CSJ - SL2447-2021

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN Magistrado ponente SL2447-2021 Radicación n.° 81625 Acta 20 Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Dos de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 24 de abril de 2018, en el proceso que instauraron en su contra LUZ

MARINA DE LA RANS ZAMBRANO y ENRIQUE CARLOS

OÑORO BARRIOS.

Se acepta el impedimento manifestado por el doctor Omar Ángel Mejía Amador para conocer del presente asunto.

I. ANTECEDENTES Luz Marina de la Rans Zambrano y Enrique Carlos Oñoro Barrios promovieron proceso ordinario laboral en

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Radicación n.° 81625 contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S. A., para que fuera condenada a reconocerles y pagarles la pensión de sobrevivientes, a partir del día 3 de octubre del año 2011; el retroactivo pensional, con su respectiva indexación; los intereses de mora; condena extra y ultra petita; y las costas. Fundamentaron sus peticiones en que procrearon a Karime Esther Oñoro de la Rans (q.e.p.d); la causante se encontraba afiliada al régimen de seguridad social en pensión a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. y contaba con 136 semanas

cotizadas; su deceso ocurrió el 3 de octubre de 2011; elevaron solicitud de pensión de sobrevivientes en el mes de agosto de 2012, la cual fue contestada de manera negativa, con el argumento de que no dependían económicamente de la afiliada fallecida; en reemplazo les otorgaron una devolución de aportes por valor de $2.496.209; convivían bajo el mismo techo con la causante en el municipio de Baranoa (Atlántico), hasta la fecha de su deceso, y ella les suministraba los alimentos congruos y necesarios; y que, además, los tenía afiliados a la seguridad social en salud a Saludcoop, aparte de que no devengan pensión alguna (f.º 1 a 7, cdno ppal). Al dar respuesta a la demanda, Protección S. A. se opuso a todas las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la afiliación de la causante; el número de semanas cotizadas por ésta; la solicitud pensional y la devolución de aportes. Los demás, afirmó no constarle o no ser ciertos. En

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Radicación n.° 81625 su defensa, propuso las excepciones de falta de los presupuestos legales para ostentar la calidad de beneficiario o heredero, improcedencia de la solicitud de condena al pago de intereses moratorios, improcedencia de condena en costas y agencias en derecho, inexistencia de la obligación, inexistencia de causa para pedir, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y caducidad, compensación y la

genérica (f.º 33 a 44, cdno ppal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante providencia del 28 de noviembre de 2017, condenó a la demandada a reconocer la pensión de sobrevivientes a los demandantes, a partir del día siguiente a la fecha de fallecimiento de su hija, esto es, 3 de octubre de 2011, ordenando el pago desde el 5 de mayo de 2014, por prescripción trienal, con una mesada inicial igual al salario mínimo legal mensual vigente, y un retroactivo pensional causado hasta el mes de octubre de 2017 en cuantía de

$30.157.955.33. Autorizó a la demandada para que de la anterior suma de dinero se descontara el valor que fue cancelado a los accionantes como devolución de saldos (f.º 124 a 125 y CD, cdno ppal).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante sentencia del 24 de abril de 2018, revocó el numeral tercero, para en su lugar, por auto separado, fijar las agencias en derecho dentro del presente proceso, y la confirmó en todo lo demás

(f.º 132 a 133 y CD, cdno ppal). El Tribunal estableció como problema jurídico a resolver, determinar si a los demandantes les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de

sobrevivientes, en calidad de padres de la causante, de quien dicen dependían económicamente. Dio por acreditado que la señora Karime Esther Oñoro de la Rans nació el 14 de junio de 1988; que estuvo afiliada a Protección S. A. desde el 15 de marzo de 2010; que falleció el 3 de octubre del 2011; que contaba con 136 semanas al momento de su muerte; que le fue negada la pensión de sobrevivientes a los actores mediante comunicado de 31 agosto del 2012; y que se dispuso la devolución de saldos por la suma total de $2.496.209 a su favor, en un 50% para cada uno. Indicó que no es un hecho discutido que Karime Esther Oñoro de la Rans falleció el 3 de octubre del 2011, por lo que, atendiendo a la legislación vigente para la fecha de la defunción de la afiliada, el presente caso debe resolverse a la

