CSJ - SL2546-2023

República de Colombia Code Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2546-2023 Radicación n.° 93472 Acta 36 Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por CARLOS FLAMINIO ARDILA BUSTOS y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en calidad de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 29 de julio de 2020, en el proceso que aquél promovió contra ASESORES EN DERECHO SAS, mandataria con representación del

PATRIMONIO AUTONOMO PANFLOTA de la COMPAÑÍA DE

INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA y la entidad recurrente.

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Radicación n.° 93472

I. ANTECEDENTES Carlos Flaminio Ardida Bustos, llamó a juicio a las mencionadas entidades, con el objeto de que se declarara que fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana, luego Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; en

consecuencia, pidió se condenara a Asesores en Derecho S.A.S. «entidad cerrada», a expedirle la resolución del bono pensional o cálculo actuarial por el tiempo laborado; a la Fiduciaria La Previsora, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de PANFLOTA, a pagar su monto y a COLPENSIONES, reliquidarle la pensión de invalidez a partir de la fecha de estructuración, 23 de junio de 2013, teniendo en cuenta los tiempos laborados para efectos pensionales; incrementos legales anuales, el pago de los perjuicios morales y materiales, los intereses de mora lo extra o ultra petita que resulte probado y, las costas del proceso. En subsidio de la pretensión contra la Fiduciaria, solicitó que el pago del cálculo actuarial quedara a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, o que en su defecto, se impusiera a La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En respaldo de sus pretensiones, aludió a la creación de la marina mercante, el papel de la Federación Nacional de Cafeteros y la naturaleza de los recursos del Fondo Nacional del Café. Dijo que inicialmente, la Flota Mercante Grancolombiana tuvo a su cargo las pensiones de jubilación

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Radicación n.° 93472 de los trabajadores y la obligación de aprovisionar el capital necesario, para financiar el aporte al sistema de seguridad social, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 171 de 1961,

hasta cuando fuera asumida por el ISS. Indicó que la Flota Mercante Grancolombiana, no fue sustituida ni subrogada en sus obligaciones pensionales por el ISS ni por otra entidad que administrara esas prestaciones; que mediante el Decreto 1993 de 24 de octubre de 1967, que aprobó el Acuerdo 257 de ese ario, se llamó a inscripción obligatoria a todas las empresas, entre ellas a esta naviera, que cambió su nombre por el de Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., filial de la Federación de Cafeteros de Colombia, administradora del Fondo Nacional del Café. Señaló que en varias acciones ordinarias y de tutela, la Federación, como administradora del Fondo Nacional del Café, ha sido condenada a pagar el cálculo actuarial por los tiempos laborados por los ex trabajadores de la Flota Mercante; que el 15 de febrero de 2001, el Consejo de Estado conceptuó que la Nación debía responder por las prestaciones insolutas de la extinta Flota Mercante Grancolombiana S.A. y a su vez, la Corte Constitucional ordenó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, suministrara los recursos para el pago de las pensiones. Precisó que no hubo conmutación pensional hasta que la Flota Mercante desapareció jurídicamente, sin dejar capital ni reservas para cubrir las contingencias laborales y pensionales,

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Radicación n.° 93472 por lo que los recursos para el pago de las pensiones a su cargo, los provee la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia. Adujo que laboró para la Flota Mercante Grancolombiana S.A., mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 16 de septiembre de 1978 hasta el «3 de junio de 1990 (sic)» (3.734 días); que el último cargo desempeñado fue el de «SEGUNDO CAMARERO» a bordo de los buques de la Flota Mercante Grancolombiana, con un salario promedio mensual de USD 833.24 de acuerdo con la liquidación final de prestaciones sociales, que estaba compuesto por los siguientes factores: salario básico, prima de antigüedad, salario en especie (alimentación y alojamiento), viáticos, horas extras e «incidencia de las primas extralegales [...]»; y, que el salario para el 4 de junio de 1990 era de $410.595,67. Agregó que la Flota Mercante no cotizó para el riesgo de vejez en el periodo señalado, equivalente a 534 semanas; que actualmente se encuentra afiliado a COLPENSIONES, entidad que «no ha reclamado el bono pensional o cálculo actuarial por el tiempo laborado en la Flota [...]», la cual le reconoció pensión de invalidez mediante Resolución n.° GNR 229275 del 29 de julio de 2015; que por petición que elevó el 2 de mayo de 2017 a esta administradora de pensiones, le fue entregada copia del expediente administrativo y posteriormente, «cuando la empresa se encontraba en liquidación obligatoria, presentó solicitud de inclusión del cálculo actuarial a la Superintendencia de Sociedades». 4

