CSJ - SL2465-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2465-2023 Radicación n.°95467 Acta 38 Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JORGE ENRIQUE CÁRDENAS MOLINA contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.

I. ANTECEDENTES Jorge Enrique Cárdenas Molina llamó a juicio a la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en su calidad de sucesora procesal de la extinta Caja de Previsión de las Comunicaciones – Caprecom, con el

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Radicación n.° 95467 propósito que sea condenada al reconocimiento y cancelación de la pensión de jubilación convencional, a partir del 15 de agosto de 1999, en la «modalidad de veinte años de servicio al Estado y cincuenta años de edad», junto con la indexación de la primera mesada; la reliquidación de la prestación jubilatoria de índole legal que disfruta y que se le ha venido sufragando, esto es, la «diferencia mensual de todas y cada una de las mesadas reconocidas […] entre la pensión convencional y la legal que le vienen pagando»; la

actualización de las sumas adeudadas y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 15 de agosto de 1949; que laboró para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom un total de 23 años, 7 meses y 28 días, desde el 16 de abril de 1971 hasta el 31 de marzo de 1995, en forma interrumpida; y que es beneficiario de la pensión convencional de Telecom «en la modalidad de 20 años de servicios al Estado y 50 años de edad». Relató que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 20 años de «cotizaciones» al Sistema de Seguridad Social, por lo que era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibídem, al igual estaba cobijado por el régimen pensional de Telecom, por cuanto al momento de convertirse en una Empresa Industrial y Comercial del Estado a través del Decreto 2123 de 1992, ya se encontraba laborando para dicha entidad.

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Radicación n.° 95467 Adujo que, conforme a la convención colectiva de trabajo, la empresa empleadora otorgaba a sus trabajadores en el sector de las telecomunicaciones, una pensión de jubilación en los siguientes escenarios: i) por laborar 20 años en cargos de excepción y con cualquier edad; ii) por trabajar durante 20 años con el Estado y cumplir 50 años de edad; y iii) por prestar servicios por 25 años sin límite de edad. Puso de presente que Caprecom, a través de la Resolución 0301 del 14 de febrero de 2005, le otorgó una pensión vitalicia de jubilación «pero limitándola a la ley de

conformidad con la Ley 33 de 1985, desconociendo por completo el derecho a la pensión convencional», sin tener en cuenta que solo le faltaba el cumplimiento de la edad mínima para adquirir el derecho extralegal. Finalmente, mencionó que el 2 de agosto de 2016 le solicitó a Caprecom el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional, sin obtener respuesta favorable. La UGPP al dar contestación a la demanda se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor, el tiempo laborado, que era beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el otorgamiento de la pensión de jubilación legal por parte de Caprecom en los términos de la Ley 33 de 1985. Respecto de los demás supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos o simplemente no le constaban.

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Radicación n.° 95467 En su defensa, argumentó que al tenor del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta lo dispuesto en las Leyes 33, 62 de 1985 y 100 de 1993, así como en el Decreto 1158 de 1994, no se podía acceder a reconocer ni a pagar una pensión de jubilación convencional al demandante, pues aquél no acreditaba los requisitos para ello. Formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, al

que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 5 de agosto de 2021, decidió: PRIMERO: DECLARAR que el demandante JORGE ENRIQUE CÁRDENAS MOLNA […] tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión convencional de jubilación a partir del 08 de agosto de 2013, teniendo en cuenta el 75% del promedio devengado como salario base durante el último año. Conforme la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, de acuerdo con lo expuesto en la parte pertinente del presente proveído.

TERCERO: CONDENAR a la demandada UGPP al reconocimiento y pago de la pensión convencional de jubilación y de las diferencias sobre la mesada causadas entre la pensión legal concedida anteriormente y la pensión convencional aquí reconocida al señor JORGE ENRIQUE CÁRDENAS […] sumas que deberán ser debidamente indexadas al momento en que se efectivice su pago, de acuerdo con la fórmula señalada en la parte pertinente de este pronunciamiento de fondo.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada UGPP

[…].

