CSJ - SL2548-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2548-2023 Radicación n.°97007 Acta 30 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 8 de noviembre de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre la recurrente y el sindicato UNIÓN SINDICAL

GRUPO EMPRESARIAL EPM “UNIGEEP”.

I. ANTECEDENTES El sindicato UNIÓN SINDICAL GRUPO EMPRESARIAL EPM “UNIGEEP” presentó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. un pliego con 68 peticiones, el 23 de febrero de 2022, para lograr una convención colectiva de trabajo. La etapa de arreglo directo perduró desde el 8 de marzo hasta el 27 de marzo de 2022, sin que las partes

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Radicación n.° 97007 llegaran a acuerdo alguno (archivo digital Documentos solicitados). El Ministerio del Trabajo convocó e integró el Tribunal de arbitramento mediante la R. 3979 de 5 de octubre de 2022 (pag. 142 cuaderno anulación completo). El Tribunal inició sesiones el 19 de octubre de 2022 (pag. 1 cuaderno recurso extraordinario de anulación) y profirió el laudo el 8 de noviembre de 2022. El 5 de diciembre del mismo año, el

Tribunal negó la solicitud de aclaración del laudo presentada por la empresa (cuaderno 5 expediente digital).

II. LAUDO ARBITRAL El Tribunal se ocupó de estudiar su competencia para dirimir el conflicto colectivo y consideró que sobre este punto no hubo ningún cuestionamiento u objeción proveniente de las partes, ni entre los árbitros, pues encontraron configurados todos los elementos estructurales de la misma.

Con base en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, el cuerpo arbitral estimó que había la necesidad de resolver sobre todas las peticiones contenidas en el pliego presentado por la organización sindical UNIGEEP a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., por la falta de acuerdo entre las partes.

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Radicación n.° 97007 Igualmente, el cuerpo arbitral dejó sentado que tomó las decisiones con criterio racional y teniendo como criterio fundamental la equidad que definió como ponderación, proporcionalidad y razonabilidad, lo cual supone considerar las circunstancias en que se encuentran las partes involucradas en el conflicto. El juez colegiado en equidad dejó constancia que hacían parte del conflicto, por un lado, una empresa insignia de la ciudad, el departamento y el país que cuenta con cinco sindicatos a su interior, siendo los dos más representativos en cuanto al número de afiliados SINTRAEMSDES y SINPRO, los cuales cuentan con sendas convenciones colectivas de trabajo vigentes, con importantes beneficios extralegales, y de ellos son beneficiarios los trabajadores afiliados a UNIGEEP, ya que se encuentran multiafiliados y se han

acogido a una u otra convención. Por la otra parte, estaban 62 o 50 (según la empresa y sindicato, respectivamente) trabajadores de EPM pertenecientes a la organización sindical UNIGEEP. Igualmente, que este sería su segundo laudo arbitral al interior de la entidad. El Tribunal también destacó que la inmensa mayoría de los artículos del pliego de peticiones son copia exacta de lo dispuesto en las convenciones colectivas de SINTRAEMSDES y/o SINPRO.

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Radicación n.° 97007 Aunado a lo anterior, el Tribunal observó que las partes no discutieron ni negociaron el pliego petitorio en la etapa de arreglo directo, de acuerdo con la información allegada por las partes. Luego de estas consideraciones previas, concedió los puntos relacionados con el auxilio sindical, permisos sindicales y publicación del laudo, y definió la vigencia del laudo. Los demás puntos fueron negados por diferentes razones. La empresa solicitó aclaración respecto de la decisión sobre los permisos sindicales, ya que, según su criterio, no era claro si los concedidos eran una adición a los que fueron otorgados en el laudo anterior; y corrección a la parte de la motivación del laudo que llevó a negar el punto sobre la sustitución patronal por falta de competencia. A lo primero, el juez en equidad no accedió, ya que estimó claro que los permisos sindicales definidos por mayoría no eran adicionales a los actualmente existentes en convención o laudo anterior. En cuanto a la segunda petición, señaló que, aunque le asistía razón a la apoderada

de la empresa en su argumentación, puesto que debió motivar la negativa del punto en el artículo 2.2.30.6.17 del Decreto 1083 de 2015, norma aplicable en materia de sustitución patronal para EPM, y no, en los artículos 67 y 70 del CST, concluyó que no había razones para corregir el laudo arbitral en este aspecto, teniendo en cuenta que el punto en cuestión fue negado y dicho lapsus no afectó por ende la parte resolutiva del laudo arbitral.

