CSJ - SL2520-2023

1-\ República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2520-2023 Radicación n.°94756 Acta 37 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA STELLA LONDOÑO ROLDÁN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 17 de noviembre de 2021, en el proceso que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTÍAS, al que se

vinculó a LA NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

ANTECEDENTES María Stella Londoño Roldán llamó a juicio a Colpensiones y a Colfondos SA, para que se declarara la Radicación n.°94756 ineficacia o subsidiariamente la «nulidad» del traslado del régimen de prima media con prestación definida (RPM) al régimen de ahorro individual (RATS). Asimismo, que se declare válida y vigente su afiliación a Colpensiones. En consecuencia, solicitó que se le reconociera la pensión de vejez desde el 8 de mayo de 2007, de conformidad a lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990; el retroactivo; los perjuicios causados bajo la figura de lucro cesante; los intereses moratorios o en subsidio, la indexación y que se

condenara en costas a las demandadas. Relató que nació el 8 de mayo de 1952 por lo que a 1 de abril de 1994 contaba más de 35 arios y 893 semanas cotizadas; que el 12 de marzo de 1971 se vinculó al RPM administrado por el ISS hoy Colpensiones, en el cual acredita un total de 1180 semanas; que se trasladó a Colfondos SA a partir del 1 de enero del 2000 y cotizó 377 semanas; que el traslado se efectúo de forma masiva en la sociedad para la que trabajaba en ese momento, sin que se le brindara la suficiente información, entre estas las posibles ventajas y desventajas que le ocasionarían el cambio de régimen pensional, cómo se liquidaría su pensión ni las variables que incidirían en ellas. Narró que al cumplir 55 arios tenía 1528 semanas cotizadas; que el 24 de agosto de 2009 solicitó a la AFP el pago de la pensión, la cual fue negada por no contar con el capital suficiente para acceder a ella, por lo que Colfondos procedió a efectuar la devolución de saldos. 2 6 Radicación n.°94756 Manifestó que el 24 de abril del 2017 peticionó ante «Colpensiones» el traslado de aportes al RPM, para el reconocimiento de la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, que también se negó «por cuanto la información consultada indica que ya se encuentra pensionada o en trámite»; que tras presentar idéntica solicitud a la AFP, se le informó que no tenía dinero

disponible a cargo de la administradora, en la medida que «la prestación en el sistema general de pensionesf ue definida». Reiteró que si se declarara la nulidad de la afiliación al RAIS, ya estaría pensionada por Colpensiones con una mesada de $1.077.373; que insistió en la solicitud pensional el 4 de septiembre de 2017 ante esta entidad, pero también se resolvió de forma desfavorable (f.° 92 a 114). La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, al contestar la demanda, se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la edad de la demandante, las solicitudes de reconocimiento del derecho pensional con las respuestas negativas y que la AFP había efectuado devolución de saldos; de los demás, indicó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, adujo que no era posible el traslado de régimen en tanto, la demandante no estaba afiliada al RPM. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y prescripción (f.°135 a 144). 3 Radicación n.°94756 Colfondos SA Pensiones y Cesantías, se opuso a las pretensiones. Admitió el traslado de la actora al fondo de pensiones que administra, con efectos a partir del 1 de enero del 2000, las solicitudes pensionales con las respuestas negativas y que se realizó devolución de saldos. De los demás, sostuvo que no eran ciertos o que no le constaban, por cuanto la afiliación se ajustó a derecho, fue voluntaria y la demandante estaba consciente del acto de traslado y de sus

consecuencias jurídicas, aunado a que no puede beneficiarse simultáneamente de la devolución de saldos del RATS y la pensión de vejez del RPM. Formuló la excepción previa de falta de integración de Litis consorcio necesario y las de fondo que denominó: validez de la afiliación a Colfondos e inexistencia de vicios del consentimiento; saneamiento de la supuesta nulidad relativa; ilegalidad de las pretensiones de la demanda; pago; compensación; mala fe de la demandante; prescripción; buena fey «genérica e innominada» (f.°157 a 182). La a quo mediante auto del 5 de julio de 2018 (f.° 269 y vto) ordenó vincular a La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, entidad que al contestar, se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que no le constaban ninguno de los hechos. Como argumento de su defensa, expuso que la demandante se encontraba vinculada al RAIS desde el 20 de noviembre de 1999, pero que desconoce las circunstancias en las que se hizo el traslado de régimen y la asesoría que 4 Radicación n.°94756 brindó en su momento la AFP demandada, para que la señora Londorio Roldán surtiera dicho traslado; manifestó que mediante resolución n.° 6024 del 26 de marzo de 2009 efectuó la redención anticipada del bono pensional para devolución de saldos que solicitó ante la AFP. Presentó como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación a cargo de La NaciónMinisterio de Hacienda

