CSJ - SL2542-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2542-2023 Radicación n.° 91877 Acta 32 Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ MARÍA IMBACUÁN CUARÁN, MILCÍADES ERAZO ORTIZ, LUIS GUACÁN, RIGOBERTO OSPINA y JOSÉ HERNÁN LOZANO DOMÍNGUEZ, contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso que le siguen al INGENIO PICHICHÍ S.A., y a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AGROCOOP, última, vinculada como litisconsorcio necesario.

I. ANTECEDENTES Accionaron los demandantes contra el Ingenio Pichichí S.A., para que se declarara que entre ellos y la pasiva se ejecutaron sendos contratos de trabajo; en consecuencia,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 91877 que se condenara a la mencionada sociedad a pagarles las cesantías y sus intereses, las primas, las vacaciones, el auxilio de transporte, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, la indemnización por despido injusto, así como las moratorias por falta de cancelación de prestaciones sociales (art. 65 CST), por la omisión del pago de los aportes a la seguridad social (parágrafo del art. 29, L. 789/02) y la del precepto 99 de la Ley 50 de 1990. También pidieron el

pago de 500 salarios mínimos mensuales a título de perjuicios morales, y la indexación de las condenas. Fundamentaron sus peticiones, en que trabajaron para la demandada como afiliados de las cooperativas de trabajo asociado Agrocoop y Progresemos, las cuales los enviaron en misión para prestar el servicio de corte de caña en los predios de la empresa accionada, labor que fue ejecutada personalmente y bajo la continua subordinación de aquella, así: Accionante CTA Inicio Final CTA Inicio Final José Agrocoop 24/06/2004 31/10/2005 Progresemos 1/11/2005 29/02/2012 Imbacuán Milcíades Agrocoop 1/06/2004 31/10/2005 Progresemos 1/11/2005 29/02/2012 Erazo Luis Guacán Agrocoop 24/06/2004 30/10/2005 Progresemos 1/11/2005 29/02/2012 Rigoberto Agrocoop 23/06/2004 30/10/2005 Progresemos 1/11/2005 29/02/2012 Ospina José Lozano Agrocoop 23/06/2004 30/10/2005 Progresemos 1/11/2005 29/02/2012 Señalaron que la jornada laboral era de lunes a domingo, incluyendo los festivos, de 6 a.m. a 3 p.m., sin descanso; que no les cancelaron las acreencias reclamadas; que el pago de sus salarios fue inferior al de los trabajadores de planta, quienes además se beneficiaban de la convención colectiva; que cuando trabajaron para las cooperativas, les

descontaban el 8,33% para el pago de la compensación

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 91877 semestral y anual, más el 1% para los intereses sobre esta última y el 4,16% con cargo al descanso de cada año y; que los salarios promedios devengados por ellos en los últimos 12 meses, fueron los siguientes: Accionante Salario José Imbacuán $600.250,00 Milcíades Erazo $973.583,33 Luis Guacán $1.021.083,33 Rigoberto Ospina $1.000.416,66 José Lozano $907.250,00 Expusieron que la demandada realizaba informes de sus actividades, como los días laborados, los cortes por el número y cantidad de tajos, la especificación de si era quemada o verde, el pesaje, la tarifa por toneladas, y las fincas en las que desarrollaban la labor; que esa información era enviada por la pasiva a la cooperativa para que manufacturara las respectivas planillas de pago, y una vez realizado esto, Ingenio Pichichí S.A. le depositaba el dinero a aquella. Narraron que la enjuiciada condicionó su entrada al trabajo a que se afiliaran a la cooperativa, y que siempre manifestaron su descontento por no estar vinculados directamente con aquella; que las asociaciones no eran propietarias de las herramientas de trabajo, ni de los vehículos que los transportaban hasta los cultivos de caña, y que nunca realizaron labores autogestionarias; que el precio del corte de caña lo imponía la demandada. Añadieron que les deben las cotizaciones a pensión y sus reajustes; que

Ingenio Pichichí S.A. pagó a las señoras Amparo López Espejo y Licenia Galindo Jiménez para que adelantaran la

