CSJ - SL2537-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2537-2023 Radicación n.° 97179 Acta 31 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MYRIAM CORRALES DE BARRETO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a

BANCOLOMBIA S. A. y la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Myriam Corrales de Barreto llamó a juicio a Bancolombia y a Colpensiones, con el fin de que se declarara: i) que entre la primera y su esposo Libardo Barreto existió un contrato de trabajo entre el 13 de noviembre de 1967 y el 14 de junio de 1983, cuando falleció; ii) que estuvo afiliado al

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Radicación n.° 97179 ISS del «13 de noviembre de 1967 al 14 de abril de 1968, del 3 de octubre de 1972 al 31 de diciembre de 1981 y del 1° de junio de 1983 al 14 de junio de 1983», quedando a cargo de su empleador la obligación de hacer los aprovisionamientos necesarios de capital para realizar dichas cotizaciones. Solicitó que, como consecuencia, iii) se ordenara a Colpensiones liquidar el cálculo actuarial de acuerdo con los salarios que aquél devengó; iv) que una vez ello ocurriera,

informara a Bancolombia, para que esa entidad transfiriera la suma correspondiente; v) que se condenara a la administradora de pensiones a reconocerle la «pensión de sobrevivientes por sustitución pensional», a partir del 14 de junio de 1983, junto con la indexación, lo que resulte probado y las costas. Peticionó en subsidio, condenar a Colpensiones, a reconocerle la «pensión de sobrevivientes por sustitución pensional, […] a partir del 7 de enero de 2008, fecha en la que se hizo exigible la […] de vejez que dejó causada» su consorte; las mesadas a que hubiera lugar; la indexación desde esa misma fecha y las costas. Relató que su esposo laboró para Bancolombia en los extremos indicados; que falleció el 14 de junio de 1983; que contrajeron matrimonio el 23 de octubre de 1971; que convivieron hasta el día del deceso; que dependía económicamente de él; que procrearon dos hijos, quienes para la fecha de la muerte eran menores de edad.

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Radicación n.° 97179 Narró que Libardo Barreto, nació el 7 de enero de 1947; que, de no haber muerto, habría cumplido 60 años en el 2007; que el último cargo que desempeñó fue de «revisor», describiendo la forma en la que Bancolombia le pagaba la asignación salarial. Afirmó que el 11 de abril de 2018, solicitó a la entidad bancaria le certificara el valor de los salarios devengados por

su esposo, «desde el 13 de noviembre de 1967 hasta el 14 de junio de 1983», incluyendo todos los factores salariales; que en respuesta se le comunicó que la información requerida no había sido encontrada; que en septiembre de ese mismo año, insistió en su petición, pidiendo además que la entidad iniciara los trámites administrativos necesarios para liquidar y pagar a Colpensiones «el cálculo actuarial correspondiente al tiempo laborado y no cotizado para los riesgos de invalidez, vejez y muerte por Libardo Barreto al ISS». Indicó que en respuesta la demandada reiteró que no se encontró información y negó lo relacionado con el cálculo actuarial por ser improcedente, en razón a que la cobertura del ISS para los riesgos de IVM inició en las principales ciudades del país a partir del 1° de enero de 1967 y posteriormente se fue extendiendo en forma gradual a las demás, por lo que en aquellos sitios donde no existía, los empleadores no estaban obligados a realizar aportes a la seguridad social. Aseveró que, aunque su pareja trabajó para esa entidad durante «15 años y 7 meses», no fue afiliado al ISS; que en

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Radicación n.° 97179 consecuencia su empleador asumió la carga de hacer las provisiones económicas necesarias para el pago de los aportes a pensión de los tiempos laborados y no cotizados. Manifestó que en 1983 peticionó ante el ISS el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, siéndole negada; que contra tal determinación interpuso los recursos de ley, pero la decisión se mantuvo; que el 26 de junio de