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III. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA EMPRESA La empresa persigue principalmente que la Sala ordene la devolución del expediente al Tribunal de Arbitramento para que este profiera una decisión donde inste a las partes a agotar la etapa de arreglo directo, dado que las partes no negociaron el pliego en su mayor parte, por renuncia (o renuencia) del Sindicato a asistir a las reuniones programada en la etapa de arreglo directo.

En caso de que no prospere la anterior petición, la entidad recurrente solicitó a la Sala anular las cláusulas del laudo arbitral, referentes a 1) la vigencia de dos meses del laudo, para que, en su lugar, establezca el término definido en el artículo 361 (sic) del Código Sustantivo de Trabajo; 2) la publicación del laudo, por ser una decisión extra petita; y 3) el auxilio sindical de $20.000.000, por desconocer los principios de proporcionalidad, sostenibilidad empresarial y equidad. La Sala trascribirá las cláusulas del laudo acusadas y

expondrá la sustentación de cada petición cuando realice el respectivo estudio de fondo.

IV. RÉPLICA La organización sindical se opuso a la prosperidad del recurso presentado por la empresa. Sobre la petición principal de devolver el laudo al Tribunal, manifestó que, si

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Radicación n.° 97007 lo que la empresa estaba solicitando es la devolución del expediente para que las partes agoten la etapa de arreglo directo por las supuestas irregularidades presentadas durante esta etapa del conflicto, entonces, entiende que el empleador está pidiendo a la Sala Laboral la anulación total del laudo arbitral proferido, pues no se puede entender de otra forma esa solicitud. Luego de interpretar la pretensión principal de la empresa, el Sindicato sostiene que el Tribunal de Arbitramento no se extralimitó en su competencia al resolver el pliego de peticiones presentado a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM E.S.P. y que no fue resuelto en la etapa de arreglo directo, pues se pronunció de acuerdo con el mandato encomendado por el Ministerio del Trabajo. La organización sindical argumentó que, una vez se agotó la etapa de arreglo directo, los trabajadores afiliados optaron en asamblea general por el Tribunal de arbitramento para dirimir el diferendo. Tal solicitud fue radicada ante el organismo ministerial el 8 de abril de 2022 con el No. 11EE2022710500100006399, petición a la que el Ministerio del Trabajo le dio el trámite respectivo, sin que se presentara objeción alguna por parte de la empresa. Igualmente, recordó que el Ministerio del Trabajo ordenó la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento

mediante la R. 3979 de 5 de octubre 2022, para que estudiara y decidiera el conflicto colectivo de trabajo entre los aquí litigantes, e invoca la presunción de legalidad de dicho

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Radicación n.° 97007 acto administrativo. La organización sindical estima claro que, de acuerdo con lo estatuido en artículo 458 del CST, la competencia arbitral comprendía el resolver aquellos puntos en los cuales las partes no lograron acuerdo y, por tanto, el Tribunal tenía la obligación ineludible de desatar y agotar el objeto de su convocatoria, a pesar de los argumentos esgrimidos por el árbitro designado por la empresa que, con su salvamento de voto, pregonó la incompetencia del tribunal para resolver el conflicto. Para el Sindicato, en la aludida resolución ministerial se mencionó que, luego de terminada la etapa de arreglo directo que transcurrió entre el 8 y 27 de marzo de 2022, según constaba en las actas anexas al expediente, era evidente que el pliego de peticiones «no fue resuelto durante la etapa de arreglo directo». Refirió que no constaba ninguna objeción, irregularidad o impugnación por parte del empleador en el cumplimiento del término previsto en el artículo 444 del C.S. de T., o de irregularidades ocurridas durante el desarrollo de la etapa de arreglo directo que impidieran al sindicato optar por la vía arbitral. Aunado a todo lo anterior, el Sindicato invocó las sentencias CSJ SL 147-2019 y SL1950-2021 en las que, afirmó, la jurisprudencia tiene asentado que los

cuestionamientos a la legalidad de los actos de la formación del sindicato o de aprobación del pliego de peticiones, o de manejo de la etapa de arreglo directo, incluso de la

