CSJ - SL2463-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2463-2023 Radicación n.° 93737 Acta 38 Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MIGUEL ÁNGEL PINTO GUTIÉRREZ contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, trámite al cual se vinculó al MINISTERIO

DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Se reconoce personería a la abogada Rocío Ballesteros Pinzón, con T.P. 107.904 del C.S. de la J., como apoderada judicial del Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y para los efectos del poder allegado a esta corporación.

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Radicación n.° 93737

I. ANTECEDENTES Miguel Ángel Pinto Gutiérrez llamó a juicio a Colpensiones, con el propósito de que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, desde el 12 de diciembre de 2012, data en la cual se estructuró su pérdida de capacidad laboral, teniendo en cuenta para ello las semanas cotizadas, como también el tiempo laborado en

la Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas y

en el exterior en España; la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, básicamente, relató que nació el 13 de julio de 1948; que empezó a «cotizar para el sistema de pensiones de prima media» el 15 de septiembre de 1969, según información expedida por el Ministerio de la Protección Social, en la que consta que aportó 54,28 semanas; que entre diciembre de 1970 y marzo de 1993 cotizó 548,29 semanas; y que laboró en el país de España desde junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2007, esto es, durante 234 semanas. Adujo que según dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, tiene una pérdida de capacidad laboral equivalente al 52,25%, de origen común, con fecha de estructuración 12 de diciembre de 2012, decisión confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; que la accionada le reconoció la indemnización sustitutiva a través de la Resolución 105025

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Radicación n.° 93737 de 2011; que solicitó la revocatoria de esa decisión y, en su lugar, que le concediera la prestación; y que la entidad mantuvo su negativa. Finalmente expresó que tiene derecho a la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, bajo los parámetros previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad.

Colpensiones al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor, el número de semanas que cotizó al ISS, lo referente al estado de invalidez, la solicitud de la pensión y su consecuente negativa. Sobre los demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, manifestó que el accionante no tenía derecho a la pensión, en razón a que no cumplió el requisito exigido por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, pues no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la data de estructuración, que es la norma vigente y aplicable, en la medida que la última cotización la hizo en el año 1993. Formuló como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de la obligación, falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, cobro de lo no debido y la genérica. El juzgado de conocimiento, a través de proveído del 5 de agosto de 2019, ordenó vincular al proceso al Ministerio

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Radicación n.° 93737 de Salud y Protección Social. La referida entidad ministerial dio respuesta a la demanda oponiéndose a las pretensiones. Frente a los hechos, expresó que el actor laboró para ella entre el 15 de septiembre de 1969 y el 30 de septiembre de 1970; y de los restantes indicó que no le constaban. Como argumentos de defensa, adujo que no le correspondía el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada. Propuso las excepciones de inexistencia de requisitos

sustanciales para la vinculación del Ministerio al proceso, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 28 de enero de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el demandante MIGUEL ÁNGEL PINTO GUTIÉRREZ tiene derecho a que COLPENSIONES reconozca y pague a su favor una pensión de Invalidez desde el 12 de diciembre de 2012, en aplicación del PRINCIPIO DE LA

CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES al reconocimiento y pago de una pensión de Invalidez a favor de MIGUEL ÁNGEL PINTO GUTIÉRREZ en cuantía de 1 SMLMV desde el 12 de diciembre de 2012.

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TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES al reconocimiento y pago a favor de MIGUEL ÁNGEL PINTO GUTIÉRREZ del retroactivo pensional desde el 12 de diciembre de 2012 debidamente indexado, autorizando a COLPENSIONES para que de dicho retroactivo descuente lo correspondiente a aportes a seguridad social.

CUARTO: Se niega la excepción de prescripción de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: ABSOLVER al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL de acuerdo con la parte motiva.

SEXTO: Se condena en costas a COLPENSIONES, se fijan 3

SMLMV por concepto de agencias en derecho.

