CSJ - SL2461-2019

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N.” 1 ERNESTO FORERO VARGAS Magistrado ponente SL2461-2019 Radicación n.” 62089 Acta 20 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BANCO POPULAR S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de mayo de 2012, en el proceso ordinario laboral que instauró LUIS MARIA RIVERO MEDINA contra la entidad recurrente, proceso al que fue citado como litis consorte el INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES.

Acéptese el impedimento presentado por la Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota, visible a folio 41. I ANTECEDENTES Luis María Rivero Medina llamó a juicio al Banco Popular S.A., con el fin de que le condene a reliquidar la

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.” 62089 pensión de jubilación que le reconoció mediante Resolución 0036 de 1988, a partir del 17 de marzo de ese año, como consecuencia de no haber tenido en cuenta el salario promedio devengado en el último año de servicios; que por no haber efectuado los reajustes anuales conforme lo establece la Ley 71 de 1988, se le condene a reliquidar y reajustar anualmente la prestación en los términos alli establecidos. Igualmente, deprecó condena por la indexación de las sumas adeudadas, los intereses

moratorios y lo que proceda en ejercicio de las facultades ultra y extrapetita. Fundamentó sus peticiones relacionadas con el asunto objeto de estudio en sede de casación, básicamente, en que el Banco le otorgó la pensión de jubilación mediante Resolución 036 de 1988, a partir del 17 de marzo del mismo año, por haberle prestado servicios durante más de veinte años; que la prestación le fue reconocida antes de la vigencia de 1993 y, por tanto, los reajustes están regidos por el artículo 1% de la Ley 71 de 1998; y que la entidad demandada no tuvo en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, por lo que el monto de la prestación fue inferior al que correspondia. Igualmente, señaló que la pensión le fue concedida con fundamento en la Ley 4 de 1976, reglamentada por la Ley 71 de 1988 en materia de reajustes pensionales para los trabajadores oficiales; que la prestación no fue acrecentada en los términos señalados en dicha disposición, según la cual los incrementos debian Hhacerse con el mismo

SCLAJPT-10 V.00 2

47 Radicación n.” 62089 porcentaje en que se incrementara el salario minimo; que el ISS, por medio de Resolución 1118 de 1996 le reconoció pensión de vejez a partir del 17 de marzo de 1993; y que como el Banco no cotizó con el salario que correspondia, el monto de la pensión de vejez resultó inferior. Al dar respuesta a la demanda, el Banco se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó expresamente el reconocimiento de la pensión de jubilación,

pero aclaró que los incrementos pensionales, a partir del año 1994, están regidos por los artículos 40 y 41 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993; que realizó los reajustes en la forma prevista en la Ley 71 de 1988 hasta la entrada en vigor del mencionado decreto. En cuanto a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos, no le constaban o se trataban de meras apreciaciones del actor. En su defensa propuso la excepción previa de «no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios», la cual fue resuelta en audiencia el 11 de junio de 2008, declarándose probada y, en consecuencia, se ordenó notificar el auto admisorio al ISS (f. 87). También presentó las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, y prescripción. Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales al contestar se opuso a todas las pretensiones; y respecto de los supuestos fácticos aceptó el reconocimiento de las pensiones de jubilación y de vejez, de acuerdo a la

SCLAJPT-10 V.0O 3

Radicación n. 62089 documentación allegada por el actor. Frente a los demás dijo que no le constaban o se trataba de consideraciones subjetivas del actor. En su defensa propuso las excepciones de pago, cobro de lo no debido, imposibilidad de disponer del patrimonio de los coadministrados, falta de cumplimiento de los requisitos de ley, carencia del derecho reclamado, inexistencia de la obligación, temeridad y mala fe del demandante,

prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos y las de oficio a que hubiere lugar. IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogota, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de octubre de 2009, dispuso «ABSOLVER al BANCO POPULAR de las pretensiones formuladas por el señor LUIS MARÍA RIVERO MEDINA»; condenar en costas al actor; y en caso de que la providencia no fuera apelada, se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso interpuesto por la parte actora, resolvió revocar la sentencia

proferida por el Juzgado y, en su lugar:

SCLAJPT-10 V.00

AL Radicación n.” 62089

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 15 [...] en el sentido de condenar al Banco Popular a reajustar el valor que a este le corresponda en la pensión compartida reconocida al demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 1% de la Ley 71 de 1988 y en consecuencia, se CONDENA a dicha Institución bancaria a pagar al demandante las diferencias que resulten entre los valores pagados y los que realmente corresponde, todo ello bajo los parámetros analizados en el proveido. ' SEGUNDO: Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la demandada.

