CSJ - SL2550-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2550-2023 Radicación n.° 96688 Acta 39 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por HERMES ORLANDO LOZANO contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB

S.A. ESP.

Se reconoce personería al abogado Néstor Giovanni Torres Bustamante, con T.P. 56.196 del C.S. de la J., como apoderado judicial de la demandada, en los términos y para los efectos del poder allegado a esta Sala de la Corte.

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I. ANTECEDENTES Hermes Orlando Lozano inició proceso ordinario laboral con el fin que se declare: i) que entre las partes existe un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 28 de julio de 1989; ii) que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo desde el julio de 1996; iii) que «el cambio de funciones y ascenso fue dado a los cinco trabajadores que venían cumpliendo las mismas funciones como audioprobadores»; y iv) que no hay diferencia en cargos, funciones, horarios, capacitación, responsabilidad, antigüedad o conocimiento entre él y Rubiel Alfonso Carrillo Osma, ambos analistas I cargo 140150, con quien existe una

desigualdad salarial del 88%. Como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la accionada a nivelarlo salarialmente como analista I; a pagarle las diferencias generadas por acreencias laborales, junto con los aportes en materia de seguridad social integral; la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que mediante un contrato de trabajo a término indefinido ingresó a laborar para la demandada el 28 de julio de 1989, como obrero; que ocupó diferentes cargos; que hasta mayo de 2015 fungió como audioprobador, pero luego fue nombrado analista I en la Dirección de Aprovisionamiento Masivo de la Gerencia de Servicios Masivos de la Vicepresidencia de Infraestructura, lo cual implicó una desmejora en «sus

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Radicación n.° 96688 ingresos y sus condiciones laborales»; y que esa decisión se adoptó también con cuatro compañeros más, pero a uno de ellos, Rubiel Alfonso Carrillo Osma, se le otorgó un aumento salarial del 102%, mientras que el incremento que recibió él fue del 14%. Indicó que durante la vigencia de la relación laboral realizó diferentes cursos y talleres; que tiene iguales derechos, cargos, salarios, responsabilidades, antigüedad y preparación profesional que los otros cuatro compañeros; que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo, la cual establece una curva salarial; que no solicitó el cambio de cargo, lo cual se hizo al interior de la demandada por decisión del Comité de Gestión Humana; y que el 10 de junio

de 2016 presentó reclamación administrativa y la demandada negó su solicitud de nivelación. El despacho de conocimiento tuvo por no contestada la demanda inicial (f.o 208 Pdf), decisión que confirmó el superior (f.o 218 a 223 Pdf).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá con fallo del 15 de julio de 2021, absolvió a la accionada de las pretensiones; dispuso que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en caso en que no fuera recurrida la decisión; e impuso costas a la parte vencida.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia calendada 30 de septiembre de 2021, confirmó la decisión de primer grado y no impuso costas en la alzada.

El colegiado tuvo como problema jurídico determinar si resultaba procedente la nivelación salarial. Con tal fin aludió al artículo 143 del CST y a lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL5464-2015 respecto a que puede darse un trato diferenciado entre trabajadores, siempre y cuando se soporte en motivos razonables y objetivos. Indicó que con la reforma introducida por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011, se estableció una ventaja probatoria para el trabajador, en tanto las diferencias en materia

salarial se presume injustificadas, debiendo el empleador acreditar factores «objetivos de diferenciación». Transcribió algunos apartes de las decisiones CSJ SL, 19 may. 2005, rad. 24312, CSJ SL, 3 ag. 2007, rad. 29468, y CSJ SL17462-2014, para luego expresar que en el sub lite estaba acreditado que entre las partes existe un contrato de trabajo desde el 26 de julio de 1989, el cual está vigente; que el actor se desempeña como analista I; y que en julio de 2016 percibió un salario mensual por la suma de $2.812.771.