SÉPTIMO: Si no fuere apelada esta decisión remítase en consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver el recurso de apelación presentado por la demandada Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta a su favor, con sentencia calendada 19 de octubre de 2021, revocó el fallo del a quo y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda inicial e impuso costas en la primera instancia a cargo del actor.

Para tomar su decisión, comenzó por establecer que no eran materia de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que el accionante nació el 13 de julio de 1948; ii) que cotizó al ISS, hoy Colpensiones, 548 semanas, entre el 14 de diciembre de 1970 y el 15 de marzo de 1993; y iii) que la fecha de estructuración de la invalidez del actor corresponde al 12 de diciembre de 2012.

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Radicación n.° 93737 Aludió a la finalidad de la pensión de invalidez, y expresó que para acceder a esa prestación se requería, en principio, el cumplimiento de las exigencias establecidas por la norma vigente para el momento en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral, valga decir, para este asunto el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Arguyó que el a quo acudió al principio de la condición

más beneficiosa a efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990; y se refirió de manera general a ese postulado. Rememoró un pasaje de la sentencia CSJ SL, 7 mar. 2018, rad. 56124, respecto a la posibilidad de aplicar una norma anterior a la de la estructuración del estado de invalidez, destacando que se requiere «que … se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006». A partir de lo anterior, coligió que como la invalidez del demandante se produjo con posterioridad a esa calenda, no era posible aplicar el citado principio de la condición más beneficiosa, a efectos de definir la situación bajo el artículo «46» de la Ley 100 de 1993 y, menos aún, según el Acuerdo 049 de 1990. Al respecto dijo: […] la doctrina imperante que de vieja data ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su condición de superior jerárquico de esta Corporación, órgano de cierre de la jurisdicción y unificadora de la jurisprudencia, en la que se ha dejado sentada la imposibilidad de retrotraerse históricamente sobre las normas que regulan la pensión de invalidez en un ejercicio de aplicación plusultractiva de las normas que regulan el tema.

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Radicación n.° 93737 Y para concluir, citó un aparte de la sentencia CSJ SL, 26 jun. 2019, rad. 59630. Bajo estos argumentos, revocó la decisión condenatoria de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones del

actor.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pide que esta corporación case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, confirme el fallo condenatorio del a quo.

Con tal propósito, formula un cargo, que es replicado y que la Sala procederá a continuación a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad; 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1 de la Ley 860 de 2003; 21 del CST; y 53 de la CP.

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Radicación n.° 93737 En la demostración del ataque, la censura puntualiza que no discute las conclusiones fácticas bajo las cuales el ad quem soportó su decisión, particularmente: i) la fecha de estructuración de la invalidez del promotor del proceso, que se produjo el 12 de diciembre de 2012; y ii) que cotizó al ISS, hoy Colpensiones, 548 semanas. Considera que para la resolución del asunto debe tenerse en cuenta la postura de la Corte Constitucional respecto al principio de la condición más beneficiosa, que permite, con fundamento en la confianza legítima, acceder a

un derecho por haber cumplido con la densidad de semanas exigidas con antelación a cuando se produce el cambio legislativo. Cita algunos apartes de las sentencias CC T953-2014 y CSJ SL, 5 jul. 2005, rad. 24280 y arguye que, si bien existe una línea jurisprudencial en el sentido que solo es posible aplicar la norma inmediatamente anterior, lo cierto es que la Corte Constitucional ha establecido que es viable acudir a otro régimen precedente, es decir, admite una definición más amplia de ese postulado, lo cual fue desconocido por el juez colegiado. Transcribe un pasaje de la decisión CC T832A-2013, y esgrime que es dable remitirse al Acuerdo 049 de 1990, pese a que la estructuración del estado de invalidez se generó en vigencia de la Ley 860 de 2003. Añade que el promotor del litigio satisface las exigencias

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Radicación n.° 93737 establecidas en el Acuerdo 049 de 1990, motivo por el cual, tal como lo infirió el a quo, le asiste derecho a la pensión de invalidez.

