CSJ - SL2472-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2472-2023 Radicación n.° 93900 Acta 38 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por CERRO MATOSO S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 2 de noviembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró JUAN ALBERTO CORONADO MERCADO contra la sociedad recurrente y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Juan Alberto Coronado Mercado demandó a la empresa Cerro Matoso S. A., con el fin de que se declare la ineficacia del despido del que fue víctima, en virtud de la estabilidad laboral reforzada que lo cobijaba.

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Radicación n.° 93900 En consecuencia, solicitó condenar al empleador a reintegrarlo, junto con el pago de salarios, incrementos convencionales y prestaciones sociales legales y extralegales, correspondientes al tiempo transcurrido entre la fecha del despido y el momento en que se haga efectiva la reinstalación. Así mismo a que se le cancelen todos los beneficios contemplados en la convención colectiva de trabajo 2019–2022 y la indemnización de 180 días, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; la indexación de las sumas adeudadas y las costas procesales. Aunado a lo anterior, solicitó condenar a sufragar los

perjuicios morales, aportes a pensión por el periodo comprendido entre el 1 de marzo y abril de 1982, y «a título de perjuicios materiales, el pago de aportes a pensión al sistema de seguridad social del tiempo que le faltaba para alcanzar la pensión» desde la fecha del despido; y que se ordene a Colpensiones corregir la historia laboral. De manera subsidiaria al reintegro, pidió se condene a la demandada al pago de la indemnización prevista en el artículo 16 de la convención colectiva 2019–2022; al beneficio contemplado en el artículo 41 del acuerdo extralegal 2019-2021, denominado «bono por compensación pensión»; y al seguro de vida establecido en el artículo 42 de la convención colectiva de trabajo 2016–2018. Como fundamento de sus peticiones, en la demanda inaugural, junto con su reforma, la que quedó plasmada en un solo escrito, relató que se vinculó a la empresa

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Radicación n.° 93900 demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido del 1 de marzo de 1982 al 20 de febrero de 2019; que fue citado a diligencia de descargos el 1 de marzo de 2018 por la ocurrencia de una «supuesta falta disciplinaria» cometida en contra de la funcionaria Doris Manzano de la ARL Colmena, hechos acaecidos en el área de producto terminado; y que los supuestos fácticos endilgados no acontecieron como los narró la empresa en la citación a descargos, pues él actuó de manera respetuosa para exigir

los resultados de las mediciones efectuadas por la funcionaria de la administradora de riesgos laborales. Explicó que mediante comunicación del 21 de marzo de 2018 fue despedido por violar los numerales 9 y 17 del artículo 93, numerales 12 y 20 del canon 95 y el numeral 6 del 106, todos, del reglamento interno de trabajo, decisión contra la cual interpuso recurso de reconsideración ante el jefe inmediato, el cual fue resuelto el 26 de marzo siguiente de manera desfavorable; que luego recurrió ante el Comité de Relaciones Laborales, quien también ratificó la decisión el 12 de abril del mismo año, data para la cual se encontraba en incapacidad médica; que los motivos aducidos no estaban calificados como falta grave en el RIT; y que para el día de los hechos, la señora Doris Manzano no era empleada de Cerro Matoso S. A. ni familiar del personal directivo de la empresa, sino funcionaria de la ARL Colmena. Señaló que la empleadora materializó la desvinculación, más de un año después, esto es, el 20 de febrero de 2019, sin que se le comunicara razón alguna para dejar en suspenso

