CSJ - SL2551-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2551-2023 Radicación n.° 97014 Acta 39 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida el 11 de julio de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ contra la AFP recurrente, trámite al que se vincularon como litisconsortes necesarios a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES y a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Emma de Jesús Valencia González convocó a juicio a la

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Radicación n.°97014 AFP Porvenir S.A., con el fin de que, en su condición de progenitora de Abelardo Antonio Estrada Valencia, quien falleció el 1 de mayo de 2010, le fuera reconocida y sufragada la pensión de sobrevivientes a partir de la referida calenda, junto con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de los montos adeudados, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, aseveró que su

descendiente murió el 1 de mayo de 2010 a causa de una enfermedad de origen común; que durante su vida laboral cotizó un total de 208,71 semanas; que en los tres años anteriores al deceso, esto es, entre la data referida y el mismo día y mes de 2007, aportó más de 50 semanas, así: 51,28 al ISS, hoy Colpensiones, desde el 30 de junio de 2007 hasta septiembre de 2008 y 4,26 a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A. en agosto de 2009, «continuando activo en dicha entidad hasta el momento de su fallecimiento». Afirmó que suplicó ante la demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como beneficiaria de su hijo, pero el 11 de septiembre de 2014 obtuvo respuesta negativa bajo el argumento de que Abelardo Antonio no acreditaba las 50 semanas cotizadas en los últimos tres años que anteceden al óbito y además no se demostró la sujeción económica para hacerse acreedora a tal prestación.

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Radicación n.°97014 Enfatizó que dependía financieramente de su descendiente, pues era ama de casa, en la actualidad no recibe pensión, así como tampoco posee una fuente de ingresos y dada su avanzada edad de 71 años se encuentra imposibilitada para desempeñar alguna actividad laboral que le genere ingresos para su sustento. Al dar contestación a la demanda, la AFP Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de fallecimiento del afiliado; la

solicitud pensional que presentó la demandante y la respuesta negativa; de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos. En su defensa, argumentó que Abelardo Antonio Estrada Valencia fue vinculado al Sistema General de Pensiones a través de Porvenir S.A. a partir del día 28 de julio de 2009, venía trasladado del RPM, por cuenta del empleador denominado «Concypa»; que durante su afiliación a la AFP la referida patronal ni siquiera realizó cotizaciones en su favor, tal como se refleja en la relación histórica de movimientos de su cuenta de ahorro individual; por ende, para la fecha de la muerte que acaecido el 1 de mayo de 2010, se encontraba inactivo a la luz de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 692 de 1994, es decir, que en los tres últimos años inmediatamente anteriores a la muerte, no registró ni una sola semana de aportes al RAIS, por lo que no acreditó la densidad de cotizaciones que prevé el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.°97014 Propuso como excepciones las que denominó falta de causa para pedir; inexistencia de las obligaciones demandadas; compensación; pago; buena fe; y prescripción. El juzgado de conocimiento en providencia sin fecha, vista a folio 94 del expediente digital, por petición de la demandada ordenó vincular como litisconsortes necesarios a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos Pensionales y a la Administradora Colombiana de

Pensiones – Colpensiones. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoOficina de Bonos Pensionales al contestar el escrito inaugural, se opuso a todas las pretensiones. De los hechos, dijo que no le constaban. En su defensa, arguyó que no era competencia de ese ente ministerial ni de la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) establecer la prestación a la cual podría llegar a tener derecho la actora, dado que era una facultad que recaía única y exclusivamente en Porvenir S.A. donde se encontraba afiliado el fallecido Abelardo Antonio Estrada Valencia, por ende, a esa AFP le correspondía entrar a verificar si el causante dejó acreditados los requisitos de semanas cotizadas que exige la ley, para que los eventuales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes puedan acceder a su reconocimiento y, adicionalmente, constatar si los mismos cumplen con la dependencia económica para obtener la prestación reclamada, «trámites en los cuales esta oficina NO tiene injerencia ni responsabilidad alguna».

