CSJ - SL2517-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2517-2023 Radicación n.° 96508 Acta 30 Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ YEPES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que el recurrente le instauró a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, al que fueron llamados como terceros excluyentes MARÍA CONCEPCIÓN MORA DE

RAMOS y ALFONSO RAMOS LADINO.

I. ANTECEDENTES José Álvaro Rodríguez Yepes llamó a juicio a Colpensiones para que fuera condenada a reconocerle la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañero permanente del causante Ricardo Ramos Mora, a partir del

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Radicación n.° 96508 20 de noviembre de 2016, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación, lo probado y las costas. Narró que convivió con Ricardo Ramos Mora desde noviembre de 2009 hasta el 20 de noviembre de 2016, fecha del deceso de este; que solicitó la prestación ante la demandada el 3 de enero de 2017, la cual le fue negada con el argumento que solo demostró esa convivencia entre el 2014 y el 20 de noviembre de 2016; que recurrió esa decisión

pero fue confirmada; que en el acto administrativo que desató los recursos, se le informó que, María Concepción Mora de Ramos, madre del afiliado, también había reclamado. Añadió que, aunque el 15 de junio de 2017 pidió a Colpensiones que se abstuviera de reconocer la pensión de sobrevivientes, hasta que la justicia resolviera, la entidad le otorgó el 100 % del derecho a la progenitora del fallecido, mediante Resolución SUB50911 del 3 de mayo de 2017, en la que, además, negó el pedimento del señor Alfonso Ramos Ladino, padre de aquél, por considerar que únicamente probó una dependencia económica parcial y no total. Señaló que, el 6 de enero de 2017 reclamó a Colpensiones, como empleador del fallecido, el reconocimiento de las acreencias laborales adeudadas, pero esta suspendió la cancelación de las mismas hasta que se resolviera la controversia entre él y los padres del ex trabajador.

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Radicación n.° 96508 Resaltó que los declarantes extra proceso dieron cuenta de que la pareja de compañeros compartía techo, lecho, mesa y cohabitaban en la Calle 128 A # 72-50 casa 44 Antigua Helvetia; que según el documento de la Clínica La Colina, el responsable del causante era él; que también existe certificación de EMI que indica que las atenciones médicas se prestaban en el domicilio indicado. Explicó que el causante le efectuó los aportes a seguridad social hasta que él también se vinculó a Colpensiones; que además le pagaba las cirugías estéticas, le

efectuaba recargas a su celular y le cancelaba algunas cuotas del crédito hipotecario; que eran beneficiarios recíprocos en el auxilio mutualista de Cooptraiss; que convivieron durante más de 7 años y asistían a eventos sociales; que como consecuencia del deceso de su compañero, ha sufrido cuadros de depresión, de lo que da cuenta la remisión a la EPS Cafam (f. ° 3 a 31, cuaderno del juzgado). Colpensiones se opuso a las pretensiones. Admitió la fecha del perecimiento y dijo que los restantes hechos no le constaban o no constituían tales. Propuso como excepciones de mérito las de carencia de causa para demandar, inexistencia del derecho y la obligación reclamada, prescripción, buena fe, inexistencia de intereses moratorios, compensación e innominada o genérica (f. ° 433 a 441, ib). Mediante auto del 20 de septiembre de 2018, proferido en la etapa de saneamiento del litigio, en la audiencia del artículo 77 del CPTSS, se ordenó vincular a la señora María

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Radicación n.° 96508 Concepción Mora de Ramos y al señor Alfonso Ramos Ladino, como padres del causante (f. ° 455, ibidem). Los vinculados se resistieron a los pedimentos. Aceptaron la existencia de las declaraciones extra proceso, que el demandante y aquél eran beneficiarios recíprocos en el fondo mutual y que aquél adelantó la reclamación administrativa. Indicaron que los restantes debían probarse o no eran ciertos. No esgrimieron medios exceptivos de mérito

(f.° 465 a 4711, 503 a 5072 y 511 a 5213, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, el 24 de septiembre de 2021, absolvió a la demandada y condenó en costas (Acta de f.° 595, en relación con el CD de f.° 594, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero de 2022, al desatar el recurso de apelación del actor, confirmó la decisión inicial.