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Radicación n.° 81625 luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003. Anotó que no es objeto de discusión el requisito de semanas de la afiliada antes de su fallecimiento, que permitiera dejar causado el derecho pensional de sobrevivencia a los beneficiarios, puesto que, explicó: […] en respuesta dada por Protección a la solicitud de pensión de sobreviviente elevada del 31 agosto del 2012 por los actores, folio 11, se reconoce que “para el 3 de octubre del 2011, fecha de fallecimiento, la señora Karime Esther Oñoro de la Rans (q.e.p.d),

se evidencia que la afiliada cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivencia”, supuesto fáctico que se corrobora al examinar el folio 75, que pone presente que la afiliada fallecida al 3 de octubre del 2011, contaba con un total de 136 semanas cotizadas, asistiéndole en principio del derecho prestacional reclamado a los eventuales beneficiarios de la fallecida. Refirió, frente a las pruebas documentales, lo siguiente: Registro Civil de nacimiento de la señora Karime Esther Oñoro de la Rans, pone de presente que nació el 14 de junio de 1988, es hija de los señores Enrique Carlos Oñoro Barrios y Luz Marina de la Rans Zambrano, folio 10; declaración jurada ante notario de los señores Enrique Carlos Oñoro Barrios y Luz Marina de la Rans Zambrano, en calidad de padres de la joven fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans, donde manifiestan que ella convivía bajo su mismo techo, que dependían económicamente en todas sus necesidades hasta la fecha de fallecimiento, octubre 3 del 2011, con lo que ella devengaba de su trabajo, folio 13, prueba que por provenir de la parte misma interesada en los resultados del proceso se le resta harto mérito probatorio, teniendo en cuenta que a nadie le es válido constituir su propia prueba; declaración jurada en notaría, por los señores Blas Antonio Castro Coll y Román Escobar Pérez, donde manifiestan conocer desde hace muchos años a los señores Enrique Carlos Oñoro Barrios y Luz Marina de la Rans Zambrano, que les consta que

ellos dependían económicamente de su finada hija Karime Esther Oñoro de la Rans hasta el día de su fallecimiento, el 3 de octubre del 2011, con lo que ella devengaba en su trabajo, ya que convivían juntos bajo el mismo techo en el municipio de Baranoa, folio 14; certificación de afiliación de cotizante en salud, donde la

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Radicación n.° 81625 afiliada fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans tenía como beneficiarios en salud a sus padres Enrique Carlos Oñoro Barrios y Luz Marina de la Rans Zambrano, folio 15; formato de investigación causal de fallecimiento pensión obligatoria, donde se hace una breve descripción de cómo ocurrieron los hechos que dieron lugar al fallecimiento de la señora Karina Esther Oñoro de la Rans, folio 57 a 58; relación de días cotizados de la afiliada fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans, folios 69 a 72; constancia de semanas cotizadas de la afiliada fallecida Oñoro de la Rans, donde reconoce que la misma contaba con 136 semanas cotizadas; simular aprobar solicitud de pensión por sobrevivencia, folio 76 a 78; formato de entrevista realizada el día 2 de marzo del 2012 a la señora Luz Marina de la Rans, donde se llega a la conclusión de que no existe claridad en cuanto a la dependencia que tenía la fallecida con la entrevistada, si era parcial o total, además no confirma quiénes convivían con la señora Karime Esther Oñoro de la Rans, no se ofrece detalles