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Radicación n.°97014 Formuló, a título de excepciones, las llamadas bono emitido, redimido y pagado; y la genérica. Por su parte, Colpensiones al responder la demanda también se opuso a las pretensiones; aceptó los supuestos fácticos referentes a la calenda de la muerte del afiliado, la solicitud de pensión que hizo la accionante y la respuesta negativa dada por Porvenir S.A.; de los demás, dijo que no le contaban. Como razones de defensa, esgrimió que las súplicas de

la actora carecían de fundamentos fácticos y jurídicos en contra de Colpensiones, toda vez que «no hay lugar al reconocimiento de la prestación de sustitución de la pensión de sobrevivientes», en razón a que la demandante no probó que dependía monetariamente de su hijo, ni que la ayuda económica que le brindaba al núcleo familiar era de tal importancia que sin ella no podía subsistir de manera digna; que además el causante no reunía 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a su óbito. De otro lado, argumentó que tampoco se podía perder de vista que la solicitud de pensión de sobrevivencia se encaminó en contra de la AFP Porvenir S.A., por tal motivo resultaba evidente la falta de legitimación en la causa por parte de Colpensiones en este asunto. Enlistó las excepciones de cobro de lo no debido; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios e

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Radicación n.°97014 indexación; buena fe de Colpensiones; compensación; imposibilidad de condena en costas; prescripción; y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, profirió fallo el 31 de enero de 2022, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el joven ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA quien en vida se identificaba con la C.C. 15.349.187, dejó causado el derecho a la pensión de

sobrevivientes.

SEGUNDO: DECLARAR que la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.790.876, en calidad de progenitora del causante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que dejó causada el señor ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, el cual se encontraba afiliado activo a la administradora de fondo de pensiones Porvenir.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. representada por el representante legal MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar a la señora EMMA DE JESÚS

VALENCIA GONZÁLEZ, la suma de CIENTO SEIS MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS $106.993.592

(sic), por concepto retroactivo pensional liquidado entre el 4 de junio de 2011 y el 31 de enero de 2022.

CUARTO: ADVERTIR que partir del 1° de febrero de 2022, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. deberá continuar pagando a la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ la suma de $1.000.000; así como las mesadas adicionales de junio y diciembre y los aumentos de ley, para cada uno de ellos.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. a pagar la señora EMMA DE JESÚS

VALENCIA GONZÁLEZ los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, generados sobre cada una de las mesadas pensionales causadas a partir del 4 de agosto de 2011, y hasta cuando se haga efectivo el pago de las mismas.

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SEXTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. a efectuar sobre el retroactivo ordenado, los descuentos en salud, los cuales deben consignarse en la cuenta del ADRES.

SÉPTIMO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. a descontar del retroactivo ordenado, lo que se haya pagado por concepto de indemnización sustitutiva.

OCTAVO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción.

NOVENO: CONDENAR en costas a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A., se fijan agencias la suma de $5.300.000.

Sin condena en costas ni agencias en derecho a la AFP

COLPENSIONES ni para la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO.

DÉCIMO: ADVERTIR a las demandadas la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que deberán hacer el trámite interadministrativo necesario de manera conjunta, para realizar el traslado de los aportes que efectivamente se probaron en este proceso con destino a la AFP PORVENIR S.A., para que los mismos se vean reflejados en la

historia laboral del señor ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA; así como el bono pensional respectivamente.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer el recurso de apelación interpuesto por la AFP Porvenir S.A., con sentencia calendada 11 de julio de 2022, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, de fecha y origen conocidos, que se conoce en Apelación, en cuanto reconoció un retroactivo pensional por valor de $106.993.592, causado entre el 4 de junio de 2011 y el 31 de enero de 2022 para, en su lugar CONDENAR a PORVENIR S.A. a que reconozca a la señor EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ un retroactivo pensional por valor de

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Radicación n.°97014 (ochenta y seis millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos veintiséis pesos) $86.374.526, causado entre el 12 de septiembre de 2014 y el 30 de junio de 2022. Y ORDENAR a PORVENIR S.A., a que, desde el 1º de julio de 2022 y en lo sucesivo, continúe pagando a la señora VALENCIA GONZÁLEZ una mesada pensional por valor del mínimo legal mensual vigente, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 8º de dicha sentencia, a efectos de que se entienda que se encuentra prescritas todas las

mesadas pensionales causadas en favor de la demandante con anterioridad al 12 de septiembre de 2014, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: MODIFICAR el numeral 7º de esa misma sentencia, a efectos de que se entienda que la autorización para descontar las sumas pagadas a la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ a título de devolución de saldos, deberá hacerse debidamente indexada, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: CONFIRMAR dicha decisión en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: ABSTENERSE de imponer condena en costas procesales.

SEXTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

(La negrilla es del texto original). Indicó que, conforme a la apelación presentada por la parte demandada, el problema jurídico a resolver consistía en establecer si la actora reunía los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, concretamente si acreditaba la dependencia económica respecto de su hijo fallecido. Señaló que como la muerte del afiliado ocurrió el 1 de mayo de 2010 (f.° 21 del PDF 1 del expediente digital), el derecho estaba gobernado por el artículo 46 de la Ley 100 de

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Radicación n.°97014 1993, disposición a la que remitían los artículos 73 y 74

ibidem, con la modificación introducida por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. Luego de reproducir la citada normativa, refirió que la expresión total y absoluta que contenía el artículo 74 de la ley de seguridad social, modificada por la Ley 797 de 2003, fue declarada inexequible en la sentencia CC C111-2006 y que en dicha decisión se advirtió que la subordinación monetaria se presentaba cuando una persona demostraba: i) haber dependido de forma completa o parcial del causante; o ii) que a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido habría experimentado una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas, es decir, tal sujeción «se predica del que habría echado de menos los aportes del causante para satisfacer las necesidades básicas, en caso de la ausencia de estos». Sobre el tema también citó pasajes de las sentencias CSJ SL14923-2014 y CSJ SL2490-2019. Explicó que en materia de pensión de sobrevivientes la jurisprudencia de esta corporación ha estimado que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres demandantes y, a su turno, al demandado el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los progenitores para poder solventar sus necesidades básicas; argumento que apoyó en la decisión CSJ SL, 24 nov. 2009 rad. 36026, de la cual trascribió algunos párrafos.

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Radicación n.°97014 Aseveró que, aunque el tema de la densidad de semanas que se debían acreditar para efectos de acceder al derecho reclamado no había sido objeto de apelación, no sobraba destacar un cumplimiento cabal de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación suplicada, pues de acuerdo al reporte de semanas cotizadas, tanto en el entonces ISS (f.°23 a 31 PDF 1 del expediente digital), como con la historia laboral en Porvenir S.A. (f.°32 ibidem), el causante reunía 60 semanas en los tres años anteriores a su deceso, esto es, entre el 1 de mayo de 2007 y el mismo día y mes de 2010. Refirió que en cuanto a la subordinación monetaria, Porvenir S.A. el 11 de septiembre de 2014 emitió un comunicado (f.°33) a través del cual le informó a la peticionaria que «usted no dependía del afiliado de la referencia, por cuanto el requisito de la dependencia económica se acredita solo en la medida en que los padres demuestren que la ayuda económica de su hijo fallecido a los gastos del núcleo familiar era de tal importancia, que sin ella no pueden subsistir de manera digna, y en el caso que nos ocupa no se demostró tal circunstancia». Aseguró que dentro de las pruebas documentales allegadas obraba, a folios 40 y 41 del PDF 1 del expediente digital, una declaración extraproceso rendida por la accionante el día 9 de marzo de 2011 ante la Notaría Única de Sabaneta, esto es, 10 meses después de la muerte de su

hijo, en la que hacía constar que era la progenitora del difunto, que vivieron bajo el mismo techo y que dependía

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Radicación n.°97014 financieramente de él, ya que era ama de casa y no contaba con ingreso alguno; que el causante era soltero y no tenía hijos. Anotó que también se encontraban las declaraciones extraproceso rendidas en la misma notaría por Gloria Amparo Hernández Cano y Olga del Socorro Ospina Agudelo, quienes declararon bajo la gravedad del juramento que:

[…] SABEMOS Y NOS CONSTA QUE LA SEÑORA EMMA DE

JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ… DE SESENTA Y SEIS (66) AÑOS

DE EDAD, ES LA MADRE DEL SEÑOR ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, QUIEN FALLECIÓ EL 1º DE MAYO DE 2009 (sic) … SABEMOS Y NOS CONSTA QUE LA MADRE LA