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 91877 disolución y liquidación de las cooperativas de trabajo asociadas atrás mencionadas. Finalmente, expresaron que renunciaron a la cooperativa, pero no de manera voluntaria, sino para ser contratados por Pichichí Corte S.A., empresa del ingenio, por lo que se configuró un despido indirecto; y que la enjuiciada les causó perjuicios morales al mantenerlos en un trabajo ilegal en contra de su voluntad. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a todas las pretensiones. Negó los hechos, con el argumento de que no tuvo contratos de trabajo con los demandantes, por tanto, no tenía la obligación de pagarles salarios ni prestaciones sociales, pues eran asociados de las cooperativas de trabajo. Añadió que ella no era dueña de ninguna CTA, ni tenía facultades para ordenar su liquidación, y que sus relaciones con estas fueron netamente de carácter comercial y legal, razón por la cual pidió que se tuviera como confesión la afirmación de los accionantes «de haber celebrado contratos u ofertas mercantiles de prestación de servicios entre mi representada y las entidades que los actores mencionan en la demanda» y, aclaró, que no es la misma sociedad Pichichí Corte S.A. Propuso las excepciones de fondo que llamó falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; principio de legalidad y estabilidad jurídica;

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 91877 ilegitimidad de personería sustantiva; prescripción; pago y compensación y buena fe. El a quo, al resolver la excepción de falta de integración de litisconsorcio necesario, vinculó al proceso en tal calidad, a la Cooperativa de Trabajo Asociado Agrocoop, mediante auto del 14 de septiembre de 2016 (f.° 369), compañía respecto de la cual se tuvo por no contestada la demanda (f.° 384).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2018, resolvió:

1. DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE MÉRITO propuesta por la sociedad demandada, INGENIO PICHICHÍ S.A., identificada bajo el rubro de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, en razón a las consideraciones expuestas en la presente providencia.

2. ABSOLVER A LA SOCIEDAD INGENIO PICHICHÍ S.A., y a la vinculada en calidad de Litis consorcio necesario por pasiva, cooperativa AGROCOOP CTA, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la presente demanda por los señores […], en virtud de lo esbozado en el presente proveído.

3. DECLARAR NO probada la TACHA DE SOSPECHA propuesta por la parte demandante en contra de los testigos presentados por la demandada señores WILLIAM DE JESÚS CALVO ACEVEDO y JOSÉ LUBÍN COBO dadas las razones anotadas en el presente proveído.

4. CONDENAR EN COSTAS a la parte plural demandante,

fijándose como AGENCIAS EN DERECHO a favor de la parte demandada, INGENIO PICHICHÍ S.A., la suma de 1 SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, a cargo de cada uno de los actores; liquídense por Secretaría una vez en firme la presente providencia.

5. CONSULTA. Si la presente sentencia no fuere apelada, remítase al Superior en el grado jurisdiccional de CONSULTA, previa anotación en los libros respectivos.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 91877

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, a través de sentencia del 4 de marzo de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los accionantes, confirmó la providencia de primer grado y condenó en costas a los recurrentes.

Planteó como problema jurídico determinar si existió un verdadero contrato de trabajo entre los demandantes e Ingenio Pichichí S.A. Citó el artículo 35 del CST, y recordó que esta Corte tiene por sentado que si bien las cooperativas pueden contratar la ejecución de una labor en favor de terceras personas, lo que no se permite es que se enmascare una verdadera relación laboral. Precisó que al proceso se allegaron pruebas tales como: (i) aportes a seguridad social; (ii) acuerdos entre el gremio de corteros de caña con las empresas de la región; (iii) documento de verificación o seguimiento de los mencionados acuerdos; (iv) liquidaciones de toneladas y tajos de caña y volantes de nómina; (v) ofertas mercantiles de las

cooperativas para la realización de corte de caña y sus aceptaciones por parte de Ingenio Pichichí S.A.; (vi) documentación correspondiente a la vinculación de los demandantes a la cooperativa; (vii) contrato y comprobantes de pago a las abogadas Amparo López y Licenia Galindo; y (viii) el interrogatorio de parte de la representante legal de la