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Radicación n.° 97007 convocatoria al Tribunal de Arbitramento, no hacen parte del objeto del recurso de anulación, pues para esto existen otras acciones y la labor de la Corte en el recurso de anulación se concreta en verificar la regularidad del laudo y que el Tribunal no extralimite el objeto para el cual fue convocado, así como que el laudo no desconozca derechos de las partes reconocidos en la Constitución, las leyes o convenciones colectivas. En lo que respecta a la petición de nulidad de la vigencia del laudo, el Sindicato se opone con el argumento de que el cuerpo arbitral, además de tener competencia, según la jurisprudencia, para fijar el término de vigencia del fallo arbitral y para fijar un término de vigencia menor o mayor al solicitado por la organización sindical en el pliego de peticiones, considera que ellos no excedieron el límite dispuesto en la ley y dejaron debidamente sustentado en el laudo arbitral proferido las razones de su decisión, como fue la de propiciar la articulación de las distintas convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales de los sindicatos que hacen presencia al interior de EPM, atendiendo que la convención colectiva de trabajo del sindicato mayoritario SINTRAEMSDES vencía el 31 de diciembre de 2022, todo ello

de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 089 de 2014. Refirió también a la segunda razón que dio el Tribunal para fijar la vigencia de dos meses, consistente en que, dado el antecedente de un conflicto económico de trabajo, supuestamente, con una etapa de arreglo directo con

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Radicación n.° 97007 posiciones antagónicas, era una oportunidad expedita para que las partes se sentaran a negociar un nuevo pliego de peticiones en el corto plazo. Se apoyó en la sentencia CSJ SL3980-2022, para decir que el Tribunal tiene discrecionalidad para fijar el término de la vigencia, sin que pueda sobrepasar el límite legal de dos años previsto en el art. 461 del CST. Para oponerse a la prosperidad de la nulidad de la publicación del laudo, la asociación de trabajadores informa que, antes de la expedición del laudo objeto del recurso, estaba vigente el laudo arbitral proferido el 27 de febrero de 2020 donde se concedieron los siguientes beneficios: • Vigencia: dos (2) años desde su expedición, es decir del 27 de febrero de 2020 al 26 de febrero de 2022 • Incremento salarial: por la vigencia (hecho superado) • Permisos sindicales: Vigente • Auxilio sindical: por la vigencia (hecho superado) • Publicación: 100 de folletos (Hecho superado) Así, sostuvo que el único artículo de ese laudo que aún está vigente es el de los permisos sindicales y este beneficio fue concedido en el artículo segundo del fallo arbitral objeto

del presente recurso, en los mismos términos en que fuera concedido en el laudo de 27 de febrero de 2020. Por tanto, en su criterio, no había ninguna norma que recopilar, porque el laudo arbitral expedido el 8 de noviembre de 2022 quedó con las normas que rigen.

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Radicación n.° 97007 De esta manera, el Sindicato sostuvo que la decisión del tribunal de publicar el laudo proferido en la web y/o intranet corporativa, no es desacertada, pues sus cuatro artículos condensan las normas que quedan vigentes y, por lo tanto, cumple a cabalidad la finalidad perseguida con la petición sindical, lejos de considerarse una concesión del tribunal por fuera de lo solicitado en el pliego de peticiones. En cuanto a la competencia, recordó que el criterio actual de la Sala Laboral es considerar que el Tribunal puede disponer que los sindicatos accedan a la infraestructura tecnológica dispuesta por el empleador, verbigracia, lo resuelto en las sentencias (CSJ SL3491-2019; CSJ SL20082021; CSJ SL2490-2022; CSJ SL397-2022). De manera que, para el Sindicato, no se puede predicar que el juez plural en equidad falló la petición por fuera de lo pedido, por cuanto la finalidad perseguida con la petición de la publicación del laudo a través folletos físicos, era darlo a conocer entre los afiliados a la organización sindical. La decisión de publicarlo por parte de la empresa en la Intranet corporativa además de ser avalada jurisprudencialmente por