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Radicación n.° 93900 la «decisión de despido» y sin que hubiera motivos para retrasar la efectividad de la terminación; que la empresa «perdonó y condonó las presuntas faltas imputadas al trabajador en la carta de despido del 21 de marzo de 2018»; y que en sus 37 años de trabajo nunca fue sancionado por los hechos que generaron la finalización del vínculo, decisión

ilegal, injusta y desproporcionada. Memoró que entre la empresa empleadora y Sintracerromatoso suscribieron las convenciones colectivas 2016-2018 y 2019, ambas oportunamente depositadas en el Ministerio del Trabajo, de las cuales era beneficiario para el momento del trámite disciplinario y del despido respectivamente; y que estaba al día con el pago de las cuotas sindicales. Indicó que el 17 de agosto de 2017 fue calificado por la Junta de Calificación de Invalidez de Bolívar con una pérdida de capacidad laboral del 17,11% de origen común, estructurada el 8 de agosto de 2017; que la pasiva informó que «una vez se valide el acatamiento de la calificación al contenido del artículo 142 del Decreto 019 de 2012», le reconocería y pagaría los beneficios convencionales a que tuviera derecho. Recalcó que el 21 de enero de 2019 solicitó el reconocimiento y pago del seguro de vida e incapacidad contemplado en el artículo 42 convencional, por cuanto para el momento de su despido padecía de graves problemas de salud; que el 10 de diciembre de 2018, la señora Arelys

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Radicación n.° 93900 Anaya Quintana, administradora de recursos humanos de la empresa, informó que él tenía más de 181 días de incapacidades, por lo que en adelante el encargado de su pago era el fondo de pensiones; que la EPS Sanitas expidió incapacidades médicas desde el 2 de enero de 2017 para un total de 309 días acumulados, y que la empresa no solicitó

autorización al Ministerio para despedirlo, a pesar de conocer su estado de salud. Aseveró que al interior de la compañía existe un área de salud ocupacional, la que cuenta con personal para prestar atención y seguimiento de las enfermedades de los trabajadores; que los servicios de salud, antes y después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, los prestaban a través de la Fundación Panzenú, localizada en el Municipio de Montelíbano, tal como lo señalan los artículos 24 a 31 de las convenciones colectivas 2016-2018 y 2019-2022 y que, la compañía realizaba con regularidad exámenes de salud ocupacional sin que él fuese la excepción. Arguyó que el 20 de febrero de 2019 se encontraba incapacitado; que su último salario básico fue de $6.012.000, para un promedio, incluyendo horas extras, recargos y primas legales y extralegales de $7.551.762; que su último IBC en pensiones fue de $19.027.762; que la empleadora empezó a realizar aportes a pensión el 1 de mayo de 1982, pues no pagó los correspondientes a los meses de marzo y abril de ese año; que el 27 de junio de 2019 solicitó a Colpensiones la corrección de la historia laboral para que se incluyeran esos dos meses, sin recibir respuesta para la

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Radicación n.° 93900 fecha de presentación de la demanda inaugural. Relató que el 22 de marzo de 2019 acudió a la acción de tutela en procura de sus derechos, solicitando el reintegro

por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta por su estado de salud; pero el Juzgado negó el amparo aduciendo que existía otro medio de defensa judicial, decisión que impugnó, la que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Al dar respuesta a la demanda inicial (f.º 541), Cerro Matoso S. A. se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, indicó que eran ciertos los siguientes: las fechas de vinculación del demandante a la compañía y las de citación y diligencia de descargos; que la señora Doris Manzano era funcionaria de la ARL Colmena; la presentación de los recursos de reconsideración por el demandante contra el despido y las decisiones desfavorables adoptadas por el jefe inmediato y el Comité de Relaciones Laborales de la empresa, respectivamente; que para el 12 de abril de 2018 el actor se encontraba incapacitado; y que la desvinculación se produjo por los hechos acaecidos el 26 de febrero de 2018. También aceptó la suscripción de las convenciones colectivas 2016-2018 y 2019-2022, las cuales fueron debidamente depositadas ante el Ministerio del Trabajo; la afiliación del actor al sindicato, los descuentos de las cuotas sindicales y la calidad de beneficiario de las convenciones colectivas; la respuesta dada al accionante sobre el inicio del trámite de calificación de invalidez; la reclamación del seguro