TERCERO; Sin costas en esta instancia En lo que interesa al recurso extraordinario, el

Tribunal consideró como fundamento de su decisión en que no existía controversia acerca de la condición de pensionado del demandante, prestación que le fue reconocida por Resolución 00036 de septiembre de 1988, a partir del 17 de marzo de 1988, cuando cumplió 55 años de edad y se retiró del servicio, así como de la condición de entidad pública de la demandada para la época en que reconoció el derecho. Adujo que la inconformidad del recurrente estribaba en que los reajustes anuales pensionales para compensar la pérdida de su valor adquisitivo debieron realizarse en la forma establecida en la Ley 4 de 1976, modificada por la Ley 71 de 1988 y no en virtud del artículo 41 del Decreto 692 de 1994, como erradamente lo estimó el Banco. Luego de transcribir los artículos 1 de la Ley 71 de 1988 y 14 de la Ley 100 de 1993, afirmó que era procedente el reajuste consagrado la primera de las normas, por resultar más benéfico para el demandante, «dado que el

SCLAJPT-10 V.0O 5

Radicación n.” 62089 derecho pensional se configuró con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y bajo el argumento de que dicha Ley no pudo derogar la norma anterior al no ser contraria a la misma, siendo en consecuencia disposiciones compatibles», afirmación que estaba respaldada en la sentencia CC C529-1994. Discurrió que no resultaba errado concluir que al demandante le asistía el derecho que el reajuste anual establecido en el artículo 1% de la Ley 71 de 1988, puesto

que la resolución de reconocimiento pensional determinó que la prestación debía regirse, entre otras, por la Ley 4 de 1976, la cual, como es bien sabido, fue modificada por la Ley 71 de 1988, en lo concerniente al reajuste pensional. Señalo que para el momento en que el actor consolidó el derecho regía el incremento establecido en la citada Ley 71, es decir, que se encontraba frente a un derecho adquirido, el cual debía regirse por los reajustes anuales para las pensiones allí establecidas, «habida cuenta que bajo su imperio fue que se causó y otorgó el derecho pensional. En tales condiciones, no es jurídicamente posible que al demandante, en calidad de pensionado, se le aplique el reajuste anual y automático contemplado en actual artículo 14 de la Ley 100 de 1993». Agregó que resultaba improcedente condenar al ISS a asumir obligaciones consagradas en normas distintas a las que regían su funcionamiento; por tanto, «será únicamente el BANCO POPULAR S.A. el encargado de reconocer y pagar

SCLAJPT-10 V.00 6

19 Radicación n.” 62089 la diferencia que resulte entre el valor pagado y el que realmente le correspondía, en el porcentaje que a este último le corresponde por compartibilidad». Luego del análisis del acervo probatorio concluyó que estaba demostrado que el Banco realizó los reajustes de los últimos 3 años en los términos establecidos en el Decreto 692 de 1994, es decir, con el IPC, por lo que procedia condena «de conformidad con el artículo 1% de la ley 71 de 1988, y pagar a actor las diferencias que resulte».

Manifestó que los ajustes correspondientes a las mesadas ocasionadas con anterioridad al 10 de septiembre de 2004 se encontraban prescritos. Expuso que, de conformidad con los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para los años 2004 a 2007, tendientes a determinar el valor del salario minimo legal vigente, los reajustes ordenados por la Ley 71 de 1988 resultaban ser más beneficiosos a los intereses del pensionado y, por ende, condenaba al Banco Popular a reajustar el valor de la pensión reconocida al señor Luis María Rivero Medina, «de conformidad con el porcentaje de variación anual del salario mínimo legal mensual que decrete el Gobierno Nacional, y reconocer en forma retroactiva a partir del 10 de septiembre de 2004, en el porcentaje que le corresponde en la compartibilidad decretada».