la Sala Laboral, suple con creces el fin perseguido por la organización sindical, está más acorde con los avances informáticos actuales y contribuye en algo al mejoramiento ecológico. Sobre el auxilio sindical demandado, la organización resaltó que el tribunal tiene competencia para imponer

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Radicación n.° 97007 auxilios sindicales a cargo del empleador, como mecanismo de financiación para que la organización sindical desarrolle las funciones que le son inherentes, en procura de obtener unas mejores condiciones laborales de los trabajadores, beneficio que, de acuerdo con lo pregonado por la Corte, deberá consultar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Recordó los radicados CSJ SL17739-2015,

CSJ SL9241-2016, CSJ SL1372-2018, CSL SL 4259-2020.

Manifestó que este auxilio constituye una ayuda para el crecimiento y desarrollo eficaz de los fines de la organización sindical, y poder así materializar el derecho de asociación sindical, como también una de las formas de contribuir a su subsistencia, lo que justifica plenamente estos aportes. La réplica se amparó en la sentencia CSJSL 3349-2020 para decir que el empleador incumplió con su carga argumentativa que exige la jurisprudencia para la prosperidad de la acusación, pues las razones y cifras que expuso EPM para sustentar que el monto otorgado como auxilio sindical es desproporcionado e irracional no dejan de ser elucubraciones de carácter matemático y financiero, basado en hipotéticos índices y proyecciones que no prueban

de manera convincente que la suma de 20 millones de pesos que fue otorgada a la organización sindical impacta las finanzas de la empresa o pone en riesgo su estabilidad financiera y, por lo tanto, no cumple con los principios de racionalidad y proporcionalidad exigidos para terminar concluyendo sin prueba contundente que la decisión arbitral vulneró el principio de equidad con este auxilio.

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V. CONSIDERACIONES Las pretensiones del recurso de anulación del laudo son cuatro: 1) Se ordene devolver el expediente al Tribunal para que conmine a las partes a negociar la etapa de arreglo directo. En subsidio de la anterior, 2) se anule la vigencia de dos meses del laudo, para que opere el término del art. 461 del CST; 3) se anule la disposición que ordena la publicación del laudo, por ser extrapetita; 4) se anule el aporte sindical por $20.000.000, por contradecir los principios de proporcionalidad, sostenibilidad empresarial y equidad.

Previamente a resolver, la Sala reitera que sus competencias en el marco del recurso de anulación -artículo 143 del CPTSSson limitadas y están básicamente concentradas en verificar la regularidad del laudo arbitral. Por esta razón, tiene adoctrinado que sus potestades se circunscriben a: i) invalidar alguna disposición, cuando el tribunal extralimitó el objeto para el que fue convocado, afectó derechos y garantías fundamentales de las partes en conflicto o impuso prestaciones abiertamente inequitativas,

así como negar la anulación, en caso contrario; ii) devolver el laudo al tribunal, cuando hubiere dejado de decidir sobre aspectos respecto de los cuales estaba obligado a pronunciarse y, iii) excepcionalmente, modular los efectos de alguna determinación, en orden a eliminar su contrariedad con el ordenamiento jurídico, sin sacrificar la voluntad arbitral y los derechos concedidos (Ver CSJ SL17703-2015,

SL18504-2016, SL1684-2017, SL1761-2020, SL3201-2021,

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Radicación n.° 97007 SL 1062-2023, entre otras). En la misma dirección, la Corte ha señalado con insistencia que no le es posible, dentro de los límites de su competencia, invalidar las disposiciones del laudo arbitral y constituirse en alguna suerte de instancia arbitral, en la que profiera una decisión de reemplazo para aplicar sus propios parámetros de equidad y de justicia. De igual modo, se ha sostenido que en sede del recurso extraordinario de anulación no se pueden conceder o negar de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello corresponde decidirlo al tribunal como juez natural del conflicto (CSJ SL3241-2021 y SL1062-2023).