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la UGPP y en el grado de jurisdicción de consulta a favor de esa entidad en las temáticas no apeladas, con sentencia dictada el 30 de septiembre de 2021, revocó el fallo del a quo y, en su lugar, declaró probada la excepción

de inexistencia de la obligación y absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Indicó que, atendiendo las materias de discusión planteadas en el recurso de apelación, los problemas jurídicos a resolver consistían en: definir si le asistía el derecho al demandante para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación regulada por el artículo 10 del Decreto 2661 de 1960 y, de prosperar lo anterior, determinar si el ingreso base de liquidación de esa prestación correspondía al 75% de lo devengado en el último año de servicios. Precisó que se tenían como hechos indiscutidos: i) que Jorge Enrique Cárdenas Molina nació el 15 de agosto de 1949; ii) que a través de la Resolución 301 del 14 de febrero de 2005 Caprecom le reconoció al accionante una pensión vitalicia de jubilación legal, en cuantía inicial de $609.545, a partir del 15 de agosto de 2004; iii) que mediante el acto administrativo 01503 del 24 de junio de 2011 se reajustó dicha prestación, fijando un monto inicial de $823.199; y iv) que el demandante trabajó para la extinta Telecom por

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Radicación n.° 95467 espacio de 23 años, 7 meses y 29 días, de los cuales «18 años y 22 días corresponde a un cargo de excepción». De entrada, el juez de segundo grado advirtió que la sentencia apelada debía ser revocada en su totalidad, ya que el a quo llamó a operar al caso concreto una normativa que

no resultaba aplicable al actor, debido a que el artículo 9 del Decreto 2661 de 1960 fue derogado por el Decreto 3135 de 1968, normativa que a su vez integró el «Sistema de Seguridad Social del Sector Público … de la época». Destacó que, si bien en esa derogatoria se «dejó a salvo a los trabajadores que por sus actividades laboraran en un cargo de excepción», esto es, que desarrollaran tareas exceptuadas durante 20 años de servicios, «específicas de radio y telégrafos», con el fin de que pudieran pensionarse sin consideración a su edad, según el artículo 11 del referido Decreto 2661 de 1960; destacó que no era el caso del promotor del litigio, toda vez que solo acumulaba 18 años y 22 días en «cargos de excepción» (f.° 41), por ende, no podía acceder a la pensión de jubilación bajo ese escenario. Citó en su respaldo la decisión CSJ SL624-2021. Estimó que si bien el demandante era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que contaba a su vigencia con 15 o más años de servidos cotizados (f.° 41) y más de 40 años de edad por haber nacido el 15 de agosto de 1949 (f.° 16), ello no permitía dar aplicación a los artículos 9 o 10 del Decreto 2661 de 1960, como lo reclamó el accionante, toda vez que dichas

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Radicación n.° 95467 disposiciones, como se dijo, quedaron derogadas por el

Decreto 3135 de 1968, que consagró la pensión de jubilación en el sector oficial con 20 años de servicios y 55 años de edad para los hombres. Por ende, concluyó que no había lugar a otorgar dicha pensión de jubilación, ya que la consagrada en el artículo 9 del Decreto 2661 de 1960, con 20 años de servicios y 50 años de edad, fue derogada, manteniéndose en vigor únicamente la prestación del artículo 10 ibídem, que establecía la prestación jubilatoria a cualquier edad, pero con 20 años de servicios en cargos de excepción, presupuesto último que no acreditó el señor Cárdenas Molina. Resaltó que, si bien al proceso se allegó copia de la convención colectiva de trabajo 1994-1995 (f.° 60 a 67), de dicho acuerdo extralegal no se desprendía estipulación alguna referente a la «posibilidad de pensionarse a los 50 años de edad y 20 años de servicios», como se reclamó desde la demanda inicial, pues en ese acuerdo colectivo la única mención que se contempló respecto a asuntos pensionales corresponde a lo contenido en el artículo 27, que establecía la forma de liquidación de la pensión de jubilación, pero en momento alguno fijó reglas sobre su causación o configuración como prestación extralegal. De suerte que tampoco se podría otorgar una pensión al amparo de la CCT. Igualmente, puntualizó que tampoco podía accederse a lo pretendido con fundamento en el Acuerdo JD-0055 del 1 de julio de 1993 (f.° 84 a 103), pues dicho instrumento