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Radicación n.° 93900 de vida e incapacidad convencional; la comunicación mediante la cual la administradora de recursos humanos

informó al demandante que el pago de las incapacidades estaría a cargo del fondo de pensiones por llevar más de 181 días incapacitado y que el actor tuvo un total de 309 días en tal condición. Así mismo, admitió que no solicitó autorización al inspector de trabajo para el despido; que periódicamente realiza exámenes de salud ocupacional a sus trabajadores y tiene de manera permanente a un médico de salud ocupacional; el monto devengado como salario básico y el último salario promedio; la presentación de la acción de tutela por el accionante y el resultado desfavorable. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos, no le constaban o no ostentaban tal calidad. En su defensa manifestó que la culminación del proceso «disciplinario» se materializó el 20 de febrero de 2019, luego de que cesaran las incapacidades del actor, pues antes de dicha fecha no fue posible notificar la decisión adoptada por el Comité de Relaciones Laborales, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 16 de la convención colectiva de trabajo; que jamás existió perdón alguno por la falta cometida; que el vínculo laboral terminó por justa causa porque el trabajador incurrió en incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo; y que las conductas cometidas por el demandante fueron graves, de acuerdo a lo previsto en el RIT y la ley.

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Radicación n.° 93900 Arguyó que desde el año 2017 la empresa viene trabajando consistentemente en aplicar su política de diversidad e inclusión en aras de transformar la cultura para

favorecer el ascenso y empoderamiento de la mujer en la organización, generando espacios para que participen en los procesos de selección y desarrollen sus habilidades y competencias. Agregó que no existía estabilidad laboral reforzada por cuánto para ello se requería el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral; y, además, la decisión adoptada «tiene que ver con una situación objetiva que configura justa causa». Al efecto, propuso la excepción previa de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; y de fondo impetró las que denominó: la inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación, prescripción, petición antes de tiempo, incumplimiento de los requisitos establecidos, ineficacia e inoponibilidad del dictamen expedido por la junta regional, justa causa para terminar el contrato de trabajo e inexistencia de la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Colpensiones, al dar respuesta a la demanda (f.º 955) se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió las fechas de vinculación inicial del actor y las de citación y diligencia de descargos; la comunicación de terminación del vínculo el 21 de marzo de 2018. En general, admitió los supuestos que se podían verificar con la documental allegada con el escrito inaugural. Frente a los

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Radicación n.° 93900 demás hechos dijo que no le constaban. En salvaguarda de sus intereses manifestó que la demanda estaba encaminada a que se declarara la ineficacia

del despido y el consecuente reintegro a la empresa Cerro Matoso S. A.; por tanto, las pretensiones en su contra carecían de fundamento. Agregó que la corrección de la historia laboral por efectos de la decisión que se adopte es una circunstancia meramente administrativa, es decir, que luego de realizados los aportes se debe efectuar la respectiva reclamación tendiente a obtener la corrección aludida. En su defensa propuso las excepciones de buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva y la innominada o genérica. Frente a la reforma a la demanda, Cerro Matoso S. A. (f.° 981) manifestó que teniendo en cuenta que la misma solo se limitó a incorporar una prueba documental, sin modificar los hechos, pretensiones y demás acápites, ratificaba lo manifestado en la contestación inicial. Lo propio hizo la otra demandada. En audiencia del 3 de julio de 2020, el juzgado de conocimiento decidió declarar no probada la excepción previa de no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios, decisión que fue avalada por el Tribunal.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de enero de 2021, resolvió lo siguiente: Primero: Declarar que entre el demandante Juan Alberto Coronado Mercado y Cerro Matoso S. A. existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1 de marzo de 1982 hasta

el 12 de abril de 2018, el cual terminó el 21 de marzo de 2018, como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en que se encontraba el demandante, conforme a lo considerado en esta sentencia.

