CSJ - SL253-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL253-2023 Radicación n.° 88245 Acta 4 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ERLINTO ADEMELIO LUNA CERÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 5 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró contra MANUELITA

S. A.

Se reconoce personería adjetiva a la abogada María Claudia Escandón García con tarjeta profesional 134.894 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de Manuelita S. A., en los términos y para los efectos del poder conferido obrante en el expediente digital.

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I. ANTECEDENTES Erlinto Ademelio Luna Cerón llamó a juicio a Manuelita

S. A. con el fin de que se declare que entre ambas partes existió un contrato de trabajo realidad, a término indefinido, el cual fue disfrazado mediante su vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado.

En consecuencia, pidió condenar a la demandada a reconocer y pagar en su favor, el auxilio de cesantías con sus respectivos intereses; las primas legales de junio y diciembre, las vacaciones causadas; los aportes al sistema de pensiones; calzado y vestido de labor; todo ello desde el 1 de enero de 2003 hasta el 14 de enero de 2012; el recargo por trabajo

extra diurno, domingos y festivos; la indemnización por el despido unilateral y sin justa causa; la indemnización moratoria por el no pago oportuno de sus salarios y prestaciones sociales; la indexación de las condenas; lo ultra o extra petita y las costas del proceso. Para fundamentar sus peticiones relató que laboró al servicio de la accionada, del 1 de enero de 2003 al 14 de enero de 2012, desempeñando el oficio de cortero de caña, como trabajador en misión al interior de los predios que Manuelita

S. A. tenía para el cultivo, propios o contratados con terceros.

Refirió que se trató de un contrato verbal, tercerizado con la Cooperativa de Trabajo Asociado El Placer, con un salario variable, de acuerdo con las tareas encomendadas; en horario de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m., con

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Radicación n.° 88245 algunas programaciones ocasionales durante dos domingos al mes. Resaltó que, en ejercicio de sus labores como cortero, debía someterse a la programación que hiciera Manuelita S. A.; que los acuerdos entre trabajadores se hacían de forma directa con esta empresa, al igual que cualquier reclamación por errores en el pago de los salarios, y que trabajó bajo continua dependencia y subordinación del personal administrativo de la accionada, quienes vigilaban el cumplimiento de horario y daban órdenes diarias de las

actividades a realizar. Añadió que en vigencia de la relación de trabajo no le fueron pagados los conceptos que reclama en esta demanda; no le fue consignado el auxilio de cesantías en el fondo respectivo; como trabajador tuvo que asumir el pago directo de los aportes a la seguridad social y tampoco se le reconoció la indemnización por el despido unilateral y sin justa causa. Al contestar la demanda, Manuelita S. A. se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, los negó o dijo no constarle, descartó que hubiera tenido algún vínculo con el actor; dijo que, en todo caso, el 17 de enero de 2012 celebró un acuerdo transaccional con el actor e igualmente una conciliación en la que se declaró a la empresa a paz y salvo por cualquier concepto o eventual acreencia que se pudiera derivar de los servicios que prestó mientras estuvo vinculado con la Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) El Placer, recibiendo la suma de $100.000.000 y la capacitación en un

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Radicación n.° 88245 programa de readaptación laboral por el término de seis meses. Agregó que el demandante se afilió voluntariamente a la CTA, mediante la cual aportaba su fuerza de trabajo; negó que hubiera suscrito un acuerdo laboral con algunos cooperados, pues, simplemente se reunió con el fin de escuchar sus inquietudes, ya que no existió algún tipo de vínculo. Explicó que la cooperativa nunca desarrolló actividades de intermediación laboral, sino que se suscribieron varias ofertas mercantiles para la compra del

corte manual de caña, bajo el riesgo y cuenta propia del contratista. Dijo que, dado el desprestigio de la figura del cooperativismo en Colombia, contrató con una empresa de comunicación, con el fin de conciliar cualquier eventual litigio que pudiera surgir con los cooperados, lo que generó que el actor aceptara la suma ya mencionada. Formuló las excepciones previas de cosa juzgada, falta de integración del litisconsorcio necesario y prescripción. Y las de fondo de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, compensación, prescripción y las que resultaren probadas en el trámite. Mediante escrito de reforma a la demanda inicial, el accionante informó que los acuerdos a los que hizo mención fueron el resultado de negociaciones colectivas propuestas por los trabajadores corteros a los ingenios, a través de su organización gremial Asocaña, y que él se encontraba dentro del pliego de peticiones presentado. Agregó que la CTA El