2003 nuevamente la reclamó y también se la negó. Insistió en que por no haber pagado Bancolombia los aportes al ISS, por el tiempo que efectivamente laboró su extinto cónyuge, surgió la obligación de hacer los aprovisionamientos necesarios para el pago del cálculo actuarial (cuaderno Principal Expediente Primera Instancia demanda, archivo «2022125243012.pdf» f.° 5 a 17 expediente digital. subsanada el 2 de julio de 2019, f.° 119 a 133, ibidem. Las demandadas se opusieron a las pretensiones; en cuanto a los hechos afirmaron: Colpensiones: que el esposo de la actora no alcanzó a cotizar las semanas suficientes para que se estructurara el derecho reclamado; que negó la petición del cálculo actuarial, en razón a que la cobertura del ISS para los riesgos de IVM, inició en las principales ciudades del país a partir del 1° de enero de 1967; que en aquellos sitios donde no existía ese cubrimiento, tampoco había obligación legal para los empleadores de realizar aportes a la seguridad social; que para la ciudad de Ibagué fue el 15 de abril de 1968; aceptó

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Radicación n.° 97179 algunos hechos, negó otros y dijo que los demás no le constaban. Propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación y prescripción (archivo f.° 159 a 168 ib.).

Bancolombia: que admitía el vínculo laboral con el causante; los extremos temporales y la fecha del deceso,

aclarando que no era su obligación efectuar los aportes que reclamaba la accionante, dado que la reserva actuarial que eventualmente pudiera surgir de la aplicación de normas como el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, los Decretos 1887 de 1994 y 1748 de 1995, no eran aplicables al caso. Agregó que efectuar el cálculo de la reserva actuarial en cuestión, solamente era viable cuando el contrato de trabajo hubiera estado vigente al 23 de diciembre de 1993 o iniciado con posterioridad a dicha fecha, lo que no aconteció, dado que el trabajador falleció el 14 de junio de 1983; que durante el tiempo que perduró el vínculo, lo afilió al ISS en dos oportunidades, una «del 15 de abril de 1968 al 2 de octubre de 1972, fecha en que se reportó al ISS novedad de retiro, para un total de 233 semanas, y otra del 1° de enero de 1982 al 31 de mayo de 1983, […] alcanzado 73 semanas». Propuso como excepciones de fondo las de falta de causa para pedir, improcedencia del cálculo actuarial, carencia absoluta de causa o inexistencia de las obligaciones reclamadas, pago total de las obligaciones surgidas de la vinculación laboral de las partes, cobro de lo no debido,

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Radicación n.° 97179 buena fe, compensación, prescripción y la innominada (archivo 229 a 250, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de

Ibagué, el 20 de abril de 2021, decidió:

PRIMERO: DECLARAR que entre […] BANCOLOMBIA […] y LIBARDO BARRETO […] existió contrato de trabajo entre el […] 13 de noviembre de 1967 y el 14 de junio de 1983.

SEGUNDO: CONDENAR a Bancolombia S. A., a pagar a […] COLPENSIONES, inmediatamente a la comunicación realizada por esa entidad en cuanto al valor a cancelar, el cálculo actuarial correspondiente por los aportes dejados de cotizar al sistema general de seguridad social en pensiones, en beneficio de LIBARDO BARRETO, por los periodos comprendidos entre el 13 de noviembre de 1967 al 14 de abril de 1968; del 3 de octubre de 1972 al 31 de diciembre de 1981 y, del 1° de junio de 1983 al 14 de junio de 1983, con base en los salarios devengados por aquél […] TERCERO: CONDENAR a […] COLPENSIONES, a reconocer y pagar a Myriam Corrales de Barreto […] la pensión de sobrevivientes, de manera vitalicia, a partir del 14 de junio de

1983. El monto de las mesadas comprendidas entre […] febrero de 2016 y […] marzo de 2021 equivale a $72.621.938,15, debiendo ser indexadas dichas mesadas una a una desde que se hicieron exigibles hasta que se efectivice su pago. A partir de […] abril de 2021, la pensión será equivalente a $1.098.199,83 y de allí en adelante con los reajustes anuales de rigor, por 14 mesadas pensionales. El sujeto pasivo de las pretensiones se encuentra habilitado para

deducir el porcentaje correspondiente con destino al sistema de seguridad social en salud.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones de Bancolombia S. A. y COLPENSIONES, salvo la de prescripción [la cual] prospera de manera parcial.

