CSJ - SL254-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL254-2023 Radicación n.° 89268 Acta 4 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en calidad de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por RAÚL MAHECHA contra ASESORES EN DERECHO S. A. S., FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., como administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA; trámite al que se vinculó como litisconsortes necesarios a LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

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Radicación n.° 89268 Se reconoce personería adjetiva como apoderada sustituta de Colpensiones a la abogada Martha Cecilia Rojas Rodríguez, con T.P. 60.018 del CSJ, según poder de sustitución conferido por el representante legal de la sociedad Arellano Jaramillo & Abogados S.A.S., en los términos y para los efectos del memorial allegado. Se reconoce personería adjetiva al abogado Jhonnatan Camilo Ortega, con T.P. 294.761 del CSJ, como apoderado

judicial de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los efectos del poder allegado ante la Corte. De igual manera, se reconoce personería adjetiva al abogado Omar Lexis Molina Rojas, con T.P. 184.008 del CSJ, como apoderado judicial de Raúl Mahecha.

I. ANTECEDENTES Raúl Mahecha demandó a la Federación Nacional de Cafeteros, Fiduciaria La Previsora S. A. y Asesores en Derecho S. A. S., con el fin de que de forma principal se reliquide el bono pensional concedido mediante Resolución 140 del 23 de septiembre de 2015 y se ordene su traslado efectivo a Colpensiones, con el fin de que sean sumadas las semanas cotizadas en su historia laboral. De forma subsidiaria, que se condene a las demandadas al reconocimiento y pago de la «indemnización» en cuantía de $110.022.269, «indemnización por concepto de intereses moratorios» por $77.394.894 y lo que resulte ultra o extra petita.

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Radicación n.° 89268 En sustento de tales pretensiones, dijo que celebró con la Flota Mercante Gran Colombiana S. A. un contrato de trabajo el 7 de abril de 1981, el cual culminó el 13 de diciembre de 1991. Narró que mediante sentencia de tutela proferida el 7 de mayo de 2015 el Consejo de Estado tuteló su derecho reclamado por lo que Asesores en Derecho S. A. S., a través de Resolución 140 del 23 de septiembre de 2015, le otorgó

un bono pensional de $270.037.026 por el tiempo laborado, ordenó al Patrimonio Autónomo Panflota que solicitara a la Federación Nacional de Cafeteros los recursos correspondientes para el pago del referido bono y que, una vez recibida la suma, procediera a pagarlo con destino a Colpensiones. Indicó que el 18 de septiembre de 2015 interpuso un incidente de desacato para obtener el cumplimiento de ese fallo, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca requirió al representante legal de la sociedad Asesores en Derecho S. A. S. para que notificara la resolución mencionada y se abstuvo de sancionar a las entidades demandadas. Dijo que a través de un perito técnico avaluador se practicó la reliquidación del cálculo actuarial arrojando la suma de $416.921.148 con corte a la fecha de expectativa en que debería haber obtenido su pensión (7 de julio de 2011);

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Radicación n.° 89268 que el experto liquidó, además, la indemnización a que tendría derecho por no haber obtenido la prestación de vejez al cumplir la edad de 60 años, calculada del 7 de julio de 2011 al 3 de septiembre de 2016, equivalente a $110.022.269 y los intereses moratorios en cuantía de $77.394.894. Por último, aclaró que a la fecha de presentación de la demanda aún no se había enviado a Colpensiones la suma del cálculo actuarial (f.os 2 a 8). Al dar respuesta a la demanda, la Fiduciaria la

Previsora S. A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, únicamente admitió que en el incidente de desacato no se impuso ninguna sanción. Frente a los demás, dijo no constarle y que debían probarse. En su defensa informó que es vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, en virtud de lo cual actúa como una fiducia de administración y fuente de pagos; y que mediante el contrato de fiducia 3-1-0138 de 2006 celebrado entre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. en liquidación obligatoria y la sociedad Fiduciaria la Previsora, le corresponde pagar las obligaciones surgidas de los compromisos adquiridos dentro del marco de ese acuerdo, pero siempre y cuando en el patrimonio autónomo existan recursos suficientes para ello.