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Radicación n.° 88245 Placer estaba disuelta y liquidada. La demandada negó o dijo no constarle estos supuestos. Mediante decisión del 23 de mayo de 2016, el juzgado declaró no probadas las excepciones previas formuladas por la accionada, siendo confirmada, el 9 de agosto de 2016, en sede de alzada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira, mediante fallo del 17 de septiembre de 2018, declaró probada la excepción de prescripción, absolvió a la demandada de las

pretensiones formuladas en su contra. Condenó en costas al demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante sentencia del 5 de noviembre de 2019, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira (V) en la audiencia surtida el día diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un único contrato de trabajo entre el actor ERLINTO LUNA CERÓN y MANUELITA S.A. entre el 1 de enero de 2003 y el 14 de enero de 2012.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de pago respecto de todas las pretensiones económicas de la demanda.

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CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, indicó que, como el juez de primera instancia había concluido que la presente acción estaba prescrita, debía analizar si ello era cierto y, en caso de no ser así, estudiar si entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 1 de enero de 2003 y el 14 de enero de 2012; si se le adeudaba al actor alguna suma por concepto de prestaciones e indemnizaciones y, finalmente, si era posible declarar la excepción de pago propuesta por la demandada, por el valor entregado al trabajador, en cuantía de $100.000.000 en virtud del

acuerdo de readaptación laboral celebrado entre las partes. Anunció que la tesis que sostendría sería que, en este caso, no operó la prescripción total de todos los derechos, solamente los causados antes del 13 de enero de 2012; que sí existió un contrato de trabajo entre el accionante y Manuelita S. A.; que el vínculo laboral finalizó por mutuo de las partes y que, respecto de las prestaciones o derechos adeudados desde el 14 de enero de 2012, operó la excepción de pago, con ocasión de los $100.000.000 que recibió el trabajador. En relación con el tema de la prescripción, luego de referir su fuente legal, adujo que la demanda inicial fue presentada el 4 de febrero de 2015; que el actor hizo la reclamación el 14 de enero de 2015, según folio 149, de modo que estaban prescritos todos los derechos que se causaron con anterioridad al 14 de enero de 2012.

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Radicación n.° 88245 Frente al contrato de trabajo entre el actor y Manuelita

S. A., luego de explicar lo relativo a la presunción prevista en el artículo 24 del CST y la regulación de las Cooperativas de Trabajo Asociado -citando para ello apartes de la decisión CSJ SL, 25 may. 2010, rad. 35790dijo que la prestación personal de servicios a través de las CTA se desnaturaliza cuando, a través de ella, la entidad se beneficia de un servicio personal subordinado que debería estar regido por un contrato de trabajo, por lo que el juez debe determinar si, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las

formas, hay una relación laboral encubierta en formalidades contractuales que buscan ocultarla. Indicó que estaba demostrado que el demandante estuvo afiliado a la CTA El Placer, pues así lo había aceptado Manuelita S. A. en el escrito de contestación de demanda y que, en razón de esa vinculación, esta empresa celebró una conciliación con el actor con el fin de quedar a paz y salvo por concepto de acreencias legales que se le adeudaran, documento en el que no se precisaron las fechas en que dichos servicios fueron prestados. Anotó que a folios 24 y 25, obraba el reporte de semanas cotizadas por el actor a pensiones, a través del cual se podía constatar que hizo aportes por intermedio de la referida CTA del 1 de enero de 2003 a enero de 2012; así mismo, en los folios 242 y 243, reposaba el acuerdo cooperativo por el cual, el accionante se vinculó a la CTA el 2 de noviembre de 2002; también obraban las nóminas de pago de todo ese periodo.

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Radicación n.° 88245 Mencionó la copia del pacto firmado por los corteros de caña, entre ellos el demandante, en el que se pactó las tarifas de esa labor; aspectos relacionados con la seguridad social, vivienda, transporte, entrega de elementos de trabajo, educación, descansos, prestaciones, entre otros. De otra parte, se contaba con la conciliación suscrita entre el accionante y M&M Consultores, constatándose el servicio prestado por aquél, en labores de campo por cuenta de