QUINTO: CONDENAR en costas a […] BANCOLOMBIA S.A. […]

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Radicación n.° 97179 (fallo de primer grado, archivo «[…]2022125243012» f.° 331 a 335ib.).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 1° de junio de 2022, al decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, resolvió: PRIMERO: Confirmar el ordinal primero y revocar los restantes ordinales de la sentencia [de primera instancia].

SEGUNDO: Declarar demostrados los hechos soporte de la excepción de inexistencia de la obligación, en consecuencia: negar las restantes pretensiones propuestas por Myriam Corrales de Barreto contra BANCOLOMBIA y COLPENSIONES.

TERCERO: Costas de ambas instancias a cargo de la demandante […].

Advirtió de entrada que el primer fallo no se encontraba acorde con lo probado, la legislación aplicable y con el sentido y alcance determinado por la jurisprudencia laboral, por lo que sería revocado, para en su lugar negar las pretensiones.

Destacó como hechos demostrados: el vínculo laboral del causante (Libardo Barreto) con Bancolombia desde el 13

de noviembre de 1967 hasta el 14 de junio de 1983; que lo tuvo afiliado ante el ISS para los riesgos de IVM, «del 15 de abril de 1968 al 2 de octubre de 1972; del 1 de enero de1982 al 31 de mayo de 1983, o 306,86 semanas cotizadas según la historia laboral»; que no cotizó para trabajador «del 13 de noviembre de 1967 al 14 de abril de 1968, del 3 de octubre de 1972 al 31 de diciembre de 1981 y del 1° de junio de 1983 al

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Radicación n.° 97179 14 de junio de 1983», por no existir cobertura en la zona en el cual prestaba sus servicios; que aquél falleció el 14 de junio de 1983, fecha en la cual no reportaba afiliación por parte de su empleador. Reflexionó con fundamento en las sentencias CSJ

SL9856-2014, SL14388-2015, SL1358-2018, SL197-2019 y

SL8022022,

1. Que, en términos generales, el empleador que no afiliara a sus trabajadores al sistema de seguridad social, incluso debido a la falta de cobertura del ISS, debía responder por las obligaciones pensionales con aquellos, por los períodos en que los riegos de IVM estaban a su cargo, asumiendo el valor del correspondiente título pensional, cuyo único objetivo era perfeccionar la subrogación de un riesgo que anteriormente asumía.

2. Que las obligaciones derivadas de la seguridad social en pensiones subsistían aun cuando la falta de afiliación al

sistema no obedeciera a su culpa o negligencia, o que la relación laboral se encontrara vigente a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Explicó que no obstante, ello no aplicaba en este asunto, pues las pensiones de sobrevivientes tenían unas características particulares y diferentes a las de vejez, dado que contaban con una fecha cierta de causación, en que ocurría el riesgo que amparan (la muerte); que por ende, su financiación dependía de la solidaridad del régimen y no del

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Radicación n.° 97179 acopio de tiempos o capital para ello; que aplicaba solo para las prestaciones de jubilación y de vejez, por tratarse de derechos que se iban formando a lo largo de la vida laboral. Razonó con referencia en las providencias CSJ SL41032017 y CSJ SL1710-2021 que, en ese sentido, […] si el empleador que no efectuó la afiliación de su trabajador en la época y territorio sin cobertura ISS, no realizó el trámite de convalidación de tiempos servidos, antes de la causación del riesgo de muerte, no [estaba] autorizado con posterioridad a tal suceso, ordenar el pago del cálculo actuarial para que la administradora del fondo de pensiones cubra un riesgo ya ocurrido […]. Concluyó que aplicadas tales subreglas al caso, Bancolombia no estaba obligada a su pago por los periodos reclamados por la actora, ya que la muerte del afiliado, ocurrió el 14 de junio de 1983 y, por ende, el empleador no podía «subrogar ahora un riesgo definido o consumado»; que

