CSJ - SL2482-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2482-2023 Radicación n.° 95715 Acta 38 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por STELLA DE LOS DOLORES JARAMILLO DE DUQUE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 4 de febrero de 2022, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra la FEDERACIÓN

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES Stella de los Dolores Jaramillo de Duque llamó a juicio a la federación accionada para que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Azarías Duque García, ocurrida el 20 de abril de 2017.

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Radicación n.° 95715 En virtud de lo anterior solicitó condenar a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente del deceso junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, la sanción moratoria prevista en el artículo 8 de la Ley 10 de 1972, o subsidiariamente los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. Para sustentar estas peticiones, manifestó que contrajo matrimonio con Azarías Duque García el 25 de mayo de 1961, que tuvieron seis hijos, y que convivieron juntos hasta enero de 1996, esto es, por más de 35 años. Agregó que

después de la separación de cuerpos disolvieron la sociedad conyugal pero nunca se divorciaron y que durante el tiempo en que cohabitaron la Federación Nacional de Cafeteros le otorgó a aquel la pensión de jubilación extralegal. Indicó que el pensionado falleció el 20 de abril de 2017 por lo que solicitó la sustitución pensional ante la demandada, quien la negó debido a que el registro civil de matrimonio contenía una anotación de separación de cuerpos a partir del 17 de abril 1996. Al dar respuesta a la demanda, la Federación Nacional de Cafeteros se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos, aceptó los relativos al matrimonio de la actora y el pensionado; que tuvieron seis hijos, la separación de cuerpos y disolución de sociedad conyugal, el reconocimiento de la pensión de jubilación extralegal a favor del cónyuge, su fecha

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Radicación n.° 95715 de fallecimiento, la reclamación pensional y la respuesta negativa; de los demás indicó que no le constaban. En su defensa aclaró que la pensión otorgada al causante era de carácter compartido con la de vejez que le otorgó el ISS, por lo que la Federación solo tenía a cargo el mayor valor. Explicó que la demandante no tiene derecho a la prestación porque no cumple los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto se estableció que estaba separada de cuerpos de su cónyuge desde hacía 20 años antes del deceso, había liquidado la sociedad conyugal con el

pensionado y no convivía con él al momento de su muerte. Por tanto, tampoco procede la sanción ni los intereses moratorios, más cuando la prestación no es de aquellas previstas en la Ley 100 de 1993. Formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación de reconocer la sustitución de la pensión de jubilación y de pagar sanción e intereses moratorios; prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la señora STELLA DE LOS DOLORES JARAMILLO DE DUQUE […] es beneficiaria de la

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Radicación n.° 95715 sustitución de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge AZARÍAS DUQUE GARCÍA […].

SEGUNDO: CONDENAR a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS al pago de la suma de $179.247.741 en favor de la

demandante STELLA DE LOS DOLORES JARAMILLO DE

DUQUE.

TERCERO: A partir del 1 de septiembre de 2021 se continuará pagando a la señora STELLA DE LOS DOLORES JARAMILLO DE DUQUE una mesada pensional equivalente a la suma de $3.142.717 y hasta que existan las causas que dieron origen a la misma, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre, sin perjuicio de los incrementos anuales de la prestación.

CUARTO: CONDÉNASE a la FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 31 de octubre de 2017 y hasta cuando se haga el pago efectivo de la anterior condena.

QUINTO: Se autoriza a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS para deducir del total del retroactivo reconocido a la demandante el valor correspondiente a los aportes en salud.

QUINTO A: SE CONDENA a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 1 de noviembre de 2017.

SEXTO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por la entidad accionada.

SÉPTIMO: Se condena en costas a la FEDERACIÓN NACIONAL

DE CAFETEROS […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín conoció de los recursos de apelación presentados por las dos partes, y mediante sentencia del 4 de febrero de 2022, revocó la decisión de primer grado, en su lugar, absolvió a la demandada y condenó en costas a la accionante.