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Radicación n.° 89268 Formuló las excepciones de fondo de cosa juzgada, imposibilidad jurídica, inexistencia de cláusula de constreñimiento, petición antes de tiempo, indebida liquidación del cálculo actuarial, imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil y la innominada (f.os 951 a 958). La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, se opuso a las pretensiones, en cuanto a los hechos, únicamente aceptó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se abstuvo de sancionar a las entidades demandadas dentro del incidente de desacato; frente a los restantes dijo no ser ciertos o no

constarle. En su defensa indicó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia no es matriz o dominante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. en liquidación obligatoria, por no ser titular del dominio y propiedad del Fondo Nacional del Café, sino administradora del mismo, siendo éste una cuenta de naturaleza parafiscal, constituida por recursos públicos cuyo objetivo prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso cafetero mediante la reducción de la volatilidad del precio internacional, siendo su titular el Estado colombiano. Agregó que no es sujeto de aplicación del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 por ser una asociación gremial civil de derecho privado sin ánimo de lucro y no de carácter societario comercial, que son las que

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Radicación n.° 89268 califican para la aplicación del prenombrado parágrafo dentro del concepto de sociedades matrices y subordinadas. Explicó que el infortunio empresarial de la CIFM en liquidación tuvo su origen en razones de fuerza mayor o caso fortuito por el serio impacto de la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Flota Mercante Grancolombiana la protección fiscal y mercantil que durante gran parte de su existencia le había permitido afrontar las condiciones del negocio naviero; causas que la exculpan como administradora del Fondo Nacional del Café. Agregó que, no obstante que el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 prevé una presunción iuris tantum, le correspondía al actor demostrar en juicio que la situación que dio lugar a la liquidación obligatoria, estuvo originada en

las actuaciones de la Federación. Propuso la excepción previa de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios y las de fondo que denominó inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, falta de legitimación en la causa y límite patrimonial de la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz con relación a su subordinada que entra en insolvencia (f.os 1064 a 1082). Asesores en Derecho S. A. S. se opuso a las pretensiones de la demanda inicial. Respecto de los hechos admitió la existencia del contrato de trabajo y sus extremos,

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Radicación n.° 89268 la sentencia de tutela, las determinaciones adoptadas en la Resolución 140 de septiembre de 2015 y dentro del incidente de desacato; respecto de los demás dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa explicó que solo le correspondía resolver las solicitudes de carácter pensional única y exclusivamente con cargo al Patrimonio Autónomo Panflota, por lo tanto, aclaró que no manejaba dineros ni tenía responsabilidad económica frente a las resoluciones de reconocimientos pensionales ni los gastos propios de la expedición de las mismas. Explicó que la extinta CIFM no dejó activos o recursos para cubrir algún tipo de obligaciones y que solo fue nombrada como mandataria con representación para que atendiera las solicitudes de carácter pensional única y exclusivamente con cargo a Panflota, para lo cual la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, giraría mensualmente los recursos económicos para atender el pago de las mesadas, en

cumplimiento de la decisión CC SU1023-2001. Agregó que para cuando se desarrolló la relación laboral no existía el deber legal de la empleadora de afiliar sus trabajadores al ISS, por lo que no hubo omisión en los deberes, de ahí que no hay lugar al reconocimiento de las prestaciones reclamadas, máxime cuando el actor no causó el derecho pensional.