Segundo: Declarar que la terminación del contrato de trabajo del demandante ocurrida el 21 de marzo de 2018 y prolongada hasta el 12 de abril de 2018 es ineficaz, en consecuencia, se condena a la empresa demandada CERRO MATOSO S.A, a reintegrar al demandante a su puesto de trabajo, en las mismas o mejores condiciones y al pago de salarios, aportes a seguridad social y demás obligaciones laborales dejadas de pagar desde el momento de la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que se efectué el reintegro, todo conforme a las consideraciones.

Sin embargo, el despacho condenará en concreto hasta el momento de este fallo a lo siguiente: Por concepto de salarios: $199.787.399.80

Por cesantías: $16.333.306.33

Por intereses de cesantías: $1.813.498.2

Por prima de servicios: $16.333.306.33

Por vacaciones se condenará a la parte accionada Cerro Matoso

S. A. a que conceda el disfrute de las vacaciones ya causadas conforme lo dispone la ley.

Tercero: se condenará a la demandada Cerro Matoso S.A. a pagar al demandante la indemnización de 180 días de salario prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que el despacho la estima en la suma de $45.310.572, conforme a las consideraciones de esta sentencia.

Cuarto: condenar a Cerro Matoso S.A. a pagar al demandante y

con destino a Colpensiones los aportes correspondientes al tiempo dejado de laborar por el actor.

Quinto: condenar a la indexación de las sumas de dinero reconocidas en esta sentencia, que fueron causadas a favor del demandante y a cargo de Cerro Matoso S. A., para lo cual se debe

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R P E S U M E N D E L IQ U ID A C IÓ NC O N C E P T OS a la r io sr im a E x tr a le g a l d e N a v id a dP r im a E x tr a le g a l d e J u n ioA u x ilio d e C e s a n tía sIn te r e s e s S o b r e C e s a n tía sP r im a d e s e r v ic io sT O T A L D E S A L A R IO S - P R IM A S E X T R A L EV GA AL LO ER S Y P R E S T A C IO N E S 1 2 S 7 71 41 41 711 74 3

O C IA .8 9 8.8

2 4.8 2 4.0 8 0.8 7 9.0 8 0.5 8 8 L .1.8.8.6.1.6.2 E 5443032 S 4668586 utilizar la fórmula […] Sexto: absolver a los demandados Cerro Matoso S. A. de las demás pretensiones de la demanda y absolver totalmente a la parte accionada Colpensiones de las pretensiones.

Séptimo: declarar no probadas las excepciones de fondo presentadas por la demandada Cerro Matoso S. A. y si por

Colpensiones.

Octavo: condenar en costas a la demandada Cerro Matoso S.A. en favor del demandante […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, al resolver los recursos de apelación interpuestos por el actor y Cerro Matoso S. A., mediante fallo del 2 de noviembre de 2021, decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada de origen, fecha y contenido reseñados en el preámbulo de esta providencia, en sentido de que se reconocerán las siguientes condenas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

En cuanto a las cesantías, estas deberán ser consignadas al fondo de cesantías donde se encuentre afiliado el demandante, y las vacaciones y prima de vacaciones, estas deberán ser reconocidas para su disfrute, teniendo en cuenta que se ordenó el reintegro del actor.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás.

TERCERO: CONDENAR en costas y agencias en derecho, a la demandada Cerro Matoso S.A., en la forma indicada en la parte motiva.