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Radicación n.° 95715 Dijo que el problema jurídico consistía en determinar si la actora había demostrado la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, como cónyuge separada de hecho del pensionado Azarías Duque García. Precisó que se encontraban probados los siguientes supuestos: i) Stella Jaramillo y Azarías Duque García, contrajeron matrimonio el 25 de mayo de 1961 (folio 31); ii)

aquel adquirió una pensión otorgada por la demandada mediante Resolución 24 del 29 de septiembre de 1981 (folios 157 a 159); iii) el registro civil de matrimonio contiene una nota marginal que informa de la separación de cuerpos realizada el 17 de abril de 1996, declarada por el Juzgado Sexto de Familia de Medellín (folio 31); iv) mediante escritura pública 887 de 2012, se disolvió y liquidó la sociedad conyugal; v) el pensionado falleció el 20 de abril de 2017 (folios 70 y 71); vi) el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes fue negado por la demandada con base en que existía una separación de hecho (folio 9). Afirmó que la aplicación del inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, con base en el cual el a quo reconoció el derecho pensional, se sustenta en la interpretación efectuada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, el cónyuge separado de hecho que demuestre que convivió con el causante durante al menos cinco años en cualquier tiempo, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. El colegiado aclaró que bajo tal intelección expuesta entre otras en decisión CSJ SL20152021, los requisitos para aplicar la referida disposición legal

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Radicación n.° 95715 son: i) vigencia del vínculo matrimonial y ii) convivencia durante por lo menos cinco años en cualquier tiempo. Sin embargo, el Tribunal consideró que tal entendimiento de la norma desestimaba lo previsto en el aparte final del inciso 3 que dispone que, «la otra cuota parte

le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente»; pues tal regulación implica que a las dos exigencias que prevé la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se debe adicionar un tercer requisito, consistente en la existencia de sociedad conyugal vigente. Explicó que mediante sentencia CC C515-2019 se declaró la exequibilidad de este último requisito para obtener la pensión de sobrevivientes, y se concluyó que no era un presupuesto caprichoso. Luego de recordar algunos apartes de dicha providencia, adujo que conforme a lo resuelto por la Corte Constitucional, si no existe un vínculo sentimental en razón a la separación de hecho, al menos debe estar presente la voluntad de los cónyuges de mantener una relación de tipo económico; pero si están ausentes ambos aspectos, la prestación de sobrevivientes pierde su finalidad, toda vez que no existe lazo alguno que pueda sufrir una afectación por la muerte del pensionado, y que deba ser asumida por el Sistema de Seguridad Social en pensiones. Aclaró que esta misma interpretación ha sido aceptada por el Consejo de Estado, entre otras, en decisión del 30 de enero de 2020, proferida en el proceso 20140002801, de la que citó algunos apartes.

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Radicación n.° 95715 En esa medida, consideró que, en atención al criterio expuesto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, debía entenderse que el inciso tercero del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece como presupuestos pensionales,

la demostración de cinco años de convivencia en cualquier tiempo y la existencia de sociedad conyugal vigente. Partiendo de lo anterior, estimó que la demandante admitió en el hecho tercero de la demanda, que su vida en común con el pensionado cesó en enero de 1996, y así lo corroboró en su interrogatorio de parte. Además, según la nota marginal contenida en el registro civil de matrimonio, se veía que el 17 de abril de 1996 el Juzgado Sexto de Familia de Medellín comunicó dicha circunstancia. En relación con el hecho de la convivencia durante al menos cinco años, el ad quem encontró que estaba demostrado con lo expuesto por los testigos Albany del Socorro Garcés Jaramillo, María Dolores Duque García y Olga Lucía Garcés Jaramillo, quienes informaron que la actora y el pensionado sostuvieron una vida marital entre el momento de su matrimonio, 25 de mayo de 1961, y el año

1996. Aclaró que las declarantes explicaron la razón de su dicho, pues la relación de familiaridad y cercanía con la demandante les permitía conocer los hechos relatados.