Manuelita S. A., a través de las CTA. Se refirió a los testimonios de Aníbal Francisco Luna y Wilfrido River quienes habían precisado ser compañeros de trabajo del actor, realizando las labores de corteros en predios de propiedad de Manuelita S. A.; que recibían órdenes de los monitores, supervisores y jefes de esa empresa; que lo que se les pagaba dependía de las tareas que ejecutaran cada semana y su producido era pesado con las básculas de la demandada. En ese orden de ideas, dijo que, analizada la prueba en conjunto, era posible afirmar que el demandante demostró la prestación personal del servicio en favor de Manuelita S. A., desde el 1 de enero de 2003 hasta el 14 de enero de 2012, por lo que operaba la presunción prevista en el artículo 24 del CST; el cual fue remunerado. Resaltó que la accionada no desvirtuó dicha presunción, pues, no aportó pruebas contundentes para demostrar que lo que en realidad se ejecutó, fue un convenio

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Radicación n.° 88245 cooperativo. Por el contrario, los elementos evidenciaban que el accionante no actuó con vocación de empresa frente a la cooperativa; que había una intención de ocultar un contrato realidad; y que Manuelita S. A. era quien suministraba los servicios propios de un empleador, como el transporte, auxilio de vivienda, educación, préstamos, tarifas de corte, entrega de dotación y elementos de trabajo. Agregó que los testigos fueron claros en señalar que estuvieron subordinados por personal de Manuelita S. A., de lo que

concluía la existencia del contrato de trabajo con la demandada, entre las fechas ya indicadas. En relación con las pretensiones reclamadas, las cuales, en criterio del actor, ascendían a $77.322.000, puso de presente que la empresa demandada allegó al plenario copia del acta de conciliación celebrada entre las partes, el 23 de enero de 2012, ante la Cámara de Comercio de Cali; al igual que la copia del contrato de transacción del 17 de enero de 2012, suscritos entre el demandante y la representante legal de la sociedad M&M Consultores, pactos que se elevarían en acuerdo de conciliación, haría tránsito a cosa juzgada y prestarían mérito ejecutivo. Advirtió que el acuerdo conciliatorio y la transacción versaron sobre los mismos hechos, y adujo que el primero de ellos fue celebrado ante un centro privado competente para ello, por lo que se le daría el alcance de transacción, conforme al criterio jurisprudencial contenido en decisión CSJ SL, 18 oct. 2013, rad. 54925, de acuerdo con el cual, la conciliación que no fuere suscrita por autoridad competente deviene en

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Radicación n.° 88245 transacción que no requiere para su validez intervención de un tercero, esto es, no pierde su eficacia, sino que se analiza como transacción. Precisó que, si bien en dicho convenio no se nombró a Manuelita S. A., sí se hizo referencia a ella en el acta de conciliación, para indicar que era la sociedad que contrataba con la CTA; respecto de la causa que dio origen a la

transacción, anotó que correspondía a la relación jurídica que unió al demandante con dichas cooperativas para la prestación de sus servicios en labores agrícolas en beneficio de otra empresa usuaria -identificada como Manuelita S. A. Estimó que la causa que hizo surgir la transacción analizada coincidía con la que dio inicio al presente proceso, esto es, la vinculación del accionante con la CTA y la prestación de sus servicios en favor de Manuelita S. A., lo que le daba a entender que existía una «manifestación expresa, libre y voluntaria del demandante en relación con la demandada Manuelita y la CTA El Placer». Al respecto, anotó lo siguiente: En este contexto, debe precisarse que el hoy declarado empleador Manuelita S. A., a través de mandatario por propia iniciativa y anticipándose a cualquier posible litigio judicial que recaiga sobre el caso, decidió pagar al demandante la suma de $100.000.000, y si bien se hizo como plan de readaptación laboral de un trabajador cooperado, la parte final del acuerdo celebrado ante el centro de conciliación se declaró a paz y salvo a Manuelita de todo concepto, legal y en general por toda clase de eventuales acreencias legales, derechos inciertos y discutibles, contrato realidad, derechos convencionales que pudieran derivarse de cualquier contrato que suscribiera la CTA donde estuvo afiliado. Aunque no enerva acción del demandante en procurar que se declare la existencia de la relación laboral, sí

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Radicación n.° 88245 tiene efecto liberatorio, es decir, que lo que se pagó cubre