SEÑORA EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ, ES AMA DE

CASA Y DEPENDÍA ECONÓMICAMENTE DE UN TODO DE SU

HIJO EL SEÑOR ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA,

SABEMOS Y NOS CONSTA QUE EL SEÑOR ABELARDO

ANTONIO ESTRADA VALENCIA ERA QUIEN VELABA Y ASISTÍA ECONÓMICAMENTE POR SU MADRE… VIVÍA CON SU MADRE… ERA SOLTERO Y NO SE CASÓ NI POR LO CIVIL NI

POR NINGÚN TIPO DE RELIGIÓN… NO TUVO HIJOS

ADOPTIVOS, RECONOCIDOS NI POR RECONOCER… NO

CONOCEMOS OTRAS PERSONAS CON IGUAL O MEJOR

DERECHO PARA RECLAMAR QUE SU MADRE LA SEÑORA

EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ.

Puntualizó que en el documento denominado «INFORME DE INVESTIGACIÓN PARA EL PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS» (f.°87 y s.s.) realizado el 26 de julio de 2014 por la firma investigadora de las condiciones familiares de la demandante, «labor realizada a través de los medios “Verificación documental”, “Verificación telefónica”, “Entrevista” y “Gestión de campo”», se destacaba: -Que se cercioraron de que la labor normal que desempeñaba el señor ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA era la de “OBRERO DE CONSTRUCCIÓN” y llevaba 10 años en su labor.

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Radicación n.°97014 - Existe un reporte de información laboral, donde se reitera: “el afiliado se desempeñó por última vez como obrero de construcción de manera independiente durante 10 años”. - Existe un análisis del núcleo familiar del fallecido, en los siguientes términos: “La gestión permite determinar que el Sr. Abelardo Antonio Estrada Valencia no tenía matrimonio ni uniones maritales de hecho vigentes al momento de su deceso, tampoco hijos; vivía con la Señora Emma de Jesús Valencia González (madre) quien recibía aportes esporádicos del afiliado, puesto que se ha desempeñado como ama de casa, por lo cual sufraga los gastos

del hogar realizando oficios varios y mediante los aportes de sus dos hijos de nombres Jorge Hernán y Juan Carlos Estrada Valencia de 45 años ambos, de igual forma, se valida que no es propietaria de inmuebles, tampoco recibe pensiones (sin acceso a bases de datos de régimen especial). Adicionalmente se corrobora que el padre del afiliado, de nombre Abelardo de Jesús Estrada Saldarriaga se encuentra fallecido…”. - Se detalla la fuente Referencias, en las que se lee: “A partir de contacto con los Sres. Juan Carlos Estrada Valencia con los abonados telefónicos 4 – 5881306 /314 859 34 87 y María Mercedes Raigosa Villa con Nro. 4 – 288 69 22 /288 12 02 (hermano y amiga del afiliado respectivamente), se corrobora la información anterior”. - Se dejó consignado que “Emma de Jesús Valencia González reporta afiliación en salud en la EPS Sura como beneficiaria de su hijo Jorge Hernán Estrada Valencia…”. - Y el informe de investigación cierra con la siguiente conclusión: “Analizados los documentos presentados, las consultas y validaciones practicadas, se concluye que la información del expediente es CONFIABLE y se puede establecer que no se encontró la existencia DE BENEFICIARIOS diferentes de los registrados en el presente informe”. Dijo la colegiatura que haciendo una valoración integral de las pruebas allegadas al proceso, se encontraba que la decisión del a quo era acertada, toda vez que no se advertía que la misma se hubiera sustentado únicamente en la declaración de la testigo María Eugenia Estrada Valencia, hija de la demandante y hermana del causante, «quien, a