Luego adujo que:

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Radicación n.° 96688 Ahora, revisados los documentos aportados al plenario, no encuentra la Sala parámetro de comparación objetiva alguna, pues se limitó la parte actora a relatar que hubo un incremento salarial en favor del señor RUBIEL ALFONSO CARRILLO OSMA en un 114%, mientras que para el demandante sólo se le incrementó el salario en un 14% y para ello se aportó al proceso un documento a folios 22 y 38 que trae una relación de cinco personas con los salarios presuntamente devengados, empero, de entrada, tales documentos no es posible tenerlos en cuenta, en tanto, no es posible establecer su autenticidad, no existe certeza de quien los creó al estar sin firma alguna, de modo que su estimación se rige por las reglas de los documentos auténticos en los términos del artículo 244 del CGP al enseñar que «Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona

que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento». En tal sentido, carecen de valor probatorio tales documentos. Dijo que el accionante allegó tres comprobantes del pago de nómina, pero no anexó los del trabajador frente a los periodos en que se pretendía la nivelación, sumado a que en esos documentos se dice que pertenece al centro de costos «Dirección Aprovisionamiento Masivo», pero en la certificación de folios 112 a 113 se informa que el último cargo que desempeñaba era como analista I en la Dirección Aseguramiento de Servicios Masivos, curva salarial categoría XIV; y agregó: Vale decir que los mencionados documentos fueron los únicos medios de prueba tendientes a acreditar la presunta discriminación salarial, circunstancia por la cual, estima la Sala que, en el presente caso, contrario a lo expuesto por el demandante, en el expediente si bien puede inferirse en principio la igualdad de cargo del demandante con el del señor RUBIEL ALFONSO CARRILLO OSMA, no quedó demostrado el puesto de trabajo, ni mucho menos la igualdad de funciones, entre el demandante y éste […] Expresó que ese trabajador con quien se compara estaba en un centro de costos diferente al del accionante, «sin que se acreditara en el plenario cuáles eran las funciones del

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Radicación n.° 96688 actor, ya que aportó únicamente tres manuales de funciones que no corresponden al cargo de analista (Obrero, Auxiliar VIII y Audio probador-fls. 23 a 25-)»; y arguyó lo siguiente:

[…] con relación al testigo traído al proceso, debe decir la Sala que debe descartarse lo dicho por este, en primer lugar porque según indicó prestó sus servicios en otras dependencias o centros de servicios, de modo que no es posible determinar objetivamente cuáles eran las diferencias entre ambos, lo anterior sumado al hecho que tal testigo se encuentra viciado en la medida que en la respectiva audiencia se puede verificar que el actor influyó en las respuestas del testigo, especialmente al minuto 37:50, circunstancia que tampoco hace creíble lo dicho, de ahí que tampoco pueda tenerse en cuenta como un testigo imparcial. Por lo anterior, confirmó la decisión absolutoria de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia de segundo grado y, en sede de instancia, se revoque el fallo absolutorio del a quo, para en su lugar acceder a las súplicas de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, los cuales son replicados y serán resueltos por la Sala en el orden propuesto.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de segundo grado por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 143 y 467 del CST; 7 de la Ley 1496 de 2011; 18 de la Ley 712 de 2001; 167 del CGP; 1, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 55 y 93 de la Constitución

Política; «convención colectiva de trabajo, año 2013-2016, de igual forma sentencias de la H. Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia Sala Laboral». Afirma que el juez colegiado «si bien trajo a colación la norma, no la aplicó al caso concreto», donde debía determinar si el accionante era beneficiario o no de la nivelación salarial, teniendo en cuenta que entre los años 1994 y 2015 desempeñó las mismas funciones que su «compañero de labores», como audioprobador, y posteriormente, como analista I, código 140150, aportando un «valor agregado a la empresa». Aduce que, pese a que a la ETB «distingue» que el señor Rubiel Alfonso Carrillo Osma es profesional, en calidad de abogado, lo cierto es que las «pruebas allegadas» dan cuenta que el actor es técnico y «profundizó en esta materia de audioprobador», lo cual tiene relación con sus funciones y con el objeto de la empresa demandada. Expone que la diferencia salarial de ambos trabajadores no está justificada, pero el Tribunal estimó, con apoyo en el artículo 244 del CGP, que «los documentos aportados no son

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Radicación n.° 96688 auténticos», pese a que ello «no fue objetado por la demandada», aunado a que la prueba testimonial es «real en cuanto a lo manifestado teniendo en cuenta que se trata de un compañero de trabajo». Asegura que, si se analizan las funciones, estructura, objeto y reglamento de la accionada, se colige que el incremento salarial entre el actor y el señor Carrillo Osma es