y Crédito Público; prescripción y la genérica. (f.° 275 a 281). Colfondos SA presentó demanda de reconvención, en la que pretendió que María Stella Londorio Roldán reintegrara la suma de $13.640.679 que recibió como devolución de saldos y los $80.422.782 por redención de bono pensional, debidamente indexadas junto con las costas procesales. Como sustento de sus pretensiones, manifestó que la demandante el 20 de noviembre de 1999, suscribió formulario de afiliación con esa entidad que empezó a surtir efectos el 1 de enero del 2000; que el 26 de junio de 2009, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez o en su defecto, la devolución de saldos en caso de no ser beneficiaria de la prestación; que la solicitud se resolvió con la negativa del derecho pensional, debido a que no contaba con el capital suficiente al 5 de agosto de 2009, por lo que se procedió a la segunda petición. Narró que María Stella Londorio Roldán el 24 de agosto de 2009, radicó la solicitud de devolución de saldos incluyendo el valor del bono pensional; que la reiteró el 17 de 5 Radicación n.°94756 octubre de la misma anualidad, esta vez indicando el número de cuenta; que se procedió con el pago de las sumas solicitadas el 9 de octubre y el 17 de diciembre siguientes (f.° 154 a 156). María Stella Londoño Roldán se opuso a las pretensiones incoadas en su contra; de los hechos, aceptó la afiliación a la administradora del fondo de pensiones; de los

demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, adujo que esta AFP a título de perjuicios, deberá asumir el capital y la diferencia de aportes que requiera Colpensiones para el reconocimiento de la pensión de vejez, ante la falta del deber de información que estaba a su cargo. Presentó las excepciones de fondo que denominó: inexistencia de la obligación demandada en reconvención por carencia de efectos de un negoció jurídico; y, la de inexistencia de veracidad de la información, por parte de Colfondos SA Pensiones y Cesantías (f.° 302 a 317).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en sentencia de 12 de julio de 2021, absolvió a las demandadas y vinculadas de las pretensiones incoadas en su contra, e impuso costas a la demandante. No emitió pronunciamiento alguno en relación a la demanda de reconvención.

6 9 Radicación n.°94756

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Pereira, al decidir la apelación interpuesta por la demandante, confirmó íntegramente la decisión de primer grado y le impuso costas.

Fijó como problema jurídico a resolver, elucidar si era viable declarar la ineficacia de traslado, y ordenar subsecuentemente la continuidad de la afiliación al régimen de prima media, «respecto de aquellas personas a quienes, a petición de parte, la AFP les hizo devolución de saldos y la redención anticipada de su bono pensional ante la

imposibilidad de continuar cotizando al sistema». Manifestó que esta Corporación en la sentencia SL3732021-que transcribió en extenso-, varió la postura que sostenía para establecer que la calidad de pensionado, en tanto constituye una situación jurídica consolidada, no permite revertir dicho estatus jurídico y, por ende, la acción de ineficacia de la afiliación al RATS, no puede salir avante para los demandantes que ostenten dicha calidad. Afirmó que del expediente administrativo de la demandante allegado por Colfondos, se evidenciaba que había solicitado el reconocimiento y pago de la pensión de vejez el 26 de junio de 2009, petición que fue negada por cuanto no contaba con el capital suficiente para financiar la prestación; que por lo anterior, optó por la devolución de saldos y la redención anticipada de su bono pensional, lo 7 Radicación n.°94756 cual se hizo efectivo por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien lo emitió y liquidó a favor de la demandante y que posteriormente, la AFP efectuó la devolución de saldos. Estimó que conforme al literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, se encontraba extinto el derecho que tenía la actora, «como afiliada al sistema general de pensiones, a movilizarse entre los dos regímenes pensionales que lo conforman, pues su situación jurídica quedó definida y consolidada con ocasión de los actos desplegados por terceros de buena fe». Argumentó que la demandante ya había accedido a uno de los beneficios que ofrece a sus afiliados el RATS, como lo