acerca de los ingresos de la fallecida, ni los de ella, se debe verificar quien recibió las prestaciones, y dónde se aconseja verificar si su vivienda es arrendada, ya que el sistema desvirtuó su aseveración, folios 81 a 85; 8) análisis de la investigación realizada el 31 de agosto del 2012 por parte de Protección S.A., donde se concluye que la afiliada ayudaba de manera parcial al grupo familiar, además de consultarse información, al no reportar que recibían aportes de otro hijo, dieron información errada en cuanto a los ingresos, concluyendo que los gastos generales del hogar pueden ser cubiertos por el hijo y el padre de la fallecida, decidiendo otorgar la devolución de los saldos a los padres, folios 86 a 87; informe definitivo de 10 de abril del 2012, folios 88 a 93, donde se hace un análisis de los gastos familiares y se establece que la afiliada fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans, en calidad de mercaderista para la empresa lácteos del César, a través de la empresa de servicios temporales Meditem SAS devengaba un salario neto de $762.290 mensuales, aportaba la suma de $300.000, destinada al pago de arriendo, y adicionalmente la causante pagaba una cuota de $100.000 mensuales por crédito directo por libre inversión por $3.000.000, realizado por el banco Davivienda. Agregó que, recepcionados los testimonios de los señores Blas Antonio Castro Coll y Román Escobar Pérez, los mismos ratificaron conocer a los demandantes Enrique Carlos Oñoro y Luz Marina de la Rans Zambrano, así como a

la afiliada fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans, desde hace varios años, y dieron fe de que dependían económicamente de la causante, quien mensualmente les

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Radicación n.° 81625 ayudaba con distintos gastos del hogar, tales como el arriendo y la alimentación, entre otros; y que dicha dependencia se daba debido a que el demandante Oñoro Barrios no contaba con un empleo estable, pues sus pocos ingresos económicos provenían del trabajo independiente que realizaba en rutas de buses, donde se encarga de cobrar los pasajes, y la señora De la Rans Zambrano se dedicaba a los deberes del hogar. Al analizar el material probatorio, de conformidad con los artículos 60 y 61 del CPTSS, estimó que existía una dependencia económica continua de los demandantes respecto de la afiliada fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans. Adujo que según el análisis de la investigación realizada por Protección SA el 31 de agosto de 2012, obrante a folio 86, la afiliada ayudaba de manera parcial al grupo familiar con los gastos del hogar, con una suma de $300.000, destinados al pago de arriendo, representando el 32% del total de los ingresos; que allí se reconoce que el padre cuenta con 54 años de edad, es auxiliar de conducción de vehículos, no posee trabajo estable, se desempeña en distintos trabajos, tales como albañilería, vigilante, ayudante de conducción de vehículos, y oficios varios en general; que debido al trabajo informal hay meses en los cuales se obtienen ingresos inferiores; que luego del deceso de la afiliada, uno de los hijos

es quien se ha encargado de pagar la mayoría de los gastos del hogar. También encontró que la señora Luz Marina de la Rans Zambrano, madre de la afiliada fallecida, dependía

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Radicación n.° 81625 económicamente de ella, por no trabajar y no percibir ningún ingreso económico distinto al de su hija y que, el padre, señor Enrique Carlos Oñoro Barrios, se desempeña como auxiliar de conducción de vehículos, aunque de manera inestable; además, que el señor Héctor Oñoro de la Rans, hijo de los demandantes, aporta al núcleo familiar una suma de dinero mensual para ayudar con los gastos del hogar y las necesidades de sus padres. Estableció, así, que el núcleo familiar percibía ingresos económicos provenientes de la fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans, de su hermano Héctor y del trabajo que independiente y esporádicamente realizaba el señor Enrique Carlos Oñoro Barrios como cobrador de pasajes de bus, vigilante, albañil y oficios varios, razón por la cual, al fallecer la afiliada, la carga económica del hogar quedó en cabeza del padre y del hermano. Aclaró que el señor Héctor Oñoro se encuentra casado y reside en una vivienda distinta a la de sus padres y hermanos, en donde habitaba la causante Karime Esther Oñoro de la Rans. Frente al argumento de la demandada de que no está plenamente demostrada la dependencia económica de los demandantes respecto de la afiliada fallecida, toda vez que el

gasto total del hogar era compartido entre su padre y su hermano, advirtió que «dicha circunstancia no altera la ayuda o auxilio del hijo hacia sus progenitores, pues ha de entenderse este apoyo parcial o complementario a aquellos