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Radicación n.° 95467 emanado del empleador Telecom no sería aplicable al demandante, dado que allí se consagra un régimen de pensiones con 25 años laborados como servidor público (artículo 56) o 20 años en cargos de excepción (artículo 57), a cualquier edad, que es distinto a la pensión reclamada en este proceso, esto es, con 50 años de edad y 20 años de servicios, la cual «no está contenida en ese capítulo del referido Acuerdo». Además, refirió que dicho Acuerdo era anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, de manera que, tratándose del régimen de transición, no había lugar a remitirse al mismo como norma anterior aplicable, pues en el caso concreto del promotor del litigio la disposición pertinente era la Ley 33 de 1985, que acertadamente acogió Caprecom para otorgar la pensión legal de jubilación, por haber cumplimiento el accionante 20 años de servicios en el sector oficial y 55 años de edad el 15 de agosto de 2004. Bajo esos argumentos, concluyó que, al descartarse la posibilidad de causar la prestación implorada a los 20 años de servicios y 50 años de edad, la razón estaba del lado de la accionada al proponer la excepción de inexistencia de la obligación, máxime que, como quedó visto, tampoco le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 10 del Decreto 2661 de 1960. Por último, adujo que, al prosperar el reproche principal de la apelación de la UGPP, referente a la no causación del

derecho pensional a la luz del Decreto 2661 de 1960, no era

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Radicación n.° 95467 dable examinar el punto de inconformidad en relación al IBL y al cálculo de la mesada con el 75% de lo devengado en el último año de servicios. Sin embargo, resaltó que dada la remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sobre el régimen de transición, en lo que atañe al IBL debía sujetarse a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 ibídem.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case en su totalidad la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme en su integridad la decisión condenatoria del a quo y provea en costas como en derecho corresponda.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula tres cargos, los cuales están replicados por la UGPP y que a continuación la Sala estudiará de manera conjunta, pues a pesar de que las acusaciones primera y segunda están orientadas por la vía directa y el cargo tercero por la senda indirecta, lo cierto es que denuncian similar elenco normativo, se complementan en su desarrollo y persiguen igual cometido.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, de los

siguientes artículos: […] 55 constitucional, 467, 468, 469, 470, 475 y 476 del C.S.T., el Decreto 2123 de 1992, el artículo 9 del Decreto 2661 de 1960, al señalar que no se puede aplicar el artículo 27 de la convención colectiva 1994 – 1995 suscrita entre Telecom y el sindicato en Representación de sus trabajadores, y los acuerdos de junta directiva JD – 012 de 1992, JD – 055 de 1993, y el artículo 9 del decreto 2661 de 1960 al señalar que el régimen de transición del actor es el establecido en la Ley 33 de 1985. En el desarrollo del ataque, la censura plantea que el juez plural incurrió en un error al considerar que la norma que cobijaba a los trabajadores del sector de las comunicaciones era el Decreto 3135 de 1968, por cuanto el régimen pensional administrado por Caprecom correspondía al especial contenido en «el Decreto 2661 de 1960». Aduce que las reglas del citado Decreto 2661 de 1960, particularmente la referida a la causación de una pensión de jubilación con 20 años de servicios y 50 años de edad, fueron incluidas en los Acuerdos de Junta Directiva 012 de 1992 y JD 055 de 1993, una vez Telecom se transformó en empresa industrial y comercial del Estado, los cuales le resultaban aplicables. Por último, asevera que: La norma de transición aplicable a los trabajadores de TELECOM, no es la ley 33 de 1985, si no la vigente y aplicables

a los mismos al momento de la transformación en empresa

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Radicación n.° 95467 industrial y comercial del Estado, los cuales quedaron consagrados en los Acuerdos de junta directiva ya señalados y en el artículo 27 convencional y el acta de compromiso suscrita junto con la convención colectiva 1994-1995 y la cual obra en el expediente digital a folio 84 (Primera Instancia cuaderno principal).

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, de los siguientes artículos: […] 53, 55 constitucional, 467, 468, 469, 470, 475 y 476 del C.S.T., el decreto 2123 de 1992, el artículo 9 del decreto 2661 de 1960, del artículo 27 de la convención colectiva 1994 – 1995 suscrita entre Telecom y el sindicato en Representación de sus trabajadores, y los acuerdos de junta directiva JD – 012 de 1992, JD – 055 de 1993.

En la sustentación, el recurrente demandante reproduce argumentos similares a los del primer cargo, referentes a que el ad quem desconoció que pertenecía al sector especial de las telecomunicaciones, el cual contaba con normas específicas para el reconocimiento y pago de los beneficios pensionales, es decir, las consagradas en el Decreto 2661 de 1960, artículo 9, así como las incluidas en los Acuerdos de Junta Directiva JD – 055 de 1993 y JD – 055

de 1993 y que, insiste, debían ser aplicados a su favor. Sostiene que la prestación aquí reclamada «no era de carácter legal sino especial del sector de las comunicaciones» y, en tal sentido, dada su pertenencia al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dicha normativa de Telecom lo cobijaba.