diferente, sin tener en cuenta el conocimiento, la productividad, eficacia, desarrollo, entre otros aspectos. Afirma que el juez plural no examinó «el expediente», ni tuvo en cuenta el «aspecto jurídico y material probatorio», pues desconoció la CCT 2013-2016 y otras pruebas que «no fueron objeto de oposición» ni tachadas de falsas; que si bien se refirió al derecho a la igualdad salarial en los términos del artículo 143 del CST, no derivó de él la prosperidad de las pretensiones de la demanda inaugural, pese a que el accionante y su «par» tienen el mismo cargo y código, eficiencia, experiencia, profesionalismo y antigüedad, aun cuando las funciones «varía[n] un poco». Resalta que el numeral tercero del artículo 143 del CST obliga al empresario a demostrar los elementos objetivos de diferenciación, que explique la disparidad en materia salarial, so pena de incurrir en un acto de discriminación, pues ello fue la finalidad de la modificación introducida por la Ley 1496 de 2011 al mencionado artículo, al prever que todo trato diferenciado en la remuneración se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores

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Radicación n.° 96688 objetivos de distinción, lo cual no fue tenido en cuenta por el fallador de alzada. Explica que el juez colegiado no se pronunció respecto al artículo 53 de la CP, además que olvidó que la falta de respuesta a la demanda inaugural produce «efectos de derecho en cuanto a los hechos», como también no poder aportar o solicitar pruebas, de allí que se «declara confeso

sobre los hechos de esta», por lo que se «debió sentenciar a favor de la parte demandante». Indica que al asunto no resultaba aplicable el artículo 244 del CGP, por cuanto los documentos allegados no fueron tachados de falsos por la demandada, aunado a que tampoco se opuso a la prueba testimonial, la cual dio cuenta de los hechos alegados. Reitera que, acorde al artículo 143 del CST, es el empleador quien debe probar los factores objetivos de diferenciación si pretendía evitar la condena por nivelación salarial. Asegura que la jurisprudencia actual de la Corte en esta materia estableció dentro de las subreglas aplicables a las relaciones laborales «causadas» en vigencia de la Ley 1496 de 2011, la consistente en que todo trato diferente en asuntos salariales se debe tener como injustificado, salvo que el empleador demuestre lo contrario; es decir, que a este último le corresponde explicar esa «diferenciación en materia retributiva».

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Radicación n.° 96688 Arguye que el hecho de no fundamentar el empleador la diferenciación remunerativa en criterios objetivos, constituye una violación a la legislación laboral, pero el juez colegiado «no aplicó la norma como debió hacerlo»; y, por el contrario, no tuvo por probado que ambos trabajadores tenían las mismas funciones, horarios, capacidad, conocimiento y responsabilidad, siendo discriminado en el aumento salarial; y cita pasajes de las decisiones CC C351-1995, CSJ SL 26 nov. 2014, rad. 45830, y CSJ SL12814-2018.

VII. LA RÉPLICA

La demandada presenta oposición conjunta a los cargos. Afirma que la sustentación se funda en argumentos generales, posiciones jurídicas subjetivas y alegatos de instancia, además que cita jurisprudencia fuera de contexto y que es inaplicable al caso. Asevera que la decisión impugnada no viola la ley sustancial, en tanto el actor se limitó a afirmar que le asiste derecho a un salario superior, lo cual, lógicamente, es insuficiente. En dicho sentido, expone que el juez colegiado realizó una adecuada valoración probatoria; que la última actividad ejercida por Carrillo Osma fue la de almacenista con denominación genérica de analista, como ocurre con un gran número de trabajadores que prestan sus servicios en diferentes áreas de la empresa; de ahí que la calificación del cargo no tenga nada que ver con las funciones y lugar de trabajo.

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Radicación n.° 96688 Resalta que esa persona se encontraba en permiso sindical permanente, situación diferente a la del accionante; que, si bien la demanda inaugural se dio por no contestada, ello no significa el éxito de las pretensiones, en la medida que el juez debe valorar las pruebas que fueron decretadas o aportadas y proferir una decisión en derecho; y que lo resuelto se ajusta a la línea jurisprudencial de la Corte.

VIII. CONSIDERACIONES Si bien el cargo propuesto por la senda directa no es un modelo, por cuanto se efectúan inapropiadamente también reproches de naturaleza fáctica, como es cuestionar que el Tribunal no tuviera por acreditado que el actor desarrolló las mismas labores que su «compañero

Carrillo Osma», con igual capacidad, conocimiento y responsabilidad; lo cierto es que de su lectura se desprenden los siguientes tres reproches de naturaleza jurídica: i) que el juez de segundo grado se equivocó al no aplicar las consecuencias que genera el tener por no contestada la demanda inicial; ii) que el juez colegiado no aplicó la presunción contenida en el numeral 3 del artículo 143 del CST, con la modificación introducida por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011; y iii) que el ad quem no podía ocuparse de la autenticidad de los documentos y menos restarle merito probatorio a un testimonio, pese a que la parte demandada no los tachó; todo lo cual constituyen los problemas jurídicos a resolver.