es la devolución de saldos, incluyendo el valor del bono pensional, para lo cual se debió efectuar la redención anticipada del mismo, beneficios a los que optó al no reunir los requisitos para acceder la pensión de vejez ni a una garantía de pensión mínima, que es una característica del propia de dicho régimen; recordó que tanto el RATS como el RPM son regímenes coexistentes con marcadas diferencias en las prestaciones que ofrecen y en la forma de acceder a ellas. Reiteró que la señora Londotío Roldán al acoger el beneficio de la devolución de saldos, «que implicó la manifestación de desafiliación al sistema se configuró un nuevo acto jurídico que le impide instaurar la acción de 8 e Radicación n.°94756 ineficacia, por haber perdido la calidad de afiliada al régimen de ahorro individual». Afirmó que la anterior situación la inhabilita para pretender ahora la declaratoria de ineficacia del traslado, pues se cumplió el propósito de su afiliación al sistema, y al abandonar su calidad de afiliada y retirar todo el capital acumulado, hacía imposible pretender que se trasladen unos aportes que ya no están en poder de ninguna de las administradoras de pensiones, y, que, por el contrario, hace parte de su propio patrimonio.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia del Tribunal, para que en sede de instancia, se revoque la del a quo y, en su lugar, se condene a las accionadas a las pretensiones incoadas en

la demanda inicial. Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO

9 Radicación n.°94756 Ataca la sentencia por la vía directa, por la interpretación errónea de las siguientes disposiciones legales: [...] los artículos 13, 36, 59, 60, 64, 66, 65, 79, 80, 81, 82, 87, 90, 97, 115, 117, 141, 142, 271, 272 de la Ley 100 de 1993; 72 de la Ley 795 de 2003, 3, 5, 7, 9, 10 de la Ley 1328 de 2009; 12 y 20 del Decreto 758 de 1990; art. 1, numeral 1, art. 3 numeral 1.3, artículos 23 y 24 de la Ley 1480 de 2011, art 2 de la Ley 1748 de 2014, 3 del Decreto 2071 de 2015, 1, 4, 14, 15, 17 del Decreto 656 de 1994; en relación con los artículos 13, 16, 20, 48, 52 y 53 de la Constitución Política 18 al 21 del Código Sustantivo del Trabajo; Artículos 1603, 1750, 1604, 1610, 1740, 1741, 1742, 1743 del Código Civil. Artículo 897 del Código de Comercio. Manifiesta que rechaza la interpretación que el juzgador de segundo grado le «imprimió» a la sentencia CSJ SL3732021 y a la normativa enunciada, pues la devolución los

saldos, no impide que se instaure la acción de ineficacia cuando se propende el traslado del régimen pensional, en tanto que esta acción solo está vedada para las personas que ya alcanzaron la pensión de vejez o invalidez en el RATS. Asevera que el hecho de que un afiliado al RATS, solicite la devolución de saldos, no implica que de manera automática adquiere la calidad de desafiliado al sistema, puesto que tal condición no se pierde nunca; que al solicitar la devolución no se consolida una situación jurídica, no adquiere un estatus jurídico ni es un hecho consumado, por cuanto en cualquier momento puede pretender el reconocimiento de una prestación pensional. Explica que, 10 Radicación n.°94756 [...] la entrega de los saldos por parte de la administradora de pensiones no puede utilizarse como soporte para desconocer una situación efectiva, frente a una garantía pensional que estaba en todo caso consolidada para el momento en que así se procedió. De modo que el afiliado que reclamó su devolución de saldos no se le limita su derecho al acceso a la administración de justicia y el derecho a gozar de su derecho fundamental de la seguridad social en su mejor versión como es la pensión, como mal lo entiende el ad quem. Luego de transcribir la sentencia CSJ SL3464-2019, afirma que la jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha reiterado que la acción a impetrar cuando se discute la desinformación de las AFP al momento del traslado, es la ineficacia de dicho acto, de conformidad a lo previsto en los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993, por

lo que el Tribunal yerra en su interpretación, al considerar que la única acción pertinente es la resarcitoria de perjuicios, argumento con el cual desconoció lo expuesto en sentencia CSJ SL1688-2019, de la cual trascribió apartes.

