CSJ - SL255-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL255-2023 Radicación n.° 92094 Acta 4 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación propuesto por NECTALINA FREILE INSIGNARES contra la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla proferida el 31 de julio de 2020, en el proceso ordinario laboral que adelanta la actora contra METROPOLI

S. A. y CARMEN BURGOS BURGOS.

I. ANTECEDENTES Nectalina Freile Insignares llamó a juicio a Metropoli S.

A. y a Carmen Burgos Burgos para que se declare que, Abelardo Antonio Esparragoza Martínez, celebró con ellas un contrato de trabajo ejecutado del 20 de septiembre al 23 de octubre de 2007, terminado por la muerte del trabajador en un accidente laboral que acaeció por «falta de medidas de

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Radicación n.° 92094 prevención e incumplimiento de normas de salud ocupacional». En consecuencia, pidió condenarlas solidariamente a pagarle, en su calidad de compañera sobreviviente del causante, los perjuicios materiales y morales generados por aquel siniestro, la indexación, las prestaciones sociales de la relación laboral, la indemnización moratoria y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones relató que, a partir de septiembre de 1993 convivió en unión marital de

hecho con Abelardo Antonio Esparragoza Martínez; que el 20 de septiembre de 2007 su compañero empezó a laborar al servicio de Carmen Burgos Burgos, contratista de la constructora Metropoli S. A., como ayudante de albañilería en la adecuación del edificio Golf 58 ubicado en la ciudad de Barranquilla y, el 23 de octubre del mismo año sufrió un accidente de trabajo en el que perdió la vida cuando realizaba actividades en alturas; que en ese momento el de cujus estaba desprovisto de elementos de protección, y que su último salario era de $433.700 «más horas extras». Agregó que «la empresa Metropoli S. A. y su intermediario Carmen Burgos Burgos» nunca le suministraron al trabajador los instrumentos que garantizaran su integridad ni velaron por el cumplimiento de algún programa de salud ocupacional, lo que, a su juicio, los hace responsables por la ocurrencia de aquel suceso fatal. Al dar respuesta a la demanda Metropoli S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los

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Radicación n.° 92094 relativos a la construcción del edificio Golf 58 y el accidente laboral. De los demás, manifestó que no eran verdad. En su defensa expresó que el causante no fue colaborador suyo, sino de la empresa contratista Carmen Burgos Burgos, quien le pagó los salarios y prestaciones sociales. Refirió que el siniestro en cuestión ocurrió por la culpa del operario, pues «este fue quien de un modo consciente e irresponsable puso su vida en peligro al subir al

piso 11 donde no se estaba ejecutando la obra». Aclaró que aun cuando al momento del accidente, el trabajador no tenía un arnés, no lo requería porque las funciones las desarrollaba dentro del edificio, no en los andamios. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, culpa exclusiva imputable a la víctima, falta de causa para demanda, prescripción e inexistencia de daño a reclamar (f.° 247 al 255 cuad. digital juzgado). Carmen Burgos también contestó el escrito inicial y se opuso al éxito de las peticiones. En lo referente a los hechos, manifestó que no le constaban unos y que no eran ciertos o que se atenía a lo que se demostrara en el juicio respecto a otros. En su defensa, argumentó que la actora no demostró la calidad de compañera del causante, de manera que carecía de legitimación en la causa por activa. Planteó las excepciones de fondo de ausencia de daño, ausencia de relación causal, inexistencia de la obligación,

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Radicación n.° 92094 afiliación a riesgos profesionales al momento de la ocurrencia del siniestro, inexistencia de responsabilidad de la empresa.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, quien conoció del asunto en primera instancia, resolvió: Primero: Declarar probadas las excepciones de mérito denominadas falta de legitimación en la causa e inexistencia de

la obligación propuestas por las demandadas mediante apoderado judicial de conformidad con lo establecido en la parte considerativa.

Segundo: Absolver a la demandada Metropoli S. A. y Carmen Burgos Burgos de todas y cada una de las pretensiones incoadas

[…].

Tercero: Son costas en esta instancia por no haberse causado.

Cuarto: Si no fuere apelada esta decisión, remítase al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala Laboral, para que […] se surta el grado jurisdiccional de consulta.

Después, mediante sentencia complementaria de 26 de febrero de 2018, el a quo decidió: Primero: Adicionar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2017, en el proceso de la referencia, en virtud a la parte resolutiva de este proveído.