Resaltó que no se acreditó la vigencia de la sociedad conyugal para el momento de la muerte del causante, dado que mediante la escritura pública 887 del 19 de septiembre

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Radicación n.° 95715 de 2012, la pareja la disolvió y liquidó; de ahí que no existían vínculos afectivos o económicos para considerarla beneficiaria de la prestación reclamada. Indicó que en los últimos 20 años anteriores al deceso del pensionado no tuvo lugar una convivencia que le

permitiese obtener la sustitución pensional en los términos del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues, debió probar una vida marital durante los cinco últimos años anteriores a la muerte, por tratarse del fallecimiento de un pensionado. Finalmente señaló que, ante la ausencia de condena por la obligación pensional, no era procedente ordenar el pago de los intereses moratorios ni la sanción contemplada en el artículo 8 de la Ley 10 de 1972.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la sentencia del juez colegiado, y en sede de instancia confirme la decisión del a quo.

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Radicación n.° 95715 Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y 1 de la Ley 113 de 1985, en relación con los artículos 13 y 48 de la CP; lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 27 y 31 del

Código Civil. Afirma que no discute las conclusiones fácticas del colegiado, y luego de recordar el texto del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797

de 2003, precisa que el inciso tercero del literal b) de esta disposición se interpretó de manera equivocada, ya que los requisitos que se le exigen a la cónyuge separada de hecho para obtener la prestación de sobrevivientes son: i) haber hecho vida en común con el causante por lo menos durante cinco años en cualquier tiempo y ii) tener vínculo matrimonial vigente a la fecha del fallecimiento. Asegura que la norma no prevé otro tipo de condicionamientos para ese fin, por lo que el Tribunal exigió un requisito no establecido por el legislador. Explica que la disposición legal citada no contempla la existencia de sociedad conyugal o patrimonial vigente a la fecha del fallecimiento del causante como presupuesto para acceder a

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Radicación n.° 95715 la pensión de sobrevivientes; sólo exige que el vínculo matrimonial se encuentre vigente, es decir que no exista divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio a la fecha del deceso del pensionado o afiliado. Por tanto, bien puede presentarse la disolución y liquidación de sociedad conyugal. Sustenta lo anterior en algunos apartes de las sentencias CSJ SL 24 ene. 2012, rad. 41637, CSJ SL13992018 y CSJ SL1080-2022. Agrega que el Tribunal se fundó en lo dispuesto en la sentencia CC C 515-2019 e indicó que esta decisión había declarado la exequibilidad del requisito de vigencia de la sociedad conyugal, y además hizo alusión a que, en ausencia de vínculo sentimental por la separación de hecho, al menos

debía existir la voluntad de los cónyuges de mantener un vínculo económico, pues de lo contrario la pensión de sobrevivientes perdería completamente su finalidad, al no presentarse ningún lazo entre los consortes. Expone que tal argumentación es contraria a lo expuesto en la sentencia CSJ SL3377-2021 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la exigencia únicamente de vigencia del vínculo matrimonial. Estima que la interpretación que hizo el juez de la alzada es restrictiva del derecho a la seguridad social de la demandante quien sostuvo una convivencia efectiva con el causante por más de 35 años y contribuyó a la construcción de la pensión de jubilación que le fue otorgada por la

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Radicación n.° 95715 demandada en el año 1981, además de vulnerar los artículos 21 y 31 del Código Civil.

VII. RÉPLICA La entidad demandada se opone al cargo. Indica que no se señala el concepto de violación respecto a la totalidad de normas denunciadas, y que, aunque en la proposición jurídica se incluye la falta de aplicación de los artículos 27 y 31 del Código Civil, no se sustenta la transgresión de estas disposiciones. Además, pese a que se plantea una alegación respetable, no se incluye un señalamiento puntual en contra de lo argumentado por el Tribunal que evidencie la equivocación que se acusa.