tampoco tenía la obligación de pagar la pensión de sobrevivientes pretendida, habida cuenta que, para la época del deceso, «la consecuencia de la omisión en la afiliación, solo legitimaba al trabajador o a sus causahabientes a reclamar la indemnización de perjuicios causados». Precisó que con la omisión, solo a partir de la vigencia del Decreto 2665 de 1988, por medio del cual se expidió el reglamento general de sanciones, cobranzas y procedimientos del ISS, el empleador era responsable de aquellas prestaciones que le hubiesen correspondido a la administradora de haber mediado la afiliación.

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Radicación n.° 97179 Trajo a colación para soportar su argumento, las sentencias CSJ SL 4 abr. 2001 rad. 15668 y CSJ SL15443 del 6 de junio de 2001, las cuales reprodujo lo pertinente. Revocó, en consecuencia, los ordinales segundo y tercero de la sentencia del juzgado, […] en la medida que las pretensiones principales de la demanda, referentes al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, se soportaban en el hecho de que con el pago del cálculo actuarial por los periodos en los cuales se presentó la omisión del empleador en la afiliación, el afiliado fallecido Libardo Barreto, tenía la cantidad de semanas mínimas de cotización para dejar causada la pensión de sobreviviente, de acuerdo con la norma vigente para el momento del deceso (Decreto 3041 de 1966 aprobado por el acuerdo 224 de 1966). Consideró frente a la pretensión subsidiaria, esto es, «la

pensión de sobrevivientes por sustitución pensional, o post morten» a partir del 7 de enero de 2008, que el artículo 11 del Decreto 3041 de 1966 que aprobó el acuerdo 224 de 1966, consagraba, […] que tendrían derecho a la pensión de vejez, los asegurados que contaran con 60 años o más de edad si era varón y 55 o más años si es mujer, y hubieran cotizado un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo. Explicó que como el causante Libardo Barreto nació el 7 de enero de 1948, para el momento en que falleció (14 de junio de 1983) tenía 35 años, no dejó causada la pensión de vejez, ya que, para el reconocimiento de dicha prestación, la edad era «un requisito de causación del derecho pensional y no de disfrute», como lo establecía el artículo 12 del citado

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Radicación n.° 97179 decreto (CSJ SL11651-2014), el cual no se habilitaba con el fallecimiento del afiliado. Aclaró que, siendo cierto que en la decisión que citó la demandante (CSJ SL410-2018), se señaló que era posible, tal conclusión no aplicaba al asunto, de una parte, porque en las sentencias en las que se fundó se examinaba tal supuesto en pensiones «de jubilación y no de vejez»; de otro lado,

porque en esas decisiones, […] se señala que la posibilidad de la habilitación de la edad por la muerte anticipada, fue introducida en el artículo primero de la Ley 12 de 1975, en donde se consagró el derecho de la cónyuge supérstite o de la compañera permanente de recibir la pensión de jubilación del esposo, si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ello en la ley; esto es, solo se concibió para pensiones de jubilación con tiempo cumplido, no para pensiones de vejez sin tiempo cumplido (archivo «Segunda Instancia Apelación Sentencia Expediente Segunda Instancia_ 2022125447689», ibidem).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida y, en sede de instancia, se servirá «REVOCAR la proferida por [el] Tribunal Superior del Distrito judicial de Ibagué, […] 1° de junio de 2022 (sic) y en su lugar confirmar la sentencia del