Segundo: Declarar probadas las excepciones de mérito denominada (sic) falta de legitimación en la causa y (sic) inexistencia de la obligación; propuestas por las demandadas mediante apoderado judicial de conformidad con lo establecido en la parte considerativa.

Tercero: Absolver a la demandada Metropoli S. A. y Carmen Burgos Burgos de todas y cada una de las pretensiones incoadas

[…].

Tercero: Son costas en esta instancia por no haberse causado.

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Cuarto: Si no fuere apelada esta decisión, remítase al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala Laboral, para que […] se surta el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación que ambas partes

formularon, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de fallo de 31 de julio de 2020 confirmó la de primer grado. En lo que interesa a la casación, el colegiado indicó que los problemas jurídicos se contraían a establecer si la demandante tenía legitimación en la causa; si las demandadas podían impugnar la sentencia de primera instancia, pese a que esta les fue favorable, «y luego de ello, determinar si […] son responsables del accidente en que perdió la vida el trabajador Abelardo Esparragoza». Con tal objeto, frente a la posibilidad de las convocadas para apelar la sentencia que les había sido favorable consideró que carecían de esa facultad de acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso. En lo relativo a la legitimación por activa de la demandante, tuvo por acreditada su convivencia con el causante, con base en las declaraciones extrajuicio de Calixta Cañate Castillo, Liceth Paola Guillén y Bethzaida Torres, además, la ARP Sura le concedió una pensión de sobrevivientes en calidad de compañera.

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Radicación n.° 92094 En ese sentido, estimó que el juez de primer grado había errado al referir que la accionante carecía de capacidad para ser parte en el juicio. Enseguida, analizó la culpa patronal. Al respecto, empezó por recordar que según el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la empleadora debía reconocer una indemnización de perjuicios cuando, por su acción u omisión, el trabajador sufriera un accidente o enfermedad de origen laboral. También refirió el precepto 63

de Código Civil y la jurisprudencia de esta Sala contenida en la sentencia «de 26 de febrero […] bajo el número 22175», para señalar que la responsabilidad del empleador que da lugar al pago de una suma resarcitoria dependía de la demostración del daño, de la culpa y el nexo de causalidad, y de «la modalidad de culpa». En ese sentido, citó el fallo de esta corporación «SL 13653 del 07 de octubre de 2015» y señaló que el trabajador o sus beneficiarios, debían demostrar el incumplimiento del empleador de sus deberes de protección y seguridad, lo cual invertía la carga de la prueba, de manera que, en aras de su exoneración, este último tenía que acreditar que actuó con diligencia y cuidado. Resaltó que las obligaciones de protección y seguridad a cargo del empresario eran de medio, mas no de resultado y consistían en proveer al obrero de «locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y

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Radicación n.° 92094 enfermedades profesionales en forma que se garanti[zara] razonablemente» su integridad personal. En ese sentido explicó que, si un empleador conocía determinado peligro en el ambiente laboral, tenía que adoptar todas las medidas para conjurarlo y, de no hacerlo, debía «responder por dicha omisión».

Y aclaró: Lo anterior no implica que al trabajador solo le baste plantear el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, para desligarse de cualquier carga probatoria adicional, porque, teniendo en cuenta que no se trata de una especie de

responsabilidad objetiva, como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama, primero deben estar demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente y, además, “…que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente…” (Ver, entre otras, CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656). En tal contexto, subrayó que, si se endilgaba al empresario una omisión como causa del daño, tenía que «quedar acreditado que la falta favoreció o agravó la situación del trabajador que, expuesto al riesgo, resultó accidentado». Agregó que la Resolución 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, estatuyó que el trabajo en alturas era una actividad de alto riesgo, y correspondía a toda labor que se ejecutara a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior, frente a lo cual, el empleador debía garantizar al colaborador, los elementos de protección y seguridad como arneses y puntos de anclaje para disminuir el riesgo, al igual que la