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Por último, manifestó que presentó reclamaciones administrativas a todas las accionadas, el 3 y 5 de mayo de 2017 (f.°622 a 636). La Fiduciaria la Previsora SA - Fiduprevisora SA., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, al contestar, se opuso a las pretensiones; afirmó que no le constaban la mayoría de los hechos, en tanto solo se ocupaba de su administración; explicó las características del contrato de fiducia mercantil, e indicó que el pago de obligaciones pensionales con cargo a dicho patrimonio, estaba supeditado a la existencia de recursos. Presentó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; «IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR PAGOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL»; inexistencia de la obligación, prescripción; y, la «INNOMINADA» que aparezca probada en el proceso (P655 a 665). La Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES, al responder la demanda, dijo que se oponía al éxito de las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió como ciertos, la edad del actor, la expedición y número del acto administrativo mediante la cual reconoció la pensión de invalidez, fecha y monto de la mesada inicial; de los restantes, manifestó que no le constaban. Adujo que estaba en cabeza del empleador la obligación de efectuar las cotizaciones al sistema general de pensiones, teniendo en cuenta las semanas cotizadas o tiempo de servicio

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Radicación n.° 93472 señalado en la ley para causar la prestación económica de vejez y en caso de mora en su pago, la obligación de reconocer y cubrir dicha prestación, se le traslada al empleador, sin perjuicio de las demás sanciones legales a que haya lugar por causa de su negligencia e irresponsabilidad, conforme los artículos 13 de la Ley 100 de 1993 y 53 del Decreto 1406 de 1999. Formuló como excepciones de fondo, las de inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia de intereses moratorios, prescripción y la «INNOMINADA o GENÉRICA» que se hallare probada en el proceso conforme lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso (f.°706 a 716). La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se opuso a todas las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió los relacionados con el recuento realizado por el actor sobre la creación y naturaleza jurídica de la Flota Mercante Grancolombiana, las acciones de la Federación Nacional de Cafeteros, la administración del Fondo Nacional del Café y el capital o recursos públicos de la Flota. Negó su responsabilidad, con fundamento en que resultó absuelta en el fallo de tutela citado por el demandante y además porque según la Corte Constitucional, en la sentencia «SU-1023/2 001 existe responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros al ser ésta, como persona jurídica, la administradora de los recursos del Fondo Nacional 6

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Radicación n.° 93472 del Café»; sobre los restantes supuestos tácticos, indicó que no le constaban. Propuso como medios exceptivos, la indebida vinculación de ese Ministerio, inexistencia de obligación a su cargo; y, falta de legitimación en la causa (f.°717 a 730). Asesores en Derecho SAS, al responder el libelo introductor, adujo de manera previa, que se tuviera a esa sociedad «únicamente mandataria con representación con cargo al Patrimonio Autónomo PANFLOTA», en virtud del contrato de mandato n.° 9264-001-2014 y se opuso a las pretensiones dirigidas por el actor en su contra. Aceptó que la Federación Nacional de Cafeteros, proveía recursos para el pago de las pensiones de la Flota Mercante Grancolombiana S.A.; que las únicas obligaciones que tenía eran con cargo a los recursos depositados en el patrimonio autónomo y reiteró que la sociedad liquidada, no dejó activos para satisfacer esas obligaciones y que no debía responder por el cálculo actuarial. Presentó las excepciones de mérito de «Inexistencia de la obligación durante casi toda la existencia de la CIFM cerrada, el ISS no había asumido los riesgos I.V.M.»; «Imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante»; prescripción; buena fe; inexistencia de la obligación; la «Innominada o genérica»; y, «Oposición a la condena de costas y los presuntos perjuicios irrogados al demandante» (f.°767 a 798).