Dijo que, en observancia del principio de consonancia del artículo 66A del CPTSS, determinaría si José Álvaro Rodríguez Yepes acreditó los requisitos legales para ser 1 Contestación de Alfonso Ramos Ladino 2 Contestación de María Concepción Mora de Ramos 3 Subsanación conjunta de ambos escritos de réplica

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Radicación n.° 96508 beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañero permanente del causante. Tuvo por indiscutido que i) Ricardo Ramos Mora falleció el 20 de noviembre de 2016 (f. ° 34); ii) al momento del deceso era afiliado de Colpensiones; iii) dejó causado el derecho a la prestación, lo que no fue debatido y, además, fue reconocido por la demandada en las resoluciones emitidas en sede administrativa, incluso en la SUB139557 del 28 de julio de 2017, donde le otorgó la pensión en un 100 % a la madre del causante, en cuantía inicial de $2.346.031.

Precisó que el asunto estaba gobernado por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los preceptos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; que la Corte, en sentencia CSJ SL1730-2020, recogió su criterio en torno al tiempo mínimo de convivencia, determinando que solo son exigibles los 5 años de cohabitación inmediatamente anteriores al deceso, cuando el fallecido era pensionado, no un afiliado; que dicha postura fue reiterada en el proveído CSJ SL28202021. Memoró que se practicaron los testimonios de Fabio Enrique Arévalo (amigo del demandante y el causante), Jenny Paola Lancheros Rodríguez (sobrina del demandante), Andrés Ramos (hermano del fallecido) y Marisol Riaño Rubiano (cuñada del afiliado), así como los interrogatorios de parte de los vinculados.

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Radicación n.° 96508 Puntualizó que al expediente se aportó: el certificado de Cootraiss, (f. ° 326 a 327); un documento denominado chat de WhatsApp del demandante, del 27 de noviembre de 2016 (f. ° 417); fotografías (f. ° 418 a 426 y 522 a 5423 sic); declaraciones extra proceso de Fabio Enrique Arévalo Pachón, Mauricio Leiva Gómez, Luis Javier Quintero Jaimes y Jenny Paola Lancheros Rodríguez (f. ° 74, 76, 78 y 80); historia clínica del actor (f. ° 82 a 84); certificación de

atención médica domiciliaria al accionante (f. ° 58); planillas de pago de aportes a seguridad social a nombre del promotor del juicio y extractos de la cuenta bancaria del fallecido (f. ° 87 a 315), más Resolución SUB 2700 de 2017 (f. ° 40). Razonó que del haz probatorio no emergía demostrada una convivencia real y efectiva con el difunto, porque, de un lado, las declaraciones fuera de juicio no indicaron las circunstancias particulares de los compañeros, todas fueron presentadas ante la misma notaría, tenían el mismo formato y consignaban idénticos hechos, lo que les restaba credibilidad; que el material fotográfico no daba cuenta de quiénes eran las personas que en él figuraban y únicamente mostraban dos hombres en «situaciones recreativas y de viaje», de donde no era posible derivar una convivencia permanente o vida en común. Agregó que las fotografías aportadas por los padres sí explicaban quiénes aparecían en las imágenes e informaban sobre una «importante vida social del causante con amigos de trabajo y universidad, así como viajes y paseos familiares en diferentes anualidades, pero en ninguna figura[ba] el

