CSJ - SL2511-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2511-2023 Radicación n.° 96510 Acta 32 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el BANCO DE BOGOTÁ S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022), en el proceso ordinario que le promovió JULIO

CÉSAR LUNA MACÍAS.

I. ANTECEDENTES Julio César Luna Macías llamó a juicio al Banco de Bogotá, para que se declarara que estuvo vinculado con esta, a través de varios contratos de trabajo continuos, desde el 23 de marzo de 1993 al 1° del mismo mes pero de 2016 y que el último cargo que desempeñó fue el de jefe de operaciones electrónicas.

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Radicación n.° 96510 Como consecuencia de lo anterior, suplicó por el pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa previsto en el numeral 4° de la Convención Colectiva 1991 – 1993 o la prevista en el artículo 64 del CST, debidamente indexadas (f.° 537 a 573 del cuaderno 2). Soportó esos requerimientos argumentando que desde el 23 de marzo de 1993 se vinculó laboralmente con el enjuiciado; que, en su cargo final, sus actividades las ejecutó

para la administración de convenios y operaciones de canales electrónicos, del departamento de operaciones de la dirección de servicios bancarios de la vicepresidencia de sistemas y operaciones. Adujo, que desde el 2011 al 1° de marzo de 2016, ocupó el cargo de jefe de operaciones electrónicas y sus funciones eran las de planear, coordinar y supervisar los procesos ejecutados en el área; realizó el control y seguimiento al «P y G del área y partidas pendientes», así como el seguimiento continuo dando respuesta a las variaciones de las cuentas; que autorizaba, con su firma, los ajustes a las cuentas corrientes y de ahorros de los clientes, es decir, aprobaba el abono de dineros a los usuarios que reclamaban reintegros de zonas de autoservicios electrónicos, cuando se presentaban inconvenientes en los hall bancarios. Expresó, que esos lugares, eran cajeros automáticos que recibían operaciones de cartera, transferencias y pagos de tarjetas de crédito y los ajustes eran realizados a través de

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Radicación n.° 96510 transacción 530, que era el procedimiento interno administrativo impuesto por el empleador, para solucionar problemas presentados en las diferentes transferencias; que dichas pautas iniciaban con un correo electrónico enviado por el gestor I banca personas al auxiliar de operaciones I. Explicó, que el auxiliar analizaba el estado del error de la transacción, con el fin de efectuar la conciliación de las operaciones y revisar los ajustes a esas operaciones; que ese examen se realizaba con el «log» de la transacción generado por el «Beltech», que era un aplicativo electrónico utilizado

para corroborar el error de las transacciones; que se diligenciaba el formato de canales que era genérico para todos los procesos ejecutados en el área; que se anexaban unos soportes físicos al formato de canales, conformado básicamente por el correo electrónico enviado por el Gestor I banca personas, junto con una tirilla de la operación; que esa acción se revisaba por el oficial de operaciones y este se encargaba de verificar que los documentos correspondieran al ajuste que se iba a realizar. Agregó, que la función del oficial de operaciones consistía en validar que los registros utilizados por la conciliación contable y transaccional, fueran adecuados, para que no generarán diferencia ni ajustes errados a cuentas de clientes incorrectos; que esa validación, verificación y cotejo, no está señalado que deba realizarse contra una herramienta o aplicación adicional; que, después de efectuada esa operación, el oficial firmaba la planilla para que se realizara el arreglo y, seguidamente, se enviaba el

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Radicación n.° 96510 trámite al jefe de operaciones electrónicas, quien revisaba los instrumentos de manera aleatoria. Manifestó que, en su oportunidad, como jefe de operaciones le entregaron documentos electrónicos, para que realizara sobre ellos, las tareas que le fueron encargadas; que, efectuándolas, no estimó necesario realizar nuevas validaciones; que debió entregar el ajuste de cuentas a otro auxiliar de operaciones para que este procediera a grabarlos a través de los canales del banco y luego, impactar las cuentas con los abonos en el aplicativo de canales; que el auxiliar de operaciones ingresaba el número de transacción