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Radicación n.° 93472 La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café, respondió que se oponía a todas las peticiones; en cuanto a los hechos, aceptó los antecedentes históricos de la Flota Mercante Grancolombiana y de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., y la liquidación y terminación de aquella; la participación del Fondo Nacional del Café, como controlante; que este solo tenía obligación de pagar las pensiones de jubilación de los ex trabajadores en casos específicos; y, que no le constaban los demás hechos. Argumentó que la cuenta especial Fondo Nacional del Café, carece de personería jurídica y la representación la ejerce la Federación, única y exclusivamente en los términos de ley y del contrato de administración, siendo la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, «con la participación del gremio caficultor, quien determina en este caso a través del aludido contrato y de las decisiones tomadas en el marco del Comité Nacional de Cafeteros», la forma de administrar los recursos, por lo que era inadmisible argüir la existencia de una situación de control entre una cuenta especial sin personería jurídica y una sociedad anónima de naturaleza comercial. Propuso como excepciones, las de inexistencia de la obligación; buena fe; falta de legitimación en la causa; prescripción; y, límite de la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz con relación a su subordinada que entró en insolvencia (f.°815 a 841). 8

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dictó sentencia el 9 de septiembre de 2019 (f.°CD 1301), en la que resolvió:

PRIMERO: CONDENAR a FIDUCIARIA LA PREVISORA, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y ASESORES EN DERECHO SAS mandataria con representación del PATRIMONIO AUTONOMO PANFLOTA, a elaborar la correspondiente orden que reconozca el título pensional por el valor del cálculo actuarial que debe expedir a favor del demandante CARLOS FLAMINIO ARDILA BUSTOS, [...], que resulte por el tiempo laborado para la FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA entre el 16 de septiembre de 1978 al 5 de junio del ario 1990, descontando los 541 días no laborados, conforme a lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a elaborar el cálculo actuarial al que hay lugar, conforme los salarios devengados por el trabajador CARLOS FLAMINIO ARDILA BUSTOS [...] por el tiempo realmente laborado para la FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA del 16 de septiembre de 1978 al 5 de junio del ario 1990, teniendo en cuenta que laboró: En 1981, 270 días; en 1982, 108; en 1983, 345; en 1984, 286; en 1985, 328; en 1986, 356; en 1987, 337; en

1988, 357; en 1989, 345; y, en 1990, laboró 155 días. Teniendo en cuenta los salarios mensuales devengados en dólares americanos, así: Para el ario 1979, USD 200.14; para el ario 1980, USD149.91; del 10. de enero de 1981 hasta el 24 de noviembre de 1982, USD128.01; del 25 de noviembre de 1982 al 12 de mayo de 1985 USD168.33; del 13 de mayo de 1985 al 10 de agosto de 1986 USD218.83; a partir del 11 de agosto de 1986 al 2 de julio de 1987 USD245.88; del 3 de julio de 1987 al 5 de julio de 1988 USD263.09; y, del 6 de julio de 1988 al 5 de junio de 1990 USD283, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia.

TERCERO: ORDENAR a la FIDUCIARIA LA PREVISORA vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA y ASESORES EN DERECHO SAS, mandataria con representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA, para que envíe toda la información necesaria para que se elabore el cálculo actuarial por parte de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y se haga efectivo el pago del título pensional por el valor del cálculo actuarial que se debe consignar en las condiciones que indique COLPENSIONES a favor del demandante

CARLOS FLAMINIO ARDILA BUSTOS.

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CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES a actualizar la historia laboral del demandante y reliquidar la pensión de invalidez reconocida al señor CARLOS FLAMINIO ARDILA BUSTOS, a partir del 12 de abril del 2014, una vez sea pagado el cálculo actuarial del título pensional reconocido por la FIDUCIARIA DE LA PREVISORA o subsidiariamente por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA por el lapso comprendido entre el 16 de septiembre de 1978 hasta el 5 de junio del ario 1990, descontando los 541 días no laborados, teniendo en cuenta los salarios devengados, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Condenar a la FIDUCIARIA LA PREVISORA a pagar el valor del cálculo actuarial y subsidiariamente a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, a trasladar los recursos que serán aportados como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de las pretensiones incoadas en su contra y a las demás llamadas a juicio FIDUCIARIA LA PREVISORA, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, ASESORES EN DERECHO SAS, mandataria con representación

del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA y COLPENSIONES, de las demás pretensiones incoadas en la demanda.