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Radicación n.° 96508 demandante»; que con las certificaciones emitidas por Cootraiss se constataba que eran beneficiarios recíprocos, pero como amigos, lo que no denotaba un vínculo como compañeros permanentes; que el documento que se afirmaba era una conversación de WhatsApp, no se aportó en captura de pantalla, de manera que no se podía establecer si su

contenido fue editado o adulterado, restándole con ello valor demostrativo. Discernió que las planillas de pago de aportes a seguridad social a nombre del demandante y los extractos de cuenta bancaria del señor Ricardo Ramos Mora podrían demostrar que éste pagó la seguridad social del primero entre los años 2008 y 2012, pero no develaba que ambos estuvieran conviviendo para el año 2016; que, si bien en la Resolución SUB 2700 del 8 de marzo de 2017, Colpensiones indicó que, según su investigación administrativa, la pareja cohabitó entre el 2014 y el 20 de noviembre de 2016 y, aunque presumía la legalidad de dicho acto administrativo, esa conclusión no impedía que en el proceso judicial se acreditara una situación diferente. Destacó que, según el acta de audiencia del 3 de septiembre de 2020, el Juzgado 31 de Familia de Bogotá, declaró la existencia de unión marital de hecho entre el 30 de noviembre de 2009 y el 19 de noviembre de 2016; que con la Ley 54 de 1990 se reglamentó ese tipo de vínculo para efectos civiles, empero:

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Radicación n.° 96508 […] esta declaración civil no tiene efectos en tratándose de la procedencia de una pensión de sobrevivientes, pues en materia de seguridad social, lo que se busca es la protección de la familia y de la convivencia efectiva con fines de apoyo y ayuda mutua, por lo que procede como en este caso, un debate probatorio, con exclusión de lo que se haya decidido en la jurisdicción de familia. En ese sentido se pronunció la Sala Laboral de la Corte Suprema

de Justicia en sentencias SL 1618 de 2018 y SL 4099 de 2017. Advirtió contradicción en la testimonial, puesto que mientras Fabio Enrique Arévalo Pachón y Jenny Paola Lancheros Rodríguez aseguraron que les constaba la convivencia del demandante y el causante hasta el deceso de éste, Andrés Ramos y Marisol Riaño Rubiano indicaron que conocían al actor, pero como compañero de trabajo y amigo de su familiar, sin que les constara que hubiesen tenido una relación sentimental, enfatizando que el difunto siempre vivió en la casa de sus padres y no tenía pareja; que fueron los dos últimos testigos quienes se trasladaron a San Andrés Islas para auxiliar a Ricardo Ramos Mora en el hospital y, luego de la muerte, hicieron las diligencias ante la Fiscalía y Medicina Legal; que el accionante aceptó en su interrogatorio que no acudió por falta de dinero y las dificultades climáticas. Llamó la atención sobre el hecho que el fallecido no hubiera adquirido bienes con el promotor de la acción; que fuera el hermano de aquél quien lo acompañó en las diferentes dificultades de salud y que fuera la familia del causante, que no el demandante, la que entregó el computador con información laboral al empleador y la que recibió los objetos personales habidos en su oficina.

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Radicación n.° 96508 Acentúo que los dichos de Andrés Ramos y Marisol Riaño gozaban de credibilidad, pues no fueron contradictorios, sino que se mostraron espontáneos y coincidentes al exponer circunstancias de modo, tiempo y

lugar de lo que conocieron directamente como consecuencia de la cercana relación que los unió con el causante; que al amparo de la libre formación del convencimiento del artículo 61 del CPTSS, deducía que […] entre José Álvaro Rodríguez Yepes y Ricardo Ramos pudo existir una relación sentimental donde compartieron eventos y actividades, sin que ello entronice que a la fecha del fallecimiento de Ricardo Ramos, los citados tuvieran una relación de convivencia, en calidad de compañeros bajo el mismo techo, con vocación de permanencia y con el ánimo de apoyo y ayuda mutua, como lo exige la ley y la jurisprudencia aplicable al caso, parámetros de valoración que aplican tanto a personas del mismo sexo como a heterosexuales. Complementó que la Corte Constitucional y esta Corporación han reiterado que tanto las parejas heterosexuales como las del mismo sexo, deben acreditar iguales requisitos legales a fin de obtener las prestaciones a las que aspiran en calidad de beneficiarios (CC SU214-2016 y CSJ SL5524-2016) (f. ° 607 a 617, cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por José Álvaro Rodríguez Yepes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la decisión impugnada, para que

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Radicación n.° 96508 en sede de instancia se revoque la inicial y se condene al reconocimiento del 100 % de la pensión de sobrevivientes y las demás pretensiones de la demanda (cuaderno de la Corte, archivo «2023104553921», ib).

Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudian conjuntamente pues reprochan la trasgresión de similar elenco normativo y persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, así como de los preceptos 13, 15, 48 y 53 de la

Constitución Política. Asegura que, a pesar de la vía elegida, no controvierte que: i) el causante falleció el 20 de noviembre de 2016, conforme se señala en el registro civil de defunción (f.° 34, cuaderno del juzgado); ii) éste se encontraba afiliado a Colpensiones y dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, según los Actos Administrativos SUB 50911 de 3 de mayo de 2017 (folios 48 a 51), DIR 7162 de 2 de junio de 2017 (folios 53 a 56), SUB 139557 de 28 de julio de 2017 (folios 60 a 69), última en la que reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes en cuantía de $2.346.031 a favor de María Concepción Mora de Ramos en el 100 %; iii) la norma aplicable era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993

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Radicación n.° 96508 modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 y, iv) él nació el

26 de marzo de 1972, contando con 44 años al momento de la muerte del afiliado (f.° 35). Endilga al Tribunal cometer los siguientes errores de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ YEPES y RICARDO RAMOS MORA (q.e.p.d.), eran compañeros permanentes desde el mes de noviembre de 2009 hasta el deceso de este. 2) No dar por demostrado, estándolo, que los testimonios realizados por Declaraciones extrajuicio de Fabio Enrique Arévalo Pachón (fl. 74), de Mauricio Leiva Gómez (fl. 76), de Luis Javier Quintero Jaímes (fl. 78) y de Jenny Paola Lancheros Rodríguez (fl. 80), coinciden en afirmar que JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ YEPES y RICARDO RAMOS MORA (q.e.p.d.) convivían en unión marital de hecho como cualquier pareja. 3) No dar por demostrado, estándolo, que los testimonios realizados de Fabio Enrique Arévalo Pachón, Jenny Paola Lancheros Rodríguez, coinciden en afirmar que JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ YEPES y RICARDO RAMOS MORA convivían en unión marital de hecho como cualquier pareja. 4) No dar por demostrado, estándolo, que entre el señor JOSÉ

ÁLVARO RODRÍGUEZ YEPES y RICARDO RAMOS MORA

(q.e.p.d.), existía la ayuda mutua y la unión de familia. Plantea que esto fue consecuencia de la errada apreciación de los siguientes medios de prueba:

a) Certificado expedido por COOTRAISS. b) Documento denominado chat de WhatsApp del demandante con Andrés Ramos de 27 de noviembre de 2016. c) Material fotográfico (fis. 418 a 426 y 522 a 5423). d) Declaraciones extrajuicio de Fabio Enrique Arévalo Pachón (fl. 74), de Mauricio Leiva Gómez (fl. 76), de Luis Javier Quintero Jaimes (fl. 78) y de Jenny Paola Lancheros Rodríguez (fl. 80).

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Radicación n.° 96508 e) Historia clínica de José Álvaro Rodríguez (fl. 82 a 84) donde figura como acompañante Ricardo Ramos. f) Certificación de atención médica domiciliaria al demandante (fl. 85). g) Planillas de pago de aportes a seguridad social a nombre de José Álvaro Rodríguez Yepes. h) Extractos de cuenta bancaria de Ricardo Ramos Mora (fls.87 a 315). i) Resolución SUB 2700 de 2017 emitida por Colpensiones. j) Los testimonios de Fabio Enrique Arévalo Pachón, Jenny Paola Lancheros Rodríguez y Andrés Ramos. k) Interrogatorios de parte de Alfonso Ramos Ladino y María Concepción Mora de Ramos. l) Los testimonios de Marisol Riaño Rubiano y Andrés Ramos Mora. Memora que la disposición legal llamada a definir la controversia es la vigente al momento del deceso de quien causa la pensión de sobrevivientes (CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017 y CSJ 37692018), que en este caso no es otra

que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, de donde «es potencial beneficiario del causante en calidad de compañero permanente del afiliado […]». Explica que de los certificados expedidos por Cootraiss emergía que él, como asociado, designó a Ricardo Ramos como beneficiario en condición de amigo (f. ° 326) y que éste último estableció que el recurrente también sería el suyo, en idéntica calidad (f. 327); que ello, según las reglas de la experiencia, indica un lazo real de familiaridad sin que implicara, como lo consideró el Tribunal, que lo hacían como