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Radicación n.° 97179 [juzgado]» (Cuaderno Recursos Extraordinarios Demanda de Casación archivo «2023070128501», expediente digital). Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado por las accionadas, el cual se examina a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar directamente, «en la

modalidad de infracción directa por interpretación errónea» de los artículos 48 y 58 de la CP, «adicionado por el Acto Legislativo 001 de 2005: […] 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; […] 5°, 11 y 20 de Decreto 3041 de 1966; […] 259 del CST y el principio de favorabilidad del artículo 53 de la CP». Afirma que no es objeto de discusión: i) que el causante sostuvo una relación laboral regida por un contrato de trabajo con Bancolombia desde el «13 de noviembre de 1967 hasta el 14 de junio de 1983»; ii) que dicha entidad lo tuvo afiliado al ISS del «15 de abril de 1968 al 2 de octubre de 1972 y del 1° de enero de 1982 al 31 de mayo de 1983» y que según su historia laboral alcanzó a cotizar 306,86 semanas; iii) que no obstante su empleador no realizó cotizaciones en favor de aquél «del 13 de noviembre de 1967 al 14 de abril de 1968, del 3 de octubre de 1972 al 31 de diciembre de 1981 y del 1° de junio de 1983 al 14 de junio de 1983», por no existir cobertura en la zona en que el trabajador prestó sus servicios; que ese tiempo equivale «a

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Radicación n.° 97179 506.14 semanas dejadas de cotizar, que sumadas a las 306.86 […] dan un total de 813 […]»; iv) que el afiliado falleció el 14 de junio de 1983 y en ese momento no reportaba

afiliación; v) que ella es su cónyuge sobreviviente y convivieron hasta el momento de la muerte. Sostiene que los derechos pensionales que cobijaban o amparaban al trabajador fallecido y su grupo familiar, son los establecidos en los artículos 5° y 20 del Decreto 3041 de 1966; que el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 consagró un deber de aprovisionamiento de los recursos necesarios para realizar el aporte previo al sistema, en el momento que el ISS asumiera la obligación, lo cual se encuentra replicado en el artículo 259 del CST. Recuerda que el derecho a la seguridad social comporta una obligación que se presta, bien sea por particulares o por entidades públicas bajo la coordinación o control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y seguridad (artículo 48 constitucional). Argumenta que la omisión del aprovisionamiento de recursos por parte del empleador, como el pago de los aportes al sistema de pensión, no puede ser oponible al trabajador y su derecho de obtener el reconocimiento de la pensión; que persiste el de exigir esa prerrogativa, pues es una carga que viene desde antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Asegura que la finalidad esencial de la pensión de sobrevivientes es «la protección de los familiares más cercanos

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Radicación n.° 97179 del afiliado o pensionado fallecido, de tal suerte que las personas que dependían económica de éste, eviten un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia»; que para la época en que murió su esposo, se exigía acreditar los

mismos requisitos que para la pensión de invalidez del artículo 5° del Decreto 3041 de 1966 (150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la invalidez, 75 de las cuales debían corresponder a los últimos 3). Estima que la determinación del Tribunal es equivocada pues desconoce que la pensión después de la muerte que le pudiera corresponder al grupo familiar del trabajador fallecido, de lograrse el pago del cálculo actuarial por parte de Bancolombia, se logra con el número de semanas exigidas en dicha norma. Destaca, con referencia en la providencia CSJ SL15 feb. rad. 40662, que como el extinto afiliado tenía un derecho adquirido para el reconocimiento de los periodos causados con efectos pensionales, para el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes, se debe aplicar el principio de la condición más beneficiosa, recordando lo considerado sobre el particular en la sentencia CC C168-1995. Discurre que el Tribunal, […] interpretó erróneamente la cláusula de favorabilidad, considerando que la controversia no se da en la aplicación de dos normas, sino de dos interpretaciones disimiles por las Altas Cortes, como se señaló antes de entrar en vigencia, la Ley 100 de 1993 y de manera específica el artículo 33 parágrafo 1 Literal c, no existía el instrumento de acumulación de tiempos de servicios

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Radicación n.° 97179 frente a empleadores particulares que tuvieran a su cargo el reconocimiento de una pensión, lo consagrado por la legislación como obligatorio, era el aprovisionamiento financiero a cargo de

los empleadores, se itera, para efectos de trasladar al ISS en el momento de llamamiento de afiliación obligatoria el valor de los aportes al tiempo servido por el trabajador. Expone que en virtud de lo dispuesto en los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, Bancolombia tenía la obligación de llevar a cabo el cálculo actuarial a fin de que ella pudiera «obtener la pensión de sobrevivientes», dado que el empleador de su difunto esposo no pagó los aportes por ausencia de cobertura del ISS. Indica que, en tales condiciones, «bajo el principio de favorabilidad y derechos adquiridos debió ordenarse» su pago, por haber aportado el número de semanas necesarias para la efectividad de la prestación a su favor (archivo, ibidem).