OCTAVO: CONDENAR en costas de esta instancia a FIDUCIARIA LA PREVISORA, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, ASESORES EN DERECHO SAS mandataria con representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA y a COLPENSIONES. [...] que deberá cubrir cada una de las demandadas a favor del demandante.

NOVENO: SIN COSTAS ni a favor ni en contra de la NACIóN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al resolver los recursos de apelación interpuestos por el actor, FIDUPREVISORA S.A., la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, mediante fallo proferido el 29 de julio de 2020 (f.°1361 a 1372), dispuso: 10

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PRIMERO: ACLARAR los ordinales primero, cuarto, quinto, séptimo y octavo, en el sentido de que, para todos los efectos legales, las obligaciones impuestas a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA S.A., lo son en su condición de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO

PANFLOTA.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente los ordinales primero,

segundo y cuarto en cuanto se dispuso: 1) descontar del cálculo actuarial (por el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 1978 y el 5 de junio de 1990), los 541 días no laborados por el demandante, para en su lugar ordenar que sí deben ser tenidos en cuenta; 2) considerar para su elaboración los salarios que éste devengó de manera anual en vigencia del vínculo (salarios mensuales para el ario 1979 US 200.14 dólares, para el ario 1980 US149.91 dólares, 1982 US128.01, noviembre de 1982 a mayo de 1985 US168.33 dólares, mayo de 1985 a agosto de 1986 US 218.83 dólares, agosto de 1986 a junio 1987 US 245.88 dólares, junio de 1987 a julio de 1988 US263.09 y julio de 1988 a junio de 1990 US 283 dólares, para en su lugar indicar que el salario con el cual se debe efectuar cálculo actuarial, corresponde al indicado el Decreto 1887 de 1994, debiéndose aplicar el Decreto 2779 de 1994, el cual resulta aplicable por remisión que hace el artículo 4 del Decreto 1887, teniendo en cuenta los factores con incidencia salarial encontrados en las convenciones y laudos arbitrales vigentes para la fecha de retiro del trabajador (salario básico, alimentación y alojamiento, la prima de servicios, viáticos y la prima de antigüedad), salario devengado promedio que debe calcularse con la tasa representativa del mercado TRM vigente para el 5 de junio

de 1990; y, 3) condenar en costas a COLPENSIONES para en su lugar absolverla del pago de las 'mismas (sic). Todo lo anterior conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia para que en la elaboración del cálculo actuarial ante COLPENSIONES, se discrimine la cuota parte que le corresponde asumir al empleador y al trabajador, fijada en la ley y atendiendo el salario devengado por el demandante en cada periodo de cotización, teniendo en cuenta los topes definidos legalmente en cuanto a los ingresos bases de cotización.

No obstante, el empleador debe pagar el total del cálculo del aporte, quedando facultado para obtener el reembolso de la parte del trabajador, ya sea consensuado o mediante acción judicial, con miras a que el demandante pueda acceder a la prestación que le pueda corresponder, calculo actuarial que deberá determinarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CUARTO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en todo lo demás.

QUINTO: CONDENAR en costas de esta instancia a la recurrente

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, al

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Radicación n.° 93472 haberle resultado desfavorable. Fíjese como agencias en derecho la suma de $ 1.000.000, las costas de primera instancia estarán a cargo de las demandadas, excluyendo a COLPENSIONES por las resultas del proceso. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal indicó que los problemas jurídicos

consistían en determinar: [...] (i) la aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y su vigencia al momento de la relación laboral; (ii) la responsabilidad de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del Fondo Nacional del Café, LA FIDUCIARIA LA PREVISORA PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA, LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES y LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; (iii) el salario a tener en cuenta para la determinación del cálculo actuarial y si hay lugar a su indexación; (iv) quién debe asumir el pago del cálculo actuarial (Empleadortrabajador, porcentaje); [...]. Dejó por fuera de controversia, los siguientes supuestos fácticos: i) Carlos Flaminio Ardila Bustos, mediante contrato de trabajo a término indefinido, laboró para la Flota Mercante Grancolombiana S.A. hoy Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A. «cerrada», desde el 16 de septiembre de 1978 hasta el 5 de junio de 1990; ii) el último cargo desempeñado fue el de «Segundo Camarero a bordo de los buques de la Flota Mercante Grancolombiana»; y, iii) durante el tiempo laborado, su empleador no cotizó al ISS, tal como se corrobora con las pruebas adosadas al expediente entre otras, el contrato de trabajo (f.°533 a 535), el acta de audiencia pública especial de conciliación de fecha 7 de junio de 1990 (f.°536 y 537), el