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CUARTO: Oportunamente devuélvase el expediente a su juzgado de origen.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal circunscribió los problemas jurídicos a resolver a los siguientes: i) determinar si el juez unipersonal «erró al declarar que el despido del demandante fue ineficaz» y condenar a la

empresa demandada al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones. En caso afirmativo, ii) estudiar si había lugar a cancelar «salarios y prestaciones extralegales incrementadas convencionalmente», iii) establecer si el despido «causó al demandante perjuicios morales»; iv) elucidar si el accionante tenía derecho al reconocimiento y pago de beneficios convencionales establecidos en el artículo 42 de la CCT; y v) analizar si había lugar a declarar probada la excepción de compensación. En primer lugar, dijo que, atendiendo la problemática planteada, debía «establecer si el demandante fue despedido con justa causa». Al efecto, enlistó el material probatorio, en especial, la citación a descargos (f.º 56), acta de descargos (f.º 57), comunicación de «la decisión de proceso disciplinario en la que se da por terminado el contrato» (f.º 62) el recurso de reconsideración y su respuesta (f.º 63 y 69) la solicitud de reconsideración ante el Comité de Relaciones Laborales (f.º 84) acta del Comité de fecha 12 de abril de 2018, en la cual se ratifica la decisión, comunicación de decisión final de fecha 20 de febrero de 2019 (f.º 87), solicitud de aclaración

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Radicación n.° 93900 del testimonio del señor Orlando de Hoyos y carta de aclaración de testigo (f.º 88) y el reglamento interno de trabajo (f.os 90-173). También mencionó el documento con políticas de diversidad de inclusión (f.º 107), reconocimiento por ser la

empresa más equitativa del sector minero (109), documento donde la señora Doris Manzano puso en conocimiento la situación presentada con uno de los empleados (f.º 112), incapacidades y liquidación de contrato de trabajo (f. 168), certificado laboral (f.º 170), pagos al sistema de seguridad social (f.º 171), acción de tutela (f.º 200-212), contrato de trabajo (213) carta al presidente de Cerro Matoso S. A. (233). Acto seguido, citó literalmente la comunicación de fecha 27 de febrero de 2018, mediante la cual la señora Doris Manzano puso en conocimiento de la empresa demandada «una situación presentada con un empleado», cuyo tenor literal dice: En ejercicio de mis funciones como higienista designado por la ARL COLMENA en la empresa Cerro Matoso me disponía a realizar el 26 de febrero del presente año un control crítico consistente en enlistar un monitor a un empleado que sirve como mecanismo de evaluación y chequeo de la calidad del aire (...) Me acerqué al área donde Juan Coronado se ubica y en forma amable y respetuosa le expliqué lo que debía hacer, y que el supervisor lo había asignado a él; también le comenté el objetivo del dispositivo. En ese momento Juan estaba revisando su celular y se fue acercando a mí haciéndome dos preguntas. Me preguntó si debía utilizarlo toda la jornada y que si lo debía llevar puesto en el casino y le informé que debía portarlo la mayor parte del turno, respuesta que no le agradó. Juan de nada empezó a subir su voz, se enfadó, empezó a hablarme en un tono agresivo delante de todos, exigiendo que le mostrara unos

resultados de mediciones -lo cual no es mi funciónel trabajador

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Radicación n.° 93900 seguía levantándome la voz, tratándome descortés e irrespetuosa, delante de todos los presentes. Le solicité que por favor no fuera grosero conmigo, que este era mi trabajo, pues llegó el punto en que fue tanto su maltrato y la agresividad, que me sentí impotente porque no podía realizar la tarea que me habían asignado y del desespero me generó una crisis de llanto que me avergonzó porque había varios trabajadores presentes, entre ellos, Orlando de Hoyos. Al darse cuenta [de] que se me salieron las lágrimas expresó que ese era el tono de voz y que acá se habla así. Juan al final se colocó el monitor y dejó una nota en el formato que decía: Quiero ver los resultados. Luego dijo que el actor fue citado el 1 de marzo de 2018 a descargos y que el día 8 de los mismos mes y año se surtió la diligencia; que se le imputaron cargos por presunto incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 numerales 9 y 17, 95 numerales 12 y 20, y 106 numeral 6 del reglamento interno del trabajo y normas del CST; y que el 21 de marzo siguiente le enviaron comunicación al trabajador «que no seguirá manteniendo el vínculo existente entre las partes», decisión contra la que el afectado presentó recurso de reconsideración ante la Unidad de Negocio Producción Planta, el cual fue resuelto el 26 del mismo mes y año confirmando la decisión.