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VIII. CARGO TERCERO Está formulado así: Con base en la causal primera de casación laboral acuso la Sentencia proferida por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por VIOLACION INDIRECTA (error de hecho) de la ley sustancial de orden Nacional, al no dar por probado la existencia de un régimen especial de pensiones en el sector de las comunicaciones y la existencia de una pensión convencional, vulnerando con ello los artículos 55 constitucional, 461, 467, 468, 469, 475 y 476 del C.S.T., el decreto 2123 de 1992, el artículo 9 del decreto 2661 de 1960, del artículo 27 de la convención colectiva 1994 – 1995 suscrita entre Telecom y el sindicato en Representación de sus trabajadores, y los acuerdos de junta directiva JD – 012 de 1992, JD – 055 de 1993.

Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes «errores»: 1.- Al no dar por probado estándolo, que el régimen pensional de Telecom para los beneficiarios del régimen de transición, es especial y que esta contenido entre otros en el Decreto 2661 de 1960, en la convención colectiva y en los acuerdos de junta

directiva JD 012 DE 1992 y JD 055 DE 1993; 2.- Dar por probado sin estarlo que el régimen pensional de Telecom fue derogado por el Decreto 3135 de 1968; 3.- Dar por probado sin estarlo que la pensión del actor debe ser liquidada de conformidad con la Ley 33 de 1985; 4.- No dar por probado estándolo que el accionante es beneficiario de la pensión especial del sector de las comunicaciones, siendo procedente su reliquidación, ordenando la misma de conformidad con la totalidad de los ingresos de carácter salarial del último año de servicios. En el desarrollo del ataque, el impugnante argumenta que en lo referente a las pensiones de jubilación para el personal que pertenecía al régimen de transición del sector de las telecomunicaciones, tiene aplicación lo consagrado en el Acuerdo de Junta Directiva 012 de 1992, particularmente

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Radicación n.° 95467 en su artículo 320 (f.° 153 a 239); que «la pensión de jubilación sería una suma equivalente al 75% del promedio de todo lo que el empleado haya devengado como salario durante el último año de servicio»; probanza que no fue valorada por el ad quem y que su falta de estudio le impidió confirmar el fallo condenatorio de primer grado. De igual manera, indica que el Acuerdo de Junta Directiva 055 de 1993, en los artículos 55 y siguientes, hizo una «consagración de las normas convencionales del sector de las comunicaciones», a través del cual dicho empleador se obligó a reconocer, por conducto de Caprecom, las pensiones

allí consagradas y de las cuales era beneficiario el accionante, entre las cuales, indica, estaba la prestación del artículo 9 del Decreto 2661 de 1960. Finalmente, añade que tampoco se valoró en la alzada la convención colectiva de trabajo 1994 – 1995 (f.° 70 a 85 del cuaderno digital), así como el acta de compromiso 19941995, que protegieron el derecho pensional establecido en el Decreto 2661 de 1960 y agrega: […] el acuerdo convencional y el acta de compromiso 1994 – 1995, en la cual se estableció que: “El gobierno nacional al hacer uso de las facultades contenidas en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, mantendrá las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión que rigen actualmente para los trabajadores con régimen especial, por laborar en profesiones riesgosas, que en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones se consideran como cargos de excepción y están sometidas a un régimen especial de jubilación, a quienes se encontraban vinculados en tal condición a Telecom, a la fecha en que la empresa se transformó en empresa industrial y comercial del estado.

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IX. LA RÉPLICA La UGPP se opone al éxito de las acusaciones formuladas, pues desde la óptica jurídica argumenta que no era posible llamar a operar el artículo 9 del Decreto 2661 de 1960, dado que esta disposición fue derogada por el Decreto 3135 de 1968, como acertadamente lo consideró el juez de alzada.

Asegura que el reproche fáctico planteado tampoco tiene vocación de prosperidad, pues ni la convención colectiva de trabajo 1994-1995, así como tampoco los Acuerdos de la junta directiva de Telecom enlistados en el ataque, permiten inferir que sea posible acceder a lo pretendido por la censura, pues en definitiva la norma en la que se fundamenta la pensión de jubilación reclamada está derogada y no resulta aplicable al promotor del litigio. Por todo ello, solicita que se desestimen los cargos y se mantenga incólume la decisión absolutoria de segundo grado.