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Radicación n.° 96508 amigos sino como verdaderos compañeros permanentes, pues «no es a un amigo al que por las reglas de la experiencia se determina a este tipo de actuaciones». Apunta el documento denominado «chat de WhatsApp» (f.° 417), relativo a una conversación suya con Andrés Ramos el 27 de noviembre de 2016, no fue analizado por el colegiado por considerar que no tenía valor probatorio, pero este acreditaba la relación y convivencia entre ambos; que el material fotográfico (f.° 418 a 426 y 522 a 5423 sic) demostraba el acompañamiento de él a lo largo de los años en los encuentros con amigos y algunos familiares, que implica la convivencia alegada e ignorada por el juez de la apelación; que todos los que rindieron las declaraciones extra judiciales (f.° 74, 76, 78 y 80), manifestaron que conocieron la pareja durante más de 7 años, tiempo en el que convivieron

en unión marital de hecho y que la cohabitación se extendió hasta el día de la muerte del señor Ramos Mora; que, además, Colpensiones no solicitó su ratificación, por lo que eran plena prueba de la convivencia. Agrega que su historia clínica (f. ° 82 a 84) dejaba ver que Ricardo Ramos Mora lo acompañó en las situaciones de dificultad «por menoscabo en la salud (…), como suele suceder en las parejas heterosexuales»; que ello también se demostró con la certificación de atención médica domiciliaria (f. 85), pero el colegiado no extrajo ninguna conclusión de dicha documental; que las planillas de pago de aportes a seguridad social a nombre suyo y los extractos de cuenta del difunto (f. ° 87 a 315), acreditaba apoyo económico y acompañamiento

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Radicación n.° 96508 financiero entre los dos, contrario a lo que coligió el juzgador plural, quien dijo que ello no era determinante en este tipo de situaciones. Recalca que en la Resolución SUB 2700 de 2017 (f. ° 40), Colpensiones «confiesa la existencia de una convivencia» entre la pareja, pero «no fue tenida en cuenta por parte del Tribunal y la cercenó de tajo, sin siquiera darle el análisis que debió darle»; que el acta de audiencia del 3 de septiembre de 2020, celebrada por el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá (f. ° 571 y 572), en la que se declaró que entre José Álvaro Rodríguez Yepes y Ricardo Ramos Mora existió una

unión marital de hecho entre el 30 de noviembre de 2009 y el 19 de noviembre de 2016, no fue valorada de forma adecuada, pues de ella se infiere la convivencia alegada, decisión que se fundó en las pruebas que dieron el convencimiento del juez de la unión marital de hecho y de la cohabitación suya con el afiliado. Hace notar que, conforme a los testimonios de Fabio Enrique Arévalo Pachón y Jenny Paola Lancheros Rodríguez, entre el recurrente y el afiliado sí hubo una convivencia, […] no obstante, los padres del causante son personas muy católicas y no admitía[n] la relación que sostenía con el actor, así como que el núcleo familiar del afiliado se oponía a sus preferencias sexuales, conllevando con ello a discusiones y el rechazo de la familia hacia José Álvaro Rodríguez Yepes. Especifica que el primer declarante, amigo de la pareja, afirmó conocer a Ricardo Ramos Mora desde el año 2006; saber que tuvo un noviazgo con el impugnante y que para el