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Radicación n.° 89268 Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación para proteger el derecho amparado por la sentencia proferida por el Consejo de Estado, inexistencia de la obligación pues durante casi toda la existencia de la CIFM el ISS no había asumido los riesgos de IVM, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante, ausencia del presupuesto fáctico para la procedencia del cálculo actuarial para reliquidación de bono pensional, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y la innominada o genérica, oposición a la condena de costas y los presuntos perjuicios irrogados al demandante (f.os 1083 a 1096). En providencia del 27 de julio de 2017 el juzgado de conocimiento ordenó integrar como litisconsorte necesario a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público (f.° 564). Una vez notificada, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos dijo no constarle. En su defensa señaló que existía subordinación del empleador respecto de la Federación Nacional de Cafeteros de ahí que, conforme a las

previsiones del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se generaba una responsabilidad subsidiaria exclusiva a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros, según lo precisado en decisión CC SU1023-2001. Puntualizó que no resultaría viable una condena en contra de esa cartera a título del pasivo pensional de la

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Radicación n.° 89268 Compañía de Inversiones de la Flota Mercante por las siguientes razones adicionales: i) no actúa como administradora de pensiones; ii) el Ministerio no participa en el proceso de liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante que adelanta la Superintendencia de Sociedades; iii) no fue accionista ni ejerció control sobre el empleador; iv) la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante es una persona jurídica que no tiene el carácter de entidad descentralizada, por lo que La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no puede responder por las inversiones de tal compañía; v) la CIFM por su carácter de sociedad de derecho privado no puede ser beneficiaria de las erogaciones a cargo del erario público, conforme al artículo 355 de la Constitución; vi) la participación mayoritaria del Fondo Nacional del Café no convierte a la CIFM en una entidad pública y, vii) aceptar la responsabilidad de La Nación implicaría asumir que debe responder por todas las obligaciones de las sociedades en las cuales participaron entidades estatales o exista inversión de recursos públicos. Planteó como excepciones de fondo las que denominó

indebida vinculación del Ministerio de Hacienda, inexistencia de obligación alguna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por las pretensiones de la demanda, falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva y la genérica (f.os 930 a 940).

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Radicación n.° 89268 En proveído del 8 de noviembre de 2018 el juzgado de conocimiento resolvió vincular al proceso como litisconsorte necesario a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (f.° 1142). Al comparecer al proceso, la referida administradora se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, dijo no constarle. En su defensa adujo que Colpensiones no ostenta la calidad de parte pasiva, en tanto que lo pretendido es la reliquidación del bono pensional concedido por el empleador, por lo que solo fue vinculada con miras a que sea enviado el cálculo a la administradora y pueda ser computado para la pensión de vejez del actor, sin que tenga responsabilidad en el origen o emisión del bono. Formuló las excepciones que denominó inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe de Colpensiones, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria, no configuración del derecho al pago del IPC ni de la indexación o reajuste alguno, carencia de causa para demandar, prescripción, compensación, procedencia al pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público y la innominada o genérica (f.os 1144 – 1148).

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Radicación n.° 89268

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 10 de septiembre de 2019 (f.° 1269) resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada ASESORES EN DERECHO S. A. S. como mandataria con representación del Patrimonio Autónomo Panflota a expedir el respectivo acto administrativo contentivo del cálculo actuarial del demandante RAÚL MAHECHA por el tiempo laborado y no cotizado en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante del 07 de abril de 1981 al 13 de diciembre de 1991, conforme a los salarios establecidos en la parte motiva de esta providencia y cuadro adjunto sin que se pueda exceder de los topes máximos establecidos en las tablas de categorías y aportes del ISS de la época.

SEGUNDO: CONDENAR a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA a pagar el cálculo actuarial, al que tiene derecho RAÚL MAHECHA, junto con los intereses a que hubiera lugar, por el tiempo laborado y no cotizado en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante del 07 de abril de 1981 al 13 de diciembre de 1991.

TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES para que previo el recibo a satisfacción del cálculo actuarial, incluya el tiempo laborado

correspondiente del 07 de abril de 1981 al 13 de diciembre 1991, dentro del reporte de semanas con destino al reconocimiento de la pensión del demandante.

CUARTO: CONDENAR a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS en calidad de administradora del Fondo Nacional del Café al pago subsidiario del cálculo actuarial a que tiene derecho el actor RAÚL MAHECHA por el tiempo laborado en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante desde 07 de abril de 1981 al 13 de diciembre de 1991 conforme a lo indicado en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones invocadas en su contra.

