERO aportaría a la sociedad: 1. La vivienda del señor JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ. 2. El pago de la seguridad social del señor JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ como acto de buena fe. 3. El ganado al interior de la compañía. 4. Lo equivalente a $40.000 semanales a modo de retribución. (Considerando que el producido lácteo seria exclusivo del señor JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ. Expresa que Alzate López en el interrogatorio de parte aceptó que: «el producido lácteo sería exclusivamente para [él] como aporte a la sociedad comercial de hecho que se vendría desarrollando»; que en el periodo 1991 – 1997 «a este se le daba un porcentaje por el ganado que manejaba al interior de la finca» el que equivalía al 5% de las ventas; que en el periodo de 1997 a 2005, estuvo a cargo de la finca porque Juan Antonio Ángel Botero «se ausentó de la [misma]»; que solo rendía cuentas a este último, cada seis meses y ellas «consistían en informar cuánto ganado se vendía, cuánto ganado se compraba y las ganancias que estos producían»; que aun cuando Carlos Mario Ángel asumió la administración de la finca en el año 2005, no se modificó el acuerdo societario; que vivía en el predio mencionado junto a su esposa y, que tal concesión se le hizo para facilitar el desarrollo de la actividad de la sociedad.

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Radicación n.° 93416 Aduce que «uno de los testigos presentados por el demandante» manifestó que vivió en «El Yamural» por la autorización que le dio el actor, quien además «le dio trabajo» y le pagaba el salario. Sostiene que el accionante también «indica» que los $40.000 a los que aludió en la demanda, se le otorgaron a título de un reajuste. Luego refiere que «ha sido de amplio conocimiento» que el dinero que recibía el demandante dependía «del producido de la leche»; que «producía un relativo a 15 litros de leche al día y que esto lo vendía en promedio a $800 pesos colombianos, evento que a simple contraste carec[ía] de veracidad», pues al confrontar «la versión de este con la del señor JORGE BEDOYA quien era el administrador de la finca», se podía constatar la real existencia de la sociedad mercantil anotada. Señala que, en la misma línea argumentativa, «otro testigo» afirmó que el demandante producía «diariamente lo equivalente a cincuenta “puchas de leche” diarias y que estas eran vendidas $700 pesos en distintas empresas del pueblo», de manera que, «al realizar el cálculo aritmético [era] de notoria percepción que el señor JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ por la venta de leche tendría lo equivalente a $35.000 diarios». Aduce que, conforme a lo manifestado por el actor en el interrogatorio de parte y, lo dicho por los testigos, se concluía que aquel «no era un sujeto subordinable en la finca» y, que

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Radicación n.° 93416 incluso, estaba provisto de la «autoridad suficiente para delegar funciones, contratar personal y disponer del ganado lechero como a bien lo considerara». Tras ello, cita el contenido de los artículos 22 y 23 del CST, para sostener que, en este asunto estuvieron ausentes los elementos del contrato de trabajo, pues el accionante no fue subordinado a las órdenes e instrucciones dentro de la finca «El Yamural». Al respecto, llamó la atención en que, al revisar los testimonios se advertía que el actor conservó su autonomía a lo largo del tiempo, aspecto que se podía corroborar con el hecho de que él era el encargado de pagar los jornales de los trabajadores del predio. A continuación, expresa lo siguiente: Es entonces calculable el daño causado respecto a la sentencia de segunda instancia, pues esta presupone la existencia de la relación laboral entre el señor JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ y el demandado, JUAN ANTONIO ANGEL BOTERO, desconociendo entonces el requisito que se constituye en necesario para decretar la existencia de una relación laboral, esto es, la continuada subordinación y dependencia. Máxime cuando se indicó en el juicio laboral que, ante la ausencia por situaciones de orden público del demandado, el señor JOSÉ ELIÉCER ALZATE LÓPEZ fue autónomo en el desarrollo de la sociedad comercial de hecho, fue este quien continuó poniéndole el frente a los requerimientos de la parte ganadera de la finca. Manifiesta que la Corte Constitucional en la sentencia CC C386-2009 estableció las «reglas constitucionales en las

que se debe enmarcar la subordinación» y, de acuerdo con ella, sostiene que el error del ad quem estribó en el desconocimiento de «los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, específicamente la subordinación