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 91877 accionada y los testimonios de William Calvo Acevedo y José Cobo Saavedra. Reseñó que de tales pruebas no se podía extraer que la actividad de los actores como corteros de caña fuera ejecutada en favor directo de la pasiva, sino para las cooperativas a las que se habían asociado, lo que posteriormente fue ratificado con la documental allegada. Entendió que de ahí se podía concluir que las vinculaciones se dieron a través de convenios asociativos, libres de algún vicio en su consentimiento, y que las cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos de índole civil. Trajo a colación una decisión de ese mismo cuerpo colegiado, en la que resolvió que no se acreditó la prestación del servicio ni la subordinación en favor del ingenio, para concluir que «como en aquella oportunidad, como no se comprobó una verdadera relación laboral entre los actores y el ingenio pasivo, si no la existencia de verdaderos acuerdos cooperativos, se confirmará la decisión de primera instancia».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y conceda las pretensiones.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 91877 Con tal propósito formulan cinco cargos, que replicados, se estudian de manera conjunta, debido a que comparten análogos argumentos, y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los siguientes artículos: […] 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del C.S.T.; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Además, le enrostran al proveído acusado los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que revisada la totalidad de las pruebas surge con suficiente transparencia, que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el INGENIO

PICHICHÍ S.A. sino para las CTAs AGROCOOP Y

PROGRESEMOS.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la amplia prueba

documental revela que las CTAs fueron legalmente constituidas, con apego a la ley que le es propia.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos civiles y no se desprende de ese acto la tercerización que alegan los demandantes.

5. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el

INGENIO.

6. No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs no fueron autogestionarias.

7. No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO quien disolvió y liquidó las CTAs.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 91877 Como pruebas indebidamente apreciadas relacionan las siguientes: 1.- Las de folios 63 a 91 documentos de los que se logra extraer que entre los meses de agosto de 2003 a febrero de 2012 (interregnos que se reclaman en esta demanda salvo para el demandante Rigoberto Ospina quien inició en enero 2004) las cotizaciones fueron pagadas por las COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AGROCOOP Y PROGRESEMOS. 2.- Las de folios 187 a 189, reposa un “ACTA DE ACUERDO” de fecha 21 de junio de 2005, firmada entre “un grupo de directivos del Ingenio PICHICHÍ S.A.”. 3.- Las de folios. 190 a 196) reposan documentos de verificación

del acuerdo una de fecha 28 de agosto de 2010 y otra del 23 de febrero de 2011. 4.- Las de folios 265 a 346 ofertas mercantiles, aceptaciones a las mismas, otro si, y contratos de prestaciones de servicios, hechas por la CTA AGROCOOP Y PROGRESEMOS ofertas las cooperativas se obligan a prestar el servicio corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S.A., o de terceros. 5.- Las de folios 347 a 350 contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada y las señoras LICENIA GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO, las mencionadas se comprometen a prestar servicios en la disolución y liquidación, de las CTA FE Y ESPERANZA, NUEVO HORIZONTE, PROGRESAR, PROGRESEMOS CTA, PRACTICAÑA, FUERZA INTERACTIVA, entre otras. Y como dejadas de valorar, reseñó:  La de folios 57 al 61 correspondiente al certificado de existencia y representación del INGENIO PICHICHÍ.  La de folios 212 al 232 la demanda en la que los actores informaron que estuvieron al servicio del INGENIO por intermedio de las CTAs durante todo el extremo temporal.  La de folios 240 al 268 del cuaderno 1 está la contestación de la demanda, el INGENIO aseveró que contrató con las CTAs y que los demandantes fueron socios de tales entidades, relación de naturaleza no laboral. En la demostración, aducen que el Tribunal se equivocó

al concluir que las cooperativas eran independientes y autogestionarias, comoquiera que con la documental de