1792 (ajustes de cuentas de ahorro), 530 (donde está la cara de la cuenta) y el número del producto financiero, sin que se exigiera otro requisito. Expresó, que el auxiliar de operaciones hacía las 4:30 pm, imprimió dos juegos del «log canales», que reflejaban el número de cuenta, la transacción y el valor; que se realizó nuevamente una revisión para asegurar que los ajustes entregados por los diferentes auxiliares y oficiales, se hubieran aplicado correctamente a las cuentas, ejecutándose otras planillas que se habían suscrito previamente. Explicó, que en el proceso de ajustes de canales también participaban otras áreas del enjuiciado, como la vicepresidencia administrativa; que el auxiliar de operaciones I, entre el 6 de agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016, realizó transacciones fraudulentas a su favor, para autorizar el abono de 111 planillas de ajuste de canales, que

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Radicación n.° 96510 sumaron un desfalco de $353.994.000; que de esas planillas, 94 fueron autorizadas por el petente, pero cumpliendo con el procedimiento administrativo que le impuso el accionado. Narró, que fue citado a descargos por la posible comisión de conductas calificadas como faltas graves; que esa diligencia se celebró el 21 de febrero de 2016 y su contrato finalizó, el 1° de marzo del mismo año. El accionado se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. Aceptó los extremos de la relación laboral, pero informó que este omitió reportar los inconvenientes del hall

bancario, lo que condujo a que aprobara reclamaciones falsas realizadas por el auxiliar de operaciones, generándole un detrimento patrimonial. En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones, falta de causa para pedir, buena fe, pago, prescripción, cobro de lo no debido y falta de título y causa (f.° 594 a 615 ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, con fallo del 5 de diciembre de 2019 (f.° 1028 y 1029 del cuaderno 2), declaró que entre los contendientes existió una relación laboral, desde el 23 de marzo de 1993 hasta el 1° del mismo mes, pero de 2016, que finalizó sin justa causa.

Condenó al demandado, al pago de $125.439.091 a título de

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Radicación n.° 96510 indemnización por despido, que ordenó se debía indexar al momento del pago. Absolvió de las restantes pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia del 29 de abril de 2022, confirmó la de primera instancia

(expediente digital). En lo que interesa al recurso extraordinario, señaló que establecería si el demandante fue despedido sin justa causa y si debía concedérsele la indemnización prevista en el artículo 4° de la Convención Colectiva 1991 – 1993. Previo a definir esas situaciones, señaló que no se

discutía que, entre las partes, existió un contrato laboral a término indefinido, ejecutado entre el 23 de marzo de 1993 y el 1° de marzo de 2016 y, que el último cargo que el actor desempeñó fue el de jefe en la sección operaciones electrónicas. Para resolver el primer tema, citó la carta con la que se dio por terminada la vinculación e indicó: Teniendo en cuanta lo motivos de la terminación del contrato y lo señalado en los argumentos del recurso, los mismos se circunscriben principalmente en negligencia y omisión del actor en sus funciones, al no verificar cada una de las planillas que le fueron entregadas por el ex trabajador ANDRÉS FAJARDO funcionario subalterno suyo, quien realizó el fraude a la entidad bancaria, a efectos de establecer si efectivamente la conducta del actor se hizo de manera negligente es necesario establecer si