VII. RÉPLICAS Colpensiones afirma que el cargo presenta deficiencias de orden técnico en el alcance de la impugnación, la proposición jurídica y en el desarrollo del mismo, imposibles de superar, dado el carácter rogado y dispositivo de recurso extraordinario.

Anota, sin embargo, que mal podría asumir un riesgo causado el 14 de junio de 1983, al no ser posible convalidar a través del cálculo actuarial, tiempos de servicios que no fueron objeto de aportes, cuando el fallecimiento del afiliado

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Radicación n.° 97179 ya se consumó; que ello resultaría viable solo cuando la transferencia de recursos se ha efectuado antes de que se configure la contingencia. Añade que, a lo sumo, la Sala deberá determinar la responsabilidad que le asiste al codemandado, sin que ella

tenga injerencia u obligación alguna al respecto (Cuaderno Recursos Extraordinarios Casación Escrito de oposición archivo, «2023100736619», ibidem). Bancolombia manifiesta su oposición al recurso, pues estima que en tratándose de pensiones de sobrevivientes, la subrogación del riesgo pensional en el ISS, por la vía de la convalidación de tiempos servidos y no cotizados, a través de cálculo actuarial, solo resulta admisible si dicho procedimiento es realizado en su integridad, antes de que se produzca el riesgo que da origen a la prestación. Razona que si ello es así, la entidad de seguridad social puede asumir y gestionar válidamente el asunto a través de los mecanismos y recursos establecidos legalmente para tal fin; que admitir esa posibilidad una vez causada la muerte, podría dar lugar a que aquella tuviera que financiar una pensión completa, tras el pago de escasos recursos por tiempos indeterminados de servicios, de manera que no se equivocó el sentenciador en su determinación. Acota que, en todo caso, la acusación no puede prosperar, porque la impugnante dejó indemne varios asertos cardinales del fallo recurrido, omisión suficiente para

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Radicación n.° 97179 sostenerlo, pues estos continúan protegidos por la doble presunción de acierto y de legalidad según la iterada jurisprudencia (Cuaderno Recursos Extraordinarios Casación Escrito de oposición archivo, «2023101226408», ibidem).

VIII. CONSIDERACIONES

Aunque, ciertamente, la acusación presenta inconsistencias técnicas, pues el alcance de la impugnación no tiene la claridad y puntualidad que era de esperarse y el ataque es inexacto en el modo de trasgresión legal que se adjudica al Tribunal, la Sala alcanza a avizorar que la recurrente pretende controvertir la legalidad de la segunda sentencia, en punto de los efectos de la omisión de afiliación al sistema general de pensiones en aquellos casos en que no se surtió por falta de cobertura, puntualizando que en virtud de lo dispuesto en los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, Bancolombia en condición de empleador de su difunto esposo, tenía la obligación de llevar a cabo el cálculo actuarial a fin de que pudiera «obtener la pensión de sobrevivientes». Por tanto, la Sala centrará el control de legalidad que se le reclama del segundo fallo, exclusivamente respecto de ese tópico, pues está de por medio un derecho pensional que, por su vinculación con derechos fundamentales, conducen a obviar las inconsistencias formales de la acusación, en las que reparan las replicantes.