1. Sobre la devolución del expediente al Tribunal: El Tribunal consideró que era competente para proferir el laudo, dado que no hubo ningún cuestionamiento u objeción sobre este punto por las partes ni entre los árbitros, pues estaban configurados todos los elementos estructurales de la competencia.

1.1. Argumentos de la recurrente:

En primer lugar, la empresa solicita la devolución para que el Tribunal adopte una decisión en la que conmine a las partes, en especial a la organización sindical, a realizar una verdadera discusión del pliego de peticiones, para garantizar en todos los conflictos laborales el agotamiento de la etapa de arreglo directo y se privilegie la autocomposición de

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Radicación n.° 97007 verdaderos conflictos colectivos de trabajo que redunden en provecho de los trabajos afiliados a UNIGEEP. La empresa sustenta esta petición en que, salvo lo relacionado con las garantías de negociación, ninguno de los puntos del pliego fue tratado por la actitud del sindicato durante la etapa de arreglo directo. Denunció que el comportamiento de la organización sindical en las dos negociaciones que han tenido con la empresa ha sido contrario a la autocomposición y, con él, el Sindicato pretende solamente la titularidad de un contrato colectivo con beneficios consagrados en convenciones colectivas de sindicatos mayoritarios que ya son disfrutados por sus afiliados en virtud de la multiafiliación, adicional a las garantías sindicales que desbordan toda lógica, dada la representatividad que ha tenido y actualmente tiene en la empresa, con escasos 51 afiliados a la fecha. Considera que esas circunstancias referidas deslegitiman el proceso de negociación y materializan un vicio en el contrato colectivo (laudo arbitral) por objeto y causa ilícita, ya que, en su parecer, el pliego de peticiones desborda el sentido del derecho de la negociación colectiva,

pues en nada beneficia a los trabajadores afiliados, sino que favorece de manera exclusiva a los dirigentes de la organización sindical, toda vez que en nada modifica la situación de los trabajadores, por lo que estima que se presenta una trasgresión al nl. 2 del art. 374 del CST relativo a la función de los sindicatos de presentar pliegos.

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Radicación n.° 97007 La empresa igualmente argumenta la existencia de causa ilícita en que los directivos sindicales, negociadores del pliego, para los derechos y beneficios económicos acuden a las convenciones colectivas de los sindicatos mayoritarios, por virtud de la multiafiliación, pero se benefician del laudo para los permisos sindicales y aportes a la organización sindical, no obstante, la exigencia de la jurisprudencia de la aplicación integral de un solo texto convencional. 1.2. Análisis de la Sala: En efecto, como lo anota la réplica, es posible entender que esta acusación comprende, de forma implícita, la petición de nulidad total del laudo y que sucedido esto se devuelva el expediente al Tribunal para que conmine a las partes «agotar la etapa directa»; o la Sala también puede entender que la pretensión de la empresa es la de que, simplemente, se ordene la devolución del laudo al Tribunal para que este lo anule y que las partes pongan fin al conflicto mediante un acuerdo. Conforme a los parámetros indicados al inicio, la petición de la empresa en ambos sentidos es improcedente, puesto que los motivos de acusación del laudo son extraños

a los que pueden ser invocados en el recurso de anulación, por tanto, no tienen vocación de dar lugar a la nulidad del laudo ni tampoco a devolverlo. Al respecto, debe decirse que, de manera reiterada, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que no está