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Radicación n.° 81625 ingresos que no les son suficientes para su subsistencia, para su vida digna, para proporcionarse lo necesario, sobre todo cuando han perdido su capacidad laboral». Coligió que «la dependencia económica se basa en el principio de la necesidad, toda vez que el auxilio recibido por parte del causante se convierte en imprescindible para quien lo recibe, en este caso, los padres de la afiliada fallecida Karime Esther Oñoro de la Rans» Y así garantizar el mantenimiento de los mismos, pues como quedó demostrado, después del fallecimiento de aquella, la carga económica del hogar quedó en cabeza de los señores Enrique Carlos Oñoro Barrios y Héctor Oñoro de la Rans, pero hay que aclarar que el trabajo actual del primero, no garantiza una subsistencia económica fija mensual, toda vez que al no contar con un sueldo básico sus ingresos son variables, es decir, un día puede devengar una suma de dinero razonable, otro día puede vengar otra suma inferior, y otros días puede no trabajar. Añadió que lo contribuido por Héctor Oñoro de la Rans no representa la totalidad de los gastos del hogar de sus padres Enrique Carlos Oñoro Barrios y Luz Marina de la Rans Zambrano, sino que es una parte, debido a que éste se encuentra casado y reside con su cónyuge en una vivienda

distinta de donde habitan sus progenitores y hermanos. Infirió que con lo aportado por la causante, su hermano Héctor Oñoro de la Rans y su padre Enrique Carlos Oñoro, se lograba solventar los gastos del hogar, «y sin el pago del reconocimiento pensional, se configura un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los padres, que se beneficiaban con la ayuda de la fallecida Oñoro de la Rans,

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Radicación n.° 81625 quien como se acredita en el informe definitivo de fecha 10 de abril del 2012, folios 88 a 93, aportaba mensualmente la suma de $300.000, destinados al pago del arriendo». En respaldo de su dicho, citó las sentencias de esta Corporación en las que se dijo que la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta, pues la circunstancia que tiene el padre beneficiario de un ingreso adicional, en este caso, pensión de vejez, no descarta la posibilidad de ser dependiente económico de su hijo. Concluyó que, examinadas las pruebas allegadas y el precedente tenido en cuenta, la dependencia económica como requisito que debe acreditarse a fin de reconocer la prestación por sobrevivencia es una circunstancia que debe ser examinada en cada caso particular, y que en este preciso caso, «la Sala de conformidad con lo dispuesto en artículo 61 del CPTSS, estima que se cumplen los presupuestos para predicar la existencia de tal dependencia de los demandantes respecto a la hija fallecida, pues pese a recibir ingresos

adicionales, como bien lo sostiene la demandada al recurrir, ello no convertía en autosuficiente económicamente a los padres.»

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia acusada y, una vez constituida en sede de instancia, revoque en su integridad el fallo proferido en primer grado.

Subsidiariamente, solicita que se case parcialmente la decisión del juez colegiado, en cuanto no autorizó a la administradora demandada a descontar los aportes al sistema de seguridad social en salud y, en su lugar, se revoque de manera parcial la sentencia de primera instancia, para que, en sede de instancia, se impongan. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, de los cuales se estudiarán conjuntamente los tres primeros, en tanto a pesar de estar encaminados por diferentes vías, denuncian la violación de similar elenco normativo, se sirven de argumentos complementarios y persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia censurada de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, «el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y se infringieron en forma directa los artículos 27 y 31 del Código Civil, 164, 167 y 221 del Código General del Proceso, 60 y 61 del Código Procesal

del Trabajo y 29 y 230 de la Carta Magna».