SCLAJPT-10 V.OO 7

Radicación n.” 62089

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, «confirme el fallo del a quo y, en su lugar, absuelva al Banco Popular S.A. de todas las pretensiones promovidas en su contra» Con tal propósito formula único cargo por la causal primera de casación, frente al cual se presentó réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia por vía directa la aplicación indebida del artículo 1 de la Ley 71 de 1988, artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 40 y 41 del Decreto 692

de 1994. La recurrente acepta los siguientes supuestos fácticos: i) que el Banco reconoció a Luis María Rivero Medina, mediante Resolución 00036 de 1988, a partir del 17 de marzo de ese año, una pensión de jubilación por haber cumplido los requisitos exigidos por la ley; 1u1) que la demandada era una entidad pública para la época en que reconoció la prestación; y li) que, a partir de la vigencia del Decreto 692 de 1994, aplicó los reajustes previstos en el SCLAJPT-10 v.00 8 41 Radicación n.” 62089 articulo 41 de ese ordenamiento legal y no los contemplados en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988. Luego de transcribir algunos apartes de la providencia fustigada, aduce que el Tribunal decidió el recurso con fundamento en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 y no con los artículos 40 y 41 del Decreto 692 de 1994, reglamentario del articulo 14 de la Ley 100 de 1993, ordenamiento aplicable a las pensiones reconocidas con anterioridad al 1% de abril de 1994 para efecto de los reajustes anuales. Afirma que los incrementos de las pensiones reconocidas con anterioridad al 1% de abril de 1994, como es la del señor Luis María Rivero Medina, otorgada a partir del 6 de septiembre de 1988, se encuentran regulados por las citadas disposiciones al estar incorporado el actor al sistema general de pensiones. Ademas, posterior a la transcripción del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, dice que desde el 1 de enero de 1995,

únicamente a aquellas pensiones cuyo monto fuera igual al salario mínimo, situación que no es la del actor, se les puede aplicar el reajuste en el mismo porcentaje en que se incrementa ese salario. Acto seguido argumenta lo que sigue: [...] cuando el sentenciador de segunda instancia condena al Banco Popular a reajustar, a favor del señor Luis María Rivero Medina, el valor que le corresponde “en la pensión compartida

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.” 62089 reconocida al demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 1% de la Ley 71 de 1988” y ordena “pagar al demandante las diferencias que resulten entre los valores pagados Yy los que realmente corresponde” aplica indebidamente no solo el mencionado artículo 1% de la Ley 71 de 1988 (disposición legal no aplicable a esta controversia por tratarse de un reconocimiento efectuado con anterioridad al 1% de abril de 1994 pero que se entiende incorporado al sistema general de pensiones), sino también el artículo 14 de la Ley 100 de 1.993 y los artículos 40 y 41 del Decreto 692 de 1994 [...].

VII. RÉPLICA El opositor argumenta que no tiene fundamento alguno invocar la aplicación del Decreto 692 de 1994 para los reajustes pensionales, por cuanto no derogó la Ley 71 de 1988, pues se trata de una reglamentación de orden administrativo, no legislativa, sin relación alguna con los artículos 11 y 288 de la Ley 100 de 1993, los cuales dan prevalencia a la norma anterior más favorable y el respeto a

los derechos adquiridos. Agrega que el artículo 14 ídem no tiene aplicación al presente caso, por cuanto la pensión de jubilación otorgada al actor no es propia del sistema pensional, por haber sido reconocida con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley. VIIL. CONSIDERACIONES Partiendo de los planteamientos esbozados por la censura, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en yerro de orden jurídico al ordenar que los incrementos o reajustes de la pensión de jubilación concedida por el Banco Popular al demandante antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, debían realizarse en la

SCLAJPT-10 V.0O 10

47 Radicación n.” 62089 forma establecida en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988; ossi, por el contrario, como lo aduce la censura, a partir de la vigencia del sistema general de pensiones están regidos por el artículo 14 de la citada Ley 100, reglamentado por el artiículo 41 dél Decreto 692 de 1994. Dada la senda escogida por la censura, no son objeto de discusión los siguientes supúestos fácticos que encontró acreditados el colegiado y, además, aceptados por la censura, a saber: ¡) el Banco Popular, mediante Resolución 00036 de septiembre de 1988, le reconoció pensión de jubilación legal a Luis María Rivera Medida, a partir del 17 de marzo de 1988, [por un monto superior al salario mínimo legal mensual vigente, esto es, $77.483.82]; ii) la prestación le fue otorgada al actor cuando cumplió 55 años