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Radicación n.° 92094 implementación de capacitaciones y entrenamientos antes de la realización de las tareas por lo menos una vez al año. Ante ese panorama, se remitió al informe del accidente laboral que Suratep rindió el 23 de octubre de 2007, en el que se anotó que el causante estaba preparando una mezcla de cemento en el piso 10 para dársela al oficial; «de repente el oficial en la bamba tiene contacto con el trabajador que se

cayó de un piso superior ocasionándole la muerte al trabajador al caer al primer nivel». Refirió que, al momento de la tragedia, el de cujus estaba desprovisto de arnés, lo cual corroboró con la contestación de Metrópoli S. A. a la demandada, quien señaló «[…] que no había ningún riesgo porque no laboraba en los andamios, sino al interior del edificio, por lo que no requería dicho elemento», ausencia del mismo que también había sido destacada por la Fiscalía al hacer el levantamiento del cadáver. Resaltó el contenido del informe que Suratep dirigió al Inspector del Trabajo respecto del accidente, donde se anotó como causas inmediatas de este: «el hecho de que el trabajador no tenía ningún elemento que le limitara el movimiento o informara el riesgo para exponerse al vacío y no se tiene evidencias de capacitación al trabajador para tareas en alturas (folio 386)». Al respecto, evidenció que la empresa Carmen Burgos Burgos fue investigada y posteriormente sancionada por el Ministerio de la Protección Social, por no cumplir las recomendaciones de la ARP Suratep.

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Radicación n.° 92094 Sostuvo que, pese a lo anterior, no existía prueba de la causa del accidente, «toda vez que no hubo testigo alguno presencial del insuceso». Explicó que Luis Ernesto Chica Pérez, quien estaba trabajando con el causante al momento del accidente: […] se encontraba en el piso 10 junto con [el causante], quien estaba preparando la mezcla, pero nada más tenía el mortero

preparado y de ahí no sabe qué fue a buscar al piso 11, porque no tenía nada que hacer allá. Sostiene que, en dicho piso, el cual revisaron luego del accidente, no había ningún obstáculo como para que se cayera o atropellara, el piso estaba limpio. Señala que el trabajador estaba en el piso 11 porque el oficial a quien atendía, [así] lo había dicho. Es de anotar que este declarante no labora para ninguna de las empresas demandadas (folios 485 y 486). Tras esa consideración, sostuvo que a través de los elementos de juicio que obraban en el expediente, se evidenció la ocurrencia del suceso y, que en ese momento el extrabajador no tenía elementos de seguridad, pero que, ello no era suficiente para la configuración de la culpa patronal «toda vez que no se pudo conocer las causas del accidente, dado que no fue presenciado por ningún testigo, por lo que no es posible determinar si el haber tenido un arnés hubiera evitado la tragedia». En tal dirección, expresó que cualquier conclusión sobre la muerte del causante caería en el campo de las suposiciones. Precisó que, lo que sí se demostró, fue que aquél «no se encontraba en el lugar donde debía estar prestando sus servicios, y que había dejado la mezcla sin terminar, abandonando el lugar», lo que desvirtuaba la afirmación hecha en la demanda y expuesta en el hecho 10,

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Radicación n.° 92094 esto es, que «se encontraba subido en la bamba o tabla, y al inclinarse a coger cemento había perdido el equilibrio cayendo

al vacío (hecho 10 libelo demandatorio)».

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue formulado por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y acceda a sus pretensiones.

Con tal propósito plantea dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por Metropoli

S. A. y que la Sala abordará de manera conjunta por cuanto en ellos se acusa el mismo elenco normativo y tienen una estructura argumentativa complementaria.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 216 del CST, en relación con los preceptos 24, 25, 26, 34, 35, 56, 57 y 348 del mismo estatuto, 2 de la Resolución 2400 de 1979, 21 del Decreto 1295 de 1994, 91

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Radicación n.° 92094 de la Ley 9 de 1979, 12 de la Resolución 2413 de 1979, 177 del CPC, 167 del CGP y 1604 del Código Civil. En la demostración sostiene que el Tribunal acertó al señalar que la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia objeto de debate, es clara al indicar que si el trabajador demuestra el incumplimiento del empleador de sus deberes de protección y cuidado, a este le correspondía acreditar que

actuó con diligencia para exonerarse de responsabilidad; sin embargo, de manera desacertada el colegiado sostuvo que el colaborador, además de lo anterior, también debía demostrar que la omisión favoreció o agravó la situación de peligro «acudiendo a los conceptos de causa eficiente y circunstancias concretas». Indica que este último razonamiento dejó en segundo plano la gravedad del incumplimiento de las obligaciones de la empresa e impidió la inversión de la carga de la prueba derivada de la infracción señalada, que es precisamente la herramienta que se usa cuando «seestá ante una enfermedad laboral o accidente de trabajo del cual no se conoce con certeza su causa eficiente»; de ahí que, a su juicio, las demandadas debieron ser condenadas. Expresa que el ad quem también erró al estimar que, si bien al momento del infortunio el causante estaba desprovisto de elementos de seguridad, no había responsabilidad patronal por desconocer las causas del suceso. Al respecto, aduce que el hecho de que el trabajador careciera de los instrumentos que garantizaban su integridad