SEXTO: COSTAS a cargo de las demandadas Federación Nacional de Cafeteros, en calidad de administradora del Fondo

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Radicación n.° 89268 Nacional del Café, Asesores en Derecho S. A. S. como mandataria con representación del Patrimonio Autónomo PANFLOTA y Fiduciaria La Previsora como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, fijándose como agencias en derecho la suma de $1.000.000 por cada una.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación formulado por la Federación Nacional de Cafeteros, Asesores en Derecho S. A. S. y Fiduprevisora S. A., mediante fallo del

6 de noviembre de 2019 resolvió:

1. MODIFICAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO

y CUARTO de la sentencia de primera instancia, para establecer que procede el cálculo actuarial a favor de RAÚL MAHECHA de los periodos comprendidos entre el 7 de abril de 1981 y el 28 de agosto de 1990.

2. ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de primera instancia para CONDENAR a la FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, que remita a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la información donde consten las interrupciones durante la vinculación del actor a la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE, certificando para el efecto las licencias sin remuneración y las sanciones de suspensión que se presentaron.

3. ADICIONAR el numeral TERCERO de la sentencia de primera instancia, para ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, que realice el respectivo cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión del demandante por el periodo comprendido entre el 7 de abril de 1981 y el 28 de agosto de 1990, teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto 1887 de 1994, incluyendo las consecuencias por mora, teniendo en cuenta las normas legales aplicables para la forma de efectuar el cálculo actuarial. Para efectos de liquidar el cálculo actuarial y acreditar los salarios devengados por el actor, la entidad debe tener en cuenta los salarios establecidos en la parte motiva de esta sentencia. Una vez elaborado el mismo

deberá COLPENSIONES dar traslado a las demandadas ASESORES EN DERECHO S.A. en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.

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Radicación n.° 89268 A FIDUPREVISORA S.A. en su condición de administradora y vocera del patrimonio autónomo PANFLOTA.

4. REVOCAR PARCIALMENTE el numeral PRIMERO de la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso que la liquidación del cálculo actuarial se encuentra a cargo de ASESORES EN DERECHO SAS y que se debían tener en cuenta los salarios establecidos en la parte motiva de dicha sentencia, para establecer que ASESORES EN DERECHO SAS, mandataria con representación de PANFLOTA, debe únicamente expedir el acto administrativo de reconocimiento del cálculo actuarial que se ordena en esta sentencia, atendiendo para el efecto las sumas que determine COLPENSIONES al liquidar el cálculo.

5. CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás.

6. SIN COSTAS de la apelación.

El colegiado indicó los siguientes hechos relevantes como fuera de controversia: (i) la prestación de servicios del actor a favor de la extinta CIFM mediante un contrato de trabajo entre el 7 de abril de 1981 y el 13 de diciembre de 1991; (ii) que fue afiliado al ISS el 29 de agosto de 1990; (iii) que mediante sentencia de tutela del 7 de mayo de 2015, el Consejo de Estado le amparó transitoriamente el derecho a la seguridad social, y le ordenó al mandatario de Panflota

iniciar la actuación administrativa para establecer el tiempo laborado; analizar su situación particular y determinar el bono pensional, información que debía ser remitida a Fiduprevisora S. A. a fin de trasladar el valor actualizado de los aportes con destino a Colpensiones, para lo cual se debían adelantar los trámites ante la Federación Nacional de Cafeteros para que se giraran los recursos necesarios, en tanto que el actor debía acudir dentro de los cuatro meses siguientes ante la jurisdicción laboral; (iv) que, en cumplimiento del anterior fallo de tutela, Asesores en Derecho S. A. S. emitió la Resolución 140 del 23 de