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 91877 folios 265 a 346 se demuestra su falta de autonomía, y que estaban subordinadas a la enjuiciada. Esgrimen que del certificado de existencia y representación legal del ingenio se extrae que su actividad permanente es la siembra de caña, cultivo, riego y todas las actividades inherentes a ello, por lo tanto, «siendo una actividad propia ésta no podía contratarse por intermedio de CTAs porque entonces se da la prestación del servicio personal y la subordinación laboral». Refieren que la accionada obligó a las cooperativas a pasarle registro de asociados, su identificación, antecedentes judiciales y disciplinarios, probándose que era ella quien imponía las sanciones, por lo que era la verdadera empleadora. Precisan que no se valoraron en debida forma las documentales de folios 326 a 327, en las que se avizora que el ingenio se obligó con las cooperativas a pagar el cabo – persona que daba las órdenes en las laboresa terceros, a la abogada, incapacidades, bonificación de productividad y a gestionar pensiones de asociados, con lo que se demostraba la ausencia de autogestión. Adicionan que el juez de la apelación se equivocó al negar la intermediación, pues con las ofertas mercantiles quedó demostrado que tanto la dotación, las herramientas de trabajo y el transporte, eran proporcionados por la pasiva; que el capital provenía de esta, por lo que las cooperativas no eran independientes financieramente; que la accionada podía

1. exigir o prohibir el ingreso de socios a las cooperativas, ii)

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 91877 tener acceso a los antecedentes judiciales y disciplinarios de los miembros de estas, y iii) realizar pagos a terceros. Indican que el colegiado tampoco tuvo en cuenta que los documentos revelan que la accionada se comprometió a: i) entregar $420.000 a cada asociado por mera liberalidad; ii) donar la suma de $27.000.000 con destino al fondo de solidaridad, y $80.000.000 para los programas de vivienda; y iii) permitir que los miembros de las cooperativas usaran el servicio de transporte. Así mismo, se obligó a dar capacitaciones de cooperativismo. Afirman que el ad quem apreció erradamente el contrato de prestación de servicios que obra a folios 183 a 188, puesto que este acredita que fue la enjuiciada la que disolvió y liquidó la cooperativa, por lo cual les pagó a las profesionales encargadas de ello la suma de $159.000.000, y razona que, si hubiesen sido empresas legales autogestionarias, no tendrían por qué haber sido disueltas por la demandada. Esgrimen que desde la misma contestación de la demanda se extrae que las labores realizadas eran propias del giro ordinario del ingenio demandado. Concluyen que las cooperativas suministraron personal a la pasiva para labores del giro ordinario de su negocio, lo cual está limitado a las empresas de servicios temporales.

VII. CARGO SEGUNDO Acusan la providencia del ad quem de ser violatoria de la ley sustancial, en la modalidad de infracción directa del

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 91877 artículo 24 del CST (subrogado por el 2 de la Ley 50 de 1990), en relación con el 4, 5 y 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con el 53 de la CP; 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990 y; Ley 1233 de 2008. En su demostración exponen que, al encontrar probado el Tribunal que ellos realizaron las actividades propias del giro ordinario de la enjuiciada, entonces por virtud del artículo 24 del CST era Ingenio Pichichí S.A., y no ellos, quien debía asumir la carga de la prueba. Subrayan que la persona que realiza la actividad no debe demostrar la subordinación, pues esta se presume con arreglo a aquel precepto, sino que es la convocada a juicio la encargada de probar la autonomía e independencia de los accionantes.

VIII. CARGO TERCERO Acusan la infracción directa del artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, en relación con el 24 del CST; 4, 5 y 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y

3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con el 53 de la CP; 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST y; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990. Dicen que el primero de los preceptos citados prohíbe la intermediación laboral, y que la Ley 50 de 1990 autoriza que una EST contrate el desarrollo de actividades propias de una

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 91877 empresa, pero solo por un periodo máximo de 12 meses. Seguidamente señalan que las cooperativas no tenían como objeto social, enviar a trabajadores en misión o suministrar personal, por lo que, el ingenio era el verdadero empleador.

IX. CARGO CUARTO Denuncian la infracción directa del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en relación con el 24 del CST, y las demás normas reseñadas en el cargo tercero.

Recalcan que la primera de tales preceptivas les prohíbe a las cooperativas actuar como empresas de servicios temporales, y que el beneficiario de la intermediación no puede contratar los servicios de aquellas para realizar actividades del giro ordinario de su empresa.