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Radicación n.° 96510 tenía la obligatoriedad de verificar todas las planillas entregadas por sus subalternos en los aplicativos de la entidad denominados CMR y ONBASE, frente a lo cual se observa que entre las funciones del JEFE II de operaciones canales electrónicas no se encuentra establecida como tal dicha función, sin embargo, del documento obrante a folios 9 a 12, se observa que se encuentra diligenciado a mano las siguientes: "aprobar las operaciones de conciliación por el aplicativo conciliar - generar y aprobar las operaciones de ajustes en el portal". Al ser escuchadas las declaraciones rendidas en primera instancia, se observaron varias situaciones que llaman la atención de la Sala, en primera medida si bien dos de los testigos

que declararon a favor de la parte actora, fueron empleados de la entidad accionada y despedidos por los mismos hechos que llevaron al despido del actor y quienes también interpusieron una demanda laboral en contra del banco, esto es, los señores DARWIN JAVIER GONZÁLEZ PACHECO y DIANA MARÍA ACOSTA PEÑA lo cual conllevaría a determinar que tienen un interés en el presente proceso. No obstante, se tiene que sus versiones coinciden con las manifestadas por los testigos de la parte demandada JEIMMY PAOLA MENDEZ, HÉCTOR OSWALDO PELAEZ y SIXTO CLEMENTE VARGAS, al manifestar que los soportes que le fueron entregados al demandante eran de manera física y los mismos, eran previamente revisados por dos de sus subalternos, no existiendo la obligatoriedad dentro la entidad de verificar en los aplicativos todas las planillas objeto de reclamo. Seguidamente descendió a los testimonios de Jeimmy Paola Méndez, Héctor Oswaldo Peláez, Sixto Clemente Vargas y sostuvo: Del recuento de las actuaciones procesales que se surtieron, la Sala comparte las razones jurídicas consignadas por el a quo, pues efectivamente queda claro que dentro de la entidad bancaria no se encontraba establecido de manera específica que para cada una de las planillas de reclamos que se allegaban al jefe de operaciones electrónicas, éste debía verificar en los aplicativos CMR y ONBASE la información, se habla en el manual de funciones de un sistema de conciliación, pero del mismo refiere el actor en su interrogatorio que dicho aplicativo hasta ahora se estaba implementando en la entidad, versión que es corroborada

por el testigo DARWIN JAVIER GONZÁLEZ PACHECO, no quedando constancia en el caso que nos ocupa que con dicho sistema de conciliación se hubiere podido alertar la situación presentada, de lo contrario; se insiste por parte de la entidad

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Radicación n.° 96510 bancaria que los aplicativos para verificación eran CMR y

ONBASE.

Empero, el mismo señor HÉCTOR OSWALDO PELÁEZ quien fue la persona que remplazo al demandante y que a pesar de que también fue engañado por el señor ANDRÉS FAJARDO, firmando las autorizaciones para los abonos, se encuentra vinculado a la entidad, confirmó que no existía la obligación por parte de la entidad bancaria de verificar todas las operaciones, sino que se hacía aleatoriamente, pues previamente ya habían sido verificadas por otros funcionarios, tal y como lo ha venido reiterando el actor, de manera que si el señor ANDRÉS FAJARDO alteró la información desde el momento inicial del proceso, resultaba difícil para el demandante darse cuenta del fraude que se estaba presentando, sin que con ello se deba desconocer que la labor del actor no merecía cuidado, pues era la persona encargada de autorizar el abono de los dineros objeto de reclamación por los clientes del banco, sin embargo, debe decirse que la demandada tampoco tenía un plan adecuado para este tipo de operaciones, pues el mismo se efectuaba de manera manual, situación que era conocida por la misma entidad, tanto así, que el mismos señor HÉCTOR OSWALDO PELÁEZ continuó haciéndolo durante el tiempo en que el actor no estuvo sin que el