En todo caso, asegura que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 no establece la posibilidad de acreditar una convivencia durante cinco años con el causante en cualquier

tiempo; tal presupuesto resulta contrario a la finalidad de la pensión de sobrevivientes y al contenido de la disposición legal mencionada. Explica que el fundamento de la prestación solicitada es compensar la ausencia del ingreso que aportaba el causante; de ahí que se exijan cinco años de convivencia al momento de la muerte como presupuesto para obtener la pensión, ya que es el sobreviviente quien se ve afectado por la ausencia de dicho ingreso, y ello no acontece cuando la vida marital no existió para la época del fallecimiento, sino mucho tiempo antes.

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Radicación n.° 95715 Por este motivo solicita que la Corte haga un nuevo estudio que pueda sustentar un posible cambio en el criterio jurisprudencial, dado que el entendimiento relativo a la posibilidad de acreditar cinco años de convivencia en cualquier tiempo dista de la filosofía del sistema de seguridad social en pensiones.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal negó la sustitución pensional por considerar que la actora no cumplió la totalidad de los requisitos legales para ser beneficiaria de esta prestación, toda vez que, aunque acreditó un tiempo de convivencia con el causante por más de cinco años en cualquier tiempo y la vigencia del vínculo matrimonial al momento de la muerte, también se demostró que la sociedad conyugal se había disuelto desde el año 2012, circunstancia que, en su criterio, impedía acceder a la prestación, pues era necesaria la vigencia de tal sociedad.

En cuanto a la exigencia de este último supuesto, explicó que, si en virtud de la separación de hecho no existe

un vínculo afectivo entre la pareja, al menos debe contarse con un lazo económico, pues de lo contrario, al no existir ningún tipo de relación se desfiguraría la finalidad de la prestación reclamada. Para la censura, tal entendimiento es equivocado, pues impone un requisito adicional no previsto por el legislador en

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Radicación n.° 95715 el caso del cónyuge separado de hecho. Asegura que el referido inciso solamente consagra como presupuestos para ser beneficiario de la pensión debatida, la convivencia en los términos que indicó el colegiado y la vigencia del vínculo matrimonial, pero no de la sociedad conyugal. Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivocó jurídicamente al establecer que la norma acusada exige igualmente la vigencia de la sociedad conyugal al momento de la muerte del pensionado, como un presupuesto necesario para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Dada la senda de ataque elegida, no son materia de controversia las siguientes premisas fácticas establecidas por el colegiado: i) que la actora y Azarías Duque García contrajeron matrimonio el 25 de mayo de 1961; ii) el señor Duque García adquirió la pensión a cargo de la demandada, reconocida mediante Resolución 24 de 1981; iii) la pareja se separó de cuerpos el 17 de abril de 1996; iv) mediante escritura pública 887 del 19 de septiembre de 2012 disolvieron y liquidaron de mutuo acuerdo la sociedad conyugal; v) el pensionado falleció el 20 de abril de 2017; vi)

la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes y le fue negada con fundamento en la separación de hecho efectuada en el año 1996 y; vii) la actora y el pensionado convivieron durante 35 años, entre el 25 de mayo de 1961 y el 17 de abril de 1996.

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Radicación n.° 95715 Teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del causante, es evidente que la norma que regula el presente asunto es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que en su literal b) inciso tercero, prevé la posibilidad de que la cónyuge supérstite separada de hecho pueda ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. En esta hipótesis, el legislador le otorga preeminencia a la «unión conyugal» aun cuando existiera separación de hecho, bajo la condición de que se acredite una convivencia real y efectiva de al menos cinco años en cualquier época. Esto, claro está, bajo el entendido de que el vínculo matrimonial se mantenga vigente al momento de la muerte. Tal previsión legal está orientada a la protección del vínculo marital, pues lo que le permite al cónyuge acceder a la prestación en estos eventos es «la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial», sin que sean relevantes para la adquisición de la pensión, figuras como «la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal», pues estas no descartan la posibilidad de adquirir el derecho

(CSJ SL362-2021).