Concluyen: El tribunal en su sentencia, tuvo por probado que hubo una relación contractual continua, es decir desde el 2003 al 29 de febrero de 2012 y que a pesar de ello, infringe la aplicación del Art. 63 de la Ley 1429 de 2010, pues llegada esta norma, el INGENIO PICHICHÍ S.A. continúo (sic) la contratación con CTAs, desarrollando las actividades propias de su objeto social como

era el corte de caña, limpieza, siembra, labores inherentes al corte y otras más, el Tribunal ignoró la ley en mención, sobre la prohibición contenida, que si la hubiese aplicado, habría concluido en que existió una tercerización o intermediación, la cual es propia de la E.S.T. que se violó esa prohibición en contravía del Art. 53 de la C.P. y que por ello, se dieron los elementos constitutivos del contrato de trabajo plasmados en los Arts. 23 y 24 del C.S.T.

X. CARGO QUINTO Le recriminan al colegiado haber transgredido la ley sustancial por infracción directa del artículo 77 de la Ley 50

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 91877 de 1990, en relación con las normas invocadas en el cargo anterior. Argumentan que, conforme al precepto citado, las empresas de servicios temporales pueden enviar trabajadores en misión hasta por un año, de acuerdo a la necesidad, pero no más, porque al cabo de ese tiempo los trabajadores pasan a serlo del beneficiario. Por lo tanto, estiman que el fallador plural infringió la ley al tolerar la intermediación laboral de las actividades propias del ingenio. Destacan que realizaron las actividades propias de la enjuiciada en sus largos extremos temporales de 2005 a 2012, los cuales no fueron desvirtuados por aquella, quien celebró ofertas mercantiles en ese lapso con las cooperativas de trabajo asociado.

XI. RÉPLICA Ingenio Pichichí S.A. dice que no se debe casar la sentencia, porque el Tribunal no cometió ningún error. Sin

embargo, afirma que, en caso de hacerlo, se debe entender que no se adeuda suma alguna, porque las cooperativas realizaron las compensaciones de los derechos mínimos. Para ello recuerda que fue citada al proceso como deudor solidario, por lo que dichos pagos realizados por las cooperativas deben liberarla de cualquier obligación. En relación con el embate inicial, resalta que no ataca el verdadero pilar de la sentencia, es decir, que no se encontró probada la intermediación laboral.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 91877 Precisa que la función de corte de caña no hace parte de su objeto social, por no decirlo así el certificado de Cámara de Comercio, y de todas formas, si así lo dijera, resultaría intrascendente, dado que el artículo 2 del Decreto 2025 de 2011, que era el que establecía la prohibición para las empresas de contratar procesos o actividades misionales permanentes, fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante la sentencia del 19 de febrero de 2018. Acota que las historias laborales de los actores nada aportan para demostrar que era ella la verdadera empleadora. Advierte que los beneficios acordados en la oferta mercantil no demuestran subordinación alguna, sino que se trató de concesiones que tuvo que hacer para poder desbloquear la planta de producción que estuvo cerrada por casi dos meses, como consecuencia de los bloqueos de las instalaciones por los corteros en el año 2008, además, que los $420.000 entregados a la CTA por cada asociado, fue por mera liberalidad. De la misma forma, que las otras

donaciones acordadas tampoco demuestran subordinación. Dice que no se pudo infringir el artículo 24 del CST, comoquiera que el fundamento de la decisión impugnada fue que no se acreditó la prestación del servicio para el ingenio sino para un tercero, por lo que no es aplicable la norma en cita. Esgrime que el Tribunal nunca consideró que las cooperativas hubieran actuado como empresas de servicios

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 91877 temporales, sino que, por el contrario, estimó los actores fueron trabajadores asociados a la cooperativa, y que habían contratado lícitamente la realización de un proceso productivo. Por último, afirma que el corte de caña es un proceso parcial o subproceso que corresponde a las diferentes etapas de la cadena productiva, luego le era lícito contratar para su ejecución a las cooperativas, y por lo tanto, no resultaba aplicable el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por lo que el Tribunal no lo infringió de manera directa, como se denuncia.

XII. CONSIDERACIONES Le corresponde a la Sala determinar si se equivocó el Tribunal al considerar que el servicio que prestaron los demandantes lo ejecutaron directamente a las cooperativas de trabajo asociado, o si, por el contrario, su fuerza de trabajo fue empleada al servicio de Ingenio Pichichí S.A., y de allí devino una relación de trabajo o no.