de edad y se retiró del servicio, fundamentada, entre otras, en la Ley 4 de 1976, modificada por la Ley 71 de 1988; y 1ii) el Banco realizó los reajustes de los últimos 3 años en los términos establecidos en el Decreto 692 de 1994, esto es, con el indice de precios al consumidor. El asunto sometido a consideración en esta oportunidad ya ha sido debatido por la Sala en diferentes oportunidades, en las cuales ha fijado el criterio, según el cual, la mnormatividad aplicable para los reajustes pensionales anuales es la vigente para el momento en que se realiza el respectivo incremento, más no aquella con base en la cual se otorgó la prestación.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.” 62089 Sobre el particular, en sentencia CSJ SL, 28 en. 2009, rad. 31936, señaló que los destinatarios de los reajustes son aquellos que para el 1% de enero de cada año ostentan la condición de pensionados, «bien sea porque ya estén recibiendo su correspondiente monto o porque estén a punto de recibir la primera mesada», pues el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 no impone límites ni señala condición alguna para su efectividad, tal como si lo preveía el parágrafo 2” del artículo 1 de la Ley 4 de 1976, según el cual, al reajuste tenían derecho quienes tuvieran el estatus de pensionado un año antes, el cual desapareció con la modificación que le hiciera el artículo 1% de la Ley 71 de 1988. Al efecto se trae

a colación el aparte pertinente, cuyo texto señala: El artículo 41 [14] de la Ley 100 de 1993, reza: “Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, al primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno”. La simple lectura de la disposición transcrita refleja que la intención legislativa fue la de impedir que por el paso del tiempo las pensiones de jubilación se vayan afectando con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda colombiana. Ello explica que se haya dispuesto de manera general el reajuste oficiosamente a primero de enero de cada año de acuerdo con la variación porcentual del índice de precios al consumidor causado durante la anualidad inmediatamente anterior, lo cual señala que con dicho sistema de reajuste, las pensiones deben mantener constante su poder adquisitivo, lo que indica claramente que los de'stinatarios del reajuste pensional son aquellos quienes al primero de enero de cada año tengan la condición de pensionados, bien sea porque ya estén recibiendo su

SCLAJPT-10 V,00 12

4e

Radicación n.” 62089 correspondiente monto o porque estén a punto de recibir la primera mesada. No impone límites el citado precepto para disfrutar del reajuste, ni frente a éste señala condición alguna para su efectividad. Simple y llanamente lo contempla para los pensionados. Y tan pensionado es el que viene disfrutando de su pensión, como el que solo espera el pago de su primera mesada por haberse retirado del servicio, justamente para entrar a disfrutar de su prestación de jubilación. Importa destacar, a manera de ejemplo, que el parágrafo segundo del artículo 1% de la Ley 4“ de 1976, que ordenó un reajuste pensional para los sectores público y priwado, señaló que a ese incremento tendrían derecho quienes estuvieran el status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste, limitación que desapareció con el artículo 1% de la Ley 71 de 1988, que dispuso que las pensiones reguladas por la Ley 4“ de 1976, serían reajustadas “de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual” y que tampoco contempló la disposición que aquí se examina. Luego, si el legislador al expedir el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, no impuso condicionamiento alguno para hacer efectivo el reajuste, salvo la condición de pensionado, el intérprete no puede imponerlo haciendo elucubraciones que no corresponden ni se avienen a su texto y espíritu. En el asunto bajo examen, la demandante se retiró del servicio efectivo a partir del 31 de diciembre de 200?, para entrar a su

condición de pensionada desde el 1% de enero de 2003, todo lo cual le da derecho a que su pensión le sea reajustada en la forma ordenada por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. (Subraya la Sala) Lo anterior cobra fuerza si se tiene en cuenta que los . reajustes pensionales han venido cambiando a la par que se modifican las normas regulatorias de las pensiones, tanto que, si bien una pensión fue causada en vigor de la Ley 4 de 1976, ello no significa que sus incrementos anuales permanecieran impertérritos, pues lo cierto es que los aumentos allí previstos fueron derogados por el artiículo 1 de la Ley 71 de 1988, cuya finalidad no fue otra distinta a regular los incrementos de las pensiones en igual