VII. LA RÉPLICA Colpensiones se opone a la prosperidad del cargo, para lo cual arguye que, en razón a la orientación del ataque, la censura no discute que el demandante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, que ocurrió el 12 de diciembre de 2012, de allí que no es posible acceder a la prestación, aunado a que tampoco cumple con las exigencias de la Ley 100 de 1993 en su

versión original. Añade que no es procedente acudir a una disposición anterior; y que el legislador no previó un régimen de transición, de modo que el juez plural acertó en su decisión. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social solicita que se mantengan las decisiones adoptadas respecto de esa entidad, quien ha cumplido a cabalidad con las obligaciones a su cargo.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la senda directa seleccionada para orientar el ataque, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que el accionante fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 52,25%, con fecha de estructuración 12 de diciembre de 2012; ii) que en los tres años

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Radicación n.° 93737 inmediatamente anteriores a esa data el actor cotizó cero (0) semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones; iii) que el último ciclo de aportes al ISS correspondió a marzo de 1993, entidad con la cual reunió 548 semanas; iv) que adicionalmente laboró en España desde junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2007, esto es, 234 semanas. Precisado lo anterior, se observa que el problema jurídico que debe resolver la corporación se circunscribe a determinar si el colegiado se equivocó al no aplicar el principio de la condición más beneficiosa, a efectos de concederle al demandante la pensión de invalidez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año.

Al respecto, la Corte comienza por recordar que tiene adoctrinado que, por regla general, la norma llamada a regular ese riesgo corresponde a la vigente para la data de estructuración de la invalidez, y que el legislador no previó regímenes de transición para esta clase de prestación. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL468-2022 se puntualizó: […] sobre el asunto que se controvierte, pues se ha dicho que en tratándose del reconocimiento de la pensión de invalidez, la norma que gobierna el asunto, es aquella que se encuentre vigente al momento de la estructuración de la invalidez, que para el caso es el artículo 1.º de la Ley 860 de 2003, en consideración a que dicho estado se consolidó el 8 de enero de 2013.

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Radicación n.° 93737 De ahí que, como bien lo determinó el Tribunal, la norma aplicable en este asunto, en principio, es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, por ser la vigente al 12 de diciembre de 2012, fecha de estructuración, normativa que en lo pertinente reza: Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. “El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009”. 2. […] PARÁGRAFO 1.o. […] PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años. En el caso bajo examen, es un hecho indiscutido que el promotor del proceso fue calificado con un 52,25% de pérdida de capacidad laboral, y que en el lapso comprendido entre el 12 de diciembre de 2009 y el mismo día y mes de 2012, esto es, en los tres años que anteceden a la estructuración de la invalidez, no efectuó cotización alguna ni acumuló tiempo de servicios en ese lapso, de allí que bajo la citada preceptiva legal no tiene derecho a la pensión deprecada, al no contar con 50 semanas en ese periodo.

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Radicación n.° 93737 Así las cosas, tampoco acredita el accionante haber aportado 25 semanas en ese mismo interregno, a las que alude el parágrafo 2 del artículo 1 de la citada Ley 860 de 2003, sin que sea necesario entrar a constatar si el asegurado contaba con el 75% de la densidad de cotizaciones

para obtener la pensión de vejez, que le permitiera acceder a la prestación por invalidez. Recuérdese que según lo reconoció el demandante en la demanda inaugural, el último periodo laborado fue de junio de 2003 al 30 de noviembre de 2007 en España. Ahora, frente a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, esta Sala ha reiterado que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del demandante o la que resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen a futuro (CSJ SL9762-2016,

CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016,

CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL159602016 y CSJ SL15965-2016).