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Radicación n.°97014 juicio del apoderado de Porvenir S.A.» no aportó las razones suficientes para que se pudiere soportar la existencia de una sujeción monetaria de la madre respecto de su descendiente. El juez plural insistió que además de la declaración de la referida testigo, también había pruebas documentales, como las reseñadas en precedencia, lo que permitía concluir que el aporte monetario que Abelardo Antonio Estrada Valencia le daba a su madre tenía la suficiente entidad e idoneidad para incidir en su sostenimiento económico; pues fue la misma investigación administrativa que ordenó adelantar Porvenir S.A. la que arrojó luces de la subordinación monetaria, «al dar cuenta de un grupo familiar conformado por la madre, una persona de la tercera edad no dependiente de ningún subsidio o ayuda económica por parte del Estado y, el hijo Abelardo Antonio Estrada Valencia, que era quien velaba por su sustento». Enfatizó que no se observaba que los dichos de la testigo María Eugenia Estrada Valencia fueran indeterminados o confusos, ya que la deponente fue clara en manifestar que cuando su hermano murió vivía con su mamá, él trabajaba en construcción y daba para los gastos de la casa; que «él era el que veía económicamente por ella, él le daba todo: la vivienda, el alimento, todo»; que su otro hermano Jorge únicamente le aportaba la salud porque el trabajo de Abelardo era intermitente; que también laboró en jabones Dersa y en la empresa de maíz La Minorista.

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Radicación n.°97014 Destacó que las manifestaciones de la citada declarante guardaban «una clara y correcta coherencia y concordancia» con los elementos que se pueden derivar de la investigación administrativa que Porvenir S.A. ordenó adelantar en el grupo familiar del fallecido en el año 2014, como quiera que no existía ninguna duda de que al momento de la muerte del afiliado vivía con su madre y eran ellos los integrantes de la familia, circunstancia que, bajo las reglas de la experiencia y de la sana crítica, denotaba una relación de dependencia y acompañamiento, al tratarse de un vínculo de parentesco madre-hijo, siendo la primera una persona de la tercera edad dedicada por completo a las labores de la casa, viviendo en arriendo y sin que tuviere una ingreso suficiente proveniente de otra fuente distinta a la actividad laboral del asegurado. Acotó que también los dichos de la aludida testigo coincidían con la conclusión a la que llegó la investigación administrativa, relativa a que «Abelardo trabajaba en construcción y le daba a mi mamá para los gastos de la casa», pues allí no se desconoció que el hijo sí suministraba a la progenitora una ayuda, llegando incluso a la conclusión de que el afiliado llevaba diez años dedicado a la labor de la construcción. Subrayó que, con relación a la alegación de Porvenir S.A. en su recurso de alzada, conforme a la cual insistió en que era imposible que existiera dependencia económica entre madre e hijo, dado que de las cotizaciones del causante se deducía que este no tenía un trabajo e ingresos estables,

debía decirse que ello no era cierto, ya que fue la misma

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Radicación n.°97014 investigación administrativa la que concluyó que durante los 10 años anteriores al deceso estuvo dedicado a las actividades de la construcción. Especificó que en la historia laboral de Porvenir S.A. se advertía que el afiliado se trasladó en julio de 2009, proveniente del entonces ISS, siendo dependiente del empleador Concypa, lo que descartaba que se tratara de una persona que haya estado al margen de la actividad laboral subordinada, como quiera que, al revisar integralmente las pruebas, también puede corroborarse que Estrada Valencia se desempeñó desde enero de 1993 al servicio de varios empleadores, manteniendo una razonable permanencia en sus distintos trabajos, «con los patronos» Jairo de Jesús Loaiza Pérez; Trilladora y Abarrotes El Vencedro, María Teresa Aristizábal, Efraín Arias Allego, Jairo Ramírez, José Arturo Gómez Muñoz, Jaime Isaza Gómez, Fernando Agudelo, Carlos Arturo Cardona Correa, Juan Carlos Castaño, Julio de Jesús Vélez, Rubén Darío Posada Castañeda, Arley Duván Loaiza Alcaraz y Concypa. El ad quem consideró que esa afirmación de la pasiva en su recurso de alzada, a partir de la cual pretendía desvirtuar que el hijo de la actora se desempeñó con cierta permanencia y continuidad al servicio de varios empleadores privados, no era cierta. Arguyó que la contribución que el difunto le daba a su señora madre, del cual no existe ninguna duda sobre su