SCLAJPT-10 V.0O 13

Radicación n.” 62089 proporción a la del salario mínimo legal mensual vigente, variando así el régimen previsto en la mencionada Ley 4. En este sentido se traen a la palestra algunos apartes de la sentencia CSJ SL, 21 mar. 1995, rad. 6960, en la que luego de transcribir el artículo 1 de la Ley 71 de 1988, dijo lo que sigue: [...] El propósito de Ley 7 de 1.988 fue el de incrementar las pensiones en la misma proporción y al mismo tiempo en que se aumentara el salario mínimo, superando así el régimen de reajuste anual que venía aplicándose según el cual, salvo aquellos que devengaran la pensión mínima, los jubilados sufrían un progresivo deterioro de sus ingresos en relación con los de los

trabajadores activos. La ley 71 de 1.988, sin embargo, no dispuso un incremento general de pensiones a partir de su vigencia ni dijo que para los reajustes futuros debía tenerse en cuenta el aumento del salaro mínimo que había operado el 2 de enero de 1988. Simplemente ordenó que los reajustes pensionales se hicieran cada vez que el Gobierno elevara el salario mínimo, en forma simultánea y en el mismo porcentaje. Partiendo entonces del hecho cierto de que la dicha ley empezó a regir el 19 de diciembre de 1988, el incremento inicial de las pensiones bajo su imperio debía producirse con ocasión del primer aumento del salario mínimo que se efectuara a partir de su vigencia. Que ese fue el propósito de la ley 71 lo demuestran de manera clara los antecedentes de su expedición. En las ponencias presentadas en el Senado para recomendar su adopción se dijo lo siguiente: "Con la precisión de que el reajuste se hará cada que se incremente el salario mínimo, se obvia el problema que surge cuando no coincide la fecha de aplicación de este último, con la terminación del período anual que exige la Ley 4“. para que proceda el nuevo ajuste pensional. La legislación anterior, aún vigente, únicamente permite que los ingresos pensionales se modifiquen anualmente. A la luz de la norma nueva ello se haría automáticamente con el salario mínimo” (Anales del Congreso, 4 y 11 de noviembre de 1988). Lo expuesto significa que, al precisar los alcances del artículo 1% de la ley 71 de 1988 en cuanto a la manera cómo debía operar el nuevo sistema de reajuste pensional, el Tribunal Superior

entendió y aplicó correctamente esa disposición y no infringió en SCLAJPT-10 V.0O A Radicación n.” 62089 consecuencia los restantes preceptos invocados por los recurrentes. Posteriormente, el artículo 1 de la Ley 71 de 1988, disposición en la que se fundamentó la decisión del colegiado, fue derogada por el artículo 14 de la Ley 100 de

1993. Sobre el particular se trae a colación la sentencia CSJ

SL, 17 feb. 2009, rad. 35331, cuyo texto dice: [...] Lo precedente puesto que el artículo 1% de la Ley 4“ de 1976, disposición que los actores pretenden que se les aplique, fue derogado expresamente por el 1% de la Ley 71 de 1988 que dispuso “Las pensiones a que se refiere el artículo 1lo. de la Ley 4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobiemo el salario mínimo legal mensual. PARÁGRAFO. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo”. Y este canon fue modificado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, norma que es la que gobierna el asunto debatido, tal y como lo concluyó el juzgador de segundo grado. (Subraya la Sala). En consecuencia, atendiendo los lineamientos anteriores, pese a que la pensión de jubilación legal le fue reconocida al actor antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones, su reajuste no está sujeto a las

disposiciones vigentes para el momento de su causación (Ley 4 de 1976, modificada por la Ley 71 de 1988). sino en aquellas que regulan la materia al instante en que debe realizarse el respectivo incremento, lo que permite concluir que a partir del 1% de enero de 2005 la norma aplicable es el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, reglamentado pbr el artículo 41 del Decreto 692 de 1994.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.” 62089 Lo dicho en precedencia se refleja plenamente en la sentencia CSJ SL, 19 oct. 2011, rad. 41105, en la que dijo expresa y categóricamente que los reajustes pensionales previstos en la Ley 4 de 1976 fueron derogados por las leyes 71 de 1988 y 100 de 1993. En efecto, la providencia en cuestión dice: Pacíficamente, y en múltiples decisiones, en procesos de similares contornos al que ahora concita su atención, la Sala tiene decantado que la Ley 4“ de 1976, fue derogada por las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993 y, en esas condiciones, no es procedente conceder los reajustes con apego a una norma que dejó de tener vigencia, para cuando se causó el derecho a la jubilación. Es así como, por ejemplo, en la sentencia 35213 de 11 de marzo de 2009, se expuso:: “Como se puede observar, este cargo se orienta a que se determine jurídicamente, la procedencia del reajuste consagrado