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Radicación n.° 81625 Aduce que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los señores Oñoro de la Rans dependían económicamente de su hija al momento de su deceso, pese a que al proceso no se adjuntó prueba de la disponibilidad de recursos con la que contaba la fallecida para ayudarlos, ni se acreditó a cuánto ascendían los gastos de ellos, ni se comprobó el monto y la significancia de la incierta contribución de la difunta frente a éstos últimos.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que lo que hipotéticamente diera la occisa a sus padres era lo que les garantizaba su mínimo vital.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes Oñoro de la Rans eran acreedores legítimos de la prestación implorada.

4. Dar por cierto, sin serlo, que Protección S.A. podía ser condenada a erogar la pensión pedida.

Ataca como pruebas mal apreciadas, la declaración juramentada de Blas Antonio Castro Coll y Román Escobar Pérez (f.° 14, cdno. 1); el formato de entrevista (f.º 81 a 85, cdno. ppal.); el análisis de la investigación administrativa (f.º 86 y 87, cdno. ppal.); el documento resultante de la investigación adelantada por la firma Servicios de Consultoría, Siniestros de Seguros e Investigaciones Generales (f.° 88 a 93, cdno. ppal.). Y como dejadas de

apreciar, el documento «Información de los Solicitantes – Padres» (f.° 60 a 63, cdno. ppal.); el «Formato para Investigación de Dependencia Económica» (f.° 94 a 98, cdno. ppal.); y los recibos de pago de nómina (f.° 105 a 107, cdno. ppal.). Como preámbulo, reproduce algunos apartes de la sentencia CSJ SL4103-2016, para luego aducir que al

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Radicación n.° 81625 amparo de las enseñanzas de esta Corporación, refulge el desatino del Tribunal, pues es fácil evidenciar la orfandad de pruebas que permitan acreditar que en verdad había una sujeción económica de los padres frente a su hija, ya que «es incontrovertible que en el proceso no se demostró con certeza a cuánto ascendía el valor del hipotético auxilio que la difunta entregaba a sus papás ni se acreditó la cuantía de sus gastos (salvo lo mencionado por los progenitores en ambos casos y en su favor), con lo que quedó en el aire la posibilidad de determinar la significancia del hipotético auxilio de la fallecida con relación al importe de las erogaciones paternas». Frente al tema, cita la providencia CSJ SL 14 may. 2008, rad. 32813. Asimismo, sobre el deber de acreditar el monto de la colaboración de la causante, el valor de los gastos de los progenitores y la relevancia de esa aportación, aspectos que considera «quedaron en el limbo», transcribe el fallo CSJ

SL687-2017, y con relación a que los demandantes no pueden crear sus propias pruebas para beneficiarse con ellas, expone lo adoctrinado en sentencia CSJ SL151642017, concluyendo que el Tribunal no disponía de las herramientas imprescindibles para determinar si en realidad existía una dependencia económica de los actores frente a la afiliada fallecida, por lo que es palmaria la equivocación al confirmar la condena impuesta, sin disponer del soporte probatorio requerido para poder hacerlo. Refiere que, en diametral oposición a esa carencia de pruebas, se allegó al expediente el documento «Información de los Solicitantes – Padres», firmado por el señor Oñoro

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Radicación n.° 81625 Barrios (f.° 60 y 61, cdno. ppal.), el cual, afirma, fue dejado de lado por el Tribunal, y en el que el progenitor confesó que sus ingresos mensuales eran de $900.000 (f.º 60, cdno. ppal.) y que su hijo Héctor Enrique Oñoro de la Rans, a la fecha del deceso de su hermana, aportaba $500.000 mensuales para sufragar los gastos del hogar (f.° 60, cdno. ppal.), dato que ratificó la señora De La Rans en el mismo documento. Precisó que si, en gracia de discusión, se diera crédito a lo dicho por los padres con relación a los gastos del hogar, los cuales fijaron en $800.000 mensuales, como quedó consignado en el documento firmado por estos, denominado «Formato para Investigación de Dependencia Económica» (f.º