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Radicación n.° 89268 septiembre de 2015, a través de la cual determinó la suma de $270.037.026 como valor del bono pensional tipo B, por todo el tiempo laborado para la CIFM. De forma previa aclaró que sobre la materia debatida no operaba el efecto de cosa juzgada, dado que: i) la sentencia de tutela antes referida amparó los derechos del actor de forma transitoria; ii) la demanda ordinaria fue interpuesta el 16 de diciembre de 2016, es decir, un año y siete meses después de que se dictó el fallo de tutela y iii) que «las demandadas están proponiendo controversia y argumentos respecto de la improcedencia del reconocimiento, mediante cálculo actuarial, de los aportes no pagados a favor del actor por los servicios que prestó a la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante». Al analizar la conducencia del cálculo actuarial dijo que

seguiría el criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual refirió la decisión CSJ SL, 16 jul. 2014, rad. 41745, según la cual, el empleador tiene responsabilidades respecto de los periodos efectivamente laborados por su trabajador, tratándose de las cotizaciones no satisfechas porque no existía cobertura del ISS. De ahí que, era viable el pago ordenado por tal concepto en la decisión de primera instancia, pero aclaró que la modificaría en cuanto dispuso reconocer del cálculo actuarial por los tiempos laborados del 7 de abril de 1981 al 13 de diciembre de 1991, en la medida que la empresa afilió y pagó los aportes pensionales al trabajador desde el 29 de agosto

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Radicación n.° 89268 de 1990, por lo que solo procedía por los aportes anteriores a dicha data. Explicó que la CIFM, quien fungió como empleadora del actor, estaba liquidada, según se constataba en auto 400015977 del 24 de septiembre de 2013 expedido por la Superintendencia de Sociedades, que ordenó el cierre de su proceso de liquidación obligatoria. Refirió que Fiduprevisora S. A. suscribió un contrato de fiducia mercantil con la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. en liquidación obligatoria, el 14 de febrero de 2006, a efectos de constituir el Patrimonio Autónomo Panflota, por lo que al ser tal fiduciaria la vocera y administradora de tales recursos era su deber realizar el pago

del cálculo actuarial. Sin embargo, aclaró que, dada la carencia de recursos de la empleadora para pagar los derechos laborales y pensionales de sus trabajadores, la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, tenía a su cargo una responsabilidad subsidiaria frente a las obligaciones de la extinta Flota Mercante, la cual fue definida en la decisión CC SU1023-2001. De dicha sentencia extrajo estas conclusiones: i) que la sociedad CIFM S. A. fue adquirida en un 80% por la Federación Nacional de Cafeteros con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Café, y que los recursos de este último son parafiscales; ii) que la referida compañía ingresó a proceso judicial de liquidación obligatoria el 31 de julio de

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Radicación n.° 89268 2000, regido por la Ley 222 de 1995; iii) que la CIFM S. A. en liquidación, tenía el carácter de sociedad subordinada respecto de la Federación Nacional de Cafeteros como matriz o controlante; iv) que en virtud de lo anterior operaba sobre la Federación la presunción de responsabilidad subsidiaria que dispone el parágrafo único del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, norma según la cual se presume culpa de la sociedad matriz o controlante en el estado de insolvencia o liquidación de las sociedades que le son subordinadas, presunción que al ser legal podía ser desvirtuada y, v) pese a la naturaleza parafiscal de los recursos del Fondo Nacional del Café, estos sí pueden destinarse al pago de las pensiones a cargo de la CIFM.

El colegiado precisó que la Federación no desvirtuó la presunción de culpa que recaía sobre ella como sociedad matriz. Agregó que con el fin de desvirtuar la presunción se había afirmado que la Ley 7 de 1991, Decreto 2327 de 1990 y el Decreto 501 de 1990 habían suspendido la protección fiscal y mercantil que le otorgaba a la Flota una reserva para transportar el 50% de toda la carga que entraba o salía del país; sin embargo, añadió que no aportó evidencia alguna de que tales normas derogadas hayan sido la causa directa y eficiente del estado de insolvencia en que cayó la sociedad subordinada. Puntualizó que tal conclusión no se deducía del estudio sobre la viabilidad económica y financiera de la Flota Mercante Grancolombiana y la CIFM, en tanto que, por el contrario, allí se indicó que la eliminación de la reserva de