banco hubiere manifestado que no era la manera correcta de hacerlo. Si bien es cierto, que en cuestiones de manejo de dineros no siempre se debe partir de la buena fe, en el caso sub examine no se trataba de un asunto de buena o mala fe, sino de un procedimiento previamente establecido por la entidad el cual de por si no era del todo seguro, pues si hubiere sido así el funcionario que cometió el fraude se le hubiere dificultado hacerlo, procedimientos que siguió rigurosamente el actor sin que él mismo mostrará algún signo de alarma, pues los documentos que él firmaba venían alterados desde su inicio, lo cual también impidió que el señor HÉCTOR OSWALDO PELÁEZ se diera cuenta de la situación, téngase en cuenta que el señor HÉCTOR OSWALDO PELÁEZ no se dio cuenta del fraude por sus propios medios o porque le hubiere llamado la atención algún aspecto irregular durante su labor, sino porque fue alertado por otra funcionaria quien entró al sistema de validación y por curiosidad verificó las cuenta de transacción. Ahora, en lo que respecta al tope máximo que tenía la entidad para éste tipo de operaciones, no existe prueba fehaciente con la cual se pueda establecer que efectivamente era un orden implementada por la entidad y puesta en conocimiento a sus trabajadores, de hecho resulta dable resaltar que esos montos máximos se venían autorizando por el actor antes del suceso, sin que la entidad le hubiere hecho algún llamado de atención al respecto, lo cual demuestra que era una prohibición no conocida por el demandante o así se deja ver de las pruebas recaudadas.

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Radicación n.° 96510 Debe tenerse en cuenta también que, si bien el actor tenía plenas capacidades para asumir el cargo, era obligación también de la entidad bancaria brindarle herramientas eficaces para su cabal cumplimiento, lo cual brilla por su ausencia en este asunto. Así las cosas, no se encuentra demostrada la falta grave endilgada al demandante, pues éste siguió los protocolos dispuestos por la entidad, consistentes en la verificación de los documentos revisados previamente por los auxiliares de operación y verificación de los mismos en el sistema solo de manera aleatoria, situación por la cual se concluye que el despido presentado al demandante fue injusto, al echársele toda la responsabilidad al ser jefe área donde se hizo el ilícito, cuando el procedimiento interno de la entidad no era del todo eficiente y seguro, téngase en cuenta además que con las documentales que se encuentran a folios 13 a 16, el actor ya venía manifestando a la entidad inconvenientes dentro de su área, como temas de carga operativa e inconvenientes en la herramienta de asignación CVU siendo imposible contar con los usuarios requeridos para el traslado. Para establecer si la Convención Colectiva 1991 – 1993, en lo relativo a la indemnización por despido, se encontraba vigente, citó el artículo 479 del CST y procedió a revisar los acuerdos extralegales aportados al plenario, encontrando que el artículo 4° de la inicial mencionada, no fue reproducido, modificado o derogado en las posteriores, lo que significaba, que ese beneficio aún se mantenía vigente. Para soportar esa tesis, reprodujo las sentencias de casación CSJ

SL1829-2021 y CSJ SL445-2020.

Finalmente, concluyó: Conforme a lo expuesto no cabe duda de que le asiste derecho al demandante a la indemnización por despido convencional consagrada en el artículo 4° de la convención colectiva 19911993, ya que, si bien ingresó a laborar para entidad demandada con posterioridad, el beneficio convencional permanecía incólume como bien se ha venido explicando, situación que lo hizo acreedor a la misma.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y lo absuelva de las pretensiones formuladas en su contra. En subsidio pretende la infirmacion parcial de la decisión, en lo que tiene que ver con la indemnización por despido convencional.

Realizado lo anterior, solicita se revoque la sentencia del Juzgado en ese aspecto y se le condene al pago de la legal. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudiarán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía indirecta, a causa de la aplicación indebida de los artículos 58, 60, 62 y 64 del CST.

Los yerros que dice cometió el Tribunal, son los siguientes:

1. No dar por probado estándolo que el demandante tenía la

obligación de utilizar los aplicativos CMR y ONBASE para el desarrollo de sus funciones.

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2. Dar por probado sin estarlo que el Banco demandado no le suministró al demandante herramientas eficaces para el cabal cumplimiento de sus funciones.

3. Dar por probado sin estarlo que el demandante realizaba la verificación de documentos y operaciones de manera aleatoria en el sistema.