De igual forma, consideró que el 28 de marzo de 2018, el accionante solicitó otra reconsideración ante el Comité de Relaciones Laborales, la que fue ratificada mediante acta de sesión extraordinaria; y que el 20 de febrero de 2019 le remitieron la «comunicación final de terminación unilateral y con justa causa del contrato». Luego de citar literalmente el contenido de los numerales 9 y 17 del artículo 93 (obligaciones especializadas

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Radicación n.° 93900 del trabajador) numerales 12 y 20 del canon 95 (prohibiciones al trabajador) y el numeral 5 del artículo 106 (justas causas para finalizar el contrato laboral) del reglamento interno del trabajo de la empresa accionada, afirmó que entraba a verificar si efectivamente el demandante incurrió o no en las causales invocadas por la demandada para despedirlo. Al efecto, consideró que al realizar un análisis de las pruebas allegadas al plenario establecía que «la única prueba tenida en cuenta por parte del empleador fue el testimonio de la misma denunciante […] del hecho ocurrido, esto es, la señora Doris Manzano, y el testimonio del señor Orlando de Hoyos, ya que el testimonio del señor Alfredo Manuel Miranda, quien también presenció los hechos ocurridos, no fue tenido en cuenta». Adujo que el dicho de la señora Doris Manzano se contradecía con lo afirmado por el actor, ya que en la diligencia de descargos este indicó que «jamás ha tratado mal a una dama, porque estaría en contra de mis principios, soy una persona que me he caracterizado por ser cortés con las

damas»; y que no aceptó la acusación de haber incumplido el reglamento, «pues en ningún momento ha tratado mal a la señora, ni de palabra o con groserías». Luego citó el testimonio de Orlando de Hoyos, así: PREGUNTADO: Señor Orlando, sírvase manifestar si es cierto o no es cierto que usted el día 26 de febrero de 2018, ofreció disculpas a la contratista Doris Manzano porque presenció como el trabajador Juan Coronado le gritaba y trataba con malos

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Radicación n.° 93900 tratamiento cuando esta le solicitó dejarse instalar un monitor para un control crítico de la compañía. CONTESTÓ: Bueno yo le pedí disculpas a ella por el incidente y que disculpara al compañero por el incidente ocurrido y que no se fuera a sentir mal por lo que había sucedido. Le dije que había momentos en que uno no tenía muy buenos ánimos en el puesto de trabajo y que esos incidentes no dejaban una buena relación entre nosotros y los demás empleados.

PREGUNTADO: Señor Orlando de Hoyos sírvase manifestar lo que sucedió entre Juan Coronado y Doris Manzano el 26 de febrero de 2018, que usted se tomó el trabajo de ofrecerle disculpas a Doris. CONTESTÓ: Ella saludó y preguntó quién era el señor Juan Coronado y le dijo que el señor Heriberto Mendoza había autorizado para colocarle los dispositivos de mediciones a él. Y Juan le preguntó que, sí que mediciones le iba a tomar con ese equipo que iba a instalar, bueno entonces ella le comentó que

eso era aire. Entonces él le dijo que como hacía él para conocer los resultados de esa medición, porque siempre que nos instalaban los aparatos a nosotros no nos mostraban los resultados y por ende él le pedía el favor a ella que si podía mostrar los resultados de las mediciones. Ella le dijo a él que no le levantara la voz y le contestó que esa era su forma de hablar y entonces él le dejó escrito en el formato que por favor le diera los resultados de la medición al final del turno. Cuando Juan le pide a ella los resultados, le dice que ella no da esos resultados y Juan le escribe en el documento que quiere ver los resultados. Ella le dice a Juan que no le grite a lo que Juan le contesta que habla así. Exteriorizó que la primera pregunta formulada fue sugestiva, pues «en ella se indicó que el señor Juan Coronado había gritado y maltratado a la señora Doris Manzano», hecho que precisamente se buscaba aclarar. Agregó que del dicho del testigo no se evidenciaba la configuración del maltrato o irrespeto denunciado, pues si bien Orlando Hoyos ofreció disculpas a la señora Doris por una circunstancia ocurrida, «ello no da cuenta de que efectivamente se hubiese configurado un hecho ofensivo o de maltrato».