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Radicación n.° 96688 Aquí es oportuno resaltar que como la orientación del ataque es por la senda del puro derecho, quedan por fuera de cuestionamiento las inferencias fácticas del juez colegiado relativas a que el demandante no demostró que cumplió las mismas funciones que el señor Rubiel Alfonso Carrillo Osma. Efectuadas las anteriores precisiones y delimitados los aspectos o temáticas objeto de controversia desde el ámbito jurídico, la Corte, por razones de método, procede con su análisis en el orden propuesto: Efectos de tener por no contestada la demanda inicial. La censura aduce que el juez colegiado no aplicó los efectos previstos en la ley cuando se tiene por no contestada la demanda inaugural, en el sentido de que se «declara confeso sobre los hechos de esta»; situación que no fue

advertida por el juez de apelaciones para la correcta definición del litigio. Frente a dicha temática, basta con manifestar que el artículo 31 del CPTSS, modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, prevé que «La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado» (Subraya la Sala), lo cual deja al descubierto que el legislador no consagró que operaba una confesión como lo sugiere el recurrente, sino que la consecuencia por tal omisión corresponde a un indicio grave. Al respecto en sentencia CSJ SL17830-2016, se dijo:

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Radicación n.° 96688 En lo que tiene que ver con ese tópico, cabe precisar que el efecto de la no contestación a la demanda, en los términos del parágrafo 2º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es que se tendrán como un indicio grave en contra de la enjuiciada, siendo procedente aplicar la contumacia regulada en el artículo 30 del mismo ordenamiento modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 2001, más no implica una confesión ficta o presunta. (Subraya la Sala). Lo que significa que, ante la falta de contestación de la demanda inaugural, la parte actora, para el éxito de sus súplicas, conserva su obligación procesal de demostrar el sustento de sus pretensiones. En decisión CSJ SL1985-2019, respecto a la necesidad de probar los supuestos de hecho invocados, pese a que el convocado al proceso no conteste el escrito genitor, se

explicó: Entonces, no resultaba suficiente contar con el indicio grave en contra de la pasiva dada la falta de respuesta a la demanda, según las directrices del artículo 31 del C.P.T y S.S., sino que era necesario para que la pretensión saliera airosa, la demostración de sus elementos constitutivos, en otras palabras, que se demostrara el cumplimiento de las exigencias constitucionales sobre conservación del régimen de transición. Así las cosas, no hay equívoco alguno que reprochar pues la posición jurídica que adoptó el sentenciador de segundo grado al exigir la probanza de todas las exigencias normativas, como claramente lo obligaba el artículo 177 del C.P.C vigente a la fecha en que se tramitó el proceso, es la correcta. Y en decisión CSJ SL2807-2020, frente a las consecuencias que genera la falta de respuesta a la demanda inicial se dijo:

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Radicación n.° 96688 Además de lo anterior, esta Sala de la Corte también ha negado que: […] al haberse dado por no contestada la demanda por parte de los accionados, debían tomarse por ciertos la totalidad de los hechos planteados en ésta, en especial, los extremos de la relación laboral y la no cancelación de las acreencias laborales, por cuanto la ley procesal del trabajo y de la seguridad social no contempla dichos efectos ante esta omisión de la parte, sino la de constituir un indicio grave en contra del demandado, según el parágrafo segundo del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., por lo que, en esa medida, la declaratoria de tener por no contestada la

demanda no conduce a fijar como ciertos los presupuestos fácticos alegados por la parte actora, dado que la ley no le asigna efectos de confesión ficta, como quiere hacerlo ver la recurrente. (CSJ SL6843-2016, reiterada en CSJ SL468-2019). Finalmente, esta corporación ha enseñado que el indicio grave en contra de la demandada, por no haber dado contestación a la demanda, no representa una prueba hábil y suficiente para fundar un error de hecho en la casación del trabajo (CSJ SL23742018). (Subraya la Sala). Partiendo de lo anterior, no era dable tener como ciertos lo hechos de la demanda introductoria, por haberse tenido por no contestada, cuando su consecuencia es un indicio grave, pero no una confesión ficta o presunta. De modo que el colegiado no se equivocó al razonar que en este asunto en particular, el demandante debía acreditar los supuestos fácticos que le servían de soporte para sus súplicas, conforme a las pruebas solicitadas por las partes o las decretadas de oficio por el juez de conocimiento; lo cual, a la postre, según se definió en la sentencia confutada, dicha carga no la cumplió el trabajador, ni tampoco se dieron los presupuestos de ley para que se invirtiera y fuera el empleador a quien le correspondiera probar la justificación de una supuesta diferenciación salarial.