VII. RÉPLICA Colpensiones, manifiesta que el Tribunal no incurrió en el error jurídico que se le endilga, en la medida que en sentencia CSJ SL373-2021 (aunque no se refiere expresamente a la devolución de los saldos), si trae a colación la teoría del acto consumado, dentro del cual se podría exponer dicha hipótesis, pues de su lectura, se evidencia que lo que se persigue con la modulación de la tesis de la ineficacia, es evitar que cuando se presente un hecho consumado, «cuyos intentos de revertir puedan afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran

11 Radicación n.°94756 número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones», resulta inviable la declaratoria de ineficacia del traslado entre sistemas. (Negrilla del texto original).

VIII. CONSIDERACIONES En el presente asunto la Sala debe resolver si el Tribunal erró al considerar que, al haberse efectuado la devolución de saldos en el Régimen de Ahorro Individual, impedía que la demandante solicitara el retorno al de Prima Media, bajo la declaratoria de ineficacia del acto inicial de traslado, para con ello acceder a la prestación de vejez por parte de Colpensiones.

Dada la vía de puro derecho por la que se encauzó el

cargo, no es motivo de discusión que María Stella Londorio Roldán nació el 8 de mayo de 1952; que estuvo afiliada al ISS; que en enero del 2000 se trasladó del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, que la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó la redención anticipada de bono pensional mediante resolución n.° 6024 del 26 de marzo de 2009; que Colfondos SA realizó la devolución de saldos el 9 de diciembre de 2017. Desde ya se avizora que el cargo tiene vocación de prosperar, pues en los casos en los que se constata que el traslado de régimen pensional es ineficaz, por no obedecer a una decisión libre y voluntaria, pero al afiliado ya se le ha 12 Q Radicación n.°94756 cancelado la devolución de saldos, lo que procede es que este retorne el dinero a modo de compensación o restitución. Ello es así, en la medida en que la devolución de saldos no deja de ser de carácter subsidiario de la prestación principal (CSJ SL1423-2023), que el sistema ofrece como verdadero mecanismo para cubrir la contingencia de la vejez, como lo es la pensión, de modo que, en rigor, el hecho de ser beneficiario de tal prestación alternativa, no tiene la equivalencia jurídica de la condición de pensionado. Por eso, resulta abiertamente impertinente importar al sub judice, el raciocinio de la Corte y las subreglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia CSJ SL373-2021, habida cuenta de que en esa ocasión se adoctrinó que lo que

constituye un obstáculo para declarar la ineficacia del traslado es que, el antes afiliado, adquiera la calidad de pensionado del RATS, por tratarse de un hecho consumado, una situación jurídica consolidada, ((un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer». En esa oportunidad explicó la Corte: [...] si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)', lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones: [...1. La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más I

SL1688-2019, SL3464-2019

13 Radicación n.°94756 situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses

de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones. Como bien puede advertirse, no es posible equiparar la condición de pensionado, con el hecho de que el afiliado reciba una devolución de saldos, pues en estos casos, ante la certeza de que el traslado se hizo soslayando las exigencias de que la decisión fuera libre y voluntaria, no es irrazonable retrotraer las cosas al estado en el que se hallaban, pues bastaría con disponer que el beneficiario retorne lo percibido por aquel rubro, a modo de compensación o restitución. Así lo explicó la Corte en la sentencia CSJ SL3464-2019: 3. ¿La vuelta al statu quo ante obliga a retornar la devolución de saldos? La ineficacia del traslado por inobservancia del deber de información puede plantear situaciones muy peculiares, con variables inexistentes en otros precedentes, que, en esa medida, invitan a la reflexión judicial. Por tanto, el cómo volver en justicia al «statu quo ante» no resiste reglas absolutas o interpretaciones lineales, desprovistas de un análisis particular y concreto. Tal es el caso de autos, en el cual se plantea una variable nueva: el demandante recibió la devolución de saldos. Ante este hecho, para la Corte la solución adoptada por el Tribunal no es equivocada, por las razones que se exponen a continuación: Si bien la jurisprudencia ha defendido que no hay lugar a la restitución de los dineros recibidos de buena fe, ello ha estado