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Radicación n.° 96508 año 2009 empezaron a convivir, estando pendientes uno del otro; constarle la relación de pareja, pues los fines de semana la pasaba con ellos e incluso salían de paseo; que en la casa vivían Ricardo y Álvaro y los hermanos del primero iban de visita; que la relación no se hizo pública en el trabajo, pero en el entorno de amigos era conocida. Recuenta que Jenny Paola Lancheros Rodríguez, quien es sobrina suya, informó que conoció al causante en el 2001;

que sabía que eran compañeros permanentes y vivían en la «128 con Boyacá» en el conjunto «antigua Helvetia»; que compartió con ellos muy seguido y los consideraba como sus padres, tanto que, incluso, el afiliado fue el padrino de bautizo de su hijo y siempre estaban en contacto; que ellos se fueron a vivir como pareja estable en el año 2009 y que, antes de esa fecha, el impugnante vivía en casa de la testigo; que nunca se separaron ni tuvieron relación con otras personas; que la convivencia fue pública delante de los amigos y la familia del censor, pero en el ámbito laboral y ante la sociedad eran muy discretos. Alude que la testigo dijo que él no llevó a cabo ninguna diligencia de traslado del cuerpo desde San Andrés, debido a dificultades climáticas que se presentaban en la isla; que los trámites los hizo Andrés, el hermano del fallecido; que los servicios funerarios los asumió el seguro al que Ricardo estaba afiliado; que los gastos de manutención los sufragaban en un 90 % Ricardo y en un 10 % Álvaro, porque el primero tenía un mejor salario; que en varias

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Radicación n.° 96508 oportunidades estuvo de viaje con la pareja, la cual acordó «comprar cosas por separado». Esgrime que el colegiado fundó su convicción en la contradicción de unos testimonios; que las declaraciones en las que basó su sentencia fueron desvirtuados por los dichos de Fabio Enrique Arévalo Pachón, Jenny Paola Lancheros Rodríguez y con los documentos antes referidos, que

evidenciaban la relación de unión entre los compañeros, su convivencia, acompañamiento y ayuda mutua en lo económico y familiar; que las reglas de la sana crítica se fundan en la lógica, la equidad, la justicia y en los principios científicos del derecho, siendo normas del correcto entendimiento, en las que intervienen las pautas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, por lo que los falladores deben decidir con arreglo a la sana crítica, en virtud de lo cual no es libre de razonar discrecional o arbitrariamente. Reflexiona que a pesar de la libre formación del convencimiento del artículo 61 del CPTSS y aunque en la sentencia CSJ SL, 29 may. 2012, rad. 42179, se orientó que darles mayor credibilidad a unos medios de prueba sobre otros, no constituye un error de hecho, lo cierto era que «el Tribunal solo tuvo en cuenta las declaraciones de (…) de Fabio Enrique Arévalo Pachón, Jenny Paola Lancheros Rodríguez, sin tener en cuenta los demás». Acentúa que, al tenor del artículo 13 de la CP, no puede desconocerse que la población homosexual ha sido víctima

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Radicación n.° 96508 de prejuicios, marginalización y discriminación; que el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales persiste para esa comunidad y las autoridades competentes se muestran reacias a garantizar el goce efectivo de los derechos; que su situación y la del causante […] es la misma de muchas parejas homosexuales que tienen derecho a acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero por el hecho de no encontrarse en iguales

condiciones a las parejas heterosexuales, se ven impedidas y encuentran un obstáculo por pertenecer a un grupo que va en contravía de principios religiosos y morales, es por esta razón que parejas homosexuales, no se atreven a reconocer su condición a la sociedad al momento de solicitar prestaciones económicas, ya que estarían sometiéndose al escarnio social, máxime la situación laboral del afiliado atendiendo su cargo. Sostiene que el juez del trabajo debe tener un dinamismo distinto y mayor sensibilidad frente a la realidad que lo rodea, como no ocurrió en la decisión controvertida; que la dirección del proceso judicial, en el marco del Estado Social de Derecho, implica que el juez que «reclama el pueblo colombiano a través de su [CP] ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y, (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material» (CC SU768-2014). Refiere que el colegiado, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 61 ibidem, estaba obligado a dilucidar las discrepancias derivadas de esas dos pruebas analizadas y auscultar cuál era la verdad real de la situación puesta a su conocimiento, sobre todo por tratarse de una relación de pareja homosexual, en observancia de la CP, con el fin de

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Radicación n.° 96508 efectivizar la fórmula del Estado Social de Derecho y proteger los derechos de personas históricamente discriminadas, así como de salvaguardar la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual.