En relación con esta temática, esta corporación en sentencia CSJ SL1040-2021, precisó: No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la

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Radicación n.° 93737 vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su veza la

norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642). Ciertamente, en virtud del referido principio se admite la aplicación de la normatividad, pero inmediatamente anterior, siempre que el afiliado cumpla los requisitos de aquella en el tiempo en que surtió efectos y, adicionalmente, en el lapso que antecede a la estructuración de su invalidez, según las reglas de aplicación que han sido ampliamente desarrolladas jurisprudencialmente. Es por esto que no resulta dable acudir directamente al Acuerdo 049 de 1990, habiéndose estructurado la invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003. Al respecto, resulta necesario recordar lo dicho en tales pronunciamientos, especialmente en la sentencia CSJ SL3550-2022, reiterada en decisión CSJ SL4294-2022, en la que se precisó el criterio uniforme, pacífico y vigente respecto del principio de la condición más beneficiosa, así: Por eso, bajo esa misma senda, también se viene insistiendo que la pretensión del aludido principio es menguar, hasta donde sea razonablemente posible, el impacto negativo que produce una reforma legislativa intempestiva, razón por la cual su construcción y desarrollo ha sido primordialmente jurisprudencial y a través de este mecanismo se han sistematizado, en el transcurso del tiempo, una serie de reglas y criterios que en la sentencia mencionada up supra fueron recordados al memorar la sentencia CSJ SL2843-2021, donde se

identificaron como características del aludido principio las siguientes: […] i) Es una excepción al principio de la retrospectividad; ii) opera en la sucesión o tránsito legislativo; iii) procede cuando se

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Radicación n.° 93737 predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro; iv) entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva; v) entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia – expectativas legítimashabida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, v. g., haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada y vi) respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma. En ese orden de ideas, ha sostenido en repetidas oportunidades esta Sala de la Corte, que la norma llamada a regir la pensión de invalidez es, por principio, la que se encuentre vigente para la fecha de la estructuración de la invalidez definida técnicamente, es decir, en este caso, el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y que,

eventualmente, resulta viable acudir a la norma inmediatamente anterior, es decir, a la Ley 100 de 1993 en su versión original, si se satisface el requisito de temporalidad al que se hace mención en la plurimencionada sentencia CSJ SL2358-2017. Es por ello, que se ha venido sosteniendo la tesis de que no es posible efectuar una búsqueda histórico-normativa en pro de encontrar un precepto que se acomode a la situación fáctica de quien reclama la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, es decir, buscar en el pasado una norma que para ciertos efectos funge como derogada y hacerle producir efectos plus-ultractivos, pues, por regla general las normas atinentes a la seguridad social son de aplicación inmediata y rigen hacia el futuro. También jurisprudencialmente se ha enseñado que el principio de la condición más beneficiosa no es absoluto y tiene que armonizarse de manera racional con otros valores y principios constitucionales, de manera que limitar su espectro de operación a la norma inmediatamente anterior sirve a varios propósitos, que de manera enumerativa se enlistaron en la sentencia CSJ SL1938-2020 de la siguiente manera:

1. Si la potestad de configuración de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del mismo, no tendría sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello haría nugatorio todos los propósitos económicos y sociales que pretenden lograrse con una reforma.

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2. Si los regímenes de transición siempre son temporales, no

hay razón alguna que justifique que la aplicación del principio de condición más beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, así bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende.

3. Tal restricción contribuye a la preservación de otro valor fundamental del ordenamiento jurídico: la seguridad jurídica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jurídicas que emplearán los jueces en la solución de las controversias que se sometan a su consideración, sin que les sea posible acudir a una búsqueda histórica para determinar la norma aplicable a una situación particular; la aplicación del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional.

En conclusión, si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que pueden ser modificadas por el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración. Orientación que ha sido refrendada, como puede verse, en las sentencias CSJ SL3102-2020, CSJ SL3664-2020, CSJ SL44822020, CSJ SL4508-2020, CSJ SL5070-2020 y CSJ SL1552-2021 entre muchas otras. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la jurisprudencia constitucional a la que hizo referencia el Tribunal, esta

corporación ha estimado pertinente apartarse de la misma, en un ejercicio de transparencia, contra argumentando que la aplicación irrestricta del principio de la condición más beneficiosa «afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general»; además de desconocer que «las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacía futuro» (CSJ SL1689-2017). La anterior postura que ha sido refrendada en las sentencias CSJ SL1938-2020, CSJ SL4482-2020, CSJ SL5070-2020, CSJ SL1552-2021, CSJ SL468-2022 entre muchas otras, tan es así que en la referida sentencia CSJ SL4482-2020 se dijo al respecto: […] la tesis del ad quem entra en profunda contradicción con los ajustes que hizo el legislador en las políticas laborales, sociales y