Esas equivocaciones las supedita a la errada apreciación de estos medios de convicción:

1. Perfil del cargo de jefe II de la División de Sistemas y Operaciones (Fol. 9 a 12).

2. Acta de entrega de cargo (folio 14 a 16).

3. Proceso de conciliación de operaciones realizadas en hall banca electrónica. (Fol. 20 a 31).

4. Acta de descargos del demandante (folio 36 y sig.).

Al desarrollarlo, cita la decisión cuestionada y sostiene del perfil del cargo de jefe II se observa que sus funciones específicas son la de control de procesos, que incluye la de realizar seguimiento e inspección de indicadores de área con el fin de identificar fluctuaciones; que las relacionadas con el sistema de control interno se incluye la de evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos. Señala, que en el numeral 4° está claro que facilitó a sus funcionarios recursos informativos para que desarrollaran, de la mejor manera, la tarea encomendada; que está acreditado que el fraude cometido lo realizó el funcionario Juan Felipe Fajardo, al realizar transferencias con destino a cuentas de sus familiares o de otros allegados;

que todos los testimonios recaudados, coincidieron al resaltar, que los aplicativos CMR y ONBASE, permitían al

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Radicación n.° 96510 demandante acceder a la información de cuentas bancarias de destino de las operaciones de conciliación ejecutadas en el área; que si se hubiera acudido a esas herramientas, «aunque fuese de manera aleatoria le hubiese permitido al actor establecer la existencia de fluctuaciones y anomalías en los indicadores del área a su cargo, […]». A continuación, dice: Por otro lado, y en el documento obrante a folios 14 a 16 denominado “Acta de entrega de cargo”, el cual fue allegado al expediente por la parte actora y que corresponde a un documento de fecha 31 de diciembre de 2015 en el que con motivo de su salida a vacaciones el actor temporalmente entrega su cargo al señor Héctor Oswaldo Peláez (quien además rindió testimonio dentro del proceso) y en el documento se observa a simple vista un acápite denominado “Accesos requeridos para el desempeño del cargo” (la negrita y el subrayado son nuestros); resulta evidente y apenas obvio que si el documento expresamente señala que allí relaciona los aplicativos requeridos para el desempeño del cargo, se refiere a programas y aplicativos indispensables y necesarios para el efecto; por lo que resulta evidente la equivocación del despacho en el sentido de afirmar que no resultaba claro si el uso de los aplicativos CMR y ONBASE hacían parte de las funciones a cargo del actor. A simple vista se observa que el aplicativo Concilia era el utilizado para las aprobaciones tramitadas en el área (lo que también contradice

las conclusiones del despacho) y los aplicativos CMR y ONBASE correspondían a sistemas para consulta, precisamente para cumplir con las funciones de detección de anomalías y fluctuaciones que en el numeral anterior se relató que correspondían al actor. Así mismo en el acápite capacitación, se observa a simple vista como el propio demandante capacitó a su reemplazo temporal para la “Generación de archivos por concilia y portal de productividad” , lo que deja sin piso y fundamento las afirmaciones del despacho en el sentido que supuestamente dicho aplicativo no era funcional ni estaba implementado, por el contrario el documento acredita que hacía parte del día a día del manejo de funciones del actor, y que aquel conocía perfectamente su funcionamiento al punto de capacitar a otros funcionarios para operarlo y generar archivos para las aprobaciones a su cargo.

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Radicación n.° 96510 El propio demandante allega documento denominado “Proceso de conciliación de operaciones realizadas en hall banca electrónica”, obrante a folios 20 a 31; allí a simple vista y desde la introducción puede leerse “El proceso de conciliación transaccional del Hall Banca Electrónica se realiza en el aplicativo de CONCILIA donde el usuario conciliador podrá ver el resultado al inicio del día el resultado obtenido por el cruce de la información entre el aplicativo KALIGNITE (Hall Banca Electrónica) y el aplicativo ODS.” , lo que desvirtúa el supuesto dicho del demandante acogido en el sentido de que para el año 2016 hasta ahora se estaba implementado el sistema concilia; cuando los documentos hasta ahora revisado, llevan a la conclusión de que era