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Radicación n.° 89268 carga fue apenas uno de los factores que incidieron en la crisis económica de la Flota, pues durante los trece años anteriores a la declaración de insolvencia, la participación de la empresa en el comercio exterior de Colombia fue disminuyendo progresivamente por la precariedad en su infraestructura tecnológica y en su capacidad, condiciones que le impedían competir adecuadamente con otras empresas del sector, pese a la reserva de carga. Así las cosas, consideró que la Federación Nacional de Cafeteros tenía responsabilidad en calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, razón por la cual procedían las condenas impuestas en primera instancia,

aclarando que el carácter de parafiscalidad de los recursos del Fondo Nacional del Café no era óbice para truncar las aspiraciones pensionales del actor, en tanto que, conforme al criterio de la Corte Constitucional, tales recursos sí pueden destinarse al pago de pensiones a cargo de la Flota, pues, ello solo operaba en caso de que en el Patrimonio Autónomo Panflota no contara con los dineros suficientes para el cumplimiento de la condena, debiendo en dicho evento y con cargo los recursos del Fondo Nacional del Café, efectuar el pago de la suma que se liquide por concepto de cálculo actuarial. En ese orden, señaló que adicionaría la sentencia apelada para establecer que Colpensiones era la llamada a liquidar el cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 7 de abril de 1981 y el 28 de agosto de 1990, conforme a lo previsto en el Decreto 1887 de 1994, pues tal

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Radicación n.° 89268 administradora era la «única competente para liquidar el cálculo actuarial», y es quien debe «recibir su importe a entera satisfacción para que se entienda cumplida la obligación». Además, puntualizó que Colpensiones debería descontar los días en que existió licencia sin remuneración y sanción de suspensión. Por ende, Fiduprevisora S. A. debía suministrar la información a Colpensiones, en tanto que aquella tenía a cargo la custodia de la documentación. Mencionó que los salarios devengados por el actor según los avisos de traslado que obraban en la hoja de vida

allegada al proceso, los cuáles se deberán tomar a partir de la fecha en que operó el cambio de salario, atendiendo, para el efecto, el cambio oficial del dólar americano al peso colombiano vigente a la fecha de causación de cada periodo, así: FECHA SALARIO FOLIOS 7 de abril de 1981 US$84.56 590 14 de diciembre de 1981 US$182.04 612,613, 617 22 de noviembre de 1982 US$239.38 643, 661, 662, 691,709 25 de enero de 1985 US$299.23 729 22 de enero de 1986 US$351.94 755 y 758 6 de julio de 1986 US$369.54 768, 775, 793 12 de abril de 1988 US$389.86 813 9 de mayo de 1989 US$411.00 860 De esa forma definió que, una vez Asesores en Derecho

S. A. S. contara con el valor del cálculo actuarial determinado por Colpensiones, «deberá expedir el acto administrativo de reconocimiento del cálculo actuarial, atendiendo para el efecto las sumas que determine la administradora».

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La casacionista pretende de forma principal que se case la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del juzgado en cuanto a condenó a la

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, para que, en su lugar se le absuelva y haga el pronunciamiento que corresponda frente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con referencia a la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995. Como alcance subsidiario, pide casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirmó el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos en que impone la condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para que, en sede de instancia, revoque la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar modificarla, en el sentido de que, a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que resulte de liquidar los aportes para pensión no pagados.

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Radicación n.° 89268 Como segundo alcance subsidiario, reclama la casación del fallo del Tribunal en la adición del numeral tercero de la parte resolutiva de la decisión de primer grado, para que en sede de instancia disponga que ese traslado que debe realizar Colpensiones deba surtirse también a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación. La Sala los resolverá en el orden propuesto y de forma conjunta los cargos segundo y tercero, dado que están dirigidos por igual senda, persiguen el mismo fin y están soportados en argumentos similares.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la decisión de violar directamente la ley sustancial por la aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la Constitución Política; inciso 2 del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 3, 38, 59 a 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3141 del mismo año; 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 373 del Código de Comercio y 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946.

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