Así, la finalidad de la norma, como lo ha precisado la

jurisprudencia de esta Sala, es proteger a quien desde el matrimonio aportó para la construcción del derecho pensional del causante, lo cual se sustenta en el verdadero contenido de la seguridad social y tiene como principio fundamental la solidaridad respecto de quien acompañó al pensionado en la obtención de su pensión y con quien hasta el momento de su muerte se mantuvo vigente el vínculo

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Radicación n.° 95715 matrimonial; sin que temas propios del derecho de familia como la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, que tienen consecuencias diferentes, resulten determinantes. En efecto, a diferencia del contrato de matrimonio que conlleva efectos de orden personal, entre otros, la sociedad conyugal que se deriva de él tan solo hace referencia al régimen económico de la unión y tiene implicaciones meramente patrimoniales; de ahí que, si lo que el legislador pretendió amparar fue el vínculo marital, no es dable condicionar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la vigencia de la sociedad conyugal o de bienes. Se trata de dos conceptos distintos, solo que, a diferencia de lo señalado en la sentencia impugnada, para efectos de obtener la pensión de sobrevivientes no se requiere la vigencia de ambos al momento de la muerte, sino únicamente del vínculo matrimonial, con independencia de que la sociedad conyugal perdure o no. Así lo explicó esta corporación en decisión CSJ SL1399-2018, reiterada entre otras en CSJ SL5141-2019, CSJ SL4499-2020, CSJ SL18692020, CSJ SL362-2021, CSJ SL359-2021, CSJ SL1180-2022

y CSJ SL398-2022: Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho.

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Radicación n.° 95715 En efecto, la antinomia contenida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, visible cuando en su inciso 2.° hace referencia a «sociedad anterior conyugal» y, en el tercero, a «unión conyugal», fue resuelta por la Corte a favor de la última a través de sentencia SL, 13 mar. 2012, rad. 45038, en los siguientes términos: El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia de la “unión conyugal” y la restante con la de la “sociedad conyugal vigente”. Estima la Sala, que si la protección que otorgó el legislador fue respecto del vínculo matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no hubo divorcio, pues por el especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y

con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se conforma con ocasión de aquel. Esa distinción, en eventos como el aquí se discute es de especial interés, pues frente a los primeros, inclusive, subsiste la obligación de socorro y ayuda mutua, que están plasmados en el artículo 176 del Código Civil que dispone que “los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”, y en el propio artículo 152, modificado por el artículo 5 de la Ley 25 de 1992, prevé que el matrimonio se disuelve, entre otros, por el divorcio judicialmente decretado. Así, por ejemplo, en sentencia C-533 de 2000, la Corte Constitucional abordó la naturaleza del matrimonio, y en torno al punto que aquí interesa estimó: “(…) el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas (…) En el matrimonio (…) las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”. Por demás, es el propio artículo 42 de la Constitución Política el que señala que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, y si a ello se suma la

voluntad del legislador de proteger la “unión conyugal” a la que hizo referencia la norma que aquí se discute, no sería propio negar el otorgamiento de la prestación cuando la sociedad conyugal esté disuelta, pero exista el verdadero vínculo jurídico,

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Radicación n.° 95715 máxime cuando en este evento, el propio Ramón Antonio Castrillon Uribe, en desarrollo de sus obligaciones de socorro y ayuda mutua, previó el tema pensional e incorporó en la cláusula atrás trascrita su deseo de prodigar amparo, a quien convivió con él por más de 20 años. La anterior interpretación la ratifica la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que, a diferencia del contrato matrimonial, el cual incorpora derechos y obligaciones personales tales como los de socorro y ayuda mutua, tolerancia y respeto a la personalidad del cónyuge, los cuales subsisten mientras el vínculo no sea disuelto por muerte, divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la sociedad conyugal hace referencia al régimen económico de la unión. Por lo tanto, el primero de los conceptos posee un significado subjetivo e intrínseco, del cual emanan unos deberes personales, mientras que el segundo alude a una sociedad patrimonial o de bienes. Al compás de lo anterior, no es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que responden a contenidos netamente económicos, sino más bien a la vigencia del contrato matrimonial, dado que es esta unión la que confiere