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Radicación n.° 93416 continuada, que para el caso en concreto no existió», dislate que lo condujo a otro yerro consistente en la falta de apreciación del «ánimo societario que entre las partes se ha venido configurando de manera ininterrumpida hasta la venta de la finca». Señala que, si bien «al demandante se le presume la prestación personal del servicio», lo cierto es que el mismo «era quien debía estar en sintonía con las necesidades del ganado perteneciente a la sociedad». Al respecto, se vale del fallo de esta Sala del «7 de julio de 2005, expediente 24476», en la que se adoctrinó que, en aras de la aplicación de los efectos del artículo 24 del CST, al demandante le corresponde demostrar la prestación personal del servicio. Ello, para referir que la Corte al desatar el asunto, considere «el expediente que nos ocupa y que allí determinen nuevamente que bajo ningún supuesto se presenta la subordinación laboral como elemento constitutivo de la acción». Después, expresa que el dinero que el actor recibía no era salario, sino una consecuencia de las actividades societarias que las partes desarrollaron. Memora el artículo 38 de la CP en relación con el derecho de asociación y la posibilidad que tienen las personas de constituir «sindicatos y sociedades sin la intervención del Estado», prerrogativa protegida entre

muchas otras en la sentencia CC T477-2016; también menciona los preceptos 488 y 499 del CCo en relación con la constitución de las sociedades mercantiles.

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Radicación n.° 93416 Explica que, al conformar la sociedad, se acordó que Juan Antonio Botero asumiría el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en favor del demandante, quien viviría en la finca «para que este allí habitara» con la condición de que «pagaría los servicios públicos de la propiedad y el otro, en aporte a la sociedad». Indica que Juan Antonio Ángel Botero en el interrogatorio de parte, sostuvo que «el ganado estaba en compañía con el demandante, que se le otorgó una serie finita de beneficios para que se pudiese explotar la relación comercial» y que el actor gozaba de autonomía dentro del predio. Asegura que, por su lado, Carlos Mario Ángel, indicó en el juicio que «su padre en el 2005» le entregó la «administración de la finca en la parte cafetera» y que, «este es informado de la sociedad comercial de hecho que se venía desarrollando con el demandante» y, además, precisó que: Al cuestionarse al señor CARLOS MARIO ANGEL BOTERO la razón por la que se mantuvo la sociedad comercial de hecho este indica que, para él esto no generaba ningún tipo de ganancia, y que en la mayoría de los casos se generaban más pérdidas que utilidades, que el verdadero valor que encontraba allí era el cuidado del ganado lechero, que fue en principio, la razón de la constitución de la sociedad.

Expone que Jorge Bedoya y Carlos Mario Ángel manifestaron que la sociedad mencionada se extinguió debido a «la falta de objeto» derivado de su venta y que, «ante la negativa del demandante, en aras de garantizar sus

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Radicación n.° 93416 derechos, consignaron este valor a expensas del Juzgado», el cual correspondía al precio del ganado para el momento de la venta de «El Yamural». Para finalizar, sostiene: […] el demandante hace referencia a la prueba documental aportada al proceso, donde allí se evidencian documentos denominados “Finiquito” “Liquidación de trabajador” y “planilla de prestaciones sociales” indicando en su recurso de apelación que se le debería dar total validez a estos documentos y que en consecuencia, se presumen auténticos al ser realizados por el empleador, sin embargo, desconoce la situaciones de hecho en las que en realidad se encontraba el demandante, considerando que, claramente, este no fue sujeto de subordinación laboral.

VII. RÉPLICA El accionante se opone a la prosperidad del cargo, para lo cual refiere que adolece de insalvables errores de técnica que impiden su estudio de fondo.

Explica que el alcance de la impugnación se plantea de manera desacertada, toda vez que el casacionista no indica lo que la Corte debe hacer al dictar el fallo de reemplazo; que el desarrollo de la acusación se asemeja a una alegato de instancia, en tanto no singulariza los medios de convicción valorados de manera equivocada o dejados de estimar, ni la

incidencia de tales desafueros en el fallo confutado, como tampoco identifica algún error de hecho en el que pudiera haber incurrido el juez plural; que menciona los testimonios pese que no son prueba calificada en casación; que se abstiene de aludir a algún precepto sustantivo que regule el

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Radicación n.° 93416 derecho debatido y, que mezcla de manera indebida las vías de ataque jurídica y fáctica.

VIII. CONSIDERACIONES Tal y como lo ha reiterado esta corporación, el recurso extraordinario de casación debe ceñirse a los requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen, con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, pues el incumplimiento de aquellos acarrea que el recurso resulte desestimable al imposibilitarse su estudio de fondo.

Igualmente, este medio de impugnación no le otorga a esta Sala la competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte se circunscribe a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir rectamente el conflicto. Visto lo anterior, tal como lo sostuvo el opositor la demanda de casación contiene deficiencias técnicas y argumentativas, que comprometen su prosperidad y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación.