en el artículo 1% de la Ley 4% de 1976, al resultar aquél más benéfico para los accionantes, aunque el derecho pensional de éstos se hubiera consolidado en vigencia de la Ley 100 de 1993, bajo el argumento de que la Ley 71 de 1988 no pudo derogar la norma anterior al no ser contraria a la misma, siendo en consecuencia disposiciones compatibles, y si bien los demandantes no tenían un derecho adquirido, sí ostentaban una expectativa legítima que les permitía obtener los beneficios de la citada Ley 4“ de 1976. Vista la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal para revocar el fallo condenatorio del a quo, en esencia consideró que para el momento en que los actores consolidaron el derecho a la pensión de jubilación, regía el incremento establecido en el citado artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que corresponde al que la demandada está aplicando, además que con anterioridad a la entrada en vigor de esta normatividad, éstos tenían una mera expectativa, sin que sea dable hablar en este asunto del principio de favorabilidad, por motivo de que para ello, se requería que existierran dos normas vigentes aplicables al caso concreto, lo cual no se cumple porque la Ley 4“ de 1976 está derogada. Planteadas así las cosas, no le asiste razón a la censura y acierta el Tribunal cuando definió que la norma que gobierna lo conceriente a los reajustes anuales para las pensiones de los demandantes, es el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, habida cuenta que bajo su imperio fue que se causó y otorgó el derecho

pensional. SCLAJPT-10 V.00 16 .“ Radicación n. 62089 Como bien lo determinó el Juez Colegiado, el artículo 1 de la Ley 4 de 1976 fue derogado, es así que el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 dispuso expresamente que “Las pensiones a que se refiere el artículo 1% de la Ley 4“ de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. PARÁGRAFO. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo” (resalta la Sala), y en estas condiciones si hay incompatibilidad con respecto a lo regulado en la nueva ley que antes regía. A su vez, el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 fue modificado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, norma que es la aplicable al asunto debatido, tal y como lo concluyó el fallador de alzada. No es de recibo lo planteado por el recurrente, en el sentido de que los demandantes por tener una “expectativa legítima”, eran beneficiarios del reajuste previsto en una norma anterior a su estatus de pensionado, para el caso el derogado artículo 1 de la Ley 4“ de 1976, en virtud de que verdaderamente lo que tenían para la data en que entró a regir la Ley 71 de 1988 eran meras expectativas, que pueden ser modificadas o extinguidas por el legislador. En efecto, los actores solamente vinieron a consolidar su derecho, cuando reunieron los requisitos para acceder a la pensión de

jubilación, quedando sometidos al reajuste pensional vigente para la fecha de su otorgamiento, y bajo este entorno no es factible hablar de expectativas legítimas y menos de derechos adquiridos que hubieran ingresado al patrimonio de su titular, que permita a los promotores del proceso beneficiarse de un reajuste que perdió aliento jurídico, porque la norma que lo contenía desapareció del ordenamiento legal, donde frente a una situación particular como la que se analiza, ese precepto no puede seguir produciendo efectos. En tales condiciones, no es jurídicamente posible que a los demandantes, en calidad de pensionados, se les aplique el reajuste anual y automático contemplado en el derogado artículo 1 de la Ley 4“ de 1976”. Empero, conviene rectificar la postura del Tribunal, en tanto asentó que el reajuste dispuesto por la Ley 4“ de 1976, sólo se aplicaba a quienes hubieran consolidado el status de pensionado a más tardar el 21 de enero de 1975, porque ello sería asumir que el reajuste operó por una sola vez a favor de quienes se encontraban en esa precisa situación, con lo cual quedarían desprovistos del derecho al reajuste anual, las personas que se pensionaran después de dicha fecha, contrartando frontalmente el claro texto y el espíritu de la norma, que no fue otro diferente al de propugnar por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, frente a la galopante inflación de ese momento

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.” 62089 histórico. Entre otros varios pronunciamientos, en sentencia de

31 de enero de 1997, con radicación 9015, se expresó así la Corte: “La tesis del recurrente de ser el espíritu del artículo 2 de la Ley 4a. de 1976 el que deban reajustarse las pensiones, sin distinguir la índole de ellas, nivelándolas hasta alcanzar el límite de los 22 salarios mínimos vigentes en el año correspondiente, no consulta ni el tenor literal de la norma ni el sentido claro que ella tuvo, que no fue otro distinto al de establecer un procedimiento que permitiera reajustar el