certificado laboral (f.°538) y la liquidación de salarios (f.°605). 12

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Radicación n.° 93472 Refirió que, sobre la inconformidad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por haber sido condenada a pagar el cálculo actuarial a favor del demandante por el periodo laborado a la extinta Flota Mercante, en la sentencia CSJ SL, 16 jul. 2014, rad. 41745, esta Corte fijó el criterio en cuanto a la responsabilidad del empleador en el pago al sistema de seguridad social de los periodos durante el cual el trabajador le prestó servicios, postura que reiteró entre otras, con los pronunciamientos «CSJSL12138-2016, SL18398-2017

y CSJ SL287-2018».

Expresó que no podía desconocerse que con antelación a la expedición de la Ley 90 de 1946, el empleador debía asumir el pago de las pensiones de jubilación, pues a partir de ella, se previó la posibilidad de que el ISS subrogara de manera gradual la contingencia de vejez, debiendo las empresas aportar las cuotas proporcionales correspondientes al tiempo de servicios trabajado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 72 y 76 de la mencionada ley. Afirmó que, [...] no puede ser otra la interpretación ante dicha situación, ya que el traslado de las contingencias de invalidez, vejez y muerte del empleador al Seguro Social, no implica que previo a dicho traslado de responsabilidades no existieran obligaciones prestacionales a cargo del empleador, en tanto el deber pensional estaba a su cargo antes de que dicha entidad iniciara la cobertura masiva de los

mencionados riesgos. Entonces, debe tenerse en cuenta que el tiempo de servicios sin cotizar por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales no puede ser ignorado por el empleador, ya que, se insiste, éste conservó una responsabilidad de financiamiento respecto del trabajador, que se traduce en el pago de un título pensional (cuya denominación y determinación variará dependiendo del régimen al cual se encuentre vinculado el trabajador) y sería inequitativo e injusto para los trabajadores que, por la falta de la materialización de la relación jurídica de afiliación y cotización, se les genere un perjuicio y se afecte su expectativa pensional, lo cual va en

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Radicación n.° 93472 contravia de la naturaleza del derecho fundamental a la seguridad social y a todos los postulados tanto de orden constitucional como legal sobre los que se cimienta la seguridad social, no siendo indispensable para la transferencia de tales recursos que el trabajador deba tener derecho a una pensión, sino que simplemente por tratarse de derechos irrenunciables procede el pago de tales periodos no cotizados. Infirió de lo anterior y de lo dispuesto en el literal d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que el demandante tenía derecho al reconocimiento del cálculo actuarial, por lo que el empleador debía asumir los pagos correspondientes al tiempo de servicios, con independencia de si el actor se encontraba percibiendo una pensión de invalidez, toda vez que esta circunstancia no lo exonera de girar los recursos constitutivos del cálculo actuarial, debido a que «ese tiempo allí reconocido no sólo sirve para completar las semanas necesarias para

adquirir el derecho a la pensión de vejez, sino que eventualmente pueden incidir en el monto de la mesada pensional que actualmente viene devengando». Destacó que el cálculo actuarial es diferente al pago de aportes, porque este corresponde a situaciones en las que se afilió al trabajador, circunstancia distinta a la del aquí demandante y por ello, era menester establecer el capital necesario para financiar su pensión e incluir los rendimientos, según fórmula matemática prevista para el mencionado cálculo. Advirtió que la Flota Mercante S.A., no efectuó los aportes al ISS del denominado «personal del man, que solo asumió el pago de las mesadas pensionales de trabajadores que habían cumplido requisitos mientras se encontraban 14

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Radicación n.° 93472 vinculados a la empresa, pero no así sobre las personas que laboraron menos de 20 años y no alcanzaron el derecho pensional; que mediante «auto No. 411-11731 del 31 de julio del 2000», la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación obligatoria de la misma y en ejecución de su liquidación esta entidad se halló sin los recursos económicos para cumplir con las mesadas pensionales y los aportes en salud; que en sentencia CC SU1023-2001 se ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros, que en la medida en que el liquidador de la compañía no contara con los recursos suficientes para los referidos pagos, debía responder de forma subsidiaria. Por lo expuesto, consideró que confirmaría la responsabilidad subsidiaria de la obligación pensional a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros, en su calidad de