existencia y periodicidad, no era esporádica, indeterminada,

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Radicación n.°97014 casual e incierta, sino que se trataba de un aporte que efectivamente le permitía a la progenitora asumir su manutención y el mantenimiento del hogar. Añadió que la parte recurrente alegaba que «supuestamente» en el debate probatorio no se determinó con precisión cuál era el valor del aporte económico que percibía la madre de parte del hijo; que sin embargo esa indeterminación en realidad no existió, si se tenía en cuenta que la testigo María Eugenia Estrada Valencia sí precisó que aproximadamente los gastos de arriendo de la casa ascendían a la suma de $300.000, los cuales asumía el hijo, además pagaba lo correspondiente a alimentación y servicios públicos, manifestaciones que resultaban coincidentes con las afirmaciones de la demandante en el interrogatorio de parte. Detalló que la accionada expresó que la importancia de la contribución del afiliado se desvirtuaba por la ayuda que la madre recibía de su otro hijo, Jorge Hernán; pero que, aunque esa colaboración quedó demostrada e inclusive la tenía afiliada como beneficiaria al sistema de salud, esa circunstancia no derrumba la sujeción económica respecto del causante, quien vivía con ella y asumía las principales obligaciones de la familia. Agregó, que era evidente que el tema de la seguridad social no reñía con el derecho de alimentos que los ascendientes tienen respecto a sus descendientes cuando se cumplen las condiciones de capacidad económica del alimentante y necesidad del alimentario.

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Radicación n.°97014 Expresó el sentenciador de segunda instancia que no resultaba de recibo «que se cualificara como inane o insignificante la ayuda del hijo soltero, trabajador, conviviente con la madre, por el simple hecho de que exista una ayuda de uno o dos de los otros hijos y que incluso la madre goce del beneficio de la seguridad social en salud en calidad de beneficiaria a cargo de uno de ellos». Concluyó que no le asistía razón a la AFP demandada, toda vez que en este asunto sí se encontraban probadas las circunstancias fácticas de dependencia económica suficiente para que se pudiera predicar que la señora Emma de Jesús Valencia González tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Abelardo Antonio Estrada Valencia, «en tanto las probanzas fácticas se corresponden con los criterios de suficiencia y significación del aporte económico para poder sostener que la madre dependía económicamente de su hijo, para el momento del deceso», por ende, confirmó el reconocimiento pensional.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la AFP Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, revoque

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Radicación n.°97014 el fallo de primer grado y, en su lugar, absuelva a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que obtienen réplica, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 28 del CC; 221 numeral 3 del CGP; 29 y 230 de la CP; y 1 del Acto Legislativo 01 de

2005. Asegura que los quebrantos normativos fueron consecuencia del siguiente error evidente de hecho en que incurrió el Tribunal: […] dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Emma de Jesús Valencia González dependía en términos económicos del muerto cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, concomitante con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de la mamá y, consecuentemente, que acredite que ese aporte, y de existir, no era la simple ayuda brindada por un buen hijo sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él, y más cuando se dejó demostrado que el afiliado no contaba con trabajo fijo sino esporádico y ella recibía la ayuda de otro hijo para atender su subsistencia, sin que exista comprobación que refrende que tales recursos no bastaban para costear su manutención aun sin el aporte del fallecido.

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Asevera que el citado yerro fáctico se produjo por la errada valoración de los siguientes medios de persuasión: a) Historias laborales del señor Abelardo Antonio Estrada Valencia (fs.17 a 26 del expediente virtual en PDF). b) Declaraciones extra proceso de las señoras Emma de Jesús Valencia González, Gloria Amparo Hernández Cano y Olga del Socorro Ospina Agudelo (fs.33 a 35v del expediente virtual en PDF). c) Informe de investigación para el pago de prestaciones económicas (fs.74 y 75 del expediente virtual en PDF). d)Testimonios de María Eugenia Estrada Valencia (grabación de la audiencia pertinente de primer grado). Y por falta de apreciación de la siguiente prueba: Confesiones contenidas en el interrogatorio de parte rendido por la señora Emma de Jesús Valencia González (grabación de la audiencia pertinente de primer grado). En la demostración del cargo, el fondo privado recurrente sostiene que es un principio elemental que quien quiera beneficiarse con un derecho debe comprobar su calidad de acreedor legítimo, y el juez debe soportar su providencia en lo que en verdad se haya acreditado en el juicio y no en meras suposiciones; que en este asunto con solo examinar el haz probatorio allegado al expediente se advierte que no hay una prueba que permita verificar la indispensabilidad del socorro percibido «para poder atender las erogaciones de su madre», lo que saca a relucir el desatino del ad quem, cuando sin contar con