íntegramente lo que el demandante reclama en este juicio laboral, podemos válidamente hablar de pago. En el caso concreto y aún sin aplicar los efectos de la excepción de prescripción, que, como señalamos al inicio de esta sentencia operaba frente a todos los derechos exigibles con anterioridad al 13 de enero del año 2012, aún sin aplicar la prescripción el valor de las pretensiones asciende a $77.322.000 y el demandante recibió $100.000.000 de pesos que se materializó a través de la transacción, es decir, que se incluye el pago del 100% de lo pretendido por el demandante, sin aplicar todavía la excepción de prescripción, incluye prestaciones sociales, subsidio de transporte, indemnizaciones, razón por la cual encuentra la Sala que hay pago total de todo lo reclamado en este proceso. Frente a la pretensión de pago de cotizaciones al sistema de seguridad social, desde el 1 de enero de 2003 y el 14 de enero de 2012, estimó que ese concepto no podía pagarse directamente al trabajador, y que su falta de pago tenía consecuencias distintas dependiendo del riesgo dejado de amparar. No obstante, puso de presente que, revisada la historia laboral del actor, era posible advertir que en ese periodo se aportó a pensiones por la CTA, para un total de 443,62 semanas, esto es, del 1 de enero de 2003 al 14 de enero de 2012, por lo que era claro que esa petición ya estaba cubierta en su totalidad. Agregó que como no se emitía condena a título de salarios o aportes a seguridad social, la misma suerte corría

la solicitud de indemnización moratoria. En consecuencia, revocó parcialmente el fallo apelado, para declarar la existencia del contrato de trabajo, pero teniendo probada la excepción de pago propuesta por la demandada, respecto de todo lo pretendido.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende la casación parcial de la sentencia del ad quem, de forma que se revoque el numeral que declaró probada la excepción de pago total y, en consecuencia, se concedan las pretensiones solicitadas en la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por Manuelita

S. A. y serán analizados conjuntamente, pues, aunque se formulan por sendas distintas, plantean una misma inconformidad, relativa al alcance que se les dio a los actos de transacción y conciliación celebrados entre un representante del empleador y el trabajador, por lo que el estudio de las acusaciones, en últimas, terminará complementándose.

VI. PRIMER CARGO Denuncia el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por la vía indirecta. Aunque no cita ninguna norma como integrante de la proposición jurídica, al pie de página, refiere

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Radicación n.° 88245 los artículos 9, 13, 15, 57, 64, 65, 186 y 306 del CST; 2 de la

Ley 1788 de 2016 y 98 y 99 de la Ley 50 de 1990. Lo anterior, dice, al dar por probado que el acta transaccional del 23 de enero de 2012 y el contrato de transacción de 17 de enero de ese año, visibles a folio 108 del plenario, configuraron un acuerdo bilateral, conmutativo y oneroso entre las partes sobre la liquidación de los pasivos laborales surgidos en la relación laboral existente y que habrían sido objeto de transacción, lo que llevó al Tribunal a incurrir en infracción directa de la ley sustancial conforme la violación material de las normas nacionales que confieren derechos y garantías contractuales al trabajador y que fueron resueltas mediante la declaración de una excepción de pago. Sostiene que, en este caso, se ignoró que el contrato de transacción tuvo como objeto el ingreso del actor a un programa de readaptación laboral y productivo, por lo cual recibió una contraprestación de $100.000.000 y renunció al cargo de cortero de caña en la sede de la demandada. Una renuncia que, aduce, tuvo efectos hacia el futuro y a partir del 14 de enero de 2012. Asevera que la cifra recibida mediante la transacción obra como un reconocimiento indemnizatorio que entra a compensar los efectos futuros e inciertos de la pérdida de ingresos con ocasión del despido indirecto al puesto de trabajo existente y que fuera declarado en sede judicial. Lo cual, a pesar de estar explícitamente señalado en los textos valorados, no fue declarado como probado, estándolo.

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Señala que, el documento contrato de transacción suscrito el 17 de enero de 2012 y que contiene las obligaciones perfeccionadas por las partes, corresponde a un proyecto de beneficios y asesorías en readaptación laboral y/o productiva al cual se acogió voluntariamente. Luego, señala, que queda claro que el objeto de la transacción fue sobre dicho proceso de readaptación a futuro y por eventuales acreencias legales, derechos inciertos y discutibles convencionales y extralegales que se pudieran derivar del contrato que vinculó a la cooperativa, mas no se pactó un paz y salvo por derechos ciertos e irrenunciables entre el empleador y el actor por los salarios, prestaciones e indemnizaciones derivadas del CST y por la prestación personal del servicio. Sostiene que en el contrato de transacción se puede ver que el recurrente se obligó a renunciar a la realización de las labores al servicio de la demandada, a cambio de la suma pactada, por lo que el dinero se reconoció por dejar un puesto de trabajo, con un detrimento patrimonial y económico que se está dispuesto a pactar en $100.000.000, de modo que la prueba objeto de análisis judicial no permite concluir que pactó su demanda laboral y sus pretensiones en este acto transaccional. Refiere que el juez de segunda instancia incurrió en un indebido ejercicio valorativo de la prueba visible en el expediente con efectos notorios y gravosos en perjuicio del actor, que vio despachado de esta forma todo el valor económico de sus pretensiones, dando por probada una