Pues bien, el Tribunal concluyó que los actores no lograron demostrar la prestación personal del servicio a favor de Ingenio Pichichí S.A., respecto de quien reclamaban la calidad de empleador. De hecho, fue justamente esa la tesis

que enarboló la pasiva al contestar la demanda, pues insistió en que celebró contratos u ofertas mercantiles con dichas entidades, y que fue para estas que los actores prestaron sus servicios. La hipótesis fáctica, así descrita, se encuadra en el artículo 34 del CST, que reza:

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 91877 ARTÍCULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no

estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. Tal como lo expuso la Sala en la sentencia CSJ SL44792020 reiterada en la SL2002-2022, la figura del contratista independiente exige «que la empresa proveedora ejecute el trabajo con sus propios medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos». En tales condiciones, no actúa como verdadero empresario quien «carece de una estructura productiva propia y/o porque los trabajadores no están bajo su subordinación», sino, como «un simple intermediario que sirve para suministrar mano de obra a la empresa principal». En otras palabras, si el contratista no actúa con independencia y autonomía respecto del contratante, es lógico comprender que realmente se trata de un simple intermediario, pues es así como lo disponen los numerales 1° y 2 del artículo 35 del CST, al prescribir:

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 91877

1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un {empleador}.

2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.

En la relación de intermediación (distinta de la que sucede con las empresas de servicios temporales), el simple intermediario no es empleador, pues esta calidad la tiene quien se beneficia del trabajo que realizan las personas

vinculadas por aquel. Por lo tanto, quien ha sido vinculado por un supuesto contratista, que en verdad es un simple intermediario, realmente no le presta sus servicios a este sino a quien se lucra con su actividad laboral. Pues bien, en el marco de las consideraciones expuestas en torno al entendimiento de la subcontratación e intermediación laboral (arts. 34-35 CST), desde ya se advierte que, en el sub judice, las pruebas singularizadas por los recurrentes son contundentes a la hora de acreditar que, en realidad, las cooperativas de trabajo asociado Agrocoop y Progresemos, realmente no operaron de manera independiente y autogestionaria en la prestación de servicios a terceros, tal como se lo exigían los artículos 4 y 5 de la Ley 79 de 1988, y 10 del Decreto 4588 de 2006. En efecto, a folios 347 a 351 del cuaderno principal milita el contrato de prestación de servicios y un otrosí que acredita que fue el propio Ingenio Pichichí S.A. quien contrató de manera directa a las profesionales Licenia

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 91877 Galindo Jiménez y Amparo López Espejo para que se encargaran de la disolución y liquidación, entre otras, de la CTA Progresemos. A juicio de la Sala, con esto queda esclarecida la intervención total e indebida de la demandada en el ejercicio asociativo de los cooperados, habida cuenta de que la libertad del desarrollo del objeto social de una empresa no le da permiso para interferir en la estructura organizacional y administrativa de las personas jurídicas con las que contrata, lo que incluye a las cooperativas de trabajo

asociado. Además, los artículos 106 a 110 de la Ley 79 de 1988 no contemplan esta exótica manera de disolverlas. Es que, si supuestamente la CTA actuaba en forma autónoma e independiente, entonces no tiene ninguna explicación lógica y coherente el hecho de que sea un tercero el que asuma los costos de su disolución y liquidación. En la misma dirección, las ofertas mercantiles evidencian que la cooperativa Progresemos no se servía de sus propios medios operacionales para llevar a cabo las labores en beneficio de Ingenio Pichichí S.A., pues utilizaba los elementos de trabajo y acondicionamientos técnicos de esta última. Así, en la oferta que milita a folios 270 a 274 presentada por la mencionada CTA, consta expresamente que la accionada se obligaba a lo siguiente: DÉCIMA SEXTA. DE SER ACEPTADA NUESTRA OFERTA INGENIO PICHICHÍ S.A. SE OBLIGARÍA A: […] 3. A suministrarnos en especie los siguientes elementos de trabajo por trabajador asociado activo: 1 par de