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Radicación n.° 93737 económicas para cumplir con el principio de sostenibilidad financiera (art. 48 CP), que permite que más personas puedan acceder próximamente a una prestación a título de pensión. Por ello, la introducción de reglas como la que avala el Tribunal, puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema de protección social, y comprometer la realización de los derechos de las generaciones

futuras. Por este motivo, la concesión de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago. Lo anterior, por lo demás, acompasa con el artículo 2.º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al cual, la satisfacción de los derechos sociales debe adecuarse a las posibilidades económicas del Estado, esto es, «hasta el máximo de los recursos de que disponga» y teniendo en cuenta «su economía nacional». Por otra parte, el juez de segundo grado aludió a la tesis esgrimida por la Corte Constitucional, según la cual, es posible reconocer pensiones de sobrevivientes o invalidez conforme el Acuerdo 049 de 1990, pese a que el hecho generador –muerte o invalidezdel afiliado se haya producido en vigencia de las leyes 797 o 860 de 2003, respectivamente, siempre que este haya cotizado la cantidad de semanas exigida en la primera de las citadas disposiciones. Al respecto, esta Sala ha señalado reiteradamente que en la práctica, tal planteo comprende: (i) la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa; (ii) la modificación a las reglas definidas por el legislador para el reconocimiento de tales prestaciones; (iii) lo que su vez, puede incidir en los efectos de las reformas introducidas al sistema pensional y, (iv) desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad (CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, SL15922020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020 y SL2547-2020). Asimismo, en las citadas sentencias, también dijo esta Corporación que la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible. Pues bien, en virtud de todo lo anterior, teniendo claro que la fecha de estructuración de la invalidez del actor fue el 15 de junio

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Radicación n.° 93737 de 2007, la disposición aplicable es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que era la vigente para esa data. Tal precepto consagra el derecho pensional en favor del afiliado que «hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez», requisitos que no satisfizo el demandante, pues, no registra semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de su contingencia. Por tanto, bajo ninguna circunstancia era factible resolver su petición de pensión con fundamento en el artículo 39 de la ley l00 en su versión original, ni mucho menos, en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Adicionalmente, cabe anotar que bajo los precisos términos de la sentencia CSJ SL2358-2017, la jurisprudencia ha admitido que el postulado de la condición más beneficiosa para acceder a la pensión de invalidez opera con todo vigor entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por una temporalidad de tres años, esto es, del 26 de diciembre de 2003 al mismo día y mes de 2006, lo cual significa que en el caso del actor no procede su aplicación, por cuanto, por una parte, no contaba con una situación jurídica concreta a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa que debiera ser resguardada; y, por otra, su estado de invalidez se estructuró el «12 de diciembre de 2012», es decir, por fuera del marco temporal al que se ha hecho referencia. De otro lado, con relación al planteamiento del censor de acoger el precedente de la Corte Constitucional, el cual se encuentra plasmado, entre otras, en las sentencias CC SU442-2016 y CC SU556-2019, en el sentido de extender la condición más beneficiosa no solo a la ley inmediatamente anterior, en este caso, la Ley 100 de 1993 en su versión original, sino también al Acuerdo 049 de 1990; cumple decir

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Radicación n.° 93737 que esta corporación ha considerado que dar cabida a ese tipo de determinaciones como la del alto tribunal constitucional, conduce a la «aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la

prestación», las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Del mismo modo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente el efecto general e inmediato de la ley. Las razones antes expuestas justifican que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, no se dé una aplicación plusultractiva de la norma; y si bien no se desconoce que el precedente de la Corte Constitucional tiene fuerza vinculante, esa misma corporación ha diferenciado sus efectos, entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad y las providencias proferidas en acciones de tutela, lo cu