derechos y asigna obligaciones personales y subjetivos a los consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar. Pero tampoco resulta acertado enervar el derecho pensional ante figuras tales como la separación de hecho o de cuerpos, toda vez que en la primera de estas situaciones la obligación de convivir subsiste y en la segunda tan solo se excluye la de cohabitación, pero no la de socorro y ayuda mutua que, pese a esas circunstancias, subsiste. Para decirlo de otro modo, la separación de cuerpos, figura jurídica en virtud de la cual solo se extingue el deber de cohabitación, no es un obstáculo para que el consorte que haya convivido durante 5 años con el causante, acceda a la prestación. Así mismo, la separación de hecho, tampoco frustra este derecho, pues esta circunstancia fáctica no extingue de suyo los deberes recíprocos de los cónyuges de entrega mutua, apoyo incondicional y solidaridad, los cuales perviven hasta tanto se disuelva el vínculo matrimonial. Ello explica por qué, para el legislador del 2003 a pesar de la separación de hecho de los cónyuges, es decir, de la cesación de la comunidad de vida, si alcanzan a convivir al menos 5 años, el supérstite puede adquirir la pensión de sobrevivientes mientras ese vínculo no se disuelva, ya que los deberes de la pareja subsisten, al margen de si se allanaron a ellos o no.

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Radicación n.° 95715 Así las cosas, en resumen, el cónyuge con unión marital vigente,

separado o no de hecho, que haya convivido en cualquier tiempo durante un lapso no inferior a 5 años con el afiliado o pensionado fallecido, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes (la Sala resalta) En ese orden, en la hipótesis prevista por el legislador en el inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para que la cónyuge separada de hecho pueda considerarse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, basta que acredite una convivencia con el causante de por lo menos cinco años en cualquier tiempo y que para el momento de la muerte el vínculo matrimonial subsista, sin que sea una exigencia legal que la sociedad conyugal, que se deriva de él, también se mantenga vigente. Por tanto, queda en evidencia el error jurídico del Tribunal al exigir un requisito adicional a los previstos legalmente para obtener la pensión aquí discutida, como es la pervivencia de la sociedad conyugal. El colegiado tampoco podía tener en cuenta esta circunstancia para sustentar que luego de la separación de hecho se debía mantener algún tipo de vínculo entre los cónyuges, al menos de carácter económico ante la evidencia de la cesación de la relación afectiva. Se afirma lo anterior, como quiera que el criterio actual de esta Corte frente al artículo 13 de la Ley 797 de 2003 es que, en el caso de la existencia de cónyuge supérstite separada de hecho, no es necesario demostrar que se haya mantenido un «vínculo vivo, actuante y vigente» hasta el momento de la muerte, pues ello no lo prevé la referida

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Radicación n.° 95715 disposición legal y menos aún, si se trata de una relación de orden económico. Para esta corporación, la prueba de este tipo de lazos al momento del deceso no se corresponde con las realidades o situaciones sociales que la norma pretendió regular. Ello, como quiera que, comúnmente, tal separación ocurre por problemas estructurales en las relaciones matrimoniales, que a la larga generan el distanciamiento de los cónyuges y que son imprevisibles por el legislador; de ahí que el rol del juez es interpretar la norma conforme las particularidades de cada caso, es decir, darle el alcance que corresponda según cada situación que no pudo anticiparse en la ley. (CSJ SL359-2021). En la decisión CSJ SL359-2021, se reiteró lo expuesto en la sentencia CSJ SL5169-2019 que aclaró la improcedencia de exigir este tipo de vínculos para obtener la prestación pensional en la hipótesis contenida en el inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003: Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 establece: […] [..] Pues bien, de la normativa trascrita se colige que, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho del causante, la acreditación para el momento de la muerte de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de

sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b). Nótese que en el texto de la aludida disposición se hace referencia