«matriz o controlante» de la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, en tanto no desvirtuó la presunción legal del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, pues no demostró «su inocencia en el tema de la insolvencia de la sociedad subordinada» y además, era aquél el criterio aplicable, a partir de la citada sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional. Examinó el contrato de administración del Fondo Nacional del Café, suscrito entre la Nación y la Federación Nacional de Cafeteros e infirió que asumió la obligación de invertir los recursos del Fondo, pagar sus gravámenes y recomendar al Comité Nacional de Cafeteros, el mejor uso y destinación de los recursos.

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Radicación n.° 93472 Dijo que era procedente ordenarle a Asesores en Derecho SAS, mandataria del patrimonio autónomo PANFLOTA, expedir el acto administrativo para que la FIDUPREVISORA S.A., entregue los recursos que la Federación Nacional de Cafeteros pusiera a su disposición y realizara el pago a Colpensiones del cálculo actuarial a favor del demandante. Mencionó que era inviable condenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al pago del referido cálculo actuarial, porque la obligación le correspondía al empleador y en esa medida, era asumida por Fiduciaria La Previsora, en su condición de administradora del patrimonio autónomo

PAN FLOTA.

Estableció que el valor del cálculo actuarial era conforme

lo dispone el Decreto 1887 de 1994 y el 2779 de 1994, aplicable por remisión del artículo 4 de aquél (Sentencia CSJ SL, 20 oct. 2015, rad. 43182) y, de acuerdo con la certificación laboral de fecha 18 de julio de 2017 por «UNIMAR» (f.°504), la liquidación de salarios (f.°605), la condición del actor de beneficiario de las convenciones y laudos arbitrales, suscritos entre el sindicato y la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., vigentes a la fecha de su retiro, 5 de junio de 1990 (f.°539 a 603). Aseveró que aunado a los factores con incidencia salarial: asignación básica, alimentación y alojamiento, prima de servicios, viáticos y prima de antigüedad, que fueron tenidos en cuenta por el empleador para la «liquidación efectiva de los salarios» y adicionalmente, al último salario promedio 16

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Radicación n.° 93472 devengado debía aplicarse la TRM de la fecha de retiro, sin lugar a indexación, por tratarse de pagos en moneda extranjera «y menos, cuando así no lo ordenó el A quo». Indicó que acorde con el artículo 2 del Decreto 1887 de 1994, el valor de la reserva actuarial era equivalente a la que se hubiere debido acumular durante el período de prestación de servicios hasta el 5 de junio de 1990, para completar el capital necesario para financiar una pensión de vejez; que al no tratarse propiamente de una omisión o actuar negligente de la empleadora, «sino de un pago al que está obligada a realizar

en la actualidad, al mismo debe concurrir también el trabajador en el porcentaje a su cargo que de haberle sido descontado en su momento, habría tenido la obligación legal y conjunta de cubrir». Agregó que, a fin de que COLPENSIONES, realizara correctamente el cálculo actuarial para financiar la pensión del demandante y obtuviera mejor cómputo de las semanas cotizadas durante toda su vida laboral, era menester, [...] tener en cuenta, además de los salarios devengados en vigencia del vínculo laboral, los porcentajes que, atendiendo los topes definidos legalmente en cuanto a los ingresos base de cotización, correspondan asumir tanto al empleador como al trabajador, esto es, deberá discriminar los montos que cada uno de ellos estaba obligado a sufragar; precisando en esta oportunidad que sin perjuicio de tal discriminación quedará a cargo del empleador el pago total del cálculo contando con la posibilidad de repetir por lo pagado contra el trabajador por lo que a éste le corresponde, en el caso de que no realicen el pago de manera consensuada, a efecto de lo cual se le concederá a COLPENSIONES un plazo no mayor a treinta días (30) hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia para su elaboración.

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Radicación n.° 93472 Reflexionó que de acuerdo con los artículos 51 a 53 del CST, incluiría para efectos del cálculo actuarial, los 541 días durante los cuales el actor no prestó sus servicios, deducidos por el a quo, con fundamento en la certificación laboral de folios