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Radicación n.° 96688 Aplicación de la presunción contenida en el numeral 3 del artículo 143 del CST, modificado por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011.

Como se recuerda, el Tribunal, desde el punto de vista jurídico, explicó que en los términos del artículo 143 del CST los trabajadores que desempeñen iguales funciones tienen derecho a recibir idéntica remuneración; y solamente es posible justificar una diferencia salarial si se sustenta en razones objetivas. Por tanto, precisó que para aplicar esta disposición era necesario que el trabajador demostrara que existía otro compañero que ejerciera el mismo cargo con similitud de funciones, término de comparación entre los dos trabajadores que no fue acreditado, por lo que no era dable acceder a lo pretendido. A fin de dar respuesta al reproche elevado por el impugnante, resulta necesario poner de presente que esta Sala de Casación ha precisado que la nivelación salarial opera de dos formas distintas: la primera, si la diferencia de salarios surge del desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia mediante comparación con el servicio que preste otro trabajador mejor remunerado, caso en el cual le incumbe al actor la prueba de ese supuesto; la segunda, cuando se invoca el cumplimiento de las funciones propias de un cargo, sin recibir la remuneración asignada acorde a un escalafón existente.

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Radicación n.° 96688 La importancia de la anterior precisión radica en los elementos que se deben acreditar para la prosperidad de la nivelación solicitada, pues en el primer evento, que es el que aquí se debate, esto es, cuando el trabajador pretende una nivelación salarial por aplicación del principio «a trabajo igual, salario igual» o «trabajo de igual valor, salario igual» en los términos del artículo 143 del CST, tiene la carga

probatoria de demostrar, no solo la existencia de un mismo cargo con una diferenciación salarial, sino que se desempeñaba en iguales condiciones de eficiencia, responsabilidad, jornada, calidad y además se desarrollaba bajo similares funciones; lo que significa que no basta con la sola afirmación del trabajador de encontrarse en igualdad de condiciones respecto de otro cargo. Así lo ha manifestado la Sala en innumerables decisiones, entre ellas, la CSJ SL15023-2016, reiterada en las sentencias CSJ SL143492017 y la CSJ SL4650-2018, al afirmar lo siguiente: Para ahondar en razones, de acuerdo con la evolución de la jurisprudencia sobre el tema, en todo caso al trabajador le corresponde probar el trato diferente respecto de otro cargo de igual valor, para trasladarle al empleador la carga de probar las razones objetivas de la diferencia; es decir, no basta su sola afirmación de estar en igualdad de condiciones respecto de otro cargo, para hacerse merecedor de la nivelación. Cumple recordar la sentencia hito sobre el punto: Sobre el tema de la carga de la prueba, la Sala tiene adoctrinado que el trabajador que pretenda una nivelación salarial por aplicación del principio «a trabajo igual salario igual», tiene por carga probatoria demostrar el «puesto» que desempeña y la existencia de otro trabajador que desempeña o desempeñó el mismo puesto o cargo con similares funciones y eficiencia. Sobre el particular son ilustrativas las sentencias CSJ, SL 5 feb. 2014, Rad. 39858, y SL 20 oct. 2006, Rad. 28441, donde reiteró lo dicho en las de 10 de jun. 2005 y 24 de may. 2005, Rads. 24272 y