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Radicación n.° 97007 facultada como juez en sede extraordinaria de anulación para examinar supuestas irregularidades o vicios que se hayan configurado en el trámite de la negociación colectiva, menos para hacer un juicio a la conducta de las partes en la etapa de arreglo directo. En la sentencia CSJ SL1950-2021, esta Sala asentó: […] en repetidas ocasiones, la Sala ha precisado que los cuestionamientos relativos a la legalidad de los actos de formación del sindicato, aprobación del pliego de peticiones, manejo de la etapa de arreglo directo e, incluso, la convocatoria y conformación del Tribunal de Arbitramento no hacen parte del objeto del recurso de anulación, en la medida que, para esas objeciones, el ordenamiento jurídico ha previsto otro tipo de acciones bien ante la jurisdicción ordinaria laboral o ante la jurisdicción contencioso administrativa, según el tipo de actuación que se pretenda debatir. Por tanto, planteos como el que propone la recurrente no pueden ser materia de estudio por parte de la Corte en el recurso de anulación, toda vez que se entiende que el conflicto colectivo llega a esta sede extraordinaria con suficiencia en su conformación y desarrollo, y que así lo aceptaron las partes quienes no censuraron tales aspectos en las etapas pertinentes, conducta

con la cual sanearon cualquier irregularidad. Conforme al historial del proceso, resulta claro que no hubo una pretermisión de una etapa legal de la negociación previa a la constitución del Tribunal de arbitramento, pues la del arreglo directo se surtió formalmente, sin prórroga, y, en vista de que terminó sin que las partes llegaran a un acuerdo, los trabajadores parte del conflicto optaron por el arbitramento, y el Mintrabajo procedió a la convocatoria y conformación del Tribunal mediante la R. 3979 de 5 de octubre de 2022 (pag. 142 cuaderno anulación completo). Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación por guardar estrecha relación con el debate planteado por la

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Radicación n.° 97007 censura, lo que esta Sala dijo en un proceso de calificación de huelga al resolver sobre la petición de declarar la ilegalidad del cese de actividades por no haberse agotado la etapa de arreglo directo, por motivo de que las partes no negociaron el pliego de peticiones por la falta de acuerdo en cómo lo iban a hacer. En esa oportunidad, la Sala determinó que el legislador les dio a las partes plena autonomía para llevar a cabo la etapa de arreglo directo, solo señaló que se debe cumplir dicha etapa sin entrar a regular forma o procedimiento alguno para llevarla a cabo. Estas fueron las consideraciones: Conforme a las precitadas disposiciones [432 al 436 del CST], encuentra la Sala que el legislador se limitó a establecer la obligatoriedad del inicio de las conversaciones dentro de los cinco días siguientes a partir de la presentación del pliego de peticiones

por parte de la organización sindical; a fijar el término máximo de duración inicial, 20 días calendario, y su prórroga por otro tanto y por mutuo acuerdo; y previó también la posibilidad que las partes no llegaran a un arreglo al final de dicho término. Por tanto, para efectos del control de legalidad de huelga bajo el prisma de la causal consistente en no surtirse el procedimiento previo de arreglo directo, los jueces competentes, se han de limitar a verificar si la organización sindical, antes de ir a la huelga, respetó la oportunidad prevista para las conversaciones directas entre las partes. Al respecto, considera la Sala que, en el sublite, las partes tuvieron la oportunidad de negociar, solo que no existió entre ellas el ánimo de llegar a un arreglo directo, al punto que al parecer hubo un comportamiento inapropiado de la representante de la empresa, se cancelaron varias reuniones, el sindicato no aceptó las fechas de reunión y la empresa impuso otras fechas de negociación. Es decir, la etapa de arreglo directo sí se agotó, pero sin llegar a un acuerdo sobre algún punto. Ahora bien, si entre ellas no hubo ánimo de un arreglo directo durante este periodo, ya sea por el comportamiento de una de ellas o de ambas, sino que, por el contrario, desde un principio, los negociadores de la empresa y el sindicato no tuvieron la capacidad ni la habilidad de lograr un acercamiento entre ellos para efectos de lograr la finalidad de este espacio, como es