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excepción de pago total por concepto de los pasivos laborales que no está presente en el acto transaccional y que, si lo estuviera, sería contrario a la ley. Aduce que acudió al presente trámite a fin de buscar la declaratoria de un contrato de trabajo realidad, con consecuencias jurídicas retroactivas y retrospectivas, pretendiendo el pago de una serie de pretensiones de orden económico que surgen con la declaratoria de dicho vínculo. Luego, resalta que la transacción pactada no versa sobre lo mismo y una revisión de ese contrato permite advertir que sus ítems no son iguales ni coinciden con lo que fue objeto de la demanda. Insiste en que lo pactado por las partes fueron hechos inciertos y discutibles a futuro. De modo que el juez de segundo grado, se apresuró al concluir que, en virtud de esa transacción, el empleador se anticipó a cualquier reclamación posterior, máxime si no se identificó un contrato laboral ni sus extremos temporales. Añade que está proscrito conciliar sobre derechos ciertos e irrenunciables contenidos en una relación laboral y que no podían ser resueltos por el acto conciliador ni hacer tránsito a cosa juzgada, insistiendo en que esa transacción se centró en el reconocimiento del ingreso del trabajador a un plan de readaptación laboral con efectos a futuro. El Tribunal, sin embargo, le dio efectos de una liquidación laboral hacia el pasado, con lo cual desnaturalizó el acuerdo y se evadieron las responsabilidades del empleador. Refiere extractos de la decisión CC T-231-1994 sobre la vía de hecho

judicial.

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VII. SEGUNDO CARGO Denuncia la decisión de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 9, 13, 15, 57, 64, 65, 186, 189 y 306 del CST; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Estima que la declaratoria judicial de existencia de un contrato de trabajo verbal y a término indefinido entre las partes, trajo consigo los efectos de causar en su favor, las pretensiones económicas, derechos y garantías previstas por la ley para este tipo de vínculos; que nunca fueron liquidados por la sociedad demandada y que, en virtud del efecto liberatorio antijurídico que el Tribunal le otorgó al contrato de transacción suscrito entre él y la firma MM Consultores SAS, se despacharon desfavorablemente sus peticiones, declarando probada la excepción de pago. Considera que el fallo contradice lo ordenado por la norma que regula la transacción en materia laboral. Agrega que tampoco existe coherencia entre lo incoado, lo discutido y lo probado transado, aparte que desconoció el artículo 25 superior que dispone que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de la especial protección del Estado, de modo que, si el juez declaró la existencia de un contrato de trabajo, debía ceñirse a las consecuencias que dispone la ley, esto es, el reconocimiento de las prestaciones en favor del trabajador.

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Radicación n.° 88245 Cita el artículo 53 constitucional y precisa que los beneficios mínimos establecidos en normas laborales son irrenunciables, y, por ende, no pueden ser objeto de transacción entre empleador y trabajador, pues constituyen un bien jurídico constitucional asociado a la dignidad humana en el contexto del orden público laboral y sobre los cuales el trabajador no goza de poder de disposición en favor de su empleador. De modo que el Tribunal erró al darle a ese convenio un efecto liberador sobre derechos que, inclusive, nacerían a la vida jurídica solamente con su declaratoria judicial. Relaciona apartes de la decisión CC C023-1994. Insiste en que no le era dable al juzgador conceder un efecto liberatorio a las disposiciones del acta transaccional conforme la cobertura de pasivos laborales que contiene los derechos mínimos y ciertos consagrados en la ley laboral, que fueron causados a lo largo de los extremos temporales y que, de forma abusiva, fueron llevados a la transacción laboral de forma contraria a lo dispuesto en las normas, consagrando un notorio hecho antijurídico en sede jurisdiccional al rebelarse el juzgador contra la ley e ignorar su esencia vinculante. Reitera algunos alegatos ya expuestos y cita el artículo 57 del CST; luego refiere que se vulneraron las normas que consagran las prestaciones reclamadas, relaciona los artículos que regulan el régimen de cesantías; primas legales; vacaciones; pensión; e indemnizaciones por la terminación del contrario y moratoria por no pago oportuno de salarios y

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Radicación n.° 88245 prestaciones. Todo lo anterior, dice, se le adeuda en cuantía de $185.794.007.

