CSJ - SL2549-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2549-2024 Radicación n.°101719 Acta 33 Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARIO CALLE MADRID contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la CENTRAL

HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. ESP -CHEC S.A.

ESP. Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de la demandada al Dr. José Roberto Herrera Vergara, portador de la tarjeta profesional 18.316 del C.S. de la J., en los términos y para los efectos conferidos en el poder que reposa en el cuaderno digital de la Corte.

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I. ANTECEDENTES El citado accionante llamó a juicio a la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP con el fin de que fuera condenada a reconocerle la pensión de jubilación, prevista en la cláusula 51 de la convención colectiva de trabajo 1988-1989 y «39 (sic)» de la CCT 2018-2021, suscritas entre la Chec S.A. ESP y Sintraelecol Subdirectiva Caldas, a partir de la fecha en que cumplió los requisitos para adquirir la prestación; así como al pago de la prima de jubilación contemplada en la estipulación 41 del último

acuerdo convencional; el retroactivo pensional; los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; «el valor de las mesadas que eventualmente se declaren prescritas, a título de indemnización por el no pago de la pensión de jubilación a la que tiene derecho»; y las costas del proceso. En sustento de las pretensiones, relató que nació el 1 de junio de 1963 y ha prestado servicios a la accionada desde el 14 de julio de 1986, a través de un contrato de trabajo a término indefinido; que se afilió al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – Sintraelecol, Subdirectiva Caldas, desde el 10 de febrero de 2000 y, por tanto, se ha beneficiado de las diferentes convenciones celebradas con la empleadora, la última con vigencia de tres años, «periodo comprendido entre el primero (1) de enero de 2018 al treinta y uno (31) de diciembre de 2021». Sostuvo que en la cláusula 51 de la CCT 1988-1989 se

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Radicación n.° 101719 pactó una pensión de jubilación para los trabajadores que cumplieran 55 años de edad, que estuvieran vinculados en la empresa para el 31 de diciembre de 1987 y hubiesen laborado por más de 20 años continuos o discontinuos al servicio exclusivo de la Chec S.A. ESP; que ese acuerdo fue ratificado en los compendios convencionales posteriores, encontrándose vigente para la data de la presentación de la demanda inicial. No obstante, «se eliminó la aplicación de la

cláusula nombrada para los trabajadores que ingresaron a laborar a partir del primero (1) de enero de 1988». Adujo que, el 1 de junio de 2018, reunió las exigencias para acceder a la pensión de jubilación extralegal, pues en esa data cumplió 55 años de edad, «siendo este el requisito faltante exigido por el acuerdo laboral», en razón a que los 20 años de servicios exclusivos los alcanzó el 14 de julio de 2006. Refirió que reclamó la prestación el 15 de agosto de 2018, pero le fue negada mediante oficio del 29 de igual mes y año, bajo el argumento de que «la redacción convencional del caso particular con la CHEC S.A. ESP, brilla por su ausencia, mención indicativa que el derecho a la pensión de jubilación convencional podía causarse con el cumplimiento de la edad, posterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005». La accionada al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones incoadas. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del demandante; la

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Radicación n.° 101719 vinculación laboral desde 14 de julio de 1986, aclarando que inicialmente fue a través de un contrato a término fijo y a partir del 14 de enero de 1987 su modalidad cambió a término indefinido; la afiliación a la organización sindical y el carácter de beneficiario de las convenciones colectivas suscritas con Sintraelecol; el convenio colectivo en el que se consagró el beneficio implorado; la reclamación presentada

por el actor y la respuesta negativa dada por la empresa. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos. En su defensa, argumentó que el Acto Legislativo 01 de 2005 eximió a la empresa del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, toda vez que el promotor del proceso consolidó el derecho convencional con posterioridad a la entrada en vigor de esa reforma constitucional, cuando cumplió los 55 años de edad previstos en la CCT, normativa superior que al estar en la cúspide de nuestra legislación, no puede desconocerse; de tal manera que lo pactado en las convenciones colectivas en contra de la citada enmienda constitucional, no tiene ninguna validez. Formuló como excepciones las de buena fe, prescripción, cobro de lo no debido y compensación.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales mediante fallo del 26 de abril de 2023, decidió:

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PRIMERO: DECLARAR probada la excepción denominada COBRO DE LO NO DEBIDO formulada en su defensa por la demandada.