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Radicación n.° 97007 obtener consensos, o por lo menos intentarlos, como fue lo que en últimas sucedió en el presente caso, no le corresponde al juez

calificador de la huelga entrar a juzgar las conductas de las partes ni las discrepancias que entre ellos surgieron e impidieron el arreglo, y menos dirimir quién tuvo o no la razón para efectos de establecer la responsabilidad de los negociadores del sindicato. El legislador dejó esto al arbitrio de las partes. (CSJ SL2541-2018). En lo relacionado con los argumentos que atacan la legitimidad del pliego de peticiones presentado por el Sindicato ya que podría configurar objeto o causa ilícito/a, tampoco son motivos para ser ventilados en el recurso de anulación de un laudo en equidad, pues se tratan de temas externos a la decisión arbitral que deben ventilarse a través de los mecanismos dispuestos por la legislación procesal del trabajo (CSJ SL2541-2018). Por lo anterior, no se devuelve el expediente.

2. Sobre la vigencia de dos meses dispuesta por el

Tribunal. En el pliego de peticiones, la vigencia se solicitó de la siguiente manera: ARTICULO 3°. Vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo. El acuerdo resultante de la negociación del presente Pliego de Peticiones, tendrá una vigencia de 1 año, a partir del día 1° de enero de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022. El Tribunal decidió la vigencia del laudo proferido el 8 de noviembre de 2022, por 53 días, a saber: ARTÍCULO 1. VIGENCIA. El presente laudo arbitral tendrá una

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Radicación n.° 97007 vigencia desde la fecha de su expedición y hasta el día 31 de

diciembre de 2022. El colegiado justificó esa decisión en que se debía articular la vigencia del laudo con la de una de las convenciones colectivas vigentes al interior de la empresa, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 1 del Decreto 089 de 2014. Además, consideró que, de acuerdo con la información entregada por las partes, éstas prácticamente no negociaron durante la etapa de arreglo directo. 2.1. Argumentos de la recurrente: La empresa señaló que, en el pliego de peticiones, el Sindicato solicitó que la vigencia del acuerdo resultante de la negociación fuera de un año, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Mientras que el laudo dispuso en el art. 1 una vigencia contada desde la fecha de expedición (8 de noviembre de 2022) hasta el 31 de diciembre de 2022. La empresa reprochó la decisión de la colegiatura en equidad por considerar que esa petición no estaba llamada a prosperar, por motivo de que las partes nunca discutieron en la mesa, pues el sindicato solo asistió a dos reuniones, lo que le indicaba que la organización de trabajadores no tuvo la voluntad de negociar en momento alguno. Alegó que esta conducta del Sindicato es reiterada, pues solo se ha enfocado en conseguir en los laudos garantías sindicales sin voluntad de atender realmente una etapa de arreglo directo.

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Radicación n.° 97007 Con base en lo anterior, la empresa dijo que en este caso hay abuso del derecho por parte del Sindicato.

Adicionalmente, solicitó que la Corte analice si con la concesión de tiempo de vigencia realizado por el Tribunal de Arbitramento se trata de una cláusula totalmente inequitativa, por lo siguiente: El Decreto 089 de 2014 persigue facilitar el manejo de las relaciones laborales en las empresas con multiplicidad de sindicatos, cobijados bajo el fenómeno de la multiafiliación. Tal decreto es una norma orientadora que propende para que en un tiempo se llegue a una única negociación por empresa, en donde sea posible realizarlo. No obstante, señaló que es importante decir que, si bien ese decreto propende por una negociación conjunta, eso no significa que tanto a las organizaciones sindicales como a las empresas les esté prohibido adelantar procesos independientes cuando coexisten varios sindicatos y convenciones; porque, de pensar así, se estaría incurriendo en la vulneración del derecho mismo de negociación. La censura invocó la jurisprudencia reciente que enseña que, si bien es posible se den procesos de negociación conjuntos, bajo el derecho a la libre negociación, las partes también pueden apartarse de éstos y buscar un acuerdo colectivo vía tribunal o en un escenario diferente de la negociación conjunta (CSJ SL1604-2019 y SL553-2021).

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