94 a 98, cdno. ppal.), sería fácil establecer que los ingresos de $900.000, que el señor Oñoro Barrios confesó tener, eran suficientes, y más cuando el otro hijo les suministraba $500.000 mensuales, «lo que pone de manifiesto que el hipotético socorro de la causante no era necesario para que los padres pudiesen atender su manutención sin sobresalto alguno». Indica que en el proceso tampoco se acreditó que los recursos con los que contaban los progenitores no eran suficientes para sufragar sus gastos de subsistencia al momento de la muerte de la afiliada, y aunque con tales dineros, eventualmente, no se satisficiera su sustento, tal situación mal podía tenerse como pilar de una condena a pagar la pensión reclamada, dado que los demandantes nunca demostraron que la causante tuviera los medios que le permitieran apoyarlos, o que teniéndolos se los entregara,

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Radicación n.° 81625 o que dándoselos les fueran indispensables para costear su subsistencia al cubrir un porcentaje significativo de sus necesidades monetarias, cuya cuantía tampoco se determinó mediante prueba que no proviniera de los mismos demandantes, «omisiones todas ellas con la fuerza exigida para que el sentenciador ad quem hubiese negado sus pretensiones, y más si se tienen en mente las enseñanzas de la H. Sala relativas a que la dependencia económica no se presume». En resumen, refiere que en la medida en que no se comprobó el valor de los gastos de los padres ni la relevancia

del aporte de la hija con relación al total de estos, «elementos de vital importancia para establecer que había un sometimiento monetario», era imposible condenar a la administradora a pagar la pensión impetrada, máxime que lo que sí quedó cabalmente acreditado fue que los demandantes contaban con los medios imprescindibles para pagar todos sus gastos, aun sin recibir ningún dinero por parte de la causante, y que los recursos del señor Oñoro Barrios equivalían a casi una y media veces lo devengado por su hija, que, en promedio, se elevaba a casi $610.000 mensuales, según consta en los recibos de pago de nómina, a f.º 105 a 107 del cuaderno principal, pasados por alto por el Tribunal. Señala que el ad quem basó su decisión en los testimonios de Blas Antonio Castro Coll y Román Escobar Pérez y que, al escuchar su versión, el segundo se trata de un testigo de oídas, mientras que el primero cuando se le interrogó acerca de cómo tuvo conocimiento de los hechos

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Radicación n.° 81625 que reportó, no dio razón alguna sino simples respuestas evasivas, «pero dio una pista para entender que esa sapiencia la obtuvo del propio señor Enrique Carlos Oñoro cuando admitió que desde que esa familia se mudó a otro barrio en 1997 (momentos 18:07 y siguientes) la comunicación con ellos fue diferente (momentos 21:02 y siguientes)». Argumenta que los testigos no dijeron nada con relación a aspectos definitivos de la subordinación pecuniaria, como lo eran la cuantía del aporte de la occisa o su frecuencia, o el valor de los gastos de los padres y, por ende, la importancia

de ese subsidio, como tampoco logran desvirtuar lo confesado por el demandante Oñoro Barrios, en el sentido de que él percibía $900.000 mensuales y que los gastos del hogar durante ese mismo período ascendían a $800.000, «de suerte que es obvio que no requería de aportación alguna de la causante para sufragarlos, y más aún cuando el hijo Héctor les subsidiaba con $500.000 mensuales, como ya quedó comprobado con anticipación en este escrito». Arguye que en los datos que dio la señora De La Rans y que se plasmaron en el documento «Formato de entrevista», obrante a folios 81 a 85 del cuaderno principal, carece de veracidad lo relativo al aporte de la fallecida, pues mientras ella lo fijó en $1.200.000, lo cierto es que los ingresos promedio reales de la misma eran de $610.000, según los comprobantes de nómina de la causante, «lo que imposibilita una colaboración de esa magnitud»; y que, incluso, si en gracia de discusión se aceptara que los gastos del hogar se situaban en «Un millón y pico», como se manifestó en la