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Radicación n.° 92094 y, además, de que no tuviera capacitación para tareas en alturas, invertía la carga de la prueba y, en consecuencia, debía tenerse por demostrada la culpa patronal, ello, ante la ausencia de elemento demostrativo que condujera a concluir que las accionadas obraron con cuidado y diligencia.

VII. RÉPLICA Metropoli S. A. se opone a la prosperidad del cargo, para ello dice que adolece de un error técnico que impide su

análisis y, explica que, si bien se formula en el concepto de aplicación indebida, de su desarrollo se extrae únicamente el reproche frente a la aplicación de una norma procesal, la cual no se identificó en la proposición jurídica, ni se invocó para tal fin en el concepto de violación medio. Y agrega que, de superarse lo anterior, la acusación debió formularse en sub motivo de interpretación errónea, pero ello no ocurrió.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida del del artículo 216 del CST, en relación con los preceptos 24, 25, 26, 34, 35, 56, 57 y 348 del mismo estatuto, 2 de la Resolución 2400 de 1979, 21 del Decreto 1295 de 1994, 91 de la Ley 9 de 1979, 12 de la Resolución 2413 de 1979, 177 del CPC, 167 del CGP y 1604 del Código Civil.

Sostiene que dicha vulneración ocurrió por los errores evidentes de hecho en que incurrió el juez de las apelaciones,

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Radicación n.° 92094 consistentes en: no tener por demostrado, pese a estarlo que, i) «el hecho 10 de la demanda se basó en un reporte periodístico» y que indistintamente de ello, la empleadora no solo omitió entregar los elementos de protección al trabajador fallecido sino también las capacitaciones para trabajo en alturas, además, no instaló barandas perimetrales ni hubo

señalización, y ii) que la demandada Carmen Burgos Burgos y la ARP Suratep no informaron de manera oportuna las causas inmediatas del accidente. Y en tener por demostrado, aun cuando no lo estaba, que el causante «no se encontraba en el lugar donde debía prestar sus servicios y que había abandonado su lugar de trabajo». Cita como pruebas dejadas de apreciar: el reporte periodístico (f.° 31); el seguimiento a las recomendaciones de accidentes severos (f.° 33); la comunicación del inspector del trabajo dirigida a Suratep (f.° 380); la comunicación de Suratep enviada al inspector del trabajo (f.° 386), y el recurso de reposición interpuesto por la demandada Carmen Burgos Burgos dentro del proceso administrativo adelantado en su contra por el entonces Ministerio de la Protección Social (f.° 423 a 424). Y como valorado de manera equivocada, el testimonio de Luis Ernesto Chica Pérez. En la demostración, sostiene que la equivocación del ad quem consistió en concluir que la afirmación contenida en el hecho 10 de la demanda, esto es, que «el trabajador se encontraba subido en la bamba o tabla y al inclinarse a coger

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Radicación n.° 92094 cemento perdió el equilibrio y cayó al vacío» había sido desvirtuada. Explica que dicho supuesto fáctico se soportó en el reporte periodístico que milita a folio 31, en el que se reseñó que «según compañeros de trabajo y personas que se encontraban en la parte de afuera de la obra, Abelardo se

inclinó para coger un poco de cemento y perdió el equilibrio». Argumenta que el hecho de que el accidente no ocurriera en forma idéntica a la que se describió en el informe periodístico, no es óbice para no endilgar culpa al empleador, más si se tiene en cuenta que este no acreditó el cumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad que le incumbía frente su colaborador fallecido en relación con actividades en alturas. Aduce que lo anterior, tal como lo expresó en el primer cargo, invertía la carga de la prueba. Tras ello manifiesta que las omisiones patronales no se limitaron a las antes referidas, pues también se demostró el incumplimiento a las recomendaciones que hizo la ARP a Carmen Burgos Burgos para conjurar accidentes severos, tales como la instalación de barandas perimetrales en divisiones de torres. Sobre el tema recuerda que Burgos Burgos, en el recurso de reposición que interpuso contra el auto que le impuso sanción dentro del proceso administrativo adelantado por el «Ministerio del Trabajo, adujo que lo único que le achacaba responsabilidad en el accidente, era la falta de señalización.