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Radicación n.° 97179 Aclarado lo anterior, se debe precisar que no son objeto de discusión los soportes fácticos del Tribunal relativos a: i) que el vínculo laboral del señor Libardo Barreto con Bancolombia, transcurrió desde el 13 de noviembre de 1967 hasta el 14 de junio de 1983; ii) que dicha entidad lo afilió al

ISS, para los riesgos de IVM del 15 de abril de 1968 al 2 de octubre de 1972; del 1° de enero de1982 al 31 de mayo de 1983; iii) que no obstante, por no existir cobertura en la zona en el cual prestaba sus servicios, no hizo aportes del 13 de noviembre de 1967 al 14 de abril de 1968, del 3 de octubre de 1972 al 31 de diciembre de 1981 y del 1° de junio de 1983 al 14 de junio de 1983, fecha esta última en la que aquél falleció; v) que la norma llamada a gobernar el litigio era el Decreto 3041 de 1966); vi) que la reclamante era la cónyuge del causante y, vii) que la solicitud de la pensión ante Colpensiones fue respondida negativamente. Ahora, el juez plural despachó negativamente el pedimento de la accionante, porque: i) Bancolombia no estaba obligada al pago del cálculo actuarial por los periodos reclamados por la actora, ya que la muerte de su esposo ocurrió el 14 de junio de 1983 y, por ende, como empleador no podía subrogar ahora un riesgo definido o consumado; ii) que en todo caso, tampoco le era imperativo pagar la pensión de sobrevivientes pretendida, habida cuenta que, para la época del deceso, la consecuencia de la omisión en la afiliación, solo legitimaba al trabajador o a sus causahabientes a reclamar la indemnización de

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perjuicios causados. Empero, evidentemente la determinación no se ajusta a la línea de pensamiento consolidada por esta Corporación, que establece el pago del título pensional a cargo del empleador en aquellos casos en que la afiliación al seguro obligatorio no se surtió por falta de cobertura. En efecto, como se ha reiterado, entre otras, en la sentencia CSJ SL4107-2021, los empleadores son responsables del pago del cálculo actuarial por el tiempo de servicios prestado por sus trabajadores, en los que no hubo afiliación al ISS por falta de llamamiento o cobertura del riesgo de vejez, invalidez y muerte, debido a que mantenían determinadas obligaciones y responsabilidades en relación a aquellos, que no pueden ser desconocidas, incluso en eventos como el que se examina, en el que se demanda una pensión de sobrevivientes, fruto de la sumatoria de los tiempos no aportados por falta de cubrimiento del sistema de aseguramiento social, con los que si se cotizaron por la empleadora, cuando esta cobertura se extendió al sitio de trabajo del servidor. Para la Corte, no es «arbitrario» ese criterio hermenéutico, toda vez que, como lo ha venido sosteniendo, el empleado y en casos como este sus causahabientes, no pueden asumir las consecuencias negativas de «la omisión legislativa en relación con las responsabilidades pensionales a cargo del empleador en el período en que no existió cobertura del ISS», en vista de que ello devendría en una carga

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Radicación n.° 97179 desproporcionada que afectaría su derecho fundamental a la

seguridad social. Adicionalmente, según se explicó, entre otras, en la providencia CSJ SL3606-2021, con referencia en la CSJ SL220-2021, las obligaciones patronales sobre las que se discierne, tienen soporte en los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y 59 a 61 del Acuerdo 244 de 1966, aprobado mediante Decreto 3041 del mismo año, pues aunque existieron posiciones divergentes, anteriores a la sentencia CSJ SL9856-2014, desde aquella providencia la jurisprudencia adoctrinó que la implantación gradual del seguro social y el carácter transitorio del régimen de prestaciones patronales, no implicaba la ausencia de responsabilidades de los empleadores respecto de los periodos efectivamente laborados por sus trabajadores. Lo expuesto, debido a que las citadas normas no excluyeron los deberes patronales frente las prerrogativas pensionales de sus subordinados – que se trasmiten a derecho habientes como la esposa-, ni pueden leerse en forma restrictiva, ya que la asunción del riesgo de vejez por el ISS implicó el «mejoramiento integral de los trabajadores», conforme la lectura sistemática y constitucional que la Sala ha realizado de las normas sobre las que se discurre, a partir de las siguientes premisas: 1) El carácter transitorio del régimen de prestaciones patronales, no traduce la total ausencia de responsabilidades ni obligaciones por los períodos efectivamente trabajados por

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Radicación n.° 97179 el empleado, pues la disposición que reguló e