Colige que los medios de convicción, analizados en conjunto, dejaban ver que el causante y él convivieron como compañeros permanentes más de cinco años hasta la muerte de aquél, pues ilustraban el desarrollo de la vida en común de la pareja, su cohabitación y expresiones de amor expresadas en diferentes ámbitos, así como el acompañamiento y apoyo económico que se brindaban, la forma cómo se distribuían las cargas del hogar, incluso las dificultades y el rechazo que tuvieron debido a que la familia del causante no aceptaba su relación en razón de su orientación sexual (f. ° 6 a 19, archivo ibidem).

VII. RÉPLICA Colpensiones alega que al acudiente en casación le correspondía demostrar los errores fácticos evidentes en que incurrió el juez de la apelación, empero no acreditó contradicción entre las prueba cuya valoración denuncia y la realidad procesal; que los argumentos del censor se asemejan más a un alegato de instancia, por lo que se debe desestimar; que, en todo caso, de ningún medio de convicción emergía que la cohabitación se hubiese mantenido al menos por cinco años en «cualquier tiempo», por lo que, aunque se casara el fallo, en sede de instancia se llegaría a la misma conclusión.

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Radicación n.° 96508 Precisa que de las documentales alegadas no deviene la convivencia exigida legalmente, menos aún de la decisión del Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá, pues al tenor de la sentencia CSJ SL1331-2021, aunque tal determinación

pueda dar cuenta de la existencia conformación de una sociedad patrimonial de hecho, no necesariamente es prueba de la convivencia; que el juez del trabajo y la seguridad social no está atado a una tarifa legal (CSJ SL525-2023) (f. ° 1 a 4, cuaderno Recurso Extraordinario de Casación Memorial archivo «2023112628855», cuaderno ib). María Concepción Mora de Ramos y Alfonso Ramos Ladino no realizan ninguna oposición puntual a los cargos, sino que describen la forma en que la familia se enteró de la muerte de Ricardo Ramos Mora en la Isla de San Andrés y resaltan que el recurrente no tuvo conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde perdió la vida el afiliado; que ni siquiera tramitó ante Colpensiones el permiso por calamidad familiar y que en diferentes documentos notariales manifestó que era soltero, sin unión marital de hecho. Agregan que el impugnante promovió tres procesos ante los Jueces de Familia; que en el último se declaró probada la excepción de prescripción de la sociedad patrimonial; que aquél ha contado con recursos suficientes para promover procesos en contra de su ex empleador – ISS; que acorde con lo decantado por la Sala de Casación Civil de la Corte, las relaciones afectivas que se basan en la pernoctación por días

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Radicación n.° 96508 o viajes, sin objetivos de vida, no tienen vocación de permanencia (CSJ SC5324-2019). Reprochan que, a pesar de que los artículos 16 de la Declaración de los Derechos Humanos, 6° de la Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 42 de la Constitución Política, así como la sentencia CC C-577-2011, han protegido las uniones de parejas del mismo sexo y la familia formada por ellas, el señor Rodríguez Yepes nunca hubiese manifestado si tuvo interés en conformar un hogar con su descendiente, ni aclarara: […] donde se conocieron, quien dio el primer paso, como se dieron cuenta de la atracción que se estiman, quien fue la primera persona que le pide que se inicie la relación, que objeto (s) le fue dada a la persona para sellar el compromiso, cual fue el lugar que se realizó, cuáles fueron las promesa que dijeron mutuamente, no dice absolutamente nada o hace aportes de evidencia como cartas, invitaciones, compromiso, anillo de compromiso con relación de la conformación de la familia, frente a esta posición quedó una gran duda de la existencia de la relación. Cuentan que el occiso era profesional en ingeniería de sistemas, tenía los ingresos suficientes para sostener una familia en forma holgada y laboró para el ICBF, el ISS y Colpensiones, mientras que el acudiente en casación «