X. CONSIDERACIONES Observa la Corte que los cargos propuestos no son un modelo, pues contienen algunas deficiencias de orden técnico, así: en el primero y segundo orientados por la senda jurídica se entremezclan aspectos fácticos y se alude a la valoración probatoria del ad quem, lo cual es inapropiado. A su vez, en el tercer ataque encaminado por la vía indirecta o

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Radicación n.° 95467 de los hechos, no se individualizan debidamente las pruebas, ni se alude a si fueron mal valoradas o dejadas de apreciar, además, en la sustentación se menciona el material probatorio de manera genérica. Sin embargo, tales deficiencias resultan superables, ya que al examinarse en su contexto las acusaciones, es posible deducir cuáles son los puntos de inconformidad formulados por el recurrente demandante, a saber: Desde la óptica jurídica, se sostiene que el colegiado incurrió en un yerro al considerar que la norma aplicable en

materia de pensión de jubilación de los trabajadores del sector de las telecomunicaciones era el Decreto 3135 de 1968; dado que, en decir del recurrente, la disposición pertinente, tratándose de un régimen especial, era el artículo 9 del Decreto 2661 de 1960, al cual se podía acudir en virtud de la transición contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en tales condiciones, al demandante le era factible acceder a la prestación reclamada con 20 años de servicios y 50 años de edad. Y a través de la senda fáctica, el punto de discusión radica en que el juez de segundo grado «no tuvo en cuenta» en su decisión la existencia del Acuerdo de Junta Directiva 012 de 1992; el Acuerdo de Junta Directiva 055 de 1993; la convención colectiva 1994 – 1995 (f.° 70 a 85 del cuaderno digital); y el acta de compromiso 1994-1995; que dan cuenta que el empleador del actor, esto es, Telecom, se obligó a reconocer, a través de Caprecom, las pensiones consagradas

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Radicación n.° 95467 para el grupo de trabajadores de las telecomunicaciones, entre ellas, la pensión de jubilación regulada por el referido artículo 9 del Decreto 2661 de 1960. Conforme lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Corte se circunscribe en dilucidar si el Tribunal se equivocó al negar al accionante el derecho a la pensión de jubilación consagrada en el artículo 9 del Decreto 2661 de 1960, sin tener en cuenta, según el recurrente, que el

empleador Telecom reconoció su aplicabilidad como un régimen especial para el sector de las telecomunicaciones. A pesar de que uno de los reproches está encaminado por la vía indirecta, no hay discusión en sede extraordinaria frente a los siguientes presupuestos fácticos establecidos por el Tribunal: i) que Jorge Enrique Cárdenas Molina nació el 15 de agosto de 1949; ii) que a través de la Resolución 301 del 14 de febrero de 2005 Caprecom le reconoció al actor una pensión vitalicia de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, en cuantía inicial de $609.545, a partir del 15 de agosto de 2004, la cual fue posteriormente reliquidada mediante acto administrativo 01503 del 24 de junio de 2011, fijando su monto en $823.199 mensuales; iii) que el accionante trabajó para la extinta Telecom por espacio de 23 años, 7 meses y 29 días; y iv) que de ese tiempo de labores «18 años y 22 días corresponden a un cargo de excepción». Por cuestión de método, la Sala abordará inicialmente el estudio del ataque jurídico (cargos primero y segundo) y luego el reproche fáctico (cargo tercero).

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1. Aspectos jurídicos.

Tal como quedó visto al historiar el proceso, el ad quem revocó la sentencia condenatoria del a quo, bajo el argumento jurídico de que el Decreto 2661 de 1960, artículo 9, fue derogado por el Decreto 3135 de 1968, normativa que se