referido a prestaciones periódicas, tales como las pensiones (CSJ SL 26279, 25 oct., 2005; CSJ SL 31989, 9 sep. 2008; CSJ SL 55500, 10 abr. 2013; CSJ SL703-2013; CSJ SL7107-2015; CSJ 5L4489-2018; CSJ SL232-2019) En contraste, respecto a la devolución de los saldos o de las cotizaciones, esta Sala ha dicho que, de ordenarse el reconocimiento del derecho principal -la pensión-, procede su 14 iti Radicación n.°94756 compensación o restitución, pues estos recursos son el soporte financiero de la prestación pensional. En efecto, en sentencia CSJ SL3186-2015, reiterada en CSJ SL6558-2017, la Sala adoctrinó: Es evidente que el sistema de seguridad social en pensiones, de carácter contributivo, instituido por la Ley 100 de 1993, tiene como sustento que el afiliado cumpla con una densidad de cotizaciones que son las que le garantizan el acceso a la protección de las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Ese capital destinado a la financiación de las prestaciones, en el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, en el caso de la devolución de saldos, debe entenderse hecho a título provisional, hasta que se defina si se tiene o no derecho a la pensión, caso último en el cual lo que procede es la restitución para que se financie. Es que para la Sala el reconocimiento de una prestación pensional supone que se cuenta con el capital correspondiente a las cotizaciones con la cual se va a financiar. La pensión es una

construcción fruto del trabajo de muchos arios de la persona, de manera que su otorgamiento debe estar respaldado con los aportes o cotizaciones sufragadas durante la vida laboral. Al respecto, el literal 1) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, dispone que no «podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados». En tal orden, es indispensable la recuperación de los valores entregados a los afiliados o beneficiarios por concepto de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, en la medida que estos recursos son el soporte financiero de la pensión. Esta es la razón por la que la pensión y la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva son prestaciones incompatibles, pues la percepción de la primera se nutre de las cotizaciones base de liquidación de las segundas. De admitirse lo contrario, el afiliado, en contravía de los fines solidarios de la seguridad social, podría percibir dos prestaciones por cuenta de un mismo riesgo: la vejez. O dicho de otro modo, contabilizar dos veces las mismas cotizaciones para obtener un doble beneficio del sistema. Ahora bien, en cuanto a la improcedencia de la compensación, defendida por el recurrente bajo el argumento de que Colpensiones y el demandante no son deudores recíprocos, la Sala no suscribe este planteo. Ello, en la medida que el carácter de deudor del demandante debe apreciarse desde el prisma del sistema, es decir, ante los ojos del sistema general de pensiones él es deudor de los recursos con los cuales se va a financiar su pensión, al margen de la entidad que los administra.

Sin pasar por alto que los aportes del régimen de prima media con prestación definida van a un fondo público mientras que los del régimen ahorro individual con solidaridad a una cuenta 15 Radicación n.°94756 individual, lo cierto es que en uno y otro caso los recursos tienen una destinación específica: el pago de la pensión de vejez. En tal dirección, el literal g) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 subraya que independientemente del régimen pensional al que se esté afiliado, «para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos». Vale destacar que, en este caso, en virtud de la declaratoria de ineficacia del cambio de régimen pensional, el pago de la pensión corre a cargo del fondo común de naturaleza pública administrado por Colpensiones, a través del cual se «garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados» con sustento en «los aportes de los afiliados y sus rendimientos» (art. 32 L. 100 de 1993) Esto es, la pensión a cargo del régimen de prima media con prestación definida tiene que estar soportada en las cotizaciones de sus afiliados, las cuales nutren el fondo público y, por tanto, justifican el reconocimiento de la pensión. Sin estas es un despropósito exigir el pago de una pensión, con mayor razón si se tiene la intención de no devolver esos dineros. Teniendo en cuenta estos argumentos, para la Sala, la actuación del Tribunal de autorizar a la entidad de seguridad social pagadora de la pensión para deducir de las mesadas pensionales,

indexación e intereses, los valores entregados al demandante por devolución de saldos, es pertinente, pues de esta forma se garantiza el recaudo eficaz de los recursos del sistema y se permite el reconocimiento de la prestación con su debido soporte financiero. De lo expuesto, es claro que fueron desacertadas las conclusiones del juez plural, pues el hecho de que se hayan devuelto los saldos a la demandante, no releva a las AFP de las obligaciones de brindar la debida información al momento del traslado, como quiera que con dicha postura se distanció de la jurisprudencia de esta Corporación, lo que conlleva la casación de la sentencia impugnada. Colofón de lo considerado, se impone el quiebre de la sentencia gravada, y dada la prosperidad del cargo, no hay lugar a imponer costas. 16 41 Radicación n.°94756

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA De acuerdo con las consideraciones vertidas en sede casación, le correspondía a la administradora enjuiciada, suministrar a la afiliada información clara y precisa sobre las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen, obligación que no cumplió Colfondos S.A., pues no obra prueba en el plenario que lo demuestre.

El formulario de afiliación al RAIS, suscrito el 20 de noviembre de 1999 (f.° 38), lo único que acredita es que la actora se afilió a esta AFP y aunque aparece la rúbrica de un asesor, no admitió su existencia ni que le haya suministrado información alguna. Si bien de dicha documental, conforme a la leyenda

preimpresa, se desprende que la demandante lo firmó, ello no indica per se el conocimiento pleno de las consecuencias de una decisión; pues al no estar demostrada la debida información que debía suministrar la AFP, no es posible afirmar que existió la suficiente autodeterminación por parte de la afiliada. Así las cosas, la entidad de seguridad social incumplió su deber de poner en pleno conocimiento a la accionante, las consecuencias del traslado al RATS, por tanto, se declarará la ineficacia de esta afiliación, determinación que implica privar de todo efecto práctico al traslado, bajo la ficción jurídica 17 Radicación n.°94756 de que aquella nunca pasó al RATS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida. Por esto mismo, la Sala ha adoctrinado que las administradoras de fondos de pensiones deben trasladar a Colpensiones, lo que canceló la demandante por los gastos de administración, comisiones con cargo a sus propias utilidades, así como los valores utilizados en seguros previsionales y el porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima, pues estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida, destinado a la pensión que ahora será reconocida. En el presente asunto, a la demandante se le realizó la devolución de saldos en el RATS por $ 93.460.979, que incluía la redención anticipada del bono pensional por valor de $80.012.804 el 14 de diciembre de 2009, capital proveniente de las cotizaciones por ella efectuadas, las que sin duda son necesarias para el reconocimiento de la prestación pensional,

en el entendido de que su otorgamiento, debe estar respaldado con los aportes o cotizaciones sufragadas durante la vida laboral. En efecto, el art. 13 de la Ley 100 de 1993, dispone que no «podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados». 18 Radicación n.°94756 Tampoco puede pasarse por alto que si bien, los aportes al régimen de prima media con prestación definida, van a un fondo público, mientras que los del régimen ahorro individual con solidaridad, a una cuenta individual, lo cierto es, que en uno y otro caso los recursos tienen una destinación específica: el pago de la pensión de vejez. En tal dirección, el literal g) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, consagra que independientemente del régimen pensional al que se esté afiliado, apara el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos». Dicho lo anterior, la Sala entrará a determinar la pensión que se le reconocerá a la demandante, teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente, así: que María Stella Londorio Roldán nació el 8 de mayo de 1952 (f.° 28) y que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 arios de edad, por lo que era beneficiaria del régimen de transición; que tenía más de 750 semanas cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo cual conservó dicho beneficio hasta el 31 de diciembre del 2014; que cuenta

con 1567 semanas válidas de cotización en toda su historia laboral (f.° 230 a 233 y 370). El Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo ario, dispone en su art. 12, que se causará el derecho pensional de vejez para las mujeres que cuenten con 55 arios o más y 500 semanas cotizadas en los