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Radicación n.° 81625 documental de folio 84 del cuaderno principal, «es claro que si el señor Oñoro contaba con $900.000 y su hijo Héctor aportaba $500.000 (como fue confesado por los demandantes en los documentos “Información de los Solicitantes - Padres” - fs.60 a 63, c.1), nada obsta para suponer que esos recursos eran más que suficientes para pagar los gastos de

manutención sin el auxilio de la perecida». Finalmente, hace alusión a que la información que reposa en el documento «Análisis de la Investigación Administrativa» se derivó de lo dicho por los padres durante la visita domiciliaria que se les hizo y, por tanto, no puede servir como base para condenar a la pensión reclamada, en la medida en que nadie puede crear sus propias pruebas para favorecerse con ellas; e igual puede predicarse del contenido del documento resultante de la investigación adelantada por la firma Servicios de Consultoría, Siniestros de Seguros e Investigaciones Generales.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la violación directa, por aplicación indebida, del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, y por la infracción directa de los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 7.° de la Ley 1149 de 2007, 29 y 230 de la Constitución Política y 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Expone que es simple evidenciar la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 por parte del

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Radicación n.° 81625 Tribunal, pues, aunque la subordinación monetaria no debe ser total, como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C111 de 2006, una cosa es suponer que esa sujeción financiera no tiene que ser absoluta y otra cuestión muy distinta es que para que ésta se dé, la aportación del causante debe ser fundamental para que los padres puedan

asegurar una vida digna y, por tanto: […] es una equivocación crasa suponer, como lo hizo el juez colegiado, que era suficiente con que los padres se viesen privados de la hipotética ayuda económica de la fenecida para que se tuviera como acreditado el supuesto de hecho que los convertía en acreedores legítimos de la prestación impetrada, ya que so pretexto de que no debe reclamarse una supeditación pecuniaria total y absoluta de los progenitores para que estos puedan disfrutar de la prestación de sobrevivientes, exigencia de por sí extrema, tal restricción tampoco puede llegar a la lenidad de que basta con que se pruebe que los papás de una afiliada que muere pierdan una colaboración monetaria que en forma hipotética les prodigase la extinta para que a partir de ello se tenga como cumplido el requisito de la dependencia económica, a lo que hay que agregar que lo que muestran las reglas de la experiencia es que desde que un hijo empieza a trabajar, sea soltero o casado, resida o no con sus padres, lo normal es que les dé algún subsidio, en dinero o en especie, sin que ello implique por sí solo que esa subvención automáticamente los subordine de su descendiente, y más cuando en forma reiterada la H. Sala ha insistido en que para que pueda hablarse de sujeción financiera es imprescindible que el socorro suministrado sea significativo. Concluye diciendo que en atención a que el Tribunal no cumplió con su deber de verificar si la «hipotética» ayuda de la causante satisfacía las condiciones requeridas para que pudiera tenerse como subordinante, esto es, que fuera real,

periódica, significativa y destinada a garantizar la manutención de los demandantes, es obvio que incurrió en una falencia con la fuerza suficiente para que su decisión sea casada.

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Radicación n.° 81625 Aclara que a pesar de la senda seleccionada para emprender el ataque, si en este escrito hubiesen eventuales alusiones de apariencia fáctica, no por ello se transgrede la técnica de casación, ya que con estos razonamientos no se discuten las inferencias de esa índole en las que el juez colegiado basó su fallo «sino, más bien, lo que se busca es mostrar su incursión en el quebranto de los preceptos que regentan el juicio que nos ocupa, puesto que el desacuerdo del cargo no se relaciona con los supuestos fácticos establecidos por el sentenciador de segunda instancia sino con las consecuencias jurídicas que les hizo p