VIII. RÉPLICA CONJUNTA Manuelita S. A. considera que los cargos adolecen de defectos técnicos, como lo es, incluir aspectos jurídicos en la primera acusación dirigida por la vía indirecta relacionada con la validez de los actos de conciliación y transacción y fácticos en la segunda formulada por la senda directa; que no se cuestionó el verdadero sustento de la decisión impugnada, como lo fue, por ejemplo, que había una prescripción parcial de los derechos pretendidos en la demanda; que los aportes a pensión fueron pagados; que la relación laboral finalizó por acuerdo de las partes y que, en la transacción, la empresa pagó más de lo pretendido en la demanda inicial.

Agrega que los jueces cuentan con libertad en la apreciación de las pruebas, de modo que el error debe ser de la entidad suficiente y notoria para desvirtuar la legalidad de la decisión. Finalmente, resalta que fue el actor quien declaró a paz y salvo a Manuelita S. A.; que, tanto en la transacción como en la conciliación, el objeto del arreglo entre las partes fueron los derechos inciertos y discutibles, incluyendo las prestaciones sociales y la no readaptación laboral; no existía certeza del tipo de vínculo existente entre el demandante y la CTA y, menos aún, con la empresa demandada; y que por

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Radicación n.° 88245 ello recibió la suma de $100.000.000, por lo que pretende

enriquecerse de mala fe, intentando confundir lo acordado, con una simple readaptación laboral. Añade que en este asunto se tipificó la figura del pago total y hubo un desembolso superior a cualquier hipotético derecho pretendido, incierto y discutible para ese momento.

IX. CONSIDERACIONES Previo a resolver el asunto cuestionado, la Sala advierte que, como lo sostiene la parte opositora, la censura incurre en la imprecisión de mezclar indistintamente en las dos acusaciones, aspectos fácticos y jurídicos, pese a que cada una de ellas se formula por sendas distintas, mezcla que está proscrita. Sin embargo, como en cada cargo logran identificarse alegatos propios de la vía elegida, la Corte estima superada tal deficiencia técnica, más aún, si los temas propuestos se concatenan entre sí, guardando una relación lógica.

Aclarado lo anterior, se tiene que el planteamiento de la censura tiene que ver con el alcance que le dio el Tribunal al acuerdo de transacción celebrado entre el demandante y la empresa M&M Consultores, a nombre de Manuelita S. A., al considerar que suponía un pago de las prestaciones que esta última le debía al trabajador, con ocasión del contrato de trabajo realidad que se declaró en sede judicial. Concretamente, el ad quem entendió que dicho pacto, si bien no enervaba la posibilidad de que el actor iniciara las acciones para lograr el reconocimiento del vínculo de trabajo,

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Radicación n.° 88245 sí tenía un efecto liberador, de modo que con el pago que hizo

la accionada como consecuencia de ese acto bilateral saldó incluso más de la totalidad de lo que adeudaba. Para la censura, dicha conclusión contiene equivocaciones de tipo fáctico como jurídico: lo primero, producto de la lectura que el colegiado hizo del acta de transacción suscrita entre las partes, la que, dice, sólo tuvo como propósito adoptar un programa de readaptación laboral y productivo, por lo cual recibió una contraprestación de $100.000.000 como reconocimiento indemnizatorio a fin de compensar los efectos futuros e inciertos de la pérdida de ingresos con ocasión de la renuncia indirecta al puesto de trabajo existente; pero no, reconocer y pagar las acreencias ciertas que se derivaban de la existencia de la relación de trabajo que tuvo con Manuelita S.A. Lo segundo, aduce, por desconocer las normas que prohíben este tipo de acuerdo frente a derechos mínimos y ciertos que, inclusive, nacerían a la vida jurídica solamente con su declaratoria judicial. Así las cosas, le corresponde a la Corte determinar si el juez de segundo grado se equivocó en la valoración de las actas de transacción y conciliación, como medio de prueba, y si con ello le dio un alcance distinto al querido por las partes e igualmente, si erró al declarar probada la excepción de pago. Por razones de metodología, inicialmente, se abordará el tema probatorio, para luego analizar el jurídico. i) Desde el punto de vista fáctico

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Radicación n.° 88245 Para resolverlo, resulta relevante, relacionar los dos elementos de juicio denunciados por la parte recurrente:

a. Contrato de tr