23148, respectivamente. Criterio adoctrinado anteriormente, en

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Radicación n.° 96688 la sentencia CSJ SL, 25 sept. 1997, Rad. 9255, reiterada en la del 16 de nov. 2005, Rad. 24575. (subraya la Sala). Así también lo puso de presente esta corporación en la sentencia CSJ SL17063-2017, reiterada en la decisión CSJ SL4650-2018, al indicar que: En cuanto a los fundamentos de índole jurídico que soportan la sentencia impugnada, tal como lo puso de presente el tribunal, para que la garantía derivada del principio de a trabajo igual salario igual consagrado en el artículo 143 del CST, que tiene respaldo constitucional en el artículo 13 de la CN, tenga aplicación imperativa, se debe desempeñar el mismo puesto no solo en condiciones de eficiencia iguales, sino observando otros ingredientes de comparación que deben ser demostrados en el juicio, tales como la capacitación o capacidad profesional o técnica, antigüedad, experiencia, idénticas funciones, el mismo grado de responsabilidad laboral, entre otros aspectos. Para el tribunal no tiene cabida ordenar la nivelación salarial de la demandante en los términos implorados, precisamente porque según esos criterios de igualdad, no era dable considerar que existiera un trato desigual, discriminatorio y no proporcional, y en su criterio no se cuenta en este asunto con un factor salarial determinante de comparación. (Subraya la Sala) El anterior criterio se puede consultar en las sentencias

CSL SL16404-2014; CSJ SL16217-2014; CSJ 11267-2017;

y CSJ SL4806-2018 y CSJ SL3857-2020.

No obstante, la jurisprudencia también ha considerado que si el trabajador aporta indicios sobre la existencia de un trato discriminatorio en materia salarial, se invierte la carga probatoria y es al empleador a quien le corresponde justificar tal conducta objetivamente, ello en aplicación de la carga dinámica de la prueba; lo anterior bajo el presupuesto de que el artículo 143 del CST, en su versión original, debía

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Radicación n.° 96688 interpretarse en función del Convenio 111 de la OIT, así se expuso en la sentencia CSJ SL17462-2014, en la que se precisó: Sin embargo, esta Corporación precisará el citado criterio, en cuanto a que, tratándose de relaciones de trabajo causadas antes de la modificación introducida al art. 143 del CST, por el art. 7º de la L. 1496/2011, según la cual «Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación», en casos como el presente, en que la relación laboral culminó en 2006, atendiendo al principio de la carga dinámica –y no estáticade la prueba, también deberá invertirse la carga probatoria. En consecuencia, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio en materia retributiva, le corresponde al empleador –dado que está en mejores condiciones para producir la prueba-, justificar la razonabilidad de dicho trato.

Pronunciamiento al cual se aludió en la sentencia CSJ SL1383-2020, que puntualizó: […] aun tratándose de situaciones reguladas por el artículo 143 original – como ocurriría en el sub lite respecto de la nivelación reclamada desde septiembre de 2002 hasta el 2010-, cuando se acusa al empleador de dar trato discriminatorio de carácter salarial a uno de sus trabajadores, le corresponde al trabajador demostrar la diferencia de salario y la igualdad en el cargo, y al empleador, la justificación de la disimilitud o las razones objetivas que sustenten o soporten el trato diferente, por lo que la reforma introducida por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011, correspondió a una medida de acción afirmativa del Estado colombiano para frenar los actos de discriminación salarial. En efecto, en providencia CSJ SL16404-2014 así se señaló: Sin embargo, la Corte, en desarrollo del principio de carga dinámica de la prueba, se viene expresando de la siguiente manera: […] Cuando se demanda la igualdad salarial, al trabajador no le resulta posible demostrar además de la diferencia de salarios e igualdad de cargo y labor, la igualdad en las condiciones de eficiencia entre él y el otro trabajador, así como de jornada, circunstancias estas últimas que si son de registro y conocimiento del empleador, quien se encuentra en una

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Radicación n.° 96688 situación más favorable para aportar al proceso los medios probatorios que expliquen las razones objetivas de la diferencia salarial, por lo que realmente el llamado a probar este evento es el empresario o contratante.

En efecto, lo que debe probar el trabajador que solicita la nivelación salarial es la diferencia de salarios y la identidad de cargo; al empleador le corresponde probar que dicha diferencia obedece a factores objetivos, relacionados con la eficiencia y la jornada, a riesgo de resultar condenada. En este sentido, para que un juez pueda determinar la existencia de un trato discriminatorio desde el punto de vista salarial, diferencia fundamentada en elementos fácticos surgidos de la actuación del empleador, la carga de la prueba no radica en cabeza de quien la alega sino de aquel de quien proviene la actuación, es decir, es el empleador quien debe demostrar frente a un trato desigual o diferente entre trabajadores que desarrollan el mismo trabajo, que el mismo tiene justificación. Al respecto debe recordarse que si bien el tema de las condiciones laborales no se encuentra manifiesto en forma explícita dentro de los motivos objeto de discriminación incluidos en el artículo 13 constitucional, una lectura del mismo en conjunto con el Conve