plenamente operativo y el demandante conocía perfectamente su funcionamiento. Seguidamente expone que el petente, al momento de rendir sus descargos, confesó que no utilizaba los componentes CMR y ONBASE, pues en su sentir, […] no hacía parte de sus funciones, lo que contradice la documental allegada por el propio actor queda cuenta de la existencia de herramientas tecnológicas y de funciones a su cargo tendientes a monitorear los indicadores del área a su cargo para detectar anomalías y fluctuaciones; que de haber cumplido con dicha función que el demandante niega haber desempeñado, se hubiera podido detectar la existencia de transferencias reiteradas a unos mismos números de cuenta bancaria en más de 100 ocasiones durante cerca de 5 meses. También es de resaltar las respuestas del demandante en su interrogatorio de parte en relación con el uso de los aplicativos CMR y ONBASE, la cual de entrada resulta contradictoria con lo que manifestó en su diligencia de descargos y lo que refleja la documental allegada por el mismo: […]. En ese orden de ideas, el demandante confiesa que no cumplió parte de las funciones a su cargo, pues no realizaba los monitoreos correspondientes sobre los indicadores a fin de establecer fluctuaciones, variaciones y anomalías en la información y no utilizaba las herramientas suministradas por el Banco a efectos de realizar tales validaciones. En ese orden de ideas, es evidente la equivocación del Tribunal al afirmar que el demandante no tenía funciones de realizar tales validaciones y

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Radicación n.° 96510 que el demandante carecía de las herramientas necesarias para realizarlas. Luego, se ocupa de los testimonios de Libardo Díaz

Muñoz, Darwin Javier González Pacheco, Diana María Acosta Peña, Jeimmy Paola Méndez, Héctor Osvaldo Peláez, Sixto Clemente Vargas.

VII. RÉPLICA Dice, que, durante la ejecución de la vinculación laboral, realizó de manera adecuada y atendiendo las ordenes de su empleador, las funciones a él encomendadas.

VIII. CONSIDERACIONES A la Sala le corresponde establecer si el juez de la apelación se equivocó cuando definió que la desvinculación del señor Luna Macías fue sin justa causa.

Antes de analizar esa cuestión se debe decir que, aun cuando la senda de ataque seleccionada fue la indirecta, se mantiene incólume, porque ese supuesto no se cuestiona, que entre las partes en litigio se verificó un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado desde el 23 de marzo de 1993 hasta el 1° de marzo de 2016. Ahora, el censor, a fin de derrotar las conclusiones del Tribunal, enlista una serie de pruebas que pasan a analizarse de manera objetiva, en la siguiente forma:

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1. Perfil del cargo de jefe II, dependiente de la administración de convenios y operaciones electrónicas, de junio de 2014 (f.° 9 a 12 del cuaderno 1).

En este medio, se dice que el objetivo de la función era la de coordinar y supervisar los procesos ejecutados en el área, controlando que se realizaran dentro de los parámetros y horarios establecidos por el banco (AVAL, ATH, ACH).

Los oficios específicos, eran los de brindar capacitación y asesoría a los funcionarios; ejercer el control y seguimiento al PyG; realizar rastreo continuo y dar respuesta a las variaciones de las cuentas asignadas; controlar el volumen de partidas pendientes en la conciliación de cuentas internas; «Autorizar con su firma las operaciones conciliatorias cuadres, ajustes a cuentas corrientes y ahorros y de carácter contable que se originen en los procesos a su cargo y la correspondencia que se genere con destino a otras entidades». También, debía realizar el seguimiento y control de indicadores del área, para identificar oportunamente fluctuaciones. A mano alzada, se escribió: - Aprobar las operaciones de conciliación por el aplicativo concilia. - Buscar y aprobar las operaciones de ajuste por el portal. En las relacionadas con seguridad de la información se escribió, que tenía que velar «porque las aplicaciones

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Radicación n.° 96510 desarrolladas y en general todas las implementaciones bajo su supervisión, cumplan con los lineamientos del modelo de seguridad establecidos en el Banco»; frente a las relativas al manual de código de ética y de sarlaft, tenía a su cargo, la de informar a su jefe inmediato de las inquietudes o señales de alerta detectadas, respecto a las operaciones, que en atención a la tarea encomendada, se encuentre tramitando. En el numeral 4°, de aplicativos y recursos informáticos para el desarrollo de sus funciones, se indicó que el Banco de Bogotá facilitaría los recursos informáticos a sus funcionarios, para que desempeñaran las labores asociadas

a la tarea encargada, siendo este responsable de su autoría y confidencialidad.