Tales falencias se detallan a continuación:

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1. El cargo no resulta apto para su estudio pues omitió plantear la proposición jurídica de manera clara y precisa. Si bien del desarrollo del cargo se extrae que el censor afirma la vulneración de los artículos 22, 23 y 24 del CST, no identifica algún sub motivo de violación de dichos preceptos, esto es, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.

Precisamente, el literal a) del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS, entre otros requisitos, exige que en la demanda de casación se indique no solo «el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado», sino también «el concepto de la infracción, si directamente, por aplicación indebida o por interpretación errónea»; este último requisito resulta trascendente para la definición de los derechos que se disputan en el proceso, pero la demanda impetrada no lo cumple (CSJ SL3285-2019). Desde otra arista, el censor alude a la «aplicación indebida de lo dispuesto en la apreciación probatoria», lo cual es errado, pues en su lugar, debían plasmarse las normas sustanciales de alcance nacional que regulaban en el derecho pretendido, connotación que no poseen los medios de convicción. 2.- Pese a que el impugnante encamina el cargo por la vía indirecta, en la sustentación se vale de aspectos de puro derecho cuando menciona las «reglas constitucionales en las que se debe enmarcar la subordinación»; la carga que le

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Radicación n.° 93416 corresponde al actor de cara a los efectos previstos en el artículo 24 del CST o, al derecho de asociación y a las características de las sociedades de hecho, todo lo cual es equivocado, pues cuando se endereza el cargo por la senda fáctica la demostración debe ser estrictamente probatoria, en la medida que se parte de la plena conformidad del censor con las conclusiones jurídicas a las que el Tribunal arribó. De esta forma, se hace una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser su análisis diferente y su formulación por separado. 3.- Ahora, de entenderse que la vía de ataque es, en efecto, la fáctica, el casacionista omite relacionar los errores protuberantes de hecho en los que presuntamente habría incurrido el Tribunal; tampoco señala las pruebas erróneamente valoradas y las que dejaron de apreciarse y, por si fuera poco, ningún argumento presenta en aras de derruir el raciocinio fáctico del ad quem. Para el recurrente fue suficiente referir que entre las partes se ejecutó una relación comercial, mas no laboral; empero, ello carece de la posibilidad de quebrar el fallo confutado. Al respecto, la Corte ha dicho con insistencia que quien elige la vía indirecta como senda de ataque, debe precisar qué tipo de desaciertos cometió el Tribunal, si de hecho o de

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Radicación n.° 93416 derecho; asimismo, realizar un análisis razonado y crítico de los eventuales dislates debidamente singularizados con los medios de convicción que también tiene que denunciar como mal valorados o dejados de apreciar, al igual que precisar la conclusión a la que se debió arribar (CSJ SL1470-2021); sin embargo, como se anotó, el casacionista no asumió tal carga. Tampoco indica la equivocación en que el Tribunal pudo haber incurrido respecto de las pruebas que soportaron su sentencia, y su incidencia en el quebrantamiento de la ley sustancial y en la decisión, pues se limita a indicar que de los interrogatorios y los testimonios recabados, se extrae que entre las partes existió una sociedad comercial de hecho; sin embargo, olvida que dicho colegiado en su decisión refirió que, fue el mismo demandado Juan Antonio Ángel Botero quien reconoció la existencia de la relación de trabajo cuando consignó a órdenes de un juzgado, lo que a su juicio adeudaba al demandante por concepto de estipendios laborales, al igual que la comunicación donde le informó a este último acerca de tal pago. De ahí que, la suficiencia del embate en sede extraordinaria dependiera de la estructura argumentativa que mostrara de manera clara, en qué consistieron los desafueros plasmados en la sentencia confutada, pero se insiste, ello no tuvo lugar. 4.- En ese sentido, el recurrente desvía su cargo a un asunto que no constituye la premisa del fallo, con lo cual dejó libre de ataque el verdadero argumento que tuvo el Tribunal

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Radicación n.° 93416 para concluir que entre las partes se ejecutó un contrato de trabajo. En efecto, tal como se indicó en líneas anteriores, la sentencia impugnada se fundamentó en que Juan Antonio Ángel Botero aceptó expresamente la existencia de dicho vínculo cuando consignó lo que creía deberle al trabajador por prestaciones sociales, al informarle tal situación y al pagarle los aportes a la seguridad social. No obstante, el casacionista se refiere a los testigos y al interrogatorio de las partes, para sostener que de ellas se colegía la existencia de una relación comercial. Así, resultan fútiles sus esfuerzos qu