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Radicación n.° 93900 Por otro lado, al analizar el testimonio de Alfaro Manuel Miranda, quien en la diligencia de descargos narró lo sucedido así: Podría usted narrar lo que usted presenció de los hechos narrados. CONTESTÓ: (...) En el momento Juancho con su voz le dijo a ella, yo quiero saber a quién le puedo preguntar o usted me

puede decir los resultados de este medidor. Ella le CONTESTÓ: yo no sé darle esa respuesta, porque yo no manejo eso, Juancho le siguió insistiendo que cómo hacía para conocer esos resultados y ella le dijo que en la hoja no podía escribir nada y Juancho tomó la hoja y él escribió que quería ver los resultados. Después de eso, ella le dijo entonces qué, si no se iba a poner los equipos a lo que Juancho CONTESTÓ: que, si se los iba a poner como no, claro que me los voy a poner. Y preguntó en ese momento, que si esos equipos él se los podía traer para el comedor y ella le CONTESTÓ: que debía usarlo todo el turno y que cuando ella regresara se los quitaba a la hora de salida. Con fundamento en estos dos testimonios afirmó que no se evidenciaba que el actor «haya amenazado, agredido, injuriado o le faltara al respeto a su compañera señora Doris Manzano», pues únicamente encontró que el demandante realizó preguntas sobre los resultados del medidor que le estaba instalando, pero «no existe prueba de la consolidación de un acto de maltrato». Prontamente y frente al argumento de la demandada, según el cual la conducta del actor estaba acreditada con los testimonios de Angie Chico Vecino y Claudia Rodríguez, indicó que la primera comentó que «tuvo conocimiento de lo sucedido a través de su jefe y no presenció la situación ocurrida»; y que la segunda expresó que «no tuvo claridad sobre los hechos ocurridos», indicando además que en las oficinas y cuartos de control no se requiere de protección

auditiva, solamente en las áreas de planta.

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Radicación n.° 93900 Por lo dicho, el juez plural concluyó que esos testimonios no acreditaban la existencia de maltrato o irrespeto por parte del demandante, toda vez que los declarantes no presenciaron los hechos, habida cuenta que los conocieron por dichos de terceros; por tanto, la causal alegada como justa causa para el despido no estaba probada, por lo que confirmaba el fallo en este puntual aspecto. A continuación, planteó que «si en gracia de discusión en el plenario se encontrara acreditada la conducta del demandante», la empresa debió realizar un estudio de proporcionalidad entre la actuación del trabajador y la consecuencia que esta generaba. Por ello, señaló que la sanción impuesta «resultaría excesiva, ello teniendo en cuenta que, el actor en el transcurso de su relación laboral no había tenido llamados de atención por circunstancias similares». Acto seguido incursionó en la resolución de los demás problemas jurídicos, especialmente, los relacionados con el pago de salarios y prestaciones extralegales incrementadas convencionalmente, así como la procedencia de los perjuicios deprecados, cuyas consideraciones no se sintetizan dado que no tienen relación alguna con lo debatido en sede extraordinaria.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Cerro Matoso S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que se case parcialmente la sentencia fustigada en cuanto a las condenas impuestas en el «numeral primero que modificó el numeral segundo» de la del Juzgado y, en lo relacionado con la confirmación de las condenas de los numerales primero, tercero y cuarto, para que, en sede de instancia, revoque las condenas del a quo, y en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los cuales se presenta réplica, los cuales se resolverán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa por la vía indirecta la ap