SEGUNDO: ABSOLVER a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -CHEC S.A. E.S.P. de la totalidad de las pretensiones de la demanda instaurada en su contra por el

señor MARIO CALLE MADRID por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS al señor MARIO CALLE

MADRID en un 100% de las causadas a favor de la CENTRAL

HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -CHEC S.A. E.S.P.

CUARTO: Se ordena CONSULTAR esta sentencia ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial a favor del demandante, en caso de no ser apelada por esta parte.

(Negrilla y mayúsculas propias del texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación presentada por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a través de la sentencia calendada 29 de agosto de 2023, confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas de la alzada al impugnante.

El ad quem determinó que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si el accionante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, pese a que cumplió los 55 años con posterioridad al 31 de julio de 2010. Puntualizó que no eran hechos objeto de debate que: i) el demandante nació el 1 de junio de 1963, por tanto, arribó a los 55 años, el mismo día y mes de 2018; ii) presta sus servicios desde el 14 de julio de 1986, inicialmente a través

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Radicación n.° 101719 de un contrato a término fijo de seis meses, y a partir del 14 de enero de 1987 bajo la modalidad de indefinido; iii) se encuentra afiliado a la organización sindical Sintraelecol subdirectiva Caldas, desde el 10 de febrero de 2000; iv) el

15 de agosto de 2018 solicitó la pensión convencional ante la Chec S.A. ESP, petición que le fue negada; y v) se celebraron diferentes convenciones colectivas, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1994, 1994-1996, 1996-1997, 19981999, 2000-2001, 2002-2003, 2005-2012, 2013-2017 y 2018-2021. Transcribió la cláusula 51 de la CCT 1988-1989 y estimó que eran tres las condiciones para que se causara el derecho reclamado: i) encontrarse vinculado a la Chec S.A. ESP a 31 de diciembre de 1987; ii) haber prestado servicios a la empresa durante 20 años continuos o discontinuos; y iii) que el trabajador cumpliera la edad de 55 años. Consideró que de lo estipulado no era dable inferir que la pensión se causaba al cumplir el tiempo de servicios, en tanto los requisitos eran acumulativos, los que debían concurrir antes del 31 de julio de 2010. Aludió al artículo 467 del CST; citó apartes de las sentencias CSJ SL4255-2021, CSJ SL1636-2022 y CC SU241-2015; y razonó que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que las pensiones convencionales perderían su vigencia, a excepción de los derechos adquiridos, por tanto, la fecha límite para lograr el cumplimiento de las exigencias era el 31 de julio de 2010 y después no podían pactarse

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condiciones más favorables que las consagradas en el Sistema General de Pensiones. Trajo a colación el parágrafo 3 de la norma de rango constitucional referida. Aseveró que la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que en los eventos en que la convención celebrada por las partes se encontrara vigente al momento de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, cualquiera que fuera el motivo para ello, «la extinción de las reglas pensionales allí convenidas solo se producirían al vencimiento del plazo o de las prórrogas automáticas producidas por mandato del artículo 478 del CST o por la firma de una nueva convención», pero advirtiendo que en todo caso perdían aplicación el 31 de julio de 2010 (CSJ SL2543-2020). Dijo que, para 29 de julio de 2005, no se encontraba en la empresa vigente ningún instrumento convencional, en tanto no obraba prueba de que para los años 2004-2005 existiera un convenio colectivo «o que se encontrara surtiendo efectos para el 29 de julio de 2005 y cuyo plazo inicialmente pactado aún no culminara». Destacó que, tampoco podía sostenerse que había denuncia de la CCT para estimar que operó la prórroga automática del artículo 478 del CST. Manifestó que, aunque la cláusula 51 de la convención colectiva 1988-1989 se incluyó en otros convenios celebrados con posterioridad, en la estipulación 64 extralegal 2005-2012 se consagró que:

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La presente convención regirá desde el 01 de octubre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2012 […] Esta convención reemplaza y sustituye cualquier otra que hubiere sido suscrita, así como laudos arbitrales a que estuvieren obligados la Empresa y el sindicato en vigencias anteriores. Las partes no podrán alegar vigencia de ninguna convención colectiva y/o laudo anterior, pues la firma y vigencia de ésta implica la sustitución en los términos de la ley. […] Afirmó que no era viable considerar que el actor tenía un derecho adquirido, pues si bien cumplió 20 años de servicios en el año «2008», el requisito de la edad de 55 años lo acreditó hasta el 1 de junio de 2018; por ende, para el 31 de diciembre de 1987, fecha fijada por la cláusula 51 convencional «como hito para la cuantificación del tiempo de servicios», el accionante únicamente contaba con un año y fracción al servicio de la empleadora, por ello, «no ostentaba una expectativa legítima del derecho prestacional». Finalmente, en relación con el principio de favorabilidad, trajo a colación la sentencia CSJ SL30072020 e indicó que, en virtud del «principio de unidad del ordenamiento jurídico», no todas las disposiciones son igualmente prevalentes; para el caso, los actos legislativos, en su calidad de norma que reforma la Constitución Política directamente, ocupan un rango superior y prevalecen respecto a las convenciones colectivas de trabajo. Citó en su apoyo un fragmento de la sentencia CC SU165-2022. Bajo este panorama, argumentó que no resultaba

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Radicación n.° 101719 aplicable el referido principio de favorabilidad, pues para su aplicación era necesario que la convención colectiva admitiera «más de una interpretación, una más benevolente que la primera», que permitiera la adquisición de un derecho en favor de la persona; sin embargo, «este no es el caso, porque de la Convención Colectiva aportada, emerge una sola interpretación que sin lugar a equívocos, permite considerar la edad como un requisito de causación y no de exigibilidad» que se pudiera cumplir con el paso del tiempo, incluso después del 31 de julio de 2010.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo absolutorio primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones formuladas en la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos que son replicados, los cuales se estudiarán de manera conjunta, pues, aunque se dirigen por vías diferentes, se valen de una argumentación que se complementa, denuncian similar normativa y persiguen igual cometido.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por vía «directa, en la modalidad de interpretación errónea y aplicación indebida», respecto de las siguientes

disposiciones: Artículos 467, 468, 469, 470, 476, 467, 478 del Código Sustantivo del Trabajo, 470 del mismo modificado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965; 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; artículos 164, 165, 167, 170, 176, 279, 243, 244, 250 del Código General del Proceso. Como consecuencia de la violación indicada la sentencia infringió también los artículos: 1, 19, 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 de la ley (sic) 33 de 1.985; parágrafo 3º del artículo 1 Acto Legislativo No. 1 de 2005; 142 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 8° y 16 de la Ley 153 de 1887; 23, 29, 48, 53 y 55 de la Constitución Nacional; 17, literal b), de la Ley 6ª de 1945; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, expedido por el Instituto de Seguros Sociales y aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; 1º y 12 de la Ley 6ª de 1945; 72, 73 y 76, inciso 2°, de la ley 90 de 1946; 19, 127 (Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990); 1º y 2° de la Ley 4ª de 1966; 11, 12, 14 y 57 del Acuerdo 224 de 1966 (aprobado por el Decreto 3041 de 1966); 70 a 75 del Decreto

1848 de 1969; 5° de la ley 4ª de 1976; 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado mediante Decreto 2879 del mismo año; 1,3 y 10 de la ley (sic) 33 de 1.985; 5, 12 y 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por Decreto 758 del mismo año; 11, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 50, 143 y 289 de la Ley 100 de 1993. En el desarrollo de la acusación explica la finalidad de la convención colectiva de trabajo en los términos del artículo 467 del CST, y destaca que se ha reconocido como fuente autónoma y creadora de un derecho objetivo y una verdadera ley en sentido formal, de modo que se incorpora a los contratos laborales, genera obligaciones concretas al empleador, está llamada a permanecer en el tiempo y su

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Radicación n.° 101719 incumplimiento implica consecuencias semejantes a las de la ley. Luego de hacer cita textual de algunos apartes del Acto Legislativo 01 de 2005, asegura que los fundamentos constitucionales y legales que han llevado a la Corte Suprema de Justicia a determinar que una persona tiene derecho a reclamar la pensión convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, se encuentran soportados en los principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa (artículos 48 y 53 constitucional), sumado al entendimiento de que la convención es una fuente formal y autónoma de derecho,

tal como se destacó en la sentencia CC SU241-2015. Explica el alcance del artículo 53 de la CP; destaca que existe un deber de aplicar el principio de favorabilidad al interpretar las cláusulas convencionales; y expone que en casos semejantes, en los que trabajadores cumplieron la edad mínima exigida con posterioridad a la entrada en vigencia del aludido Acto Legislativo 01 de 2005 ha determinado, con apoyo también el artículo 21 del CST, «diferentes aspectos para tener en cuenta», como lo es darle un alcance más conveniente y beneficioso para el trabajador. Reproduce pasajes de los fallos de la Corte Constitucional CC C168-1995 y CC SU113-2018 e indica que, al margen de la autonomía judicial en la intelección