2. El acta de entrega de cargo del 31 de diciembre de 2015 (f.° 14 a 16 ib.), muestra que el demandante realizó esa acción a favor del señor Héctor Oswaldo Peláez Ávila, remitiéndole bases de datos; plan de vacaciones; carpetas a cargo (continuidad de negocio, ANS, ATH, ANS).

Se trató de accesos requeridos para el desempeño del cargo, siendo estos los de ACH, NET, ARC, Canales, Concilia (aprobación), CRM CU, CRM SAC, Docubase y Extra 99999. En FIRMA DIGITAL, se enlistaron Fastcard, LAC, OnBase (consulta), Opencar, Único – ATH y Usuario Red. En el acápite denominado capacitación, se sostuvo que diariamente debían entregarse las pendientes al oficial de ach; generar archivos por conciliar y portal productividad;

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Radicación n.° 96510 diariamente realizar la consulta de reporte transaccional en SEBRA para liquidar comisiones. En seguimientos, se expresó: Se continua con los problemas de la herramienta CVU, hay cargos donde se entregaron documentados algunos aplicativos y no aparecen, el tema se maneja con el Oficial de Aval, pero es muy demorado contar con los aplicativos en los tiempos reales. Cuando se realizan (sic) movimiento de personal es difícil los movimiento (sic) ya que el área en cada puesto cuanta (sic) con diferentes aplicativos y no podemos de dejar hacer el día a día y para el supernumerario se crean los FAU pero regresa la persona y no se completan los usuarios.

3. En el proceso de conciliación de operaciones

realizadas en hall banca electrónica (f.° 20 a 31 ejusdem), se expone que esa actividad se ejecuta en el aplicativo de conciliación, donde el usuario conciliador, debe observar el «resultado al inicio del día el resultado obtenido por el cruce de la información entre el aplicativo KALIGNITE (Hall Banca Electrónica) y el aplicativo ODS». En el procedimiento de conciliación transaccional y contable se relacionan los responsables, comenzando por el auxiliar de operaciones I, a quien le corresponde verificar la fecha del proceso, enviar los correos electrónicos al operador de sistemas abierto de la gerencia de tecnología, consultar el movimiento cargado para el proceso de conciliación, validar los resultados del proceso conciliatorio de las transacciones, realizar ajustes de transacciones «por ser cruces sugeridos», validar y marcar las transacciones para ajuste, consultar e imprimir la hoja de resumen que muestra el resultado, revisar la información reportada por Tx en hall banca

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Radicación n.° 96510 electrónica y la consolidada. Por último, le correspondía ingresar la información consolidada de reporte de transacciones efectuadas en el hall banca electrónica y cruzar a información. Al oficial III – supervisión y control, se le encargó de recibir y validar la información de ajuste y conciliación del proceso y firmar y entregar para contabilizar consolidada la misma. Al «jefe III (Gerencia de Operaciones y Banca Electrónica», se le encomendó recibir la impresión y cruzar la información con lo capturado, así como autorizar la contabilidad. En la descripción de esas tareas se señaló: . Recibir del Auxiliar de Operaciones I, la impresión y cruzar la

información con lo capturado. . Autorizar la contabilidad generada por el Auxiliar de Operaciones I/ Si la información no es consistente se devuelve al Auxiliar de Operaciones I – Contabilidad, para que revise los datos ingresados. Estos medios de convicción no enseñan una realidad distinta a la hallad