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Radicación n.° 92094 Sostiene que otros elementos de convicción relevantes que no valoró el juez de las apelaciones, fueron las comunicaciones de folios 380 y 386 al 387 «en las que el inspector del trabajo le solicita a la ARP Suratep que informe “cuáles fueron las causas inmediatas y básicas del accidente mortal del señor Abelardo Esparragoza Martinez», en cuya

respuesta se consignó que luego de solicitar «[…] en repetidas ocasiones el informe de investigación del accidente mortal de la referencia, la empresa hizo entrega del mismo extemporáneamente […]». Concluye que, de la declaración del testigo Luis Ernesto Chica Pérez, no se extraía que el causante abandonara su puesto de trabajo; contrario a esto, se infería que en el ejercicio de sus funciones siempre estuvo expuesto a altos riesgos.

IX. RÉPLICA La accionada Metropoli S. A. también se opone al éxito de la acusación y aduce que el casacionista acusa de manera impropia la prueba testimonial, no apta en casación y, en todo caso no se acreditó el error apreciativo en los medios de convicción que sí lo son.

Agrega que la censura se abstiene de atacar los pilares fundamentales de la decisión del ad quem, esto es, que el trabajador, al momento del accidente, no se encontraba en el lugar que se le asignó y que no había prueba de la causa de

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Radicación n.° 92094 la tragedia; de ahí que, a su modo de ver, no se derruyera la presunción de legalidad y acierto del fallo censurado.

X. CONSIDERACIONES No le asiste razón a la opositora en la glosa de técnica que le endilga al cargo primero, pues la censura explica claramente el error jurídico que advierte en el fallo impugnado y que corresponde a un yerro interpretativo en torno a la figura de la culpa patronal contenida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Puntalmente, reprocha del juez de apelaciones que no estimara que, una

vez acreditado el incumplimiento del empleador frente a las obligaciones de diligencia y cuidado, se invertía la carga de la prueba, y también cuestiona el argumento según el cual, era obligación de la parte actora demostrar la causa eficiente del infortunio en cuestión. Igual ocurre frente al reparo que esgrimió la opositora contra la segunda acusación, pues, con ella, se aprecia que la casacionista pretende acreditar mediante los medios de convicción que acusa, que la fatalidad del accidente se produjo por las omisiones de la empleadora a sus deberes de proveer los elementos y condiciones seguras para el trabajador. Aclarado lo anterior, es importante memorar que el Tribunal en su decisión, en esencia consideró que, si bien se evidenció que la empleadora faltó a su deber de seguridad y cuidado al no suministrar al trabajador elementos de

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Radicación n.° 92094 protección, lo cierto era que ello resultaba insuficiente, pues, la activa ha debido demostrar la causa efectiva del accidente, aspecto que se desconocía y, por lo mismo, no era posible establecer responsabilidad patronal en el incidente que terminó con el deceso del causante. Inconforme con la anterior determinación, la actora formula el recurso extraordinario de casación y, desde lo jurídico, aduce que el colegiado erró al no entender que, en aras de establecer la responsabilidad estatuida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la demostración de la falta al cumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad y cuidado con el trabajador, tiene como

consecuencia la inversión de la carga de la prueba hacia el empleador y, en ese sentido, la parte actora no debía acreditar la causa eficiente del siniestro. Y a partir de la senda fáctica, sostiene que el ad quem se equivocó al no valorar algunos documentos que se aportaron al plenario, así como al apreciar equivocadamente la prueba testimonial, los cuales, dice, demuestran que al momento del accidente, la empleadora no entregó al servidor fallecido, elementos de protección, no le suministró las capacitaciones para trabajo en alturas, ni instaló barandas perimetrales y señalización, siendo ello la causa del accidente mortal, por lo que la responsabilidad patronal quedó demostrada. Así, la Corte debe dilucidar desde la senda del puro derecho, si el Tribunal erró al no invertir la carga de la prueba