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Radicación n.° 101719 normativa, se debe acudir a dicho principio, para no vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores. Aduce que conforme a la sentencia CSJ SL1870-2020 de esta corporación, «la pensión de jubilación se puede llegar a reclamar con el tiempo de servicio y la edad, dependiendo de cada caso y de la interpretación que se le dé al articulado convencional, donde no necesariamente es un requisito para su consolidación». Es por esto que, el acceso a la prestación no puede verse afectado por la reforma constitucional del año 2005. Enfatiza que, en ese pronunciamiento jurisprudencial se indicó que el trabajador podía retirarse con 20 años de servicios, mientras cumplía la edad para consolidar el derecho. Es decir, que el requisito de causación es el tiempo

laborado, en tanto la edad corresponde a la exigibilidad de la prestación; y que ello fue establecido en las decisiones

CSJ SL3329-2021 y CSJ SL661-2021.

Trae a colación las sentencias CSJ SL3343-2020 y CSJ SL3329-2021, que refieren a casos análogos; e indica que la pensión en comento se adquiere al cumplir el tiempo de servicios, y la edad es solo para el disfrute. Alude también al pronunciamiento CSJ SL3200-2023, de la cual reproduce un aparte, y resalta que allí se accedió a lo solicitado, esto es, se otorgó la pensión convencional en razón a que los 20 años de labores se cumplieron antes de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Lo cual

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Radicación n.° 101719 se reiteró en las decisiones CSJ SL297-2024, CSJ SL4522024 y CSJ SL676-2024. Después de mencionar apartes de fallos de la Corte Constitucional, concluye diciendo que el sentenciador de alzada vulneró los artículos 467, 468, 469, 470, 476, 467 y 478 del CST, al considerar que la convención colectiva de trabajo no es una fuente formal de derecho y al no analizar «a fondo» la intención de las partes, ya que, «de haberlo hecho […] la aplicabilidad de dicho caso se cumpliría pues el demandante acreditó el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia del mencionado Acto Legislativo, por lo que debería aplicársele el principio de favorabilidad para

acceder a la pensión convencional reclamada». Hace alusión a los artículos 60 y 61 del CPTSS, 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del CST; pone de presente que, además de no haberse apreciado correctamente «las pruebas aportadas» el juez plural no aplicó el principio de favorabilidad, y puntualiza: Por todo lo anterior, el Tribunal del Distrito Judicial de Manizales erró al determinar que la edad era un requisito para causar la pensión, a pesar de que la interpretación adecuada que se debe dar de este articulado convencional es que este requisito es necesario únicamente para su exigibilidad, y dicha decisión vulnera latentemente el principio de favorabilidad y el de aplicación de la norma supletoria consagrados en el artículo 53 constitucional y en los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

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VII. LA RÉPLICA La sociedad demandada se opone al ataque, para lo cual sostiene que resulta desacertado acudir a dos submotivos de violación sobre las mismas normas; y que se denuncian disposiciones procedimentales sin aducir la violación de medio.

En todo caso, en cuanto al fondo de la acusación, asevera que el ad quem tampoco incurrió en ninguna de las falencias «fácticas o jurídicas», pues determinó acertadamente la vigencia de la cláusula convencional contentiva de la pensión de jubilación hasta el 31 de julio de 2010, conforme lo dispuesto el parágrafo 3 del artículo 1

del Acto Legislativo 01 de 2005. Lo anterior si se tiene en cuenta que la edad era un requisito para la adquisición o causación del derecho peticionado. Alude a las sentencias CSJ SL2527-2023 y CSJ SL0342024, y destaca que no resulta aplicable el artículo 53 Superior.

VIII. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, acusa en la modalidad de «error de hecho» los artículos 1, 13, 25, 41, 49, 53 y 93 de la Constitución Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 9 de la Ley 16 de 1972; y 44 de la Ley 153 de 1887.

Le endilga al juez plural haber incurrido en los

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Radicación n.° 101719 siguientes errores de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que el actor era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, firmada

entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA

ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. desde la anualidad 1988-1989 hasta la fecha, o de las Convenciones Colectivas de Trabajo desde el momento en que se vinculó a la organización sindical. 2) No dar por demostrado, estándolo, que la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre el SINDICATO DE

TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA –

SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL

HIDROELECTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. mencionada, en su artículo 51 estableció una pensión de jubilación convencional. 3) Dar por demostrado, sin estarlo, que la citada cláusula convencional determinó que la edad era un requisito obligatorio que se debía cumplir simultáneamente con el tiempo de servicio para poder reclamar la pensión convencional. 4) No dar por demostrado, estándolo, que la edad solo era una mera condición de exigibilidad para adquirir la pensión convencional. 5) No dar por demostrado, estándolo, que el actor entró a laborar en la empresa demandada antes del 31 de diciembre de 1987. 6) No dar por demostrado, estándolo, que el actor cumplió el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (31 de julio de 2010). 7) No dar por demostrado, estándolo, que en materia laboral existe en principio de favorabilidad y dando alcance a este, el ad-quem puede acudir a normas supletorias. Considera que los citados yerros fácticos son producto de la valoración equivocada de las siguientes pruebas: 1) Certificación expedida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS sobre la afiliación del demandante a la organización sindical.

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Radicación n.° 101719 2) Copia del contrato de trabajo. 3) Copia de la cédula de ciudadanía. 4) Convenciones colectivas celebradas entre el SINDICATO

DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA –

SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. con las respectivas notas de depósito. (Negrillas y mayúsculas del texto). En el desarrollo de la acusación dice que «con el ánimo de no ser repetitivo respecto de lo mencionado en el primer cargo», siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la sentencia CJS SL3343-2020 y partiendo del supuesto de que las convenciones colectivas son fuentes formales de derecho, estas deben interpretarse aplicando el principio de favorabilidad, atendiendo sus características y finalidad, buscando siempre lo más adecuado para quien reclama. Transcribe un pasaje de la cláusula 51 de la CCT 1988-1989 y resalta que la edad es un requisito de exigibilidad y no de causación, ello si se tiene en cuenta que las partes le otorgaron una importancia superlativa al tiempo de servicios. Cita la aludida decisión CSJ SL3343-2020, y posteriormente señala: De esta forma, se reitera que para este caso la edad es un requisito de exigibilidad de la pensión, la cual se causó desde el cumplimiento efectivo del tiempo de servicios, mucho antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, dando lugar al quiebre de la decisión definida por parte del Tribunal donde el requisito de la edad, al ser de exigibilidad, se puede llegar a reclamar posterior a la entrada en vigencia de la adición constitucional descrita.

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Radicación n.° 101719 En sentencia SU-267 de 2019, la Corte Constitucional determinó que existen distintas maneras de interpretar las clausulas [sic] convencionales, donde en caso de que exista múltiples lecturas de un caso concreto, se debe concluir que a los jueces les corresponde resolver los casos desde un enfoque en que se aplique un mandato superior, más aún cuando se encuentre en discusión derechos pensionales, al argumentar que “Se destaca que, en las sentencias SU-241 de 2015 y SU113 de 2018, la Corte abordó casos con similares situaciones fácticas y jurídicas al presente asunto. En dichas oportunidades, se indicó que las convenciones colectivas son auténticas fuentes de derecho y no pueden ser consideradas simplemente como elementos probatorios. En consecuencia, su interpretación debe ceñirse a los principios constitucionales, entre los cuales se destacan favorabilidad e in dubio pro operario (artículo 53 Superior)”, debiendo ser aplicados estos principios en favor del trabajador siempre que existan dudas al respecto. […] En base [sic] a lo anterior, es claro que basándonos en los sentidos de fallo que han sido interpretados por parte de las Altas Cortes, para resolver las demandas por pensiones convencionales o de jubilación, y teniendo en cuenta que la Convención Colectiva de Trabajo es fuente autónoma de derecho, al regular las relaciones laborales particulares, se debe aplicar el principio de favorabilidad al presente caso conforme lo ha manifestado su Honorable Corporación para que en el presente caso se aplique el principio de favorabilidad respecto del articulado convencional solicitado, donde se dé la

interpretación más favorable para el demandante, la cual es que el tiempo de servicios se da como el requisito de causación y el cumplimiento de la edad se da como el requisito de exigibilidad. Existió entonces por parte del Tribunal una violación por la vida [sic] directa respecto en la modalidad de interpretación errónea de los artículos constitucionales mencionados, principalmente del principio de favorabilidad, consistente en optar siempre por la situación más favorable al trabajador o pensionado en caso de duda en la aplicación de normas o interpretaciones jurídicas, siendo esta directriz no opcional, sino de obligatorio cumplimiento por expreso mandato normativo y constitucional, cumpliendo entonces con las garantías reconocidas y a las cuales se les ha otorgado un carácter de inalienables e irrenunciables.

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IX. LA RÉPLICA La empresa opositora señala que el cargo contiene defectos de técnica que no pueden ser subsanados de oficio por la Corte, en tanto la sede de casación no se equipara a una tercera instancia sino a un intento por derruir los pilares del fallo del Tribunal, lo que a su juicio supone que el recurso extraordinario debe tener una exposición clara y detallada de los yerros en los que la alzada incurrió, so pretexto de que sea desestimado.

Indica que a pesar de que el ataque estuvo dirigido por la senda indirecta, aborda discusiones de carácter sustancial, lo que supone una inapropiada mixtura de vías. Adicionalmente, no cumple con las exigencias propias de un cargo formulado por el sendero de los hechos; y la

sustentación se asemeja más a un alegato de instancia. En todo caso, manifiesta que para acceder a la prestación se requería tanto el tiempo de servicios como la edad, condición esta que solo satisfizo el 1 de junio de 2018, esto es, luego de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, sin que sea viable acudir al principio de favorabilidad. X.CONSIDERACIONES Debe señalarse, en primer lugar, que los cargos no son un modelo, en tanto se hace una mixtura de los géneros de acusación en la medida que, en el primero orientado por la

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Radicación n.° 101719 vía directa, se pone de presente la lectura que se le debe dar a la prueba de la convención colectiva de trabajo y, en el segundo, enderezado por la senda fáctica, se acude a argumentos jurídicos como cuando se alude a los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, entre otros. Sin embargo, dada la flexibilización de la técnica del recurso de casación y el estudio conjunto de los cargos, es dable entender que el recurrente critica al juez plural desde la perspectiva jurídica por no acudir al principio de favorabilidad al analizar la cláusula convencional como una fuente de derechos; y, bajo la fáctica por no advertir que conforme a lo plasmado en la estipulación 51 de la CCT 1988-1989, la edad era un requisito de exigibilidad o disfrute, no de causación de la pensión reclamada; lo cual permite el estudio de fondo de la acusación.

Pues bien, pese a que el segundo cargo se dirige por la vía indirecta, no se controvierten los siguientes fundamentos fácticos que tuvo por probados el juez de alzada, esto es, que: i) Mario Calle Madrid nació el 1 de junio de 1963; ii) empezó a trabajar al servicio de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP el 14 de julio de 1986; iii) es beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo; y iv) cumplió los 20 años de servicio en la entidad el 14 julio de 2006 y los 55 de edad el 1 de junio de 2018. Como se recordará, el operador judicial de segunda instancia argumentó que la aplicación del principio de favorabilidad exigía que la convención colectiva admitiera

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Radicación n.° 101719 «más de una interpretación», pero que en el sub judice «emerge una sola interpretación que sin lugar a equívocos, permite considerar la edad como un requisito de causación y no de exigibilidad»; que además el Acto Legislativo 01 de 2005, ocupaba un rango superior y prevalecía respecto a las convenciones colectivas de trabajo y, «bajo este panorama, no resulta aplicable el principio de favorabilidad». En tal sentido, consideró que el accionante no satisfizo los requisitos para acceder a la pensión de jubilación prevista en la cláusula 51 de la convención colectiva 19881989, con antelación al 31 de julio de 2010, fecha límite para la aplicación de las normas extralegales, conforme lo dispuesto en el citado acto legislativo, toda vez que la edad

de 55 años, se itera, la cumplió hasta el 1 de junio de 2018. La censura, por su parte, estima que el juzgador de segunda instancia no tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional y de la Sala de Casación Laboral sobre la valoración de las estipulaciones convencionales. Afirma que, al