integró al «Sistema de Seguridad Social del Sector Público y Privado de la época», por tanto, no había lugar a acceder a la prestación reclamada. El juez plural destacó que si bien, en esa derogatoria normativa se «dejó a salvo a los trabajadores que por sus actividades laboraran en un cargo de excepción» durante 20 años en actividades «específicas de radio y telégrafos», quienes podían pensionarse sin consideración a su edad, ello en los términos del artículo 11 del Decreto 2661 de 1960; ese no era el caso del promotor del litigio, toda vez que solo acumulaba 18 años y 22 días en «cargos de excepción» (f.° 41) y, por ende, no podía acceder a la pensión de jubilación bajo ese escenario, para lo cual citó en su respaldo la decisión CSJ SL624-2021. Pues bien, debe advertirse desde ya que el reproche jurídico aquí planteado no está llamado a prosperar, toda vez que el razonamiento expresado por el colegiado en la sentencia fustigada se encuentra acorde con la jurisprudencia que esta corporación ha desarrollado sobre la materia, según la cual se ha indicado que el Decreto 3135 de 1968, al integrar la seguridad social entre el sector oficial y el privado, a efectos de establecer las reglas del régimen

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Radicación n.° 95467 prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, efectivamente derogó los preceptos que le fueran contrarios y las disposiciones anteriores que regulaban la pensión de jubilación en una determinada área en las dependencias del Estado, entre los cuales estaba el Decreto

2661 de 1960. En esta dirección, esta corporación tiene adoctrinado que las reglas contenidas en el Decreto 2661 de 1960 fueron derogadas por el Decreto 3135 de 1968, manteniéndose únicamente la pensión para cargos especiales (artículo 11), ya que a través de este último decreto se buscó integrar los regímenes prestacionales de los trabajadores del sector público, que es exactamente lo que concluyó el fallador de alzada. En relación a esta precisa temática, debe tenerse en cuenta lo señalado desde la decisión CSJ SL, 1 sep. 2003, rad. 20007, reiterada en las sentencias CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 42694 y CSJ SL624-2021, la cual indicó: En efecto, recuerda la Sala que con la expedición del decreto 3135 de 1968 el legislador extraordinario tuvo la intención, y así lo hizo, de integrar el régimen de seguridad social entre el sector público y el sector privado, y de regular el régimen prestacional de los empleados públicos y los trabajadores oficiales incluyendo, por supuesto, el vigente hasta entonces en las Cajas de Previsión; así fue que en su artículo 27 estableció los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez; pero, además, previó que no quedaban sujetos a esa regla quienes trabajaran en actividades que por su naturaleza justificaran la excepción que la Ley determinara expresamente, disposición con la cual se ha entendido que, respecto del sector de las comunicaciones, solo se mantuvo la excepción prevista en el artículo 11 del decreto 2661. (Subraya la Sala).

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Radicación n.° 95467 Del mismo modo, en la decisión CSJ SL, 24 abr. 1998, rad. 10446, reiterada en las sentencias CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 42694 y CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 47571, se explicó que el Decreto 3135 de 1968 subrogó, entre otras, las normas anteriores que establecían el régimen ordinario de la pensión de jubilación para los trabajadores de las comunicaciones, y al respecto dijo: La simple lectura de las disposiciones que integran el régimen pensional de los afiliados forzosos a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, y en especial la de los tres primeros preceptos, permite concluir que el artículo 9º reguló de manera general los requisitos que debían cumplir dichos afiliados para tener derecho a la pensión de jubilación; que el artículo 10 contempló la situación de los trabajadores con un tiempo mayor de servicios del exigido por la norma general para obtener el derecho a la jubilación; y que el artículo 11 es norma especial, no aplicable a todos ellos, por cuanto privilegia la situación de quienes cumplan 20 años en actividades específicas de radio y telégrafos, quienes podrán pensionarse sin consideración a su edad. Empero, ocurre que en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso en virtud de la Ley 65 de 1967 para realizar la reforma administrativa, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 3135 de 1968 ‘por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el sector privado y se regula el régimen de prestaciones de los empleados

públicos y trabajadores oficiales’, el que dispuso en su artículo 27 que tendría derecho a la pensión de jubilación el empleado público o trabajador oficial que sirviera 20 años al Estado cuando cumpliera 50 años de edad, para el caso de las mujeres, y para los hombres al cumplir 55 años. De este régimen general se excluyó a ‘las personas que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine expresamente’. Para los empleados que al entrar en vigor la norma tuvieran cumplidos 18 años de servicios se mantuvo el régimen anterior. Debe entenderse entonces que el Decreto Ley 3135 de 1968, al unificar los requisitos para pensionarse de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la rama ejecutiva sujetos al régimen general y derogar las normas que le fueran contrarias, subrogó las anteriores que establecían para un determinado sector de la administración pública, como lo es el de las comunicaciones, el régimen ordina