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Radicación n.° 92094 frente al empleador, pese a que la actora demostró la falta al cumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad y cuidado con el trabajador, y, desde lo fáctico y conforme lo anterior, si el juez de segundo grado no advirtió que, de los elementos de juicio acusados, se acreditaba que la referida omisión de la empleadora, fue la que generó el infortunio laboral en el que Esparragoza Martínez perdió la vida. Es necesario indicar de manera preliminar que en el recurso de casación no se discute que: i) Abelardo Antonio Esparragoza Martínez y la demandante Nectalina Freile Insignares convivieron en unión marital de hecho a partir de

septiembre de 1993 hasta el 23 de octubre de 2007 data en la que él falleció; ii) que el 20 de septiembre de 2007 el causante ingresó a laborar en la construcción del edificio Golf 58 en la ciudad de Barranquilla donde desempeñó las actividades albañilería con Carmen Burgos Burgos como empleadora quien fue a su vez contratista de Metropoli S. A.; iii) que el 23 de octubre de 2007 sufrió un accidente en el sitio de trabajo que le produjo la muerte al caer de un piso superior, y iv) que le sobrevivió su compañera. Pues bien, en aras de resolver los problemas planteados, la Corte estima necesario hacer una precisión sobre la responsabilidad dispuesta en el artículo 216 del CST como fuente de la indemnización reclamada, y de ahí, desplegar el análisis de los reproches que la censura formula por las diferentes vías, volviendo sobre las referencias que, en cada punto, resulten pertinentes según lo cuestionado en esta sede. Lo anterior, con el fin de facilitar la comprensión y

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Radicación n.° 92094 resolución de los puntos propuestos en los cargos. 1) Del contenido de la indemnización plena de perjuicios regulada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y de las actividades laborales en alturas Frente a este primer aspecto, se tiene que, para el reconocimiento y pago de la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del CST, además de la ocurrencia del riesgo, accidente de trabajo o enfermedad profesional, debe encontrarse la culpa suficientemente

comprobada del empleador, responsabilidad de naturaleza eminentemente subjetiva. Para ello, resulta necesario que esté demostrado el incumplimiento del empresario a los deberes de protección y seguridad, lo que le exige tomar las medidas adecuadas atendiendo las condiciones generales y especiales del trabajo, dirigidas a evitar que el servidor sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos laborales (artículo 56 ibídem). Para ello, el empleador debe identificar, conocer, evaluar y controlar los potenciales peligros a los que se puede someter el colaborador, de cara a las obligaciones generales, específicas y excepcionales que le competen en relación con los riesgos inherentes al trabajo, al igual que los controles que ejerce frente a la tarea puntual desplegada por el obrero al momento del siniestro (CSJ SL5154-2020). De esa manera, cuando el empleador incumple

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Radicación n.° 92094 culposamente los deberes descritos en líneas anteriores, responde por la indemnización que se cause por los perjuicios morales y materiales ocasionados al trabajador que sufre el infortunio laboral o la enfermedad profesional o a sus beneficiarios, respecto de los daños que le fueran generados por dicha omisión (CSJ SL2206 -2019). Ahora bien, al trabajador demandante o a sus beneficiarios les corresponde asumir la carga de acreditar, de manera suficiente, la culpa del empleador en la producción del accidente, según las reglas probatorias, lo que significa que demostrada en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, se

genera la obligación de indemnizar al trabajador o causahabientes los perjuicios causados, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo consagrado en el artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la «diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», es decir, si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad, debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal como lo dispone el artículo 1757 ibídem. Ahora, esta Sala también tiene adoctrinado que la carga de la prueba se invierte cuando se le endilga al empleador la culpa por un comportamiento omisivo, esto es, por no cumplir sus deberes de prevención, cuidado y diligencia (CSJ SL13653-2015, CSJ SL7181-2015, CSJ SL 7056-2016, CSJ SL12707-2017, CSJ SL2206-2019, CSJ SL2168-2019, CSJ SL2336-2020 y CSJ SL5154-2020). En esta hipótesis, a la parte actora únicamente le bastará alegar y describir dichos

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Radicación n.° 92094 descuidos para que el peso se traslade a quien ha debido obrar con diligencia (artículo 1604 del Código Civil), mientras el empresario tendrá que acreditar el acatamiento a las obligaciones en mención. Puntualmente, en el fallo CSJ SL2168-2019 sobre este tópico se precisó: Pues bien, esta Sala ha determinado que al trabajador le atañe probar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio; no obstante, por

excepción, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la carga de la prueba y es «el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligenc